El manejo del Programa de Alimentación Escolar, una de las estrategias más importantes para garantizar la permanencia de miles de niños y adolescentes en las aulas, vuelve a quedar bajo la lupa de los organismos de control por hechos en Antioquia.Esta vez, la Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra el exalcalde de Santa Fe de Antioquia, Andrés Felipe Pardo Serna, y dos de los exfuncionarios que integraron su administración por presuntas irregularidades que habrían retrasado la puesta en marcha del programa durante el año 2022.La decisión también cobija al entonces secretario de Servicios Administrativos, Félix Antonio Giraldo, y al exsecretario de Salud y Protección Social, Jorge Mario Sánchez Palacio, quienes deberán responder dentro del proceso disciplinario.Según el Ministerio Público, el programa, destinado a suministrar alimentación a estudiantes de instituciones oficiales, no comenzó con el inicio del calendario escolar, como lo exige su naturaleza. Aunque las clases arrancaron en enero de 2022, el servicio solo empezó a prestarse hacia finales de abril, dejando durante varios meses sin este beneficio a cientos de alumnos del municipio.Para la Procuraduría, la demora habría obedecido a deficiencias en la planeación contractual por parte de la administración municipal. El ente de control sostiene que el inicio del programa habría quedado condicionado a la llegada de recursos provenientes de la Gobernación de Antioquia, pese a que el municipio contaba con recursos propios que habrían permitido garantizar la continuidad del servicio mientras se concretaban otras fuentes de financiación.De acuerdo con la Procuraduría Provincial de Santa Fe de Antioquia, la conducta atribuida a los tres exfuncionarios podría constituir una falta disciplinaria grave cometida a título de culpa grave. Con la formulación del pliego de cargos comienza una nueva etapa del proceso, en la que los investigados tendrán la oportunidad de ejercer su derecho a la defensa antes de que el organismo de control adopte una decisión de fondo.
El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, ejerció su derecho al voto en el mediodía de este domingo, en medio de críticas al presidente Gustavo Petro.El mandatario cuestionó la baja inversión realizada en la ciudad durante este gobierno y afirmó que esa política de cortar recursos a ciertos territorios afectó a los municipios más pequeños del país, cuyo presupuesto es menor.“No me da miedo decir, ¿porque ocultar lo que siento?. Soy elegido por los barranquilleros y tengo que decirlo. A nosotros nos echan vaina desde el Gobierno y resulta que Barranquilla pone toda la plata del PAE, la Nación no pone nada. Es más, todos los días nos quitan y cuando les toca aportar, lo pagan dos años después”, dijo a los medios de comunicación.Hay que recalcar que Alejandro Char llegó hasta este puesto de votación en compañía de su esposa y sus dos hijos. Allí, en el colegio La Salle, cerca del comando de la Policía Metropolitana de Barranquilla (donde está instalado el Puesto de Mando Unificado) fueron habilitadas 27 mesas, para un total de 9.599 posibles votantes.La polémicaEl alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, y el presidente Gustavo Petro, tuvieron diferencias esta semana por los recursos asignados para el Programa de Alimentación Escolar (PAE), pues el jefe de Estado le recriminó desde un acto público que donde estaban los recursos girados desde la Nación para ese propósito.Por su parte, Alejandro Char le escribió por sus redes sociales que “nunca entendió que gobernar era unir, no dividir” y que nunca “construyó equipo con las regiones”, al bloquearles proyectos y programas. Defendió que ellos ponen el 75 %, en cambio el Gobierno aporta solo el 25 %.El alcalde añadió que “da pena” cómo termina su paso por la Presidencia, pues “quiso ser presidente para cambiar el país, pero hoy deja a millones de colombianos preocupados por la inseguridad, la economía y la incertidumbre”.
