Polémica ha generado en la ciudad los datos de la propia Alcaldía de Medellín que señalan que, entre el primero de enero y el cinco de julio de 2024, la actual administración de Federico Gutiérrez ha adelantado 680 contratos directos, por un valor de un billón 400.000 pesos.Las cifras generaron controversia en la ciudad, pues el exalcalde Daniel Quintero aprovechó para criticar la situación diciendo que “engañaron a Medellín”. A su vez, el alcalde Gutiérrez se defendió diciendo que es la única forma de hacer contratos interadministrativos, pero que nada ha ido para obras. A su vez, señaló que el que ahora salgan a la luz estas cifras son estrategias de los que “se robaron Medellín” cada que sale un nuevo escándalo."Aquí los que robaban la plata eran ellos, nosotros lo que estamos es arreglando el desastre que ellos dejaron y arreglando las cosas. En el 2023 el tema de la contratación directa 1,363 procesos lo que tenemos proyectado nosotros hasta el 2024 cerrar el año 870, y ojo que la contratación directa es un mecanismo para contratar entre entidades públicas es más para hacer convenio interadministrativos es el único mecanismo posible por ley", detalló Gutiérrez.A su vez, el veedor ciudadano Daniel Salazar expuso que durante la administración de Daniel Quintero, este entregó 84% de la contratación de manera directa, solo en el año 2020 casi 1.4 billones de pesos, pero distribuidos en 4.313 contratos, lo que en sus palabras “demuestra de lejos que llegó a llenar la Alcaldía de contratación directa pagando favores”.De hecho, en las últimas horas el alcalde Gutiérrez amplió sus explicaciones sobre el tema, a través de su cuenta en X.Más datos de contratación directaTal como ocurrió en la primera administración, entre 2016 y 2019 de Federico Gutiérrez y la del exalcalde Daniel Quintero, la contratación directa se ha mantenido en el 75 % y parece que continuará así en la actual Alcaldía de Medellín.Cabe recordar que entre 2016 y 2021 se habían gastado $ 17,7 billones de pesos en esa modalidad de contratación y $ 19,2 billones en contratación por régimen especial, que según los datos está muy por encima de los $6,7 billones asignados en licitaciones públicas.En la primera Alcaldía Gutiérrez se entregó $5,6 billones en contratación directa y Daniel Quintero en sus dos primeros años de Gobierno 2020 -2021, fue de $8,9 millones.Según el Secop, la plataforma de contratación pública, algunos de los contratos de mayor cuantía celebrados y adjudicados, 12 mil millones para conservación y mejoramiento de la infraestructura verde de la ciudad, contratos entre 1.000 y 2.000 millones de pesos, corresponden a Capacitación violencia sexual en instituciones educativas de Medellín, compra de programas de diseño y edición en colegios públicos, prestación de servicio para la atención de menores infractores, prevención de violencia sexual, atención espacio público, entre otros.
Se habla de un lote de 147.000 metros cuadrados llamado Aguas Vivas y que está ubicado en un exclusivo sector de la comuna El Poblado de Medellín. Dicho predio valía 2.711 millones de pesos cuando Federico Gutiérrez salió de su primera Alcaldía y en la administración de Daniel Quintero su valor se elevó hasta 48.234 millones de pesos, este acto según Gutiérrez es un delito de prevaricato que ya fue denunciado ante la Fiscalía General de la Nación.Según la información entregada por el alcalde de Medellín, la administración pasada firmó un decreto que cambió el uso del suelo para poder beneficiar a un privado. En su momento y mientras presentaba los más de 500 hallazgos de presunta corrupción en la alcaldía pasada, Federico Gutiérrez habló sobre lo que él ha denominado como un “turbio negocio”."Más que escandaloso. Entre Las Palmas y El Poblado está el lote de Aguas Vivas, el cual tiene una área de 146 mil metros cuadrados. Un lote al parecer mágico, que pasó de valer $2.711 millones de pesos a valer $48.234 millones de pesos", indicó el mandatario.Y es que la historia comienza cuando los dueños del lote se lo entregan a la Alcaldía como compensación urbanística. Una vez en poder de Medellín, se hicieron los diseños de un proyecto llamado Ecoparque Las Palmas, mismo que fue aceptado en junio de 2019.Sin embargo, semanas después los dueños del predio, supuestamente, dieron reversa a la compensación urbanística y le propusieron a la Alcaldía que les compre el terreno, oferta que fue rechazada por el Distrito. Poco se volvió a saber del pleito hasta que en el Plan de Desarrollo de 2020 apareció el Parque Ambiental Valle del Software en lugar del Ecoparque Las Palmas.Allí se hizo un nuevo avalúo para el lote y en donde Aguas Vivas pasó de tener un valor de cerca de 2.000 millones a uno superior a los 40.000 millones de pesos, todo eso en menos de 10 meses.Esto fue lo que explicó hace unos meses el alcalde de Medellín y en donde manifiesta el abismal incremento del precio de Aguas Vivas a pesar del primer acuerdo pactado."Se valorizó en un 1.700%. Les cuento lo que hemos descubierto. En 2019, al final de nuestra primera administración y después de un riguroso proceso ante el Departamento Administrativo de Planeación, se aprobó lo requerido para que la administración recibiera, a través de una escritura pública, el lote de Aguas Vivas", indicó el alcalde de Medellín.Según Federico Gutiérrez después de varias irregularidades, "le devuelven el lote al privado ya valorizado y además le dan la posibilidad de construir algo que no se podía". Meses después del incremento del valor se llega a una conciliación en donde la alcaldía de Medellín le iba a pagar casi 40.000 millones de pesos a los dueños de Aguas Vivas por el predio, situación que el Tribunal Administrativo de Antioquia tumbó y el Distrito tuvo que devolver el predio.Y allí es donde Federico Gutiérrez denunció la situación ante la Fiscalía General de la Nación, porque Quintero Calle habría firmado un decreto para cambiar el POT y que en ese sitio se pudieran construir viviendas turísticas, hecho que solamente puede decretar el Concejal Municipal.Finalmente y ante el escándalo que genera en Medellín esta situación, Federico Gutiérrez firmó un decreto para anular el cambio del POT y anunció que ante las autoridades hay pruebas y testigos de lo que el mandatario indica es prevaricato.Tras esta nueva denuncia de Federico Gutiérrez, en su cuenta de X el exalcalde Daniel Quintero se pronunció. El exmandatario aseguró que por el contrario fue Gutiérrez quien el 27 de diciembre de 2019,cuatro días antes de terminar su primer mandato al frente de la ciudad, firmó un contrato al través del cual recibía el lote Aguas Vivas aún conociendo el detrimento que representaba para el fondo de Obligaciones Urbanísticas.Quintero aseguró que al inicio de su administración denunció la situación tras recibir una demanda de los dueños de los predios que indicaba que en ese contrato se estipulaba que que el predio debía ser ofrecido como “obligaciones urbanísticas y que la plata recaudada iba para ellos”.Explicó el exalcalde que tras llevar la situación a una conciliación en Procuraduría y Consejo de Estado, las instancias le dieron la razón y se anunció la nulidad de la escritura y por lo tanto el Distrito no le pagó a nadie, pero además se compulsaron copias para que se investigara la actuación de Federico Gutiérrez y los funcionarios implicados en la firma de ese contrato.
