El manejo del Programa de Alimentación Escolar, una de las estrategias más importantes para garantizar la permanencia de miles de niños y adolescentes en las aulas, vuelve a quedar bajo la lupa de los organismos de control por hechos en Antioquia.Esta vez, la Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra el exalcalde de Santa Fe de Antioquia, Andrés Felipe Pardo Serna, y dos de los exfuncionarios que integraron su administración por presuntas irregularidades que habrían retrasado la puesta en marcha del programa durante el año 2022.La decisión también cobija al entonces secretario de Servicios Administrativos, Félix Antonio Giraldo, y al exsecretario de Salud y Protección Social, Jorge Mario Sánchez Palacio, quienes deberán responder dentro del proceso disciplinario.Según el Ministerio Público, el programa, destinado a suministrar alimentación a estudiantes de instituciones oficiales, no comenzó con el inicio del calendario escolar, como lo exige su naturaleza. Aunque las clases arrancaron en enero de 2022, el servicio solo empezó a prestarse hacia finales de abril, dejando durante varios meses sin este beneficio a cientos de alumnos del municipio.Para la Procuraduría, la demora habría obedecido a deficiencias en la planeación contractual por parte de la administración municipal. El ente de control sostiene que el inicio del programa habría quedado condicionado a la llegada de recursos provenientes de la Gobernación de Antioquia, pese a que el municipio contaba con recursos propios que habrían permitido garantizar la continuidad del servicio mientras se concretaban otras fuentes de financiación.De acuerdo con la Procuraduría Provincial de Santa Fe de Antioquia, la conducta atribuida a los tres exfuncionarios podría constituir una falta disciplinaria grave cometida a título de culpa grave. Con la formulación del pliego de cargos comienza una nueva etapa del proceso, en la que los investigados tendrán la oportunidad de ejercer su derecho a la defensa antes de que el organismo de control adopte una decisión de fondo.
El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, ejerció su derecho al voto en el mediodía de este domingo, en medio de críticas al presidente Gustavo Petro.El mandatario cuestionó la baja inversión realizada en la ciudad durante este gobierno y afirmó que esa política de cortar recursos a ciertos territorios afectó a los municipios más pequeños del país, cuyo presupuesto es menor.“No me da miedo decir, ¿porque ocultar lo que siento?. Soy elegido por los barranquilleros y tengo que decirlo. A nosotros nos echan vaina desde el Gobierno y resulta que Barranquilla pone toda la plata del PAE, la Nación no pone nada. Es más, todos los días nos quitan y cuando les toca aportar, lo pagan dos años después”, dijo a los medios de comunicación.Hay que recalcar que Alejandro Char llegó hasta este puesto de votación en compañía de su esposa y sus dos hijos. Allí, en el colegio La Salle, cerca del comando de la Policía Metropolitana de Barranquilla (donde está instalado el Puesto de Mando Unificado) fueron habilitadas 27 mesas, para un total de 9.599 posibles votantes.La polémicaEl alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, y el presidente Gustavo Petro, tuvieron diferencias esta semana por los recursos asignados para el Programa de Alimentación Escolar (PAE), pues el jefe de Estado le recriminó desde un acto público que donde estaban los recursos girados desde la Nación para ese propósito.Por su parte, Alejandro Char le escribió por sus redes sociales que “nunca entendió que gobernar era unir, no dividir” y que nunca “construyó equipo con las regiones”, al bloquearles proyectos y programas. Defendió que ellos ponen el 75 %, en cambio el Gobierno aporta solo el 25 %.El alcalde añadió que “da pena” cómo termina su paso por la Presidencia, pues “quiso ser presidente para cambiar el país, pero hoy deja a millones de colombianos preocupados por la inseguridad, la economía y la incertidumbre”.
