La Alcaldía de Fusagasugá respondió a los hallazgos advertidos por la Procuraduría General de la Nación sobre el PAE y reconoció que sí se presentaron inconsistencias en la prestación del servicio con el operador anterior. Sin embargo, aclaró que la administración estuvo al tanto de estas situaciones desde el primer momento, realizó controles y tomó medidas frente a los incumplimientos detectados.El secretario de Educación, Juan Camilo Celemín, explicó que el equipo encargado de la supervisión identificó cambios en las minutas sin autorización previa, demoras en el suministro hacia algunas instituciones y retrasos en los pagos a personas contratadas por el operador. Según indicó, estos hechos fueron documentados y dieron lugar a dos informes remitidos a la Oficina Jurídica de la alcaldía para establecer las posibles consecuencias.Uno de los puntos sobre los que hizo énfasis el funcionario fue el relacionado con la calidad de los alimentos. El secretario aclaró que los hallazgos mencionados por la Procuraduría no significaban que se estuvieran entregando productos en estado de descomposición a los estudiantes.“Lo que encontramos no es que se les esté entregando de mala calidad alimentos a los estudiantes, sino que, al hacer una revisión de las bodegas, al hacer una revisión de las cocinas y de los diferentes espacios donde se almacenan los alimentos, antes precisamente de prepararlos, pues, había algunos alimentos que, por ejemplo, estaban en una etapa de maduración que no concuerda con unos mínimos”, añadió el secretario de Educación de Fusagasugá.A partir de estas verificaciones, la administración ordenó retirar los productos que no cumplían con los parámetros establecidos antes de que fueran preparados. El secretario insistió en que esta actuación buscaba evitar que esos alimentos llegaran a los estudiantes y explicó que en algunos casos la situación terminó generando cambios en la minuta o llamados de atención al operador.En cuanto a las raciones incompletas, el secretario de Educación señaló que hubo casos en los que el retiro preventivo de un alimento terminó afectando la composición de una minuta porque el operador no contaba con suficiente reserva para reemplazarlo.Finalmente, señaló que el anterior operador dejó de prestar el servicio el 24 de agosto y que desde el 25 de ese mes comenzó la operación de un nuevo contratista. La alcaldía aseguró que mantendrá las visitas aleatorias y los mecanismos de seguimiento, incluida una estrategia en la que los estudiantes reportan las condiciones del servicio.
La Procuraduría General de la Nación intensificó la vigilancia al Programa de Alimentación Escolar, PAE, en Fusagasugá y Soacha, Cundinamarca, para verificar que 81.632 estudiantes reciban de manera continua alimentos de calidad y en las condiciones establecidas.Uno de los municipios que más llama la atención es Fusagasugá. La Procuraduría puso la lupa sobre un programa que actualmente beneficia a 13.256 estudiantes, equivalentes al 88 % de la matrícula del municipio. Durante visitas realizadas, por el ente de control, a la bodega y a los comedores escolares fueron identificadas situaciones relacionadas con la calidad de algunos alimentos, cambios no autorizados en los menús y entrega incompleta de determinadas raciones. Frente a estos hallazgos, se implementaron acciones de mejora en las instituciones educativas y la Procuraduría formuló los requerimientos correspondientes a las autoridades y al operador. Además, se adelanta un proceso sancionatorio contra el actual contratista por presuntos incumplimientos relacionados con las condiciones técnicas de los alimentos y con los tiempos establecidos para su entrega.A la par, avanza el proceso de selección de un nuevo operador para Fusagasugá. La administración busca que el cambio se realice sin afectar la alimentación de los estudiantes y, de acuerdo con la información entregada, se tenía prevista la adjudicación del nuevo operador para garantizar la continuidad del servicio a partir del 25 de agosto.Avanzan también las labores de la Procuraduría en Soacha. El seguimiento tiene un alcance todavía mayor, teniendo en cuenta que el PAE atiende a 68.376 estudiantes. El Ministerio Público mantiene una vigilancia preventiva en coordinación con las personerías municipales y la Defensoría del Pueblo, con visitas a los comedores escolares y requerimientos dirigidos tanto a las entidades territoriales como a los operadores responsables del programa. Uno de los puntos que está siendo revisado en Soacha es la implementación de la ración caliente transportada, es decir, la entrega de alimentos preparados que son trasladados hasta las instituciones educativas para ser suministrados a los estudiantes. La Procuraduría también verifica la apertura de nuevos comedores escolares y las condiciones en las que estos espacios están funcionando.Por el momento, la vigilancia en Fusagasugá y Soacha continuará para establecer que las autoridades y los operadores cumplan las obligaciones adquiridas y que ningún estudiante resulte afectado por fallas en la prestación del servicio.
