La Fiscalía General de la Nación abrió una noticia criminal para investigar las posibles irregularidades que se habrían presentado en el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) y otras entidades públicas durante el gobierno de Gustavo Petro. La indagación incluye las denuncias sobre una presunta contratación irregular de mujeres y las declaraciones públicas de la exdirectora de esa entidad, Angie Rodríguez.El ente acusador confirmó que la noticia criminal fue abierta el pasado 23 de octubre y que el caso quedó a cargo de una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia, quien contará con el apoyo de un equipo especializado. Como parte de las primeras actuaciones, serán citadas las exdirectoras del Dapre Angie Rodríguez y Laura Sarabia, además de otros funcionarios y exfuncionarios de la entidad y personas que podrían tener relación con los hechos conocidos hasta ahora. La Fiscalía también anunció que ordenará las respectivas actividades de policía judicial para avanzar en el esclarecimiento de las denuncias. La investigación busca determinar si se presentaron irregularidades en la contratación pública y establecer las circunstancias de los hechos que han sido divulgados.La apertura de la noticia criminal se produce después de las revelaciones de Rodríguez sobre la presunta instrumentalización de mujeres vinculadas mediante contratos de prestación de servicios, quienes, según las denuncias, habrían sido utilizadas para asistir a reuniones y fiestas en la Casa de Nariño.A las denuncias se sumó el pronunciamiento del actual director del Dapre, Carlos Ríos, quien señaló ante el Congreso que serían 48 las mujeres involucradas en los hechos. De acuerdo con lo expuesto, cuatro de ellas estarían declarando como testigos ante funcionarios del Dapre.El caso también motivó un pronunciamiento de la defensora del pueblo, Iris Marín, quien pidió priorizar las investigaciones y solicitó a la Corte Suprema de Justicia, a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes y a la Procuraduría actuar con independencia, esclarecer lo ocurrido y garantizar la protección de las posibles víctimas.
El abogado Alejandro Carranza, representante del expresidente Gustavo Petro, señaló a la exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) Angie Rodríguez como presunta responsable de las actuaciones relacionadas con el denominado 'Pacto de Valledupar', en el que se habría buscado obtener declaraciones de exjefes paramilitares sobre figuras políticas. En entrevista con Recap Blu, Carranza aseguró que Petro nunca ordenó acercamientos para promover testimonios falsos contra el entonces candidato Álvaro Uribe, el exvicepresidente Germán Vargas Lleras o el hoy presidente Abelardo De La Espriella. “La orden, determinación y autoría intelectual y material es de Angie Rodríguez”, afirmó el abogado, quien anunció acciones ante las autoridades para esclarecer lo sucedido.Carranza explicó que presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación y solicitó que el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso sea llamado a declarar para precisar quién habría propuesto los acercamientos y con qué propósito. Según el abogado, el expresidente Petro buscaba que los exintegrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia contribuyeran al esclarecimiento de la verdad en el marco del proceso de paz. También cuestionó que Rodríguez no hubiera acudido oportunamente a las instancias competentes para denunciar los hechos que ahora relata públicamente. Frente a la posible participación de otros funcionarios, Carranza afirmó que no tiene evidencias para señalar al exministro Armando Benedetti y sostuvo que Rodríguez debe explicar su versión ante la justicia.Acusación con menoresEl representante jurídico también anunció acciones por las declaraciones que Rodríguez hizo recientemente en una entrevista con el humorista Daniel Samper Ospina, en las que planteó señalamientos sobre la vida personal del exmandatario. Carranza rechazó esas afirmaciones y aseguró que la exfuncionaria tendrá que responder por el posible daño causado al buen nombre de Petro.“Entonces salga a decir que ya vio fotos, que ya vio videos, pero que no lo puede asegurar, y haga esas preguntas tan horribles que rechazamos para atacar la moral y la dignidad del presidente Petro. Pero ya no solamente va a tener que responder penalmente, también económicamente”, manifestó. Según explicó, esta semana prevé presentar una acción de responsabilidad civil para reclamar una reparación por el presunto daño moral.Recursos del DapreEl abogado agregó que las acciones jurídicas anunciadas no se limitan al episodio del 'Pacto de Valledupar' ni a las declaraciones sobre la vida privada del expresidente. También indicó que solicitó a la Fiscalía examinar el manejo de los recursos del Dapre durante la gestión de Rodríguez, especialmente en relación con su patrimonio y algunos gastos que, según afirmó, habría asumido para el entonces mandatario. Carranza cuestionó el origen de los recursos con los que la exfuncionaria sostendría su estilo de vida y pidió que se investigue si existe alguna irregularidad. Se trata de señalamientos formulados por el abogado que deberán ser evaluados por las autoridades competentes.“La tercera es para que analicen el manejo de los recursos del Dapre que ella, como determinadora del gasto, ejecutó. Porque no es posible, no nos cabe en la cabeza de dónde sacó la plata para vivir en el apartamento lujoso que vive hoy en día. No nos cabe en la cabeza que ella le cobrara al presidente Petro más de 120 millones de pesos en gastos que ella le prestaba al presidente para sufragar gastos cotidianos de la vida del presidente, porque ella le ayudaba a pagar esas cuentas: el agua, la luz, el teléfono, la pensión de la niña, etcétera, etcétera”, sostuvo Carranza. El abogado pidió que la Fiscalía examine estos hechos y determine si hay elementos que ameriten nuevas actuaciones judiciales.
