Camilo Enciso, director del Instituto Anticorrupción y exsecretario de Transparencia de Colombia, aseguró en Mañanas Blu que Deicy Jiménez, la mujer que acusa al expresidente Gustavo Petro de haberle entregado contratos estatales a cambio de favores sexuales, tuvo un contrato directamente con el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre). Además, confirmó que su organización ya radicó una denuncia penal contra el exmandatario ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes.
El caso tomó fuerza luego de que Jiménez hablara sobre su supuesto vínculo con Petro en una entrevista con la periodista Vicky Dávila, publicada por la revista Semana el domingo 25 de octubre de 2026. En ese testimonio, también afirmó que existiría una red de entre 30 y 40 mujeres que, según su relato, habrían recibido contratos estatales a cambio de favores sexuales.
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El contrato de Deicy Jiménez en el Dapre
Enciso señaló que, al revisar los registros de contratación de Jiménez, encontró vinculaciones en el Senado, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y el Ministerio del Interior, pero llamó la atención sobre uno en particular que, según dijo, no ha sido objeto de discusión pública.
El último, y esto yo no he visto que nadie haya hablado de ello, es un contrato que le dan en el Dapre directamente, o sea, en la presidencia misma de la República
De acuerdo con el director del Instituto Anticorrupción, se trata de un contrato publicado el 25 de julio de 2026, ya finalizado, en el que Jiménez figura como auxiliar administrativa. “Estamos hablando de la entidad que rige directamente el presidente de la República”, puntualizó.
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Para Enciso, ese hallazgo obliga a revisar si la contratación respondía a una necesidad real de la entidad, si estaba contemplada en su plan de gasto y si se abrió una convocatoria para cubrir ese servicio. Según registros consultados por otros medios, los cinco contratos atribuidos a Jiménez sumaron $100.151.338 durante el anterior cuatrienio.
La denuncia penal contra Gustavo Petro ya fue radicada
El exsecretario de Transparencia precisó que la acción judicial no es un anuncio, sino un trámite ya en curso: “La denuncia no es que la vamos a presentar, ya la presentamos desde el día de ayer”.
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Explicó que fue dirigida tanto a la Comisión de Acusaciones de la Cámara como a la Sala de Instrucción Penal de la Corte Suprema de Justicia, debido a que los hechos señalados abarcan dos momentos distintos: el periodo en que Petro fue senador y su mandato como presidente. Enciso insistió en que el debate no gira en torno a la vida privada del exmandatario. “Acá el problema es el uso de la función pública para un beneficio personal”, subrayó.
Peculado, tráfico de influencias y concusión: los delitos denunciados
Según el abogado, si se llegaran a demostrar las afirmaciones de Jiménez y las pruebas que aportó, el expresidente podría haber incurrido en tres delitos. El primero es el peculado, que explicó así: “Si alguna entidad pública contrató a una persona sin una causa contractual legítima, le pagó unos honorarios o le pagó un salario y ese contrato no responde a una verdadera necesidad misional de la entidad o administrativa de la entidad, entonces podríamos estar incluso enfrente de un caso de peculado”.
El segundo es el tráfico de influencias de servidor público, contemplado en el artículo 411 del Código Penal, que según leyó Enciso contempla penas de prisión de 64 a 144 meses. En su análisis, este delito se configuraría si se prueba que Petro, primero como senador y luego como presidente, recomendó o facilitó la contratación de Jiménez en distintas entidades.
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El tercero es la concusión, que de acuerdo con la norma citada por el director del Instituto Anticorrupción castiga con prisión de 96 a 180 meses al servidor público que, abusando de su cargo, induzca a alguien a dar o prometer dinero “o cualquier otra utilidad indebidos”.
“Confunde y vencerás”: la crítica a la respuesta del expresidente
Sobre el pronunciamiento con el que Petro respondió a las acusaciones, Enciso explicó que el análisis penal se centra en el intercambio de un beneficio por otro, y sostuvo que eso es lo que Jiménez ha denunciado. “Ninguna de las cosas que ha dicho el expresidente en su respuesta verdaderamente responde a los cuestionamientos que se le están haciendo”, afirmó.
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El exfuncionario consideró que el exmandatario debería pedir a las autoridades que lo investiguen y acudir a dar explicaciones. “Todo lo que está quedando en evidencia es que los contratos sí existieron”, aseguró.
No obstante, aclaró que corresponderá a la justicia establecer la autenticidad de las fotografías y conversaciones entregadas por Jiménez, y recordó: “Por supuesto que el expresidente Petro es beneficiario, como todos los colombianos lo somos, del principio de presunción de inocencia”.
¿Son las mismas 48 mujeres que menciona el Dapre?
Frente a la cifra de 48 mujeres que, según el director del Dapre, Carlos Ríos, habrían sido instrumentalizadas mediante órdenes de prestación de servicios, Enciso considera que no necesariamente se trata del mismo grupo al que se refiere Jiménez.
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“Yo tengo la impresión de que son grupos de mujeres diferentes”, señaló, y advirtió que, de comprobarse ambas versiones, el panorama sería más grave: “Hay una especie de comportamiento generalizado, sistemático”.
Consultado sobre por qué la denuncia no incluye el artículo 175 de la Constitución, relacionado con la indignidad en el ejercicio del cargo, Enciso explicó que la prioridad fue actuar con celeridad sobre los posibles delitos: “No lo tuvimos en consideración en ese momento, pero tanto la Sala como la Cámara de Representantes en particular podrán tenerlo en cuenta en su momento”.
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