Bajo la lupa de la Procuraduría la contratación del PAE en el municipio de Frontino. La actual alcaldesa enfrenta cargos por la presunta suscripción irregular de contratos por más de 480 millones de pesos.Diez contratos para la entrega de alimentos a los estudiantes de Frontino, en el Occidente antioqueño, quedaron bajo la lupa de la justicia disciplinaria. En 2024, la administración municipal firmó diez procesos de contratación pequeña por un valor total que supera los 480 millones de pesos, todos con el mismo objetivo: suministrar la comida del Programa de Alimentación Escolar (PAE). Por estas maniobras, la Procuraduría General de la Nación le formuló pliego de cargos a la actual alcaldesa del municipio, Luz Gabriela Rivera Cano.Según el informe, la Alcaldía habría fraccionado de manera artificial un solo gran contrato en diez partes más pequeñas. La hipótesis de los investigadores apunta a que esta división se hizo con la intención de contratar de forma directa por mínima cuantía y así evitar una licitación pública o un proceso de selección más exigente y transparente, lo que habría violado las normas de la contratación estatal y la protección de los derechos de la infancia.Dentro de las pesquisas, la Procuraduría investiga también por qué el suministro de los refrigerios y almuerzos escolares se suspendió durante dos periodos del año pasado: del 11 al 15 de febrero y del 15 al 19 de julio de 2024. Por estos mismos hechos, el pliego de cargos salpicó al entonces secretario de Educación de Frontino, Héctor Fabián Suárez Moreno, a quien se le atribuye una presunta falta de supervisión y control sobre la entrega de estos alimentos.De manera preliminar, el organismo de control calificó la conducta atribuida a la mandataria local como una falta gravísima cometida a título de dolo, mientras que la del exsecretario de Educación fue calificada como grave, mientras avanzan las etapas del proceso disciplinario para determinar las posibles sanciones.
La Contraloría General de la República alertó sobre irregularidades en la ejecución de los recursos del Programa de Alimentación Escolar (PAE) y advirtió sobre posibles dificultades para garantizar la continuidad del servicio durante 2026.El organismo de control informó que, después de realizar 32 auditorías de cumplimiento a los recursos del PAE ejecutados durante 2025, fueron identificados 84 hallazgos administrativos. De los cuales, 71 tienen presunta incidencia disciplinaria, uno tiene presunta incidencia penal, cinco fueron remitidos para indagación preliminar y 41 tienen presunta incidencia fiscal por $39.139 millones. Según la Contraloría, en el caso de los hallazgos fiscales están relacionados principalmente con problemas en la ejecución de los contratos.El 60% corresponde a falencias en la planeación, manejo de la información, supervisión y control de los contratos. Otro 30% está relacionado con sobrecostos en los pagos a manipuladoras de alimentos y en las raciones alimentarias. El 10% restante corresponde a mayores valores pagados, de acuerdo con los resultados de las auditorías.Para el organismo de control, estas situaciones comprometen recursos públicos que deberían estar destinados a garantizar la alimentación de niños, niñas y adolescentes en las instituciones educativas.La Contraloría también hizo un llamado sobre el hecho de que el país todavía no alcanza la cobertura universal del Programa de Alimentación Escolar.Además de los hallazgos fiscales, la Contraloría alertó sobre la continuidad del PAE en 13 Entidades Territoriales Certificadas, ETC. Según el organismo, en estos territorios existen contratos que ya finalizaron o están próximos a terminar y, al momento de las auditorías, no se evidenciaban procesos contractuales en curso ni disponibilidad de recursos para garantizar la continuidad del programa durante 2026. Para el organismo de control, la advertencia implica que, si no se adelantan los procesos necesarios y no se garantizan los recursos, miles de niños, niñas y adolescentes podrían enfrentar interrupciones en el servicio de alimentación escolar.La Contraloría señaló que las situaciones encontradas en las auditorías evidencian problemas reiterados relacionados con sobrecostos, deficiencias en la ejecución contractual e incumplimientos. Por esta razón, además de establecer los hallazgos correspondientes, el organismo mantiene la vigilancia sobre los recursos públicos destinados al PAE y sobre las condiciones necesarias para garantizar la continuidad del servicio.
