El Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó a la Unidad Nacional de Protección (UNP) restablecer, de manera transitoria, las medidas de protección y el esquema de seguridad de Angie Lizeth Rodríguez Fajardo, exgerente del Fondo de Adaptación, mientras se realiza un nuevo estudio de seguridad que permita determinar las medidas que requiere actualmente.La decisión se produjo en el marco de una acción presentada por Rodríguez, luego de que la UNP modificará las medidas de protección que tenía asignadas. El Tribunal señaló que la situación de la exfuncionaria debe ser analizada teniendo en cuenta que actualmente ya no ocupa el cargo de gerente del Fondo de Adaptación y las amenazas que, según lo expuesto en el proceso, habría denunciado durante su permanencia en el Gobierno Petro.En el fallo, el Tribunal ordenó expresamente a la UNP realizar un nuevo estudio de seguridad a Rodríguez. “Se dispondrá que la UNP realice un nuevo estudio de seguridad a la señora Angie Lizeth Rodríguez Fajardo teniendo en consideración que actualmente no se desempeña en el cargo de Gerente del Fondo de Adaptación y establezca las medidas de protección que requiera conforme a ese nuevo estudio de seguridad”, señala la decisión.Sin embargo, mientras se adelanta ese procedimiento, el Tribunal determinó que las medidas que tenía anteriormente deben ser restablecidas. “Pero en el entretanto deberán ser restablecidas las medidas de que era objeto conforme a la resolución DGRP 003701 de 23 de abril de 2026 de la UNP a fin de asegurar sus derechos fundamentales invocados en la demanda de acción de tutela, frente a cualquier riesgo”, añade el fallo. Rodríguez fue desvinculada de la gerencia del Fondo de Adaptación el pasado 31 de julio, cuando el entonces presidente Gustavo Petro declaró su insubsistencia. Tras su salida, el mandatario la señaló de ser “manipuladora”, en medio de los cuestionamientos surgidos por las entrevistas que concedió y en las que denunció presuntas irregularidades dentro del Gobierno.
Un juez declaró improcedente la acción de tutela presentada por Angie Lizeth Rodríguez, exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), con la que buscaba dejar sin efectos su salida de la gerencia del Fondo Adaptación y obtener su reintegro al cargo.La tutela fue presentada contra la Presidencia de la República y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, a raíz de la expedición del Decreto mediante el cual Rodríguez fue declarada insubsistente de su nombramiento como gerente del Fondo Adaptación.Por medio de su apoderado judicial, la exfuncionaria alegó la vulneración de sus derechos fundamentales al trabajo, debido proceso, estabilidad laboral reforzada, salud, dignidad humana e igualdad. Según la acción constitucional, su salida del cargo habría obedecido a razones discriminatorias relacionadas con su condición médica.Entre las pretensiones formuladas estaba el reintegro, como mecanismo transitorio, al cargo de gerente del Fondo Adaptación o a uno de igual o superior categoría. También solicitó que se garantizara la continuidad de su afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud y el acceso al tratamiento médico especializado que requiriera.El juez reconoció dentro del análisis que la condición médica de Rodríguez era conocida por la administración y que el Fondo Adaptación había adoptado medidas de protección y seguimiento relacionadas con su estado de salud.Sin embargo, el despacho concluyó que los elementos aportados al proceso no eran suficientes para establecer que su condición médica hubiera sido la razón determinante de la decisión de declararla insubsistente.Uno de los elementos analizados por el juez fue la cercanía temporal entre la incapacidad médica comunicada por Rodríguez el 30 de julio de 2026 y la expedición, un día después, del Decreto 0936 que declaró su insubsistencia.Sobre este punto, el despacho señaló “La sóla proximidad temporal entre las publicaciones, la incapacidad comunicada el 30 de julio y la expedición del Decreto 0936 el 31 de julio de 2026 constituye un elemento que debe ser valorado, pero no permite, aisladamente considerado, establecer la existencia de un móvil discriminatorio”.El juez precisó que para establecer que el retiro obedeció a un acto discriminatorio se requerían elementos adicionales que permitieran determinar que la facultad discrecional había sido utilizada específicamente para excluir a Rodríguez debido a su estado de salud.En ese sentido, la decisión señala que “para concluir que el retiro tuvo como causa determinante la condición de salud sería necesario contar con elementos adicionales que permitan establecer, con el grado de certeza propio de la decisión que se pretende adoptar, que la facultad discrecional fue utilizada para excluir a la accionante precisamente por su estado médico”.El despacho también tuvo en cuenta que, al momento de su nombramiento como gerente del Fondo Adaptación, Rodríguez ya presentaba la condición médica que posteriormente invocó como fundamento de la estabilidad laboral reforzada que reclamaba mediante la tutela.Otro de los aspectos considerados fue la naturaleza del cargo que ocupaba. El juzgado recordó que la gerencia del Fondo Adaptación corresponde a un empleo de libre nombramiento y remoción, por lo que el Presidente de la República cuenta con facultad discrecional para disponer el retiro de quien ejerce esa función.
