En su último balance como superintendente nacional de Salud, Daniel Quintero presentó los principales hallazgos encontrados durante las intervenciones a varias EPS, asegurando que las presuntas irregularidades detectadas ya fueron puestas en conocimiento de las autoridades competentes para que adelanten las investigaciones correspondientes.Uno de los casos expuestos fue el de SOS EPS. Según Quintero, la Superintendencia encontró un correo electrónico enviado por Mario Andrés Urán al entonces interventor de la entidad, en el que se solicitaba realizar una contratación por 180 mil millones de pesos con la empresa Papeles Aurora. El funcionario indicó que este hallazgo fue remitido a la Fiscalía General de la Nación y agregó que la Superintendencia identificó un patrón similar con otras empresas, entre ellas Efeso y GRI Services.Sobre esa misma EPS, el superintendente informó que antes de la intervención se identificó un crédito por 50.000 millones de pesos que, según explicó, fue garantizado con recursos de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), destinados a la atención de los pacientes. También señaló que el fideicomiso que respaldó esa operación quedó comprometido hasta el año 2041, aunque el crédito vencía en 2026. De acuerdo con Quintero, este hallazgo también fue trasladado a las autoridades y dio origen al inicio de un proceso de pérdida de habilitación.En relación con Famisanar EPS, el funcionario aseguró que las auditorías realizadas por la Superintendencia evidenciaron diferencias entre la información financiera reportada por la entidad y los resultados obtenidos por el organismo de control. Explicó que para 2021 la EPS reportó un patrimonio positivo de 141.000 millones de pesos y utilidades por 3.322 millones, mientras que la auditoría encontró un patrimonio negativo de 617.000 millones de pesos y pérdidas por 755 millones.Quintero agregó que las investigaciones también identificaron inconsistencias por más de 91.000 millones de pesos entre 2019 y 2021, presuntos desvíos de recursos en servicios domiciliarios por más de 569.000 millones de pesos y sobrecostos de hasta 170 % en algunos servicios de hospitalización en casa contratados con una IPS de Colsubsidio. Según indicó, estos hallazgos hicieron parte de los argumentos que sustentaron la intervención de la EPS.Durante su intervención, el superintendente también envió un mensaje al próximo Gobierno. Recomendó mantener una vigilancia permanente sobre las EPS y los prestadores de servicios, especialmente en los contratos por capitación, al señalar que ese modelo requiere un seguimiento constante para garantizar la atención a los usuarios y la entrega de medicamentos.Asimismo, al referirse al nombramiento de la ministra de Salud designada, Ana María Vesga, manifestó que espera que la prioridad de la nueva administración sea la atención de los pacientes y la garantía del derecho a la salud.Finalmente, Daniel Quintero reiteró que todos los hallazgos conocidos durante su administración fueron trasladados a la Fiscalía General de la Nación y a las demás autoridades competentes para que continúen las investigaciones y determinen las responsabilidades a que haya lugar.
La Superintendencia Nacional de Salud dio a conocer los principales resultados de una auditoría practicada a la Gobernación de Antioquia, en la que fueron identificados 23 hallazgos que derivaron en seis presuntas faltas disciplinarias, cuatro hallazgos con alcance fiscal y tres con posible connotación penal.Durante una rueda de prensa, el superintendente nacional de Salud, Daniel Quintero, explicó que únicamente fueron expuestos los hallazgos de carácter penal, debido a que serán trasladados a la Fiscalía General de la Nación, entidad que determinará si existen responsabilidades por los hechos encontrados.Uno de los principales hallazgos corresponde a la presunta destinación irregular de 4.700 millones de pesos provenientes del Sistema General de Participaciones. De acuerdo con la auditoría, estos recursos estaban destinados a municipios de categorías 5 y 6 para el desarrollo de acciones de salud pública; sin embargo, habrían sido transferidos a cuentas de Empresas Sociales del Estado sin que existieran los contratos ni el procedimiento establecido para ello.La Superintendencia también reportó un caso relacionado con la atención de población indígena. Según el organismo de control, una menor de 15 años, catalogada como paciente de alto riesgo, no habría recibido el seguimiento médico requerido. La auditoría señala además que el fallecimiento de la adolescente fue detectado 138 días después, situación que motivó uno de los hallazgos con posible alcance penal.Adicionalmente, el informe evidenció deficiencias en las labores de inspección, vigilancia y control sobre los prestadores de servicios de salud en el departamento. Entre los hallazgos se encontró que algunas instituciones operaron durante varios años sin recibir visitas de habilitación y que parte del personal encargado de realizar estas inspecciones no contaba con la certificación exigida para ejercer dichas funciones.Los hallazgos con posible connotación penal serán remitidos a la Fiscalía General de la Nación para que adelante las investigaciones correspondientes y establezca si existieron conductas que puedan constituir delitos, mientras que las presuntas faltas disciplinarias y fiscales seguirán el trámite ante las autoridades competentes.