En un evento en conjunto entre el Ministerio de Educación y el Ministerio del Trabajo aseguró que, desde el 2023 al 2026, la formalización laboral de las manipuladoras del Programa de Alimentación Escolar (PAE) pasó del 58 % al 93 %, en medio de la estrategia para mejorar las condiciones laborales de quienes preparan y entregan alimentos en colegios públicos del país.Según el Ministerio de Educación, este avance hace parte de la implementación de la reforma laboral y de las nuevas disposiciones que buscan garantizar contratación formal, afiliación a seguridad social y estabilidad laboral para miles de trabajadoras vinculadas al programa.Desde el Gobierno aseguraron que la meta es llegar al 100 % de formalización de las manipuladoras y manipuladores del PAE antes de 2028, proceso que se realizará de manera gradual en todo el territorio nacional.“Yo quiero dejar tres mensajes claros. Con el gobierno del cambio hemos avanzado conquistando unos derechos y esto es un primer avance en esta lucha por la dignificación laboral, el segundo mensaje es que debemos organizarnos para continuar trabajando de manera conjunta por esta causa que nos ha dejado resultados positivos pero que faltan muchos más y por último, y no menos importante debemos hacer que ustedes cambien su modelo de contratación y pasen a ser trabajadoras directamente del estado", afirmó el ministro de Educación, Daniel Rojas Medellín.Según cifras entregadas por el Ministerio de Educación, en tres años, el número de personas formalizadas pasó de 27.569 a 54.129. A su vez, la informalidad cayó del 42% al 7%, de 20.003 personas sin vinculación formal en 2023 a 3.812 pendientes en 2026.La medida, según aseguraron ambas carteras, busca dignificar el trabajo de quienes operan el Programa de Alimentación Escolar y fortalecer la permanencia de niños y jóvenes dentro del sistema educativo público."Este gobierno puso en el centro la educación pública como un derecho, y no solo hablo de infraestructura y pupitres sino una alimentación escolar digna para todos los niños, niñas y jóvenes del país, que en muchas ocasiones tienen que estudiar con enormes desigualdades. El presidente Gustavo Petro hoy les deja un legado a ustedes, y es el acceso a ese salario vital que se deriva de la reforma laboral y que hoy queremos dejarlos sembrados en cada una de ustedes", afirmó el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino.
La Defensoría del Pueblo intervino ante la Corte Constitucional para defender la constitucionalidad del Decreto Legislativo 176 de 2026, una medida adoptada en medio de la emergencia económica derivada de la ola invernal, que busca garantizar la continuidad del Programa de Alimentación Escolar (PAE) para estudiantes afectados por la suspensión de clases presenciales.Según explicó la entidad, el decreto permite que niñas, niños, adolescentes y jóvenes sigan recibiendo alimentación “incluso fuera de la jornada escolar y del espacio físico de la institución”, en aquellos casos en los que no sea posible asistir a clases debido a la emergencia.La entidad advirtió que la decisión responde a afectaciones concretas en el sistema educativo ocasionadas por la emergencia climática, como daños en infraestructura escolar, uso de colegios como albergues, suspensión del calendario académico y dificultades de acceso por el estado de las vías o la interrupción del transporte escolar.Estas condiciones, según explicó, han derivado en la interrupción del servicio educativo y, con ello, del acceso al PAE, que en muchos casos representa un componente clave en la alimentación diaria de los estudiantes.“La intervención también documentó que los mecanismos ordinarios de gestión del riesgo resultaron insuficientes para atender la magnitud de la crisis, lo que justificó el uso de las facultades extraordinarias allí previstas”, señaló la defensoría.En ese contexto, la entidad enfatizó que la finalidad del decreto no es ampliar el programa, sino garantizar su continuidad para una población ya beneficiaria, en medio de una situación excepcional. De hecho, subrayó que la medida busca evitar que la crisis tenga efectos más graves sobre derechos fundamentales, particularmente la educación y la alimentación.Como parte de los elementos presentados ante la Corte, la entidad reportó afectaciones puntuales en distintas regiones. En el departamento de Sucre, por ejemplo, se registraron 14 instituciones educativas y 36 aulas impactadas en municipios como Majagual, Guaranda, San Marcos y Caimito. También se reportaron daños relevantes en Córdoba y situaciones en las que los alimentos del PAE fueron redireccionados para atender la emergencia en zonas como Urabá Darién.“Sostenemos que el Decreto 176 de 2026 debe ser declarado constitucional, para evitar que la crisis climática se traduzca en hambre, deserción o mayor desigualdad educativa”, añade.En su concepto final, concluyó que la norma no restringe derechos, sino que, los protege, y permite responder de manera directa a los efectos de la emergencia, evitando que se traduzca en hambre, deserción escolar o un aumento en las brechas de desigualdad.
