Ante recientes cuestionamientos por presuntas irregularidades en el Programa de Alimentación Escolar en Medellín donde, al parecer, el vaso de leche se estaría cobrando en un valor promedio superior a los 6.000 pesos, la Administración Distrital desmintió todo tipo de sobrecostos y aclaró la situación.A través de un comunicado, la Secretaría de Inclusión Social y Familia aclaró que los costos especificados como “Vaso de Leche” en los documentos contractuales de la plataforma SECOP no responden de manera literal al suministro de un vaso de este alimento, sino que se trata de un complemento del PAE establecido por acuerdo municipal que existe hace más de 20 años.PAE en Bogotá: estudiantes participan en la selección de menús escolaresSegún Sandra Sánchez, secretaria de Inclusión Social del Distrito, el paquete que se entrega a niños y jóvenes de las instituciones de educación públicas de la ciudad en este complemento no solo tiene una bebida láctea, sino además un alimento panificado y una fruta.Este paquete nutricional conocido como “Vaso de Leche” se ha incrementado hasta en un 20% en sus valores calóricos y sus costos se han ajustado también de acuerdo a las realidades del mercado y las normas, pero en sus contenidos equiparándolas en los últimos años con la que se conoce como “ración industrializada” del PAE."Teniendo en cuenta la realidad de la ciudad y poder impactar más en los estudiantes, la ración del acuerdo, que no es un vaso de leche, se optimiza aumentando al 20% el aporte calórico requerido y teniendo en cuenta también los incrementos y la variación en los precios de los alimentos que tenemos a nivel país", aseguró la secretaria.De acuerdo a información de la Alcaldía, el último valor calculado del complemento ‘Vaso de Leche’ oscila entre 4.297 pesos para los niños de transición a y 6.810 pesos para los adolescentes de 10 y 11 grado, teniendo en cuenta el gramaje adecuado para el ciclo de edad y la variación en el precio de los alimentos.
Con la finalidad de que los estudiantes de los colegios distritales en Bogotá pudieran participar en la elección de sus almuerzos, se desarrolló la iniciativa de pruebas en los colegios Distrital Rafael Bernal Jiménez y Tomás Carrasquilla en Barrios Unidos, con la participación del equipo técnico de PAE, conformado por nutricionistas, ingenieros de alimentos y chefs.En las pruebas los estudiantes pudieron evaluar características de los alimentos como el sabor, olor, color y textura, para así hacer la elección de 8 menús especiales. Los comentarios fueron tenidos en cuenta para hacer ajustes en la combinación de jugos, reducción de sazonadores naturales y disminución de aceite en algunas preparaciones.Fueron seleccionados 8 menús de desayuno y 8 menús de almuerzo, que se darán mensualmente para brindar variedad a los estudiantes. Serán entregados una vez al mes en las instituciones educativas, y también en las fechas simbólicas como el día del niño. Los menús escogidos incluyen los componentes requeridos de energía y nutrientes en cada grupo etario, según los estándares establecidos en la resolución 335 de 2021 de la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar.Además de estas pruebas, el PAE realiza ajustes a las preparaciones del ciclo regular basándose también en la retroalimentación de los Comités de Alimentación Escolar y encuestas de percepción realizadas a los estudiantes teniendo en cuenta que según el Ministerio de Educación 5.9 millones de estudiantes se beneficiaron con esta iniciativa en el 2023.