Las disputas por decisiones directivas sobre el futuro de Comfenalco Antioquia parecen estar lejos de terminar tras nuevos recursos legales que inclusive implican a la Alcaldía de Medellín.Un juez de la capital antioqueña suspendió de manera cautelar la Asamblea Extraordinaria de Afiliados de la caja de compensación convocada para el próximo 5 de agosto, en la que estaba prevista la elección de una nueva Junta Directiva, al considerar que aún existen cuestionamientos legales sobre el proceso.La medida fue adoptada dentro de una acción de tutela presentada por la administración distrital, que argumentó que la resolución expedida por la Superintendencia del Subsidio Familiar para levantar la intervención administrativa a Comfenalco por parte del Gobierno nacional todavía no se encuentra en firme.Según los accionantes, dicho acto administrativo fue objeto de un recurso de reposición y aún debe surtir el correspondiente trámite ante la jurisdicción contencioso-administrativa, por lo que la convocatoria a la asamblea carecería de sustento definitivo.La controversia se suma a las tensiones que desde hace varios días rodean el manejo de la caja de compensación. La convocatoria para elegir una nueva Junta Directiva también despertó inquietud entre distintos sectores que advirtieron sobre una eventual influencia política en la conformación de ese máximo órgano de dirección.Esto, por cuenta de versiones que hablan de una posible participación de personas cercanas al exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, escenario que ha sido rechazado públicamente por organizaciones como el Comité Intergremial de Antioquia a través de su presidente ejecutivo, Nicolás Posada."Son 10 miembros del consejo directivo, cinco de los cuales son representantes de los sindicatos elegidos directamente por el presidente Petro y 5 representantes de los empresarios. No podemos permitir que Comfenalco, forcada con el esfuerzo de los trabajadores y empresarios antioqueños, termine al servicio de los intereses políticos de Petro y de Quintero", expuso.Tras conocerse el reciente fallo de tutela, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, celebró la suspensión de la asamblea y aseguró, a través de su cuenta de X, que "la Justicia pone freno a Petro en su intención de tomarse a Comfenalco. A dos días de dejar su nefasto Gobierno. Esta quería ser su última jugadita contra Antioquia".Sobre la legalidad de las recientes actuaciones también en las últimas horas se había pronunciado la Procuraduría General con observaciones sobre el proceso de convocatoria a la Asamblea. El ente de control destacó, entre otros asuntos, que no se habría respetado los 10 días hábiles exigidos por los estatutos de Comfenalco, sino únicamente nueve, y por eso exigió revisar todos los procedimientos al respecto.