Por falta de requisitos, la Superintendencia de Sociedades negó solicitud de acogimiento a ley de insolvencia a empresa de espectáculos mega contratista durante la administración de Daniel Quintero. Cyan Eventos y Logística a pesar de haber tenido contratos por más de 50 mil millones de pesos en los últimos tres años, actualmente tiene obligaciones por más de 8.600 millones de pesos.Tras haber sido una de las empresas más importantes para el desarrollo de espectáculos en Medellín durante la administración de Daniel Quintero, la empresa Cyan Eventos y Logística habría entrado en una crisis financiera que la llevó a pedir a las autoridades permiso para su reorganización, trámite que resultó fallido.Así se conoció en los últimos días en un auto de la Superintendencia de Sociedades firmado por la intendente Regional Medellín, Juliana Ochoa González, donde se negó el acogimiento de la empresa a la denominada ley de insolvencia por falta de información en sus actividades en los últimos tres años.La empresa hizo la solicitud formal ante ante la Superintendencia desde el 31 de marzo, sin embargo, tras los plazos solicitados y aceptados, no pudo completar la información debida para iniciar el proceso que le permitiera salir del estado de cesación de pagos y obligaciones vencidas a más de 90 días que superan los 8.600 millones de pesos.Entre las irregularidades más importantes, el organismo identificó que no se entregaron los estados financieros comparativos de los últimos tres años, pues lo que se hizo llegar “se limita a un comparativo de saldos año con año, sin revelar información completa y detallada de lo que ocurrió en la compañía durante el periodo”.Tampoco se remitieron copias de los documentos que soportan las cuentas por cobrar a trabajadores e incluso el mismo representante legal de la empresa, Mauricio Jaramillo Botero, admitió que la reducción de sus ventas se debió a que su principal fortaleza era la contratación con entidades públicas del orden municipal y departamental, pero “con el cambio de administraciones estos han generado nuevas políticas y nuevos procedimientos en los procesos de contratación directa lo que ha llevado a un proceso de amoldamiento a esas nuevas políticas”.Durante la administración de Daniel Quintero, Cyan Eventos y Logistica llegó a contratar más de 50 mil millones de pesos con la Alcaldía de Medellín, especialmente a través de Metroparques en programas como el Presupuesto Participativo que incluso fueron denunciados por la Veeduría Todos por Medellín, pues se habrían direccionado para favorecer a la firma que ahora está en aprietos financieros.Además de otros contratos para operar varios eventos de la Feria de la Flores, la empresa también tuvo a su disposición el manejo de la polémica carpa de eventos en el aeroparque Juan Pablo II que tuvo oposición por buena parte de residentes de la zona por falta de permisos para operar y los altos niveles de ruido. Cada evento para el que se subarrendar este espacio podría generar ganancias para la empresa por hasta 100 millones de pesos.
Las personas implicadas en este caso son Mabel López, quien era para la fecha de la investigación la gerente de Telemedellín, y Cristina Carvajal, directora operativa de la Agencia Central de Medios. Según el Ministerio Público, se habrían evidenciado presuntas irregularidades en un contrato firmado por más de 460 millones de pesos por el canal local y el Centro Nacional de Consultorías.La Personería de Medellín indica que se investigan tres momentos diferentes de dicho convenio: etapa previa, etapa contractual y la ejecución. Hay que aclarar que el contrato consistía en la investigación, medición y sondeos de opinión para la alcaldía de Medellín, en ese momento liderada por Daniel Quintero Calle.La personera delegada para la Vigilancia e Instrucción Disciplinaria, Yenny Serna, explicó en qué consistían las irregularidades evidenciadas. "Presuntamente se suscribió el 26 de marzo del 2020. Estábamos en plena pandemia. El acta de inicio aparece firmada el día 17 de marzo del año 2020, es decir, antes de que se suscribiera el contrato. Se encontraron también que se realizaron actividades antes de que el contrato se hubiese suscrito".De acuerdo con el Ministerio Público las irregularidades se habrían registrado por la presunta participación en las etapas anteriormente mencionadas con desconocimiento de los principios que rigen la contratación estatal, además, del presunto incumplimiento de deberes en la ejecución del mismo.Por otro lado, aseguran que el convenio fue prorrogado sin que haya justificación alguna por parte de la Administración Distrital.Según reveló la Personería ya ambas implicadas fueron notificadas y el proceso continúa en etapa de Decisión Disciplinaria, en donde se adelantará el juzgamiento y se tomará una decisión.
