Las decisiones judiciales y de entidades de control siguen marcando el paso de Jorge Andrés Carillo durante sus primeros meses al frente de Interconexión Eléctrica S.A. Esta vez por hechos relacionados durante su gestión como gerente de EPM en la administración del entonces alcalde Daniel Quintero en Medellín.En las últimas horas ante la Superintendencia Financiera, Interconexión Eléctrica S.A. informó que la Contraloría General revocó la sanción que había impuesto sobre Carrillo el pasado 31 de diciembre por un supuesto incumplimiento en el reporte de información ante la plataforma CHIP.La presunta irregularidad en la que ya fue absuelto Carrillo consistió en incumplir su obligación de reportar información presupuestaria de Providence and Kettlina Utilities Company S.A.S. E.S.P., la empresa prestadora de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo en las islas de Providencia y Santa Catalina. Esa compañía estuvo bajo su administración como Agente Especial en ese año y el reporte omitido era del cuarto trimestre. Sin embargo, indicó ISA, que se determinó que “Carrillo no era la persona responsable de hacer dicho reporte” y que no hicieron parte del proceso sancionatorio ya revocado sobre el que no procede otro recurso legal.Desde el Concejo cuestionan falta de informaciónDesde el Concejo de Medellín han criticado la falta de información de este proceso, pues en su momento según el concejal Alejandro de Bedout, no se conoció directamente desde la compañía sino porque un socio minoritario que solicitó la información."Pues claro que su negligencia en la administración de recursos públicos ya queda más que evidenciado, pero yo me pregunto, ¿por qué Isa no verificó el estado del proceso cuando el presidente lo declaró cuando asumió el cargo en el mes de agosto del año pasado?, ¿Por qué tuvo que ser un accionista minoritario quien solicitara la información a la Contraloría para que esa nos informara?”, aseguró.
Por considerar que las afirmaciones son injuriosas, el gerente del Metro de Medellín, Tomás Elejalde, denunció ante la Fiscalía General de la Nación al exalcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, luego de su publicación en la red social X que podría impactar en las finanzas de la empresa paisa.Y es que el exmandatario de la ciudad dijo en su cuenta oficial: “Fico llevó al Metro de Medellín, emisor de bonos, a un “default” de la obligación financiera con la que la Nación financió la construcción del Metro hace 25 años. Nunca el Metro había incumplido un compromiso de este tipo”.Ante ello, la empresa Metro de Medellín aclaró que suscribió en 2004 un acuerdo de pago con el departamento de Antioquia, el distrito de Medellín y la nación para saldar la deuda contraída por la construcción de las líneas A y B de la red Metro, pero que este se ha venido cumpliendo con dos fuentes de pago, que son el 54 % de lo recaudado por la sobretasa a la gasolina de todos los municipios del Valle de Aburrá y el 40 % del recaudo del impuesto al consumo de tabaco y cigarrillo en el departamento de Antioquia.Según el texto de la denuncia radicado ante la Fiscalía, la afirmación de Quintero busca “generar alarma pública, afectar la estabilidad económica y la confianza en la empresa Metro de Medellín, causando un perjuicio grave en su economía y un impacto en su calificación crediticia que puede poner en riesgo los proyectos que busca emprender para garantizar la sostenibilidad financiera de la empresa, entre ellos la emisión de bonos que se espera adelantar este año”."El resultado, un Metro en crisis, escándalos de corrupción, Metrocables cayéndose, vagones dañados y una empresa en crisis que hoy anda buscando cómo emitir bonos para poder endeudarse. Cuando el Gobierno nacional tarde se dio cuenta de que había que sacar al gerente, pues Fico salió corriendo a quitarle el control al Gobierno Nacional de la Junta Directiva para elegir al gerente. Bruto", Quintero arremetió contra el gerente Tomás Elejalde.A la fecha, según la compañía, se ha pagado el 118 % de lo comprometido inicialmente, lo que ha permitido reducir en aproximadamente 30 años el plazo estimado para la cancelación total de la deuda. Por lo anterior, aclararon que no se encuentran en situación de default, como dijo el exmandatario.Justamente uno de los puntos de la denuncia argumenta que, tras haber sido alcalde de la ciudad y por ende presidente de la junta del Metro en algunas ocasiones, "sus afirmaciones son en estricto sentido temerarias, pues en dichos espacios se presentaba y socializaba la información financiera de la Empresa".Finalmente, la empresa informó que avanza en los trámites para realizar una emisión de bonos que permitirá apalancar proyectos estratégicos para la ciudad-región, proceso que es respaldado por su calificación de riesgo AAA otorgada por la firma Fitch Ratings, lo que evidencia su solidez financiera y capacidad para asumir con responsabilidad sus obligaciones presentes y futuras.
