En medio de las audiencias por presunta corrupción en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y el Cuerpo de Bomberos de Itagüí se conocieron dos hechos que enlodan aún más a Sebastián Ortega y Miguel Quintero, quienes aparecen vinculados, según testimonios y documentos, a presuntas maniobras relacionadas con contratación y manejo de negocios públicos.En el caso de Ecopetrol, el nombre de Sebastián Ortega aparece en las denuncias presentadas por Luis Enrique Rojas, expresidente de Hocol. Según el testimonio citado durante una audiencia, Rojas recibió en julio de 2025 un mensaje enviado desde un número de España en el que se mencionan supuestas reuniones en Madrid e Italia entre Ricardo Roa, Julián Caicedo, Juan Guillermo Mancera, Santiago Vargas y Ortega.El apoderado del AMVA, Majer Abushihab, quien entregó esta información para evidenciar que los dos involucrados continuaban con su supuesta actividad delictiva, habló sobre una presunta negociación relacionada con la planta regasificadora de Chuchupa, así como supuestos pagos para influir en decisiones del CNE y la Procuraduría."Los señores Ricardo Roa, Julián Caicedo, Juan Guillermo Mancera, Santiago Bardas y Sebastián Ortega, con delegados de varios magistrados del CNE para comprar el próximo fallo del CNE, uno de estos los de uno de estos magistrados es Álvaro Hernán Prada, arreglaron dar diez millones de dólares a cada magistrado, más participación, en la planta de regasificación de Chuchupa. Además, se reunieron con delegados de la Procuraduría para tocar a su favor los fallos en esa entidad", expuso. Aunque entregó la exposición se destacó que los registros migratorios ubicaron a Ortega en Europa entre el 28 de junio y el 14 de julio de 2025, días en los que se habría gestado la reunión, las acusaciones continúan bajo investigación y Hocol ha rechazado públicamente señalamientos formulados por su antiguo presidente.El segundo episodio corresponde al Hospital General de Medellín y tiene como protagonista a Miguel Quintero, hermano del exalcalde Daniel Quintero. El testigo Misael Cadavid declaró ante la Fiscalía General de la Nación que en 2020, Miguel Quintero le habría ofrecido la gerencia del hospital y le habría planteado que, desde ese cargo, debía intervenir en la contratación de diferentes servicios. Sin embargo, la decisión tomó otro rumbo por la supuesta orden del exmandatario."En una reunión posterior, allí el señor Miguel Quintero me manifiesta que desafortunadamente no iba a ser yo el gerente del hospital general, que Daniel Quintero le había entregado todo lo inherente al señor Esteban Restred, quien era el secretario de gobierno, quien era pareja de la señora Andrea Uribe, quien fungió como secretaría de salud de la ciudad de Medellín. Me manifestó que le entregaría el hospital general metro salud, hospital consejo de Medellín, y la misma secretaría de salud, que es la que maneja todos los temas de salud en el Distrito", detalló el abogado. Cadavid también relató que posteriormente fue enviado a reunirse con el entonces concejal de Medellín, Álex Flórez. Según su versión, durante ese encuentro le escribieron en un papel la cifra de $1.000 millones como condición relacionada con el nombramiento.De momento, las versiones de testigos y documentos están siendo utilizadas por la Fiscalía General de la Nación para reconstruir presuntas redes de influencia alrededor de contratos, cargos y negocios públicos.
Aunque se creía que se podía conocer la decisión sobre la posible medida de aseguramiento contra Miguel Quintero en el caso de presunta corrupción entre el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y el Cuerpo de Bomberos de Itagüí, durante la audiencia se entregaron detalles que dejaron en evidencia cómo se habría gestado el supuesto entramado de corrupción.Dentro de los detalles que dio a conocer Majer Abushihab, abogado apoderado del AMVA, está que, por ejemplo, cuando estaban tratando de firmar el convenio con los Bomberos de Itagüí, un funcionario de la autoridad ambiental se convirtió en una “piedra” en el zapato para los beneficiarios de las presuntas irregularidades. Por ello, el funcionario habría sido cambiado para poder firmar los seis contratos investigados."Mensaje remitido por el señor Álvaro Villada al grupo, que dice lo siguiente, lista, gracias a mi amigo Micky, el mejor. Micky ya sabemos que es Miguel Quintero, la persona que pusieron para remover al incómodo Gustavo Londoño y que satisfaciera todos los propósitos delictivos de la estructura criminal. 2 días después, se cansaron, necesitaban su ficha y ponen a la señora Ana María Roldán", señaló. Dichos contratos, que se firmaron y que habrían generado una supuesta apropiación ilegal de más de 2.000 millones de pesos, también dejaron en evidencia las constantes irregularidades en la radicación y el pago de facturas dentro del AMVA. Estas debían enviarse hasta el día 20 de cada mes y serían pagadas el mes siguiente. No obstante, una vez Miguel Quintero y sus cercanos tomaron, según las denuncias, el poder de la entidad, se empezaron a radicar y pagar facturas sin seguir la normativa.Sin embargo, Abushihab mostró algunos testimonios en los que Misael Cadavid, excomandante del Cuerpo de Bomberos de Itagüí y quien se encuentra colaborando con la justicia, asegura que las coimas del 15 % en este presunto caso de corrupción estaban destinadas a los hermanos Quintero Calle."Me manifiesta que Miguel Quintero le había dado la indicación de que este contrato se ejecutara con el cuerpo de bomberos voluntarios de Italia. Es decir, aquí hay una instrucción, quiero detallar en el tópico de la entrega de las mal llamadas comisiones o dineros que se comprometían pactadas previamente con Álvaro Villada, que iban destinadas al clan Quintero, Miguel y Daniel Quintero, que correspondían al 15 por 100 de los contratos. Vale la pena aclarar que este 15 fue una imposición de Álvaro Villada, quien me dijo que si no era ese porcentaje, se le entregaba a otro operador los contratos", añadió.