El gobernador de Santander, Juvenal Díaz, alertó sobre la grave situación económica que enfrenta el departamento debido a una importante reducción en los ingresos por parte del Gobierno nacional. Uno de los programas más afectados por este recorte es el Programa de Alimentación Escolar (PAE), que es esencial para garantizar la nutrición de miles de estudiantes en la región en los 82 municipios no certificados.El gobernador detalló que la reducción en regalías alcanzó los 80.000 millones de pesos, lo que representa un impacto directo en la ejecución de varios programas y proyectos para la región, entre ellos el PAE. “No somos ajenos a la economía nacional, la reducción en regalías para el próximo año es de 80.000 millones de pesos, lo que tiene un impacto gravísimo, en este momento contamos con aproximadamente 224 mil millones de pesos para los próximos dos años, pero solo el PAE nos cuesta 180 mil millones en un año, por lo que necesitamos más recursos (...) El Gobierno nacional solo nos da 30.000 millones, el PAE de los dos años nos vale 300 mil millones de pesos, lo que nos deja muy cortos, en el PAE”, aseguró Díaz.En ese sentido, el mandatario departamental confirmó que solicitó una reunión urgente con el Ministro de Educación para este jueves, 30 de enero, con el fin de exponer la problemática y buscar soluciones para garantizar la cobertura del PAE en los municipios del departamento, que podrían verse afectados debido a la falta de recursos.Así mismo recalcó que existen otras situaciones como el transporte escolar, donde cada alcaldía de los municipios del departamento gasta entre $300 y $400 millones en transporte para llevar a los alumnos a las escuelas y mantenerlos activos en la educación.
Esta solicitud del Ministerio Público surge en el contexto de una posible afectación al normal desarrollo del PAE, lo que pondría en riesgo uno de sus objetivos más importantes que es garantizar el acceso y permanencia escolar de los estudiantes en el país.En primer lugar, la Procuraduría pidió al Ministerio de Hacienda un reporte sobre el estado de los recursos destinados al PAE, en particular los $1.977.657.739.000 asignados en el Presupuesto General de la Nación para 2024, estos fondos deben ser girados a las 97 Entidades Territoriales Certificadas (ETC) en educación, encargadas de la ejecución del servicio de alimentación escolar.Y es que, según el ente de control, aún existen dudas sobre si todos los recursos han sido entregados en su totalidad, en concreto, se señala que un monto de $230.712.733.016 aún estaría pendiente de giro, lo que representa el 12 % del presupuesto asignado.La preocupación principal de la Procuraduría radica en que la falta de este dinero podría obstaculizar el inicio y continuidad del PAE en varias regiones del país, lo que afectaría directamente la atención a miles de estudiantes y podría retrasar el desarrollo del programa en 2024, por ello le pidió al ministro de Hacienda, Diego Guevara, que informe sobre la fecha en que se tiene proyectado hacer efectivos los giros pendientes.
La Gobernación de Santander informó que sigue abierto el proceso de matrículas para el año lectivo 2025 en los 82 municipios no certificados del departamento. A través de la Secretaría de Educación, se invitó a las familias santandereanas a inscribir a sus hijos en el sistema educativo público, garantizando una educación gratuita y de calidad para niños, niñas, jóvenes y adolescentes.Las familias que formalicen la matrícula durante el período ordinario podrán acceder a beneficios como gratuidad total en matrícula y servicios complementarios, acceso prioritario al Programa de Alimentación Escolar (PAE), transporte escolar gratuito, participación en actividades culturales, deportivas y tecnológicas; además del acceso a programas y estrategias de la Gobernación de Santander para promover la calidad educativa, como inmersiones internacionales, preparación para las pruebas SABER 11 y articulación con la educación superior.Nicolás Ordoñez Ruiz, secretario de Educación de Santander, confirmó que aunque el calendario escolar iniciará oficialmente el 20 de enero de 2025, las familias tienen hasta el 31 de enero para formalizar la matrícula de manera ordinaria. Los documentos requeridos son: fotocopia del registro civil o tarjeta de identidad del estudiante, certificado médico vigente, boletines académicos o constancia de estudios anteriores (si aplica), copia de la cédula del padre, madre o acudiente y formulario de inscripción (disponible en la institución educativa).“La educación es la herramienta más poderosa para construir un mejor futuro. Invitamos a todas las familias a matricular a sus hijos y ser parte de este compromiso por el desarrollo de Santander. Queremos a los niños en la clase y no en la calle. Invitamos a todos, a los padres de familia y a los estudiantes, a que se matriculen ya en los colegios. Por eso, en acción unificada con los alcaldes, con las gestoras sociales municipales, con los empresarios, con los medios de comunicación, les pedimos que nos unamos en este propósito y que llenemos los cupos de matrícula que este año esperamos superar”, expresó el secretario de Educación de Santander.Desde la Gobernación se trabajará en acciones clave para evitar la tendencia presentada el año pasado cuando se registró un buen número de estudiantes matriculados, pero durante los meses de febrero y marzo la cifra disminuyó.