La Contraloría General de la República encendió las alarmas sobre el funcionamiento del Programa de Alimentación Escolar (PAE), al advertir presuntas irregularidades en las condiciones laborales de las manipuladoras de alimentos y posibles sobrecostos que comprometerían recursos públicos.Según el organismo de control, el seguimiento realizado evidenció fallas en la formalización de los contratos, retrasos en los pagos y condiciones de inestabilidad laboral que afectan directamente a estas trabajadoras, clave para garantizar la alimentación de miles de estudiantes en el país.De acuerdo con la información, en varios casos las manipuladoras estarían siendo contratadas por periodos cortos, cercanos a los cuatro meses, lo que podría estar siendo utilizado para evitar el cumplimiento de obligaciones como el pago de seguridad social.Entre 2024 y 2025 se registraron más de 1.069 quejas relacionadas con el PAE, de las cuales al menos 312 alertan sobre posibles irregularidades laborales, incluyendo retrasos en pagos e inconsistencias contractuales. Cerca de 50 denuncias se refieren específicamente a las condiciones de las manipuladoras de alimentos.El ente de control señaló que estas prácticas no solo vulneran derechos laborales, sino que también generan riesgos en la adecuada ejecución de los recursos públicos y en la continuidad del programa.En ese sentido, durante 2025 se identificaron cerca de 30 hallazgos en auditorías, de los cuales 20 tienen presunta incidencia fiscal por más de $18.600 millones. Según la Contraloría, estos recursos estarían relacionados con sobrecostos en el programa, mientras que a las manipuladoras no se les estaría pagando lo correspondiente.Ante este panorama, la entidad hizo un llamado al Ministerio del Trabajo para que adelante acciones de inspección, vigilancia y control, con el fin de verificar el cumplimiento de las normas laborales y garantizar la protección de estas trabajadoras.Finalmente, la Contraloría recordó que entre 2022 y 2025 han identificado 149 hallazgos fiscales por más de $49.600 millones en el programa, principalmente asociados a sobrecostos y fallas en la ejecución contractual, con mayor impacto en regiones como Centro Oriente y Caribe.
Un Juez de Bucaramanga absolvió, en un fallo de primera instancia, a la exsecretaria de Educación de Santander, Ana de Dios Tarazona, investigada por presuntas irregularidades en la adjudicación y ejecución del Programa de Alimentación Escolar (PAE) en 2016.El caso estuvo marcado por la polémica del supuesto pago de tamales a $30.000 para el complemento alimenticio de cerca de 100.000 estudiantes en 82 municipios del departamento, un hecho que generó amplio rechazo en su momento.Según explicó Rodrigo Parada, abogado defensor de la exfuncionaria, la decisión judicial concluyó que no existieron irregularidades en la actuación de los implicados. “La judicatura determinó que ninguna de las personas procesadas, incluida Ana de Dios Tarazona, el coordinador del PAE en 2016, Aníbal González, y el interventor del contrato, cometieron conductas contrarias a la ley”, afirmó.Parada indicó que, durante el proceso, la Fiscalía no logró sustentar las acusaciones. “No solo no había soporte probatorio, sino que tampoco se cumplía con lo que exige la ley para una condena”, señaló.Uno de los puntos más controversiales del caso, el presunto sobrecosto en la compra de alimentos fue desestimado en el fallo. De acuerdo con la defensa, se demostró que dichos pagos “nunca se realizaron”, por lo que la narrativa de los “tamales a 30.000 pesos” no tuvo respaldo en las pruebas presentadas en juicio.Parada aseguró que este elemento afectó significativamente la percepción pública del proceso. “Ese tema le hizo mucho daño al caso, pero quedó claro que nunca ocurrió”, sostuvo.El proceso, que se extendió por casi 10 años desde 2017, incluyó la práctica de más de 300 pruebas solicitadas inicialmente por la Fiscalía. Durante este tiempo, tanto Tarazona como González enfrentaron incluso privación de la libertad, que la defensa calificó como injusta.El abogado también cuestionó algunos de los argumentos del ente acusador, al señalar que se basaron en criterios que no estaban contemplados en la ley. Entre ellos, mencionó cuestionamientos sobre los requisitos de experiencia exigidos en la contratación, que, según dijo, eran acordes con el monto del contrato.Por ahora, se trata de un sentido del fallo absolutorio que deberá ser formalizado en las próximas semanas con la lectura oficial de la sentencia. La Fiscalía tendrá la posibilidad de apelar la decisión ante una segunda instancia.
