La Fiscalía General de la Nación abrió una noticia criminal para investigar las posibles irregularidades que se habrían presentado en el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) y otras entidades públicas durante el gobierno de Gustavo Petro. La indagación incluye las denuncias sobre una presunta contratación irregular de mujeres y las declaraciones públicas de la exdirectora de esa entidad, Angie Rodríguez.
El ente acusador confirmó que la noticia criminal fue abierta el pasado 23 de octubre y que el caso quedó a cargo de una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia, quien contará con el apoyo de un equipo especializado. Como parte de las primeras actuaciones, serán citadas las exdirectoras del Dapre Angie Rodríguez y Laura Sarabia, además de otros funcionarios y exfuncionarios de la entidad y personas que podrían tener relación con los hechos conocidos hasta ahora.
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La Fiscalía también anunció que ordenará las respectivas actividades de policía judicial para avanzar en el esclarecimiento de las denuncias. La investigación busca determinar si se presentaron irregularidades en la contratación pública y establecer las circunstancias de los hechos que han sido divulgados.
La apertura de la noticia criminal se produce después de las revelaciones de Rodríguez sobre la presunta instrumentalización de mujeres vinculadas mediante contratos de prestación de servicios, quienes, según las denuncias, habrían sido utilizadas para asistir a reuniones y fiestas en la Casa de Nariño.
A las denuncias se sumó el pronunciamiento del actual director del Dapre, Carlos Ríos, quien señaló ante el Congreso que serían 48 las mujeres involucradas en los hechos. De acuerdo con lo expuesto, cuatro de ellas estarían declarando como testigos ante funcionarios del Dapre.
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El caso también motivó un pronunciamiento de la defensora del pueblo, Iris Marín, quien pidió priorizar las investigaciones y solicitó a la Corte Suprema de Justicia, a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes y a la Procuraduría actuar con independencia, esclarecer lo ocurrido y garantizar la protección de las posibles víctimas.