A los recientes procesos judiciales que han avanzado, incluso, a etapa de acusación por parte de la Fiscalía contra funcionarios que hicieron parte de la administración de Daniel Quintero, se sumaron otras tres personas a propósito de hallazgos denunciados por el alcalde Federico Gutiérrez tras el empalme e inicio de su gobierno.Se trata de Andree Uribe, Natalia Andrea Jiménez Pérez y Karen Bibiana Delgado, quienes ocupaban los cargos de secretarias de Salud, General y de Suministros y Servicios respectivamente, sobre quienes la Procuraduría General emitió pliego de cargos por un contrato de transacción entre el Distrito y la Fundación Colombiana de Cancerología "Clínica Vida" en mayo de 2022.Con dicho contrato por valor de 12.000 millones de pesos, la Alcaldía entregaba al particular adecuaciones que ya había realizado en 2020 durante la pandemia en la Clínica de la 80 y que habrían costado 23.700 millones de pesos, dejando de lado en la transacción casi la mitad de los recursos públicos invertidos.En su momento, el alcalde Federico Gutiérrez explicó que, de entrada, la alcaldía ni siquiera estaba habilitada para suscribir ningún contrato con alguna la EPS liquidada Saludcoop por los antecedentes fiscales que ya tenía en la Contraloría General. Esta estaba reclamando al Distrito el espacio que ya había servido en comodato."En ese punto, en vez de cobrarle las adecuaciones a SaludCoop, quien era dueño del espacio físico, la Alcaldía de Medellín de manera irresponsable firmó un contrato con un privado para venderle las mejoras que habían valido 24.000 millones de pesos y las vendió en 12.000 millones de pesos", aseguró el mandatario.Las tres exsecretarias, unas de las más cercanas a Daniel Quintero, fueron las que suscribieron este contrato en una notaría incurriendo presuntamente en falsedad ideológica en documento público, pues dieron fe de haber contado con la aprobación del Comité de Conciliación de la Alcaldía para adelantar el trámite, cuando en realidad no se había dado luz verde al respecto en una sesión adelantada un día antes.Esta decisión de la Procuraduría se conoce pocos días después de que la Fiscalía formulara el escrito de acusación contra varios exfuncionarios, entre ellos directivos de Metroparques y el Área Metropolitana, por presuntas irregularidades en contratos para el mantenimiento del Parque de las Aguas.