Recientemente. la Procuraduría General de la Nación informó que le formuló pliego de cargos al exalcalde de Montebello, Virgilio Antonio Acevedo Espinosa, por las presuntas irregularidades que se registraron en la ejecución del Programa de Alimentación Escolar en el 2023, cuando habría dejado a los menores de edad sin la atención durante casi tres meses.Según la investigación adelantada por el Ministerio Público, la Alcaldía de Montebello, al parecer, no garantizó la presentación continúa del servicio durante 84 días, situación que afectó drásticamente la atención de niños, niñas y adolescentes que estaban matriculados para la fecha en las instituciones educativas oficiales.Las pesquisas adelantadas por la Procuraduría Provincial de Instrucción de Amagá dejaron en evidencia que la supuesta irregularidad se habría dado por deficiencias en la planeación administrativa para asegurar que el Programa de Alimentación Escolar funcione con normalidad.Además, habría quedado sustentado que la Alcaldía de Montebello tuvo, al parecer, demoras en la gestión contractual y presupuestal, así como no habría ejercido una supervisión adecuada sobre la ejecución del contrato que afectó por varias semanas a niños, niñas y adolescentes.Estos hechos e inconsistencias por parte de la Administración Municipal sería la causante para que se diera la suspensión injustificada del servicio de la alimentación escolar por parte del operador, sin que, además, se adoptaran acciones oportunas para restablecerlo y regresarle el beneficio para cientos de menores de edad.Teniendo en cuenta todo lo anterior, la Procuraduría General de la Nación calificó la presunta conducta del exmandatario como una falta grave cometida a título de culpa grave.
Sebastián Rivera, director general de la Unidad de Alimentos para Aprender (UApA), denunció que, en el periodo revisado entre 2022 y 2025, 55 de las 97 entidades territoriales, entre alcaldías y gobernaciones, redujeron la cobertura del Programa de Alimentación Escolar (PAE) a pesar de haber recibido incrementos presupuestales. Entre los territorios señalados se encuentran Villavicencio y el departamento del Atlántico.Ante este panorama, la UApA y el Ministerio de Educación Nacional anunciaron la expedición de una resolución de asignación de recursos para el PAE que estará condicionada al aumento de la cobertura. Según lo establecido, los entes territoriales deberán garantizar la atención de un número determinado de estudiantes sin disminuir la población beneficiaria. Además, el próximo 30 de abril se realizará un corte de evaluación para verificar el comportamiento de la prestación del servicio de alimentación escolar.Durante la presentación de los hallazgos, la entidad expuso un informe sobre gobernaciones y alcaldías que planearon 2026 con proyecciones de desfinanciamiento. Entre los casos con mayores brechas aparecen Santander, con una diferencia cercana a los 69.800 millones de pesos; Yumbo, con más de 21.900 millones; y Vichada, con alrededor de 19.900 millones. También figuran Meta, Magdalena, Cúcuta, Pasto, Santa Marta y Sucre, con déficits proyectados que oscilan entre 9.000 y 15.000 millones de pesos, según las cifras presentadas.La UApA también emitió una alerta sobre la implementación del PAE indígena. De acuerdo con la entidad, no todos los entes territoriales han suscrito contratos con las organizaciones indígenas, situación que deja a más de 100 niños sin acceso al programa de alimentación escolar en esos territorios.Frente a la emergencia que atraviesa el departamento de Córdoba por las inundaciones, las autoridades informaron que, mientras se mantenga suspendido el calendario escolar, se habilitará la entrega de canastas alimentarias en los municipios afectados. La medida busca garantizar la continuidad del apoyo nutricional a niños, niñas y jóvenes que actualmente no están recibiendo el servicio del PAE debido a la interrupción de las clases.