El abogado Alejandro Carranza, representante legal del expresidente Gustavo Petro, denunció ante la Fiscalía General de la Nación a la exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE), Angie Rodríguez, y al exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, por los señalamientos relacionados con el denominado ‘Pacto de Valledupar’.El caso gira en torno a las versiones sobre un supuesto plan en el que, presuntamente, integrantes del anterior Gobierno habrían buscado a antiguos jefes paramilitares para desprestigiar al expresidente Álvaro Uribe Vélez, al fallecido exvicepresidente Germán Vargas Lleras y a Abelardo De La Espriella, quien para la época era candidato presidencial.Carranza aseguró que la denuncia busca que Mancuso precise quién habría solicitado, desde el Gobierno, que se formularan señalamientos contra Uribe y De La Espriella. El abogado también rechazó que Petro hubiera ordenado a Rodríguez buscar un supuesto montaje judicial o promover falsos testimonios contra esas personas.“Esta denuncia va en contra de la señora Angie Rodríguez, porque a ella jamás el presidente Petro le dio la orden de ir a buscar un entrampamiento o de buscar que se generara un falso testimonio en contra del señor Álvaro Uribe Vélez o del señor Abelardo”, afirmó el abogado.El representante legal del exmandatario sostuvo que, si Petro hubiera tenido información sobre posibles vínculos con actividades criminales, habría hecho las denuncias públicamente, en lugar de enviar a Rodríguez a realizar esas gestiones, como, según Carranza, ella lo habría afirmado.La actuación se conoce después de que la Fiscalía dispusiera la compulsa de copias a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes para que examine los señalamientos que podrían involucrar al entonces presidente de la República. Frente a este trámite, Carranza anunció que ya solicitó que el expresidente Petro sea escuchado por las autoridades y que, en los próximos días, se realizará una declaración a través de un investigador judicial.“Nosotros hoy mismo radicamos solicitud para que se escuche al presidente Petro, y también en próximos días haremos una declaración a través de investigador judicial”, señaló el abogado, quien pidió celeridad a la Fiscalía y a la Comisión de Acusación en el desarrollo de las actuaciones.Adicionalmente, el abogado interpuso una querella y una denuncia por los señalamientos de Rodríguez relacionados con el supuesto consumo de sustancias y las actuaciones sexuales de Petro. También solicitó que se investiguen presuntas irregularidades de corrupción que, según su denuncia, se habrían presentado durante la administración de Rodríguez al frente del DAPRE.Las denuncias y solicitudes buscan que las autoridades examinen las afirmaciones de las partes y determinen si existen elementos para avanzar en las investigaciones correspondientes.
La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria en contra del exministro del Interior Armando Benedetti y en contra de la exdirectora del Dapre Angie Rodríguez por el presunto intento de instrumentalización de los exjefes paramilitares para que declararan contra Abelardo De La Espriella, Álvaro Uribe y Germán Vargas Lleras, con fines electorales en el llamado “Pacto de Valledupar”.La decisión se conoció luego de las recientes declaraciones de Rodríguez y del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, quienes señalaron que el encuentro, presentado inicialmente como un espacio institucional, habría tenido un propósito diferente al que se expuso públicamente. Según las denuncias, durante esa reunión se habría buscado que antiguos integrantes de las autodefensas entregaran testimonios contra varios dirigentes políticos.Como parte de las actuaciones, el Ministerio Público solicitó preservar las entrevistas concedidas por Rodríguez y las declaraciones que Mancuso publicó recientemente en sus redes sociales. También requirió a la Fiscalía General de la Nación un informe sobre las diligencias y actuaciones adelantadas frente a las mismas denuncias, con el objetivo de ampliar el material probatorio que permita esclarecer lo ocurrido.Inspección al DapreEntre las medidas ordenadas se encuentra una inspección al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) para recopilar documentos entregados por Rodríguez al equipo de empalme durante la transición de Gobierno, así como información relacionada con su salida de la entidad. La Procuraduría busca establecer qué registros existen sobre los hechos denunciados y determinar si hubo actuaciones irregulares por parte de los funcionarios involucrados.Adicionalmente, el organismo ordenó recibir los testimonios de Jorge Arturo Lemus, exdirector de la Dirección Nacional de Inteligencia; Hollman Morris, director de RTVC, y Otty Patiño, exalto comisionado para la Paz. Con estas diligencias, la investigación disciplinaria buscará esclarecer las circunstancias del encuentro, establecer si se utilizó indebidamente un espacio institucional y determinar las posibles responsabilidades de Benedetti y Rodríguez, sin que la apertura del proceso implique una conclusión anticipada sobre su responsabilidad.