El abogado de la exdirectora del Dapre y del Fondo de Adaptación, Angie Rodríguez, solicitó al presidente del Senado, Honorio Henríquez, revocar la autorización que le permite al expresidente Gustavo Petro salir del país.La petición fue presentada por Manuel Vicente Villanueva, quien actúa como apoderado de Rodríguez y argumenta que actualmente existe una denuncia ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara relacionada con hechos ocurridos durante el anterior Gobierno.Según el documento, la denuncia contra Petro menciona presuntas conductas relacionadas con peculado por aplicación oficial diferente, tráfico de influencias de servidor público, constreñimiento ilegal, injuria y calumnia.“La Dra. ANGIE LIZETH RODRIGUEZ FAJARDO, en el ejercicio de sus funciones como exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE) exdirectora del Fondo de Adaptación, ha venido denunciando públicamente y ante las autoridades competentes graves irregularidades, presiones indebidas y conductas punibles ocurridas al interior de la Casa de Nariño”, se lee en el documento.El abogado sostiene además que entre los hechos denunciados estarían presuntas presiones para trasladar cerca de un billón de pesos del presupuesto del Fondo de Adaptación, recursos que, según señala, estaban destinados a inversión social.La solicitud también hace referencia a supuestas presiones e intimidaciones relacionadas con el nombramiento de Juliana Guerrero, así como a señalamientos, amenazas y otros hechos que, de acuerdo con el abogado, habrían afectado a Angie Rodríguez.“Los hechos objeto de investigación comprenden presiones para el traslado no justificado de cerca de un billón de pesos del presupuesto del Fondo de Adaptación destinados a inversión social, presiones e intimidaciones relacionadas con el nombramiento de la señora Juliana Guerrero, así como graves señalamientos injuriosos, calumniosos, amedrentamientos y amenazas de muerte vertidas en contra de la víctima”.En el documento, la defensa asegura además que la exfuncionaria habría recibido llamadas intimidatorias y amenazas contra su vida, circunstancias que utiliza como parte de los argumentos para pedir al presidente del Senado que deje sin efecto el permiso concedido al expresidente Petro para viajar fuera de Colombia.
La Fiscalía ordenó la práctica de un examen toxicológico a la exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) Angie Rodríguez, luego de la ampliación de su declaración dentro de la investigación por las presuntas amenazas de muerte, llamadas extorsivas e intimidaciones que asegura haber recibido tras las declaraciones públicas que entregó sobre el presidente Gustavo Petro y distintos hechos ocurridos durante su paso por el Gobierno Nacional.La diligencia, que se extendió por más de seis horas, se realizó en calidad de denunciante y contó con la participación de investigadores y una médica de la Fiscalía, quienes recopilaron nuevos elementos para profundizar en las líneas de investigación abiertas por las denuncias presentadas por la exfuncionaria.Al término de la diligencia, el abogado de Rodríguez, Manuel Villanueva, aseguró que uno de los principales aspectos abordados fue la ampliación de las denuncias relacionadas con presuntos intentos de afectar la salud e integridad de su representada mediante el suministro de medicamentos o sustancias. Según explicó, “la doctora Angie Rodríguez dejó en claro que, efectivamente, durante su estancia en el DAPRE y posteriormente en el Fondo Adaptación, hubo varios intentos de alterar, manipular el comportamiento de Angie Rodríguez los últimos 8 meses por parte de un funcionario identificado, terminaron consolidándose a fin de alterar el comportamiento de la doctora Angie Rodríguez y, finalmente, incidir en las decisiones, y no sabemos si esto tenía como fin