Luego de que la Contraloría General alertara sobre irregularidades en la ejecución del Programa de Alimentación Escolar (PAE) y un inicio tardío del servicio en varias regiones del país, el director del programa, Sebastián Rivera, en entrevista con Blu Radio aseguró que el Gobierno Nacional comparte la preocupación por el uso eficiente de los recursos y la disminución en la cobertura.Rivera explicó que el informe del ente de control, que revisa vigencias entre 2022 y 2024 y reporta hallazgos fiscales superiores a los 50.000 millones de pesos, se enmarca en los procesos habituales de auditoría. Sin embargo, enfatizó que la principal alerta del Gobierno no solo está en los presuntos sobrecostos y fallas contractuales, sino en la reducción del número de estudiantes atendidos, a pesar del incremento presupuestal.Según detalló, en 2022 el programa contaba con 3,5 billones de pesos y cubría a más de 5,8 millones de niños, lo que representaba una cobertura del 74 %. Para 2025, el presupuesto ascendió a 6,1 billones de pesos, pero la atención bajó a cerca de 5,6 millones de estudiantes, es decir, 237.000 menos que en el año anterior. Rivera advirtió que aún falta por vincular a más de 1,2 millones de niños para alcanzar la universalidad del programa.El director del PAE señaló que esta reducción se evidencia en varias entidades territoriales. Mencionó, entre otros casos, caídas en la cobertura en Atlántico, Valle del Cauca, Cali, Boyacá, Santander y Cesar, así como en Villavicencio. Frente a este panorama, indicó que el Gobierno ha solicitado explicaciones formales a los entes territoriales, aunque las respuestas recibidas hasta ahora no han sido satisfactorias.Rivera explicó que, en algunos casos, el aumento de recursos se ha destinado a elevar el valor de las raciones y no a ampliar la cobertura, una decisión que, según afirmó, va en contravía de la meta nacional de garantizar el acceso universal al programa. En ese sentido, anunció que, tras recibir nuevas funciones de inspección y vigilancia por parte de la Presidencia, se reforzarán los controles para verificar que los recursos se orienten prioritariamente a atender a más estudiantes.
De acuerdo con la Contraloría, se adelantaron 40 actuaciones de control fiscal en todo el país sobre recursos del Presupuesto General de la Nación, territoriales y del Sistema General de Regalías, dejando en evidencia sobrecostos, pagos sin soportes y fallas contractuales que afectan directamente la alimentación de miles de estudiantes.La mayoría de las irregularidades corresponden a sobrecostos, que representan $18.106 millones. La Contraloría también detectó pagos sin soportes de ejecución por $2.790 millones, problemas en la ejecución contractual por $2.706 millones e incumplimientos de los lineamientos técnicos del programa por $649 millones.La región Centro Oriente es la más afectada, con nueve hallazgos por $12.363 millones. El caso más grave se presentó en Soacha, donde se evidenció un posible detrimento de $3.550 millones por pagos que superaron los valores realmente ejecutados.En Boyacá, la Contraloría encontró diferencias entre los pagos reconocidos y los cancelados a manipuladoras de alimentos, lo que generó un presunto daño fiscal por $2.010 millones.La Contraloría también alertó por el inicio tardío del PAE en 2026. Según el organismo, cerca de 800.000 estudiantes se verán afectados porque la entrega de alimentación escolar no coincide con el comienzo del calendario académico en 12 entidades territoriales, entre ellas Magdalena, Cesar, Huila, Valledupar, Chocó, Quibdó, Palmira, Armenia, Facatativá, Yopal, Pitalito y Buenaventura.La Contraloría hizo un llamado urgente a los gobiernos locales y al Gobierno Nacional para garantizar la oportuna prestación del servicio y evitar que estas fallas sigan afectando a niños, niñas y adolescentes que dependen del PAE para su permanencia en el sistema educativo.