Eva Ferrer, exasesora de Verónica Alcocer, aseguró que la exprimera dama usó naves oficiales del Goierno para transportar drogas, dinero y armas durante el periodo presidencial de Petro, hecho por el cual la Procuraduría y la Fiscalía abrieron una investigación formal para esclarecer los hechos.Ante esta situación, el senador Gustavo Bolívar, del Pacto Histórico, salió en defensa tanto del expresidente como todo su entorno frente a las denuncias de Ferrer y las plasmadas antes por Angie Rodríguez, además que cuestionó la falta de pruebas y pide que todo sea entregado a las autoridades pertinentes.“Porque si no tienen las pruebas, pues sencillamente están cayendo en un delito más grave, que es el de la calumnia y el de servirle a un gobierno para poner cortinas de humo en momentos en que el país está en crisis, en diferentes crisis: crisis económica, en crisis por el terremoto, la crisis por el presupuesto que acaba de presentar”, indicó.“Que muestren las pruebas”Bolívar cuestionó la decisión de hacer públicas las denuncias a través de medios de comunicación, en lugar de acudir, según dijo, a la Fiscalía General de la Nación con las pruebas correspondientes. Mencionó la existencia de procedimientos de control y registro relacionados con los vuelos de aeronaves oficiales. En su opinión, esos procedimientos hacen necesario contrastar las acusaciones con los registros correspondientes.“Entonces, y además con la gravedad que tienen esas afirmaciones, ella dice que hay unas fotos, muéstrenlas. Dice hay una foto, hay que, tienen que mostrarla. Ahora, así aparezca la foto, ¿quién le dice a usted que, porque una señora viene bajando con una bolsa, en esa bolsa qué hay dentro?”, puntualizó.Si se comprueba todo, él abandonaría el Pacto HistóricoPese a la postura de defensa del senador ante estas graves acusaciones, sí fue enfático que, en caso de que las autoridades demuestren que son ciertas, él daría un paso el costado del partido ya que esto no representa lo que tanto ha defendido a lo largo de su vida.Bolívar explicó que lleva más de una década compartiendo espacios políticos con integrantes del movimiento y que, según su experiencia, nunca tuvo indicios que le hicieran sospechar de la participación de miembros de la colectividad en ese tipo de actividades criminales.“Yo no vine a un partido donde ni siquiera en pensamientos pudiera pensarse en que aquí hay traficantes de armas y de drogas”, agregó.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó a la Unidad Nacional de Protección (UNP) restablecer, de manera transitoria, las medidas de protección y el esquema de seguridad de Angie Lizeth Rodríguez Fajardo, exgerente del Fondo de Adaptación, mientras se realiza un nuevo estudio de seguridad que permita determinar las medidas que requiere actualmente.La decisión se produjo en el marco de una acción presentada por Rodríguez, luego de que la UNP modificará las medidas de protección que tenía asignadas. El Tribunal señaló que la situación de la exfuncionaria debe ser analizada teniendo en cuenta que actualmente ya no ocupa el cargo de gerente del Fondo de Adaptación y las amenazas que, según lo expuesto en el proceso, habría denunciado durante su permanencia en el Gobierno Petro.En el fallo, el Tribunal ordenó expresamente a la UNP realizar un nuevo estudio de seguridad a Rodríguez. “Se dispondrá que la UNP realice un nuevo estudio de seguridad a la señora Angie Lizeth Rodríguez Fajardo teniendo en consideración que actualmente no se desempeña en el cargo de Gerente del Fondo de Adaptación y establezca las medidas de protección que requiera conforme a ese nuevo estudio de seguridad”, señala la decisión.Sin embargo, mientras se adelanta ese procedimiento, el Tribunal determinó que las medidas que tenía anteriormente deben ser restablecidas. “Pero en el entretanto deberán ser restablecidas las medidas de que era objeto conforme a la resolución DGRP 003701 de 23 de abril de 2026 de la UNP a fin de asegurar sus derechos fundamentales invocados en la demanda de acción de tutela, frente a cualquier riesgo”, añade el fallo. Rodríguez fue desvinculada de la gerencia del Fondo de Adaptación el pasado 31 de julio, cuando el entonces presidente Gustavo Petro declaró su insubsistencia. Tras su salida, el mandatario la señaló de ser “manipuladora”, en medio de los cuestionamientos surgidos por las entrevistas que concedió y en las que denunció presuntas irregularidades dentro del Gobierno.