Tras la gestión adelantada por la Organización de Naciones Unidas, ONU, se reanuda nuevamente el servicio del programa de alimentación escolar en el municipio de Algeciras, Huila, donde había sido suspendido hace dos meses por presión de los grupos armados ilegales.Asimismo, a partir de este lunes 8 de julio se restable, para el segundo semestre del 2024 el programa PAE en los 35 municipios del Huila, que son de competencia del gobierno departamental en los que se benefician al menos 120.000 estudiantes.Procuraduría pone la lupa a giro por $361. 000 millones del PAE“Este es un programa muy sensible que cubre la alimentación de niños, niñas y adolescentes que están matriculados oficialmente en las Instituciones Educativas Públicas del Huila. Es un programa que combate la deserción escolar. Hoy, gracias a los buenos oficios de la comunidad y de muchos actores como Naciones Unidas, hemos podido superar lo que pasaba en Algeciras y desde este lunes 08 de Julio se restablece este vital servicio”, así lo confirmó el gobernador del Huila, Rodrigo Villalba Mosquera.Por su parte, Germán Darío Delgado, coordinador general del PAE en el Huila, dijo que el esfuerzo interinstitucional y civil ha permitido el restablecimiento de las operaciones del programa en el municipio de Algeciras beneficiando a más de 3.000 niños, niñas y adolescentes.Por último, el mandatario seccional Villalba Mosquera indicó que, desde la Secretaría de Educación departamental, se le hará seguimiento para que los operadores y demás responsables del PAE cumplan con el cubrimiento de este programa en las diferentes instituciones educativas urbanas y rurales.
La Procuraduría le pone la lupa a tercer giro de recursos por $361 mil millones de pesos del Plan de Alimentación de Escolar (PAE). Además, el Ministerio Público, alerta por las situaciones de orden público, licitación y contratación, que ponen en riesgo la continuidad del programa.En este caso, el Ministerio Público además, le pidió al Director General de la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar, Luis Serna, que informe sobre las Entidades Territoriales Certificadas en Educación que recibieron recientemente el tercer giro de recursos asignados al PAE, los cuales suman un total de $361.727.785.174.Por otro lado, la Procuraduría le solicitó al funcionario el acto administrativo que asigna estos recursos, destinados a la cofinanciación del Programa de Alimentación Escolar (PAE), cabe resaltar que, estos fondos tienen como objetivo garantizar la operación del programa en las instituciones educativas públicas del país.Incluso, la Unidad Administrativa Especial de Alimentación deberá confirmar el cronograma para la verificación de la prestación del servicio en los colegios durante el resto del año.Estas visitas serán acompañadas por los procuradores delegados para hacer seguimiento preventivo y control a los recursos asignados.Las entidades afectadas son Antioquia, Bolívar, Cauca, Córdoba, Florencia, Huila, Magdalena, Pasto y Valledupar, además, cabe señalar que la Procuraduría ve con preocupación y alerta sobre los riesgos de continuidad del PAE en nueve colegios, debido a problemas en los procesos de licitación, contratación y orden público.
A casi tres meses de haber iniciado el calendario escolar en el país, el programa de alimentación en los planteles (PAE) es uno de los asuntos que más preocupa a los entes de control, pues hay contratos para este fin vencidos o próximos a vencerse.Así lo evidenció la Procuraduría Primera Delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública, quien tras visitas y revisión de documentación identificó 35 entidades territoriales en todo el país con esta problemática, entre ellas cuatro localidades antioqueñas.Se trata de Sabaneta, Bello, La Estrella e Itagüí. En los primeros tres municipios la Procuraduría advirtió que los contratos del PAE finalizaron en marzo, mientras que el caso de Itagüí este se vence en mayo y hay incertidumbre sobre su continuidad.Ante la situación, el despacho de la procuraduría delegada solicitó información a las autoridades respectivas sobre el estado y avance de los nuevos procesos contractuales para que estos se firmen por lo que resta del calendario escolar y evitar riesgos en la continuidad del servicio.Continuidad del PAE, en riesgo para al menos 600.000 niños en 35 ciudades y municipiosTambién la entidad requirió las razones por las cuales, en los casos en los que los contratos finalizaron, aún no se ha iniciado el proceso correspondiente para reactivar este servicio que en todo el país estaría poniendo el riesgo la alimentación de casi 653 mil menores de edad.