La Superintendencia Nacional de Salud reveló los resultados de una auditoría al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG), en la que identificó 34 hallazgos administrativos, tres fiscales, tres disciplinarios y dos penales, que serán trasladados a la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República. Durante la presentación del informe, el superintendente Daniel Quintero aseguró que “el FOMAG le falló al país y a los profesores” y afirmó que “hay indicios de corrupción en el FOMAG”, por lo que los hallazgos serán puestos en conocimiento de las autoridades competentes.El funcionario recordó que la Superintendencia ya había impuesto 13 medidas cautelares al FOMAG y señaló que las distintas administraciones del fondo solo han cumplido cuatro. Además, cuestionó el funcionamiento del modelo al asegurar que “tenía que ser más estricto que nunca y eso no pasó”.Entre los principales hallazgos, la auditoría evidenció graves deficiencias en el manejo de la información financiera y administrativa. La Supersalud encontró inconsistencias por $210.000 millones en los reportes de pagos y deudas con la red prestadora, además del uso de hojas de Excel para administrar un presupuesto superior a $4 billones. Sobre este punto, Quintero afirmó que “el FOMAG es un desastre en el manejo de la información” y agregó que “no saben qué deben, no saben a quién se le pagó, no saben cuánto falta por pagar y no saben si lo que pagaron hace sentido”.La auditoría también encontró que el deterioro patrimonial del fondo pasó de $250 millones en 2024 a $1,19 billones, mientras que las cuentas por pagar ascienden a $2,3 billones. Asimismo, identificó $19.890 millones en anticipos sin soportes que acreditaran la prestación de servicios y un presunto pago de $475 millones en viajes para 146 personas que, según el cruce de información realizado por la Superintendencia, no corresponden a docentes, familiares, cuidadores ni funcionarios del FOMAG.En materia de medicamentos, la Supersalud reportó 59.843 facturas con valores superiores al precio máximo regulado. Como ejemplo, expuso un medicamento cuyo precio regulado era de $1,23 millones, pero fue facturado por $16 millones. Frente a estos hallazgos, Quintero afirmó: “Esto es realmente dramático porque es la plata de los colombianos, es la plata de los maestros”, y añadió que “se están robando la plata de los medicamentos. Esto es literalmente un robo”. Además, la auditoría evidenció que solo el 8,9 % de las entregas de medicamentos se realizaron dentro del plazo de 48 horas, mientras que el 91,1 % incumplió ese tiempo.El informe también muestra un aumento de las reclamaciones de los docentes por la atención en salud. Las peticiones, quejas y reclamos pasaron de 31.000 en 2024 a 44.000 en 2025 y, entre enero y abril de 2026, ya sumaban 17.000. Según la Superintendencia, el 96 % de estas quejas corresponde a barreras de acceso, principalmente por negación de servicios, demoras en autorizaciones y retrasos en la entrega de medicamentos. Las tutelas también aumentaron, al pasar de cerca de 5.000 a casi 7.000, y solo en el primer trimestre de 2026 ya se habían presentado alrededor de 3.000.Finalmente, Quintero cuestionó el diseño del modelo de salud del magisterio al afirmar que “se montó el modelo sobre un modelo ya fracasado, en lugar de iniciar algo nuevo”. También aseguró que algunos de los responsables de administrar el fondo “no tuvieron el valor para hacer los cambios que había que hacer” y sostuvo que “al interior del FOMAG hay unas fuerzas que no quieren el cambio”. Además, calificó como un “error estructural” la composición de la junta directiva del fondo, al considerar que la ausencia del Ministerio de Salud en ese órgano de dirección evidencia fallas en la gobernanza del sistema.