Un juez declaró improcedente la acción de tutela presentada por Angie Lizeth Rodríguez, exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), con la que buscaba dejar sin efectos su salida de la gerencia del Fondo Adaptación y obtener su reintegro al cargo.La tutela fue presentada contra la Presidencia de la República y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, a raíz de la expedición del Decreto mediante el cual Rodríguez fue declarada insubsistente de su nombramiento como gerente del Fondo Adaptación.Por medio de su apoderado judicial, la exfuncionaria alegó la vulneración de sus derechos fundamentales al trabajo, debido proceso, estabilidad laboral reforzada, salud, dignidad humana e igualdad. Según la acción constitucional, su salida del cargo habría obedecido a razones discriminatorias relacionadas con su condición médica.Entre las pretensiones formuladas estaba el reintegro, como mecanismo transitorio, al cargo de gerente del Fondo Adaptación o a uno de igual o superior categoría. También solicitó que se garantizara la continuidad de su afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud y el acceso al tratamiento médico especializado que requiriera.El juez reconoció dentro del análisis que la condición médica de Rodríguez era conocida por la administración y que el Fondo Adaptación había adoptado medidas de protección y seguimiento relacionadas con su estado de salud.Sin embargo, el despacho concluyó que los elementos aportados al proceso no eran suficientes para establecer que su condición médica hubiera sido la razón determinante de la decisión de declararla insubsistente.Uno de los elementos analizados por el juez fue la cercanía temporal entre la incapacidad médica comunicada por Rodríguez el 30 de julio de 2026 y la expedición, un día después, del Decreto 0936 que declaró su insubsistencia.Sobre este punto, el despacho señaló “La sóla proximidad temporal entre las publicaciones, la incapacidad comunicada el 30 de julio y la expedición del Decreto 0936 el 31 de julio de 2026 constituye un elemento que debe ser valorado, pero no permite, aisladamente considerado, establecer la existencia de un móvil discriminatorio”.El juez precisó que para establecer que el retiro obedeció a un acto discriminatorio se requerían elementos adicionales que permitieran determinar que la facultad discrecional había sido utilizada específicamente para excluir a Rodríguez debido a su estado de salud.En ese sentido, la decisión señala que “para concluir que el retiro tuvo como causa determinante la condición de salud sería necesario contar con elementos adicionales que permitan establecer, con el grado de certeza propio de la decisión que se pretende adoptar, que la facultad discrecional fue utilizada para excluir a la accionante precisamente por su estado médico”.El despacho también tuvo en cuenta que, al momento de su nombramiento como gerente del Fondo Adaptación, Rodríguez ya presentaba la condición médica que posteriormente invocó como fundamento de la estabilidad laboral reforzada que reclamaba mediante la tutela.Otro de los aspectos considerados fue la naturaleza del cargo que ocupaba. El juzgado recordó que la gerencia del Fondo Adaptación corresponde a un empleo de libre nombramiento y remoción, por lo que el Presidente de la República cuenta con facultad discrecional para disponer el retiro de quien ejerce esa función.
