Aaron Cortés, tenista español que llegó a ser el 955 del ránking, ha sido suspendido 15 años tras admitir 35 quebrantamientos del programa anticorrupción del tenis.Cortés cometió estas irregularidades entre 2016 y 2018 y entre ellas se incluye amañar el resultado de partidos, aceptar dinero por ello, no avisar a las autoridades de los intentos de soborno, apostar en partidos y dar dinero a los organizadores de los torneos para que le dieran invitaciones.Además de los quince años sin jugar que ha determinado la Agencia Internacional para la Integridad en el Tenis (ITIA, por sus siglas en inglés), le han impuesto una multa de 75.000 dólares (69.000 euros), de la cual no tendrá que pagar 56.250 si no reincide.Cortés, de 29 años y que llegó a ser el 955 del mundo en septiembre de 2017, cooperó con la investigación de la ITIA y aceptó la sanción. El jugador queda inhabilitado desde el 27 de marzo de 2024 hasta el 26 de marzo de 2039.Durante este período, Cortés no podrá jugar, entrenar ni asistir a cualquier torneo de tenis organizado por los miembros de la ITIA o por cualquier asociación nacional.Le puede interesar:
La sala analizó los impedimentos presentados por los magistrados para conocer las demandas de casación presentadas por la defensa del exmagistrado Francisco Javier Ricaurte Gómez y el fiscal 3 delegado ante la sala penal de la Corte Suprema de Justicia.Durante los años 2013 y 2016, Francisco Javier Ricaurte Gómez, quien fungía como magistrado de la Corte Suprema de Justicia y de la sala administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, participó en actos corruptos al conspirar con otras personas.Estos actos se materializaron en procesos penales dirigidos contra Musa Abraham Besaile Fayad, Álvaro Antonio Ashton Giraldo y Juan Carlos Abadía Campo, en el escándalo judicial conocido como "El Cartel de la Toga".La Corte Suprema de Justicia explicó que en este sentido, la organización criminal obtenía información privilegiada, retrasaba procesos y manipulaba pruebas para emitir decisiones que beneficiaban a sus "clientes", quienes eran beneficiarios de tráfico de influencias.Entre los impedimentos, se encuentra el de la magistrada Myriam Ávila, porque en su anterior condición de procuradora delegada para la investigación y el juzgamiento penal, intervino dentro de las actuaciones que adelantó la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, seguida en contra de los exmagistrados de este alto tribunal José Leonidas Bustos y Gustavo Malo.La magistrada agregó que "dentro de esos procesos se presentó alegato previo a la calificación del mérito del sumario y solicitó que se profiriera la resolución de acusación en contra de Bustos y Malo".Así las cosas, la Corte Suprema de Justicia declaró fundados los impedimentos expresados por estos cuatro togados para intervenir en el trámite y decisión de este asunto.
La presidenta de Perú, Dina Boluarte, desautorizó un recurso de habeas corpus que había presentado un abogado para anular las órdenes del allanamiento que se realizó durante la madrugada de este sábado en su vivienda y en el Palacio de Gobierno de Lima, como parte de la investigación de sus relojes de lujo no declarados.El recurso, que fue presentado por un abogado identificado como Marcos Riveros, fue rechazado mediante un documento enviado por la defensa de la gobernante al Primer Juzgado Especializado en lo Constitucional de la Corte Superior de Lima.En el documento, difundido por medios locales, la gobernante señaló que Riveros no es parte de su defensa legal y no ha sido autorizado para presentar ese recurso."En mi calidad de supuesta 'beneficiaria' del presente recurso interpuesto oficiosamente, acudo a su despacho a fin de desautorizar la presente solicitud de Habeas Corpus, puesto que no conozco al abogado Marco Riveros Ramos, no es parte de mi defensa y no lo he autorizado ni directa ni indirectamente a hacerlo", enfatizó.Boluarte estaba citada para mostrar sus relojes en el Ministerio Público el pasado martes y para dar su testimonio el pasado miércoles, pero había pedido reprogramar ambas citas debido a su "cargada agenda", por lo que no acudió a ninguna de estas.Esto provocó el allanamiento de su vivienda, donde el operativo policial rompió la cerradura de la puerta, y del Palacio de Gobierno, tras lo cual la presidenta afirmó que el procedimiento se había realizado de manera arbitraria, abusiva y desproporcionada, y que ella estaba colaborando con la investigación.En diálogo con Mañanas Blu, con Camila Zuluaga, el periodista Marco Sifuentes, quien destapó el escándalo, contó que lo que hoy el país exige son respuestas concretas sobre cómo esos relojes de lujo llegaron al poder de Boluarte, pues son sumamente costos y no hay justificación de una compra hecha por ella misma.