La contratación que involucra la logística del Programa de Alimentación Escolar (PAE) quedó temporalmente en pausa. Colombia Compra Eficiente decidió suspender temporalmente el proceso de contratación CCENEG-098-01-2026, relacionado con la logística, luego de advertencias realizadas por la Procuraduría General de la Nación durante una vigilancia preventiva.La decisión se tomó después de que el Ministerio Público revisara la documentación del proceso y contrastara información con las entidades involucradas.En medio del análisis, la Procuraduría identificó aspectos jurídicos, técnicos, económicos y operativos que requerían una revisión adicional antes de que se adoptara una decisión definitiva sobre la contratación.Frente a este panorama, con múltiples advertencias, el organismo de control recomendó hacer una pausa temporal en las actuaciones decisorias. El objetivo es que Colombia Compra Eficiente evalúe los riesgos señalados y, dentro de sus competencias, determine qué medidas debe adoptar para atender las situaciones identificadas.La Agencia tuvo en cuenta la recomendación y ordenó suspender el proceso por un término máximo de 30 días. Sin embargo, la medida podría levantarse antes si Colombia Compra Eficiente resuelve las circunstancias que llevaron a la suspensión y considera que existen las condiciones para continuar con el proceso de selección.Es importante aclarar que no significa que se haya detenido el Programa de Alimentación Escolar. La medida recae exclusivamente sobre el proceso de contratación y esto no ordena interrumpir la prestación del PAE ni la alimentación que reciben los estudiantes.Por el momento, la Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública continuará haciendo seguimiento a las medidas que adopte Colombia Compra Eficiente.
El manejo del Programa de Alimentación Escolar, una de las estrategias más importantes para garantizar la permanencia de miles de niños y adolescentes en las aulas, vuelve a quedar bajo la lupa de los organismos de control por hechos en Antioquia.Esta vez, la Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra el exalcalde de Santa Fe de Antioquia, Andrés Felipe Pardo Serna, y dos de los exfuncionarios que integraron su administración por presuntas irregularidades que habrían retrasado la puesta en marcha del programa durante el año 2022.La decisión también cobija al entonces secretario de Servicios Administrativos, Félix Antonio Giraldo, y al exsecretario de Salud y Protección Social, Jorge Mario Sánchez Palacio, quienes deberán responder dentro del proceso disciplinario.Según el Ministerio Público, el programa, destinado a suministrar alimentación a estudiantes de instituciones oficiales, no comenzó con el inicio del calendario escolar, como lo exige su naturaleza. Aunque las clases arrancaron en enero de 2022, el servicio solo empezó a prestarse hacia finales de abril, dejando durante varios meses sin este beneficio a cientos de alumnos del municipio.Para la Procuraduría, la demora habría obedecido a deficiencias en la planeación contractual por parte de la administración municipal. El ente de control sostiene que el inicio del programa habría quedado condicionado a la llegada de recursos provenientes de la Gobernación de Antioquia, pese a que el municipio contaba con recursos propios que habrían permitido garantizar la continuidad del servicio mientras se concretaban otras fuentes de financiación.De acuerdo con la Procuraduría Provincial de Santa Fe de Antioquia, la conducta atribuida a los tres exfuncionarios podría constituir una falta disciplinaria grave cometida a título de culpa grave. Con la formulación del pliego de cargos comienza una nueva etapa del proceso, en la que los investigados tendrán la oportunidad de ejercer su derecho a la defensa antes de que el organismo de control adopte una decisión de fondo.
