La secretaria de Educación de Santander, María Eugenia Triana, confirmó que fue adjudicado a dos consorcios la operación del Programa de Alimentación Escolar para los primeros 40 días académicos del 2021."Una vez firmado el contrato y legalizadas las pólizas, los contratistas tienen 15 días para comenzar la entrega de los alimentos, que en esta ocasión estarán representados en mercados, porque no se tendrá preparación en sitio debido a la pandemia ", afirmó la funcionaria. La Unión Temporal Multisantander 2021 y la empresa LE & VE Alimentos Macsol, serán las encargadas de operar el PAE en 82 de los 87 municipios de Santander. "Esperamos que los operadores del PAE seleccionados por la Gobernación de Santander, ejecuten de manera responsable la entrega de los alimentos para los estudiantes", afirmó Marcela Pabón, vocera del Comité de Transparencia por Santander.
Un juez de control de garantías le concedió la libertad al exsecretario de educación de la Gobernación del Atlántico, Dagoberto Barraza, que gozaba de la medida de detención domiciliaria tras ser procesado por presuntos malos manejos en la administración del programa de alimentación escolar.Según el togado, se estableció que los pagos correspondientes al PAE fueron ordenados por la interventoría que había sido contratada por del departamento, razón por la cual la medida de detención contra el exfuncionario era innecesaria.El pasado mes de diciembre de 2020, la Procuraduría General de la Nación le formuló pliego de cargos a Dagoberto Barraza por, presuntamente, no celebrar de manera oportuna el contrato para ejecutar dicho programa en las instituciones educativas oficiales de los municipios de Luruaco y Repelón.Frente a las investigaciones, el exsecretario señaló en su momento que el programa era manejado por el Ministerio de Educación. Barraza fungió como jefe de la cartera de educación entre los años 2016 y 2019.
La Procuraduría General de la Nación dejó en firme sanción de seis meses al senador Didier Lobo de Cambio Radical, por hechos ocurridos cuando se desempeñó como alcalde del municipio de La Jagua de Ibirico, Cesar.La sanción se dio por sobrecostos superiores a los tres mil millones de pesos del contrato 340 de 2012, celebrado con la Unión Temporal Servicios Nutricionales Complementarios.El Ministerio Público también mantuvo la inhabilidad por 10 años a la exsecretaria de Salud del municipio de La Jagua de lbirico, Cenith Mireya Echávez.La Procuraduría señaló que Didier Lobo, junto a su secretaria de salud para la época, aprobó la actividad el contrato que generó sobrecostos de $3.919’048.122.60.Según la Contraloría, $1.433 millones se invirtieron en los kits entregados a 1.484 niños y niñas menores de 3 años; $1.260 millones en la entrega de kits a 1.235 madres lactantes; $1.081 millones en la entrega de kits a 1.140 niños entre 3 y 5 años; $272 millones en los kits entregados a 350 madres gestantes y $238 millones en los productos que hacían parte de los kits entregados a 854 niños y niñas de 0 a 1 mes.El organismo de control también evidenció que los mayores sobrecostos se dieron en el pago de productos como la mantequilla y leche entera con hierro por $287 millones y $277 millones respectivamente, en los kits para menores de 3 años, de igual modo complementos de panadería ($220 millones en los kits destinados a niños entre 3 y 5 años), y aceite vegetal por $116 millones en los kits que recibieron las madres lactantes.
La Procuraduría sancionó con una multa de $4.319 millones a la representante legal de la empresa Surcolombiana de Inversiones limitada, Luisa Fernanda Flores Rincón, quien operó el Programa de Alimentación Escolar de Santander para la vigencia 2016.Según el Ministerio Público, Flórez Rincón cometió actos de corrupción en contratos del PAE por más de 23.800 millones de pesos. La Procuraduría halló conductas penales relacionadas con falsedad material en documento público y privado.Para el órgano de control la representante legal incurrió en falta disciplinaria como particular que cumple una función pública, porque con su conducta generó un detrimento patrimonial al Estado, en desmedro de la efectividad de la prestación del derecho a la educación de los niños y niñas de Santander.En esa ocasión, Surcolombiana de Inversiones contrató con la Gobernación de Santander para la entrega del complemento alimentario a 100.000 estudiantes, lo que permitió que el propietario de la cooperativa, Germán Trujillo Manrique, conocido como el Zar del PAE, se apropiara ilegalmente de $2.159 millones de pesos provenientes de recursos del Estado para operar el programa.Trujillo Manrique fue el mismo que contrató tamales a 30.000 pesos con una empresa que suministraba grúas en el departamento del Meta, para los estudiantes de Santander.