¿Mensajes hasta la cárcel para testigo clave?Y aunque el representante del AMVA, como víctima en el proceso, estuvo varias horas demostrando cuál era la relación de Miguel Quintero y sus cercanos con la presunta corrupción, también hubo tiempo para nuevos salpicados en este polémico caso, quienes, tras conocerse estos hechos, habrían ido a visitar a Misael Cadavid a la cárcel.Entre las personas nombradas está el exconcejal de Medellín Lucas Cañas, quien, al parecer, junto a Sergio Zuluaga y Óscar Santamaría, visitó al excomandante del Cuerpo de Bomberos de Itagüí para, supuestamente, enviarle mensajes de los hermanos Quintero Calle."Consultando sobre el proceso, con la idea de traer mensajes de los Quintero, Daniel y Miguel, y de Carlos Trujillo. También me visitó el abogado Edwin, de parte de Daniel Restrepo, representante a la cámara. Finalmente, he recibido ofrecimientos de parte de Sebastián Ortega, enviado por medio de terceras personas, donde me dice que me tenía un cupo en la cárcel de la estrella que costaba 400.000.000, que él ponía 200.000.000 y que yo pusiera 200.000.000", continuó.Los detalles que vinculan a Sebastián Ortega con el casoY aunque el señalado direccionador de los seis contratos, Miguel Quintero, era el foco de la solicitud de medida de aseguramiento por la presunta corrupción, el representante de víctimas pidió que Sebastián Ortega también sea cobijado con la medida, debido a su vinculación con el hermano del exalcalde de Medellín y a que, según lo expuesto en la audiencia, se habría apropiado de más de 130 millones de pesos en este caso.Según las palabras de Abushihab, Ortega estuvo presente en las supuestas irregularidades desde el primer momento e, incluso, en un momento determinado se convirtió en un hombre de confianza de Miguel Quintero, a quien, supuestamente, le entregaron dineros provenientes de la presunta corrupción entre el AMVA y los Bomberos de Itagüí."Siempre actuaron bajo la sombra, se cuidaron las manos de quedar limpios. Y era el mismo ejercicio, particulares, teniendo absoluta influencia e injerencia en entidades del estado, particularmente, no del estado, sino de la administración del señor Daniel Quintero. Él estuvo siempre en la mayoría de las reuniones, él refiriéndose al señor Sebastián Ortega. Y él siempre tenía conocimiento de las pretensiones que tenía Miguel Quintero para conmigo", prosiguió.Más contratos con coimas fuera del caso AMVA-Bomberos ItagüíA pesar de que no se tomó ninguna medida por parte del juez, hay una información más que relevante y de la cual, aunque no se dieron detalles, se desprende que Miguel Quintero y sus cercanos no solo habrían cobrado coimas en el caso investigado, sino que, por ejemplo, en un contrato habrían solicitado el 20 % de lo firmado."En efecto, en el año 2022, el convenio 199, un convenio en el que el Área Metropolitana con Acopi. Hacen unos desgloses, y cuidado acá, 20 por 100. Al contrato le sacan el 20 por 100 parte para Miguel y otra parte para el recolector, en este caso, el señor Villada, y otros compromisos", concluyó Abushihab.Mientras las autoridades correspondientes ponen la lupa sobre estas presuntas irregularidades, la audiencia por el caso del AMVA y Bomberos de Itagüí quedó aplazada para el próximo lunes, 28 de septiembre, cuando intervendrán la defensa de los involucrados y el delegado del Ministerio Público.
Con las intervenciones del Alcaldía de Medellín como víctima en el caso y de las defensas jurídicas de los procesados, este lunes se reanuda la audiencia de medida de aseguramiento contra Miguel Quintero y otros tres implicados en presunta corrupción por seis contratos entre el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y el cuerpo de Bomberos de Itagüí.Durante la más reciente sesión, la Fiscalía expuso reveladoras pruebas para sustentar la medida de aseguramiento contra el hermano del exalcalde de Medellín, señalado dentro del caso como un articulador para lograr el direccionamiento de dichos procesos que suman más de 17.000 millones de pesos y de los que se habrían apropiado indebidamente de 2.400 millones.La decisión justicia se conocerá no solo en medio de versiones que señalan tanto a Quintero como Álvaro Villada, exsubdirector financiero del Área Metropolitana, de establecer coimas del 15% del valor total de dichos contratos, sino también de supuestas presiones a testigos claves como Misael Cadavid, excomandante de ese cuerpo de bomberos.La fiscal del caso narró en su exposición presuntos ofrecimientos de asistencia jurídica y beneficios penitenciarios a él por parte de personas cercanas al exsenador y exalcalde de Itagüí, Carlos Andrés Trujillo, involucrando también al actual personero John Fredy Ortiz Tabares y al alcalde Diego Torres."Fue a llevarme una razón de parte del jefe, es decir, del señor Carlos Andrés Trujillo, ofreciéndome el apoyo de lo que necesitara y que me ponían los abogados. Inclusive, me dijeron que me buscaban cupo para la cárcel del municipio de Santo Domingo, Antioquia. Esto debido a que el alcalde de allá es parte del equipo de Trujillo", indicó el testigo. El excontralor de Antioquia, Sergio Zuluaga, fue otro de los mencionados por parte del ente acusador, quien presuntamente por su cercanía al grupo político de Daniel Quintero le habría sugerido a Misael Cadavid ir a juicio y descartar el principio de oportunidad en el que ya se encuentra."Aunado a ello, y muy importante, el señor Misael manifestó haber sido visitado por el excontralor de Antioquia, Sergio Zuluaga, de vínculo cercano con los Quintero. Le recomendó ir a juicio y no acogerse al principio de oportunidad", señaló.Ofrecimientos de diferentes sectores políticos en materia de asesoría jurídica a testigos en el caso que podrían terminar en presiones, se han convertido en uno de los principales argumentos para sustentar el riesgo de obstrucción a la justicia y la necesidad de una medida de aseguramiento contra Quintero.El alcalde Federico Gutiérrez nuevamente pidió celeridad en las decisiones y aseguró que durante la intervención de la defensa del Distrito se revelarán más pruebas."Mi llamado es a que no los dejen sueltos, porque están presionando a los testigos. Y algo que yo sé, están amenazando a los testigos. Si no agarran esa gente, van a matar algunos de esos testigos. ¿Por qué? Porque ellos saben lo que hay en juego", apuntó.Otro precedente a la hora de tomar una decisión por parte de la justicia tiene que ver con la primera condena en firme por este caso contra el excontador de los bomberos de Itagüí, Juan Alberto Cardona, quien confesó haber elaborado y utilizado 15 documentos falsos para soportar la legalidad y pagos de los contratos.El Juzgado 28 Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Medellín le concedió a Cardona una medida diferente a los 19 meses de prisión establecidos en sentencia. Para esto, el condenado deberá presentarse periódicamente ante las autoridades y pagar una caución.