El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, ejerció su derecho al voto en el mediodía de este domingo, en medio de críticas al presidente Gustavo Petro.El mandatario cuestionó la baja inversión realizada en la ciudad durante este gobierno y afirmó que esa política de cortar recursos a ciertos territorios afectó a los municipios más pequeños del país, cuyo presupuesto es menor.“No me da miedo decir, ¿porque ocultar lo que siento?. Soy elegido por los barranquilleros y tengo que decirlo. A nosotros nos echan vaina desde el Gobierno y resulta que Barranquilla pone toda la plata del PAE, la Nación no pone nada. Es más, todos los días nos quitan y cuando les toca aportar, lo pagan dos años después”, dijo a los medios de comunicación.Hay que recalcar que Alejandro Char llegó hasta este puesto de votación en compañía de su esposa y sus dos hijos. Allí, en el colegio La Salle, cerca del comando de la Policía Metropolitana de Barranquilla (donde está instalado el Puesto de Mando Unificado) fueron habilitadas 27 mesas, para un total de 9.599 posibles votantes.La polémicaEl alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, y el presidente Gustavo Petro, tuvieron diferencias esta semana por los recursos asignados para el Programa de Alimentación Escolar (PAE), pues el jefe de Estado le recriminó desde un acto público que donde estaban los recursos girados desde la Nación para ese propósito.Por su parte, Alejandro Char le escribió por sus redes sociales que “nunca entendió que gobernar era unir, no dividir” y que nunca “construyó equipo con las regiones”, al bloquearles proyectos y programas. Defendió que ellos ponen el 75 %, en cambio el Gobierno aporta solo el 25 %.El alcalde añadió que “da pena” cómo termina su paso por la Presidencia, pues “quiso ser presidente para cambiar el país, pero hoy deja a millones de colombianos preocupados por la inseguridad, la economía y la incertidumbre”.
En un evento en conjunto entre el Ministerio de Educación y el Ministerio del Trabajo aseguró que, desde el 2023 al 2026, la formalización laboral de las manipuladoras del Programa de Alimentación Escolar (PAE) pasó del 58 % al 93 %, en medio de la estrategia para mejorar las condiciones laborales de quienes preparan y entregan alimentos en colegios públicos del país.Según el Ministerio de Educación, este avance hace parte de la implementación de la reforma laboral y de las nuevas disposiciones que buscan garantizar contratación formal, afiliación a seguridad social y estabilidad laboral para miles de trabajadoras vinculadas al programa.Desde el Gobierno aseguraron que la meta es llegar al 100 % de formalización de las manipuladoras y manipuladores del PAE antes de 2028, proceso que se realizará de manera gradual en todo el territorio nacional.“Yo quiero dejar tres mensajes claros. Con el gobierno del cambio hemos avanzado conquistando unos derechos y esto es un primer avance en esta lucha por la dignificación laboral, el segundo mensaje es que debemos organizarnos para continuar trabajando de manera conjunta por esta causa que nos ha dejado resultados positivos pero que faltan muchos más y por último, y no menos importante debemos hacer que ustedes cambien su modelo de contratación y pasen a ser trabajadoras directamente del estado", afirmó el ministro de Educación, Daniel Rojas Medellín.Según cifras entregadas por el Ministerio de Educación, en tres años, el número de personas formalizadas pasó de 27.569 a 54.129. A su vez, la informalidad cayó del 42% al 7%, de 20.003 personas sin vinculación formal en 2023 a 3.812 pendientes en 2026.La medida, según aseguraron ambas carteras, busca dignificar el trabajo de quienes operan el Programa de Alimentación Escolar y fortalecer la permanencia de niños y jóvenes dentro del sistema educativo público."Este gobierno puso en el centro la educación pública como un derecho, y no solo hablo de infraestructura y pupitres sino una alimentación escolar digna para todos los niños, niñas y jóvenes del país, que en muchas ocasiones tienen que estudiar con enormes desigualdades. El presidente Gustavo Petro hoy les deja un legado a ustedes, y es el acceso a ese salario vital que se deriva de la reforma laboral y que hoy queremos dejarlos sembrados en cada una de ustedes", afirmó el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino.