La Alcaldía de Fusagasugá respondió a los hallazgos advertidos por la Procuraduría General de la Nación sobre el PAE y reconoció que sí se presentaron inconsistencias en la prestación del servicio con el operador anterior. Sin embargo, aclaró que la administración estuvo al tanto de estas situaciones desde el primer momento, realizó controles y tomó medidas frente a los incumplimientos detectados.El secretario de Educación, Juan Camilo Celemín, explicó que el equipo encargado de la supervisión identificó cambios en las minutas sin autorización previa, demoras en el suministro hacia algunas instituciones y retrasos en los pagos a personas contratadas por el operador. Según indicó, estos hechos fueron documentados y dieron lugar a dos informes remitidos a la Oficina Jurídica de la alcaldía para establecer las posibles consecuencias.Uno de los puntos sobre los que hizo énfasis el funcionario fue el relacionado con la calidad de los alimentos. El secretario aclaró que los hallazgos mencionados por la Procuraduría no significaban que se estuvieran entregando productos en estado de descomposición a los estudiantes.“Lo que encontramos no es que se les esté entregando de mala calidad alimentos a los estudiantes, sino que, al hacer una revisión de las bodegas, al hacer una revisión de las cocinas y de los diferentes espacios donde se almacenan los alimentos, antes precisamente de prepararlos, pues, había algunos alimentos que, por ejemplo, estaban en una etapa de maduración que no concuerda con unos mínimos”, añadió el secretario de Educación de Fusagasugá.A partir de estas verificaciones, la administración ordenó retirar los productos que no cumplían con los parámetros establecidos antes de que fueran preparados. El secretario insistió en que esta actuación buscaba evitar que esos alimentos llegaran a los estudiantes y explicó que en algunos casos la situación terminó generando cambios en la minuta o llamados de atención al operador.En cuanto a las raciones incompletas, el secretario de Educación señaló que hubo casos en los que el retiro preventivo de un alimento terminó afectando la composición de una minuta porque el operador no contaba con suficiente reserva para reemplazarlo.Finalmente, señaló que el anterior operador dejó de prestar el servicio el 24 de agosto y que desde el 25 de ese mes comenzó la operación de un nuevo contratista. La alcaldía aseguró que mantendrá las visitas aleatorias y los mecanismos de seguimiento, incluida una estrategia en la que los estudiantes reportan las condiciones del servicio.
La Procuraduría General de la Nación intensificó la vigilancia al Programa de Alimentación Escolar, PAE, en Fusagasugá y Soacha, Cundinamarca, para verificar que 81.632 estudiantes reciban de manera continua alimentos de calidad y en las condiciones establecidas.Uno de los municipios que más llama la atención es Fusagasugá. La Procuraduría puso la lupa sobre un programa que actualmente beneficia a 13.256 estudiantes, equivalentes al 88 % de la matrícula del municipio. Durante visitas realizadas, por el ente de control, a la bodega y a los comedores escolares fueron identificadas situaciones relacionadas con la calidad de algunos alimentos, cambios no autorizados en los menús y entrega incompleta de determinadas raciones. Frente a estos hallazgos, se implementaron acciones de mejora en las instituciones educativas y la Procuraduría formuló los requerimientos correspondientes a las autoridades y al operador. Además, se adelanta un proceso sancionatorio contra el actual contratista por presuntos incumplimientos relacionados con las condiciones técnicas de los alimentos y con los tiempos establecidos para su entrega.A la par, avanza el proceso de selección de un nuevo operador para Fusagasugá. La administración busca que el cambio se realice sin afectar la alimentación de los estudiantes y, de acuerdo con la información entregada, se tenía prevista la adjudicación del nuevo operador para garantizar la continuidad del servicio a partir del 25 de agosto.Avanzan también las labores de la Procuraduría en Soacha. El seguimiento tiene un alcance todavía mayor, teniendo en cuenta que el PAE atiende a 68.376 estudiantes. El Ministerio Público mantiene una vigilancia preventiva en coordinación con las personerías municipales y la Defensoría del Pueblo, con visitas a los comedores escolares y requerimientos dirigidos tanto a las entidades territoriales como a los operadores responsables del programa. Uno de los puntos que está siendo revisado en Soacha es la implementación de la ración caliente transportada, es decir, la entrega de alimentos preparados que son trasladados hasta las instituciones educativas para ser suministrados a los estudiantes. La Procuraduría también verifica la apertura de nuevos comedores escolares y las condiciones en las que estos espacios están funcionando.Por el momento, la vigilancia en Fusagasugá y Soacha continuará para establecer que las autoridades y los operadores cumplan las obligaciones adquiridas y que ningún estudiante resulte afectado por fallas en la prestación del servicio.
