La directora del Fondo de Adaptación, Angie Rodríguez, encendió la polémica en el país luego de revelar una serie de denuncias en las que involucra presuntas amenazas, extorsiones y posibles actos de corrupción al interior del Gobierno Nacional.Durante una entrevista con los panelistas de Mañanas Blu y Néstor Morales, la funcionaria dio de qué hablar al señalar falta de garantías en la seguridad, así como el poder que ejercen Carlos Carrillo y especialmente Juliana Guerrero.Rodríguez, quien previamente ocupaba uno de los cargos más importantes del país al ser la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE), señaló que por un tiempo guardó silencio al tratar de manejar la disputa de manera institucional. Sin embargo, todo habría cambiado cuando denunció sobre la documentación educativa falsa de Juliana Guerrero, lo que, según afirmó, habría desencadenado amenazas y extorsiones.Juliana Guerrero maneja todo: denuncias de Angie RodríguezDurante la entrevista con Néstor Morales, la exdirectora del DAPRE señaló que Juliana Guerrero, quien ha estado en la polémica por los falsos títulos otorgados por la Universidad San José, es quien tiene el poder en el gobierno. "Es la que tiene el poder, no necesita cargo para tener el poder".Según revela Rodríguez, Guerrero es quien controla el DAPRE; controlaría también el Ministerio de la Igualdad; de hecho, según afirma, es ella quien nombra a la actual directora del Departamento Administrativo de la Presidencia, "nombra a la señora Nora Mondragón", señalando que Guerrero actualmente concentra poder dentro del Gobierno Petro.Ante sus declaraciones, tras la pregunta sobre cómo Juliana Guerrero alcanzó tal poder, Angie Rodríguez evitó responder, señalando que teme por su vida; y es que afirmó que Guerrero ostentaba decir que tenía conexión con el ELN, "ella siempre decía que hablaba con ellos", palabras que le generaron temor por su vida y por la de su familia.Presunta red de corrupción en el gobierno Otro de los detalles en los que hizo hincapié Angie Rodríguez son los señalamientos sobre la existencia de una estructura que opera al interior del gobierno y la cual encabezaría Juliana Guerrero y Carlos Carrillo. De hecho, Rodríguez afirma que existe un "concierto para delinquir" en su contra.“Yo lo que veo es una red donde presuntamente hay un concierto para delinquir en mi contra, donde cada uno tiene un rol determinado para quererme exterminar”, afirmó, dejando entrever un entramado más amplio que involucra intereses políticos y administrativos.Finalmente, reveló que existen intentos de desprestigio por medio de información falsa, razón por la que habría salido el general Triana.
Nuevamente el Gobierno nacional está en el ojo del huracán por cuenta de las denuncias de la actual directora del Fondo de Adaptación, Angie Rodríguez, quien en Mañanas Blu amplió su denuncia contra Juliana Guerrero y Carlos Carrillo, director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Rodríguez, quien hasta hace pocos meses se desempeñó como directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE) y fue una de las funcionarias más cercanas al presidente Gustavo Petro, aseguró que dentro del Gobierno hay sectores que “no creen que este proyecto vaya a continuar” y, por ello, estarían “exprimiendo” los recursos públicos.Ha denunciado que la está extorsionando desde su mismo círculo en el Gobierno: "Hay una red de concierto para delinquir contra mí. Yo entregué todos los chats. Y presuntamente sé quién es mi extorsionista, lo confronté", explicando que ya hizo denuncias.Contó que justo ayer, martes 21 de abril, dichas extorsiones se intensificaron por vía chat: "Son terribles, dicen que tienen línea con Juliana, con Carrillo (...) Me amenazan, me extorsionan, me dicen que me tienen vigilada". Rodríguez denunció que las amenazas provienen de una persona cercana que ella misma llevó del Dapre al Fondo de AdaptaciónRodríguez, quien fue considerada una de las mujeres más poderosas del país durante su año de gestión en el Dapre, aseguró que decidió hablar tras sentirse amenazada y sin el respaldo de los esquemas de seguridad que debería tener por su cargo. El extorsionista en el Fondo de AdaptaciónSegún su relato, el extorsionista le exigía dinero y le aseguraba tener contactos en las altas esferas del poder. “Presuntamente sé quién es el extorsionista por la manera en que hablaba... él dice que él tiene línea con Juliana, con el señor Carlos Carrillo”, afirmó la funcionaria, señalando que el sujeto la espiaba y la grababa en situaciones de confianza. La funcionaria relató que el pánico se apoderó de ella cuando le exigieron una suma millonaria. “Accedí a enviarle... él me dijo 20 de los grandes, eran 20 millones... si usted no me los da en tanto tiempo, usted ya sabe lo que le va a pasar”. Ante la gravedad de la situación, Rodríguez confrontó al presunto extorsionista, quien terminó firmando su renuncia y abandonando la entidad.Aquí el audio de la entrevista con Mañanas Blu:
La directora del Fondo de Adaptación, Angie Rodríguez, encendió las alarmas del país tras revelar una serie de denuncias que involucran presuntas amenazas, extorsiones y posibles actos de corrupción al interior del Gobierno Nacional. En entrevista con el periodista Néstor Morales, la funcionaria aseguró que su decisión de hablar públicamente responde a la falta de garantías de seguridad y a la ausencia de resultados en las investigaciones que, según ella, había iniciado meses atrás.Rodríguez, quien hasta hace poco ocupaba uno de los cargos más influyentes como directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE), sostuvo que su silencio inicial obedecía a un intento por manejar la situación de manera institucional. Sin embargo, afirmó que el contexto cambió drásticamente: “Al no ver resultados y al verme amenazada, extorsionada y sin la seguridad que debería tener, decidí hablar”, señaló.Amenazas y extorsión: el detonante de la denunciaUno de los puntos más delicados de la entrevista gira en torno a las amenazas directas contra su vida. Rodríguez aseguró haber puesto en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación y del GAULA pruebas como chats y registros que evidenciarían un patrón de hostigamiento. Según relató, el presunto extorsionista sería una persona cercana a su entorno laboral.“Me amenazan, me extorsionan, me dicen que me tienen vigilada, que me espían”, afirmó la funcionaria, quien también reveló que el implicado habría trabajado dentro del Fondo de Adaptación y que incluso fue trasladado por ella desde el DAPRE.La gravedad de los hechos, según Rodríguez, no solo radica en las intimidaciones, sino en la sensación de vulnerabilidad institucional: “¿Con qué tranquilidad hace uno una denuncia en Colombia cuando encuentra este tipo de situaciones?”, cuestionó.El caso Miguel Uribe y el temor por su vidaUno de los momentos más impactantes de la entrevista fue cuando Rodríguez comparó su situación con hechos de violencia política en el país, haciendo referencia al caso de Miguel Uribe. “Si a Miguel Uribe le pasó lo que le pasó, ¿qué no me puede pasar a mí?”, expresó con preocupación.La funcionaria enfatizó que su temor se incrementa al considerar lo que describe como fallas en los esquemas de seguridad estatal: “Yo les decía: por favor, pónganme seguridad... mi familia. Nada”, denunció, sugiriendo una presunta desprotección por parte de la Unidad Nacional de Protección (UNP).Presunta red de corrupción dentro del gobiernoMás allá de las amenazas personales, Rodríguez también hizo señalamientos sobre la existencia de una estructura organizada que operaría dentro del gobierno. Según sus declaraciones, habría “un concierto para delinquir” en su contra, donde distintos actores cumplirían roles específicos.“Yo lo que veo es una red donde presuntamente hay un concierto para delinquir en mi contra, donde cada uno tiene un rol determinado para quererme exterminar”, afirmó, dejando entrever un entramado más amplio que involucra intereses políticos y administrativos.Además, reveló que las presiones incluyen intentos de desprestigio mediante acusaciones falsas: “Vamos a organizar la manera en que se va a filtrar esa información a los medios”, cita uno de los mensajes que recibió, en el que se le acusa de corrupción.Contexto político y tensiones internasLas declaraciones de Rodríguez se dan en un momento de alta tensión dentro del gobierno, donde ya se venían registrando diferencias internas. La funcionaria indicó que desde noviembre había presentado denuncias formales, pero optó por mantener discreción para evitar conflictos públicos.“Yo decía, qué feo esa pelea entre funcionarios para que todo el país sepa”, comentó, evidenciando que su decisión de hablar ahora responde a un punto de quiebre personal y político.