atentar en contra de la vida de la doctora Angie”.El abogado indicó que ese relato no solo fue expuesto por la exfuncionaria, sino que, según afirmó, fue respaldado por otros testigos. “El testimonio de la doctora Angie Rodríguez fue soportado por siete declaraciones, de funcionarios tanto del DAPRE como del Fondo Adaptación, que confirmaron los hechos que se estaban denunciando por parte de Angie Rodríguez”, manifestó.Villanueva señaló que, como resultado de esa información, la Fiscalía dispuso una prueba técnica para avanzar en la verificación de los hechos denunciados. “La Fiscalía definió que era necesario hacer un examen toxicológico para establecer qué tipo de medicamento se le suministró a Angie Rodríguez. Y, efectivamente, ayer, en la diligencia, la Fiscalía ordenó un examen toxicológico para establecer el grado de vulneración que ha tenido o que ha venido teniendo la doctora Angie Rodríguez”, afirmó.La defensa también sostuvo que durante la diligencia se expusieron elementos que, según indicó, permitieron individualizar a una de las personas señaladas en las denuncias. “Se identificó el sujeto, el responsable de estas conductas, y evidentemente se pudo establecer que no es una persona que actúe sola, que hay un grupo de personas, una coautoría, que han venido tratando de afectar la vida y la integridad de Angie Rodríguez. Evidentemente, luego de que esta persona tuviera algún tipo de contacto con Angie Rodríguez, había una alteración en el comportamiento de la funcionaria”, aseguró Villanueva. Como parte del material entregado a la Fiscalía, la defensa aportó la historia clínica de Rodríguez y los registros médicos relacionados con la atención recibida durante los últimos meses. Al respecto explicó que “la trazabilidad médica que existe en la historia clínica, cada vez que ella acudió. Creo que hay, más o menos, unas 40 visitas al psiquiatra por parte de Angie Rodríguez, que van a funcionar como el antecedente más importante dentro del análisis médico”.Sobre la identidad de las personas mencionadas en la denuncia y una eventual relación con la Presidencia, Villanueva indicó que esa información hace parte de la reserva de la investigación. “El trabajo de ahí en adelante frente a la investigación, el desarrollo del proceso investigativo está en manos de la Fiscalía y ellos son los que determinarán quiénes están más allá de la persona que está aquí señalada o las personas que están aquí señaladas”, sostuvo.El abogado también recordó que otra de las líneas de investigación corresponde a las amenazas que, según la denuncia, habría recibido Rodríguez y que involucrarían presuntamente a personas identificadas como funcionarios de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).Frente a ese aspecto señaló que “son varias líneas de investigación. Esto está tomando una dimensión preocupante para la misma Fiscalía y ayer mismo le solicitamos que, a través de ellos, se reforzara el esquema de seguridad de Angie Rodríguez, porque se evidenció que la realidad es muy preocupante frente a todo este tipo de intentos de acabar con la vida de Angie Rodríguez o afectar su salud e integridad”.Añadió que durante la diligencia también fueron entregados nuevos elementos de prueba. “Se aportaron elementos materiales probatorios importantes desde el celular de Angie Rodríguez, declaraciones de otros funcionarios que evidenciaron todo este tipo de comportamientos y la Fiscalía va a solicitar la práctica de pruebas técnicas que confirmen y corroboren todo lo planteado por Angie Rodríguez en sus denuncias”, afirmó.Finalmente, Villanueva indicó que, respecto de las denuncias presentadas ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes relacionadas con el presidente Gustavo Petro, por el momento no han sido notificadas nuevas diligencias o actuaciones procesales.