Sigue la polémica alrededor de las auditorías ordenadas en las últimas semanas por parte de la Superintendencia de Salud a entidades que hacen parte de la Gobernación de Antioquia y a la misma Alcaldía de Medellín.Y es que luego que hace pocos días el Juzgado 21 Laboral del Circuito de Medellín concediera una medida cautelar dentro de una tutela presentada por el Distrito para proteger su derecho al debido proceso mientras se estudiaba el caso de fondo, en las últimas horas el despacho se pronunció ordenando la reactivación de la actuación de esa entidad del Gobierno nacional.Así lo indicó el superintendente de Salud, Daniel Quintero, quien indicó que a las instalaciones de la administración distrital retornarán funcionarios para revisar la gestión de los recursos y la prestación de los servicios de salud en la ciudad."Nuestro equipo de auditores va camino a la alcaldía de Medellín para reanudar el proceso de auditoría que el alcalde Federico Gutiérrez trató de parar de todas las maneras. Esta Superintendencia no se va a detener ante ninguna estrategia dilatoria y va a seguir cumpliendo su misión de batalla contra la corrupción", dijo.El juzgado inicialmente indicó que había encontrado elementos suficientes para considerar que existían "cuestionamientos serios y plausibles" sobre la imparcialidad del proceso, sin embargo, ahora de fondo determinó la acción como legal y legítima en el marco de las funciones de inspección y vigilancia de la Superintendencia.Desde el distrito se ha cuestionado asuntos como la presencia de varios funcionarios, entre ellos Juan David Duque, que habían tenido vínculos con la administración de Quintero en la capital antioqueña, lo que podía afectar la imparcialidad de la acción.De igual manera, la administración alegó que que los tiempos otorgados para responder 56 requerimientos eran insuficientes y limitaban el ejercicio del derecho de defensa.
La diligencia judicial en la que habrá formulación de imputación y solicitud de medida de aseguramiento, por los casos de corrupción en el Área Metropolitana, contra Miguel Quintero Calle, hermano del ex alcalde de Medellín y hoy Superintendente de Salud, Daniel Quintero Calle, ya no será el lunes 3 de agosto, sino que fue reprogramada para el martes 25 de agosto.En la audiencia, cuya citación, fue trasladada tres semanas después de la fecha inicialmente programada, también se busca formular imputación de cargos contra Sebastián de Dios Ortega Urán, Vanesa Álvarez Restrepo y Álvaro Alonso Villada García, quienes comparecerán, según el proceso judicial, por presuntamente haber cometido los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación.Al igual que Miguel Quintero Calle, en la misma audiencia esta agendado el espacio para el alegato de la solicitud de medida de aseguramiento para estas tres personas que serán presentados ante el juez.El caso sigue siendo polémico, más cuando el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, denunció que testigos de casos de presunta corrupción en la administración de Daniel Quintero están siendo amenazados.“Están amenazando a testigos clave de la fiscalía, que son testigos de los procesos por corrupción de los hermanitos “Q” y solicito a la Policía y la Fiscalía que los proteja y que sigan avanzando los diferentes procesos”, advirtió el alcalde Gutiérrez en sus redes.Cabe recordar que el Juzgado 28 Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de la ciudad avalará un preacuerdo con la Fiscalía para condenar a 19 meses de prisión a Juan Alberto Cardona Henao, quien se desempeñaba como contador y tesorero del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del municipio de Itagüí.La aceptación de cargos está relacionada con la elaboración y utilización de 15 documentos falsificados, entre ellos cuentas de cobro y otros soportes que sirvieron para justificar el desembolso de recursos públicos por bienes y servicios que, según la investigación, nunca fueron suministrados en medio de los contratos firmados por esa entidad y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá.Las pesquisas han permitido identificar distintos niveles de intervención de funcionarios y particulares que, presuntamente, hicieron parte del esquema investigado, entre ellos el de Miguel Quintero Calle.