El exconcejal de Medellín Alfredo Ramos habló en Mañanas Blu, con Camila Zuluaga, sobre la negación de la posibilidad de venta de Tigo-Une por parte del exalcalde Daniel Quintero, pero que, ahora, sería una opción para Federico Gutiérrez. Explicó que una de las razones fue la falta de claridad en cuanto a la destinación de los recursos. Durante la gestión de Quintero, dijo que ese manejo de recursos cambió constantemente, lo que generaba dudas e inseguridad.“Particularmente había unas de no mucha claridad sobre a qué se iban a destinar los recursos. Ese es uno de los puntos más claros. En su momento, cuando Quintero era alcalde, cada semana cambiaba la destinación de los mismos. Es decir, pasó por todo tipo de razones. Decía que ni siquiera la plata iba a entrar, pero después decía que sí, que a la siguiente semana decía que igual se lo iba a gastar en una cantidad de temas. Es decir, nunca hubo mucha claridad al respecto, sin menospreciar el tema técnico”, detalló.Además, Ramos mencionó que el mercado de las telecomunicaciones es complejo y de alto riesgo, lo cual dificulta obtener utilidades. Aunque existen empresas rentables en este sector, como Claro, estas suelen tener un dominio importante en el mercado o funcionar en mercados donde son casi un monopolio.Sin embargo, el exconcejal mencionó que Tigo-Une podría ser rentable si se aprovechara mejor la infraestructura y se ampliara la base de clientes. EPM, como socio mayoritario, podría apalancar estas oportunidades y mejorar la eficiencia de la empresa.En ese sentido, también resaltó la importancia de la cuarta revolución industrial y de la plataforma tecnológica de Tigo-Une en el futuro de EPM, especialmente, en temas como la energía. Consideró que esta venta podría ser estratégica para el futuro de la empresa.
De las más de 150 obras pendientes de Vigencias Futuras que recibió la alcaldía de Federico Gutiérrez de la administración pasada, apenas han sido entregadas a esta mitad de año 65 concluidas, según indicó el Secretario de Educación Luis Guillermo Patiño."Logramos recibir de Vigencias Futuras más de 150 colegios que la administración pasada no pudo concluir. Quiero decir que hoy 65 de ellos lograron entregarse gracias a un acompañamiento muy especial", dijo el secretario.Patiño, señaló que durante el periodo de vacaciones aprovecharon para intervenir la infraestructura de alrededor de 30 colegios, sin embargo, aún hay sectores como los corregimientos de San Antonio de Prado y Altavista, donde quedaron pendientes por realizar obras en las instituciones educativas.Buen balance de inicio de clasesTerminaron las vacaciones de mitad de año para unos 320.000 jóvenes de Medellín que este lunes volvieron a acudir a sus colegios. Dentro de esta cifra el secretario de educación del Distrito resaltó que a inicio de año habían recibido a poco más de 200 mil niños matriculados."Cuando llegamos habían matriculados en Medellín solamente 205.000 estudiantes. Hoy tenemos la fortuna de tener más de 290.000 en el sistema oficial y cerca de 28.000 de cobertura contratada. Quiere decir, tenemos cerca de 320.000 niños matriculados", subrayó Patiño.También destacó que con la estrategia “En el colegio contamos con vos”, han logrado rescatar de las calles a más de 22.000 niños que estaban por fuera del sistema educativo.
Aunque para varios sectores políticos de Medellín y el país la suspensión que recientemente impuso por seis meses la Procuraduría General contra el exalcalde Daniel Quintero fue corta, al mismo político lo ha dejado inconforme y tras recientes declaraciones de la procuradura Margarita Cabello respecto a la decisión, le respondió.La cabeza de esa entidad del Ministerio Público en un rueda de prensa aseguró que los servidores se molestan cuando ejercen sobre ellos funciones de vigilancia y control, pero que ante cualquier tipo de pronunciamiento, incluso en malos términos, deben guardar silencio."A los servidores públicos les molesta cuando un órgano de control los vigila y está atento para que cumplan con su función, nos toca y por eso tenemos que guardar silencio ante todas esas serie de improperios o de malas formas de tratar a la entidad", dijo la funcionaria.Ante estas expresiones, a través de sus redes sociales, el exmandatario de la capital antioqueña insistió en la parcialidad de Cabello que quedó, según él, demostrada desde la suspensión inicial que tuvo por más de 40 días cuando era alcalde para evitar que interfiriera en las elecciones presidenciales.Pero además se refirió a la entidad que preside Cabello como una “máquina de extorsión”, pues asegura Quintero que buscan asustar a alcaldes del país para que en las próximas elecciones presidenciales, donde participaría, se elija a los de su preferencia."La Procuraduría actúa como una máquina de extorsión, no solo están tratando de sacar un líder que es abiertamente progresistas, sino que buscan al mismo tiempo asustar al resto de los alcaldes de país para que voten por un candidato que sea uribista a cambio de no tener que pasar por la persecución a la que nos han sometido a nosotros", declaró Quintero.Tras la decisión en primera instancia de la Procuraduría, Quintero no podrá ocupar ningún cargo público por los próximos seis meses, aunque ha insistido que acudirá a las instancias que tiene derecho, incluso internacionales, para que el fallo no quede en firme.Dentro de los argumentos expuestos por la defensa de Quintero ha estado que la participación indebida en política en favor del entonces candidato Gustavo Ptero no fue explícita ni directa, pero que además debe ser un juez y no la Procuraduría la que tome decisiones frente a funcionarios elegidos por voto popular.