“Hay que decir que cada uno de los relojes equivale a cuatro sueldos presidenciales por lo cual, esa aparición llama la atención y, de hecho, nosotros periodísticamente eso es lo que hemos plantado, simplemente la pregunta ¿de dónde han salido esos relojes si la señora no tiene cómo justificarlos? Puede ser un regalo, pero si es así quién se lo dio, porque claramente sería problemático si fue un empresario por contratos con el Gobierno, por ejemplo”, detalló.“Ella ya mintió porque dijo que esos relojes los compró con su sueldo, dijo que son de antaño y está demostrado que, ni los compró porque no es clienta del distribuidor oficial, y está comprobado que ni son de antaño porque el único que tiene un certificado es del año pasado”, puntualizó el periodista.En respuesta a la gobernante, el Ministerio Público aseguró que el operativo se realizó "por orden del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema" y, por tanto, descartó que la intervención haya sido "ilegítima, inconstitucional y abusiva".También aseguró que en el operativo "no se ubicó ni se produjo la entrega de los relojes Rolex por la presidenta de la República, pese a que se le requirió", pero sí obtuvo otros elementos de interés para la investigación.
Luego de la audiencia en la que un juez dictó medida de aseguramiento domiciliaria contra el juez especializado de Cúcuta de extinción del derecho de dominio, Juan Carlos Campo Fernández, por presuntos hechos de corrupción, la Fiscalía dio a conocer detalles de cómo habría sido el pacto de la entrega de $600 millones para emitir una sentencia que levantaría la medida cautelar sobre los inmuebles en proceso de extinción de dominio.Según la investigación, el juez Juan Carlos Campo, al parecer, sostuvo varias conversaciones telefónicas , y al menos dos reuniones presenciales con el abogado y el ciudadano contra quien se adelanta el proceso de extinción del derecho de dominio.Se trata del abogado Rodrigo Parada quien lo denunció por estos hechos que dan con la captura en flagrancia de Campo Fernández, recibiendo los primeros $50 millones del pacto que había realizado el juez tras la exigencia del dinero.“El material probatorio da cuenta que, al parecer, se había pactado el pago del 50% de la cantidad exigida al radicar la mencionada petición, y el saldo al emitir el fallo que los favorecía. Además, se debía pagar un adelanto de $50 millones. Justamente ese último monto de dinero coincide con la cantidad que tenía en su poder el juez al momento de la captura”, informó la Fiscalía.Según el ente investigador, el juez Campo Fernández, habría afirmado que, para poder emitir el fallo a favor del propietario de los predios en cuestión, necesitaba que el abogado radicara una solicitud de control de legalidad sobre dichos activos.Por estos hechos una fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción le imputó al juez Juan Carlos Campo Fernández el delito de concusión, cargo que no aceptó el juez.El juez implicado en el caso de corrupción fue cobijado con medida de aseguramiento domiciliaria, decisión judicial que fue rechazada por la víctima, el abogado Rodrigo Parada, el representante de las víctimas, el Ministerio Público y la Fiscalía que apelaron la decisión.La Fiscalía en la audiencia solicitó medida de aseguramiento en centro carcelario, petición que no fue atendida por el juez que, en su lugar, lo envió a detención en su lugar de residencia.El juez Juan Carlos Campo, fue nombrado en provisionalidad por el Tribunal Superior de Bogotá y posesionado en octubre de 2019 en Cúcuta. Producto de un proceso disciplinario fue suspendido 2 meses para ejercer como abogado.Otros procesos de extinción de dominio que están siendo llevados por el juez imputado son revisados por la Fiscalía.