La contratación que involucra la logística del Programa de Alimentación Escolar (PAE) quedó temporalmente en pausa. Colombia Compra Eficiente decidió suspender temporalmente el proceso de contratación CCENEG-098-01-2026, relacionado con la logística, luego de advertencias realizadas por la Procuraduría General de la Nación durante una vigilancia preventiva.La decisión se tomó después de que el Ministerio Público revisara la documentación del proceso y contrastara información con las entidades involucradas.En medio del análisis, la Procuraduría identificó aspectos jurídicos, técnicos, económicos y operativos que requerían una revisión adicional antes de que se adoptara una decisión definitiva sobre la contratación.Frente a este panorama, con múltiples advertencias, el organismo de control recomendó hacer una pausa temporal en las actuaciones decisorias. El objetivo es que Colombia Compra Eficiente evalúe los riesgos señalados y, dentro de sus competencias, determine qué medidas debe adoptar para atender las situaciones identificadas.La Agencia tuvo en cuenta la recomendación y ordenó suspender el proceso por un término máximo de 30 días. Sin embargo, la medida podría levantarse antes si Colombia Compra Eficiente resuelve las circunstancias que llevaron a la suspensión y considera que existen las condiciones para continuar con el proceso de selección.Es importante aclarar que no significa que se haya detenido el Programa de Alimentación Escolar. La medida recae exclusivamente sobre el proceso de contratación y esto no ordena interrumpir la prestación del PAE ni la alimentación que reciben los estudiantes.Por el momento, la Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública continuará haciendo seguimiento a las medidas que adopte Colombia Compra Eficiente.
El manejo del Programa de Alimentación Escolar, una de las estrategias más importantes para garantizar la permanencia de miles de niños y adolescentes en las aulas, vuelve a quedar bajo la lupa de los organismos de control por hechos en Antioquia.Esta vez, la Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra el exalcalde de Santa Fe de Antioquia, Andrés Felipe Pardo Serna, y dos de los exfuncionarios que integraron su administración por presuntas irregularidades que habrían retrasado la puesta en marcha del programa durante el año 2022.La decisión también cobija al entonces secretario de Servicios Administrativos, Félix Antonio Giraldo, y al exsecretario de Salud y Protección Social, Jorge Mario Sánchez Palacio, quienes deberán responder dentro del proceso disciplinario.Según el Ministerio Público, el programa, destinado a suministrar alimentación a estudiantes de instituciones oficiales, no comenzó con el inicio del calendario escolar, como lo exige su naturaleza. Aunque las clases arrancaron en enero de 2022, el servicio solo empezó a prestarse hacia finales de abril, dejando durante varios meses sin este beneficio a cientos de alumnos del municipio.Para la Procuraduría, la demora habría obedecido a deficiencias en la planeación contractual por parte de la administración municipal. El ente de control sostiene que el inicio del programa habría quedado condicionado a la llegada de recursos provenientes de la Gobernación de Antioquia, pese a que el municipio contaba con recursos propios que habrían permitido garantizar la continuidad del servicio mientras se concretaban otras fuentes de financiación.De acuerdo con la Procuraduría Provincial de Santa Fe de Antioquia, la conducta atribuida a los tres exfuncionarios podría constituir una falta disciplinaria grave cometida a título de culpa grave. Con la formulación del pliego de cargos comienza una nueva etapa del proceso, en la que los investigados tendrán la oportunidad de ejercer su derecho a la defensa antes de que el organismo de control adopte una decisión de fondo.
El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, ejerció su derecho al voto en el mediodía de este domingo, en medio de críticas al presidente Gustavo Petro.El mandatario cuestionó la baja inversión realizada en la ciudad durante este gobierno y afirmó que esa política de cortar recursos a ciertos territorios afectó a los municipios más pequeños del país, cuyo presupuesto es menor.“No me da miedo decir, ¿porque ocultar lo que siento?. Soy elegido por los barranquilleros y tengo que decirlo. A nosotros nos echan vaina desde el Gobierno y resulta que Barranquilla pone toda la plata del PAE, la Nación no pone nada. Es más, todos los días nos quitan y cuando les toca aportar, lo pagan dos años después”, dijo a los medios de comunicación.Hay que recalcar que Alejandro Char llegó hasta este puesto de votación en compañía de su esposa y sus dos hijos. Allí, en el colegio La Salle, cerca del comando de la Policía Metropolitana de Barranquilla (donde está instalado el Puesto de Mando Unificado) fueron habilitadas 27 mesas, para un total de 9.599 posibles votantes.La polémicaEl alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, y el presidente Gustavo Petro, tuvieron diferencias esta semana por los recursos asignados para el Programa de Alimentación Escolar (PAE), pues el jefe de Estado le recriminó desde un acto público que donde estaban los recursos girados desde la Nación para ese propósito.Por su parte, Alejandro Char le escribió por sus redes sociales que “nunca entendió que gobernar era unir, no dividir” y que nunca “construyó equipo con las regiones”, al bloquearles proyectos y programas. Defendió que ellos ponen el 75 %, en cambio el Gobierno aporta solo el 25 %.El alcalde añadió que “da pena” cómo termina su paso por la Presidencia, pues “quiso ser presidente para cambiar el país, pero hoy deja a millones de colombianos preocupados por la inseguridad, la economía y la incertidumbre”.