Pese a ser condenado a 19 meses de prisión por su responsabilidad en un concurso de falsedades en documento privado, Juan Alberto Cardona Henao, quien fue contador y tesorero del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí, no irá a la cárcel para cumplir esta pena.En las últimas horas se conoció que el Juzgado 28 Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Medellín le concedió una medida diferente a la prisión. Cardona Henao deberá presentarse periódicamente ante las autoridades y pagar una caución, como parte de las obligaciones establecidas para cumplir la condena. Esta fue la lectura del fallo por parte del juez."Declarar la responsabilidad penal del ciudadano Juan Alberto Cardona Henao en comisiones civiles y personales reseñadas en precedencia. Se condena a Juan Alberto Cardona Henao a la pena principal de 19 meses de prisión. Accesoriamente, se le impone al sentenciado la inhabilitación en el ejercicio de derechos y funciones públicas por un tiempo igual al de la pena principal. Se impone al sentenciado la inhabilitación para el ejercicio de la profesión como contador público por el mismo término de la pena principal", precisó el despacho.La decisión se produjo luego de que el juzgado aprobara el preacuerdo suscrito entre la Fiscalía General de la Nación y el procesado, quien aceptó su responsabilidad por los hechos investigados.De acuerdo con la Fiscalía, Cardona Henao participó en la elaboración y utilización de 15 documentos falsificados, entre ellos cuentas de cobro y otros soportes que habrían sido utilizados para justificar el desembolso de recursos públicos por bienes y servicios que, según la investigación, nunca fueron suministrados. Incluso, Cardona ya había pedido perdón públicamente en una diligencia anterior."Quiero expresar sinceramente mis disculpas por los hechos relacionados con los documentos en cuestión. Reconozco que lo ocurrido fue una actuación equivocada de mi parte", reconoció Cardona.Para el ente acusador, esta documentación hacía parte de un mecanismo utilizado para dar apariencia de legalidad a pagos y facilitar el presunto desvío de recursos públicos.El caso está relacionado con al menos seis contratos suscritos entre 2020 y 2023 entre Bomberos de Itagüí y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, por cerca de 18.000 millones de pesos.Las investigaciones buscan establecer la responsabilidad de otros funcionarios y particulares que presuntamente participaron en el esquema. Entre ellos está Miguel Quintero, hermano del exalcalde de Medellín Daniel Quintero, quien fue mencionado por la Fiscalía dentro de las pesquisas.
La Fiscalía acusó formalmente a cinco personas, entre estas el exsecretario de Movilidad en la alcaldía de Daniel Quintero, por presuntas irregularidades en un contrato de más de $16.000 millones de pesos, para intervenir vías en Medellín.La contratación habría sido realizada de manera directa durante la vigencia de la Ley de Garantías, pese a que, por su cuantía, debía adelantarse mediante licitación pública.La Fiscalía General de la Nación acusó formalmente a cinco personas que estarían implicadas en las irregularidades detectadas en un contrato interadministrativo por más de 16.000 millones de pesos, destinado a la recuperación e intervención de vías para el transporte público en Medellín.Se trata de la firma de un contrato para atender la malla vial de Medellín, entre el 28 y 29 de junio de 2023, en la Alcaldía de Daniel Quintero Calle, para ejecutar obras en la comuna 10 y en los sectores Manrique, Aranjuez, Belén, Villa Hermosa y Guayabal.El objeto contemplaba diversas actividades como la demolición de estructuras, excavaciones y movimientos de tierra, pero los elementos materiales probatorios obtenidos dieron cuenta de que las obras previstas fueron contratadas por la Secretaría de Movilidad, entidad que no era competente para este fin porque es la encargada de asuntos como la semaforización y señalización vial.Le puede interesar: Esta es la empresa con la que habrían desviado dineros durante alcaldía de Daniel QuinteroEl fiscal del caso relató lo siguiente: “No correspondía ni corresponde a la secretaría de movilidad del distrito especial de Medellín la gestión del diseño, la construcción, el mejoramiento, el mantenimiento y la conservación de la infraestructura física de uso público, sino que la secretaría de infraestructura física la encargada misonadamente. Por demás, en la fase precontractual, les fue posible observar una clara vulneración del principio de planeación, pues el estudio previo no cumplió con los requisitos establecidos, puesto que, a, no cuenta con autorizaciones, permisos y licencias requeridas para su ejecución”Asimismo, quedaron en evidencia presuntas deficiencias en el análisis del sector y en los estudios previos, particularmente por la ausencia de una justificación suficiente sobre el presupuesto oficial o valor del contrato. Adicionalmente, se conoció que la contratación se realizó de manera directa durante la vigencia de la Ley de Garantías, pese a que, por su cuantía, debía convocarse licitación pública.Los procesados son el exsecretario de Movilidad de Medellín, Juan Carlos Torres Ojeda; el exsubsecretario técnico, Mauricio Alonso Zuleta Estrada; la exsubsecretaria Jurídica, Estefanya Cuervo Sánchez; el exdirector técnico de la Secretaría de Infraestructura, Rubén Darío López Giraldo; y el contratista del Instituto Tecnológico Metropolitano (ITM), Santiago Ortega Mateos.Torres Ojeda habría celebrado el contrato con conocimiento de las anomalías, Zuleta Estrada es señalado de intervenir en el trámite sin verificar el cumplimiento de requisitos legales esenciales, Cuervo Sánchez presuntamente otorgó la viabilidad jurídica al proceso, y López Giraldo y Ortega Mateos, al parecer, certificaron el cumplimiento de requerimientos cuando la realidad era otra.En ese sentido, un fiscal de Administración Pública de la Seccional Medellín acusó a estas cinco personas por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales. Adicionalmente Torres Ojeda también deberá responder en juicio por el delito de falsedad ideológica en documento público.