En un evento en conjunto entre el Ministerio de Educación y el Ministerio del Trabajo aseguró que, desde el 2023 al 2026, la formalización laboral de las manipuladoras del Programa de Alimentación Escolar (PAE) pasó del 58 % al 93 %, en medio de la estrategia para mejorar las condiciones laborales de quienes preparan y entregan alimentos en colegios públicos del país.Según el Ministerio de Educación, este avance hace parte de la implementación de la reforma laboral y de las nuevas disposiciones que buscan garantizar contratación formal, afiliación a seguridad social y estabilidad laboral para miles de trabajadoras vinculadas al programa.Desde el Gobierno aseguraron que la meta es llegar al 100 % de formalización de las manipuladoras y manipuladores del PAE antes de 2028, proceso que se realizará de manera gradual en todo el territorio nacional.“Yo quiero dejar tres mensajes claros. Con el gobierno del cambio hemos avanzado conquistando unos derechos y esto es un primer avance en esta lucha por la dignificación laboral, el segundo mensaje es que debemos organizarnos para continuar trabajando de manera conjunta por esta causa que nos ha dejado resultados positivos pero que faltan muchos más y por último, y no menos importante debemos hacer que ustedes cambien su modelo de contratación y pasen a ser trabajadoras directamente del estado", afirmó el ministro de Educación, Daniel Rojas Medellín.Según cifras entregadas por el Ministerio de Educación, en tres años, el número de personas formalizadas pasó de 27.569 a 54.129. A su vez, la informalidad cayó del 42% al 7%, de 20.003 personas sin vinculación formal en 2023 a 3.812 pendientes en 2026.La medida, según aseguraron ambas carteras, busca dignificar el trabajo de quienes operan el Programa de Alimentación Escolar y fortalecer la permanencia de niños y jóvenes dentro del sistema educativo público."Este gobierno puso en el centro la educación pública como un derecho, y no solo hablo de infraestructura y pupitres sino una alimentación escolar digna para todos los niños, niñas y jóvenes del país, que en muchas ocasiones tienen que estudiar con enormes desigualdades. El presidente Gustavo Petro hoy les deja un legado a ustedes, y es el acceso a ese salario vital que se deriva de la reforma laboral y que hoy queremos dejarlos sembrados en cada una de ustedes", afirmó el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino.
La Defensoría del Pueblo intervino ante la Corte Constitucional para defender la constitucionalidad del Decreto Legislativo 176 de 2026, una medida adoptada en medio de la emergencia económica derivada de la ola invernal, que busca garantizar la continuidad del Programa de Alimentación Escolar (PAE) para estudiantes afectados por la suspensión de clases presenciales.Según explicó la entidad, el decreto permite que niñas, niños, adolescentes y jóvenes sigan recibiendo alimentación “incluso fuera de la jornada escolar y del espacio físico de la institución”, en aquellos casos en los que no sea posible asistir a clases debido a la emergencia.La entidad advirtió que la decisión responde a afectaciones concretas en el sistema educativo ocasionadas por la emergencia climática, como daños en infraestructura escolar, uso de colegios como albergues, suspensión del calendario académico y dificultades de acceso por el estado de las vías o la interrupción del transporte escolar.Estas condiciones, según explicó, han derivado en la interrupción del servicio educativo y, con ello, del acceso al PAE, que en muchos casos representa un componente clave en la alimentación diaria de los estudiantes.“La intervención también documentó que los mecanismos ordinarios de gestión del riesgo resultaron insuficientes para atender la magnitud de la crisis, lo que justificó el uso de las facultades extraordinarias allí previstas”, señaló la defensoría.En ese contexto, la entidad enfatizó que la finalidad del decreto no es ampliar el programa, sino garantizar su continuidad para una población ya beneficiaria, en medio de una situación excepcional. De hecho, subrayó que la medida busca evitar que la crisis tenga efectos más graves sobre derechos fundamentales, particularmente la educación y la alimentación.Como parte de los elementos presentados ante la Corte, la entidad reportó afectaciones puntuales en distintas regiones. En el departamento de Sucre, por ejemplo, se registraron 14 instituciones educativas y 36 aulas impactadas en municipios como Majagual, Guaranda, San Marcos y Caimito. También se reportaron daños relevantes en Córdoba y situaciones en las que los alimentos del PAE fueron redireccionados para atender la emergencia en zonas como Urabá Darién.“Sostenemos que el Decreto 176 de 2026 debe ser declarado constitucional, para evitar que la crisis climática se traduzca en hambre, deserción o mayor desigualdad educativa”, añade.En su concepto final, concluyó que la norma no restringe derechos, sino que, los protege, y permite responder de manera directa a los efectos de la emergencia, evitando que se traduzca en hambre, deserción escolar o un aumento en las brechas de desigualdad.