En una entrevista con la revista Semana, la directora del Fondo de Adaptación, Angie Rodríguez, aseguró que fue ella quien alertó sobre presuntas irregularidades en los títulos académicos de Juliana Guerrero, en medio de una serie de declaraciones que también salpican a altos funcionarios del Gobierno.En una entrevista de cerca de una hora, Rodríguez describió un ambiente de “poder, dinero y amenazas” dentro del Gobierno, señalando a figuras cercanas al presidente Gustavo Petro, como el director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, Carlos Carrillo. Según dijo, al interior de la Casa de Nariño existiría una disputa por el control institucional.“Hay un juego por el poder y el dinero, eso los tiene enceguecidos. Entonces, muchos piensan que este Gobierno no va a continuar y por eso miran cómo exprimirlo. Y un ejemplo de ellos es la señora Juliana Guerrero”, afirmó Rodríguez, quien además acusó a Guerrero de influir en varias entidades del Estado.En sus declaraciones, también sostuvo que Guerrero habría intentado afectar la imagen de la vicepresidenta Francia Márquez: “Ella envenenaba [...] diciéndole: ‘Hay que sacar a la vicepresidenta Francia, ella no sirve’”.Rodríguez fue más allá al asegurar que Guerrero presumía supuestos vínculos con el ELN, lo que —según dijo— generaba temor entre funcionarios: “Lo digo con conocimiento de causa porque me pasó a mí, y más cuando la señora Juliana se ufanaba de tener vínculos con el ELN”.Sin embargo, uno de los puntos más sensibles de la entrevista gira en torno al escándalo de los títulos académicos. Rodríguez insistió en que fue ella quien detectó las inconsistencias cuando ejercía como directora del DAPRE.“Quien denunció que ella no tenía los títulos de manera legal fui yo. De manera, fui yo”, afirmó. “Yo sabía que ella no iba a pasar los filtros porque no era profesional [...] Cuando pido ver los títulos encuentro varias inconsistencias [...] yo veo que estos títulos son falsos”.Según explicó, las dudas surgieron luego de que, en un corto periodo de tiempo, Guerrero presentara supuestos títulos académicos. “No puede ser que una persona en 15 días tenga títulos, o sea, eso no le cabe en la cabeza a nadie”, agregó.Rodríguez también indicó que informó de esta situación al presidente Petro en su momento, antes de que el caso se hiciera público. Posteriormente, el escándalo fue conocido por denuncias externas, entre ellas las de la congresista Jennifer Pedraza, a quien la funcionaria dijo valorar por su labor.Finalmente, la directora del Fondo de Adaptación aseguró que dentro del Gobierno existiría una red de al menos 20 personas que, según ella, buscarían desprestigiarla, espiarla e incluso amenazarla. “Funcionarios y no funcionarios [...] manejan el poder y los hilos en muchas entidades”, sostuvo.