El partido Colombia Humana, que postuló a Gustavo Petro a la Presidencia en el año 2022 y que actualmente hace parte del Pacto Histórico, publicó una carta fechada de hace un año en la que se formulan señalamientos contra Angie Rodríguez, exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y recientemente declarada insubsistente por el mandatario saliente. La decisión se tomó después de las denuncias de ella sobre presunta corrupción y tráfico de influencias por parte de Juliana Guerrero y Gabriela Muñoz, quienes sin ser funcionarias, según su versión, incidían en la contratación y asignación de puestos en el gobierno.La colectividad, además de publicar la carta, acusa a Rodríguez de haber buscado presuntos negocios para su supuesta pareja, el congresista Jorge Tovar Vélez, y de haber promovido la contratación de asesores que habían denunciado penalmente al mandatario. La carta fue firmada el 31 de julio de 2025 por José Alexis Mahecha Acosta, entonces director Administrativo y Financiero del Dapre, y está dirigida al presidente Gustavo Petro bajo el asunto "Queja en contra de la señora Directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República".En el documento, Mahecha asegura que el 4 de julio de 2025 informó a Angie Rodríguez sobre la presencia en el despacho presidencial del abogado Manuel Vicente Villanueva, quien, según afirma, se había posesionado como asesor de alto nivel pese a haber presentado una denuncia penal contra el Petro ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes en mayo de ese mismo año.Según el funcionario, tras poner en conocimiento esa situación comenzó una serie de presuntas presiones en su contra. Asegura que, tres horas después de emitir la alerta, fue removido de la Subdirección General encargada, decisión que, afirma, le fue comunicada como una orden del propio presidente. Asimismo, sostiene que mediante la Resolución 0671 del 9 de julio de 2025 fue despojado de funciones establecidas en el Decreto 2647 de 2022, sin una justificación legal válida, lo que, a su juicio, afectó el ejercicio de sus responsabilidades y el funcionamiento administrativo de la entidad.El exfuncionario también señala que las decisiones adoptadas constituyeron una retaliación por haber advertido sobre una situación que consideraba de riesgo para la seguridad del jefe de Estado, lo que, según expone en la carta, vulneró principios constitucionales de la función pública.Mahecha también denunció que durante los 22 días posteriores fue objeto de presuntos hostigamientos por parte del entonces subdirector general encargado, Luis Eduardo Torres, y de Pastora González, asistente de la directora, quienes, según afirmó, buscaron encontrar irregularidades en su gestión sin obtener resultados, insistiendo en que su actuación estuvo respaldada por criterios de transparencia, legalidad y responsabilidad.
El exministro de Justicia y abogado de Angie Rodríguez, Wilson Ruiz, anunció que interpondrá una acción de tutela contra el presidente Gustavo Petro y las demás autoridades responsables de su salida de la gerencia del Fondo Adaptación, al considerar que la decisión habría vulnerado los derechos fundamentales de la exfuncionaria.La defensa aseguró que Rodríguez cuenta con una incapacidad médica vigente hasta el próximo 12 de agosto y que esta situación había sido informada oportunamente al Fondo Adaptación, a la ARL y a la EPS.“Ayer, en horas de la noche, la señora Angie Rodríguez fue declarada insubsistente por el presidente de la república, a pesar de que goza de estabilidad laboral reforzada, pues se encuentra incapacitada hasta el día 12 de agosto, y esto fue informado oportunamente por la señora Angie Rodríguez al fondo de adaptación. Igualmente, se le informó a la ARL, y también se le informó a la EPS”, dijo el jurista Wilson Ruiz.Según el abogado, la condición le otorgaría a Rodríguez una estabilidad laboral reforzada, por lo que cuestionó que el Gobierno Nacional hubiera declarado su insubsistencia mientras permanecía incapacitada.“Instauraremos una acción de tutela contra el presidente Gustavo Petro y, además, las autoridades responsables de esta decisión”, agregó Ruiz.La defensa anunció que, además de presentar la tutela, anunció que solicitará una suspensión provisional o medida cautelar con el propósito de dejar sin efectos temporalmente la decisión mientras un juez estudia de fondo los argumentos de la exfuncionaria.“Le vamos a colocar suspensión provisional o medida cautelar, porque se le han transgredido los derechos fundamentales”, concluyó el abogado.Cabe destacar que la tutela se anuncia apenas horas después de que el Gobierno de Gustavo Petro oficializara la salida de Rodríguez del Fondo Adaptación por medio del Decreto 0936 del 31 de julio. Recordemos que esta decisión se produce en medio de los recientes enfrentamientos entre la exfuncionaria y el mandatario, luego de que Rodríguez denunciara públicamente presuntas irregularidades dentro del Gobierno y acudiera a las autoridades para pedir investigaciones en contra del mandatario.