Luego de que ninguna de las nueve personas se allanara a los cargos que les fueron imputados, la Fiscalía General de la Nación presentó escrito de acusación con el que pretende que, en aproximadamente 70 días, un juez de conocimiento cite a las partes e intervinientes a audiencia concentrada para determinar la presunta responsabilidad de estas personas en varias irregularidades en los contratos para el mantenimiento del Parque de las Aguas.Según ha podido detallar la Unidad de Delitos contra la Administración Pública de Medellín, las irregularidades se habrían dado entre mayo de 2020 y octubre de 2022, cuando el Área Metropolitana del Valle de Aburrá habría suscrito tres contratos para entregar a Metroparques la suma total de 17.450 millones de pesos para el mantenimiento del Parque de las Aguas.Una vez con los contratos, Metroparques, al parecer, le entregó a una empresa privada, más de 2.415 millones de pesos para la ejecución. Luego, habría entregado más de 1.130 millones de pesos a una segunda empresa particular y otros 848 millones de pesos a una tercera sociedad privada.En la investigación de la Fiscalía General de la Nación se permitió conocer que, de la totalidad de los recursos que se le giraron a estas tres empresas subcontratadas, se habrían apropiado ilegalmente de 2.800 millones de pesos. Además, al parecer, hubo sobrecostos en la facturación y mal manejo de los inventarios.Entre los involucrados están los exgerentes de Metroparques, Jorge Liévano y María Domínguez y la exjefe de compras de Metroparques, Viviana del Valle. Además, deberán responder por la acusación Álvaro Villada, exsubdirector financiero del Área Metropolitana del Valle de Aburrá; y Laura Mejía, líder del programa unidad logística del AMVA. En igual sentido, se presentó el escrito de acusación contra los particulares Juan Pino, Fabio Mestre, Yamileth Galíndez y Lilibeth Pino, representantes legales de las empresas contratistas.Finalmente, estas nueve personas deberán responder en juicio por los delitos de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación en favor de terceros y falsedad ideológica en documento privado.
Entidades judiciales siguen avanzando en las investigaciones de presuntos casos de corrupción durante la administración de Daniel Quintero en la ciudad de Medellín, pues Blu Radio conoció que en recientemente fueron imputadas dos exfuncionarias.Se trata de Laura Mejía Higuita, exlíder del Programa de Unidad Logística del Área Metropolitana del Valle de Aburrá y de Viviana del Valle Velásquez, quien se desempeñaba entre 2021 y 2022 como jefe de la Unidad de Compras de Metroparques.Valle Velásquez deberá responder por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación en favor de terceros, mientras que Mejía Higuita solo fue imputada por este último cargo.Los hechos juzgados corresponden a la suscripción de 12 contratos interadministrativos por 1.465 millones de pesos que habrían favorecido a las empresas JPino SAS, Estructuras Zafiro y Soluciones SAS, en procesos relacionados con la adquisición de insumos y el mantenimiento para el Parque de las Aguas en el municipio de Barbosa.Por esto también fue imputada Lilibeth Lorena Pino Jaramillo, integrante de Soluciones SAS y quien no solo habría retirado los dineros depositados por Metroparques por bienes que nunca se suministraron, sino que además es señalada de haber creado la sociedad con la finalidad exclusiva de contratar con esta entidad descentralizada del distrito de Medellín.En la diligencia a cargo de la Fiscalía 170 Seccional de Administración Pública de Medellín, se dejó en evidencia que “en los 12 trámites contractuales cuestionados se pretendió para dar la apariencia de competencia y pluralidad de ofertas cuando en la realidad se invitó en algunos trámites a empresas y/o personas naturales no idóneas para suministrar los bienes y servicios requeridos o sin ningún interés real de presentar oferta. En otros se omitieron invitaciones al número de oferentes requeridos y en otras las invitaciones se rotaban a las empresas del mismo grupo familiar”.Vale la pena mencionar que la investigación de todos estos hechos la está llevando a cabo la investigación la hace también la Unidad Anticorrupción de la Dijín de la Policía. ¿Cartel de contratación?Este tipo de conductas precisamente llevó a que en su momento la veeduría ciudadana Todos X Medellín, quien denunció estos hechos, se refiriera al caso que involucra a otros procesos y entidades como un ‘cartel de la contratación’. Así lo explicó en su momento la vocera de la veeduría, Piedad Restrepo."Encontramos una alianza, un acuerdo tácito entre servidores públicos de estas entidades y empresas contratistas para rotarse la contratación, para eliminar la competencia, fingir que compiten cuando en realidad no lo hacen", indicó Restrepo.Con esta nueva imputación ya son nueve personas las vinculadas formalmente al proceso, de las cuales cinco son exservidores públicos y cuatro particulares. Además, se conoce a un año exactamente de que la Fiscalía imputara a Jorge Enrique Liévano Ospina, exgerente de Metroparques, y Mauricio Jaramillo Botero, representante legal de Cyan Eventos, por hechos similares en relación con contratos que desde esa entidad descentralizada del Distrito se habrían usando recursos del Presupuesto Participativo.