En medio de las pruebas que vinculan a Miguel Quintero Calle con la presunta corrupción ocurrida en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y el Cuerpo de Bomberos de Itagüí y por lo cual piden que vaya a la cárcel, se conoció un documento de la Fiscalía en donde se maneja una hipótesis contundente que estaría en manos de las autoridades estadounidenses: dineros de contratos públicos pudieron haber beneficiado a Daniel Quintero Calle y personas cercanas.En el documento radicado en 2023 se solicitó apoyo de análisis por parte de la Unidad de Investigación de Análisis Financiero -UIAF- para que se cruzara información y establecer el presunto aumento de patrimonio de funcionarios públicos y algunos particulares relacionados con el exsuperintendente de Salud.La solicitud se enfoca en un contrato entre el Instituto de Deportes y Recreación de Medellín y Metroparques, mismo que tenía como fin el desarrollo de eventos recreativos, deportivos y de actividades físicas juntos con todos los componentes, accesorios y demás materiales necesarios para el desarrollo de las actividades.Aunque el contrato tenía un valor cercano a los 22.000 millones de pesos, terminó ejecutándose por más de 24.000 millones de pesos y fue entregado a Cyan Eventld y Logístics que, aunque recibió un listado de precios de bienes a adquirir, compró a un menor precio, generando sobrecostos de más del 50 % y una posibles apropiación de recursos públicos.Ante esta preocupante situación y el supuesto entramado de corrupción es que la Fiscalía General de la Nación empezó a manejar una hipótesis: los dineros públicos, al parecer, fueron a parar a servidores públicos o sus familiares más cercanos, quienes posiblemente incrementaron su patrimonio.Dentro de las personas vinculadas está Daniel Quintero, exalcalde de Medellín; Esteban Restrepo, exsecretario de Gobierno de Medellín; Juan Pablo Ramírez, exsecretario de Participación de Medellín; Carlos Mario Romero y Cristián Sánchez, exdirectores del Inder; Diana Osorio, esposa de Daniel Quintero; y Laura Upegui; prima de Diana Osorio.Lo que en su momento solicitó la Fiscalía General de la Nación era que, a través de los análisis, se pudiera conocer el destino final de los recursos públicos y determinar el posible incremento patrimonial injustificado, información que ya estaría en manos de las autoridades estadounidenses.Hay que recordar que el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, ha viajado en un par de oportunidades a Estados Unidos en donde ha entregado información relevante de los casos de presunta corrupción al FBI."Estos son delitos también transnacionales que tendrán que responder seguramente no solo a la justicia en Colombia, sino también en los Estados Unidos, pero las investigaciones ya avanzarán de acuerdo a la información que le hemos entregado nosotros al FBI, con lo que venimos trabajando ya desde hace más de un año", indicó el mandatario.Sin embargo, hay otro punto que llama la atención dentro de la solicitud que hizo en su momento el ente acusador y es el nombre de Jhony Jaramillo, a quien señalan era el administrador del Inder y que ya fue mencionado en el posible traslado de dineros al exterior.La información que se había dado a conocer es que a través de Golden Platino Colombia S.A.S., una comercializadora de metales preciosos fundada en 2015 por Jhonny Jaramillo, se habrían dado algunas transacciones.El comportamiento financiero de Golden Platino es uno de los elementos que más ha llamado la atención sobre sí pudo servir como una ruta para sacar recursos del país. La compañía pasó de reportar ingresos por 83.139 millones de pesos en 2020 y más de 112.000 millones en 2021 a tan solo 307 millones durante 2023 y una operación nula al año siguiente.De momento, se espera que, tanto las autoridades en Medellín como las estadounidenses, determinen las posibles vinculaciones de las personas mencionadas anteriormente y si tienen o no relación con este presunto hecho de corrupción entre Inder y Metroparques.