El exjugador de la Selección Colombia Carlos Daniel Hidalgo relató en Blog Deportivo los momentos de angustia e incertidumbre que vivió durante el terremoto cuando se encontraba en Cali, ya que es el actual director técnico del equipo Sub-17 del Deportivo Pasto y en esa ciudad iban a disputar un partido de categorías menores.El exdelantero contó que se encontraba con el equipo hospedado en un hotel de seis pisos cuando comenzó el fuerte movimiento telúrico y, mientras sus jugadores estaban en el primer piso, él permanecía en una de las habitaciones debido a un malestar que le había impedido bajar a desayunar.Hidalgo explicó que estaba durmiendo cuando comenzó el terremoto y decidió salir rápidamente del hotel. Sin embargo, durante el descenso desde el quinto piso se encontró con una situación que puso en riesgo su vida, pues las escaleras y parte de la estructura comenzaron a colapsar.“Empiezo a bajar desde el quinto piso hasta el primero para intentar salir del hotel, y ahí fue cuando el edificio y las escaleras del edificio empezaron a colapsar, a caerme encima. Yo solo veía polvo y escombros”, relató el exfutbolista, quien llegó a caerse en dos oportunidades mientras intentaba alcanzar la salida.Los impactos provocados por los escombros le ocasionaron heridas en el rostro y la cabeza, por lo que, después de conseguir salir del edificio, fue trasladado posteriormente a Pasto para recibir atención médica. “Intenté llegar lo más rápido posible hasta abajo, me caí creo que en dos oportunidades por los golpes que recibía en la cabeza, porque la verdad era bastante duro los golpes que yo recibía de los escombros”, contó. Ahora está en la capital de Nariño, en una clínica donde le practicaron tomografías y radiografías para determinar el alcance de las lesiones. Impactantes imágenes del terremotoEl regreso a Pasto también estuvo marcado por la impresión de lo que había dejado el terremoto en Cali. Durante el trayecto de regreso a Pasto, observó las consecuencias del movimiento telúrico en distintos puntos de la capital del Valle del Cauca. “Primero viendo toda la ciudad de Cali bastante afectada, muchísimos edificios derrumbados, agrietados también. En las vías no tuvimos ningún inconveniente, sí la gente bastante asustada”, manifestó. Una vez en Pasto, se comunicó con su familia y conoció que también habían sentido con fuerza el movimiento.Este momento le dejó una gran enseñanza: prestar atención a las capacitaciones de evacuaciones y así estar preparado cuando la tierra se vuelva a mover en cualquier momento.
Dos incendios forestales de grandes proporciones mantienen en alerta a organismos de socorro en Santander. Las emergencias se presentan en sectores rurales de Matanza, El Playón y Suratá, en la zona baja del páramo de Santurbán, donde las condiciones del terreno han dificultado el acceso de los equipos de emergencia y el control de las llamas.Una de las emergencias más complejas se registra en la vereda San Francisco, zona rural de Matanza. El incendio, que comenzó el pasado 10 de agosto, completa varios días activo y ya habría consumido cerca de 15 hectáreas de cobertura vegetal.La emergencia se concentra en una zona montañosa, de difícil acceso y alejada de fuentes de agua, situación que ha obligado a los organismos de socorro a enfrentar mayores dificultades para llegar hasta los puntos donde permanecen las llamas.Bomberos y personal de apoyo trabajan para contener la propagación del fuego y evitar que alcance nuevas áreas de bosque. Sin embargo, las condiciones topográficas representan uno de los principales obstáculos para las labores de extinción.Una situación similar se registra en sectores rurales de El Playón y Suratá, donde también se han reportado focos de incendio en áreas montañosas de la zona baja de Santurbán. La preocupación de las autoridades está relacionada con la posibilidad de que las llamas continúen avanzando sobre zonas de cobertura vegetal.A estas emergencias se suma un incendio reportado en zona rural de Mogotes, en inmediaciones de los sectores Vegas de Casas y Vega de Torres. Habitantes de diferentes puntos del municipio han advertido la presencia de una extensa columna de humo sobre las montañas.Por ahora, no se cuenta con información oficial sobre la magnitud de este último incendio, sus causas o la cantidad de hectáreas afectadas. Los organismos de emergencia adelantan la verificación de la situación.Las autoridades mantienen el llamado a la comunidad para reportar oportunamente cualquier columna de humo o foco de incendio, especialmente ante las condiciones de vegetación seca y las dificultades que representa combatir incendios en zonas montañosas y alejadas de fuentes de agua.