Para ser exactos, son 4.906.569.000 de pesos los que todavía no ha girado la Unidad Alimentos para Aprender al departamento del Atlántico por los servicios del Programa de Alimentación Escolar (PAE) prestados durante el mes de noviembre y parte del mes de diciembre de 2024.Ante esto, la Gobernación del Atlántico informó que usará “los saldos existentes en el contrato vigente para poder atender desde el primer día” del calendario académico de 2025 a los niños beneficiarios del PAE.Además, la administración departamental adicionará 7.000 millones de pesos al mencionado contrato, con recursos asignados a la siguiente vigencia, para atender a los niños hasta el 21 de marzo de 2025; sin embargo, a partir de allí podría verse afectada la prestación del servicio si el Gobierno no se pone al día."La verdad nos preocupa, porque esto podría afectar significativamente el desarrollo del programa, sobre todo a inicios del año 2025", sostuvo el secretario de Educación del Atlántico, Leyton Barrios.De igual forma, nosotros estamos tratando de hacer la tarea desde la Gobernación y también conversando con el operador para que no se interrumpa la prestación de este importante servicio", agregó.El funcionario aclaró que para el próximo 21 de marzo, la Gobernación del Atlántico también espera tener seleccionado el operador de los recursos del 2025.
El Programa de Alimentación Escolar (PAE) no estará en riesgo para el año 2025, según aseguró Sebastián Rivera Ariza, director general de la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar - Alimentos para Aprender. Rivera Ariza destacó que, para el año 2024, se han transferido ya 1,7 billones de pesos a 97 Entidades Territoriales Certificadas (ETC), lo que cubre una parte sustancial de los recursos destinados al programa. Aún resta por girar solo un 4,5 % de la vigencia de 2024, lo cual se espera se realice en las primeras semanas de enero de 2025. Este proceso, según explicó el director, no afectará la continuidad del programa, que está garantizado para el próximo año.En este contexto, Rivera Ariza también destacó que la última transferencia de recursos de 2024 se efectuará en las primeras semanas de 2025, con el objetivo de agilizar los pagos a los operadores del programa. Para ello, se ha solicitado a las ETC que adelanten las gestiones administrativas y financieras necesarias para garantizar las reservas presupuestales. Estas reservas son los compromisos que, aunque se pagarán en la vigencia fiscal siguiente, se financian con el presupuesto de la vigencia anterior.El director de la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar subrayó que este proceso administrativo no afectará el desarrollo del PAE, ya que el calendario escolar de 2024 ya ha concluido. Además, en 109 municipios priorizados se está entregando canastas de alimentos dentro del marco del PAE en receso escolar, una estrategia diseñada para asegurar que los estudiantes reciban alimentación durante las vacaciones.Añaden que este programa ha permitido distribuir más de 577.000 canastas alimentarias, con una inversión superior a los 73.000 millones de pesos, lo que demuestra el compromiso del Gobierno Nacional con la nutrición y el bienestar de los estudiantes, incluso fuera del período escolar.
