Acusan a exsecretaria de Educación de Santander por irregularidades en contrato del PAE
La exfuncionaria no aceptó ninguno de los cargos imputados. El contrato cuestionado es del PAE de 2017.
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La Fiscalía Seccional Santander imputó cargos a Doris Elisa Gordillo Garcés, exsecretaria de Educación Departamental, por presuntas irregularidades en la contratación del Programa de Alimentación Escolar (PAE) en el año 2017.
Según el ente acusador, Gordillo sería responsable de los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación, falsedad ideológica en documento público y falsedad ideológica en documento privado.
El proceso está relacionado con el contrato 2079 del 5 de octubre de 2017, firmado entre la Secretaría de Educación y el consorcio interventor del PAE Santander, por un valor de 435 millones de pesos, cuyo objetivo era garantizar el suministro de alimentos en instituciones educativas oficiales de 82 municipios del departamento
La investigación determinó que durante la etapa precontractual no se cumplió con la selección objetiva del contratista, lo que vulneró principios de legalidad, transparencia, responsabilidad e igualdad. Además, se evidenció que en la ejecución del contrato se permitieron cobros de rubros no ejecutados, respaldados con actas que no cumplían con los requisitos legales.
La exfuncionaria no aceptó ninguno de los cargos imputados.
#Atención Fiscalía acusó a la exsecretaria de Educación de Santander, Doris Gordillo, por irregularidades en contrato del PAE en 2017. "Se permitieron cobros de rubros que no se habían ejecutados por más de $400 millones" #MañanasBlu pic.twitter.com/nn9Qg1k75D
— Blu Santanderes (@BLUSantanderes) September 18, 2025
El caso contra Doris Gordillo se suma a una serie de cuestionamientos históricos sobre el manejo del Programa de Alimentación Escolar en Santander. En diferentes vigencias, el PAE ha sido foco de denuncias por sobrecostos, deficiencias en la calidad de los alimentos y presuntas redes de corrupción que han terminado en investigaciones judiciales.
En años anteriores, se revelaron contratos con precios inflados, como cobros por tamales a más de $30.000, y en varias ocasiones la Contraloría y la Procuraduría advirtieron sobre irregularidades en la planeación y ejecución del programa. Incluso, algunos proveedores fueron sancionados por entregar raciones incompletas o de baja calidad a los estudiantes.
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"Estos antecedentes han convertido al PAE en un símbolo de la lucha contra la corrupción en la contratación pública, y cada nuevo proceso judicial revive las críticas ciudadanas frente al impacto que estos hechos tienen en los niños y jóvenes más vulnerables del departamento", dijo un veedor ciudadano.
Con la imputación a la exsecretaria Doris Gordillo, la Fiscalía busca sentar un precedente en la vigilancia de los recursos destinados a programas sociales. Mientras tanto, organizaciones civiles y veedurías insisten en que se requieren mecanismos más estrictos de control para blindar el PAE de la politiquería y los intereses particulares en Santander.
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