La Defensoría del Pueblo intervino ante la Corte Constitucional para defender la constitucionalidad del Decreto Legislativo 176 de 2026, una medida adoptada en medio de la emergencia económica derivada de la ola invernal, que busca garantizar la continuidad del Programa de Alimentación Escolar (PAE) para estudiantes afectados por la suspensión de clases presenciales.Según explicó la entidad, el decreto permite que niñas, niños, adolescentes y jóvenes sigan recibiendo alimentación “incluso fuera de la jornada escolar y del espacio físico de la institución”, en aquellos casos en los que no sea posible asistir a clases debido a la emergencia.La entidad advirtió que la decisión responde a afectaciones concretas en el sistema educativo ocasionadas por la emergencia climática, como daños en infraestructura escolar, uso de colegios como albergues, suspensión del calendario académico y dificultades de acceso por el estado de las vías o la interrupción del transporte escolar.Estas condiciones, según explicó, han derivado en la interrupción del servicio educativo y, con ello, del acceso al PAE, que en muchos casos representa un componente clave en la alimentación diaria de los estudiantes.“La intervención también documentó que los mecanismos ordinarios de gestión del riesgo resultaron insuficientes para atender la magnitud de la crisis, lo que justificó el uso de las facultades extraordinarias allí previstas”, señaló la defensoría.En ese contexto, la entidad enfatizó que la finalidad del decreto no es ampliar el programa, sino garantizar su continuidad para una población ya beneficiaria, en medio de una situación excepcional. De hecho, subrayó que la medida busca evitar que la crisis tenga efectos más graves sobre derechos fundamentales, particularmente la educación y la alimentación.Como parte de los elementos presentados ante la Corte, la entidad reportó afectaciones puntuales en distintas regiones. En el departamento de Sucre, por ejemplo, se registraron 14 instituciones educativas y 36 aulas impactadas en municipios como Majagual, Guaranda, San Marcos y Caimito. También se reportaron daños relevantes en Córdoba y situaciones en las que los alimentos del PAE fueron redireccionados para atender la emergencia en zonas como Urabá Darién.“Sostenemos que el Decreto 176 de 2026 debe ser declarado constitucional, para evitar que la crisis climática se traduzca en hambre, deserción o mayor desigualdad educativa”, añade.En su concepto final, concluyó que la norma no restringe derechos, sino que, los protege, y permite responder de manera directa a los efectos de la emergencia, evitando que se traduzca en hambre, deserción escolar o un aumento en las brechas de desigualdad.
La Contraloría General de la República encendió las alarmas sobre el funcionamiento del Programa de Alimentación Escolar (PAE), al advertir presuntas irregularidades en las condiciones laborales de las manipuladoras de alimentos y posibles sobrecostos que comprometerían recursos públicos.Según el organismo de control, el seguimiento realizado evidenció fallas en la formalización de los contratos, retrasos en los pagos y condiciones de inestabilidad laboral que afectan directamente a estas trabajadoras, clave para garantizar la alimentación de miles de estudiantes en el país.De acuerdo con la información, en varios casos las manipuladoras estarían siendo contratadas por periodos cortos, cercanos a los cuatro meses, lo que podría estar siendo utilizado para evitar el cumplimiento de obligaciones como el pago de seguridad social.Entre 2024 y 2025 se registraron más de 1.069 quejas relacionadas con el PAE, de las cuales al menos 312 alertan sobre posibles irregularidades laborales, incluyendo retrasos en pagos e inconsistencias contractuales. Cerca de 50 denuncias se refieren específicamente a las condiciones de las manipuladoras de alimentos.El ente de control señaló que estas prácticas no solo vulneran derechos laborales, sino que también generan riesgos en la adecuada ejecución de los recursos públicos y en la continuidad del programa.En ese sentido, durante 2025 se identificaron cerca de 30 hallazgos en auditorías, de los cuales 20 tienen presunta incidencia fiscal por más de $18.600 millones. Según la Contraloría, estos recursos estarían relacionados con sobrecostos en el programa, mientras que a las manipuladoras no se les estaría pagando lo correspondiente.Ante este panorama, la entidad hizo un llamado al Ministerio del Trabajo para que adelante acciones de inspección, vigilancia y control, con el fin de verificar el cumplimiento de las normas laborales y garantizar la protección de estas trabajadoras.Finalmente, la Contraloría recordó que entre 2022 y 2025 han identificado 149 hallazgos fiscales por más de $49.600 millones en el programa, principalmente asociados a sobrecostos y fallas en la ejecución contractual, con mayor impacto en regiones como Centro Oriente y Caribe.