No cesa la polémica entre el exalcalde de Medellín Daniel Quintero y la Procuraduría General de la Nación, luego de la sanción de seis meses y la multa de 104 millones impuesta a Quintero por participación política luego del polémico vídeo conocido como “el cambio en primera”.El exalcalde minutos después de conocer el fallo mediante su cuenta de X se despachó diciendo que: “El fallo de la procuradora Cabello es un fallo corrupto que da un zarpazo a la democracia desde una entidad cuestionada y sin competencia que viola la Constitución, la ley y la convención americana”.Dos días después de qué la Procuraduría sancionará a Quintero la procuradora general Margarita Cabello se volvió a pronunciar respecto a este episodio y fue enfática en asegurar que precisamente esa era la función del Ministerio Público de vigilar y sancionar a funcionarios públicos si incurrían en alguna falta.“La investigación que se inició al señor exalcalde de Medellín, se llevó con todas las garantías procesales y cumpliendo la misión de órgano de control, emitió una sanción que es objeto de recurso de apelación”, dijo Cabello.Incluso, la procuradora dijo que si no ejerce su control vigilando a los funcionarios desde este Gobierno y que si cada vez que se impone una sanción a cualquier funcionario se dice entonces que la Procuraduría está haciendo seguimientos o está haciendo actos de corrupción, quiere decir entonces que las normas constitucionales y la constituyente se equivocó en crear un órgano de control para eso.Por último, la Procuradora sigue firme en su posición de que la Procuraduría seguirá vigilante de las actuaciones de los servidores públicos.
En un fallo que ha generado una amplia controversia, la Procuraduría General inhabilitó por seis meses al exalcalde de Medellín Daniel Quintero por su participación en política durante las elecciones presidenciales de 2022.Esta decisión se origina a raíz de un video publicado por Quintero en mayo de 2022, donde expresó su apoyo a la campaña de Gustavo Petro, el actual presidente, algo que las leyes colombianas prohíben a los funcionarios en ejercicio.La sanción impuesta por la Procuraduría incluye, además de la inhabilidad de seis meses, una multa de 104 millones de pesos. Según el comunicado de la entidad, Quintero "publicó en sus redes sociales el video en el que aludió a un cambio en primera, fotografías en las que se veía el tarjetón de la consulta del partido referido y material audiovisual refiriéndose de manera explícita a las elecciones de 2022".Estas acciones fueron consideradas una falta grave, aunque no alcanzaron la categoría de gravísima, lo cual ha generado descontento entre algunos sectores políticos.Reacciones políticas a fallo contra Daniel QuinteroEl diputado de Antioquia Luis Peláez, uno de los principales denunciantes del caso, expresó su inconformidad con la sanción. En una entrevista con Mañanas Blu, con Néstor Morales, Peláez señaló: "Nosotros denunciamos siempre donde veamos corrupción y a Daniel Quintero lo hemos denunciado más de 17 veces en la Procuraduría, Personería, Contraloría y ahora también en la Procuraduría General". Para Peláez, la sanción se quedó corta, pues en su denuncia original solicitaba una inhabilidad de 15 años.Luis Peláez explicó que la sanción impuesta, si bien es significativa, podría ser solo el comienzo de una serie de decisiones adversas para Quintero."Todavía le quedan por lo menos 85 procesos en la Procuraduría General que lo afectan directamente. Si solo esos procesos o la mitad de los procesos o incluso la tercera parte de los procesos llegan a fallar en contra, como creo que va a ser, y solo le dan seis meses, estas faltas se computan y se suman", explicó el diputado.La inhabilidad de seis meses impuesta a Quintero se extenderá hasta finales de este año, lo que significa que podría estar habilitado para participar en las elecciones presidenciales de 2026.Sin embargo, Peláez considera