En audiencia de definición de medida de aseguramiento un juez en Bucaramanga le dictó medida de aseguramiento domiciliaria al juez de Cúcuta capturado en la capital santandereana por presuntos hechos de corrupción.Pese a que la solicitud de la Fiscalía fue de una medida privativa de la libertad en centro carcelario, el juez que lleva el caso decidió que la medida para su colega debía ser domiciliaria.Con la decisión solo la defensa del juez implicado e investigado por supuestamente haber pedido $600 millones para emitir un fallo favorable en un proceso de extinción de dominio estuvo de acuerdo, tanto la Fiscalía, la víctima, el representante de las víctimas y el ministerio público apelaron la decisión.En su cuenta en X el abogado Rodrigo Parada Rueda, abogado en el proceso de extinción de dominio, escribió lo siguiente:“Con firmeza y carácter afirmo que ojalá y la justicia corrija esta terrible decisión. Sorprende que un juez afirme que, si otro juez se desplaza a otra ciudad a pedir dinero, no sea un corrupto peligro contra la comunidad y la sociedad.El modus operandi del juez implicaba solicitar al abogado que retirara una apelación presentada y volviera a radicar la petición de levantamiento de la medida cautelar. A cambio, se comprometía a emitir un fallo favorable para el cliente del abogado.Durante a captura del juez, las autoridades incautaron 50 millones de pesos que se presume formaban parte del dinero solicitado a la víctima como soborno.
Se trata del mayor Andrés Felipe Montoya Navarro, el patrullero Harol Gil Ramírez, los hermanos Jorge Alberto y Jhon Marlon Gil Ramírez, y Tulia Inés Tapia Mulett. Los dos uniformados pertenecían a la Policía Fiscal y Aduanera (POLFA). Al parecer, a cambio de altas sumas de dinero, se apartaron de sus funciones y permitieron el paso de cargamentos que no cumplían la normatividad aduanera nacional.Producto del actuar ilegal presuntamente incrementaron sus patrimonios injustificadamente, y adquirieron bienes inmuebles y vehículos ubicados en el Eje Cafetero. Los otros tres detenidos habrían prestado sus nombres para transformar y ocultar las rentas ilícitas provenientes del ingreso de contrabando.Por todo lo anterior, la Fiscalía imputó a estas cinco personas, de acuerdo con su posible participación en los hechos investigados, los delitos de enriquecimiento ilícito de servidor público, lavado de activos y concierto para delinquir con fines de contrabando.Por disposición del juez de control de garantías, los dos uniformados recibieron medida de aseguramiento en centro carcelario; mientras que los particulares seguirán vinculados a la investigación.De manera simultánea al proceso penal, una fiscal de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio impuso medidas cautelares de suspensión del poder de dispositivo, embargo, secuestro y toma de posesión sobre 1 sociedad, 20 inmuebles y 10 vehículos localizados en Dosquebradas, Guática y Santuario (Risaralda), y Barranquilla (Atlántico).Las propiedades, avaluadas preliminarmente en 5.940 millones de pesos, quedaron a disposición de la Sociedad de Activos Especiales (SAE).