En varios sectores ha generado inquietud la reciente comunicación del director general de la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar - Alimentos para Aprender, Sebastián Ariza, en la que advierte las dificultades presupuestales de la entidad durante 2024 razón por la cual ha retrasos en giros para los últimos meses del año en el PAE.Ante este anuncio dirigido a alcaldes y gobernadores, uno de los primeros en pronunciarse fue Andrés Julián Rendón, quien advirtió que desde el pasado 22 de noviembre quedaron listos los convenios para que 116 municipios no certificados adelanten los respectivos procesos contractuales.“Alimentación Escolar debe prestarse desde el primer día del calendario escolar”, sentenció en su mensaje el mandatario quien además pidió a la ciudadanía estar vigilantes para que esto se cumpla.Según cifras oficiales, el PAE atiende en todo el país a cerca de 5.9 millones de estudiantes matriculados en instituciones de educación públicas, de los cuales se espera que para 2025 al menos 309 mil sean del departamento de Antioquia.
El Programa de Alimentación Escolar Alim Aprender, a través de un comunicado emitido el 26 de diciembre, informó a las alcaldías y gobernaciones del país sobre las dificultades actuales en la asignación de recursos provenientes del Ministerio de Hacienda. En el mensaje, se detallan los retrasos en los giros correspondientes a la vigencia 2024, lo que pone en riesgo tanto los pagos de diciembre como el inicio de las actividades en 2025.Según el comunicado, las entidades territoriales certificadas han enfrentado complicaciones en el cierre financiero de este año, especialmente debido a los problemas con el quinto giro de recursos, que debía realizarse en enero de 2024. Asimismo, se mencionan los giros adicionales realizados entre junio y noviembre de 2024, los cuales, aunque esperados, dependen ahora de la disponibilidad de recursos por parte del Ministerio de Hacienda.Ante esta situación, Alim Aprender instó a las entidades territoriales a realizar gestiones administrativas, contables y presupuestales para establecer reservas y cuentas por pagar. Esto con el fin de mitigar los efectos de la falta de liquidez y garantizar la continuidad del programa. En tanto, se espera que el Ministerio de Hacienda apruebe los recursos para que la Unidad pueda proceder con los giros correspondientes a las entidades territoriales.“Nos permitimos indicar que los mismos se encuentran sujetos a la disponibilidad de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, por lo cual esta Unidad continuará reiterando la solicitud durante la vigencia 2025 para que se cumplan con los compromisos adquiridos frente a las transferencias de recursos”, se lee en el comunicadoEl Ministerio de Educación le indicó a Blu Radio que se han venido realizando algunos giros para irse poniendo al día. Esto en los departamentos de Bolivar (Cartagena), Cundinamarca (Fusagasugá), Bolívar (Magangé), Atlantico (Malambo), Boyacá (Tunja).Así mismo afirmaron que este año 2024 los niños ya contaron con su alimentación escolar, incluso la que se les da en vacaciones.
Un grupo de 134 manipuladores del Programa de Alimentación Escolar (PAE) protestó frente a la Alcaldía de Bucaramanga exigiendo el pago de sus sueldos y prestaciones sociales correspondientes al mes de noviembre.La manifestación ocurre en plena época navideña, lo que ha incrementado el malestar de los trabajadores, quienes afirman que, además de no haber recibido el salario de noviembre, tampoco se les ha pagado por los primeros 15 días de diciembre, y no tienen para comprar regalos a sus hijos, ni pensar en cena especial para la época.Gloria Valdez, manipuladora de alimentos en uno de los colegios adheridos al PAE, afirmó que, después de una primera protesta, solo algunos de los empleados recibieron el pago, mientras que la mayoría sigue esperando el dinero adeudado, " hoy estamos unidos porque esta situación también afecta a otros empleados del programa, como conductores y auxiliares de bodega".Por su parte, Cielo Rentería, otra manipuladora, denunció que "la empresa prefiere pagar las multas impuestas por la Alcaldía en lugar de cumplir con sus compromisos laborales de los empleados". Además, aseguró que "los trabajadores, durante las reuniones con la empresa, ni siquiera tienen derecho a agua, porque los dueños de la empresa aseguran que no se la merecen"Mauricio Gómez, veedor ciudadano, confirmó que la empresa ha enfrentado problemas constantes, lo que ha afectado gravemente a los trabajadores: "Existe una falta grande de responsabilidad de la empresa contratista encargada del programa, la cual ha sido objeto de múltiples sanciones y multas por su desempeño, entregan presuntamente, documentación falsa con varios proveedores que ya la han denunciado", indicó.La falsedad de los documentos radica en que los alimentos suministrados a los estudiantes del PAE no corresponden a lo que entregan en los diferentes colegios "afirman que, envían 100 libras de arroz, solo llegan 80, y lo mismo ocurre con otros productos como la carne, y demás alimentos", señaló Valdez.Este tipo de irregularidades no es nuevo. Según los manifestantes, los contratistas a menudo cambian de nombre y vuelven a ofertar en el programa PAE, para seguir aplicando en las licitaciones.Ante esta situación, los trabajadores han solicitado la intervención directa de la Alcaldía de Bucaramanga para obtener respuestas claras y una solución inmediata a sus problemas.
