El Tribunal Administrativo de Santander ratificó la legalidad del proyecto de empréstito presentado por la Alcaldía de Bucaramanga, una decisión que le permite a la Administración Municipal avanzar en el proceso de financiación de obras estratégicas para mejorar la movilidad y modernizar la infraestructura vial de la ciudad.El anuncio fue realizado por el alcalde Cristian Portilla, quien aseguró que el pronunciamiento judicial respalda la legalidad del trámite y brinda seguridad jurídica para continuar con la iniciativa.Según el mandatario, los recursos del empréstito estarán destinados principalmente a dos frentes: la modernización integral de la red semafórica y la ejecución de obras de infraestructura para mejorar la movilidad urbana.En el primer caso, se contempla el reemplazo de semáforos deteriorados y equipos tecnológicos obsoletos por un sistema inteligente que permita optimizar la regulación del tránsito y fortalecer la seguridad vial.El segundo componente contempla intervenciones de infraestructura para recuperar la capacidad de las vías, reducir los tiempos de desplazamiento y mejorar la conectividad entre diferentes sectores de Bucaramanga.El proyecto ya había recibido autorización del Concejo Municipal y, de acuerdo con la Alcaldía, también contó con respaldo en el marco de una actuación de la Procuraduría General de la Nación.Con la ratificación del Tribunal Administrativo de Santander, la Administración Municipal podrá continuar con los procedimientos necesarios para financiar y ejecutar las intervenciones. Sin embargo, la decisión judicial sobre la legalidad del proyecto no significa que las obras estén ejecutadas ni que los recursos hayan sido desembolsados.El alcalde Cristian Portilla aseguró que la ejecución estará sujeta a criterios de planeación técnica, disciplina fiscal, transparencia y seguimiento contractual, y sostuvo que las inversiones deberán traducirse en resultados concretos para los ciudadanos.
El diputado de Santander Danovis Lozano presentó una demanda de nulidad ante el Consejo de Estado contra las resoluciones expedidas por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) que establecieron cobros adicionales en las facturas de energía eléctrica para los usuarios que superen sus metas individuales de consumo. El dirigente busca que se suspenda provisionalmente la aplicación de estas medidas mientras se resuelve el proceso judicial.La controversia está relacionada con las resoluciones CREG 101 120 del 30 de julio y 101 126 del 21 de agosto de 2026, mediante las cuales se puso en marcha un programa transitorio de incentivos al ahorro de energía, que comenzó a aplicarse el primero de septiembre y tiene una duración inicial de seis meses.El mecanismo establece una meta de consumo para cada usuario, calculada con base en la mediana de su consumo durante los últimos 12 meses. Quienes superen el 110 % de esa meta deben asumir un cobro adicional por la energía excedente, con recargos que varían según el estrato socioeconómico y el tipo de usuario.Los recursos recaudados se destinan a una bolsa que posteriormente se distribuye entre quienes logren reducir su consumo de energía.Sin embargo, Lozano considera que “la CREG se extralimitó en sus funciones al establecer este mecanismo. Los cobros tienen características de una contribución obligatoria que no podía ser creada mediante una resolución de esa entidad”, señaló.En la demanda también cuestiona que el sistema pueda generar cobros desiguales entre usuarios con consumos similares, debido a que las metas dependen del historial de cada hogar o establecimiento comercial.Otro de los argumentos está relacionado con los productores agrícolas, particularmente los caficultores de Santander. Según el diputado, el cálculo de la mediana de los últimos 12 meses puede desconocer los periodos de mayor actividad productiva, por lo que la energía utilizada durante la cosecha podría terminar considerada como consumo excedente y generar recargos.El demandante también cuestiona el procedimiento de expedición de la segunda resolución, al considerar que el tiempo de consulta pública fue insuficiente y que se otorgaron facultades a la CREG para modificar aspectos del programa mediante circulares.En entrevista con Blu Radio, Lozano aseguró que en Santander han recibido numerosas quejas de ciudadanos afectados por el incremento en sus facturas de energía."Consideramos esta resolución ilegal, una resolución que no fue concertada con la ciudadanía, simplemente la impusieron y no dieron la oportunidad de que las personas conocieran estos cambios. No sabemos con qué criterios técnicos plantearon esta medida", manifestó.También expuso el caso de una comerciante que, según relató, pasó de pagar 800.000 pesos a cerca de 2 millones y medio de pesos por el servicio de energía en su papelería. Aseguró que la mujer le manifestó que contempla cerrar su establecimiento porque no tiene capacidad para asumir el nuevo valor.Lozano insistió en que la solicitud de suspensión debe resolverse con prontitud, debido a las dificultades económicas que, según él, están enfrentando los usuarios en el departamento.