La Contraloría General de la República encendió las alarmas sobre el funcionamiento del Programa de Alimentación Escolar (PAE), al advertir presuntas irregularidades en las condiciones laborales de las manipuladoras de alimentos y posibles sobrecostos que comprometerían recursos públicos.Según el organismo de control, el seguimiento realizado evidenció fallas en la formalización de los contratos, retrasos en los pagos y condiciones de inestabilidad laboral que afectan directamente a estas trabajadoras, clave para garantizar la alimentación de miles de estudiantes en el país.De acuerdo con la información, en varios casos las manipuladoras estarían siendo contratadas por periodos cortos, cercanos a los cuatro meses, lo que podría estar siendo utilizado para evitar el cumplimiento de obligaciones como el pago de seguridad social.Entre 2024 y 2025 se registraron más de 1.069 quejas relacionadas con el PAE, de las cuales al menos 312 alertan sobre posibles irregularidades laborales, incluyendo retrasos en pagos e inconsistencias contractuales. Cerca de 50 denuncias se refieren específicamente a las condiciones de las manipuladoras de alimentos.El ente de control señaló que estas prácticas no solo vulneran derechos laborales, sino que también generan riesgos en la adecuada ejecución de los recursos públicos y en la continuidad del programa.En ese sentido, durante 2025 se identificaron cerca de 30 hallazgos en auditorías, de los cuales 20 tienen presunta incidencia fiscal por más de $18.600 millones. Según la Contraloría, estos recursos estarían relacionados con sobrecostos en el programa, mientras que a las manipuladoras no se les estaría pagando lo correspondiente.Ante este panorama, la entidad hizo un llamado al Ministerio del Trabajo para que adelante acciones de inspección, vigilancia y control, con el fin de verificar el cumplimiento de las normas laborales y garantizar la protección de estas trabajadoras.Finalmente, la Contraloría recordó que entre 2022 y 2025 han identificado 149 hallazgos fiscales por más de $49.600 millones en el programa, principalmente asociados a sobrecostos y fallas en la ejecución contractual, con mayor impacto en regiones como Centro Oriente y Caribe.
Un Juez de Bucaramanga absolvió, en un fallo de primera instancia, a la exsecretaria de Educación de Santander, Ana de Dios Tarazona, investigada por presuntas irregularidades en la adjudicación y ejecución del Programa de Alimentación Escolar (PAE) en 2016.El caso estuvo marcado por la polémica del supuesto pago de tamales a $30.000 para el complemento alimenticio de cerca de 100.000 estudiantes en 82 municipios del departamento, un hecho que generó amplio rechazo en su momento.Según explicó Rodrigo Parada, abogado defensor de la exfuncionaria, la decisión judicial concluyó que no existieron irregularidades en la actuación de los implicados. “La judicatura determinó que ninguna de las personas procesadas, incluida Ana de Dios Tarazona, el coordinador del PAE en 2016, Aníbal González, y el interventor del contrato, cometieron conductas contrarias a la ley”, afirmó.Parada indicó que, durante el proceso, la Fiscalía no logró sustentar las acusaciones. “No solo no había soporte probatorio, sino que tampoco se cumplía con lo que exige la ley para una condena”, señaló.Uno de los puntos más controversiales del caso, el presunto sobrecosto en la compra de alimentos fue desestimado en el fallo. De acuerdo con la defensa, se demostró que dichos pagos “nunca se realizaron”, por lo que la narrativa de los “tamales a 30.000 pesos” no tuvo respaldo en las pruebas presentadas en juicio.Parada aseguró que este elemento afectó significativamente la percepción pública del proceso. “Ese tema le hizo mucho daño al caso, pero quedó claro que nunca ocurrió”, sostuvo.El proceso, que se extendió por casi 10 años desde 2017, incluyó la práctica de más de 300 pruebas solicitadas inicialmente por la Fiscalía. Durante este tiempo, tanto Tarazona como González enfrentaron incluso privación de la libertad, que la defensa calificó como injusta.El abogado también cuestionó algunos de los argumentos del ente acusador, al señalar que se basaron en criterios que no estaban contemplados en la ley. Entre ellos, mencionó cuestionamientos sobre los requisitos de experiencia exigidos en la contratación, que, según dijo, eran acordes con el monto del contrato.Por ahora, se trata de un sentido del fallo absolutorio que deberá ser formalizado en las próximas semanas con la lectura oficial de la sentencia. La Fiscalía tendrá la posibilidad de apelar la decisión ante una segunda instancia.