La Unión Temporal Nutrivida y la Unión Temporal Nutripae serán los encargados del Programa de Alimentación Escolar en Bucaramanga durante el 2021.La Alcaldía de Bucaramanga anunció que el servicio se prestará a partir del próximo 18 de enero y beneficiará a 33.879 estudiantes, en medio de la alternancia, con raciones preparadas.“La Alcaldía de Bucaramanga va a cubrir el servicio desde el primero y hasta el último día de clases en medio de la alternancia educativa que se dará durante el próximo año. Es decir, garantizaremos los 191 días del calendario escolar”, informó la secretaria de Educación, Ana Leonor Rueda. El proceso de adjudicación del millonario contrato del PAE de Bucaramanga se llevó a cabo a través de la Bolsa Mercantil de Colombia. La Unión Temporal Nutrivida fue la ganadora del grupo 1 por un valor de $7.480 millones. La Unión Temporal Nutripae se quedó con el contrato por un valor de $7.800 millones.El 8 de enero las firmas ganadoras harán el alistamiento respectivo de los productos y se tendrá lista la adecuación de las bodegas. Cabe recordar que el PAE de Bucaramanga fue cuestionado por la entrega de carne de caballo a estudiantes durante la administración del exalcalde Rodolfo Hernandez, según la Fiscalía General de la Nación.
El acuerdo que se podría dar entre la Fiscalía y el comerciante Fernando Trujillo, quien habría vendido carne de burro y caballo al PAE en Santander, para buscar reducir su condena por colaborar con la justicia, fue rechazado por la Alcaldía de Bucaramanga. “Es un mecanismo legal, sin embargo, nosotros en representación de las víctimas nos hemos opuesto rotundamente a que se hagan concesiones tan amplias en un tema tan grave y las implicaciones que tiene entregarle carne de caballo a los estudiantes”, explicó Iliana Boada, secretaria Jurídica de la Alcaldía de Bucaramanga.Para la funcionaria el acuerdo judicial puede tener unos límites "por eso nos oponemos a que Fernando Trujillo tenga los máximos beneficios a pesar de haberle entregado carne equina como si fuera de res a los estudiantes".“Las víctimas, que son los niños que se alimentaron del PAE no merecen que se presenten este tipo de consideraciones con el acusado, por eso cuando conocimos la situación nos hicimos parte dentro del proceso, y nos oponemos a que se realice este acuerdo judicial entre el comerciante y la Fiscalía”, afirmó la secretaria Jurídica de la Alcaldía de Bucaramanga.La Procuraduría General de la Nación también se opuso al posible preacuerdo entre la Fiscalía y Fernando Trujillo.
Germán Trujillo, conocido como el 'zar del PAE' en Santander, disfruta de libertad condicional que le otorgó un juez, tras cumplir la tercera parte de la condena de 36 meses por corrupción.El 'zar del PAE' se apropió de más de 5.000 millones de pesos con facturas falsas en el contrato firmado en el 2016 entre la empresa Surcolombiana y la Gobernación de Santander. Germán Trujillo en abril de 2019 llegó a un preacuerdo con la justicia y devolvió $2.283 millones, para reducir su condena, razón por la cual hoy goza de libertad condicional, por eso se le ha visto en las calles de Neiva.“Es un mensaje bastante negativo para toda la población. No hay justicia que sea efectiva y reparadora en la lucha contra la corrupción en este país”, aseguró Marcela Pabón, vocera del Comité de Transparencia por Santander.Cabe recordar que a Germán Trujillo, la Fiscalía le incautó apartamentos, bodegas, oficinas y vehículos avaluados por más de $30 mil millones que habría comprado con dineros que se apropió de forma irregular en varios contratos del PAE firmados en Santander, Cundinamarca, Huila y otras regiones del país. El exgobernador de Santander Didier Tavera es investigado por la Corte Suprema de Justicia por presuntas irregularidades en el contrato del PAE firmado con la empresa de Germán Trujillo en el 2016.Dentro de la investigación la Fiscalía encontró facturas por tamales a 30 mil pesos que cobró Trujillo a la secretaria de Educación de Santander.