Una nueva controversia sacude al Gobierno nacional tras las declaraciones de la actual directora del Fondo de Adaptación, Angie Rodríguez, quien en entrevista con la revista Semana lanzó graves acusaciones sobre presuntos hechos de corrupción, luchas de poder internas y posibles nexos irregulares dentro de la Casa de Nariño.Rodríguez, quien hasta hace pocos meses se desempeñó como directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE) y fue una de las funcionarias más cercanas al presidente Gustavo Petro, aseguró que dentro del Gobierno hay sectores que “no creen que este proyecto vaya a continuar” y, por ello, estarían “exprimiendo” los recursos públicos.“Hay funcionarios del gobierno que no creen que este gobierno vaya a continuar y que por eso lo están exprimiendo”, afirmó. Además, advirtió que “lo que está pasando con los contratos y con la plata pública” sería una señal de prácticas irregulares al interior de la administración.Señalamientos contra Juliana GuerreroUno de los puntos más polémicos de la entrevista es el señalamiento directo contra Juliana Guerrero, a quien Rodríguez atribuye un amplio poder dentro del Gobierno, pese a no ocupar un cargo oficial.“El poder lo tiene Juliana Guerrero, aunque no tiene cargo”, aseguró. También insinuó posibles vínculos con la guerrilla del ELN y sostuvo que fue ella quien alertó previamente al presidente Petro sobre presuntas irregularidades en su hoja de vida: “Fui yo la que le dijo al presidente que Juliana Guerrero no tenía los títulos que había acreditado”.Denuncias de presiones y conflictos internosRodríguez también denunció la existencia de un supuesto plan en su contra para silenciarla. “Hay un plan en mi contra para callarme”, dijo, al referirse a tensiones con otros funcionarios del Gobierno.Asimismo, expresó desconfianza frente a organismos de inteligencia y mencionó que ciertas personas dentro del Ejecutivo podrían tener información sobre hechos que la afectan personalmente: “Ya desconfío mucho de algunas personas que podrían tener explicaciones sobre el robo en la casa de mis padres”.
El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) salió a aclarar las versiones sobre despidos masivos en la entidad, luego de que varios funcionarios aseguraran que más de 20 personas fueron declaradas insubsistentes tras la llegada de la nueva directora. A través de un comunicado oficial, la Presidencia afirmó que el número de desvinculaciones fue de 12 personas.Según el documento, todos los cargos correspondían a empleos de libre nombramiento y remoción, por lo que no hacían parte de la carrera administrativa ni contaban con estabilidad laboral reforzada, en línea con la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Además, el Dapre señaló que los funcionarios retirados eran personas de confianza de la anterior dirección, encabezada por Angie Rodríguez, y que su salida obedece a la conformación del nuevo equipo cercano de trabajo de la actual administración.Sin embargo, versiones de funcionarios consultados indican que el número de personas desvinculadas sería superior al informado oficialmente y que las decisiones se tomaron en bloque durante la noche del lunes 26 de enero. Entre los funcionarios que salieron del Dapre se encuentran asesores, el jefe de la Oficina de Control Interno, la directora de Talento Humano, Luz Dary Cruz -quien llevaba cerca de 25 años vinculada a la Casa de Nariño y estaba próxima a pensionarse- así como la jefa de Comunicaciones de la Presidencia, Carolina Calderón.Estos movimientos se suman a los que actualmente se registran en la Cancillería, donde, según la Asociación Diplomática y Consular, al menos 100 funcionarios han salido de sus cargos. El gremio también ha advertido sobre una proliferación de contratos y declaraciones de insubsistencia en embajadas y consulados, a pocos meses de las elecciones.