El saliente gobierno de Gustavo Petro oficializó la salida de Angie Rodríguez de la gerencia del Fondo Adaptación. Mediante el Decreto 0936 del 31 de julio de 2026, firmado por el ministro de Hacienda, Germán Ávila, se declaró insubsistente su nombramiento, decisión que empezó a regir este sábado 1 de agosto.Rodríguez, quien fue directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), había permanecido en el Fondo Adaptación después de su salida de la Casa de Nariño. Sin embargo, su retiro ocurre en un momento de tensión política al interior del gobierno, tras convertirse en una de las exfuncionarias que más fuertes señalamientos ha hecho sobre el funcionamiento interno de la administración Petro.La decisión quedó consignada en el Decreto 0936 de 2026, expedido por el Ministerio de Hacienda, mediante el cual se ordena la terminación de su nombramiento como gerente de la entidad.El retiro de Rodríguez llega después de hacerse públicas varias actuaciones judiciales impulsadas por la exfuncionaria. Por ejemplo, este jueves la Fiscalía General de la Nación la citó para rendir declaración como denunciante dentro de la investigación por las amenazas de muerte, llamadas extorsivas e intimidaciones que asegura haber recibido después de hacer públicas sus denuncias sobre presuntas irregularidades al interior del Gobierno.A través de su abogado, Manuel Villanueva, Rodríguez pidió que se investigue el origen de esas amenazas y que se identifique a los responsables. Según la denuncia, las intimidaciones habrían comenzado tras sus desacuerdos con decisiones del Ejecutivo y después de cuestionar el manejo de algunos nombramientos.La exdirectora también aseguró que, cuando estuvo al frente del Fondo Adaptación, recibió presuntas amenazas y presiones de personas que, según manifestó, podría identificar y que, de acuerdo con su versión, pertenecerían a la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI). Según su denuncia, el propósito era influir en decisiones relacionadas con los recursos administrados por la entidad. Estas afirmaciones hacen parte de las investigaciones y no han sido establecidas judicialmente.En paralelo, Rodríguez también presentó una denuncia formal ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes contra el presidente Gustavo Petro.Según explicó su defensa, la solicitud busca que se investigue la posible comisión de varias conductas penales, entre ellas un presunto peculado por aplicación oficial diferente, relacionado con supuestas presiones para disponer de recursos administrados por el Fondo Adaptación.El abogado Manuel Villanueva también anunció acciones para solicitar una reparación por los daños al buen nombre de su representada, luego de las declaraciones públicas del mandatario, quien hizo referencia a la historia clínica de la exfuncionaria.En los documentos radicados ante las autoridades, Rodríguez afirmó que las intimidaciones también habrían estado relacionadas con su negativa a tramitar el nombramiento de Juliana Guerrero como viceministra de Juventudes, al considerar que no cumplía los requisitos para el cargo.Asimismo, aseguró que el 13 de enero de 2026, un día antes de dejar la dirección del Dapre, el presidente Gustavo Petro realizó señalamientos en su contra durante una reunión en la Casa de Nariño y la intimidó al hacer referencia a su pasado como integrante del M-19.Rodríguez aseguró, además, que ya había presentado denuncias contra Juliana Guerrero y Gabriela Muñoz por presuntas irregularidades y presiones indebidas relacionadas con actuaciones en el Ejecutivo y en la Aerocivil.Con la expedición del decreto, Angie Rodríguez queda oficialmente desvinculada del Fondo Adaptación, mientras continúan los procesos judiciales derivados de sus denuncias y las investigaciones sobre las amenazas que asegura haber recibido.
La Fiscalía General de la Nación citó a la exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Angie Rodríguez, para rendir declaración en calidad de denunciante dentro de la investigación por las presuntas amenazas de muerte, llamadas extorsivas e intimidaciones que asegura haber recibido tras las declaraciones públicas que entregó sobre el presidente Gustavo Petro y otros funcionarios del Gobierno nacional.La diligencia judicial fue programada para este viernes a las 9:00 de la mañana en las instalaciones de la Fiscalía, ubicadas en el Complejo Judicial de Paloquemao, en Bogotá.Las denuncias fueron radicadas por la exfuncionaria a través de su abogado, Manuel Villanueva, quien explicó que el propósito es que el ente investigador esclarezca el origen de las amenazas y determine la responsabilidad de las personas que, según sostiene la defensa, han intentado intimidarla después de las declaraciones concedidas a Blu Radio sobre presuntas irregularidades ocurridas al interior del Gobierno.En la denuncia, Rodríguez también afirmó que cuando ejercía como directora del Fondo Adaptación fue víctima de amenazas de muerte y extorsiones por parte de personas que, según indicó, podría identificar y que presuntamente pertenecían a la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), quienes buscaban influir en decisiones relacionadas con el manejo de recursos de esa entidad.Asimismo, manifestó que mantuvo diferencias con el presidente Gustavo Petro cuando se negó a tramitar el nombramiento de Juliana Guerrero como viceministra de Juventudes, al considerar que no cumplía con los requisitos para el cargo. Según la denuncia, a partir de ese momento comenzaron las amenazas e intimidaciones dirigidas contra ella y su familia.Rodríguez también señaló que la noche del 13 de enero de 2026, un día antes de su salida del Dapre, el presidente Gustavo Petro habría realizado señalamientos en su contra durante una reunión en la Casa de Nariño y que, además, la habría intimidado al hacer referencia a su pasado como integrante del M-19.Otro de los apartados del documento hace referencia a la muerte del coronel Óscar Dávila, exjefe de seguridad del presidente. La exdirectora aseguró que algunos uniformados le manifestaron que su fallecimiento no habría correspondido a un suicidio, sino a un homicidio, versiones que, según indicó, aumentaron su temor tras las revelaciones realizadas públicamente.El abogado Manuel Villanueva recordó que su representada también había presentado denuncias contra Juliana Guerrero y Gabriela Muñoz por presuntas irregularidades y presiones indebidas relacionadas con actuaciones en el Ejecutivo y la Aerocivil.