Durante la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento contra Miguel Quintero Calle, la Fiscalía 40, adscrita a los delitos contra la administración pública, presentó nuevos elementos para sustentar el riesgo de obstrucción a la justicia y solicitó su reclusión en un centro carcelario.La delegada Magda Ramírez expuso el testimonio de Misael Alberto Cadavid, exjefe del cuerpo de bomberos de Itagüí, quien se acogió a un principio de oportunidad y relató presuntos ofrecimientos de asistencia jurídica y beneficios penitenciarios por parte de personas cercanas al exsenador y exalcalde de Itagüí, Carlos Andrés Trujillo.Según el testimonio presentado, Cadavid aseguró que, tras su captura, recibió en el CTP de la Minorista en Medellín la visita del personero de Itagüí, John Fredy Ortiz Tabares, quien presuntamente le transmitió un ofrecimiento de apoyo y abogados de parte de Trujillo."Fue a llevarme una razón de parte del jefe, es decir, del señor Carlos Andrés Trujillo, ofreciéndome el apoyo de lo que necesitara y que me ponían los abogados. Inclusive, me dijeron que me buscaban cupo para la cárcel del municipio de Santo Domingo, Antioquia. Esto debido a que el alcalde de allá es parte del equipo de Trujillo", narró Ramírez en lectura del testimonio de Cadavid. También mencionó que a su hija la citaron a una reunión en la Alcaldía de Itagüí, donde le habrían ofrecido asistencia jurídica sin costo, con reconocidos abogados penalitas que incluso hoy hacen parte de la defensa en este proceso judicial."A mi hija la citaron al despacho del alcalde de Itagüí, creo que a principio de noviembre. En esa reunión estaba Diego Torres, el secretario de gobierno, Mauricio Sánchez, le quitaron el celular a ella, y el alcalde de Itagüí le dice que me iban a poner a disposición los abogados de Trujillo", agregó la fiscal de nuevo haciendo referencia a la indagatoria del exjefe de Bomberos.La Fiscalía también mencionó la visita del excontralor de Antioquia, Sergio Zuluaga, salpicado en otros escándalos de corrupción en el departamento, quien, según Cadavid, le recomendó ir a juicio y no colaborar con la justicia, al parecer con su cercanía con “el clan quintero”."Aunado a ello, y muy importante, el señor Misael manifestó haber sido visitado por el excontralor de Antioquia, Sergio Zuluaga, de vínculo cercano con los Quintero. Le recomendó ir a juicio y no acogerse al principio de oportunidad", expuso. Cadavid afirmó que su hija le recomendó no aceptar esas ayudas, porque podrían intentar direccionar su proceso penal. Además, señaló que ella habría sido citada posteriormente a la oficina de Bomberos. El testigo aseguró que también hubo presiones contra su expareja sentimental, Ana María Balbín, a quien presuntamente le ofrecieron dinero a cambio de desprestigiarlo públicamente con asuntos de su vida personal."Que estas dos personas estaban muy inquietas, que estaban por fuera en Estados Unidos, como en temas del mundial, y que cuando vinieran querían reunirse con ella. Cuando se refirieron a ella, estas 2 personas que se mencionaron como MQ y SO, ¿ella las interpretó como qué nombres? Ella dedujo que era Miguel Quintero y Sebastián Ortega", narró Cadavid en una entrevista con la Fiscalía que fue expuesta en video durante la diligencia.En otro apartado, la fiscal Magda Ramírez se refirió a los ofrecimientos atribuidos a Sebastián Ortega. De acuerdo con el testimonio, Ortega le habría ofrecido a Cadavid un cupo en la cárcel de La Estrella por 400 millones de pesos, con la propuesta de que cada uno aportara 200 millones.El testigo aseguró que rechazó la oferta y que posteriormente le ofrecieron los servicios de otros dos reconocidos abogados. La Fiscalía presentó estos hechos como parte de las circunstancias que sustentarían el riesgo de obstrucción a la justicia, por lo que a su juicio mientras avanza el proceso judicial debe ir a la cárcel Miguel Quintero.
Destapando chats, interrogatorios a testigos clave, fechas y montos cobrados, la Fiscalía sustentó este miércoles ante el Juzgado 27 penal municipal con función de control de garantías por qué debía ser enviado a la cárcel Miguel Quintero Calle, hermano del ex alcalde de Medellín, por presuntamente direccionar contratos en un posible entramado de corrupción al interior del Área Metropolitana.De acuerdo con las pruebas expuestas por la fiscal 40 para delitos contra la administración pública, Magda Ramírez, las coimas fueron cobradas mediante 48 cheques en montos cerrados, en general de 50 millones de pesos y en un par de ocasiones por 100 millones, para un total de 944 millones de pesos, sin cuentas de cobro que sustentarán recibir este dinero. El dinero era cobrado por un bombero que rindió testimonio y reveló que nunca supo a qué correspondían estos dineros, pues era enviado por el entonces comandante del cuerpo de bomberos de Itagüí.Al parecer, Quintero Calle recibió 1.654 millones de pesos como destinatario final del 10% la cuota pactada sobre cada pago, mientras que el ente acusador estima que Villada García y Ortega Durán o atuvieron en total 827 millones de pesos, pues presuntamente se quedaban con el 5% de cada retiro solo por recibirlo. La fiscal detalló cómo se cobraban estos dineros."Una vez ingresaba cada pago al área metropolitana del Valle Ahurrá, a la cuenta del cuerpo de bomberos voluntarios de Itaúin, el monto equivalente al 15 por 100 se extraía en efectivo mediante cheques girados por cifras cerradas, en gran parte por valores de 50000000 de pesos, a nombre de varias personas. Entre estas, al señor Germán Osorio, quien era conductor y del cuerpo de bomberos voluntarios de Itagüí", indicó. Incluso el bombero que era el emisario de esos cobros, identificado como German Osorio, visitó al testigo clave del caso en la cárcel El Pedregal de Medellín: Misael Cadavid, quien se acogió a un principio de oportunidad para acceder a beneficios con la justicia. La representante de la Fiscalía indicó que los registros muestran 17 visitas entre abogados y presuntos cercanos a los señalados de este caso para “aconsejarlo” sobre el proceso judicial.Pero ahí no pararon las visitas: también, indicó la fiscal, se hizo presente allí el personero de Itagüí, John Fredy Ortiz Tabares, así como el excontralor de Antioquia Sergio Zuluaga, salpicado por otros escándalos de corrupción en el departamento. Incluso fue mencionado el alcalde de Itagüí Diego Torres, quien al parecer le ofreció a la hija de Cadavid ayuda jurídica en nombre del exsenador Carlos Andrés Trujillo."Me visitó el personero de Itagüí. Fue a llevarme una razón de parte del jefe, es decir, del señor Carlos Andrés Trujillo, ofreciéndome el apoyo de lo que necesitara y que me ponían los abogados. Este tema no se dio porque a mi hija la citaron al despacho del alcalde de Itagüí", indicó. A la par, presuntamente, hubo presiones hacia la expareja de Misael Cadavid, Ana María Balbín, quien manifestó haber recibido mensajes de SO y MQ (Interpretado en el proceso como Sebastián Ortega y Miguel Quintero) en julio de este año, para que desacreditara su testimonio ante la justicia con declaraciones públicas, como en efecto ocurrió en finales de este año.La fiscal concluyó la importancia de la medida de aseguramiento sustentada en que el hermano del exalcalde ha salido y entrado del país 18 veces, teniendo como principal destino Panamá, por estancias prolongadas.Tras cinco horas de audiencia, el juzgado 27 penal municipal de control de garantías suspendió la diligencia tras la intervención del procurador delegado. Se reanudará el lunes 21 de septiembre a las 2:00 de la tarde cuando intervendrá el representante de víctimas.