En una tensa jornada de despidos en la Casa de Nariño, Carolina Calderón, quien se desempeñaba como jefe de prensa del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE), habló en Mañanas Blu, sobre la desvinculación de aproximadamente 30 funcionarios de la entidad. Calderón calificó el acto como una "canallada" y un acto de sevicia, especialmente considerando que se produjo justo cuando el DAPRE conmemora su 70 aniversario."Masacre laboral"Según el testimonio de Calderón, la decisión fue inesperada pues contradice órdenes previas del presidente Gustavo Petro. El pasado 9 de enero, en un Consejo de Ministros ampliado, el mandatario habría leído una circular en la que exhortaba a no realizar despidos, incluso mencionando que no se debía sacar a personas por su ideología política o vínculos con gobiernos anteriores.La exfuncionaria relató que José Raúl Moreno, jefe de despacho, le aseguró personalmente que no la sacarían, pidiéndole que no creyera en "cuentos" y que el presidente se reuniría con ellos. No obstante, el 26 de enero a las 5:00 p.m., recibió la notificación de su insubsistencia sin motivo alguno, firmada por la directora encargada, Nora Janet Mondragón Ortiz.El drama de Luz Dari Rojas y los 25 años de servicioUno de los casos más críticos mencionados en la entrevista es el de Luz Dari Rojas, una funcionaria con 25 años de antigüedad en la institución que se encuentra a poco más de un año de pensionarse. Calderón enfatizó que Rojas padece enfermedades de base y que su despido representa un golpe a la dignidad de alguien que entregó su vida a la entidad. "Luz Dari es el Dapre", afirmó, resaltando la falta de coherencia entre el discurso gubernamental sobre derechos laborales y estas acciones."Andar con cuchillo en Palacio" y la creación de un sindicatoLa tensa atmósfera dentro de la Presidencia llevó a varios empleados a conformar un sindicato hace algunas semanas como medida de protección ante lo que percibían como un ambiente hostil. Al ser consultada sobre la frase "hay que andar con cuchillo en Palacio", Calderón explicó que se refiere a la necesidad de manejarse con extremo cuidado, pues a pesar de las promesas de estabilidad, los despidos se ejecutaron de manera fulminante.La barrida en el DAPRE ocurre a escasos días de que inicie la Ley de Garantías, lo que deja a los afectados con un margen de maniobra nulo para vincularse nuevamente al sector público. A esto se suma una situación similar en la Cancillería, donde se reportan cerca de 130 despidos adicionales.Escuche aquí la entrevista:
Al menos 30 funcionarios del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE) fueron declarados insubsistentes por decisión de Nhora Yhanet Mondragón, recientemente nombrada como directora administrativa de la entidad. Las resoluciones ya fueron publicadas por el DAPRE, y entre los afectados figura Luz Dary Cruz, quien ejercía como jefa de Recursos Humanos desde hace 25 años y estaba próxima a pensionarse.La decisión ha generado controversia, ya que Cruz contaba con fuero de estabilidad laboral reforzada según la Ley 909 de 2004, que protege a los servidores públicos a tres años o menos de obtener su pensión. Esta norma obliga a las entidades a reubicar a estos trabajadores en lugar de desvincularlos, especialmente durante procesos de reestructuración o provisión de cargos. La Corte Suprema de Justicia amplió recientemente este derecho a los empleados del sector privado en condiciones similares.Fuentes cercanas al proceso señalaron que entre los funcionarios retirados hay madres cabeza de hogar, empleados sindicalizados, personas con incapacidad médica, conductores, camareros e incluso la jefa de prensa del DAPRE, Yuri Calderón. Algunos de los destituidos habrían sido identificados como simpatizantes del proyecto político del presidente Gustavo Petro, aunque presuntamente no estaban participando activamente en labores de apoyo a la campaña.Las decisiones se habrían tomado bajo la orientación de Letty Leal, actual subdirectora del DAPRE, y José Raúl Moreno, jefe de despacho del presidente. Los movimientos administrativos coinciden con una intensa contratación estatal a pocos días de la entrada en vigor de la Ley de Garantías, periodo en el que se restringen nuevas vinculaciones y cambios de personal.En las últimas semanas, se habrían vinculado a la Presidencia al menos 20 nuevos funcionarios con salarios que igualan o superan los 16 millones de pesos. Mientras tanto, varias fuentes señalan que se preparan acciones legales contra las resoluciones de insubsistencia, especialmente en el caso de servidores con derechos laborales protegidos.El episodio recuerda los recientes despidos masivos en la Cancillería, donde más de 130 funcionarios de carrera, entre ellos el experimentado diplomático Julio Aníbal Riaño, embajador en Turquía desde 1974, fueron removidos de sus cargos. En su lugar, el Gobierno designó a Yennifer Edilma Parra, una funcionaria sin trayectoria diplomática previa.Cabe recordar que el pasado 9 de enero de 2026, el Gobierno emitió una circular dirigida a ministros y directores de departamentos administrativos, prohibiendo expresamente la realización de despidos durante este periodo.