La situación sanitaria en el departamento del Chocó ha alcanzado un punto crítico tras el devastador terremoto ocurrido este lunes. El Hospital San Francisco de Asís, en Quibdó, el único centro público de mediana complejidad en la región, se encuentra desbordado por la afluencia masiva de heridos y pacientes derivados de otros centros asistenciales.El doctor Ovidio Garrido, agente interventor de la institución, describió en Meridiano Blu la alarmante situación operativa:"A esta hora tenemos 76 personas con una sobreocupación de 245.2% en el servicio de urgencia", indicó el funcionario, quien añadió que el área de cuidados intensivos también opera al límite."En el servicio de UCI tenemos una capacidad instalada de nueve camas y las nueve camas las tenemos ocupadas, una sobreocupación del 100%", informó.Esta saturación se debe a que la red hospitalaria de Quibdó se encuentra prácticamente inhabilitada. Según Garrido, el hospital de primer nivel y la red privada "no están dando [abasto], es decir, tienen los servicios cerrados prácticamente", mientras que otras instalaciones sufrieron afectaciones estructurales, obligando a que todos los pacientes sean derivados al San Francisco de Asís.Llamado urgente al Gobierno Nacional Ante la emergencia, el interventor hizo un llamado directo al presidente y al Gobierno nacional para que se liberen recursos de un proyecto de sostenibilidad ya radicado. Estos fondos son vitales no solo para adquirir insumos, sino para cumplir con el personal:"Le debemos dos meses al personal de OPS y al personal de especialistas. A pesar de todo, ellos han dado la cara, han puesto toda la voluntad", enfatizó. Además de la crisis financiera, el hospital enfrenta un agotamiento físico de su personal de enfermería, muchas de las cuales sufrieron daños en sus propios hogares durante el sismo. Para aliviar la carga, Garrido detalló lo que se necesita urgentemente.Le puede interesar: Venezolanos en Bucaramanga recogen ayudas para damnificados por el terremoto en Colombia"Necesitamos compresas estériles, gasas hospitalarias, suturas, unidades de sangre, hemoderivados, reactivos de laboratorio, suero antiofídico", entre otros suministros médicos esenciales.Hacia una solución estructuralAunque el hospital ha recibido apoyo de médicos especialistas e intensivistas recientemente, la capacidad física sigue siendo el principal obstáculo. Garrido enfatizó que, para ampliar la atención inmediata, se requieren "más camas, más camillas y más sillas de rueda".Escuche la entrevista aquí:
Con el pasar de los años, el universo del gaming ha evolucionado a una velocidad que muchos nunca imaginaron, y es que desde la llegada de Spacewar!, el primer videojuego de computadora, que llegó en 1962, los jugadores fueron aumentando año a año, disfrutando de juegos de todo tipo, así como de una evolución no solo gráfica, sino también en historia y jugabilidad.Por eso, cada 29 de agosto se celebra el Día del Gamer y se ha transformado en una fecha para que los amantes de este tipo de entretenimiento disfruten de su hobby de la mejor manera, y es que muchos prefieren hacerlo desde su consola, desde su celular o desde su computador. Por ello, el segmento de laptops o computadores portátiles cada día deposita más esfuerzo para atrapar a los gamers más exigentes.¿Qué debe tener una laptop para jugar videojuegos según la IA?Sin duda, ya son millones las laptops que cuentan con buenas especificaciones para jugar un sinfín de entregas, ya sean Triple A o Indie. Sin embargo, cuando se habla de competir, la cosa cambia, pues solo las mejores especificaciones pueden hacer la diferencia.Y es que elegir un computador portátil no depende solo de contar con potencia bruta, sino también de tener un equilibrio perfecto entre refrigeración, velocidad de respuesta y procesamiento gráfico para asegurar la mejor experiencia al momento de enfrentar partidas extensas y competitivas.Para que una laptop responda al nivel exigido por los videojuegos actuales, debe cumplir con estas especificaciones clave:Tarjeta gráfica (GPU): Es el componente más importante; una NVIDIA RTX serie 40 o equivalente garantiza fluidez y tecnologías de escalado.Procesador (CPU): Un chip Intel Core i7 o AMD Ryzen 7 de última generación evita cuellos de botella.Pantalla rápida: Panel con una tasa de refresco de al menos 144 Hz para movimientos precisos.Memoria y almacenamiento: Mínimo 16 GB de RAM DDR5 y un disco SSD NVMe para cargas veloces.Refrigeración avanzada: Ventiladores potentes y salidas de aire eficientes