El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, propone a la justicia crear un macro caso para investigar la sofisticada red de corrupción que presuntamente ocurrió en la ciudad durante la Alcaldía de Daniel Quintero Calle, que él tituló “GDO hermanitos Q”, para direccionar contratos por más de $1 billón.“En los próximos días tendré una reunión de alto nivel de nuevo en los Estados Unidos con el FBI para entregar información adicional de la GDO, Grupo Delincuencial Organizado de los Hermanitos Q, complementaria a la que ya entregamos e información que venimos recibiendo. Recuerden, dineros de la corrupción de Medellín que habrían salido de Colombia hacia Panamá, y de Panamá directo hacia Miami”, señaló el alcalde Gutiérrez.Le puede interesar: Alcalde de Medellín denunció amenazas a testigos en casos de presunta corrupción de Quintero CalleEl alcalde Gutiérrez hizo un repaso de los desfalcos, en lo que habla de 666 hallazgos, y en el que resaltó el caso de Afinia, la filial de EPM para suministro de energía en la Costa Caribe.Insistió que esta compañía la vendieron en US8 millones, y a donde llegó Javier Lastra con gerente general con la intermediación de Emilio Tapia, quien habría dado la instrucción al gerente de EPM de entonces, Jorge Carrillo para realizar ese nombramiento.Asimismo, el alcalde mencionó los 55 imputados que han dejado las investigaciones en este entramado de corrupción de los cuales ocho trabajan en el actual gobierno con Daniel Quintero, en la Superintendencia de Salud.El burgomaestre de la capital de Antioquia indicó, además que, con apoyo de autoridades de los Estados Unidos, se pueda encontrar los recursos que se habrían apropiado y que a través de testaferros terminaron en Miami.“Fue una sofisticada red de corrupción que salpicó absolutamente todas las dependencias. No solo rasparon la olla, se la robaron y para que entender la gravedad de lo que fue esto, si juntamos las condenas que tendrían los miembros de esta GDO, dan más de 750 años de cárcel. Y ojo con esto, hoy podemos estimar una contratación direccionada de forma irregular por más de $1 billón”, señaló el alcalde de Medellín.Finalmente, Federico Gutiérrez reiteró que testigos clave en los casos de corrupción del Área Metropolitana están siendo amenazados, por lo que está pidiendo a la Policía Nacional protección para protegerlos, ya que sus testimonios están destapando todo el entramado de corrupción.Según el alcalde Federico Gutiérrez, los procesos adelantados por la Fiscalía y demás autoridades, han recaudado más de 13.000 elementos probatorios, actualmente se tiene 157 testigos y 97 peritos, además de resultados judiciales que incluyen 55 personas imputadas, tres capturas, una condena, siete destituciones e inhabilidades, 25 medidas de extinción de dominio, cuatro principios de oportunidad y dos preacuerdos.
No para la polémica en Medellín, luego de que el Juzgado 28 Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de la ciudad avalara un preacuerdo con la Fiscalía para condenar a 19 meses de prisión a Juan Alberto Cardona Henao, quien se desempeñaba como contador y tesorero del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del municipio de Itagüí.Convirtiéndose así en la primera condena relacionada con la era del exalcalde y ahora superintendente de Salud, Daniel Quintero Calle, se marcó un precedente jurídico que al parecer estaría generando inseguridad para testigos clave.Así lo denunció el alcalde Federico Gutiérrez, quien en sus redes sociales salió en un video con una imagen de fondo que compara Ali Babá y los 40 ladrones con una imagen del exmandatario, su hermano Miguel Quintero y la cifra 55, que son los imputados a la fecha por diversos procesos.“Ni Alí Baba se ha atrevido a tanto. Alí Baba tenía 40 ladrones. Estos hermanitos “Q”, ya van más de 55 imputados. Están amenazando además testigos clave de la fiscalía, que son testigos de los procesos por corrupción de los hermanitos “Q” y solicito a la policía y la fiscalía que los proteja y que sigan avanzando los diferentes procesos”, señaló el alcalde de Medellín.Le puede interesar: "Se seguirán aportando pruebas": Federico Gutiérrez tras primera condena de la era Daniel QuinteroLa aceptación de cargos está relacionada con la elaboración y utilización de 15 documentos falsificados, entre ellos cuentas de cobro y otros soportes que sirvieron para justificar el desembolso de recursos públicos por bienes y servicios que, según la investigación, nunca fueron suministrados en medio de lo contratos firmados por esa entidad y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá.Para la Fiscalía, estos documentos hacían parte de un esquema diseñado para otorgar apariencia de legalidad a pagos realizados con recursos públicos.“Extendió 15 documentos privados falsificados que le sirvieron de prueba al cuerpo de bomberos para acreditar ante el área metropolitana del Valle de Aburrá la prestación de servicios de transporte en los contratos y así obtener las respectivas autorizaciones”, explicó la fiscal del caso durante la audiencia.La decisión judicial es un avance clave en medio del proceso judicial que busca establecer las responsabilidades de quienes habrían participado en la presunta red de corrupción asociada a la contratación de esa entidad con al menos 6 contratos por 18.000 millones de pesos entre 2020 y 2023.Las pesquisas han permitido identificar distintos niveles de intervención de funcionarios y particulares que, presuntamente, hicieron parte del esquema investigado, entre ellos, el de Miguel Quintero, hermano del exalcalde, quien será imputado el próximo 3 de agosto.