Las advertencias de varios sectores políticos y sociales en Medellín frente a la relación del Gobierno de Gustavo Petro con Daniel Quintero parece cobrar cada vez mayor veracidad y relevancia con cargos de exfuncionarios que hicieron parte de la administración anterior de Medellín y que se sigue conociendo de su paso por entidades nacionales.Este es el caso de Melissa Franco, quien se desempeñó como directora técnica de la Secretaría de Participación Ciudadana y que actualmente tiene un contrato hasta finales de 2024 con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar como referente regional en Antioquia para la operación de políticas, planes, programas y estrategias de esta entidad que trabaja con la niñez.Sobre la llegada de Franco a este cargo hay inquietudes frente a cuestionamientos que tuvo durante el desempeño de sus funciones en la administración distrital de la capital antioqueña y que estaría relacionada con presuntos casos de corrupción en la contratación para la ejecución de programas y proyectos de recursos del Presupuesto Participativo con Plaza Mayor.Y es que la actual funcionaria del ICBF figura como la supervisora de apoyo técnico en varios contratos de logística que precisamente Plaza Mayor suscribió con algunas corporaciones sociales de diferentes territorios de la ciudad. Sin embargo, estos habrían sido direccionados como quedó en evidencia en una carta del 19 de octubre de 2022 dirigida a Plaza Mayor donde se sugería la contratación con 12 de ellas, de las cuales varias tenían al mismo representante legal.Estos contratos no solamente generaron ruido durante su adjudicación, sino también durante su ejecución, pues la Contraloría Distrital alertó por al menos 23 irregularidades en la ejecución de estos recursos entre 2022 y 2023 que suman más de 623 millones de pesos.Entre las posibles faltas en el desarrollo de estos contratos están algunas actividades que nunca se hicieron, se ejecutaron en otros lugares, con otras poblaciones diferentes a las establecidas o incluso con sobrecostos.
A más de once meses de haber dejado la administración de Medellín se siguen conociendo nuevos procesos investigativos que entes de control adelantan sobre lo que fue el gobierno de Daniel Quintero.El más reciente de ellos está a cargo de la Procuraduría General quien decidió abrir una investigación disciplinaria contra el exmandatario por presuntas irregularidades en la ejecución de recursos por 319 mil millones de pesos para el mantenimiento de colegios públicos en la ciudad y que fueron aprobados por el Concejo Distrital a finales de octubre de 2022 bajo el concepto de vigencias futuras.Dentro de las acciones que se iban a llevar a cabo y fueron socializadas en la misma corporación estaban mantenimientos generales para 398 colegios serían objeto de mantenimientos generales, mantenimientos integrales para otros 38 y casi que una reconstrucción de cinco.Sin embargo, con el paso del tiempo y con el cambio del manual de contratación en la Empresa de Desarrollo Urbano, la obras empezaron a llenarse de cuestionamientos desde diferentes sectores por aparentemente haberse entregado a dedo, lo que precisamente también atrasó procesos administrativos y contractuales.Para el final de gobierno de Daniel Quintero solo se había entregado una de las 180 sedes que se habían propuesto intervenir, pero además la actual administración de la EDU encontró que muchos contratos firmados por la entidad con la Secretaría de Educación ni siquiera habían sido estructurados.Ante este panorama, el ente de control quien también requirió en este proceso a la exsecretaria de Educación Alexandra Agudelo, ya inhabilitada por ocho años por irregularidades en contratación de Buen Comienzo, ya adelanta las correspondientes indagaciones argumentando que procesos para el mantenimiento de colegios pudieron a hacerse a través de licitación pública en lugar de invitaciones privadas.Dentro del manual de contratación cambiado en la EDU bajo esa modalidad de invitación privada ya se podían firmar contratos de hasta 10 mil millones de pesos, cuando antes solo se podía un máximo de 500 millones.