La Procuraduría General de la Nación hizo una alerta sobre la inminente suspensión del Programa de Alimentación Escolar (PAE) en 35 ciudades y municipios del país.Esta situación se debe a la finalización de contratos o su proximidad a vencerse, lo que no solo pone en peligro la continuidad del servicio, sino también el derecho a la alimentación de más de 652.964 niños, niñas y adolescentes.Entre las entidades afectadas se encuentran Sabaneta, Sogamoso, Zipaquirá y Cartago, cuyos contratos expiraron en marzo.Estas alarmantes cifras se establecieron gracias a los informes elaborados por funcionarios de las propias Entidades Territoriales Certificadas y no certificadas, así como de la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar.Ante este escenario crítico, el despacho de la Procuraduría delegada solicitó información a las autoridades respectivas sobre el estado y avance de los nuevos procesos contractuales.Además, la Procuraduría pidió que los nuevos contratos garanticen la prestación del servicio durante el resto del calendario escolar para así evitar riesgos de interrupción.Asimismo, el Ministerio Público ha requerido a las entidades explicaciones sobre las razones operativas, técnicas y jurídicas que han llevado a que el proceso se frene.
Alrededor de 480 estudiantes del colegio Ecopetrol, del municipio de Campoalegre, en el Huila, decidieron adelantar un plantón a las afueras del establecimiento educativo, exigiendo al gobierno departamental que les cumpla con el suministro del programa de alimentación escolar.Constanza Trujillo, presidenta de los padres de familia, en diálogo con Blu Radio denunció, además, el mal estado de la planta física del plantel educativo y el incumplimiento en el servicio de transporte escolar para los niños que se desplazan diariamente desde la zona rural.Estudiantes del colegio El Pilar de Bucaramanga no están recibiendo almuerzos del PAE“Este colegio lleva 55 años al servicio de la comunidad de Campoalegre, es una infraestructura demasiado vieja, donde cuando llueve, las aulas de clases se inundan y desde hace dos años le hemos advertido a la secretaría de educación que el techo está a punto de colapsar y provocar una tragedia”.Agregó la madre denunciante que, desde que inició el periodo lectivo, los 480 estudiantes no han recibido el suministro del programa de alimentación escolar. “Además, iniciando el año 2024 nos olvidaron y nos sacaron del PAE, no hay alimento para esta institución educativa, tampoco tenemos el servicio de la ruta escolar”, dijo.La comunidad educativa del colegio Ecopetrol de Campoalegre está a la espera de una solución urgente por parte de la Secretaría de Educación departamental y de la administración municipal.
Estudiantes del colegio El Pilar sede E de Bucaramanga llevan más de un mes y medio sin recibir raciones preparadas del Programa de Alimentación Escolar (PAE), debido a un problema de infraestructura en la escuela. Un hecho que fue denunciado por los padres de familia.En ese sentido, los padres de familia del colegio explicaron que no han recibido almuerzos del programa PAE hace más de 50 días debido a un problema que hay en la tubería de gas natural de la cocina, el cual no ha sido arreglado por la empresa que suministra el servicio, algo que no entienden.“Ese es el inconveniente, nos dijeron que era un problema en una tubería de gas, pero ya después de dos meses no es justo con nuestros hijos que nos les den el almuerzo en el colegio”, dijo una de las madres de la familia.“Situación preocupante e inaceptable viven decenas de niños estudiantes del Colegio El Pilar Sede E y beneficiarios del programa PAE, quienes desde hace más de un mes y medio no reciben su almuerzo”, dijo el concejal de Bucaramanga Diego Lozada en su cuenta de X.Por su parte la secretaria de Educación de Bucaramanga Martha Cecilia Guarín explicó que los menores han recibido raciones del PAE industrializadas, pero sobre las raciones de almuerzos preparados en el sitio la empresa de gas propano no ha autorizado la utilización de la tubería por, posiblemente, representar un alto riesgo.“El municipio sí está garantizando el PAE, todos los días se entregan raciones industrializadas a los estudiantes. Hacer uso del gas, sin contar con previa autorización de Vanti, es poner en riesgo la seguridad de la comunidad educativa”, dijo la secretaria de educación.“Sería bueno saber en qué estado se encuentra la gestión y conocer cómo usted expone, por qué Vanti niega la operación ahora y no antes. De ser un tema de gestión administrativa, agradecemos Secretaría adelantar lo pertinente, pues la comunidad no puede afectarse, menos a los niños”, agregó el concejal Lozada.