Desde hace siete años, la vida de Keiner José Granados Sarmiento y su familia cambió por una enfermedad que comenzó con la picadura de un zancudo. Hoy, a sus 17 años, el joven enfrenta las consecuencias de la filariasis linfática, un parásito que afecta su sistema linfático y le ha provocado una inflamación progresiva de la pierna izquierda.Su madre, Lady Patricia Sarmiento Mendoza, contó que todo comenzó cuando Keiner tenía apenas 10 años. Inicialmente, la picadura produjo una pequeña inflamación en el pie, pero con el paso del tiempo la hinchazón se extendió por toda la pierna y su condición fue empeorando.Durante varios años, la familia buscó respuestas médicas. En un principio, los especialistas atribuían la inflamación a un edema, sin identificar qué estaba causando el problema. Fue hasta 2023, durante una hospitalización en la Fundación Cardiovascular, cuando, después de varios exámenes, lograron establecer el diagnóstico de filariasis linfática. Posteriormente, en la Universidad del Rosario también identificaron el parásito.Según explicó su madre, la enfermedad ha provocado daños importantes en los vasos linfáticos, que se encuentran obstruidos y dilatados. Esta condición no solo ha aumentado considerablemente el tamaño de su pierna, sino que también le genera dolores en la espalda y la columna por el peso que debe soportar.La situación también ha afectado su vida cotidiana. Keiner tiene dificultades para utilizar zapatos y pantalones, y sus desplazamientos son limitados. Actualmente estudia de manera virtual y su familia debe buscar alternativas para que pueda continuar con su formación académica.Ante las dificultades para acceder a un tratamiento en Colombia, la familia ha decidido buscar una alternativa en Ciudad de México, donde han establecido contacto con el médico Luis Montoya. Según relató Lady Patricia, ya han tenido consultas virtuales con el especialista, quien les habría planteado un tratamiento intensivo con una duración aproximada de tres a cuatro meses.La propuesta contempla jornadas de terapias de entre seis y ocho horas diarias, además de exámenes, insumos y otros procedimientos necesarios para atender la condición del joven. De acuerdo con lo que les ha explicado el médico, el tratamiento podría reducir entre un 90 % y un 95 % la inflamación de la pierna.La madre también manifestó su preocupación por las dificultades que han enfrentado con la EPS Sanitas para acceder a los servicios médicos. Asegura que no han recibido de manera oportuna el medicamento dietilcarbamazina, formulado para tratar la enfermedad, y que las terapias de drenaje linfático que han solicitado tampoco han tenido continuidad en Barrancabermeja."Como madre uno siempre quiere lo mejor para sus hijos. Verlo así y no tener una solución genera estrés, impotencia y muchas cosas. Hemos buscado por diferentes medios, pero no ha sido posible conseguir el tratamiento que necesita", expresó.Ante este panorama, la familia realizará una jornada solidaria el próximo 27 de noviembre, de 9:00 de la mañana a 5:00 de la tarde, en el parque Camilo Torres de Barrancabermeja.La meta es reunir cerca de 90 millones de pesos para cubrir el tratamiento en México, los tiquetes, la estadía, los viáticos, los exámenes médicos y los insumos necesarios durante los meses que Keiner permanecería en ese país.Su madre hizo un llamado a la comunidad, empresarios y personas que puedan sumarse a esta iniciativa, pues asegura que con sus propios recursos no han logrado reunir el dinero necesario para darle esta oportunidad a su hijo.Keiner espera graduarse este año de bachillerato. Mientras tanto, su familia mantiene la esperanza de encontrar una solución que le permita mejorar su condición de salud y recuperar parte de la movilidad y autonomía que ha perdido.