Recientemente. la Procuraduría General de la Nación informó que le formuló pliego de cargos al exalcalde de Montebello, Virgilio Antonio Acevedo Espinosa, por las presuntas irregularidades que se registraron en la ejecución del Programa de Alimentación Escolar en el 2023, cuando habría dejado a los menores de edad sin la atención durante casi tres meses.Según la investigación adelantada por el Ministerio Público, la Alcaldía de Montebello, al parecer, no garantizó la presentación continúa del servicio durante 84 días, situación que afectó drásticamente la atención de niños, niñas y adolescentes que estaban matriculados para la fecha en las instituciones educativas oficiales.Las pesquisas adelantadas por la Procuraduría Provincial de Instrucción de Amagá dejaron en evidencia que la supuesta irregularidad se habría dado por deficiencias en la planeación administrativa para asegurar que el Programa de Alimentación Escolar funcione con normalidad.Además, habría quedado sustentado que la Alcaldía de Montebello tuvo, al parecer, demoras en la gestión contractual y presupuestal, así como no habría ejercido una supervisión adecuada sobre la ejecución del contrato que afectó por varias semanas a niños, niñas y adolescentes.Estos hechos e inconsistencias por parte de la Administración Municipal sería la causante para que se diera la suspensión injustificada del servicio de la alimentación escolar por parte del operador, sin que, además, se adoptaran acciones oportunas para restablecerlo y regresarle el beneficio para cientos de menores de edad.Teniendo en cuenta todo lo anterior, la Procuraduría General de la Nación calificó la presunta conducta del exmandatario como una falta grave cometida a título de culpa grave.
Sebastián Rivera, director general de la Unidad de Alimentos para Aprender (UApA), denunció que, en el periodo revisado entre 2022 y 2025, 55 de las 97 entidades territoriales, entre alcaldías y gobernaciones, redujeron la cobertura del Programa de Alimentación Escolar (PAE) a pesar de haber recibido incrementos presupuestales. Entre los territorios señalados se encuentran Villavicencio y el departamento del Atlántico.Ante este panorama, la UApA y el Ministerio de Educación Nacional anunciaron la expedición de una resolución de asignación de recursos para el PAE que estará condicionada al aumento de la cobertura. Según lo establecido, los entes territoriales deberán garantizar la atención de un número determinado de estudiantes sin disminuir la población beneficiaria. Además, el próximo 30 de abril se realizará un corte de evaluación para verificar el comportamiento de la prestación del servicio de alimentación escolar.Durante la presentación de los hallazgos, la entidad expuso un informe sobre gobernaciones y alcaldías que planearon 2026 con proyecciones de desfinanciamiento. Entre los casos con mayores brechas aparecen Santander, con una diferencia cercana a los 69.800 millones de pesos; Yumbo, con más de 21.900 millones; y Vichada, con alrededor de 19.900 millones. También figuran Meta, Magdalena, Cúcuta, Pasto, Santa Marta y Sucre, con déficits proyectados que oscilan entre 9.000 y 15.000 millones de pesos, según las cifras presentadas.La UApA también emitió una alerta sobre la implementación del PAE indígena. De acuerdo con la entidad, no todos los entes territoriales han suscrito contratos con las organizaciones indígenas, situación que deja a más de 100 niños sin acceso al programa de alimentación escolar en esos territorios.Frente a la emergencia que atraviesa el departamento de Córdoba por las inundaciones, las autoridades informaron que, mientras se mantenga suspendido el calendario escolar, se habilitará la entrega de canastas alimentarias en los municipios afectados. La medida busca garantizar la continuidad del apoyo nutricional a niños, niñas y jóvenes que actualmente no están recibiendo el servicio del PAE debido a la interrupción de las clases.