Un Juez de Bucaramanga absolvió, en un fallo de primera instancia, a la exsecretaria de Educación de Santander, Ana de Dios Tarazona, investigada por presuntas irregularidades en la adjudicación y ejecución del Programa de Alimentación Escolar (PAE) en 2016.El caso estuvo marcado por la polémica del supuesto pago de tamales a $30.000 para el complemento alimenticio de cerca de 100.000 estudiantes en 82 municipios del departamento, un hecho que generó amplio rechazo en su momento.Según explicó Rodrigo Parada, abogado defensor de la exfuncionaria, la decisión judicial concluyó que no existieron irregularidades en la actuación de los implicados. “La judicatura determinó que ninguna de las personas procesadas, incluida Ana de Dios Tarazona, el coordinador del PAE en 2016, Aníbal González, y el interventor del contrato, cometieron conductas contrarias a la ley”, afirmó.Parada indicó que, durante el proceso, la Fiscalía no logró sustentar las acusaciones. “No solo no había soporte probatorio, sino que tampoco se cumplía con lo que exige la ley para una condena”, señaló.Uno de los puntos más controversiales del caso, el presunto sobrecosto en la compra de alimentos fue desestimado en el fallo. De acuerdo con la defensa, se demostró que dichos pagos “nunca se realizaron”, por lo que la narrativa de los “tamales a 30.000 pesos” no tuvo respaldo en las pruebas presentadas en juicio.Parada aseguró que este elemento afectó significativamente la percepción pública del proceso. “Ese tema le hizo mucho daño al caso, pero quedó claro que nunca ocurrió”, sostuvo.El proceso, que se extendió por casi 10 años desde 2017, incluyó la práctica de más de 300 pruebas solicitadas inicialmente por la Fiscalía. Durante este tiempo, tanto Tarazona como González enfrentaron incluso privación de la libertad, que la defensa calificó como injusta.El abogado también cuestionó algunos de los argumentos del ente acusador, al señalar que se basaron en criterios que no estaban contemplados en la ley. Entre ellos, mencionó cuestionamientos sobre los requisitos de experiencia exigidos en la contratación, que, según dijo, eran acordes con el monto del contrato.Por ahora, se trata de un sentido del fallo absolutorio que deberá ser formalizado en las próximas semanas con la lectura oficial de la sentencia. La Fiscalía tendrá la posibilidad de apelar la decisión ante una segunda instancia.
Recientemente. la Procuraduría General de la Nación informó que le formuló pliego de cargos al exalcalde de Montebello, Virgilio Antonio Acevedo Espinosa, por las presuntas irregularidades que se registraron en la ejecución del Programa de Alimentación Escolar en el 2023, cuando habría dejado a los menores de edad sin la atención durante casi tres meses.Según la investigación adelantada por el Ministerio Público, la Alcaldía de Montebello, al parecer, no garantizó la presentación continúa del servicio durante 84 días, situación que afectó drásticamente la atención de niños, niñas y adolescentes que estaban matriculados para la fecha en las instituciones educativas oficiales.Las pesquisas adelantadas por la Procuraduría Provincial de Instrucción de Amagá dejaron en evidencia que la supuesta irregularidad se habría dado por deficiencias en la planeación administrativa para asegurar que el Programa de Alimentación Escolar funcione con normalidad.Además, habría quedado sustentado que la Alcaldía de Montebello tuvo, al parecer, demoras en la gestión contractual y presupuestal, así como no habría ejercido una supervisión adecuada sobre la ejecución del contrato que afectó por varias semanas a niños, niñas y adolescentes.Estos hechos e inconsistencias por parte de la Administración Municipal sería la causante para que se diera la suspensión injustificada del servicio de la alimentación escolar por parte del operador, sin que, además, se adoptaran acciones oportunas para restablecerlo y regresarle el beneficio para cientos de menores de edad.Teniendo en cuenta todo lo anterior, la Procuraduría General de la Nación calificó la presunta conducta del exmandatario como una falta grave cometida a título de culpa grave.
Estos fueron los temas tratados este 25 de septiembre, en Recap Blu:Otty Patiño, excomisionado de Paz durante el Gobierno de Gustavo Petro, habló sobre la extradición de alias 'Araña', las polémicas declaraciones de David Murcia Guzmán y el proceso de la fallida paz total.Las últimas imágenes de alias 'Araña' antes de du extradición y la advertencia del presidente Abelardo De La Espriella a Iván Márquez.El mandatario De La Espriella también respondió a quienes lo cuestionaron por portar un arma: "Que sigan criticando, que eso me impulsa".Se mantiene la cadena perpetua contra Daniel Sancho por el asesinato del médico colombiano Edwin Arrieta.Sobrevivientes del accidente del avión que transportaba al equipo de Chapecoense volvieron al lugar del sinietro casi 10 años después.