En un evento en conjunto entre el Ministerio de Educación y el Ministerio del Trabajo aseguró que, desde el 2023 al 2026, la formalización laboral de las manipuladoras del Programa de Alimentación Escolar (PAE) pasó del 58 % al 93 %, en medio de la estrategia para mejorar las condiciones laborales de quienes preparan y entregan alimentos en colegios públicos del país.Según el Ministerio de Educación, este avance hace parte de la implementación de la reforma laboral y de las nuevas disposiciones que buscan garantizar contratación formal, afiliación a seguridad social y estabilidad laboral para miles de trabajadoras vinculadas al programa.Desde el Gobierno aseguraron que la meta es llegar al 100 % de formalización de las manipuladoras y manipuladores del PAE antes de 2028, proceso que se realizará de manera gradual en todo el territorio nacional.“Yo quiero dejar tres mensajes claros. Con el gobierno del cambio hemos avanzado conquistando unos derechos y esto es un primer avance en esta lucha por la dignificación laboral, el segundo mensaje es que debemos organizarnos para continuar trabajando de manera conjunta por esta causa que nos ha dejado resultados positivos pero que faltan muchos más y por último, y no menos importante debemos hacer que ustedes cambien su modelo de contratación y pasen a ser trabajadoras directamente del estado", afirmó el ministro de Educación, Daniel Rojas Medellín.Según cifras entregadas por el Ministerio de Educación, en tres años, el número de personas formalizadas pasó de 27.569 a 54.129. A su vez, la informalidad cayó del 42% al 7%, de 20.003 personas sin vinculación formal en 2023 a 3.812 pendientes en 2026.La medida, según aseguraron ambas carteras, busca dignificar el trabajo de quienes operan el Programa de Alimentación Escolar y fortalecer la permanencia de niños y jóvenes dentro del sistema educativo público."Este gobierno puso en el centro la educación pública como un derecho, y no solo hablo de infraestructura y pupitres sino una alimentación escolar digna para todos los niños, niñas y jóvenes del país, que en muchas ocasiones tienen que estudiar con enormes desigualdades. El presidente Gustavo Petro hoy les deja un legado a ustedes, y es el acceso a ese salario vital que se deriva de la reforma laboral y que hoy queremos dejarlos sembrados en cada una de ustedes", afirmó el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino.
La Defensoría del Pueblo intervino ante la Corte Constitucional para defender la constitucionalidad del Decreto Legislativo 176 de 2026, una medida adoptada en medio de la emergencia económica derivada de la ola invernal, que busca garantizar la continuidad del Programa de Alimentación Escolar (PAE) para estudiantes afectados por la suspensión de clases presenciales.Según explicó la entidad, el decreto permite que niñas, niños, adolescentes y jóvenes sigan recibiendo alimentación “incluso fuera de la jornada escolar y del espacio físico de la institución”, en aquellos casos en los que no sea posible asistir a clases debido a la emergencia.La entidad advirtió que la decisión responde a afectaciones concretas en el sistema educativo ocasionadas por la emergencia climática, como daños en infraestructura escolar, uso de colegios como albergues, suspensión del calendario académico y dificultades de acceso por el estado de las vías o la interrupción del transporte escolar.Estas condiciones, según explicó, han derivado en la interrupción del servicio educativo y, con ello, del acceso al PAE, que en muchos casos representa un componente clave en la alimentación diaria de los estudiantes.“La intervención también documentó que los mecanismos ordinarios de gestión del riesgo resultaron insuficientes para atender la magnitud de la crisis, lo que justificó el uso de las facultades extraordinarias allí previstas”, señaló la defensoría.En ese contexto, la entidad enfatizó que la finalidad del decreto no es ampliar el programa, sino garantizar su continuidad para una población ya beneficiaria, en medio de una situación excepcional. De hecho, subrayó que la medida busca evitar que la crisis tenga efectos más graves sobre derechos fundamentales, particularmente la educación y la alimentación.Como parte de los elementos presentados ante la Corte, la entidad reportó afectaciones puntuales en distintas regiones. En el departamento de Sucre, por ejemplo, se registraron 14 instituciones educativas y 36 aulas impactadas en municipios como Majagual, Guaranda, San Marcos y Caimito. También se reportaron daños relevantes en Córdoba y situaciones en las que los alimentos del PAE fueron redireccionados para atender la emergencia en zonas como Urabá Darién.“Sostenemos que el Decreto 176 de 2026 debe ser declarado constitucional, para evitar que la crisis climática se traduzca en hambre, deserción o mayor desigualdad educativa”, añade.En su concepto final, concluyó que la norma no restringe derechos, sino que, los protege, y permite responder de manera directa a los efectos de la emergencia, evitando que se traduzca en hambre, deserción escolar o un aumento en las brechas de desigualdad.
