Quedó en firme por parte de la Fiscalía General la imputación de cargos por contrato sin cumplimiento de requisitos legales a Mauricio Alonso Zuleta Estrada, ex subsecretario técnico de la Secretaría de Movilidad de Medellín.
La diligencia contra Zuleta había sido postergada en tres ocasiones anteriores por lo que incluso el abogado defensor del Distrito de Medellín, Juan Fernando Gómez Zapata, quien participa en calidad de víctima en el proceso, había solicitado la compulsa de copias disciplinarias contra la defensa del exfuncionario.
"Que se compulsen copias disciplinarias en el presente asunto, ya que este no ha sido el único aplazamiento solicitado por el abogado defensor. Ya han sido múltiples oportunidades manifestando compromisos previos, pudiendo sustituir el poder a otro abogado para que comparezcan en defensa de los intereses del aquí implicado, el que falta por formular imputación al señor Mauricio", dijo el abogado.
Mauricio Alonso Zuleta Estrada, quien actualmente se desempeña como contratista del Invías, es investigado por un contrato interadministrativo suscrito en junio de 2023 entre la Secretaría de Movilidad de Medellín y Metroplus S.A. para la intervención del transporte público en varias cuencas de la ciudad.
Sin embargo, este proceso, según la Fiscalía, se firmó solo algunas horas antes de la entrada en vigencia de la Ley de Garantías, que prohíbe este tipo de convenios cuatro meses antes de elecciones territoriales, y se tramitó sin estudios previos completos, sin análisis riguroso del sector ni justificación presupuestal.
Por el mismo caso ya fueron imputados el exsecretario de Movilidad Juan Carlos Torres Ojeda y los contratistas Rubén Darío López Giraldo y Santiago Fernando Ortega Mateos.
A través de sus redes sociales el alcalde Federico Gutiérrez celebró la decisión de la justicia indicando que “crearon una estructura criminal para robarse a Medellín. Que Colombia entera lo sepa. Se robaron a Medellín. Bandidos corruptos”, expresó en su mensaje el mandatario.
Con el reciente caso ya son 44 las personas, incluyendo a Daniel Quintero, que hicieron parte de su administración, que están imputados por diferentes hechos de presunta corrupción.