MiLoto realiza este viernes 25 de septiembre de 2026 un nuevo sorteo, en el que los participantes buscan acertar la combinación de cinco números para acceder al premio mayor.La combinación ganadora del sorteo de MiLoto de este viernes 25 de septiembre de 2026 es: 36 - 18 - 10 - 08 - 31.Para esta jornada, el acumulado de MiLoto asciende a $160 millones. El resultado oficial permitirá conocer los números sorteados y el balance de ganadores en las diferentes categorías de aciertos.MiLoto es un juego en el que los participantes seleccionan una combinación de cinco números. La mecánica contempla premios para quienes acierten desde dos hasta los cinco números de la combinación sorteada.¿De cuánto es el acumulado de MiLoto?Para este viernes, 25 de septiembre de 2026, el acumulado de MiLoto era de $160 millones.Cuando no se registra un ganador en la categoría de cinco aciertos, el acumulado del premio mayor aumenta para la siguiente jornada, por lo cual quedó en $200 millones para el sigueinte sorteo, de acuerdo con la mecánica del juego.Los participantes pueden verificar sus tiquetes y comparar los números registrados con los resultados oficiales antes de reclamar cualquier premio.
El excomisionado de paz Otty Patiño aseguró en Recap Blu que durante el Gobierno del expresidente Gustavo Petro nunca conoció de un eventual ofrecimiento de una gestoría de paz a David Murcia Guzmán, condenado por el caso DMG. Esta declaración se produjo luego de que Murcia se retractara de varios señalamientos contra el actual presidente Abelardo De La Espriella y afirmara que, antes de realizar esas acusaciones, recibió expectativas relacionadas con una posible salida de prisión mediante esa figura.En entrevista con Recap Blu, Patiño sostuvo que las decisiones relacionadas con las gestorías de paz eran conocidas y consultadas dentro de la Consejería de Paz, pero afirmó que el nombre de Murcia Guzmán nunca estuvo sobre la mesa.“No tengo la menor idea, porque todas las gestorías de paz eran comunicadas, eran, digamos, consultadas con nosotros. En ningún momento a nosotros como Consejería nunca se nos consultó nada sobre este señor”, manifestó el exfuncionario.Patiño también cuestionó que Murcia hubiera sido considerado para una eventual gestoría, al señalar que, desde su perspectiva, no tenía relación con procesos de paz.“Lo cual además me parece absurdo porque este señor no tiene nada que ver con procesos de paz”, afirmó. Choque de afirmacionesFrente a las declaraciones contradictorias del condenado, el excomisionado agregó que Murcia "hoy dice una cosa, mañana dice otra”.Ante la pregunta de si en algún momento, durante su paso por la Consejería de Paz, tuvo conocimiento de un ofrecimiento a Murcia Guzmán, Patiño fue enfático en negarlo."Jamás. Y por supuesto considero que el presidente Petro jamás pensó ni manifestó en esa posibilidad de darle una consejería de paz a este señor", agregó.Las declaraciones se conocen después de que Murcia presentara ante la Fiscalía una retractación de los señalamientos que había realizado contra Abelardo De La Espriella. Según el documento, el condenado afirmó que sus declaraciones estuvieron precedidas por expectativas relacionadas con una eventual vinculación como gestor de paz y con la posibilidad de obtener su libertad. Finalmente, Patiño rechazó que las gestorías de paz hubieran funcionado como un supuesto “cheque en blanco” para quienes recibieron esa condición.“Y si no lo cumple, pues se le suspende la gestoría. Así de sencillo. Pero de allí para allá, que sea una carta blanca para delinquir, para protegerle actividades delictivas, jamás”, concluyó el excomisionado.