La Fiscalía General de la Nación identificó un presunto detrimento patrimonial superior a 2.481 millones de pesos por el direccionamiento de seis contratos entre el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí, por más de 17.657 millones de pesos.Los contratos, celebrados entre 2019 y 2023, buscaban fortalecer las capacidades de los bomberos, apoyar la atención de emergencias, desarrollar formación bomberil y suministrar kits durante la pandemia del Covid-19.Según la Fiscalía, la contratación se habría realizado de manera directa sin cumplir los requisitos legales. La investigación también habría establecido posibles sobrecostos en los kits para la pandemia y pagos por servicios de transporte y recargas de celulares que no habrían sido prestados.Le puede interesar: Acordó coimas: Fiscalía imputa a Miguel Quintero y lo acusa de liderar red de corrupción en el AMVAEntre los cuatro judicializados está Miguel Andrés Quintero Calle, hermano del exalcalde de Medellín Daniel Quintero. De acuerdo con el ente acusador, aunque no era servidor público, habría intervenido en los nombramientos de Juan David Palacio como director del Área Metropolitana y de Álvaro Villada como subdirector Administrativo y Financiero, con el propósito de ejercer control sobre la contratación.La Fiscalía sostiene que Quintero habría ordenado direccionar los seis contratos a cambio del 15 % de los recursos entregados. Por estos hechos fue imputado por interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación.También fueron imputados Álvaro Villada, Vanessa Álvarez y Sebastián Ortega, señalados de intervenir, según su presunta participación, en el proceso contractual y en la recepción de dinero. Ninguno de los cuatro aceptó los cargos y la imputación quedó en firme.Finalmente, hay que decir que la fiscal 40 para delitos contra la administración pública, Magda Ramírez, anunció que solicitará medida de aseguramiento únicamente contra Miguel Quintero, mientras el abogado Majer Abushihab, en calidad de representante de víctimas, sustenta que también se debe aplicar al contratista Sebastián Ortega. La petición será evaluada este miércoles a las 2 de la tarde por el juez de control de garantías.
La audiencia de formulación de imputación y solicitud de medida de aseguramiento por el caso Bomberos de Itagüí fue suspendida este lunes, luego de que las defensas de Miguel Quintero Calle, Álvaro Villada García, Sebastián Ortega y Vanessa Álvarez pidieran a la Fiscalía aclaraciones sobre los hechos atribuidos a cada uno por el presunto direccionamiento de seis contratos del Área Metropolitana del Valle de Aburrá con el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí.La diligencia se retomará este martes a las 2:00 de la tarde. Los abogados solicitaron que el ente acusador detalle las responsabilidades individuales y precise las circunstancias de tiempo, modo y lugar de las conductas que les atribuye.La defensa de Álvaro Villada, exsubdirector administrativo y financiero del Área Metropolitana, cuestionó cuáles eran sus funciones frente a los contratos y pidió explicar su supuesta participación en un acuerdo para cobrar el 15 % de los recursos. También pidió aclarar la imputación por peculado, particularmente cómo se habría configurado la apropiación de más de 2.481 millones de pesos.En el caso de Vanessa Álvarez, su defensa solicitó precisar cuál fue su conducta en una reunión de junio de 2020, qué participación tuvo en la elaboración de estudios previos y ofertas y qué trámite habría omitido. También pidió identificar los hechos que sustentan el supuesto dolo y su aporte al direccionamiento de los contratos 878 y 1011 de 2020.Por su parte, el abogado de Sebastián Ortega pidió aclarar cómo y dónde habría intervenido, teniendo en cuenta que no era funcionario público, además del acuerdo mediante el cual supuestamente habría recibido parte de los recursos.Finalmente, la defensa de Miguel Quintero cuestionó la aplicación del delito de peculado y pidió precisar cómo habría dado las instrucciones que, según la Fiscalía, permitieron la conducta investigada, quiénes las recibieron y cuándo y dónde ocurrieron frente a cada contrato.La Fiscalía sostiene que Quintero habría articulado una estructura funcional para direccionar seis contratos que superarían los 17.000 millones de pesos y cobrar presuntas coimas de hasta el 15 %.
A plena luz del día ocurrió un nuevo atraco a mano armada en un restaurante ubicado sobre la autopista Medellín-Bogotá, en jurisdicción del municipio de Guarne, hasta donde llegaron dos hombres con cascos de motocicletas puestos e intimidaron a los presentes.En videos de cámaras de seguridad del comercio se observa que los sujetos, utilizando armas de fuego, intimidaron a varios comensales y les exigieron entregar sus pertenencias, por lo que estos procedieron a entregar relojes y celulares, entre otros elementos.Tras el robo, los señalados victimarios huyeron del sitio en motocicleta, al parecer por la antigua vía Guarne-Medellín. Ante lo sucedido y los videos que también captó el nodo departamental de seguridad, el gobernador Andrés Julián Rendón anunció una recompensa por 50 millones de pesos para quien de información que permita la captura de los responsables."¡Antioqueños: ayúdenos a cazar a estos delincuentes! Ayer, estos dos pistoleros amenazaron y robaron a una familia en un restaurante de Guarne. Las cámaras del Nodo Departamental de Seguridad captaron la secuencia completa del crimen", aseguró el mandatario en su cuenta de X.