Luego de que la Contraloría General alertara sobre irregularidades en la ejecución del Programa de Alimentación Escolar (PAE) y un inicio tardío del servicio en varias regiones del país, el director del programa, Sebastián Rivera, en entrevista con Blu Radio aseguró que el Gobierno Nacional comparte la preocupación por el uso eficiente de los recursos y la disminución en la cobertura.Rivera explicó que el informe del ente de control, que revisa vigencias entre 2022 y 2024 y reporta hallazgos fiscales superiores a los 50.000 millones de pesos, se enmarca en los procesos habituales de auditoría. Sin embargo, enfatizó que la principal alerta del Gobierno no solo está en los presuntos sobrecostos y fallas contractuales, sino en la reducción del número de estudiantes atendidos, a pesar del incremento presupuestal.Según detalló, en 2022 el programa contaba con 3,5 billones de pesos y cubría a más de 5,8 millones de niños, lo que representaba una cobertura del 74 %. Para 2025, el presupuesto ascendió a 6,1 billones de pesos, pero la atención bajó a cerca de 5,6 millones de estudiantes, es decir, 237.000 menos que en el año anterior. Rivera advirtió que aún falta por vincular a más de 1,2 millones de niños para alcanzar la universalidad del programa.El director del PAE señaló que esta reducción se evidencia en varias entidades territoriales. Mencionó, entre otros casos, caídas en la cobertura en Atlántico, Valle del Cauca, Cali, Boyacá, Santander y Cesar, así como en Villavicencio. Frente a este panorama, indicó que el Gobierno ha solicitado explicaciones formales a los entes territoriales, aunque las respuestas recibidas hasta ahora no han sido satisfactorias.Rivera explicó que, en algunos casos, el aumento de recursos se ha destinado a elevar el valor de las raciones y no a ampliar la cobertura, una decisión que, según afirmó, va en contravía de la meta nacional de garantizar el acceso universal al programa. En ese sentido, anunció que, tras recibir nuevas funciones de inspección y vigilancia por parte de la Presidencia, se reforzarán los controles para verificar que los recursos se orienten prioritariamente a atender a más estudiantes.