El temor de perderlo todo crece entre los habitantes del barrio Villas de San Ignacio, en el norte de Bucaramanga. Una falla geológica que viene afectando el sector desde hace varios años continúa avanzando y ya tiene comprometidas cerca de 50 viviendas, algunas de ellas con enormes grietas en salas, cocinas y diferentes espacios de sus estructuras.La preocupación aumentó desde abril, cuando los residentes comenzaron a notar que las fisuras eran cada vez más profundas. Aunque las autoridades iniciaron un seguimiento a la situación, los daños continúan progresando y, según los habitantes, se agravaron después del reciente sismo.Ruth López, presidenta de la Junta de Acción Comunal de Villas de San Ignacio, etapa 7, aseguró que el deterioro de las viviendas es cada vez más evidente y que las familias viven con la incertidumbre de no saber cuánto tiempo más podrán permanecer en sus casas.En apenas un mes, 12 familias tuvieron que abandonar sus viviendas ante el riesgo que representan los daños estructurales. Entre ellas está la de Diana Castro, quien asegura que su casa prácticamente está inhabitable, pero no cuenta con los recursos económicos para conseguir otro lugar donde vivir.El drama es aún mayor porque varias de estas familias llegaron al sector después de resultar damnificadas por la ola invernal de 2005. Después de perder sus anteriores hogares, reconstruyeron sus vidas en Villas de San Ignacio y ahora enfrentan nuevamente la posibilidad de quedarse sin vivienda.Ante la gravedad de la emergencia, la Alcaldía de Bucaramanga declaró la calamidad pública para activar mecanismos de atención y gestionar ayudas para los afectados. El alcalde Cristian Portilla anunció que la medida permitirá entregar subsidios de arrendamiento a las familias que hayan sido priorizadas y que se encuentran en el área de influencia del movimiento del terreno.Sin embargo, para los habitantes la preocupación va más allá de conseguir un lugar temporal donde quedarse. Temen perder el patrimonio que construyeron durante años y aseguran que muchos no tienen capacidad económica para asumir el pago de un arriendo mientras se define una solución definitiva.La emergencia también tiene consecuencias sobre la movilidad. La misma falla geológica está afectando la vía nacional hacia la Costa Caribe, en el sector de Paso Malo, donde el deterioro de la carretera y las condiciones del terreno generan riesgos para los conductores y han provocado accidentes de tránsito.Mientras avanzan las gestiones de las autoridades, las familias de Villas de San Ignacio esperan que las ayudas anunciadas se materialicen y que se encuentre una solución de fondo para estabilizar el terreno. Por ahora, conviven con las grietas en sus viviendas y con el temor de que sus casas terminen colapsando.
La Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó por 12 años para ejercer cargos públicos a Julio César González García, exdirector del Banco Inmobiliario de Floridablanca (BIF), tras comprobar que acosó de manera reiterada a una funcionaria de esa entidad.De acuerdo con el fallo disciplinario de primera instancia, los hechos ocurrieron cuando González García se desempeñaba inicialmente como secretario general y administrativo y, posteriormente, como director general del Banco Inmobiliario.La investigación estableció que el exfuncionario habría utilizado su posición de autoridad y superioridad jerárquica para acosar a una colaboradora mediante expresiones e insinuaciones de contenido sexual no consentidas.Además, el Ministerio Público corroboró que utilizó palabras deshonrosas y vulgares para referirse a la trabajadora, conductas que fueron consideradas una vulneración de los deberes de respeto y rectitud que deben orientar el ejercicio de la función pública.Decisión de la ProcuraduríaLa Procuraduría calificó la falta como gravísima, cometida a título de dolo, al considerar que se vulneró el principio de moralidad administrativa.La decisión corresponde a un fallo de primera instancia y establece la destitución y una inhabilidad general por 12 años para ejercer funciones públicas.
Tropas del Ejército Nacional y unidades de la Policía realizaron operativos de vigilancia y control en diferentes sectores de Barrancabermeja, Santander, con el propósito de prevenir hechos delictivos y reforzar la seguridad en el distrito.Las actividades fueron desarrolladas por soldados del Batallón de Artillería de Campaña N.° 6, adscrito a la Quinta Brigada de la Segunda División, en coordinación con uniformados del Departamento de Policía Magdalena Medio.Durante la jornada, las autoridades recorrieron varios barrios de la comuna siete y otros sectores de la ciudad. También realizaron presencia institucional en los alrededores del estadio municipal, donde se encontraban ciudadanos participando en actividades deportivas y recreativas.Según el Ejército, estos patrullajes hacen parte del Plan de Campaña Ayacucho Plus y buscan fortalecer el control territorial, prevenir situaciones que afecten la convivencia y contrarrestar posibles amenazas contra la seguridad de los habitantes de Barrancabermeja.Las autoridades indicaron que este tipo de intervenciones se mantendrán mediante el trabajo coordinado entre las diferentes instituciones de la Fuerza Pública.