Las reacciones no se hicieron esperar desde los sectores políticos de Medellín a la primera condena proferida por instancia judicial contra Juan Alberto Cardona, contador y tesorero del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí, como parte del proceso por el escándalo de corrupción del Área Metropolitana en la administración de Daniel Quintero Calle.Los sectores políticos aseguran que esta persona condenada, al haber aceptado que elaboró y utilizó 15 documentos falsos para soportar pagos con recursos públicos: cuentas de cobro destinadas a respaldar servicios que, presuntamente, nunca se prestaron, demuestra que se creó una organización para desfalcar a la ciudad. El primero en reaccionar fue el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez."Hay que decir que se suma a otro preacuerdo que ya están haciendo y a 4 principios de oportunidad más, que hablan sobre el jefe de la banda, que roba Medellín, de su hermano que tendrá audiencia los próximos días, Miguel Quintero, y que pedirán medida de aseguramiento", indicó.Desde el Concejo de Medellín también hubo reacciones, y los cabildantes aseguraron que aquí ya no se puede hablar de supuesta corrupción, porque ya está comprobado el robo a la ciudad, como lo señaló el concejal Andrés Tobón, quien advirtió que ya no es puro cuento."Esto pasó durante la administración de Juan David Palacio, el director del área metropolitana de Daniel Quintero Calle. Con esto ya llegamos a la 1º condena, de muchas, porque la gente que está siendo perseguida por la fiscalía por ese entramado de corrupción ya empezó a hablar", aseguró.Gutiérrez resaltó que esta primera condena a esta persona es solo uno de los 650 hallazgos que le han entregado a las autoridades.Además, resaltó que el próximo lunes, en horas de la mañana, mostrará en qué van los procesos más importantes y las nuevas pruebas de corrupción del clan Quintero, y de cómo se robaron a Medellín.
El Juzgado 28 Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Medellín aprobó el preacuerdo suscrito entre la Fiscalía General de la Nación y Juan Alberto Cardona Henao, quien se desempeñaba como contador y tesorero del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del municipio de Itagüí.En virtud del acuerdo judicial, Cardona Henao fue condenado a 19 meses de prisión tras admitir su responsabilidad por un concurso de falsedades en documento privado.La aceptación de cargos está relacionada con la elaboración y utilización de 15 documentos falsificados, entre ellos cuentas de cobro y otros soportes que sirvieron para justificar el desembolso de recursos públicos por bienes y servicios que, según la investigación, nunca fueron suministrados en medio de lo contratos firmados por esa entidad y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá.Le puede interesar: Bomberos de El Cerrito, Valle, completan dos días consecutivos atendiendo incendio forestalPara la Fiscalía, estos documentos hacían parte de un esquema diseñado para otorgar apariencia de legalidad a pagos realizados públicos. El ente investigador sostuvo que la documentación adulterada fue una pieza clave dentro del mecanismo utilizado para facilitar el presunto desvío de dineros públicos.La decisión judicial es un avance clave en medio del proceso judicial que busca establecer las responsabilidades de quienes habrían participado en la presunta red de corrupción asociada a la contratación de esa entidad con al menos 6 contratos por 18 mil millones de pesos entre 2020 y 2023.“Esto apenas comienza. Ya hay más imputados colaborando con la Justicia y vienen nuevas condenas. Que nunca se nos olvide: aquí crearon una organización criminal para saquear a Medellín. Y todos tendrán que responder”, afirmó en su cuenta de X el alcalde Federico Gutiérrez.Las pesquisas han permitido identificar distintos niveles de intervención de funcionarios y particulares que, presuntamente, hicieron parte del esquema investigado, entre ellos el de Miguel Quintero, hermano del exalcalde, quien será imputado el próximo 3 de agosto.