que este fallo podría influir negativamente en las aspiraciones políticas del exalcalde.Denuncias adicionales contra QuinteroMás allá del video del "Cambio en primera", Peláez y otros denunciantes han presentado pruebas adicionales que implican a Quintero en el uso indebido de recursos públicos para apoyar la campaña de Gustavo Petro. Según Peláez, "Daniel Quintero hizo una participación irregular en política, no sólo es el acto del video del Cambio en primera, sino también algunas atribuciones de llevar recursos públicos de la alcaldía de Medellín para una campaña política directamente".En la entrevista, Peláez detalló que se presentaron más de 400 pruebas ante la Procuraduría, incluyendo contratos y pagos a asesores vinculados con la campaña política. "Nosotros entregamos más de 15 contratos de asesores que se pagaron con recursos públicos por más de $8000 millones por parte de Telemedellín, afiliados a una campaña política", aseguró.
Luego de que la Procuraduría sancionara al exalcalde de Medellín Daniel Quintero a 6 meses de inhabilidad y el pago de 104 millones de pesos por abusar de su cargo tras participar en política, su reacción no se hizo esperar en redes sociales.A través de un trino en su cuenta de X, el exalcalde de Medellín Daniel Quintero calificó de “corrupto” la decisión de la Procuraduría General de la Nación.Procuraduría sancionó e inhabilitó por 6 meses al exalcalde de Medellín Daniel QuinteroAsimismo, dijo Quintero que la Procuraduría era una entidad “cuestionada” que estaría “violando la constitución”. “El fallo de la procuradora Cabello es un fallo corrupto que da un zarpazo a la democracia desde una entidad cuestionada y sin competencia que viola la constitución, la ley y la convención americana”, escribió el exmandatario en X. Sobre el fallo de la ProcuraduríaLa decisión se tomó debido a que Quintero abusó de su cargo al participar en actividades políticas, emitiendo mensajes en los que invitaba a apoyar el cambio en primera vuelta y solicitaba revisar la votación de las mesas con votos del Pacto Histórico.La Procuraduría indicó que Daniel Quintero planeó y actuó con conocimiento de que no podía utilizar su posición con fines partidistas, violando así las normas de imparcialidad política que deben seguir los funcionarios públicos.
La Policía Metropolitana de Bucaramanga aseguró que, luego de recuperar más de 600 celulares, contactará a cada uno de los dueños de estos equipos móviles para regresárselos, eso sí, siempre que hayan realizado la respectiva denuncia“Con software y hardware maliciosos (que) los delincuentes modificaban la información de los equipos móviles, cambiando su número IMEI, y eliminaban la información que tenían los celulares”, confirmó el brigadier general Henry Yesid Bello Cubides, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga.Estos delincuentes operaban en el 2 y el piso 16 de un edificio ubicado en el barrio Alarcón de la ciudad, utilizaban bloqueadores de frecuencia de señal para que la Policía no diera con el lugar evitando así el seguimiento y rastreo de estos equipos de telefonía móvil. Desde allí, "se hacían pasar como trabajadores de las empresas móviles y contactaban a los dueños y les decían que necesitaban su correo y el código enviado para bloquear definitivamente el celular, afirmó el comandante de Policía Henry Yesid Bello Cubides, quien dio un agradecimiento especial “a todas las personas que hicieron el proceso de denuncia ya que esto permitió que las autoridades realizaran la trazabilidad del caso.Una de las víctimas de estos delincuentes aseguró que su celular fue robado por un mototaxista en el barrio San francisco de Bucaramanga, y otro afectado manifestó que su celular le había costado $1.700.000 que tuvo que terminar de pagar sin poderlo utilizar.Una mujer de 26 años era la encargada del cosquilleo, otro hombre utilizaba la modalidad de raponazo conduciendo una motocicleta en la ciudad.