para evitar caídas de rendimiento.Computadores para jugar en 2026OMEN 16 League of Legends: rendimiento para la alta competenciaPara los usuarios que buscan adentrarse en las partidas clasificatorias de títulos de alta exigencia competitiva, el mercado ofrece alternativas diseñadas específicamente para optimizar el rendimiento. Un ejemplo de esto es la HP OMEN 16 League of Legends Edición Limitada, una máquina equipada con un procesador Intel Core i7 14650HX y una tarjeta gráfica NVIDIA GeForce RTX 4070.Este hardware, respaldado por 32 GB de memoria RAM DDR5, está pensado para aprovechar tecnologías de reducción de latencia y maximización de cuadros por segundo. Sus características principales incluyen:Gestión térmica avanzada: incorpora el sistema Tempest Cooling, diseñado para evitar caídas de rendimiento por sobrecalentamiento durante jornadas extensas.Fluidez visual: cuenta con un panel de 240 Hz con resolución 2.5K (2560 x 1600), clave para detectar movimientos rápidos con precisión en juegos como Valorant o League of Legends.Estética personalizada: integra detalles visuales inspirados en el universo de Runeterra, combinando la identidad gamer con un diseño estilizado.Otras alternativas para jugar competitivamenteLa oferta para los entusiastas de la tecnología y los videojuegos es amplia, permitiendo a los usuarios elegir configuraciones que se adapten a diferentes perfiles de uso y presupuestos:Lenovo Legion Pro 5: destacada de manera constante en los análisis técnicos por su estabilidad térmica en sesiones prolongadas de juego.ASUS ROG Strix G16: una opción orientada a quienes combinan el juego competitivo con la creación de contenido digital y la transmisión en vivo.Acer Predator Helios 16: enfocada en ofrecer la máxima fidelidad de color en pantalla y potencia suficiente para ejecutar títulos AAA con configuraciones gráficas en ultra.Para el Día del Gamer, la tendencia es simple: no importa el presupuesto, no importa en qué juegue, lo importante es disfrutar de los videojuegos que más le gustan. Ante ello, los portátiles han optimizado sus prestaciones, alcanzando incluso estándares de equipos de escritorio.
La solidaridad también cruzó fronteras. Ciudadanos venezolanos residentes en Bucaramanga se sumaron a la jornada de recolección de ayudas destinada a las familias afectadas por el terremoto que dejó daños en diferentes zonas de Colombia, entre ellas Cali, Manizales y Chocó.Integrantes de la comunidad venezolana, a través de la Fundación Entre Dos Tierras, llegaron a los puntos habilitados por las autoridades en Santander con alimentos no perecederos, pañales, elementos de aseo, implementos para animales y artículos destinados a los organismos de socorro y rescatistas que atienden la emergencia.Nilda Urdaneta, integrante de la Fundación Entre Dos Tierras, aseguró que esta jornada representa una manera de devolver parte del respaldo que los venezolanos recibieron de los colombianos durante momentos difíciles.“Cuando la tierra se mueve, los venezolanos también nos movemos”, señaló Urdaneta, quien recordó que hace algunos años Bucaramanga respondió de manera masiva ante una emergencia registrada en Venezuela.Según la representante de la fundación, durante aquella jornada fueron recolectadas toneladas de ayudas que fueron enviadas al vecino país, por lo que ahora consideran que es momento de retribuir ese gesto de solidaridad.“Venezuela está aquí presente porque esta tierra nos ha abierto los brazos, nos ha dado cariño, nos ha dado un hogar y esta es la manera de retribuirle con cariño”, afirmó.La comunidad venezolana hizo además un llamado a los habitantes de Bucaramanga y Santander para que se acerquen a los puntos habilitados y aporten, de acuerdo con sus posibilidades, elementos que puedan ser utilizados de manera inmediata por las familias afectadas.Entre los productos prioritarios se encuentran agua potable, alimentos enlatados, granos y otros alimentos que no requieran refrigeración, además de elementos de aseo personal.Urdaneta también destacó la importancia de apoyar a los animales que hayan resultado afectados y de entregar implementos para los rescatistas, como cascos y guantes, debido a que estos elementos son necesarios para quienes trabajan directamente en las zonas afectadas.La jornada se convierte así en un nuevo ejemplo de solidaridad entre Colombia y Venezuela, esta vez con ciudadanos venezolanos que, desde Bucaramanga, buscan aportar a la atención de las comunidades colombianas que hoy necesitan ayuda tras el movimiento sísmico.