Esteban Restrepo quien fuera director de Asuntos Internacionales del Ministerio de Justicia, excandidato a la Gobernación de Antioquia y exsecretario de Gobierno de la Alcaldía de Medellín ahora llega para ser el secretario privado de Ecopetrol, un cargo de relevancia si se tiene en cuenta que trabajará de la mano del presidente Ricardo Roa.Restrepo cercano al exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, está esperando el protocolo oficial para ser anunciado en Ecopetrol y afrontar un difícil reto si se tiene en cuenta que en los últimos días las acciones de la compañía han caído en Wall Street y en la Bolsa de Valores de Colombia.Bajo este panorama asume su cargo Esteban Restrepo en Ecopetrol, quien recordemos se dio a conocer en el mundo político cuando fue nombrado por Daniel Quintero como su secretario de Gobierno en Medellín, cargo que ocupó por más de dos años antes de lanzar su candidatura a la gobernación de Antioquia.Durante su campaña para la Gobernación por el movimiento político Independientes, Restrepo estuvo activo en diferentes subregiones del departamento, sin embargo, aquello no le bastó para derrotar a Andrés Julián Rendón. Así pues y tras la derrota en las urnas, el exsecretario de Gobierno de Medellín fue nombrado como director de Asuntos Internacionales del Ministerio de Justicia, cargo del que se desconoce hasta cuándo ejerció.Por otra parte, la noticia del nombramiento causó polémica en Antioquia en donde se han visto personas en contra de la decisión como el diputado Juan Felipe Vélez quien manifestó en su cuenta de X, "si queda alguna duda de que a Petro no le importa Antioquia, Esteban Restrepo, excandidato a la gobernación de Antioquia y alfil del exalcalde Quintero Calle, nombrado secretario privado del Presidente de Ecopetrol. No le importa Antioquia porque si alguien tiene cuestionamientos es Restrepo; no le importa Antioquia porque, a pesar de las tantas investigaciones, están ubicando a cada una de las personas cercanas a Quintero en altos puestos del Gobierno nacional, como si aquí no hubieran acabado con todo".Sin embargo, hay quienes celebraron la llegada de Restrepo a Ecopetrol como el representante a la Cámara por Antioquia, Alejandro Toro, quien destacó en su cuenta de X, "una gran noticia, su liderazgo, disciplina, trabajo por el proyecto político y compromiso serán garantía de grandes resultados".Se espera que en los próximos días se haga su anuncio oficial y se determine la fecha en la que Restrepo llegue para ser la mano derecha de Ricardo Roa en Ecopetrol.
El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, señaló de oportunistas a quienes, en medio de las emergencias que atravesó el pasado lunes la ciudad por cuenta de las lluvias y el incidente con el metro, quisieron, según él, sacar “rédito político”.“Querer sacar rédito político del desastre que vive la gente es oportunista. Yo no estoy pendiente en estas emergencias de redes, estoy es trabajando. No estoy aquí por likes ni retuits, estoy para trabajar y liderar un equipo que ha respondido. Siempre pongo la cara y estoy trabajando”, dijo Federico Gutiérrez, haciendo alusión al exalcalde de la capital antioqueña Daniel Quintero, quien en su cuenta de ‘X’ ofreció “una recompensa de 1 millón de pesos al que encuentre a ‘Fico’ en estos momentos y lo mande a trabajar a Medellín”.¿Qué pasó con el Metro de Medellín? Alcalde explicaPor otra parte, refiriéndose a lo sucedido con el metro, que vio colapsado por varias horas su servicio por un incidente con un vagón vacío, Federico Gutiérrez señaló que el problema fue con una catenaria, es decir, “el cable que va encima del metro y transmite la energía”.“Se para el sistema y se evalúa la situación. Se suspendió el servicio, durante varias horas, luego del suceso, entre Caribe y Niquia, gran parte del norte de la ciudad, generando un colapso grande también en movilidad”, añadió el alcalde de Medellín, explicando, además, que le pidió al gerente del sistema, Tomás Elejalde, “que revise muy bien esa situación”.