La directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Carolina Restrepo Cañavera, respondió a las denuncias de las madres comunitarias de Pereira por la contratación de un operador del departamento del Cesar para prestar los servicios de atención a la primera infancia en Risaralda. La funcionaria aseguró que la organización seleccionada tiene disposición de contratar a las madres comunitarias de Pereira que venían desarrollando esta labor y cuestionó las presuntas instrucciones del sindicato para que rechacen esas ofertas.
Algunas mujeres, entre ellas la presidenta del Sindicato de Madres Comunitarias de Risaralda, reclamaron que el ICBF tomó la decisión de contratar a una organización de otro departamento. En respuesta, Restrepo sostuvo que las madres comunitarias tienen la posibilidad de continuar trabajando con el nuevo operador y señaló que es importante que conozcan directamente las condiciones de contratación y las garantías laborales que les ofrecen. En ese sentido, manifestó su preocupación por los reportes sobre supuestas orientaciones sindicales para que no acepten las vinculaciones.
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“Nos preocupa recibir información de que desde el sindicato se les está indicando que no acepten esa contratación. Si esto se confirma, estaríamos ante una actuación cuestionable y no es coherente reclamar la continuidad laboral de las madres y, al mismo tiempo, promover que rechacen la posibilidad de continuar trabajando. Invitamos a la dirigencia sindical a explicar públicamente esta situación”, afirmó la directora del instituto. La funcionaria también aclaró que la elección de las organizaciones encargadas de prestar los servicios corresponde al ICBF y se realiza mediante los procedimientos establecidos por la entidad.
Los operadores son los responsables de administrar los recursos públicos destinados a la atención de la primera infancia, garantizar aspectos como la alimentación y el acompañamiento a los menores y contratar al personal que trabaja en los hogares comunitarios. Por eso, aunque las madres y sus asociaciones pueden exigir el respeto de sus derechos, no tienen la facultad de decidir qué operador debe quedarse con el contrato.
Adicionalmente, la directora informó que el ICBF recibió reportes sobre posibles solicitudes de dinero a las familias bajo el argumento de donaciones. “Estamos verificando quién está realizando esas solicitudes, con qué finalidad y bajo qué condiciones. Invitamos a las familias a reportar estos hechos directamente al ICBF para que puedan esclarecerse y se adopten las medidas que correspondan”, señaló.
“Nuestra responsabilidad es garantizar la atención de los niños y las niñas, velar por el respeto de los derechos de las madres comunitarias”, afirmó. La funcionaria aseguró que la entidad mantendrá el diálogo con las madres comunitarias y hará seguimiento a las obligaciones del nuevo operador.