La Procuraduría General de la Nación hizo una alerta sobre la inminente suspensión del Programa de Alimentación Escolar (PAE) en 35 ciudades y municipios del país.
Esta situación se debe a la finalización de contratos o su proximidad a vencerse, lo que no solo pone en peligro la continuidad del servicio, sino también el derecho a la alimentación de más de 652.964 niños, niñas y adolescentes.
Entre las entidades afectadas se encuentran Sabaneta, Sogamoso, Zipaquirá y Cartago, cuyos contratos expiraron en marzo.
Estas alarmantes cifras se establecieron gracias a los informes elaborados por funcionarios de las propias Entidades Territoriales Certificadas y no certificadas, así como de la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar.
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Ante este escenario crítico, el despacho de la Procuraduría delegada solicitó información a las autoridades respectivas sobre el estado y avance de los nuevos procesos contractuales.
Además, la Procuraduría pidió que los nuevos contratos garanticen la prestación del servicio durante el resto del calendario escolar para así evitar riesgos de interrupción.
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Asimismo, el Ministerio Público ha requerido a las entidades explicaciones sobre las razones operativas, técnicas y jurídicas que han llevado a que el proceso se frene.
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