En el mundo existen varios rankings sobre gastronomía, como los de los mejores restaurantes, comidas o barrios, entre otros. Sin embargo, hay una clasificación en la que ninguna preparación busca aparecer: las 100 comidas callejeras peor calificadas del mundo de TasteAtlas, donde dos preparaciones tradicionales de Colombia aparecen. La clasificación fue actualizada el pasado 16 de agosto y se construye a partir de las valoraciones de los usuarios en la plataforma. TasteAtlas aclara que el resultado no corresponde a una evaluación técnica realizada por chefs o instituciones gastronómicas.En esta ocasión, se registraron 96.041 valoraciones, de las cuales 61.874 fueron consideradas legítimas por la plataforma. Para ello, TasteAtlas utiliza sistemas destinados a identificar usuarios reales y descartar votos automatizados o asociados con nacionalismos, determinando que la hormiga culona y el bollo, entran dentro del ranking.¿Qué posición ocupa la hormiga culona en el ranking?La hormiga culona es la preparación colombiana que se ubica más cerca de la parte superior de la clasificación, en el puesto ocho, con una calificación de 2,7 sobre cinco.El producto se relaciona principalmente con Santander y su origen se relaciona con las prácticas alimentarias del pueblo indígena guano. Su recolección suele realizarse durante la temporada de lluvias, cuando estas hormigas salen de sus nidos por un periodo limitado.Después de ser recolectados, estos insectos son limpiados, sumergidos en agua con sal y posteriormente tostados o fritos. En Colombia se encuentran normalmente en mercados, carreteras y establecimientos especializados, además de algunas propuestas gastronómicas.TasteAtlas describe su sabor como salado y crujiente, con características que compara con la cáscara del maní o el chicharrón.La posición actual también representa un cambio frente a versiones anteriores. En 2023, la hormiga culona ocupaba el segundo lugar de este mismo listado y ahora aparece en el octavo.¿En qué puesto quedó el bollo colombiano?El bollo aparece en la casilla 48 del ranking de 2026. La preparación hace parte de la gastronomía del Caribe colombiano y se elabora con masas de maíz, yuca o, en algunas ocasiones, papa.La mezcla se envuelve en hojas y posteriormente se cocina. Dependiendo de la preparación, puede acompañar quesos, carnes, pescados, suero costeño y diferentes desayunos.Al igual que ocurrió con la hormiga culona, su ubicación cambió frente a 2023. En esa versión del listado, el bollo estaba en el décimo puesto y ahora ocupa la posición 48.¿Qué significa que estén entre las peores comidas callejeras?La clasificación de TasteAtlas se refiere a la comida callejera y no necesariamente a la comida rápida. La categoría incluye preparaciones que se venden en calles, plazas, mercados y puestos informales.Por ello, el listado no constituye una clasificación técnica de la gastronomía de los países mencionados ni una conclusión sobre la calidad de cada preparación.Las posiciones dependen de las votaciones recibidas en la plataforma y pueden cambiar con el tiempo. De hecho, TasteAtlas señala que aspectos como la familiaridad con determinados ingredientes, las diferencias culturales y las experiencias personales pueden influir en las calificaciones.En la actualización de 2026, las anguilas en gelatina de Londres ocupan el primer puesto, con una puntuación de 2,0. Los gusanos de seda fritos de Tailandia, conocidos como hon mhai, también registran 2,0, mientras que la hamburguesa de ramen de Nueva York aparece en el tercer lugar, con 2,1.Así, aunque la hormiga culona y el bollo continúan dentro de las 100 preparaciones con menor puntuación de TasteAtlas, sus posiciones cambiaron frente al listado de 2023.
La falta de cultura ciudadana y de responsabilidad ambiental quedó palpada una vez más en la trampa del arroyo León, en Puerto Colombia, donde después de los aguaceros que cayeron entre el sábado y el lunes en el área metropolitana de Barranquilla, toneladas de basuras quedaron atrapadas en esa rejilla debajo de la vía que conduce hacia Lagos de Caujaral.Fotografías y videos grabados la tarde de este lunes por el biólogo e investigador Nelson Rangel, profesor de la Universidad del Atlántico, reflejan cómo toda clase de desechos llega a la trampa del arroyo: botellas de plástico, madera, electrodomésticos dañados, llantas y, en mayor cantidad, restos de icopor que pertenecían a refrigeradores o neveras.Todos estos residuos provienen de la cuenca occidental de Barranquilla, pues el arroyo León recibe aguas de más de 50 corrientes y las arrastra hasta la zona de Mallorquín, amenazando a este ecosistema que se integra, a su vez, al río Magdalena y al mar Caribe.Se presume que detrás de esta pésima disposición de los residuos estarían empresas o personas dedicadas al reciclaje y a la chatarrería en el suroccidente de Barranquilla y, si bien la trampa del arroyo busca evitar que estos desemboquen en la ciénaga de Mallorquín o el mar Caribe, las rejillas no dan abasto ante la alta cantidad de desechos.Los residuos son tan voluminosos que casi alcanzan la altura del puente y toca recurrir a maquinaria para recoger las toneladas de basura. A la fecha, reporta la Alcaldía de Barranquilla, se han recogido 4.421 toneladas de residuos, solo en labores de limpieza del arroyo León.Dice el profesor Rangel que el riesgo está en que estas basuras, por más grandes que sean, se fragmentan, se cuelan entre las rejillas y contaminan el mar Caribe."El problema es mucho más grande que lo que se ve a simple vita, porque la gente se queda con la imagen visual y dice: 'oh, qué impactante es eso', pero hay que tener en cuenta que ese movimiento de material genera microplásticos y esos microplásticos son altamente nocivos, tanto para seres humanos, como para la fauna que anda por ahí", expresó Rangel.La Alcaldía de Barranquilla reporta que en lo corrido de 2026, se han intervenido más de 15 kilómetros de canales, arroyos y sistemas de conducción, a través de jornadas de limpieza, retiro de residuos y mantenimiento. A estas acciones se suman 6 kilómetros de caños limpiados y la reposición de 11 nuevas rejillas de captación.La Corporación Regional Autónoma y la Agencia Distrital de Infraestructura son los encargados de limpiar el arroyo León, tres veces por semana, a raíz de la solicitud que el año pasado hizo la Alcaldía de Puerto Colombia para que el Distrito de Barranquilla tomara cartas en el asunto y evitar esta contaminación ambiental al vecino municipio.