La Corte Suprema de Justicia tiene en sus manos la decisión sobre el actual gobernador del departamento del Vichada, Hecson Alexys Benito Castro, quien se vio envuelto en un escándalo de corrupción relacionado con la ejecución de dos obras durante su mandato como alcalde del municipio de Santa Rosalía.Los contratos que se encuentran en investigación están avaluados en $15.590.769 y $12.697.946 respectivamente, son un puente peatonal sobre el río Güichire y la construcción de una cubierta y parqueadero en las instalaciones de la Policía.Los hechos se remontan a 2015, cuando el personero municipal trasladó el caso a la Fiscalía Seccional después de realizar investigaciones preliminares disciplinarias. Desde ese momento, el exalcalde Benito Castro habría recurrido a prácticas poco éticas para tratar de archivar los procesos en su contra.Según el escrito de acusación de la Fiscalía, el actual gobernador, al enterarse de las investigaciones mencionadas y aprovechando su posición como alcalde y su destacada influencia en la sociedad de Puerto Carreño, Vichada, se reunió en 2018 con el fiscal local Luis Orlando Sáenz Ojeda, buscando su intervención junto a otros funcionarios del CTI para que sus procesos fueran archivados mediante un informe de campo con resultados favorables.Posteriormente, en otra reunión con agentes del CTI involucrados en el caso, se acordó que Benito Castro pagaría una suma de 40 millones de pesos para manipular los procesos, de los cuales 20 millones debían ser entregados el 10 de julio de 2018 y el resto al presentarse los informes de policía judicial ordenando el archivo de las indagaciones.Tras todo el proceso, tanto la Fiscalía como la Procuraduría solicitaron al 8º Juzgado Promiscuo de Circuito de Puerto Carreño la emisión de un fallo condenatorio. Sin embargo, la decisión absolvió al acusado, lo que llevó a ambas entidades a apelar, considerando que las pruebas eran suficientes para demostrar delitos contra la administración pública, específicamente el de peculado por apropiación.El caso fue enviado al Tribunal Superior de Villavicencio, el cual, el 19 de septiembre de 2023, emitió un fallo en segunda instancia, revocando parcialmente la sentencia anterior y condenando a Hecson Alexys Benito Castro y dos funcionarios más a 93 meses de prisión por el delito de peculado por apropiación. Desde entonces, el caso está bajo la jurisdicción de la Corte Suprema de Justicia.“En el Vichada estamos muy preocupados porque vemos que en cualquier momento la Corte Suprema se va a pronunciar en contra del Gobernador y nos vamos a quedar sin esa figura de ese funcionario tan importante para nosotros. Hoy le pedimos a la Corte que se pronuncie urgentemente ya que hasta ahora el señor Hecson Alexys está iniciando su periodo y estamos a tiempo de elegir otro funcionario y no sufrir traumatismos”, expresó el líder social, Gerardo Royero.
Este martes, la justicia de China sentenció a cadena perpetua a Chen Xuyuan, quien lideró la Asociación China de Fútbol (CFA) desde 2019 hasta 2023, por cometer actos de corrupción.Chen, quien también ocupó un cargo importante dentro del Partido Comunista Chino (PCCh), en la CFA fue encontrado culpable de haber recibido sobornos que superan los 81 millones de yuanes (alrededor de 11,2 millones de dólares o 10,3 millones de euros) durante 13 años, de acuerdo con la decisión del tribunal.El fallo, pronunciado en la mañana del martes por el Tribunal Popular Intermedio de Huangshi, en la provincia central de Hubei, le quita a Chen sus derechos políticos de por vida y ordena la incautación de todos sus bienes.El tribunal también aseguró que se ha logrado recuperar todo el dinero adquirido de manera ilegal.Según las investigaciones, Chen usó su posición en la CFA y en otras instituciones públicas para beneficiar a terceros a cambio de dinero bajo la mesa.Estos actos corruptos tuvieron lugar entre 2010 y 2023, período durante el cual también fue presidente del grupo Shanghai International Port, dueño del equipo campeón de la Superliga de fútbol, el Shanghai Port, lo que causó un daño significativo al fútbol chino.A pesar de esto, el tribunal tomó en cuenta su colaboración y confesión de los crímenes como factores atenuantes al momento de dictar la sentencia.En los últimos años, el Gobierno chino ha llevado a cabo detenciones e investigaciones contra figuras destacadas del fútbol chino, incluido el presidente de la CSL, el subdirector de la Administración General del Deporte y Li Tie, exentrenador de la selección nacional y reconocido exfutbolista que jugó en el Everton de Inglaterra.Li fue acusado de corrupción y soborno a fines de 2022.En octubre, tras la destitución de Chen, Song Kai fue nombrado nuevo presidente de la CFA, comprometiéndose a mejorar la transparencia y apertura de la institución frente a los escándalos de corrupción.Desde su llegada al poder en 2012, Xi Jinping, secretario general del PCCh y presidente de China, ha impulsado una intensa campaña anticorrupción, resultado en la condena de varios altos funcionarios por aceptar sobornos de gran envergadura.