La Policía Nacional capturó este viernes en Medellín a Robinson Alexander Foronda Galeano y Juan Esteban Atehortúa Acevedo, señalados de presuntamente perpetrar el crimen del líder comunitario Luis Fernando Osorio Soto, el pasado 3 de enero en la vereda Orizaba de Andes, Suroeste de Antioquia.Foronda y Atehortúa tenían orden de captura vigente por los delitos de homicidio agravado, desaparición forzada, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego y hurto calificado y agravado, por lo sucedido a este líder, quien además era enfermero de varias zonas rurales de Andes.De acuerdo con la investigación de las autoridades, la víctima se habría resistido al hurto de su vivienda y cuentas bancarias, no obstante, en mayo de este año capturaron a Juan Esteban Acevedo Arteaga, alias 'Juancito', quien al parecer hizo retiros de las cuentas bancarias del líder social por 19 millones de pesos. En total le fueron robados, entre dinero y otros elementos de valor, algo más de 20 millones de pesos.Para el caso de alias 'Juancito', un juez de control de garantías le dictó medida de aseguramiento en centro carcelario el 28 de mayo, mientras avanza el proceso judicial.Los hechos ocurrieron el 29 de diciembre de 2023, cuando varios hombres armados, habrían ingresado a la vivienda de la víctima y llevado en contra de su voluntad a un sitio solitario y despoblado. Días después, el 3 de enero de este año, el cuerpo fue encontrado atado de manos y pies, además con varias heridas de arma de fuego y politraumatismos en cabeza y tórax, según la Fiscalía.
El Gobierno chileno envió este viernes a Venezuela una nota de protesta por haber impedido ingresar al país a los senadores Felipe Kast (centroderecha) y José Manuel Rojo Edwards (ultraderecha), invitados por la oposición venezolana como observadores en las elecciones del domingo en las que Nicolás Maduro busca la reelección."El Ministerio de Relaciones Exteriores citó al embajador de Venezuela en Chile, Arévalo Méndez, para entregarle una nota de protesta debido a que no se permitió el ingreso a ese país a los senadores José Manuel Rojo Edwards y Felipe Kast", dijo la Cancillería en un escueto comunicado.Kast, del partido Evópoli, informó en sus redes sociales que iban a ser deportados porque no cumplían "con el perfil ni las condiciones de ingresar al país".Edwards, del ultraderchista Partido Social Cristiano, indicó por su parte que "Maduro ha traído miseria y hambre" y "debe saber que Latinoamérica entera va a defender la democracia del pueblo bravo de Venezuela".La Presidencia del Senado chileno aseguró que los hechos son "antidemocráticos" y "denotan la mayor gravedad" porque "los senadores chilenos cuentan con todas las condiciones exigidas usualmente por la República Bolivariana de Venezuela para hacer ingreso a su territorio".Maduro, en el poder desde 2013, se enfrentará el domingo a Edmundo González Urrutia, un exdiplomático de 74 años que se convirtió en el candidato de la oposición luego de que la exdiputada María Corina Machado fuera inhabilitada, y que lidera la intención de voto según las encuestadoras tradicionales del país suramericano.El chavismo, sin embargo, asegura que Maduro ganará, pese a que los sondeos independientes reflejan el hastío de gran parte de la población en medio de una feroz crisis económica que devastó al país en la última década.La deportación de los senadores chilenos tiene lugar horas después de que Venezuela impidió la entrada de una delegación de parlamentarios del Partido Popular (PP) de España y también de un grupo de expresidentes latinoamericanos en un avión que no pudo despegar desde Panamá hasta que los exmandatarios no bajaron de la aeronave.