En un oficio de 12 página, Angie Rodríguez radicó una demanda formal ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, con el que solicita abrir una investigación contra el presidente Gustavo Petro, de la mano del abogado Manuel Villanueva, quien, en diálogo con Recap de Blu Radio, aseguró que “es necesaria una reparación al buen nombre”.“Las denuncias buscan establecer la posible responsabilidad del mandatario en cuatro conductas penales. La primera corresponde al presunto delito de peculado por aplicación oficial diferente. Esto se relaciona con lo que la doctora Angie Rodríguez ha denunciado sobre la insistencia del presidente de la República y, según ella, también del ministro de Hacienda, para obtener el billón de pesos que actualmente administra el Fondo Adaptación, entidad de la cual es gerente”, puntualizó.Sin embargo, ante las declaraciones del presidente Petro, en especial por la historia clínica de Rodríguez, Villanueva precisó que es necesaria una reparación por daños morales y al bueno nombre.El abogado explicó que, de prosperar una eventual condena contra el Estado, la indemnización sería asumida inicialmente con recursos públicos. No obstante, posteriormente la Nación podría ejercer una acción de repetición para recuperar ese dinero del patrimonio del servidor público cuya actuación haya originado el daño, siempre que se cumplan los requisitos establecidos por la ley y exista una decisión judicial que así lo permita.“Cuando los funcionarios de manera irresponsable generan daños por capricho personal, pues está esta figura jurídica que hace que ese funcionario responsable, irresponsable, perdón, pague por lo que hizo y pague en términos económicos. Entonces finalmente se iría en contra del capital del presidente de la República si llega a ser encontrado responsable el Estado en este caso”, explicó.El abogado afirmó que algunos de esos hechos habrían incluido actos de intimidación contra la exfuncionaria, razón por la cual solicitaron que las autoridades investiguen lo ocurrido y adopten medidas para garantizar su seguridad mientras avanzan los procesos judiciales.
La exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Angie Rodríguez, radicó denuncias penales ante la Fiscalía por las amenazas de muerte, llamadas extorsivas e intimidaciones que, según su defensa, ha recibido tras las declaraciones entregadas a BLU Radio sobre presuntas irregularidades ocurridas al interior del Gobierno Nacional.El abogado de Rodríguez, Manuel Villanueva, explicó que las denuncias buscan que se investiguen los hechos denunciados, así como el origen de las amenazas que, según afirmó, surgieron después de que la exfuncionaria relatara situaciones relacionadas con el presidente Gustavo Petro y otros integrantes del Gobierno. De acuerdo con la denuncia, Rodríguez también denunció que cuando se desempeñó como directora del Fondo Adaptación fue víctima de amenazas de muerte y extorsiones por parte de personas que, según manifestó, podría identificar y que presuntamente pertenecían a la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), quienes buscaban obligarla a tomar decisiones relacionadas con el manejo de recursos de esa entidad.En el documento radicado ante la Fiscalía, la exdirectora del Dapre sostuvo que mantuvo desacuerdos con el presidente Gustavo Petro cuando se negó a dar trámite al nombramiento de Juliana Guerrero como viceministra de Juventudes, al considerar que no cumplía con los requisitos para el cargo. Según la denuncia, desde ese momento habría comenzado a recibir amenazas e intimidaciones contra ella y su familia.La denuncia también menciona que la noche del 13 de enero de 2026, un día antes de su salida del Dapre, el presidente Gustavo Petro habría realizado señalamientos en su contra durante una reunión en la Casa de Nariño. Además, Rodríguez afirmó que fue intimidada cuando el mandatario hizo referencia a su pasado como integrante del M-19. Otro de los apartados de la denuncia hace referencia a la muerte del coronel Óscar Dávila, exjefe de seguridad del presidente, indicando que algunos uniformados le habrían manifestado que su fallecimiento no correspondió a un suicidio, sino a un homicidio presuntamente ocurrido al interior de la Casa de Nariño. La exfuncionaria aseguró que esas versiones incrementaron su temor por las consecuencias de las revelaciones conocidas.Finalmente, el abogado Manuel Villanueva recordó que Angie Rodríguez ya había presentado otras denuncias contra Juliana Guerrero y Gabriela Muñoz por presuntas irregularidades y presiones indebidas relacionadas con actuaciones en el Ejecutivo y la Aerocivil. Con las nuevas acciones penales, la defensa solicita a la Fiscalía investigar las amenazas denunciadas y establecer la eventual responsabilidad de quienes estarían detrás de las intimidaciones.