Luego de que el exministro Rafael Pardo y el exfuncionario Eduardo Díaz Uribe presentaran una acción de tutela en contra de la Presidencia de la República por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales de petición, honra y buen nombre tras unas declaraciones que entregó el presidente Gustavo Petro durante una visita realizada en Tumaco.Antes de radicar la tutela, el exministro y funcionario rechazaron tajantemente las declaraciones dadas por el presidente Petro por medio de una carta abierta y allí le solicitaron al mandatario retractarse de las mismas. Además, el fundamento de vulneración que presentaron, se basa en que no se efectuó una disculpa pública luego de 15 días de ser presentada la carta por medio de la red social X.La sala de lo contencioso administrativo resolvió ordenar a la Presidencia de la República que, en el término de 48 horas siguientes a la notificación de esta decisión, responda con pruebas o se retracte de estas acusaciones.
El exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) José María Enríquez Negreira se ha acogido este martes a su derecho a no declarar ante el juez que investiga los pagos que durante años le hizo el FC Barcelona.Según han informado fuentes judiciales, Negreira ha comparecido hoy como investigado ante el titular del juzgado de instrucción número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, en una vista que ha durado apenas un par de minutos y en la que Negreira ha comunicado que se acogía a su derecho a no declarar, sin entrar en más detalles de por qué guardaba silencio.El juez acordó en enero pasado la comparecencia como investigado de Negreira tras concluir que, pese a que sufre algún deterioro de memoria a su avanzada edad, conserva las facultades mentales para ser enjuiciado, en contra de lo que alegó su defensa, si bien hoy ante el magistrado no ha aludido a su estado de salud, según las fuentes. Negreira ha acudido al juzgado acompañado de su esposa y custodiado por agentes de los Mossos d'Esquadra, en medio de un enjambre de cámaras para captar su llegada y salida de la Ciudad de la Justicia.De hecho, el exvicepresidente del CTA ha sido el primero de los investigados de este caso que comparece ante el juez, que en la causa mantiene imputados entre otros al actual presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, y a sus antecesores Josep Maria Bartomeu y Sandro Rosell.El pasado septiembre, el instructor dictó un auto en el que acordaba imputar un delito de cohecho a los denunciados en el "caso Negreira", que se suma así a los de corrupción entre particulares en el ámbito deportivo, administración desleal, falsedad en documento mercantil y blanqueo de capitales que hasta ahora se les atribuían.El juez sospecha que los pagos del FC Barcelona al exárbitro y a su hijo -cerca de 7 millones de euros entre los años 2001 y 2018- pudieron obedecer a una "forma novedosa de posible retribución ilegítima a árbitros de fútbol", en un contexto de una "posible corrupción sistémica en el seno del CTA" en la época en que Negreira era vicepresidente de este organismo.Negreira fue sometido a una exploración por parte de los forenses del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Cataluña (IMLCF), tras encargarlo el magistrado para contrastar el informe que había presentado su defensa, que alegó que el exárbitro, de 78 años, sufre un deterioro cognitivo que le incapacita para poder afrontar un proceso penal.El juez instructor encargó esa exploración para confirmar no sólo la demencia que Negreira alega sufrir, sino también para determinar si estará en condiciones de ser interrogado como investigado y, en un futuro, responder ante un eventual juicio. La defensa de Negreira esgrimió un informe del Alzheimer Center de Barcelona -uno de los centros de referencia en el tratamiento de esta enfermedad degenerativa- que certifica que el exárbitro sufre una "demencia leve", con alteración de la memoria o el lenguaje, pero permanece parcialmente orientado "en tiempo, espacio y persona".El exvicepresidente del CTA pasó una primera exploración forense el pasado 10 de octubre, cuando sufrió una caída ante las cámaras de la prensa en el momento en que se disponía a entrar en la sede del Instituto Legal, acompañado de su esposa.Posteriormente, el magistrado pidió al IMLCF una ampliación de su informe forense para determinar el alcance del deterioro de memoria que alega Negreira, lo que le obligó a pasar por un segundo reconocimiento médico. Le puede interesar:
La Procuraduría General de la Nación anunció que, por posible celebración indebida de contratos indagará a funcionarios de la Alcaldía de Medellín.El Ministerio Público verificará la denuncia anónima y la información en medios de comunicación que aseguran que Andrea Vahos Pérez, la compañera permanente del excandidato a la Alcaldía de Medellín, exsecretario de la no violencia en la administración de Daniel Quintero y actual concejal de la ciudad, Juan Carlos Upegui, habría suscrito dos contratos por prestación de servicios con la Institución Universitaria Pascual Bravo.Abren indagación previa contra Juan Carlos Upegui por presunto uso irregular de recursos públicosAdemás, el ente disciplinario verifica si “el contratista subió al Sistema Electrónico para la Contratación Pública -Secop, la documentación exigida por ley, pero tan solo usando su segundo apellido, es decir, como Andrea Pérez y, además, si la evidencia tiene veracidad y autenticidad para la vigencia 2022”.De esta manera, la Procuraduría General de la Nación corrobora los funcionarios públicos que habrían realizado las conductas descritas y establecer si es constitutiva de falta disciplinaria.