Los ataques sicariales siguen encendiendo las alarmas en Bucaramanga y el área metropolitana. Recientemente se registraron dos ataques sicariales en la capital santandereana y Girón, que dejaron dos personas muertas y otra herida. A estos hechos se suma la muerte de un joven de 25 años que permaneció dos meses bajo atención médica tras resultar baleado en otro ataque, que se presentó en el sur de la ciudad.Uno de los casos más recientes ocurrió en el sector de La Puerta del Sol, en Bucaramanga, donde un hombre fue asesinado a tiros dentro de un restaurante. Según las primeras versiones, un sicario ingresó al establecimiento, disparó contra la víctima y escapó en una motocicleta que lo esperaba en las afueras del lugar.La víctima fue identificada como Luis Alberto Castellanos Garzón, de 41 años, quien tenía antecedentes judiciales y fue capturado hace algunos años por el delito de falsedad marcaría. Otro ataque armado se registró en el barrio El Carmen de Girón. Allí, un hombre murió y otro resultó herido. La persona que perdió la vida es Javier Danilo Rodríguez, de 26 años, conocido con el alias de 'Ratón'. El herido es un joven de 19 años. Las personas atacadas tienen antecedentes judiciales, señaló una fuente de la Policía Nacional. La Policía adelanta las investigaciones para establecer las circunstancias del hecho e identificar a los responsables. "Seguimos trabajando para capturar a los responsables de los homicidios. Un equipo especial adelantan las investigaciones. Los casos podrían estar relacionados con disputas entre bandas", señalaron las autoridades. A este panorama de violencia se suma la muerte de Brayan Cerveleón, de 25 años, quien falleció en una clínica de Bucaramanga, dos meses después de resultar herido en un ataque sicarial. El joven fue baleado cuando llegaba a una empresa avícola ubicada en el sur de la ciudad.También, las autoridades reportaron un ataque sicarial en Puerto Wilches, donde un hombre murió. Las autoridades avanzan en las investigaciones de estos hechos para establecer los móviles de los ataques, identificar a los responsables y determinar si existe alguna relación entre los casos.La reiteración de ataques con armas de fuego y el uso de motocicletas para facilitar la huida de los agresores vuelve a poner sobre la mesa la preocupación por la violencia urbana y la seguridad en Bucaramanga y los municipios del área metropolitana.
Ocho personas fueron capturadas por su presunta participación en actividades de minería ilegal en la escarpa occidental de Bucaramanga, durante el megaoperativo liderado por el presidente Abelardo de la Espriella. En el procedimiento, las autoridades también incautaron 600 gramos de mercurio, una sustancia altamente contaminante que representaba un riesgo para las fuentes hídricas de la ciudad.El alcalde de Bucaramanga, Cristian Portilla, destacó los resultados del operativo y advirtió sobre el impacto ambiental que podría generar el uso de este elemento en las actividades de extracción ilegal."Capturamos a ocho delincuentes por minería ilícita en la escarpa occidental, con la incautación de 600 gramos de mercurio. Esta cantidad pudo contaminar cerca de 600.000 litros de agua de nuestra ciudad", señaló el mandatario.Por su parte, Carlos Eduardo Castañeda Crespo, director seccional de la Fiscalía en Santander, explicó que el mercurio incautado tendría como destino los frentes de explotación ilegal de minerales en esta zona de Bucaramanga. Además, indicó que "su valor en el mercado oscilaría entre los 150 y los 200 millones de pesos".Este resultado se conoce pocos días después de que la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB) alertara sobre el avance de la minería ilegal en diferentes sectores del área metropolitana. En un reporte entregado a Blu Radio, la autoridad ambiental informó que, durante los recientes operativos de seguimiento y control realizados en coordinación con la Policía y el Ejército, se habían registrado otras 20 capturas.Lina Barón, integrante del Grupo Élite Ambiental de la CDMB, explicó que varias de las zonas intervenidas hacen parte de Distritos Regionales de Manejo Integrado (DRMI), áreas protegidas por su importancia ecológica.La funcionaria también advirtió que las actividades de extracción se estarían desarrollando en terrenos de propiedad de la Alcaldía de Bucaramanga, la CDMB y particulares, donde se han realizado intervenciones sin criterios técnicos para obtener material.Entre las fuentes hídricas que presentan afectaciones por estas actividades en la escarpa occidental se encuentran las quebradas La Chocoa, Dos Aguas, La Picha y Chapinero.Las autoridades mantienen los operativos de control para combatir la explotación ilícita de minerales y evitar que estas actividades continúen generando daños ambientales en el área metropolitana de Bucaramanga.