Por graves problemas de orden público la Secretaría de Educación del departamento del Huila se vio en la obligación de suspender la ejecución del programa de alimentación escolar, PAE, en las seis instituciones educativas del municipio de Algeciras.El secretario de educación departamental, Orlando Parga Rivas, dijo que la suspensión del servicio del PAE se hará hasta que existan garantías de seguridad, situación que afecta a 3.200 estudiantes de la zona urbana y rural de la población.Sobre el PAE en Algeciras“En el municipio de Algeciras prestamos el servicio de alimentación en seis instituciones educativas que cuentan con 56 sedes. Actualmente se están atendiendo 3.208 estudiantes, de los cuales 2.121 están en la zona rural y 1.087 se encuentran en la zona urbana”, expresó.Agregó el funcionario que esta situación de orden público impacta negativamente los derechos de los estudiantes en el municipio de Algeciras y, además, pone en riesgo la seguridad alimentaria para la población escolar a través del programa PAE.Cabe mencionar que la semana anterior el gobernador del Huila, Rodrigo Villalba Mosquera, puso en alerta que grupos armados estaban interfiriendo en el normal desarrollo del programa PAE en varios municipios del departamento.
En un reciente consejo de seguridad el gobernador del Huila, Rodrigo Villalba Mosquera, denunció que grupos armados ilegales estarían interfiriendo en el normal desarrollo del programa de alimentación escolar en algunos municipios del departamento.Agregó el mandatario Villalba Mosquera que esta interferencia de grupos irregulares en el programa PAE, se convierte en un hecho violatorio de los derechos humanos al derecho fundamental a la educación y a la alimentación.“Hay una denuncia y es que, en algunos municipios del departamento, fuerzas irregulares y actores ilegales, estarían interfiriendo en el normal desarrollo del Programa de Alimentación Escolar en el Huila. Esto es muy grave”, señaló el gobernador del Huila Rodrigo Villalba.Señaló, además, el gobernador de los huilenses es que este programa tiene una inversión de muchos recursos por parte del Gobierno nacional del departamento y conlleva a realizar una exigente contratación pública, donde hay operadores y otros participantes en el PAE.“No se admite ninguna interferencia. Hoy lo analizamos y dimos aviso a la Fuerza Pública para que nos colabore en lo pertinente. También le dijimos a la misión de verificación del proceso de paz que adelanta el Gobierno nacional y a funcionarios de la ONU, para que tomaran cartas en el asunto y que también, por supuesto, llevaran esta denuncia a la mesa de negociación”, puntualizó el gobernador Villalba Mosquera.
Se estima que cerca de 200 millones de personas a nivel global padecen de osteoporosis, una enfermedad que provoca una fractura por fragilidad cada tres segundos. La osteoporosis se caracteriza por la pérdida de masa y calidad ósea, aumentando la fragilidad y el riesgo de sufrir fracturas. Esta condición, usualmente silenciosa y sin signos o síntomas evidentes, se manifiesta cuando eventos simples como una caída al caminar, un golpe al viajar en auto o un acceso de tos pueden producir una fractura por fragilidad.Según la Dra. Geraldine Altamar, médica internista-geriatra y presidenta de la Asociación Colombiana de Osteoporosis y Metabolismo Mineral (ACOMM), el cuidado de los huesos debe comenzar desde temprana edad. Por lo tanto, es crucial identificar a las personas en riesgo de sufrir osteoporosis para prevenir la primera fractura y, en caso de ocurrir, evitar las subsiguientes.Las mujeres en menopausia, personas mayores de 50 años con factores de riesgo como fracturas previas, antecedentes familiares de fractura de cadera, pérdida significativa de altura, enfermedades que disminuyen la masa ósea como artritis reumatoidea, diabetes mellitus, menopausia prematura o el uso de corticoesteroides, pertenecen al grupo en riesgo. Cuando una persona tiene osteoporosis, debe considerar un tratamiento y cuidado para toda la vida debido a que es una condición crónica que puede afectar significativamente la calidad de vida del paciente y su núcleo familiar.Consejos para la osteoporosisEs importante consultar al médico para obtener un diagnóstico y seguir un control estricto por parte de un profesional de la salud. Además, se deben consumir dosis adecuadas de calcio y vitamina D, mantener una dieta balanceada, evitar el consumo de alcohol y tabaco, aumentar la actividad física y exponerse de manera segura al sol. Siguiendo estas recomendaciones, se puede manejar eficazmente la osteoporosis y reducir el riesgo de fracturas futuras.