Inició la alternancia en el suministro de agua potable en la ladera de Cali, debido a los bajos niveles del río Meléndez, por la temporada seca que atraviesa la región.Para clarificar lo que se está viviendo actualmente, las Empresas Municipales de Cali, EMCALI, explicaron que para ofrecer un servicio pleno en la comuna 18, se debe contar con 350 litros por segundo y para la comuna 20, 250 litros por segundo. Hoy, la planta de tratamiento La Reforma, únicamente está recibiendo 100 litros para distribuirlos en ambas comunas, por lo que era urgente tomar medidas al respecto."En la comuna 20 tenemos Brisas de Mayo, Pueblo Joven, La Sultana y Lleras Camargo. En la comuna 18, Altos de Santa Elena, Altos del Semillero, Portal del Madrigal, Madrigal Campestre, Palmas 1, 2 y 3 y La Trinidad. Solamente estos sectores y los asentamientos que están a sus alrededores.En la comuna 20 el horario es de 6:00 de la mañana a 6:00 de la tarde. En la comuna 18 es de 6:00 de la mañana a 9:00 de la noche.", explicó Lucierne Obonaga, subgerente de Agua Potable de Emcali.Desde Emcali aclaran que únicamente se está aplicando la alternancia en estas dos comuna, sin embargo, si el nivel del río sigue bajando, el paso a seguir es distribuir el agua en estas zonas con carrotanques. Hoy la comunidad de la ladera se encuentra preocupada, pues asegura que la medida es insuficiente."Nos han dicho que tienen un carrotanque para toda la ladera de Cali, lo cual, por supuesto, es insuficiente, pero además nos están castigando en una época de dificultad y de vulnerabilidad de la población y, por ejemplo, está pidiendo que para que la gente pueda acceder al carrotanque tenga un contrato en sectores de la ladera donde no ha colocado Emcali la infraestructura. La verdad nos afecta mucho porque los quehaceres de la casa, los que tenemos abuelos o niños, nos afecta para el aseo, para todo. Este barrio casi siempre en todos los años ha sido afectado con los constantes bloqueos del agua", señalan algunos habitantes de la comuna 18.Las autoridades indican que el racionamiento es una medida temporal y que si el nivel del río Meléndez aumenta pronto, se regresa a la normalidad en el servicio. El llamado es hacer un uso responsable del agua y estar atentos a los días correspondientes.
Independiente Santa Fe y Deportivo Cali ya tienen escenario definido para disputar el partido de ida de la final de la Liga Femenina BetPlay 2026. La Dimayor confirmó que el encuentro se jugará este miércoles, 23 de septiembre, a las 7:00 de la noche, en el estadio La Independencia de Tunja, luego de que surgiera una controversia por la disponibilidad de El Campín para la fecha inicialmente prevista.La decisión fue anunciada por la Dimayor, que explicó que la programación de sus competencias se realiza con base en la disponibilidad de los escenarios deportivos reportada por los clubes afiliados. Según el organismo, Independiente Santa Fe nunca informó que el estadio Nemesio Camacho El Campín no estuviera disponible para el 23 de septiembre y, a su vez, el club bogotano tampoco había recibido una notificación del actual arrendatario sobre una restricción de uso para esa fecha.La Dimayor señaló que, bajo esas condiciones y en coordinación con los dos equipos finalistas, procedió a programar los partidos de la final de la liga femenina. Sin embargo, posteriormente se conoció la situación relacionada con el escenario bogotano, por lo que el organismo anunció la reprogramación del partido de ida y su traslado a Tunja.En su comunicado, la Dimayor reconoció que El Campín es un escenario multipropósito en el que deben coexistir actividades deportivas y espectáculos culturales. No obstante, sostuvo que el principal escenario deportivo de Bogotá debería garantizar la realización de competencias futbolísticas, especialmente cuando se trata de una final profesional, a la que calificó como el máximo evento del fútbol femenino nacional.Santa Fe, por su parte, manifestó su "profunda preocupación" por la forma en que actualmente se administra y programa El Campín. El club aseguró que respeta la realización de conciertos y otros eventos, pero cuestionó que el fútbol profesional y los equipos que representan a Bogotá sean tratados como una actividad secundaria dentro de la programación del escenario."Las circunstancias nos obligan a jugar lejos de nuestra casa, pero no van a impedir que las leonas sientan el respaldo de su gente en una final que se ganaron en la cancha", agregó el club en un comunicado.El conjunto cardenal también afirmó que el marco contractual establece que el concesionario debe hacer su mayor esfuerzo para dar prelación a los eventos deportivos y, ante un conflicto de fechas, revisar los calendarios de Dimayor y Conmebol, además de notificar oportunamente al club y coordinar alternativas. Según Santa Fe, esa obligación no se cumplió adecuadamente, debido a que no recibió con anticipación la comunicación sobre la situación de El Campín.El club bogotano sostuvo que desde la confirmación de los cuadrangulares de la liga femenina existía una alta posibilidad de que uno de los equipos de la capital llegara a la final. Esa posibilidad, agregó, era todavía más evidente después de confirmarse la semifinal entre Santa Fe y Millonarios, por lo que consideró "insólito e inadmisible" que apenas el 21 de septiembre se informara sobre trabajos de mantenimiento en la cancha de El Campín.De esta manera, las Leonas deberán afrontar como "visitantes" el primer partido de la final ante Deportivo Cali, pese a que Santa Fe había ganado en la cancha el derecho a disputar esta instancia como local. "Esta final también representa la lucha y el crecimiento del fútbol femenino. Nuestras jugadoras merecen sentirse locales, merecen una tribuna que las acompañe y merecen que la fuerza de nuestra hinchada también viaje con ellas", concluyó el equipo.