El abogado de la exdirectora del Dapre y del Fondo de Adaptación, Angie Rodríguez, solicitó al presidente del Senado, Honorio Henríquez, revocar la autorización que le permite al expresidente Gustavo Petro salir del país.La petición fue presentada por Manuel Vicente Villanueva, quien actúa como apoderado de Rodríguez y argumenta que actualmente existe una denuncia ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara relacionada con hechos ocurridos durante el anterior Gobierno.Según el documento, la denuncia contra Petro menciona presuntas conductas relacionadas con peculado por aplicación oficial diferente, tráfico de influencias de servidor público, constreñimiento ilegal, injuria y calumnia.“La Dra. ANGIE LIZETH RODRIGUEZ FAJARDO, en el ejercicio de sus funciones como exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE) exdirectora del Fondo de Adaptación, ha venido denunciando públicamente y ante las autoridades competentes graves irregularidades, presiones indebidas y conductas punibles ocurridas al interior de la Casa de Nariño”, se lee en el documento.El abogado sostiene además que entre los hechos denunciados estarían presuntas presiones para trasladar cerca de un billón de pesos del presupuesto del Fondo de Adaptación, recursos que, según señala, estaban destinados a inversión social.La solicitud también hace referencia a supuestas presiones e intimidaciones relacionadas con el nombramiento de Juliana Guerrero, así como a señalamientos, amenazas y otros hechos que, de acuerdo con el abogado, habrían afectado a Angie Rodríguez.“Los hechos objeto de investigación comprenden presiones para el traslado no justificado de cerca de un billón de pesos del presupuesto del Fondo de Adaptación destinados a inversión social, presiones e intimidaciones relacionadas con el nombramiento de la señora Juliana Guerrero, así como graves señalamientos injuriosos, calumniosos, amedrentamientos y amenazas de muerte vertidas en contra de la víctima”.En el documento, la defensa asegura además que la exfuncionaria habría recibido llamadas intimidatorias y amenazas contra su vida, circunstancias que utiliza como parte de los argumentos para pedir al presidente del Senado que deje sin efecto el permiso concedido al expresidente Petro para viajar fuera de Colombia.
La Fiscalía ordenó la práctica de un examen toxicológico a la exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) Angie Rodríguez, luego de la ampliación de su declaración dentro de la investigación por las presuntas amenazas de muerte, llamadas extorsivas e intimidaciones que asegura haber recibido tras las declaraciones públicas que entregó sobre el presidente Gustavo Petro y distintos hechos ocurridos durante su paso por el Gobierno Nacional.La diligencia, que se extendió por más de seis horas, se realizó en calidad de denunciante y contó con la participación de investigadores y una médica de la Fiscalía, quienes recopilaron nuevos elementos para profundizar en las líneas de investigación abiertas por las denuncias presentadas por la exfuncionaria.Al término de la diligencia, el abogado de Rodríguez, Manuel Villanueva, aseguró que uno de los principales aspectos abordados fue la ampliación de las denuncias relacionadas con presuntos intentos de afectar la salud e integridad de su representada mediante el suministro de medicamentos o sustancias. Según explicó, “la doctora Angie Rodríguez dejó en claro que, efectivamente, durante su estancia en el DAPRE y posteriormente en el Fondo Adaptación, hubo varios intentos de alterar, manipular el comportamiento de Angie Rodríguez los últimos 8 meses por parte de un funcionario identificado, terminaron consolidándose a fin de alterar el comportamiento de la doctora Angie Rodríguez y, finalmente, incidir en las decisiones, y no sabemos si esto tenía como fin atentar en contra de la vida de la doctora Angie”.El abogado indicó que ese relato no solo fue expuesto por la exfuncionaria, sino que, según afirmó, fue respaldado por otros testigos. “El testimonio de la doctora Angie Rodríguez fue soportado por siete declaraciones, de funcionarios tanto del DAPRE como del Fondo Adaptación, que confirmaron los hechos que se estaban denunciando por parte de Angie Rodríguez”, manifestó.Villanueva señaló que, como resultado de esa información, la Fiscalía dispuso una prueba técnica para avanzar en la verificación de los hechos denunciados. “La Fiscalía definió que era necesario hacer un examen toxicológico para establecer qué tipo de medicamento se le suministró a Angie Rodríguez. Y, efectivamente, ayer, en la diligencia, la Fiscalía ordenó un examen toxicológico para establecer el grado de vulneración que ha tenido o que ha venido teniendo la doctora Angie Rodríguez”, afirmó.La defensa también sostuvo que durante la diligencia se expusieron elementos que, según indicó, permitieron individualizar a una de las personas señaladas en las denuncias. “Se identificó el sujeto, el responsable de estas conductas, y evidentemente se pudo establecer que no es una persona que actúe sola, que hay un grupo de personas, una coautoría, que han venido tratando de afectar la vida y la integridad de Angie Rodríguez. Evidentemente, luego de que esta persona tuviera algún tipo de contacto con Angie