La Policía Metropolitana de Bucaramanga aseguró que, luego de recuperar más de 600 celulares, contactará a cada uno de los dueños de estos equipos móviles para regresárselos, eso sí, siempre que hayan realizado la respectiva denuncia“Con software y hardware maliciosos (que) los delincuentes modificaban la información de los equipos móviles, cambiando su número IMEI, y eliminaban la información que tenían los celulares”, confirmó el brigadier general Henry Yesid Bello Cubides, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga.Estos delincuentes operaban en el 2 y el piso 16 de un edificio ubicado en el barrio Alarcón de la ciudad, utilizaban bloqueadores de frecuencia de señal para que la Policía no diera con el lugar evitando así el seguimiento y rastreo de estos equipos de telefonía móvil. Desde allí, "se hacían pasar como trabajadores de las empresas móviles y contactaban a los dueños y les decían que necesitaban su correo y el código enviado para bloquear definitivamente el celular, afirmó el comandante de Policía Henry Yesid Bello Cubides, quien dio un agradecimiento especial “a todas las personas que hicieron el proceso de denuncia ya que esto permitió que las autoridades realizaran la trazabilidad del caso.Una de las víctimas de estos delincuentes aseguró que su celular fue robado por un mototaxista en el barrio San francisco de Bucaramanga, y otro afectado manifestó que su celular le había costado $1.700.000 que tuvo que terminar de pagar sin poderlo utilizar.Una mujer de 26 años era la encargada del cosquilleo, otro hombre utilizaba la modalidad de raponazo conduciendo una motocicleta en la ciudad.
La Policía Nacional capturó este viernes en Medellín a Robinson Alexander Foronda Galeano y Juan Esteban Atehortúa Acevedo, señalados de presuntamente perpetrar el crimen del líder comunitario Luis Fernando Osorio Soto, el pasado 3 de enero en la vereda Orizaba de Andes, Suroeste de Antioquia.Foronda y Atehortúa tenían orden de captura vigente por los delitos de homicidio agravado, desaparición forzada, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego y hurto calificado y agravado, por lo sucedido a este líder, quien además era enfermero de varias zonas rurales de Andes.De acuerdo con la investigación de las autoridades, la víctima se habría resistido al hurto de su vivienda y cuentas bancarias, no obstante, en mayo de este año capturaron a Juan Esteban Acevedo Arteaga, alias 'Juancito', quien al parecer hizo retiros de las cuentas bancarias del líder social por 19 millones de pesos. En total le fueron robados, entre dinero y otros elementos de valor, algo más de 20 millones de pesos.Para el caso de alias 'Juancito', un juez de control de garantías le dictó medida de aseguramiento en centro carcelario el 28 de mayo, mientras avanza el proceso judicial.Los hechos ocurrieron el 29 de diciembre de 2023, cuando varios hombres armados, habrían ingresado a la vivienda de la víctima y llevado en contra de su voluntad a un sitio solitario y despoblado. Días después, el 3 de enero de este año, el cuerpo fue encontrado atado de manos y pies, además con varias heridas de arma de fuego y politraumatismos en cabeza y tórax, según la Fiscalía.