La Financiera de Desarrollo Nacional (FDN) anunció que aportará 610.000 millones de pesos para financiar la segunda fase del proyecto Accesos Norte, una de las obras de infraestructura vial que hace parte de las concesiones 5G de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI). La FDN asumirá el 50% de la deuda del proyecto, mientras que los bancos internacionales JP Morgan y Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG), aportarán cada uno el 25% restante. La financiación tendrá un plazo de hasta ocho años.El proyecto contempla obras en cerca de 30 kilómetros de vías de Bogotá y la Sabana Norte. Entre los corredores que serán intervenidos están la Autopista Norte, la Carrera Séptima y la vía perimetral de Sopó. Además, se construirá un nuevo carril exclusivo para TransMilenio.Según la FDN, las obras buscan mejorar las condiciones de movilidad en las principales vías de entrada y salida de Bogotá, con trabajos de ampliación, mejoramiento y adecuación de estos corredores. Además de las obras viales, el proyecto contempla medidas ambientales para mejorar la conexión entre los humedales de Torca y Guaymaral.La concesión fue adjudicada por la ANI como parte de la primera ola de proyectos 5G, conocida como “Autopistas del Bicentenario”. Estos proyectos llamados 5G para modernizar carreteras, ríos, férreos y aeropuertos. En el proyecto participan como promotores Ashmore, con el 50%; OHLA Group, con el 25%, y Termotécnica, con el 25%.
El Ministerio de Hacienda de Colombia ya publicó para comentarios un proyecto de decreto con el que echa para atrás la polémica decisión de la administración anterior que obligaba a los fondos privados de pensiones a repatriar unos 125 billones de pesos en ahorro de sus afiliados que estaba invertido en los mercados internacionales.El argumento de la administración de Gustavo Petro es que el ahorro pensional debe financiar el desarrollo en el país. Sin embargo, la industria cree que en el país no hay suficientes alternativas de inversión para esa cantidad de recursos y que se habrían visto obligados a dejar la mayor parte de esos recursos 'parqueados' en títulos de deuda del gobierno.El decreto tendra que pasar por un período obligatorio de comentarios del publico antes de ser firmado por el presidente Abelardo De La Espriella.Los fondos privados de pensiones celebraron el anuncio"Recordemos que ese decreto era el que obligaba a los fondos de pensión de cesantías a limitar sus inversiones en el extranjero, reduciendo la diversificación, lo cual iba en contravía de la rentabilidad del bienestar de los ahorradores colombianos, de los trabajadores colombianos. Desde el gremio de los fondos de pensiones de cesantías a sus fondos, recibimos con beneplácito la publicación de ese decreto, porque consideramos que un portafolio que es diversificado siempre será mejor, siempre podrá dar mayor rentabilidad, dar mejor gestión del riesgo y mejor gestión de la liquidez, que un portafolio menos diversificado", dijo el presidente de Asofondos, Andrés Velasco.