Rodríguez, había una alteración en el comportamiento de la funcionaria”, aseguró Villanueva. Como parte del material entregado a la Fiscalía, la defensa aportó la historia clínica de Rodríguez y los registros médicos relacionados con la atención recibida durante los últimos meses. Al respecto explicó que “la trazabilidad médica que existe en la historia clínica, cada vez que ella acudió. Creo que hay, más o menos, unas 40 visitas al psiquiatra por parte de Angie Rodríguez, que van a funcionar como el antecedente más importante dentro del análisis médico”.Sobre la identidad de las personas mencionadas en la denuncia y una eventual relación con la Presidencia, Villanueva indicó que esa información hace parte de la reserva de la investigación. “El trabajo de ahí en adelante frente a la investigación, el desarrollo del proceso investigativo está en manos de la Fiscalía y ellos son los que determinarán quiénes están más allá de la persona que está aquí señalada o las personas que están aquí señaladas”, sostuvo.El abogado también recordó que otra de las líneas de investigación corresponde a las amenazas que, según la denuncia, habría recibido Rodríguez y que involucrarían presuntamente a personas identificadas como funcionarios de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).Frente a ese aspecto señaló que “son varias líneas de investigación. Esto está tomando una dimensión preocupante para la misma Fiscalía y ayer mismo le solicitamos que, a través de ellos, se reforzara el esquema de seguridad de Angie Rodríguez, porque se evidenció que la realidad es muy preocupante frente a todo este tipo de intentos de acabar con la vida de Angie Rodríguez o afectar su salud e integridad”.Añadió que durante la diligencia también fueron entregados nuevos elementos de prueba. “Se aportaron elementos materiales probatorios importantes desde el celular de Angie Rodríguez, declaraciones de otros funcionarios que evidenciaron todo este tipo de comportamientos y la Fiscalía va a solicitar la práctica de pruebas técnicas que confirmen y corroboren todo lo planteado por Angie Rodríguez en sus denuncias”, afirmó.Finalmente, Villanueva indicó que, respecto de las denuncias presentadas ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes relacionadas con el presidente Gustavo Petro, por el momento no han sido notificadas nuevas diligencias o actuaciones procesales.
El partido Colombia Humana, que postuló a Gustavo Petro a la Presidencia en el año 2022 y que actualmente hace parte del Pacto Histórico, publicó una carta fechada de hace un año en la que se formulan señalamientos contra Angie Rodríguez, exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y recientemente declarada insubsistente por el mandatario saliente. La decisión se tomó después de las denuncias de ella sobre presunta corrupción y tráfico de influencias por parte de Juliana Guerrero y Gabriela Muñoz, quienes sin ser funcionarias, según su versión, incidían en la contratación y asignación de puestos en el gobierno.La colectividad, además de publicar la carta, acusa a Rodríguez de haber buscado presuntos negocios para su supuesta pareja, el congresista Jorge Tovar Vélez, y de haber promovido la contratación de asesores que habían denunciado penalmente al mandatario. La carta fue firmada el 31 de julio de 2025 por José Alexis Mahecha Acosta, entonces director Administrativo y Financiero del Dapre, y está dirigida al presidente Gustavo Petro bajo el asunto "Queja en contra de la señora Directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República".En el documento, Mahecha asegura que el 4 de julio de 2025 informó a Angie Rodríguez sobre la presencia en el despacho presidencial del abogado Manuel Vicente Villanueva, quien, según afirma, se había posesionado como asesor de alto nivel pese a haber presentado una denuncia penal contra el Petro ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes en mayo de ese mismo año.Según el funcionario, tras poner en conocimiento esa situación comenzó una serie de presuntas presiones en su contra. Asegura que, tres horas después de emitir la alerta, fue removido de la Subdirección General encargada, decisión que, afirma, le fue comunicada como una orden del propio presidente. Asimismo, sostiene que mediante la Resolución 0671 del 9 de julio de 2025 fue despojado de funciones establecidas en el Decreto 2647 de 2022, sin una justificación legal válida, lo que, a su juicio, afectó el ejercicio de sus responsabilidades y el funcionamiento administrativo de la entidad.El exfuncionario también señala que las decisiones adoptadas constituyeron una retaliación por haber advertido sobre una situación que consideraba de riesgo para la seguridad del jefe de Estado, lo que, según expone en la carta, vulneró principios constitucionales de la función pública.Mahecha también denunció que durante los 22 días posteriores fue objeto de presuntos hostigamientos por parte del entonces subdirector general encargado, Luis Eduardo Torres, y de Pastora González, asistente de la directora, quienes, según afirmó, buscaron encontrar irregularidades en su gestión sin obtener resultados, insistiendo en que su actuación estuvo respaldada por criterios de transparencia, legalidad y responsabilidad.