Un hombre de 30 años, de nacionalidad colombiana, falleció este lunes 6 de mayo, tras ser arrollado por un tren del metro de Madrid en la estación de Tirso de Molina. Según las primeras investigaciones, el hombre descendió a las vías junto a otra persona para orinar, y no le dio tiempo a regresar al andén antes de la llegada del tren.El hecho ocurrió alrededor de las 9:20 horas de la mañana, según relataron medios españoles. Las autoridades aún se encuentran investigando las causas del accidente, pero la principal hipótesis apunta a que los dos hombres bajaron a las vías con la intención de miccionar. Uno de ellos, lamentablemente, no logró subir al andén a tiempo y fue arrollado por el tren.Los equipos de emergencia, incluyendo personal del Samur-Protección Civil y los bomberos del ayuntamiento, se trasladaron al lugar del accidente. Sin embargo, solo pudieron confirmar el fallecimiento del hombre. El incidente provocó la interrupción de la circulación en la línea 1 del metro, entre las estaciones de Sol y Estación del Arte, en ambos sentidos, según reportó la agencia.
El Gobernador de Bolívar, Yamil Arana, describió el “problema histórico” que enfrenta la población de La Mojana, especialmente, por el boquete conocido como Care Gato que en muchas ocasiones es superado por las corrientes de agua, provocando grandes inundaciones en la zona. Según explicó en Mañanas Blu, con Néstor Morales, se trata de un dique construido por la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos que no logra contener los niveles del río Cauca.El gobernador detalló que se dispuso de todo el equipo técnico y de trabajo para desplazarse a la región y brindar apoyo. Se utilizarán retroexcavadoras y geo bolsas para contener la inundación. Sin embargo, reconoció que esta situación “sobrepasa la capacidad institucional del departamento” y, por eso, se ha convertido “en una pesadilla” para los habitantes de La Mojana.“El dique, en una zona, quedó al nivel que decían los diseños, la ejecución del proyecto, pero otra zona estaba en construcción y en esa aún no estaba reforzado, donde no se había completado los trabajos. Luego de que se construyó Hidroituango ha causado unos efectos más agresivos en el bajo Cauca y bueno, en consecuencia de esto sobrepasa el dique que se estaba construyendo y empieza a inundar desde ya la zona de La Mojana. Una vez más estamos muy tristes, preocupados; ya esto se convirtió en una pesadilla para todos los habitantes en esa zona”, precisó el mandatario local.Por eso, el gobernador Arana hizo un llamado a su colega de Sucre para “trabajar juntos” y solicitar ayuda al Gobierno nacional. En ese sentido, explicó que el proyecto de la Unidad para la Gestión de Riesgo, aunque tiene contradicciones, representa una solución integral a los problemas de inundación en La Mojana, pero llevará más de cuatro años para implementarse.En relación a la advertencia de la Procuraduría sobre las filtraciones del río Cauca, el gobernador aseguró que se han tomado en serio todas las alertas y se han enviado maquinarias y coordinado acciones. Sin embargo, reconoció que la naturaleza siempre supera las acciones humanas y es necesario reevaluar la forma en que se enfrenta este tipo de situaciones.Vea la entrevista completa en Mañanas Blu, con Néstor Morales:
El pasado viernes 3 de mayo, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, junto con la secretaria de Movilidad, Claudia Díaz; el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público (Dadep) y el secretario de Seguridad, César Restrepo, lideraron operativos viales en la localidad de Chapinero para combatir a los conductores de vehículos mal parqueados.Los controles se llevaron a cabo en la calle 85, entre la autopista Norte y la carrera 11, y en las cercanías de la Zona T, conocida por ser epicentro de entretenimiento nocturno y una de las áreas más afectadas por este problema. El alcalde Galán señaló que estos operativos buscan mejorar la movilidad en la ciudad y promover el respeto por las normas de tránsito, así como que se harán con más frecuencia."Hemos hecho muchos operativos de este estilo, pero vamos a fortalecerlos a ver cómo los revisamos para que sean más efectivos, operativos que tienen que ver con mal parqueados", declaró Galán.Durante el operativo, se impusieron 37 comparendos y se inmovilizaron ocho vehículos y motocicletas.Por su parte, la secretaria de Movilidad, Claudia Díaz, destacó la participación de diferentes entidades en la operación, como la Policía, el Dadep y la Secretaría de Seguridad, para mejorar el espacio público, la movilidad y la seguridad de los ciudadanos."Los controles estuvieron orientados a sensibilizar a conductores sobre la importancia de no dejar abandonados los vehículos en las vías y a sancionar a aquellos que permanecieron por varios minutos pese a la indicación de los agentes de Tránsito y de la Policía", señaló el Distrito.Además de las sanciones, las autoridades también llevaron a cabo estrategias de limpieza en colaboración con la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), la Secretaría de Salud y la Defensoría del Espacio Público, con el objetivo de recuperar y proteger los entornos públicos.Estos operativos continuarán realizándose con regularidad para mantener el orden y la seguridad en las vías de la ciudad.Le puede interesar:
Este trino del presidente Gustavo Petro en el que advierte la suspensión de recursos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres para el municipio de Girón, tiene preocupadas a las autoridades locales y del departamento debido a que los dineros iban direccionados a obras de mitigación para evitar desbordamientos del río de Oro.En su cuenta en X el presidente Petro escribió: “todo giro prestablecido por la UNGRD a Corpourabá, Corantioquia y municipio de Girón quedan suspendidos. Buscaremos que dichos dineros lleguen a las zonas de desastre”.Tras el anuncio, el alcalde de Girón, Campo Elías Ramírez, expresó la necesidad de los recursos para continuar con obras como pantallas ancladas que buscan reducir el riesgo para cientos de habitantes que viven en zonas propensas a sufrir los impactos de la temporada invernal.“Esta es la realidad que vivimos en Girón, una realidad de necesidades y necesitamos por supuesto las obras de mitigación, de reducir el riesgo es muy importante”, señaló el alcalde Ramírez.Por su parte, el director de Gestión del Riesgo y Desastres de Santander, Edwar Sánchez, manifestó que en la reciente visita que el director nacional de la UNGRD, Carlos Carrillo, hizo a Santander, se está revisando cómo fue la asignación de las obras y bajo qué tipo de calamidades se hizo.“A ver si se continúan con esos procesos contractuales o de lo contrario determinan allá ellos si modifican esa situación. En Girón son unas obras de contención sobre el río de Oro que estaban programadas realizar con la unidad nacional”, explicó Sánchez.Uno de los sectores beneficiado con obras de mitigación a través de la construcción de un muro de contención fue el barrio Las Marías que, a finales de marzo de 2023, tenía un alcance del 71%, 280 metros de 327 ejecutados. Allí fueron instalados gaviones, llenado de piedras en gavión y recubrimiento de concreto, lo que hoy evita inundaciones a los habitantes de esta zona del municipio de Girón.Este fin de semana fue declarada la calamidad pública en el municipio de Girón debido a afectaciones por la creciente del Río de Oro y el riesgo de inundaciones en varias puntos críticos.“Hicimos un recorrido por los lugares donde hay alertas por lluvias en el municipio, algo que ya comprobó el director de Gestión del Riesgo del departamento, y seguimos alerta ante las lluvias del fenómeno de La Niña”, señaló el alcalde.