En la semana epidemiológica que realizó, el Instituto Nacional de Salud reportó un total de 2,375 casos de hepatitis, desglosados en hepatitis B, C y coinfección B-Delta. La cifra se compone de 1,348 casos de hepatitis B, 1,025 de hepatitis C, 2 de hepatitis Delta y 1 transmisión maternoinfantil. Por otra parte, la tasa de incidencia para hepatitis B se estimó en 2.6 casos por cada 100,000 habitantes, mientras que para hepatitis C fue de 1.0 casos por cada 100,000 habitantes. La tendencia general indica un aumento en la incidencia de estas enfermedades.¿Cómo está la hepatitis en Colombia?Las ciudades con mayor número de casos de hepatitis B fueron Bogotá D.C., Medellín, Cúcuta, Barranquilla y Cali. Para hepatitis C, las principales ciudades afectadas incluyeron Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Armenia. Los casos de hepatitis D se concentraron en Bogotá D.C. y Neiva.Hombres, los más afectados por Hepatitis BEl análisis por género muestra que la hepatitis B afecta más a los hombres, con una tasa de incidencia de 3.1 casos por 100,000 habitantes, frente a 1.1 casos en mujeres. En los hombres, se observó una disminución estadísticamente significativa en los casos de hepatitis B en el grupo etario de 15 a 19 años y un aumento en el grupo de 65 a 69 años. Entre las mujeres, se registró una disminución en los casos en el rango de 30 a 34 años y un aumento en el grupo de 60 a 64 años.Disminuye la hepatitis B en mujeres embarazadas en ColombiaDe los casos de hepatitis B reportados, el 4.6 % correspondió a mujeres embarazadas, lo que representa una disminución estadísticamente significativa en comparación con el año anterior. El principal mecanismo de transmisión de la hepatitis B fue sexual, representando el 72.6% de los casos, seguido de la transmisión percutánea o parenteral con el 7.1%. Además, el 3.8% de los casos correspondió a poblaciones indígenas y el 3.6% a negros, mulatos o afrodescendientes, con una disminución estadísticamente significativa en estos últimos grupos comparado con el año anterior.
Una verdadera crisis atraviesa la negociación entre la Alcaldía de Cartagena y la Asociación Cartagenera de Cocheros en medio del proceso de sustitución de coches de tracción animal por coches eléctricos, luego de que un grupo de propietarios y conductores de coches protestaran en contra dicho proceso.Tras varios días de silencio, el alcalde Dumek Turbay se pronunció al respecto asegurando que el proceso de transición en la ciudad no tiene reversa, y que no se volverá a sentar a la mesa con quienes protagonizan esta protesta que calificó como ‘difamatoria’.“En el mes de septiembre vamos a escoger a 15 cocheros, no a dueños de coches, sino a 15 cocheros de la ciudad de Cartagena y los vamos a llevar a Santo Domingo, donde hay un proceso exitoso de sustitución de coches (…) y para los cocheros que hicieron la protesta que fue irrespetuosa, que utilizó palabras difamatorias y calumniosas con el gobierno y conmigo, pues tenemos que decirles que no tenemos nada de que hablar, el diálogo se ha roto por esa actitud, por promocionar la mentira, como argumento de defensa y por creer que amedrentan el gobierno”, dijo.El mandatario señaló que la protesta habría sido incentivada más por los “dueños de los coches que por los cocheros”, y que espera que antes de las Fiestas de Independencia ya estén en la ciudad los primeros 30 coches eléctricos.“Una cosa es el cocheros y una cosa es el dueño de los coches (…) Yo tengo la impresión que la protesta última fue de los dueños de los coches, no de los cocheros, porque lo hemos dicho es que los 60 coches que vamos a adquirir los van a administrar los cocheros, la misma Asociación de Cocheros, y los coches eléctricos tendrán todo el respaldo nuestro, dos años de garantía, dos años de acompañamiento, recursos para que ellos puedan pasar de cochero a empresarios de un servicio turístico”, sostuvo.El alcalde dijo, además, que ya tienen los recursos asegurados para la compra de los 60 coches eléctricos, y que a finales de julio estaría lista la resolución del Ministerio de Transporte que permitirá avanzar en el proceso de transición.Recordemos que el pasado 22 de julio un grupo de cerca de 30 cocheros y propietarios protestaron frente a la Alcaldía de Cartagena para exigir garantías en el proceso de sustitución y claridad sobre una resolución del Ministerio de Transporte que regulará esta actividad.Señalaron que fueron “engañados” por el alcalde Dumek Turbay y que se han sentado en mesas de negación, pero no han sido realmente escuchados.