“Cuando eso ocurrió no había empezado a llover, pudo haber sido otro día, otro suceso que haya debilitado la línea. Ayer no fue, se presentó el incidente sin empezar a llover, pudo haber sido en otros aguaceros que hemos tenido”, reconoció Fico al ser cuestionado sobre el hecho de que la emergencia pudo haber sido generado por el impacto de una descarga eléctrica.¿Cómo se atienden las emergencias por lluvias en Medellín?Por otra parte, sobre lo sucedido puntualmente con las lluvias del lunes en Medellín, el alcalde Federico Gutiérrez señaló que, en medio de las precipitaciones con 47 descargas eléctricas en la capital antioqueña, “cuando el nivel del río Medellín se sube es más difícil para las quebradas seguir su afluente normal”, lo que desemboca, junto con las basuras en las quebradas, en las inundaciones.Sin embargo, de acuerdo con el alcalde, este martes en la ciudad hay “un parte de normalidad” tanto con el sistema metro como con el tema de las lluvias y los afectados, pues “los equipos de emergencia están al frente de esta situación”.
La Procuraduría Tercera Delegada para la Contratación Estatal archivó la investigación que adelantaba contra Alejandro Calderón Chatet, el gerente de EPM que duró sólo 8 días en el cargo, y el exalcalde Daniel Quintero Calle, tras ser acusado de nombrarlo sin cumplir con los requisitos para el cargo, incluso aduciendo que eran familiares.Calderón fue nombrado gerente de EPM el 5 de abril de 2021 y tan solo dos días después fue presentada ante la Procuraduría la queja, en medio de un ambiente de polarización en la ciudad que desencadenó en su renuncia, el 13 de abril de ese año.La polémica se inició porque supuestamente el nombrado gerente había mentido en su hoja de vida, frente a sus estudios, lo que desató cientos de críticas. El exmandatario de la capital antioqueña manifestó tras conocer esta decisión que se formó un caos innecesario."La falsa denuncia la realizó Sebastián López y Todos por Medellín (veeduría ciudadana), que sin ninguna prueba desataron no solo una crisis en EPM que llevó a la renuncia del gerente, sino que desgastó a la justicia. El objetivo de ellos era desgastarnos, obligarnos a pagar abogados, pero en especial, engañar a Medellín", dijo Quintero.De acuerdo con la Procuraduría, para la fecha de los hechos, Calderón Chatet contaba con un título profesional en el grado de economista, otorgado por la Universidad de Bourdeaux IV Francia, que fue convalidado y homologado por el Ministerio de Educación Nacional en diciembre del año 2013. Además, contaba con más de 10 años de experiencia profesional y laboral en los sectores público y privado desde la obtención de su título. El exalcalde Quintero manifestó que los denunciantes querían hacerle invertir dinero en abogados y que Calderón tuvo que irse de la ciudad, tras la controversia."Tuvo que irse de Medellín por la persecución a él y a su familia, y fue rechazado en muchos puestos de multinacionales por las investigaciones que tenía la Procuraduría. La Procuraduría al final no pudo encontrar nada diferente a la verdad, que no era mi primo, que sus títulos estaban certificados por el Ministerio de Educación. ¿Qué les costaba el buscar esa información?", agregó el exalcalde. El único detalle que pudo jugarle en contra al entonces gerente de EPM es que para la fecha de su posesión, según reza en el auto de la Procuraduría, no contaba con la convalidación de los títulos de maestría en administración y el magíster en economía y finanzas que cursó, pero en su momento acreditó el cumplimiento de este requisito presentando sus títulos y certificados obtenidos en el exterior, específicamente de las Universidades de Bordeaux IV en Francia y Harvard en Estados Unidos.