La diligencia judicial en la que habrá formulación de imputación y solicitud de medida de aseguramiento, por los casos de corrupción en el Área Metropolitana, contra Miguel Quintero Calle, hermano del ex alcalde de Medellín y hoy Superintendente de Salud, Daniel Quintero Calle, ya no será el lunes 3 de agosto, sino que fue reprogramada para el martes 25 de agosto.
En la audiencia, cuya citación, fue trasladada tres semanas después de la fecha inicialmente programada, también se busca formular imputación de cargos contra Sebastián de Dios Ortega Urán, Vanesa Álvarez Restrepo y Álvaro Alonso Villada García, quienes comparecerán, según el proceso judicial, por presuntamente haber cometido los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación.
Al igual que Miguel Quintero Calle, en la misma audiencia esta agendado el espacio para el alegato de la solicitud de medida de aseguramiento para estas tres personas que serán presentados ante el juez.
El caso sigue siendo polémico, más cuando el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, denunció que testigos de casos de presunta corrupción en la administración de Daniel Quintero están siendo amenazados.
“Están amenazando a testigos clave de la fiscalía, que son testigos de los procesos por corrupción de los hermanitos “Q” y solicito a la Policía y la Fiscalía que los proteja y que sigan avanzando los diferentes procesos”, advirtió el alcalde Gutiérrez en sus redes.
Cabe recordar que el Juzgado 28 Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de la ciudad avalará un preacuerdo con la Fiscalía para condenar a 19 meses de prisión a Juan Alberto Cardona Henao, quien se desempeñaba como contador y tesorero del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del municipio de Itagüí.
La aceptación de cargos está relacionada con la elaboración y utilización de 15 documentos falsificados, entre ellos cuentas de cobro y otros soportes que sirvieron para justificar el desembolso de recursos públicos por bienes y servicios que, según la investigación, nunca fueron suministrados en medio de los contratos firmados por esa entidad y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá.
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Las pesquisas han permitido identificar distintos niveles de intervención de funcionarios y particulares que, presuntamente, hicieron parte del esquema investigado, entre ellos el de Miguel Quintero Calle.
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