El Ministerio de Educación Nacional otorgó un reconocimiento especial al PAE que se ejecuta en Piedecuesta, Santander."Agradecemos al MinEducación por el reconocimiento que se realiza en el manejo del PAE en el municipio. Este es un trabajo en favor de la comunidad educativa con el retorno gradual, progresivo y seguro cumpliendo todos los protocolos de bioseguridad”, aseguró el alcalde de Piedecuesta, Mario José Carvajal.El Programa de Alimentación Escolar en Piedecuesta, es ejecutado por la empresa santandereana, Ecoservir.Son mas de 7.000 estudiantes de los colegios públicos de Piedecuesta que se benefician del PAE. "Siempre le vamos a garantizar a los niños beneficiarios del programa un producto en las mejores condiciones técnicas, sanitarias y de inocuidad", señaló Eduardo Duarte, representante de la Unión Temporal De La Cuesta, operador del PAE en Piedecuesta.
Un juez de Bucaramanga le otorgó detención domiciliaria a Fernando Trujillo, acusado por la Fiscalía General de la Nación de venderles, supuestamente, carne de caballo y burro a los operadores del PAE de Santander.El alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas, señaló que la Alcaldía de opuso a la decisión de juez.El delegado de la Procuraduría General de la Nación en el proceso judicial contra Fernando Trujillo también se opuso a la sección del juez.Cabe recordar que Fernando Trujillo habría vendido supuestamente carne de caballos y burros enfermos como si fuera carne bovina a empresa que manejaron el PAE en Bucaramanga durante el gobierno de Rodolfo Hernández.Según la investigación de la Fiscalía, Trujillo había organizado una red que se dedicaba a comprar animales equinos en la costa Atlántica para sacrificarlos ilegalmente en Bucaramanga.El empresario al parecer inyectable sustancias rojas y otros elementos a la carne de caballo para hacerla pasar como carne de ganado vacuno.Es importante precisar que en los años 2027 y 2018 padres de familia de estudiantes de colegios públicos de Bucaramanga habían denunciado con cartas enviadas a la Secretaria de Educación Municipal que la carne que entregaban los operadores del PAE " tenía un olor fuerte, sabía a raro y era dura".
BLU Radio conoció en primicia que la Fiscalía abrió una investigación con la que busca establecer quiénes son los responsables de que contratistas del ICBF entregaran mercados, en medio de la pandemia, a 15.580 personas fallecidas, investigación que se trabajará en conjunto con la Contraloría, entidad que reveló el informe, para dar resultados por todos los frentes.Según cifras de la Contraloría, estos contratistas entregaron 28.018 raciones alimentarias a 15.580 acudientes que, según la base de datos de la Registraduría Nacional, están reportados como fallecidos. Según sus cifras, esto habría causado un detrimento de $2.241 millones de pesos aproximadamente.Blu Radio conoció que de los 15580 fallecidos, según la Registraduría, 21 eran menores de edad y aún así, esos menores aparecen también como beneficiarios de 48 mercados.BLU Radio conoció en primicia una indignante tabla que está en poder de las autoridades y que revela 16 nombres de menores de edad, todos oriundos del Chocó, que fallecieron en el 2004, 2007, 2016, 2017, 2018, 2019 y el 2020 y que, a pesar de ello, aparecen como beneficiarios de 37 entregas de raciones alimenticias por parte de estos contratistas que hoy están en la lupa también de la Fiscalía.Los otros cinco menores fallecidos son oriundos de otros departamentos y aparecen como beneficiarios de 12 mercados falsos.Sobre el tema, la directora del ICBF, Lina Arbelaez, anunció que ya están cruzando datos con la Registraduría para confirmar hallazgos de la Contraloría y así, poder iniciar acciones penales y administrativas contra los contratistas que serían presuntos responsables.Esto se suma al programa PAE que ha traído múltiples investigaciones por cuenta de la corrupción que se ha presentado. La Fiscalía lleva 86 casos en donde se habrían presentado irregularidades.
Las víctimas de la masacre ocurrida en el Valle del Cauca este fin de semana, todos amigos entre sí, eran hijos de familias reconocidas de Buga. Personas llenas de energía y de vida que apenas empezaban a construir sus proyectos de vida. La madrugada del domingo la muerte los sorprendió mientras departían en una finca de descanso del área rural de esa municipalidad. Entre las víctimas está Jacobo Pérez Vásquez, hijo del ingeniero Wilson Pérez, dueño de la finca. El joven de 18 años acababa de llegar de Canadá de un intercambio.Otra de las víctimas es Nicolás Suárez Valencia, de 18 años. Amante del deporte. Junto a Jacobo hacían parte del club de hokey, 'Huracanes Buga'.Sara María Rodríguez, de 18 años y quien, de acuerdo a la información de sus redes sociales, estudiaba medicina veterinaria y zootecnia. Es hija de un reconocido médico del Hospital Divino Niño de Buga junto con Juan Pablo Marín, también de 18. Él se preparaba para empezar clases de segundo semestre de Universidad.Finalmente, Valentina Arias, de 17 años, era la menor de las víctimas y estaba por definir su carrera universitaria. Los cinco jóvenes culminaron sus estudios de bachillerato en el Colegio El Liceo Los Andes de Buga. De otro lado, en el hospital San José de Buga permanecen Ramiro Martínez, de 60 años, quien se desempeñaba como mayordomo de la finca y Santiago Tascón, de 17 años. Pese a las heridas, ambos permanecen estables en el centro asistencial.