Hoy termina el traslado de los cabecillas que se encontraban recluidos en la cárcel de máxima seguridad de Itagüí. En total son 106 los criminales y fueron reubicados en centros penitenciarios de alta seguridad ubicados en Bogotá, Medellín, Girón, Valledupar, La Dorada, Palmira, Ibagué y El Barne.Así lo informó la Presidencia de la República, a través de un comunicado: “La medida busca fortalecer el control penitenciario, elevar las condiciones de seguridad y contener cualquier capacidad de las estructuras criminales para mantener, coordinar o fortalecer sus actividades desde los establecimientos carcelarios”.Esta es una de las primeras decisiones adoptadas por el recién posesionado presidente de la República, Abelardo De La Espriella, para recuperar el control permanente de las cárceles, garantizar el estricto cumplimiento de la ley y asegurar la ejecución efectiva de las órdenes judiciales.Esta medida fue respaldada por el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez.“El presidente Abelardo De La Espriella ya se puso del lado de la fuerza pública y de la ciudadanía, y no de los criminales, como hizo el expresidente Petro. Y muchos de ellos tienen que contar qué fue lo que hicieron con ese gobierno durante todos estos años, y más cuáles fueron los beneficios que le dieron”, dijo el alcalde Gutiérrez.Además de los 106 criminales de alta peligrosidad, que hacían parte de estructuras criminales como la “Oficina de Envigado”, “La Terraza” y “El Mesa” y que fueron trasladados desde la cárcel de máxima seguridad de Itagüí, otros 11 delincuentes que están en otros centros penitenciarios del país serán reubicados.
La Federación Nacional de Comerciantes y Empresarios, FENALCO Santander, calificó como una oportunidad el inicio del nuevo Gobierno Nacional y manifestó su disposición para trabajar de manera conjunta con la administración de Abelardo De la Espriella.Para el gremio, uno de los principales retos será recuperar la confianza empresarial y generar condiciones que permitan reactivar la economía, especialmente en momentos en que comerciantes y empresarios enfrentan desafíos relacionados con el crecimiento económico, la seguridad, el empleo y la inversión.Uno de los llamados más concretos está relacionado con Santander. FENALCO advirtió que el departamento ha sido históricamente relegado en materia de infraestructura y sostuvo que se requieren inversiones estratégicas para mejorar la conectividad, fortalecer la competitividad y acelerar el desarrollo regional.El gremio considera que la infraestructura debe convertirse en uno de los asuntos prioritarios de la agenda nacional para Santander, debido al impacto que tiene sobre el comercio, el transporte de mercancías, la generación de empleo y la llegada de nuevas inversiones.A esto se suma la necesidad de crear mejores condiciones para que las empresas puedan crecer. FENALCO pidió al nuevo Gobierno garantizar estabilidad jurídica, reglas claras y reducción de trámites, factores que, según la agremiación, permitirían a comerciantes y empresarios tomar decisiones de inversión, contratación y expansión con mayor confianza.La seguridad también aparece entre las preocupaciones del sector productivo. Para FENALCO Santander, garantizar condiciones de seguridad es indispensable para recuperar la confianza y permitir que las actividades comerciales y empresariales puedan desarrollarse con normalidad.El gremio manifestó que está dispuesto a mantener un diálogo permanente con el Gobierno Nacional y aseguró que pondrá a disposición de la administración su experiencia para aportar en la construcción de políticas públicas dirigidas a empresarios, comerciantes, tenderos y ciudadanos.De esta manera, el sector empresarial santandereano plantea desde el inicio del nuevo Gobierno una agenda en la que infraestructura, seguridad, inversión, empleo y estabilidad jurídica aparecen como sus principales prioridades para impulsar la economía regional.