De acuerdo con la Contraloría, se adelantaron 40 actuaciones de control fiscal en todo el país sobre recursos del Presupuesto General de la Nación, territoriales y del Sistema General de Regalías, dejando en evidencia sobrecostos, pagos sin soportes y fallas contractuales que afectan directamente la alimentación de miles de estudiantes.La mayoría de las irregularidades corresponden a sobrecostos, que representan $18.106 millones. La Contraloría también detectó pagos sin soportes de ejecución por $2.790 millones, problemas en la ejecución contractual por $2.706 millones e incumplimientos de los lineamientos técnicos del programa por $649 millones.La región Centro Oriente es la más afectada, con nueve hallazgos por $12.363 millones. El caso más grave se presentó en Soacha, donde se evidenció un posible detrimento de $3.550 millones por pagos que superaron los valores realmente ejecutados.En Boyacá, la Contraloría encontró diferencias entre los pagos reconocidos y los cancelados a manipuladoras de alimentos, lo que generó un presunto daño fiscal por $2.010 millones.La Contraloría también alertó por el inicio tardío del PAE en 2026. Según el organismo, cerca de 800.000 estudiantes se verán afectados porque la entrega de alimentación escolar no coincide con el comienzo del calendario académico en 12 entidades territoriales, entre ellas Magdalena, Cesar, Huila, Valledupar, Chocó, Quibdó, Palmira, Armenia, Facatativá, Yopal, Pitalito y Buenaventura.La Contraloría hizo un llamado urgente a los gobiernos locales y al Gobierno Nacional para garantizar la oportuna prestación del servicio y evitar que estas fallas sigan afectando a niños, niñas y adolescentes que dependen del PAE para su permanencia en el sistema educativo.
El director de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, coronel Yair Alfonso Parra Archila, lanzó un llamado a los conductores que regresan a sus ciudades durante el puente festivo del 20 de julio. Aunque las autoridades mantienen un amplio despliegue en las carreteras, el oficial manifestó su preocupación por el incremento de comparendos impuestos a personas sorprendidas conduciendo bajo los efectos del alcohol.Durante una entrevista concedida este lunes 20 de julio, el coronel insistió en que la seguridad vial depende tanto de la labor de las autoridades como del comportamiento de los ciudadanos. En ese sentido, reiteró la campaña institucional “No más excusas en la vida”, con la que la Dirección de Tránsito busca reducir la accidentalidad en las vías del país.Policía entrega recomendaciones para ingresar a BogotáEl oficial explicó que actualmente hay 14 departamentos con afectaciones viales, de los cuales ocho presentan cierres totales. Entre ellos mencionó a Nariño, Putumayo, Córdoba, Urabá y Arauca, donde tres cierres son recientes, mientras que los demás permanecen desde la temporada de lluvias.En cuanto al ingreso a Bogotá, señaló que el mayor punto crítico sigue siendo Soacha por las obras de infraestructura que se adelantan en el corredor. Sin embargo, aseguró que la Policía preparó medidas para reducir el impacto del tráfico.Entre las recomendaciones destacó el uso del reversible Apulo-Mosquera, que opera entre las 10:00 de la mañana y las 12:00 de la noche, como una alternativa para disminuir los tiempos de desplazamiento hacia la capital."No más excusas en la vida": la advertencia del coronel ParraEl director de Tránsito también aprovechó el espacio para enviar un mensaje directo a quienes aún tienen previsto conducir durante el retorno."Lamentablemente, en este puente festivo se han impuesto un número alto de órdenes de comparendo por embriaguez", advirtió el oficial, al insistir en que conducir bajo los efectos del alcohol sigue siendo una de las principales amenazas para la seguridad vial.Además, recordó que la institución mantiene campañas como "Plan Freno", "Plan Cinturón de Seguridad", "Aférrate a la vida" y "Ni un grado de alcohol", orientadas a reducir los siniestros en carretera.Restricciones por el desfile del 20 de julioEl coronel Parra recordó que desde la medianoche del 20 de julio permanecen cerradas las calzadas de la avenida Villavicencio, entre la Autopista Sur y el Portal El Tunal, debido al desfile militar.Asimismo, confirmó que la Dirección de Tránsito participa en la ceremonia con un bloque femenino encabezado por la teniente coronel Mónica Galvis, mientras otro grupo de uniformados permanece desplegado en las carreteras para acompañar el plan retorno y atender cualquier eventualidad durante la jornada.