La Contraloría General de la República encendió las alarmas sobre el funcionamiento del Programa de Alimentación Escolar (PAE), al advertir presuntas irregularidades en las condiciones laborales de las manipuladoras de alimentos y posibles sobrecostos que comprometerían recursos públicos.Según el organismo de control, el seguimiento realizado evidenció fallas en la formalización de los contratos, retrasos en los pagos y condiciones de inestabilidad laboral que afectan directamente a estas trabajadoras, clave para garantizar la alimentación de miles de estudiantes en el país.De acuerdo con la información, en varios casos las manipuladoras estarían siendo contratadas por periodos cortos, cercanos a los cuatro meses, lo que podría estar siendo utilizado para evitar el cumplimiento de obligaciones como el pago de seguridad social.Entre 2024 y 2025 se registraron más de 1.069 quejas relacionadas con el PAE, de las cuales al menos 312 alertan sobre posibles irregularidades laborales, incluyendo retrasos en pagos e inconsistencias contractuales. Cerca de 50 denuncias se refieren específicamente a las condiciones de las manipuladoras de alimentos.El ente de control señaló que estas prácticas no solo vulneran derechos laborales, sino que también generan riesgos en la adecuada ejecución de los recursos públicos y en la continuidad del programa.En ese sentido, durante 2025 se identificaron cerca de 30 hallazgos en auditorías, de los cuales 20 tienen presunta incidencia fiscal por más de $18.600 millones. Según la Contraloría, estos recursos estarían relacionados con sobrecostos en el programa, mientras que a las manipuladoras no se les estaría pagando lo correspondiente.Ante este panorama, la entidad hizo un llamado al Ministerio del Trabajo para que adelante acciones de inspección, vigilancia y control, con el fin de verificar el cumplimiento de las normas laborales y garantizar la protección de estas trabajadoras.Finalmente, la Contraloría recordó que entre 2022 y 2025 han identificado 149 hallazgos fiscales por más de $49.600 millones en el programa, principalmente asociados a sobrecostos y fallas en la ejecución contractual, con mayor impacto en regiones como Centro Oriente y Caribe.
La principal apuesta en el Valle del Cauca para avanzar en su recuperación tres meses después del terremoto, sigue siendo la iniciativa de la auto construcción asistida, un espacio donde las familias damnificadas vuelven a edificar sus viviendas, donde la Gobernación financia los gastos de materiales de construcción y los técnicos y expertos.En esta primera etapa de reconstrucción del departamento, se busca realizar más de 9.000 mejoramientos de vivienda y la entrega de 2.200 casas nuevas. En este proceso, ya se han atendido más de 31 municipios en el centro y norte del Valle. La meta inicial es ayudar a más de 12.000 hogares en esta primera etapa."Ya hemos entregado materiales a 4.000 familias y hemos terminado 500 mejoramientos. Ya vamos a empezar a entregar viviendas nuevas. En Buenaventura le puedo decir que las viviendas no están demolidas y estamos llevando maquinaria para primero demoler y luego empezar a trabajar. Hemos tenido algunos obstáculos, pero no importa. Nosotros siempre estamos siguiendo para adelante", señaló la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro.El proceso de recuperación económica es otra de las prioridades en el departamento, teniendo en cuenta la afectación de municipios como Roldanillo, Calima El Darién, Sevilla y Buenaventura, que dependen principalmente del turismo."Para ayudar a reconstruir locales comerciales vamos a sacar una convocatoria de 20.000 millones de pesos, para ayudar desde 5 hasta 70 millones con un subsidio. También hay personas que necesitan muy poco para volver a iniciar su emprendimiento, en eso vamos a entregar créditos condonables hasta de 5 millones de pesos y son para siete municipios del Valle del Valle, incluyendo Buenaventura y Cali", añadió la gobernadora.
Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este martes, 10 de noviembre de 2026:Alejandro Eder, alcalde de Cali, aseguró que la reconstrucción de la ciudad tras el terremoto del 10 de agosto será un proceso que puede tomar hasta cuatro años. Señaló que la prioridad son unas 700 familias que perdieron completamente sus viviendas y que ya se preparan las primeras bonificaciones de 50 millones de pesos para facilitar la compra de nuevos hogares; además, indicó que 85 estructuras están identificadas para demolición, una cifra que podría aumentar hasta entre 100 y 120.Juan Diego Patiño, gobernador de Risaralda, pidió mayor celeridad en la ejecución de los recursos destinados a la reconstrucción tres meses después del terremoto. Informó que más de 110 edificaciones han sido demolidas y otras 70 permanecen pendientes, mientras continúa la evaluación de varias estructuras; además, señaló que ya se entregaron 13.000 millones de pesos en subsidios, se prepara un segundo giro cercano a 17.000 millones y todavía están pendientes unos 70.000 millones anunciados para los damnificados.Álvaro Monedero, senador del Partido Liberal, explicó que su colectividad trabaja en una propuesta alternativa a la Ley de Rescate Fiscal y manifestó reparos frente al IVA sobre productos de la canasta familiar, maquinaria, fertilizantes y otros insumos agropecuarios. Señaló, sin embargo, que están dispuestos a estudiar impuestos para las compras internacionales inferiores a 200 dólares y los vehículos híbridos y eléctricos, y propuso que en las apuestas en línea el IVA se cobre sobre la utilidad de las empresas y no sobre todo el dinero apostado por los usuarios.Paola Franchi, jefa de Protección de la Niñez de UNICEF en Colombia, alertó sobre el reclutamiento de niños de apenas 10 y 11 años por grupos armados y señaló que esta problemática afecta de manera desproporcionada a menores indígenas y afrocolombianos, así como a las niñas. Mencionó entre los grupos con casos verificados a las disidencias de las Farc, el ELN y el Clan del Golfo, y afirmó que la prevención requiere fortalecer la presencia institucional, las escuelas, las oportunidades para las familias y los programas en los territorios más afectados.Ilsa Córdoba, atleta colombiana de 17 años, celebró la medalla de oro conseguida en lanzamiento de jabalina en los Juegos Olímpicos de la Juventud en Dakar, Senegal, tras alcanzar una marca de 57 metros en su cuarto intento. La deportista contó que entrena en Currulao, Urabá antioqueño, en una cancha de sóftbol y con recursos limitados, y relató que comenzó en el atletismo a los 11 años antes de descubrir su talento para la jabalina.Álvaro Palacio, gerente de Asohofrucol, advirtió que la Ley de Rescate Fiscal podría aumentar los precios de cerca de 130 productos entre frutas y hortalizas si se aplica un IVA del 19 %. Puso como ejemplo el tomate, cuya compra por 10.000 pesos podría acercarse a los 12.000 pesos, y sostuvo que el incremento de los costos de insumos y asistencia técnica también podría reducir la producción; el gremio anunció que enviará sus preocupaciones al Gobierno y al Congreso.Jorge Ricardo León, director general de la Clínica Foscal, advirtió que la institución enfrenta una cartera cercana a los 600.000 millones de pesos y que, si no mejora el flujo de recursos de la Nueva EPS y del fondo del magisterio, podrían comenzar a cerrar servicios y reducir la atención. Señaló que actualmente tienen 657 pacientes hospitalizados, realizan unas 2.300 cirugías al mes y atienden cerca de 300 urgencias diarias, mientras sus ingresos mensuales están entre 20.000 y 25.000 millones de pesos por debajo de lo necesario para sostener la operación.Leo Espinosa, chef y empresaria colombiana, advirtió que nuevos impuestos incluidos en la Ley de Ajuste Fiscal podrían profundizar las dificultades económicas del sector gastronómico, que ya enfrenta mayores costos de alimentos, nómina y operación. Cuestionó especialmente el incremento de impuestos relacionados con el vino, al considerar que podría reducir todavía más las ventas formales y favorecer el contrabando, y pidió revisar el impuesto al consumo; aseguró que los clientes continúan asistiendo a restaurantes, pero han reducido considerablemente lo que consumen.Escuche el programa completo aquí:
Imagínese que conduce por una carretera, pasa frente a una valla publicitaria de una marca de hamburguesas y, segundos después, el interior de su carro comienza a oler a comida recién preparada. Aunque parece una escena de ciencia ficción, esta es una de las posibilidades que busca una tecnología propuesta por Sony para transformar la publicidad que consumen los conductores.La compañía japonesa presentó en Estados Unidos una solicitud de patente para desarrollar un sistema que permita a los vehículos reconocer anuncios publicitarios y liberar olores de acuerdo con los productos promocionados, mediante cámaras y dispositivos instalados dentro del automóvil.¿Cómo funcionaría la tecnología de Sony que libera olores dentro de los carros? Según la información de la solicitud, el sistema utilizaría una cámara exterior para reconocer anuncios ubicados a lo largo de las carreteras, como carteles y pantallas publicitarias.Una vez identificada la publicidad, el vehículo consultaría una base de datos para comprobar si existe un aroma asociado al anuncio y si se cumplen las condiciones establecidas para liberarlo.Por ejemplo, cuando el automóvil pase frente a una publicidad de hamburguesas, un dispositivo instalado en su interior podría emitir un olor similar al de este alimento.Para conseguirlo, el sistema combinaría información de las cámaras, la ubicación del vehículo y pequeños dispensadores equipados con cartuchos que contienen diferentes fragancias.La tecnología también podría aumentar la intensidad del aroma a medida que el carro se acerca al anuncio, con el propósito de producir una sensación de que el olor proviene de la publicidad.Además de los anuncios exteriores, también se pretende utilizar este mecanismo con comerciales reproducidos en pantallas, teléfonos o radios.Los carros podrían identificar la edad de los pasajeros para dirigir los olores Una de las características más llamativas de la propuesta es la posibilidad de personalizar los aromas según las personas que se encuentren dentro del automóvil.Para ello, Sony planea incorporar cámaras interiores capaces de detectar qué asientos están ocupados y estimar la edad y el género de los pasajeros, entre otras características.Esta información se compararía con las condiciones establecidas para cada campaña publicitaria, de manera que determinados olores podrían dirigirse únicamente hacia algunas personas.Por ejemplo, si un anuncio estuviera destinado a un grupo específico de edad, el sistema identificaría a un pasajero que cumpliera con ese criterio y activaría el dispensador correspondiente a su asiento.Según los documentos, también se propusieron dispositivos individuales ubicados cerca de cada puesto o un mecanismo instalado en el techo que pueda dirigir los aromas hacia diferentes lugares del habitáculo.Naturalmente, las cámaras para analizar a los ocupantes pueden generar ciertas inquietudes sobre la privacidad y el tratamiento de sus datos personales, especialmente si la información se utilizara para personalizar anuncios comerciales.¿Cuándo llegaría esta tecnología de Sony a los carros?Aunque la solicitud más reciente fue publicada el 5 de noviembre de 2026, la idea forma parte de una familia de patentes que se remonta a julio de 2019 y que ha tenido diferentes desarrollos posteriores.El sistema todavía se encuentra en el terreno de las propuestas tecnológicas, por lo que aún no se conocen acuerdos con fabricantes de automóviles, fechas de lanzamiento ni modelos que vayan a incorporar esta función.Sin embargo, la patente muestra una de las posibilidades del futuro de la publicidad automotriz, en el que los anuncios podrían utilizar el olfato además de imágenes y sonidos para llamar la atención de los ocupantes.Aunque por ahora solo se trata de un concepto, su eventual llegada al mercado dependería de que la tecnología se desarrollara para uso comercial y se resolvieran aspectos como la privacidad y el tratamiento de datos.