Este incendio forestal inició alrededor de las 4:30 de la tarde en la vía hacia el cerro de Cristo Rey, cuando todos los ojos del país estaban enfocados en Cali por la posesión presidencial. De inmediato, los organismos de socorro se trasladaron a la zona para atender la emergencia.El fuego se extendió rápidamente debido a las condiciones climáticas, caracterizadas por un intenso calor y fuertes vientos en la zona. La mayor preocupación era la cercanía de las llamas a viviendas y negocios ubicados en el sector. Las labores de los bomberos permitieron controlar la emergencia casi seis horas después."Logramos el control de este incendio, evitando que llegara a la comunidad, a las viviendas y al Monumento de Cristo Rey, y que afectara más vegetación y fauna del sector. Queda totalmente controlado. Hay algunos puntos en los cuales vamos a continuar haciendo vigilancia, porque hay mucho viento, la topografía y el combustible es muy liviano, entonces hay un riesgo de reinición", señaló el cabo Néstor Giraldo, de los Bomberos de Cali.El alcalde Alejandro Eder confirmó que este incendio fue provocado, por lo que ofreció una recompensa de 50 millones de pesos para identificar y capturar a los responsables de esta emergencia.
Un nuevo atentado terrorista se registró esta madrugada sobre la vía Panamericana, en el municipio de Santander de Quilichao, al norte del departamento del Cauca. Un artefacto explosivo fue activado contra el peaje de Mandivá, en el sector de Cachimbal, el tramo de la carretera que conecta a a Cali con Popayán.Según el reporte de las autoridades, el ataque fue perpetrado con una camioneta blanca acondicionada con explosivos, la cual fue abandonada por su conductor quien escapó del sitio junto a otro sujeto, que lo esperaba metros adelante en una motocicleta.Dos personas resultaron levemente lesionadas, se trataría de personal de seguridad, encargados de vigilar la obra de ese peaje, pues es una estructura que estaba en construcción y que ahora ha quedado gravemente afectada tras este atentado.Las autoridades se encuentran realizando la verificación de la zona, por lo que el paso de la vía Panamericana está restringido a un solo carril, para descartar alguna otra amenaza.
Al mismo tiempo que se llevaba a cabo en Cali la ceremonia de posesión de Abelardo De La Espriella como presidente de Colombia, a 410 kilómetros, en la cárcel de máxima seguridad de Itagüí, eran trasladados varios cabecillas que participaron en el “Tarimazo”, evento realizado por el Gobierno del hoy expresidente Gustavo Petro a mediados de 2025 en Medellín.Entre los criminales trasladados están alias 'Douglas', alias 'Carlos Pesebre', alias 'Orejas', alias 'El Indio' y el exparamilitar Hernán Giraldo, quienes fueron trasladados desde la cárcel de Itagüí hacia otros centros penitenciarios del país.El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se pronunció sobre el traslado de estos reclusos.“Hoy empezaron a ser trasladados cabecillas de las estructuras criminales que estaban recluidos en la cárcel de Itagüí. Se les acabó la fiesta a los criminales y yo solo espero que cada vez haya más contundencia contra el crimen y eso es lo que va a pasar”, señaló el alcalde Gutiérrez.Por su parte, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón Cardona, señaló, a través de un trino en su cuenta de X, que fue informado sobre el traslado de 103 peligrosos criminales recluidos en la cárcel de máxima seguridad de Itagüí a centros penitenciarios de alta seguridad en Bogotá, Palmira, Girón, Valledupar, La Dorada, El Barne y otros lugares del país.