Con 21 cuadrantes viales, las autoridades acompañarán la movilidad en Antioquia durante el Día de la Independencia. Habrá reversibles para garantizar el retorno de miles de viajeros a Medellín y el Valle de Aburrá tras el fin del puente festivo.Las autoridades de Antioquia mantendrán un amplio despliegue operativo durante el puente festivo para garantizar, no solo el desarrollo del plan retorno de miles de viajeros, sino también la seguridad de los diferentes actos conmemorativos de la Independencia de Colombia.Uno de los puntos que concentrará mayor atención será el Túnel del Toyo, donde está prevista la presencia del presidente electo, Abelardo De La Espriella, motivo por el cual se fortalecerán los dispositivos de vigilancia y control.El operativo busca responder al alto flujo vehicular esperado durante el fin de semana, que podría llegar a los 523.000 vehículos movilizados por los principales corredores del departamento.Para ello, la seccional de Tránsito y Transporte de la Policía contará con personal distribuido en 21 cuadrantes viales, con el objetivo de acompañar a los viajeros, prevenir accidentes y atender cualquier eventualidad en las carreteras. Así lo indicó el coronel Luis Fernando Muñoz, comandante de la Policía en Antioquia.“Siempre la capacidad y el acompañamiento en 23 corredores viales que tiene la sección de tránsito para también el personal del modelo de vigilancia, que tiene jurisdicción en las vías haciendo ese acompañamiento para que no haya ninguna dificultad y atender a tiempo cualquier tema de accidentalidad que se presente durante este puente festivo. Entonces estamos con la capacidad dispuesta y también acompañando pues todas esas actividades del 20 de julio”, aseguró el oficial.De manera paralela, la Gobernación de Antioquia mantiene activos más de 20 frentes de trabajo para intervenir puntos críticos y atender emergencias en distintos corredores viales, con el fin de garantizar la transitabilidad pese a las afectaciones que aún persisten por las lluvias.En cuanto a la movilidad en el Valle de Aburrá, permanecerán vigentes medidas especiales para agilizar el retorno de los viajeros en horas de la tarde y la noche.Entre ellas se encuentra la operación unidireccional del Túnel de Oriente en sentido Rionegro–Medellín entre las 5:00 de la tarde y las 9:00 de la noche, además del reversible en el corredor La Mansa–Primavera, en el Suroeste del departamento, activo entre las 3:00 de la tarde y las 6:00 de la tarde.
Bogotá vivirá este lunes 20 de julio una celebración diferente a la acostumbrada, pues se conmemoran los 216 años del Grito de Independencia. Por primera vez, el desfile se realizará en el sur de la capital, llevando el homenaje hasta las localidades de Ciudad Bolívar y Bosa, donde miles de personas podrán presenciar el paso de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional.Esta jornada reunirá alrededor de 8.000 uniformados del Ejército Nacional, la Armada de Colombia, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Policía Nacional, quienes recorrerán la avenida Ciudad de Villavicencio en un acto que busca acercar a las instituciones a sectores que nunca antes habían sido escenario de esta conmemoración patria.¿A qué hora inicia el desfile militar del 20 de julio?Aunque la movilización de tropas iniciará desde las 9:00 de la mañana, la Secretaría Distrital de Gobierno dio a conocer que el desfile está previsto para las 11:00 a. m.Debido a esto, las autoridades recomendaron llegar con suficiente anticipación para encontrar un buen lugar y disfrutar del paso de los diferentes bloques militares y policiales. Esta conmemoración promete ser una de las más concurridas de los últimos años, especialmente por ser la primera vez que el evento principal se realizará en el sur de Bogotá.Recorrido del desfile militar del 20 de julio por Ciudad Bolívar y BosaEl desfile partirá frente al centro comercial Gran Plaza El Ensueño, ubicado sobre la transversal 71C, y avanzará por la avenida Ciudad de Villavicencio.Durante el recorrido pasará por sectores como:El Ensueño.El Perdomo.Madelena.Candelaria La Nueva.Casa Linda.La marcha finalizará en la carrera 23C, cerca de la estación de Bomberos de Ciudad Bolívar, donde concluirá el homenaje a los próceres de la Independencia y a los integrantes de la Fuerza Pública.Recomendaciones para el desfile militar del 20 de julioLas autoridades hicieron un llamado a los asistentes para evitar desplazarse en vehículo particular debido a los cierres viales que se presentarán sobre la avenida Ciudad de Villavicencio y las restricciones previstas en corredores como la avenida Boyacá y la avenida Gaitán Cortés.La principal recomendación es utilizar TransMilenio, llegando a estaciones como Madelena o Perdomo, desde donde será posible caminar hasta el punto de inicio del recorrido, frente al centro comercial Gran Plaza El Ensueño.