Un docente de Medellín perdió la vida tras accidentarse por el grave deterioro de la autopista Medellín-Bogotá. La tragedia reactivó duras críticas contra el Invías por la falta de mantenimiento en un corredor donde se reportan casi 1.000 huecos.Las condiciones de seguridad en la autopista Medellín-Bogotá vuelven a generar inquietud entre los usuarios de este corredor nacional, tras registrarse un nuevo siniestro vial que cobró la vida de un docente universitario. El accidente ocurrió en jurisdicción del municipio de San Luis, en un tramo administrado por el Instituto Nacional de Vías (Invías), donde las comunidades y los gremios de transportadores han reportado de manera reiterada el deterioro de la malla vial.La víctima fue identificada como Carlos Julián Gallego Duque, de 47 años, ingeniero, docente de la Institución Universitaria Pascual Bravo y colaborador de EPM, quien regresaba a Medellín tras dictar clases en Puerto Nare. De acuerdo con las primeras versiones, el motociclista se movilizaba por el sector El Silencio cuando habría perdido el control del vehículo al pasar por un hueco en la carretera, colisionando de frente contra un furgón.Este hecho se suma a las constantes alertas del colectivo de transportadores 'Los Magníficos de la Ruta 60', agrupación que desde marzo de este año documentó y reportó cerca de 918 huecos en el tramo comprendido entre El Santuario y Caño Alegre. Según los denunciantes, la falta de mantenimiento e intervención oportuna en la vía incrementa los factores de riesgo para motociclistas y conductores de carga pesada.A las deficiencias en la infraestructura se suman los antecedentes en la atención de emergencias en la zona. Cabe recordar que el pasado mes de octubre, dos personas heridas en un accidente debieron ser trasladadas al hospital de Puerto Triunfo en la cabina de una grúa ante la ausencia de una ambulancia del Invías en el sector.Blu Radio ha intentado establecer contacto con la entidad nacional para conocer un pronunciamiento oficial sobre el plan de mantenimiento de la vía y la atención de urgencias, sin obtener respuesta hasta el momento.
El chance de Caribeña Día se mantiene entre las alternativas de chance más tradicionales y consultadas en Colombia. Sus jornadas frecuentes y la publicación de los resultados a través de canales autorizados permiten que los participantes verifiquen sus apuestas después de cada sorteo.¿Cuál fue el número ganador del Caribeña Día hoy, martes 10 de noviembre de 2026?El número ganador del chance Caribeña Día de este martes 10 de noviembre de 2026 es el (resultado en breve). Los apostadores pueden consultar las cifras oficiales y verificar con su vendedor si el tiquete corresponde a una jugada ganadora.Número ganador: resultado en breve.Dos últimas cifras: resultado en breve.Tres últimas cifras: resultado en breve.La quinta: resultado en breve.¿A qué hora juega el Caribeña Día?El sorteo del Caribeña Día se realiza de lunes a sábado a las 2:30 p. m.. Los resultados oficiales se publican poco después de finalizar la jornada, a través de los canales autorizados y los puntos de venta.De esta manera, los participantes pueden revisar los números ganadores y comprobar si acertaron alguna de las modalidades disponibles.¿Cómo se juega el chance Caribeña Día?El juego cuenta con diferentes alternativas de apuesta. El premio depende de la cantidad de cifras acertadas y de si coinciden en el mismo orden del resultado oficial.Estas son las principales modalidades:Cuatro cifras directo o superpleno: consiste en acertar el número completo en el orden exacto.Cuatro cifras combinado: permite ganar al acertar las cuatro cifras en cualquier orden.Tres cifras directo: se deben acertar las tres últimas cifras en el orden correcto.Tres cifras combinado: se deben acertar las tres últimas cifras sin importar el orden.Dos cifras o pata: consiste en acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.Una cifra o uña: basta con acertar la última cifra del número ganador.Estas opciones permiten participar con diferentes tipos de jugadas, según las cifras que cada apostador decida seleccionar.¿Cuánto cuesta apostar en Caribeña Día?El valor de las apuestas permite que los participantes ajusten sus jugadas de acuerdo con su presupuesto. Los montos establecidos son:Apuesta mínima: $500 pesos colombianos.Apuesta máxima: $10.000 pesos colombianos.¿Qué requisitos se necesitan para reclamar premios del Caribeña Día?Para cobrar un premio, los ganadores deben presentar la documentación exigida para validar el tiquete. Los requisitos adicionales dependen del monto obtenido.Documentos básicos:Tiquete original en buen estado, sin tachones ni enmendaduras.Documento de identidad original.Fotocopia legible del documento de identidad.Requisitos según el valor del premio:Premios inferiores a 48 UVT: únicamente se requieren los documentos básicos.Premios entre 48 y 181 UVT: se debe diligenciar el formulario SIPLAFT en el punto de venta.Premios superiores a 182 UVT: es obligatorio presentar una certificación bancaria vigente, expedida con una anterioridad máxima de 30 días. En estos casos, el pago se realiza mediante transferencia bancaria y puede tardar aproximadamente ocho días hábiles.Con sus sorteos de lunes a sábado, distintas modalidades de apuesta y opciones de premios por aciertos parciales, Caribeña Día continúa entre los juegos de chance consultados por los colombianos.