Previo al inicio de las clases en el 2025, la Contraloría emitió un llamado al Gobierno nacional y a los mandatarios locales para que esté listo el Plan de Alimentación Escolar (PAE) para los niños, niñas y jóvenes. El ente de control afirmó que para el 2024, cerca de 3.9 millones de estudiantes se vieron afectados por la no prestación del servicio. Entre tanto, en medio del control fiscal hecho sobre el programa, la Contraloría puso en evidencia 42 hallazgos fiscales por una cuantía de 8.000 millones. Sin embargo, en al período 2020-2024, los hallazgos superan los 52.000 millones.“Los hallazgos de 2024 corresponden principalmente a irregularidades por presuntos sobrecostos en la prestación del programa (44 %) y a falencias derivadas de inadecuadas supervisiones al PAE (36 %). Los hallazgos de mayor valor se encuentran concentrados en las regiones Pacífico ($ 3.503.088.640), Llanos ($ 1.333.906.282) y Eje Cafetero ($1.443.670.953)", afirmó la Contraloría.Sobre esto, la Contraloría afirmó que durante el 2024 hubo 48 Entidades Territoriales Certificadas (ETC) presentaron alertas relacionadas con la inoportuna de entrega del PAE, qee en su mayoría, son relacionados con el retrasos en la contratación y suspensiones temporales de servicio.
Ocho personas fueron capturadas en el marco de una investigación por el sacrificio clandestino de reses, caballos y asnos en un matadero ilegal ubicado en la vereda Sasa, en Chiquinquirá, Boyacá. La Fiscalía General de la Nación descubrió que esta red delictiva distribuía carne no apta para el consumo humano a proveedores del Plan de Alimentación Escolar (PAE), centros carcelarios, plazas de mercado y comercios en Boyacá y Cundinamarca.La operación, realizada con el apoyo de la Dirección de Carabineros de la Policía Nacional y el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima, permitió desmantelar el esquema criminal que operaba en condiciones precarias de salubridad. Además, se identificó que la actividad generaba graves afectaciones ambientales, incluyendo contaminación del suelo y fuentes hídricas por residuos del matadero.Según la Fiscalía, los integrantes de la red adquirían animales enfermos y en malas condiciones, sacrificándolos sin cumplir con las normas sanitarias ni contar con permisos legales. Posteriormente, la carne era empacada sin cumplir con las cadenas de frío necesarias y trasladada a bodegas clandestinas en Cota (Cundinamarca) y Bogotá, desde donde se distribuía a diversas instituciones públicas y mercados locales a través de un intermediario.Cristian Mauricio Martínez Gaviria, Óscar Armando Valbuena Sánchez y Saúl Humberto Pinilla García fueron identificados como administradores de cuatro bodegas ilegales dedicadas al beneficio animal. El juez de control de garantías les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario. John Anderson Pineda Ortegón, empleado de una de las bodegas, y Gildardo Antonio Isaza Herrera, señalado intermediario en la distribución de la carne, junto con Yuber Molina Roberto, Luis Alfonso Pecue Machado y Soledad Quintero Lozano, empresarios y compradores, recibieron medidas de detención domiciliaria.El Invima constató que la carne distribuida por la red no era apta para el consumo humano, representando un grave riesgo sanitario. Además, la Fiscalía imputó a los capturados los delitos de concierto para delinquir, maltrato animal, contaminación ambiental y corrupción de alimentos, entre otros. El caso avanza con la recolección de pruebas y audiencias judiciales, mientras se buscan más responsables en esta operación ilegal.