Una incidencia de alcance global en la plataforma Microsoft 365 afecta desde la 1:00 de la tarde de este jueves 12 de noviembre el funcionamiento de varios servicios digitales de la Gobernación de Santander. La contingencia impacta canales institucionales utilizados por ciudadanos y funcionarios para realizar trámites, enviar documentos y recibir notificaciones oficiales.Entre los servicios afectados se encuentran el correo electrónico institucional, la Ventanilla Única Virtual, el sistema de radicación de correspondencia, las notificaciones y comunicaciones electrónicas, además de Microsoft Teams y otras herramientas asociadas a Microsoft 365.La Administración Departamental explicó que el restablecimiento de estos canales depende de las acciones técnicas que adelante Microsoft para superar la falla, que no está relacionada con una situación interna de la Gobernación de Santander. Mientras se normalizan los servicios, la entidad aseguró que mantendrá la atención presencial para garantizar que los ciudadanos puedan continuar presentando sus solicitudes y requerimientos administrativos y judiciales.La Gobernación anunció que informará oportunamente cuando las plataformas digitales vuelvan a operar con normalidad y pidió comprensión a los usuarios por esta contingencia.
Una nueva intervención forense adelanta la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) en el cementerio La Resurrección de Barrancabermeja, como parte de las acciones para encontrar e identificar a personas desaparecidas en el contexto del conflicto armado.Esta es la undécima fase de intervención en este camposanto, donde, de acuerdo con el balance entregado por la Alcaldía Distrital, se han identificado aproximadamente 260 sitios de interés forense y se ha logrado la recuperación de 115 cuerpos durante las diferentes jornadas de búsqueda realizadas en los últimos años.El gerente regional de la UBPD, César Gómez, explicó que los cuerpos recuperados durante estas labores son trasladados al Centro Integral de Abordaje Forense, donde un equipo interdisciplinario de médicos, antropólogos y odontólogos adelanta los procedimientos necesarios para establecer su identidad.Posteriormente, los análisis son remitidos al Instituto Nacional de Medicina Legal para realizar los respectivos cotejos, incluidos los estudios genéticos que permitan avanzar en la identificación de las personas desaparecidas.Las labores de esta nueva fase Se extenderán hasta el próximo 14 de noviembre. Por esta razón, el cementerio La Resurrección tendrá restricciones para el ingreso de visitantes y las visitas de familiares a las tumbas estarán suspendidas temporalmente. Sin embargo, las inhumaciones continuarán realizándose en los horarios establecidos con las funerarias.La Alcaldía informó que, si se cumple el cronograma previsto, el servicio del camposanto retornará a la normalidad el 15 de noviembre.Estas intervenciones buscan avanzar en la respuesta a las familias de las 1.224 personas dadas por desaparecidas que registra Barrancabermeja, en medio de los esfuerzos por esclarecer lo ocurrido durante el conflicto armado y contribuir a la reparación de las víctimas.
El Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá ordenó suspender los términos judiciales durante este viernes 13 de noviembre, debido a las dificultades tecnológicas que afectan el funcionamiento de los despachos judiciales.La interrupción comenzó a las 11:48 de la mañana del jueves 12 de noviembre y ha generado problemas de acceso a las herramientas institucionales de la Rama Judicial. La afectación ha comprometido servicios como Outlook, Teams, OneDrive, SharePoint, Word, Excel y PowerPoint, entre otros.El problema es que estas plataformas son utilizadas por los funcionarios judiciales para comunicarse, consultar documentos, compartir expedientes y adelantar diferentes actuaciones de los procesos. Por esta razón, la interrupción tecnológica ha afectado directamente la prestación del servicio de justicia y la gestión de los despachos.¿Qué significa esta suspensión para los ciudadanos? Que durante esta jornada se detienen los plazos legales que tienen las partes de un proceso para responder demandas, presentar recursos, entregar documentos o cumplir determinadas actuaciones ante los juzgados. Es decir, esos términos no seguirán corriendo durante el día de la suspensión y los ciudadanos no perderán ese tiempo por cuenta de las fallas tecnológicas.Sin embargo, la medida contempla varias excepciones para garantizar la atención de situaciones urgentes. Seguirán funcionando los juzgados de control de garantías de adultos y adolescentes para atender audiencias inmediatas y actos urgentes. También continuarán las solicitudes de libertad en los juzgados de ejecución de penas, las tutelas con medidas provisionales o relacionadas exclusivamente con asuntos de salud o que pongan en peligro la vida del accionante, y las acciones de habeas corpus.Por parte del Consejo Superior de la Judicatura, explicaron que cada despacho judicial tendrá autonomía para determinar cómo proceder frente a las dificultades tecnológicas, de acuerdo con sus condiciones de funcionamiento. Además, señalaron que se encuentran verificando el alcance de la afectación y el comportamiento de las plataformas.Hay que advertir que, aunque se adelantan estas verificaciones, las fallas y las intermitencias todavía se siguen presentando. Según lo señalado en el acuerdo del Consejo Seccional, Microsoft reportó que podría haber inestabilidad en sus servicios durante una ventana de hasta 48 horas, por lo que todavía no hay una normalización completa de las herramientas tecnológicas.Finalmente, la suspensión autorizada corresponde únicamente al viernes 13 de noviembre y cobija a los despachos judiciales ubicados en el Distrito Judicial de Bogotá. Esto no significa que los procesos queden cancelados o archivados, sino que se detienen temporalmente los términos para proteger a los ciudadanos y garantizar el debido proceso mientras se supera la contingencia tecnológica.
Mientras el Gobierno busca reducir el consumo de azúcar entre los colombianos, la discusión de la Ley de Rescate Económico abre un nuevo debate: la posibilidad de gravar los productos que contienen edulcorantes. La medida genera preocupación en la International Sweeteners Association (ISA), que advierte sobre una posible contradicción en las políticas de salud pública, pues estos ingredientes pueden ser una herramienta para disminuir la cantidad de azúcar que consumen las personas.Los edulcorantes están presentes en más productos de los que muchas personas imaginan. Se encuentran en bebidas, chicles, pastillas para el aliento, lácteos, postres, productos de repostería e incluso en algunos medicamentos y artículos de higiene bucal. Sin embargo, a pesar de su presencia en la vida cotidiana, todavía existe desinformación sobre qué son, cómo funcionan y qué diferencias tienen frente al azúcar.¿Qué son los edulcorantes?De acuerdo con Laura Miranda, directora para Latinoamérica de la International Sweeteners Association, los edulcorantes son sustancias intensamente dulces que permiten darles sabor dulce a los alimentos y bebidas, pero con pocas calorías o incluso sin aportar calorías. A diferencia del azúcar, que es un carbohidrato que sí proporciona energía, estos ingredientes permiten conservar el sabor dulce sin necesidad de agregar la misma cantidad de azúcar.Durante un conversatorio realizado en Bogotá, en el marco de la conmemoración del Día Mundial de la Diabetes, Miranda explicó que estos ingredientes pueden cumplir un papel importante en la alimentación, especialmente para quienes necesitan controlar su consumo de azúcar. Entre sus beneficios mencionó que no producen caries, pueden ayudar a reducir la ingesta de energía y son una alternativa para las personas que viven con diabetes, porque no elevan la glucosa en la sangre como lo hace el azúcar. Eso sí, su incorporación debe hacerse dentro de un plan de alimentación equilibrado y, en el caso de quienes tienen diabetes, con la orientación de un profesional de la salud.En Colombia, cerca de tres millones de personas viven con diabetes, por lo que la discusión sobre las alternativas para reducir el consumo de azúcar también tiene implicaciones para este grupo de la población. Según Miranda, los edulcorantes permiten disfrutar de alimentos con sabor dulce sin consumir la misma cantidad de azúcar, lo que puede facilitar el cuidado de los niveles de glucosa. Además, son utilizados por la industria de alimentos y bebidas para reformular sus productos, es decir, disminuir o reemplazar parte del azúcar que contienen.Precisamente, este es uno de los puntos que genera preocupación frente a la Ley de Rescate Económico, identificada durante el conversatorio como el Proyecto de Ley 477 de 2026, que plantea incluir dentro de los productos gravados aquellos que contienen edulcorantes. Para la International Sweeteners Association, cobrar impuestos a estos ingredientes podría desincentivar a las empresas a desarrollar productos con menos azúcar y limitar las alternativas disponibles para los consumidores.Miranda considera que la propuesta puede resultar contradictoria con los objetivos de salud pública que buscan reducir el consumo de azúcar. Mientras se promueven medidas para disminuir su ingesta, también se contempla imponer un impuesto a ingredientes que pueden contribuir a ese mismo propósito. La directora para Latinoamérica de la ISA advirtió que esta decisión podría afectar especialmente a las personas que buscan opciones reducidas en azúcar y a las poblaciones más vulnerables, para quienes el precio de los productos también influye en sus decisiones de compra.Por eso, la asociación hizo un llamado a que las decisiones tributarias tengan en cuenta la evidencia científica disponible sobre la seguridad y los beneficios de los edulcorantes, así como su aporte a la reducción del consumo de azúcar. El debate no se limita entonces a cuánto impuesto deberían pagar determinados alimentos y bebidas, sino también a qué consecuencias podría tener esta medida sobre las alternativas que tienen los colombianos para cuidar su alimentación.