A pocos días de que entre en vigencia la ley de garantías, en el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) han sido declarados insubsistentes más de 20 funcionarios.Se trata de funcionarios en condición de prepensionados, madres cabeza de familia y personas sindicalizadas, quienes anunciaron que emprenderán acciones legales. Todos fueron notificados de su insubsistencia por la subdirectora del Dapre, Letty Leal. Entre los casos se encuentra el de Luz Dary Cruz, quien durante 25 años fue la jefe de Recursos Humanos de la Presidencia y estaba encargada, entre otras funciones, de la gestión de hojas de vida. También estaba próxima a pensionarse.Algunas de las personas desvinculadas pertenecían al equipo de la exdirectora Angie Rodríguez, mientras que otras, como el caso de Cruz, eran funcionarios de larga trayectoria en la entidad.Estas decisiones se producen pese a que el pasado 9 de enero se emitió una circular externa dirigida a ministros y directores de departamentos administrativos, en la que se ordenaba abstenerse de realizar despidos en este periodo.“Por instrucción del señor Presidente se exhorta a las entidades de la Rama Ejecutiva del orden nacional a actuar con especial prudencia, consideración y responsabilidad en la gestión del talento humano, previo al inicio del periodo de aplicación de la Ley de Garantías Electorales, previsto para el 31 de enero de 2026, evitando la adopción de decisiones generalizadas o masivas de desvinculación de personal, especialmente aquellas que no se encuentren debidamente sustentadas en causas objetivas, necesidades reales del servicio o en procedimientos legalmente establecidos”, señala el documento.Desde la Presidencia de la República se explicó que estas decisiones obedecen a que los funcionarios declarados insubsistentes ocupaban cargos de libre nombramiento y remoción, y que, por tanto, con la llegada de una nueva administración quedan a disposición del director o directora en turno, en este caso la recientemente designada Nhora Mondragón.
La Fiscalía General de la Nación presentó formalmente ante la Corte Suprema de Justicia el escrito de acusación contra el exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Carlos Ramón González. En el documento, la entidad sostiene que las conductas atribuidas a González no cuentan con ninguna justificación legal y que tuvieron un impacto directo sobre bienes jurídicos protegidos por el Estado. Por esta razón, la Fiscalía le imputará los delitos de cohecho, peculado por apropiación y lavado de activos.“Los comportamientos desplegados pusieron en peligro efectivo los bienes jurídicamente tutelados por el Estado. Se afectó de manera directa la administración pública y el orden económico y social”, indicó la Fiscalía en el documento.De acuerdo con el escrito, González habría participado en una serie de actuaciones irregulares que involucraron el manejo indebido de recursos públicos y la recepción de beneficios a cambio de su cargo. La Fiscalía aseguró que estas conductas se habrían desarrollado aprovechando su posición dentro del Estado, lo que agravaría su responsabilidad penal, además de “defraudar las expectativas depositadas por la sociedad” al haber desempeñado uno de los cargos más importantes del país, por ser considerado, en su momento, la mano derecha del presidente.El documento también señala que los dineros obtenidos de manera irregular habrían sido objeto de maniobras para ocultar su origen, lo que sustenta la acusación por lavado de activos. Para la Fiscalía, el conjunto de pruebas recolectadas permite inferir la participación activa del exfuncionario en los hechos investigados. En el escrito de acusación, el ente acusador relató uno a uno los hechos por los que será acusado González y en los que resultaron salpicados Olmedo López, exdirector de la UNGRD; Iván Name, expresidente del Senado (2023-2024), y Andrés Calle, entonces presidente de la Cámara.La audiencia de acusación fue fijada para el próximo 29 de enero, a las 8:00 de la mañana, y se llevará a cabo en la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia. En esta diligencia, el alto tribunal escuchará formalmente los cargos y definirá el rumbo del proceso judicial.“El procesamiento de los dineros evidencia una estrategia para dar apariencia de legalidad a recursos de origen ilegal… Las pruebas recaudadas permiten inferir la responsabilidad penal del acusado. Los hechos investigados comprometen gravemente la confianza en las instituciones públicas”, se lee en el escrito de acusación.No obstante, el avance del caso se da en ausencia del acusado. Carlos Ramón González permanece actualmente en Nicaragua, país al que llegó tras solicitar asilo político. Según su equipo de defensa, el exdirector del Dapre no tiene intención de regresar a Colombia, incluso en el escenario de una eventual condena.A pesar de esta situación, el proceso continuará conforme a la ley, ya que la solicitud de asilo no suspende las actuaciones penales en Colombia. La Corte Suprema seguirá adelante con el juicio mientras se definen los escenarios jurídicos relacionados con la permanencia del acusado en el exterior.