TransMilenio anunció una operación especial para facilitar el regreso de los asistentes a los conciertos de BTS, que se realizarán el viernes 2 y sábado 3 de octubre en el estadio El Campín, en Bogotá.Desde las 10:00 p. m., ocho rutas especiales estarán disponibles en las estaciones Campín–UAN y Movistar Arena, con destino a diferentes portales y estaciones de la ciudad.Desde Campín–UAN saldrán cuatro rutas:Portal NortePortal AméricasPortal SubaPortal EldoradoDesde Movistar Arena estarán disponibles otras cuatro rutas hacia:Portal UsmePortal 20 de JulioPortal 80Portal SurLos servicios funcionarán de acuerdo con la demanda de pasajeros. La operación habitual de las estaciones Campín–UAN y Movistar Arena finalizará a las 10:00 p. m. y, entre las 10:00 p. m. y las 11:00 p. m., estas estaciones estarán habilitadas únicamente para facilitar la evacuación de los asistentes.Como alternativa, los usuarios podrán utilizar Universidad Nacional, si salen por Campín–UAN, y 7 de Agosto, si salen por Movistar Arena.¿Cómo llegar al concierto?Para llegar al estadio, TransMilenio contará con 13 rutas troncales en las estaciones Campín–UAN y Movistar Arena. En Movistar Arena estarán disponibles las rutas 4, B72, D21, G30, L25, C25, C30, H21 y H72.En Campín–UAN funcionarán las rutas 4, B11, C25, G11, S42, D21, E42, H21 y L25.Además, TransMiZonal tendrá 39 rutas con paraderos cercanos al estadio El Campín, ubicados en la NQS, calle 63, calle 53 y carrera 24.TransMilenio recomienda a los asistentes recargar con anticipación la tarjeta tullave, planear el viaje mediante TransMiApp y consultar los canales oficiales de la entidad para revisar horarios y recorridos.La entidad también señaló que los despachos de las rutas especiales se ajustarán según la cantidad de pasajeros durante la salida de los conciertos.
“Ni en el tarimazo ni en la fiesta que tuvieron ellos hubo muertos, pero en una política equivocada de guerra sí hay muchos muertos”, afirmó Otty Patiño, excomisionado de Paz durante el Gobierno de Gustavo Petro, al referirse a las polémicas que rodearon algunos episodios de la llamada paz total. En entrevista con Recap Blu, Patiño reconoció que durante un proceso de paz pueden cometerse errores, pero defendió la necesidad de priorizar el diálogo frente a una estrategia basada exclusivamente en la confrontación armada.El exfuncionario respondió por situaciones como el denominado ‘tarimazo’ en La Alpujarra y una fiesta realizada por integrantes de estructuras criminales en la cárcel de Itagüí. Patiño aclaró que no justifica ninguno de esos hechos y sostuvo que estos no fueron provocados directamente por la Consejería de Paz.“No, no lo estoy justificando de ninguna manera”, respondió, antes de explicar que, desde su perspectiva, los errores cometidos durante una búsqueda de paz deben analizarse teniendo en cuenta sus consecuencias.Patiño también defendió la estrategia de negociación adelantada durante el Gobierno Petro y rechazó la afirmación de que la paz total hubiera sido simplemente un mecanismo para permitir que los grupos ilegales continuaran delinquiendo. Según explicó, durante su gestión hubo procesos que avanzaron en diferentes niveles, aunque reconoció que algunos, como el del ELN y el Estado Mayor Central liderado por Iván Mordisco, terminaron fracasando."Había varios procesos que fueron fallidos, como el caso del ELN, digamos, donde ellos demostraron que no había voluntad de paz. Y el proceso con el Estado Mayor Conjunto FARC, fundamentalmente al mando del señor Iván Mordisco, que en el Cauca decidió más bien lanzarse a la guerra que hacer parte, digamos, de un proceso de paz. Los demás, en los demás procesos había avances, en los otros 8 o 9 procesos que estábamos adelantando, que además tenían la característica de que eran muy territorializados, allí hubo avances considerables en cada uno de distintas maneras", afirmó.Frente a las críticas sobre las denominadas gestorías de paz, el excomisionado negó que estas figuras hubieran sido utilizadas como una “carta blanca” para delinquir o como instrumentos de política electoral. Aseguró que quienes recibían esa condición tenían obligaciones y debían presentar planes de acción que posteriormente eran evaluados. “Si no lo cumple, pues se le suspende la gestoría. Así de sencillo. Pero de allí para allá, que sea una carta blanca para delinquir, para protegerle actividades delictivas, jamás”, concluyó.