Sigue la indisciplina ciudadana en medio de la jornada de toque de queda en Medellín y el Valle de Aburrá, ahora acompañada de agresión a la fuerza pública, que intenta evitar las reuniones y fiestas clandestinas.El comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, el general Pablo Ruíz, aseguró que en medio de las 2.817 llamadas a la línea de emergencia 1-2-3, en los barrios Doce de Octubre y Aranjuez, se reportaron agresiones a los miembros de la Policía y daños a las motocicletas de la institución.“Se atendieron 968 llamados por perturbación por alto volumen, de estas 828 en Medellín, 94 riñas, intervenidas 214 entre fiestas y reuniones sociales", dijo el general Ruiz. El general Ruíz, al rechazar la actitud de algunos ciudadanos que atacan a los hombres de la institución en medio de su labor, ha señalado que se avanza en el proceso judicial en contra de la mujer y el hombre capturados. Además del menor aprehendidos, para que respondan por los delitos por los delitos de lesiones personales, ataque a servidor público y daño en bien ajeno.
Desde el Palacio de Justicia, el presidente Iván Duque sancionó la Ley de la Reforma al Código Administrativo y de lo Contencioso Administrativo que resaltó ayuda a dinamizar la justicia eliminando trámites innecesarios. En su agradecimiento a los congresistas y jefes de los entes de control, agradeció a la procuradora Margarita Cabello, asegurando que es “nuestra procuradora” porque es la única que tienen todos los colombianos; todo esto tras la polémica causada por la entrevista con Noticias Caracol donde Juan Roberto Vargas cuestionó su cercanía con los entes que deben investigarlo a él y a sus funcionarios.“Quiero agradecer a los señores ponentes, a los presidentes de la Comisión, pero también a nuestra procuradora general de la nación, a la doctora Margarita Cabello Blanco y digo nuestra porque solamente hay una procuradora general de la nación y es de todos los colombianos. Que nuestra procuradora de todos los colombianos tenga también la impronta de haber trabajado con su experiencia en la rama judicial en hacer realidad este proceso”, dijo el presidente.El presidente Duque aseguró que todas las ramas del poder deben trabajar coordinadamente teniendo en cuenta que la colaboración es fundamental para sacar al país de la crisis generada por la pandemia.“El llamado es que, en la independencia de los poderes, pero en la colaboración armónica, entendamos que aquí no hay victorias individuales. Que aquí no hay triunfos parcelados ni de quienes ejercemos en la función ejecutiva, quienes están en el poder judicial en los que están en el Congreso y de quienes están en los organismos de control. Tenemos que estar más unidos que nunca para escrutarnos, para acompañarnos, para hacer las preguntas que se requieran, pero para entender que son los esfuerzos colectivos de todos los que nos van a sacar adelante en esta situación”.
Como de película, así fue el robo, a plena luz del día, a un vigilante en el barrio La Castellana, comuna 11 Laureles, centro de Medellín. El hombre forcejeó con unos delincuentes que intentaban ingresar a un conjunto residencial de la zona.Ante esto, los ladrones lo golpearon, le quitaron su arma de dotación, lo amenazaron con la misma y se dieron a la huida.El hecho quedó registrado por cámaras de seguridad del sector y en la grabación se observa que uno de los ladrones era de avanzada edad y, de acuerdo a lo revelado por las autoridades, esta persona tenía en su poder una pistola con silenciador. Vea aquí el video:
A través de sus redes sociales el Gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, informó que se extiende el toque de queda nocturno en todo el departamento aunque con algunas modificaciones.Esta nueva restricción comenzará a regir desde el miércoles 27 de enero e irá hasta el 2 de febrero entre la medianoche y las 5:00 de la mañana de cada día.Cabe recordar que este lunes, 25 de enero, y mañana, 26 de enero martes, sigue vigente el toque de queda que comienza a las 10:00 de la noche.Según el mandatario, los cambios en la medida se dan porque se ha evidenciado una leve disminución en los contagios de COVID-19.