A 41 años de la tragedia de Armero, las consecuencias de la avalancha provocada por la erupción del volcán Nevado del Ruiz siguen presentes en la vida de las personas sobrevivientes y sus familias.Es por esto por lo que la Defensoría del Pueblo alertó sobre las vulneraciones de derechos humanos que todavía enfrentan las comunidades afectadas.El desastre, ocurrido el 13 de noviembre de 1985, dejó entre 21.000 y 28.000 personas fallecidas, entre 3.000 y 4.000 desaparecidas y entre 4.000 y 12.000 sobrevivientes. La destrucción del casco urbano obligó a trasladar la cabecera municipal a Armero-Guayabal y provocó el desplazamiento de numerosas familias hacia municipios como Lérida, Ibagué y ciudades como Bogotá y Medellín.De acuerdo con la entidad, quienes tuvieron que abandonar sus hogares perdieron sus bienes y medios de subsistencia. Además, los procesos de desplazamiento y reubicación estuvieron marcados por la fragmentación familiar y comunitaria, el desarraigo y las dificultades para reconstruir sus proyectos de vida.La Defensoría señaló que estas condiciones no han sido superadas y que todavía existen obstáculos para acceder a vivienda digna, servicios básicos, seguridad jurídica sobre la propiedad y oportunidades económicas.En 2025, la entidad presentó en Honda, Tolima, la investigación Armero: ¿40 años de vulneración de derechos? Memoria y lecciones para la gestión del riesgo de desastres en Colombia, en la que formuló 23 recomendaciones para garantizar los derechos de las personas sobrevivientes y sus descendientes.Sin embargo, un año después, el seguimiento hecho por la entidad evidencia avances limitados. De las recomendaciones formuladas, solo una se cumplió totalmente, 15 presentan avances parciales y siete continúan incumplidas.Entre los compromisos pendientes se encuentran el reconocimiento oficial de la población sobreviviente, su priorización en programas de vivienda y acceso a tierras, la atención psicosocial integral y la creación de un mecanismo nacional para buscar a personas desaparecidas durante desastres.La única recomendación cumplida en su totalidad corresponde a la producción de un documental institucional sobre la memoria de Armero.Por su parte, los avances parciales están relacionados con la caracterización de los sobrevivientes, la declaratoria de bienes de interés cultural, la creación del Centro de Memoria Histórica, la reglamentación y financiación de las leyes relacionadas con Armero y los procesos de saneamiento predial.Ante este panorama, la entidad recomendó al Estado reconocer oficialmente los daños prolongados de la tragedia e implementar medidas de reparación integral con enfoque diferencial y generacional.Entre las principales medidas solicitadas están realizar un censo nacional que permita identificar a los sobrevivientes y sus descendientes, incluso a quienes viven fuera del país; priorizar a esta población en programas de vivienda y acceso a tierras, y garantizar atención en salud mental y acompañamiento psicosocial.También pidió avanzar en la búsqueda e identificación de los niños y niñas desaparecidos durante la tragedia, culminar el saneamiento de los predios del antiguo municipio de Armero y fortalecer los espacios de memoria histórica.La entidad planteó, además, impulsar proyectos de recuperación económica y cultural, como el turismo de memoria y los emprendimientos comunitarios sostenibles.