El Gobierno chileno envió este viernes a Venezuela una nota de protesta por haber impedido ingresar al país a los senadores Felipe Kast (centroderecha) y José Manuel Rojo Edwards (ultraderecha), invitados por la oposición venezolana como observadores en las elecciones del domingo en las que Nicolás Maduro busca la reelección."El Ministerio de Relaciones Exteriores citó al embajador de Venezuela en Chile, Arévalo Méndez, para entregarle una nota de protesta debido a que no se permitió el ingreso a ese país a los senadores José Manuel Rojo Edwards y Felipe Kast", dijo la Cancillería en un escueto comunicado.Kast, del partido Evópoli, informó en sus redes sociales que iban a ser deportados porque no cumplían "con el perfil ni las condiciones de ingresar al país".Edwards, del ultraderchista Partido Social Cristiano, indicó por su parte que "Maduro ha traído miseria y hambre" y "debe saber que Latinoamérica entera va a defender la democracia del pueblo bravo de Venezuela".La Presidencia del Senado chileno aseguró que los hechos son "antidemocráticos" y "denotan la mayor gravedad" porque "los senadores chilenos cuentan con todas las condiciones exigidas usualmente por la República Bolivariana de Venezuela para hacer ingreso a su territorio".Maduro, en el poder desde 2013, se enfrentará el domingo a Edmundo González Urrutia, un exdiplomático de 74 años que se convirtió en el candidato de la oposición luego de que la exdiputada María Corina Machado fuera inhabilitada, y que lidera la intención de voto según las encuestadoras tradicionales del país suramericano.El chavismo, sin embargo, asegura que Maduro ganará, pese a que los sondeos independientes reflejan el hastío de gran parte de la población en medio de una feroz crisis económica que devastó al país en la última década.La deportación de los senadores chilenos tiene lugar horas después de que Venezuela impidió la entrada de una delegación de parlamentarios del Partido Popular (PP) de España y también de un grupo de expresidentes latinoamericanos en un avión que no pudo despegar desde Panamá hasta que los exmandatarios no bajaron de la aeronave.
En la semana epidemiológica que realizó, el Instituto Nacional de Salud reportó un total de 2,375 casos de hepatitis, desglosados en hepatitis B, C y coinfección B-Delta. La cifra se compone de 1,348 casos de hepatitis B, 1,025 de hepatitis C, 2 de hepatitis Delta y 1 transmisión maternoinfantil. Por otra parte, la tasa de incidencia para hepatitis B se estimó en 2.6 casos por cada 100,000 habitantes, mientras que para hepatitis C fue de 1.0 casos por cada 100,000 habitantes. La tendencia general indica un aumento en la incidencia de estas enfermedades.¿Cómo está la hepatitis en Colombia?Las ciudades con mayor número de casos de hepatitis B fueron Bogotá D.C., Medellín, Cúcuta, Barranquilla y Cali. Para hepatitis C, las principales ciudades afectadas incluyeron Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Armenia. Los casos de hepatitis D se concentraron en Bogotá D.C. y Neiva.Hombres, los más afectados por Hepatitis BEl análisis por género muestra que la hepatitis B afecta más a los hombres, con una tasa de incidencia de 3.1 casos por 100,000 habitantes, frente a 1.1 casos en mujeres. En los hombres, se observó una disminución estadísticamente significativa en los casos de hepatitis B en el grupo etario de 15 a 19 años y un aumento en el grupo de 65 a 69 años. Entre las mujeres, se registró una disminución en los casos en el rango de 30 a 34 años y un aumento en el grupo de 60 a 64 años.Disminuye la hepatitis B en mujeres embarazadas en ColombiaDe los casos de hepatitis B reportados, el 4.6 % correspondió a mujeres embarazadas, lo que representa una disminución estadísticamente significativa en comparación con el año anterior. El principal mecanismo de transmisión de la hepatitis B fue sexual, representando el 72.6% de los casos, seguido de la transmisión percutánea o parenteral con el 7.1%. Además, el 3.8% de los casos correspondió a poblaciones indígenas y el 3.6% a negros, mulatos o afrodescendientes, con una disminución estadísticamente significativa en estos últimos grupos comparado con el año anterior.