La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria contra Carlos Andrés González Rodríguez, quien se desempeñó como supervisor de un proyecto de vivienda del Fondo Adaptación en La Guajira, destinado a beneficiar a familias damnificadas por la ola invernal de 2010 y 2011. La entidad busca establecer si habría omitido sus funciones de vigilancia y control sobre la ejecución del convenio.El proyecto contemplaba la construcción y entrega de 5.090 viviendas para los afectados por el fenómeno de La Niña. Para su ejecución, el Fondo Adaptación suscribió el 30 de enero de 2013 un convenio con la Caja de Compensación Familiar de La Guajira, Comfaguajira, por más de 23.600 millones de pesos.Sin embargo, según un dictamen pericial de la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales de la Procuraduría, al menos 771 de las viviendas pactadas no tendrían soportes que acrediten su entrega.El informe advierte que el convenio continúa sin cumplirse en cuanto a la cantidad y los plazos acordados, una situación que se habría prolongado durante la supervisión del funcionario, sin que consten gestiones eficaces para solucionarla.El convenio venció el 5 de noviembre de 2019, pero las presuntas irregularidades siguen bajo revisión. Ante el posible incumplimiento, el Fondo Adaptación presentó una demanda para que un juez declare oficialmente que el contratista no cumplió con sus obligaciones y determine el pago de los daños que correspondan.Con la investigación disciplinaria, la Procuraduría busca establecer qué actuaciones adelantó González Rodríguez durante su periodo como supervisor, qué medidas tomó frente a los retrasos o incumplimientos y si ejerció adecuadamente sus responsabilidades. También verificará en qué estado se encuentra actualmente la demanda presentada por el Fondo Adaptación.La entidad deberá determinar si existen elementos para atribuirle responsabilidad disciplinaria al funcionario.
El Gobierno, a través del Ministerio de Justicia, encendió las alarmas de seguridad tras conocerse detalles sobre un supuesto plan para atentar contra la vida del registrador nacional, Hernán Penagos, el cual se estaría fraguando desde el interior de un centro carcelario. La delicada situación fue informada de inmediato al Ejecutivo y puesta a disposición de las autoridades judiciales correspondientes para frenar cualquier acción delictiva.Origen de la alerta y denuncias desde un centro carcelarioLa información que reveló la existencia de este complot fue recibida por el ministro de Justicia, Iván Cancino, quien procedió a poner el caso en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación. De igual manera, el jefe de la cartera ministerial se comunicó directamente vía telefónica con el registrador Hernán Penagos para ponerlo al tanto de los graves hechos. Según los datos conocidos, la alerta proviene de una persona privada de la libertad en un establecimiento carcelario, quien tendría detalles sobre la planificación del atentado en contra del máximo directivo de la Registraduría Nacional del Estado Civil.Antecedentes y advertencias previas de la Defensoría del PuebloEste nuevo hecho se suma a precedentes de riesgo sobre la integridad de Penagos que ya habían sido advertidos institucionalmente. El pasado 6 de agosto de este año, la Defensoría del Pueblo había emitido una alerta formal por cuenta de amenazas y una serie de mensajes intimidatorios que circulaban en redes sociales dirigidos contra la vida del funcionario. En esa oportunidad, el organismo defensor solicitó formalmente a la Fiscalía General de la Nación y a la Unidad Nacional de Protección (UNP) extremar de forma urgente las esquemas y medidas de seguridad del registrador.La alerta presentada en agosto por la Defensoría ponía en evidencia un ambiente tenso marcado por una narrativa centrada en el desconocimiento de las elecciones presidenciales y la deslegitimación sistemática del trabajo institucional de la Registraduría durante los pasados comicios. Escuche aquí el informe:
En Bosconia sigue recibiendo atención médica el cantante vallenato Carlos Alberto ‘Kbeto’ Zuleta por las graves heridas que sufrió durante el accidente de esta madrugada en el Magdalena, donde el bus en el que viajaba junto a su agrupación musical se estrelló contra las barandas de un puente y cayó en el río Ariguaní.En el lugar fallecieron el corista Giovanni Lobo, quien viajaba detrás del conductor, y el guitarrista Harold Santana, quien iba en el cuarto puesto del vehículo. Los otros 21 ocupantes del vehículo, en su mayoría músicos, quedaron heridos.En la mitad del bus venía sentado ‘Kbeto’, hijo del juglar Poncho Zuleta y quien perdió una de sus piernas en el violento choque. Su estado de salud es delicado, según el parte