Un informe presentado por el Miranda Center for Democracy cuestionó la posición que asumió el Gobierno de Gustavo Petro frente al fraude cometido por el régimen del depuesto dictador Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales de Venezuela del 28 de julio de 2024. Según el estudio, las decisiones diplomáticas de Colombia contribuyeron a disminuir la presión internacional sobre Nicolás Maduro y a mantener su legitimidad en el escenario internacional.El documento destaca varios hechos posteriores a la elección, como el que el ahora expresidente Petro tardó cerca de 55 horas en pronunciarse sobre los resultados, pese a que la oposición había publicado actas que daban como ganador al opositor Edmundo González con cerca del 67 % de los votos.Otro de los episodios más cuestionados fue la votación en la OEA del 31 de julio de 2024. Colombia se abstuvo de apoyar una resolución que exigía publicar las actas electorales. La iniciativa obtuvo 17 votos, uno menos de los necesarios para ser aprobada.Asimismo, sostiene que mientras Petro tardó varios días en manifestarse sobre los resultados de las elecciones, sí lo hizo con pocos minutos u horas de diferencia frente a victorias como las de Claudia Sheinbaum en México y Donald Trump en Estados Unidos. Y, además, que sus pronunciamientos sobre un llamado al diálogo y negociación política le habrían ayudado a darle oxígeno internacional a la dictadura.El Miranda Center identifica tres factores que habrían condicionado la postura del Gobierno colombiano: la afinidad ideológica con el chavismo, los intereses energéticos relacionados con una eventual cooperación entre Ecopetrol y PDVSA, y la política de Paz Total, debido al papel de Venezuela como garante de los diálogos con el ELN.Sobre este último punto, considerado por ellos como el factor central, el informe cita cifras de inteligencia militar según las cuales 1.276 integrantes del ELN estaban en territorio venezolano en 2024. Por eso, una confrontación directa con Maduro podía poner en riesgo uno de los principales proyectos del Gobierno Petro.El estudio también cuestiona que Petro no se refiriera directamente a la crisis poselectoral durante su discurso ante Naciones Unidas y señala que, aunque no asistió a la posesión de Maduro en enero de 2025, Colombia mantuvo las relaciones diplomáticas con Caracas.La conclusión del centro de análisis es que las decisiones del Gobierno Petro redujeron el costo internacional para Maduro tras las elecciones. No obstante, el documento aclara que analiza los efectos de esas decisiones y no demuestra la existencia de un plan deliberado para legitimar al depuesto mandatario venezolano.
Un caso de hurto y posterior extorsión en Medellín quedó registrado en un video que circula en redes sociales y que es materia de investigación por parte de las autoridades. Según la denuncia, un hombre que presuntamente robó una motocicleta contactó días después al propietario para exigirle una suma de dinero a cambio de devolvérsela, argumentando durante el encuentro que otro delincuente no le habría cobrado un monto tan bajo.De acuerdo con los hechos, tras cometer el hurto en un sector de la ciudad aún por establecer, el señalado responsable obtuvo los datos de contacto del dueño del vehículo y lo citó en un punto acordado para realizar la entrega mediante un pago. Ante la exigencia, la víctima acudió al lugar acompañada de otra persona que portaba una cámara oculta con el propósito de documentar la negociación. En la grabación, se escucha al hombre afirmar que ningún otro ladrón le habría devuelto la motocicleta por el dinero solicitado, asegurando que, en su lugar, la habrían llevado a un “desguazadero” para comercializarla por partes y obtener una mayor ganancia. Durante la conversación, el sujeto también hizo mención a su lugar de procedencia al intentar justificar su actuación."¿Sabes por qué yo robo manito? Porque los Manrique somos así", afirmó el presunto delincuente.Pronunciamiento desde el Concejo de MedellínTras hacerse viral, el concejal de Medellín Andrés Tobón se pronunció sobre el caso rechazando que el individuo intentara justificar el delito vinculándolo con un sector específico de la ciudad, señalando que en la comuna de Manrique habitan personas trabajadoras y honradas. El corporado calificó la actitud del señalado como un acto de descaro y cuestionó sus argumentos frente a la víctima."¿Cómo así que los de Manrique somos así? No, usted es así. La gente de Manrique es gente buena, gente que se levanta a trabajar, que se esfuerza mucho para tener una vida para ellos, para su familia, que estudia, que trabaja, que intenta salir adelante. No, no, no. Usted no puede justificar que sea una rata por haber nacido en Manrique", manisfestó Tobón. Finalmente, el concejal Andrés Tobón le pide a la comunidad que, en caso de reconocer al hombre que aparece en la grabación, suministren información que permita establecer su identidad y ubicación, con el fin de que las autoridades avancen en su captura y respectivo proceso de judicialización.