Descubra las historias, experiencias y conversaciones que inspiran una nueva edición de Encuentros Blu, este domingo, 19 de julio de 2026.Ángela López, coordinadora del Museo La Tertulia de Cali, habló sobre el trabajo que lidera este espacio cultural y la importancia del cine y las artes como escenarios de encuentro, reflexión y construcción de ciudadanía.Rodrigo Medina Galán, escritor colombiano radicado en Tailandia, presentó su libro El puente que se mojó los pies, una obra que invita a reflexionar sobre el crecimiento personal, las decisiones cotidianas y la importancia de avanzar con conciencia a través de una historia cercana y emotiva.Diana Carolina Patiño Ramos, fisioterapeuta, compartió su experiencia profesional y explicó la importancia del movimiento, la prevención y el cuidado del cuerpo para mejorar la calidad de vida y el bienestar de las personas.Claudia Rubio, cineasta, abogada especialista en derechos de autor y escritora, habló de su libro Amelié, una promesa de amor por el planeta, una historia inspirada en sus raíces que busca promover la conservación ambiental y despertar conciencia sobre el cuidado de la naturaleza a través de la literatura.Escuche el programa completo acá:
Estar en una piscina puede parecer una actividad segura y cotidiana, pero para los niños implica varios riesgos cuando no hay una supervisión constante. Más allá de saber nadar, existen peligros poco visibles como los sistemas de succión, resbalones o momentos de distracción que pueden convertirse en emergencias en cuestión de segundos.Organismos como la Organización Mundial de la Salud (OMS) advierten que el ahogamiento es una de las principales causas de muerte accidental en menores, y que muchos de estos casos ocurren en entornos recreativos donde se baja la guardia.En ese contexto, un reciente caso ocurrido en Europa alertó a las autoridades sobre los riesgos en piscinas, especialmente aquellos relacionados con fallas o ausencia de medidas de seguridad.Niña de 11 años muere en una piscinaUna niña de 11 años de edad falleció tras un accidente ocurrido en una piscina de un complejo turístico en la costa de Italia, un hecho que actualmente es investigado por las autoridades.El lamentable incidente ocurrió el 14 de julio en un balneario ubicado en la localidad de Sestri Levante, en la región de Liguria. Según reportes de medios, la menor se encontraba dentro de la piscina cuando su cabello quedó atrapado en el sistema de succión del desagüe.Personas que estaban en el lugar notaron que la niña tenía dificultades para salir del agua e intentaron ayudarla, pero no lograron liberarla de inmediato debido a la fuerza del sistema que mantenía su cabello atascado.Equipos de emergencia acudieron al sitio e hicieron maniobras de reanimación cardiopulmonar antes de trasladarla en helicóptero al Hospital Pediátrico Gaslini, en Génova. A pesar de los esfuerzos médicos, la menor murió horas después debido a las graves condiciones en las que llegó.Tras el fallecimiento, el centro médico expresó condolencias a la familia y confirmó que los padres autorizaron la donación de órganos de la pequeña.Frente al caso, el ministro de Protección Civil, Nello Musumeci, señaló que este tipo de incidentes muestra que se deben reforzar las normas de seguridad en piscinas, especialmente en lo relacionado con los sistemas de succión.Por su parte, la fiscalía abrió una investigación para determinar si hubo fallas en el funcionamiento del drenaje o negligencia en las condiciones del lugar. El caso es analizado preliminarmente como un posible homicidio culposo y se ordenó una autopsia para esclarecer las causas exactas de la muerte.