que han entregado los médicos, quienes están tratando de salvarle la otra pierna que tiene seriamente comprometida.Al lado de ‘Kbeto’ viajaba el percusionista Norberto Rodríguez, conocido en el ámbito vallenato como el ‘Pony de Colombia’.En diálogo con BLU Radio, el ‘Pony’ contó que él y otros tres compañeros se salvaron de milagro, pues se bajaron minutos antes en el municipio de El Carmen de Bolívar, para continuar su camino hacia Barranquilla, mientras el resto de la agrupación siguió con destino a Valledupar."Sí, yo siempre, como yo radico aquí en Barranquilla, me bajo ahí en El Carmen de Bolívar. De ahí me vine para acá para Barranquilla y nos despedimos y todo ahí normal, ya yo llego y me tiro a dormir y me abre mi esposa. Como a las 5:30 llama Esteban, o sea, el mánager, me estaba llamando a mí, pero como yo apago el teléfono por un rato, entonces él llamó a mi esposa y mi esposa fue que me levantó a mí", indicó. ‘Kbeto’ y sus músicos regresaban a Valledupar, después de la presentación que tuvieron durante una fiesta privada en Sincelejo, donde alternaron con Elder Dayán Díaz.El ‘Pony’ cuenta que los músicos de Elder Dayán también fueron testigos del accidente, pues venían detrás del bus y, una vez notaron el siniestro, se bajaron para ayudar a rescatar a los heridos, quienes fueron trasladados al Hospital de Bosconia y la Clínica a Sinais Vitais de este municipio del Cesar.Las causas del accidente son materia de investigación, pero la principal hipótesis apunta a posible microsueño por parte del conductor, quien habría sido contratado para reemplazar al chofer habitual.
El presidente Abelardo De La Espriella estuvo en la inauguración de la Gran Cumbre Internacional de la Justicia y los Premios Excelencia en la Justicia. En su discurso aseguró que la grandeza del Estado de derecho consiste en que el poder encuentre límites que no dependan de su voluntad y que los juristas deben recordar esos límites sin importar quién se moleste con las decisiones de la justicia."Y aquí tengo que hacer un reconocimiento especial a la rama judicial, una rama llena de juristas que fueron el muro de contención contra la arbitrariedad del anterior gobierno. Nuestras cortes, como ninguna otra institución, fueron las que defendieron el Estado de derecho y la institucionalidad cuando pretendieron ser arrasadas por el régimen desastroso que gracias a Dios derrotamos en las urnas. Este aplauso es para las cortes y para los jueces de la patria", dijo el presidente.Por otro lado, dijo que defenderá la independencia judicial, al asegurar que sin jueces independientes el Estado de derecho desaparece."Pero independencia no significa ausencia de responsabilidad, mucho menos significa que el funcionamiento de la justicia deba quedar sustraído del escrutinio ciudadano. La independencia de un juez no es un privilegio personal, sino una garantía que la República reconoce a quienes acuden a la justicia para que sus derechos no dependan de una presión indebida o de una componenda política", señaló el mandatario.
La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra Junior Alexandro Castañeda Ortiz, auxiliar de Policía de la Metropolitana de Bucaramanga, por presuntas conductas constitutivas de acoso sexual contra una trabajadora del centro vacacional Asturias, en Floridablanca, Santander.Según informó el organismo de control, los hechos que dieron origen a la investigación habrían ocurrido en abril de 2025, cuando el uniformado prestaba servicio militar en esas instalaciones, la presunta víctima se desempeñaba como auxiliar de cocina en el lugar.De acuerdo con la información divulgada por la Procuraduría, el investigado habría abordado a la mujer y, presuntamente, contra su voluntad, le habría tocado sus partes íntimas sin su consentimiento.La actuación disciplinaria busca establecer las circunstancias en las que se habría presentado la conducta y determinar si el uniformado incurrió en una falta relacionada con sus deberes como funcionario público.Uno de los aspectos destacados de la decisión es la calificación provisional de la conducta. La Procuraduría consideró que la presunta falta sería gravísima y habría sido cometida a título de dolo, es decir, bajo la hipótesis disciplinaria de una actuación intencional.La formulación del pliego de cargos constituye una etapa del procedimiento disciplinario en la que se concretan los señalamientos que deberá responder el investigado. El proceso debe continuar con las actuaciones correspondientes, garantizando el derecho de defensa y la posibilidad de controvertir las pruebas.El organismo de control busca determinar si la conducta señalada ocurrió en las condiciones descritas y si existe responsabilidad disciplinaria por parte del auxiliar de Policía.