La posibilidad de que Jackson Martínez regrese al fútbol colombiano y se convierta en nuevo jugador de Independiente Medellín fue uno de los temas que abordó Amaranto Perea en la entrevista con Blog Deportivo. El entrenador del DIM confirmó que tuvo conversaciones relacionadas con el delantero y reconoció que le gustaría contar con él, aunque todavía existen factores por resolver antes de que pueda concretarse su llegada.Perea explicó que Jackson tiene la intención de volver para ayudar al equipo y que, por sus características, es un futbolista que cualquier entrenador quisiera tener en su plantilla. Sin embargo, el técnico hizo énfasis en que el atacante lleva varios años sin competir al máximo nivel, por lo que su condición física será fundamental."Yo hablé con Jackson, él tenía la intención de venir a ayudarnos. Creo que es un futbolista que está claro que quiere tener cualquier entrenador", manifestó.Su condición físicaEl entrenador del Medellín también señaló que el delantero viene de afrontar un problema físico en el tobillo y que existe una diferencia importante entre mantenerse entrenando y regresar a las exigencias propias del alto rendimiento. Por esa razón, Perea dejó claro que una eventual participación de Jackson dependerá de la evolución de su lesión y de la respuesta que tenga al volver a la competencia."Si se da lo de Jackson, que a mí me encantaría que él entienda también que todo depende para que él pueda jugar de la evolución y de la respuesta de su lesión", explicó Perea.Aunque todavía no existe una confirmación definitiva, el entrenador aseguró que el club ha avanzado en el acercamiento con el futbolista. "Entiendo que el club estaba avanzando, entiendo que el club se ha reunido con él", agregó.Así, si se da esta contratación, se volverían a encontrar en el poderoso dos históricos de la tricolor, pues ya está ahí el volante creativo Juan Fernando Quintero.
Un incendio forestal de gran magnitud permanece activo en la parte alta de la vereda Pueblo Viejo, en el municipio de Coromoro, Santander, donde las llamas están consumiendo vegetación nativa en la línea de la cumbre montañosa.Organismos de socorro del municipio hicieron un llamado urgente a las autoridades y a los comités de atención de emergencias para reforzar las labores de control, debido a las condiciones que dificultan el acceso al lugar.Según la información entregada desde la zona, los fuertes vientos que se presentan en el páramo han favorecido la rápida propagación del fuego, impidiendo que hasta el momento pueda ser controlado.La emergencia genera especial preocupación por la posibilidad de que las llamas desciendan hacia sectores donde se encuentran acueductos veredales, nacederos de agua y zonas habitadas.Las evidencias del incendio fueron registradas durante la tarde de este jueves 10 de septiembre y muestran la magnitud de las llamas sobre la vegetación de la zona alta.Los organismos de socorro insistieron en la necesidad de contar con apoyo inmediato para evitar que el incendio continúe avanzando y pueda generar una afectación mayor sobre los ecosistemas de páramo y las fuentes hídricas de esta zona de Santander.
Aunque Antioquia no fue uno de los departamentos que más sufrió con el devastador terremoto del 10 de agosto, 96 municipios sufrieron afectaciones, por lo que las autoridades del orden departamental señalaron que se viene avanzando en diferentes frentes para lograr la reconstrucción de las zonas más golpeadas.La directora del Dagran, Vanessa Paredes Zúñiga, explicó que el balance consolidado de afectaciones, tras los reportes oficiales de los consejos municipales de gestión del riesgo, indica que en el departamento 8.812 viviendas resultaron afectadas; 190 de ellas colapsadas y la mayoría con afectaciones menores."La apuesta que tenemos desde el departamento de Antioquia es seguir trabajando subsidiariamente de parte del Dagran para acompañar a los de parte de la gerencia de vivienda de Antioquia, trabajar con la y mejoramientos de vivienda y también mejorar la infraestructura educativa y hospitalaria que se vio afectada", indicó. De manera alterna, la Gobernación informó que atiende a 1.200 familias en 17 municipios: 737 ya cuentan con materiales y adelantan las reparaciones con apoyo de las administraciones municipales en mano de obra, 107 se encuentran en proceso de recibo y 288 están programadas para recibirlos. Le puede interesar: Procurador anuncia revisión de licencias de construcción de edificios desplomados en terremotoEn total, se han enviado más de 1.800 toneladas de materiales, siendo Andes el que registra el mayor número de familias atendidas con materiales, con 186 hogares, seguido de Caramanta con 129 y Valparaíso con 83. Carlos Zuluaga, director de VIVA, apuntó que privados también vienen apoyando el proceso de reconstrucción."Confederación de cafeteros, 39 casas para familias cafeteras, al igual que Proantioquia, ardos y con fama para atender el 100 por 100 de las viviendas de Ciudad Bolívar y Andes. Hoy podemos decir que el esfuerzo mancomunado va rindiendo los frutos que requerimos para que esta situación la podamos superar prontamente", indicó. El balance también indica que una persona falleció en Támesis y 33 resultaron heridas; 76 escenarios religiosos resultaron con alguna afectación, así como 31 sedes de alcaldías municipales y 150 equipamientos entre casas de la cultura, establecimientos comerciales, sedes de bomberos, escenarios deportivos, estaciones de policías, cementerios, bibliotecas, hoteles y centros carcelarios.