España vs. Uruguay afrontarán este viernes uno de los partidos más importantes de la última jornada de la fase de grupos del Mundial 2026, en el estadio de Guadalajara, donde ambas selecciones buscarán asegurar su presencia en los dieciseisavos de final, aunque llegan con panoramas muy diferentes. Mientras la Roja depende de sí misma para terminar como líder del Grupo H, la Celeste está obligada a sumar para evitar una eliminación prematura.El conjunto dirigido por Luis de la Fuente lidera la zona con cuatro puntos, producto del empate frente a Cabo Verde y la contundente victoria por 4-0 sobre Arabia Saudí. Uruguay, por su parte, solo suma dos unidades tras igualar en sus dos primeros compromisos y necesita un resultado positivo para seguir con vida en el torneo.Posibles alineaciones de Uruguay vs. EspañaEspaña: Unai Simón; Marcos Llorente, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Rodri, Pedri, Dani Olmo; Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal y Álex Baena. Seleccionador: Luis de la Fuente.Uruguay: Fernando Muslera o Sergio Rochet; Guillermo Varela, Sebastián Cáceres, José María Giménez, Mathías Olivera; Manuel Ugarte, Federico Valverde, Rodrigo Bentancur; Agustín Canobbio o Darwin Núñez, Federico Viñas y Ronald Araújo.Seleccionador: Marcelo Bielsa.¿Qué necesita España para asegurar el primer lugar del Grupo H?La selección española llega al compromiso con el impulso que dejó la goleada sobre Arabia Saudí, un resultado que disipó las dudas generadas tras el inesperado empate en el debut frente a Cabo Verde.Con cuatro puntos en la clasificación, España depende de sí misma para avanzar a la siguiente ronda. Un empate le alcanzaría para asegurar el boleto a los dieciseisavos de final, aunque el objetivo del cuerpo técnico pasa por conseguir una victoria que garantice el liderato del grupo y permita afrontar la fase eliminatoria sin depender de otros resultados.Luis de la Fuente parece haber encontrado la base del equipo tras introducir varias modificaciones en la segunda jornada, por lo que la mayoría de esos cambios tendrían continuidad frente a Uruguay. La principal incógnita estaría en el lateral derecho, donde Marcos Llorente podría recuperar la titularidad en lugar de Pedro Porro.Uno de los futbolistas que concentrará la atención será Lamine Yamal.El extremo regresó frente a Arabia Saudí después de superar la lesión muscular con la que llegó al Mundial y apenas necesitó disputar el primer tiempo para convertirse en uno de los jugadores más desequilibrantes del encuentro.Todo apunta a que tendrá una mayor carga de minutos ante Uruguay, en un ataque que también contará con Mikel Oyarzabal, Álex Baena y el respaldo de un mediocampo liderado por Rodri, Pedri y Dani Olmo.Además, el cuerpo técnico español espera seguir sumando ritmo competitivo para futbolistas como Nico Williams y Mikel Merino, considerados piezas importantes de cara a las rondas eliminatorias.Uruguay llega con presión y varias dudas en su alineaciónLa situación de la selección dirigida por Marcelo Bielsa es mucho más compleja.Después de empatar frente a Arabia Saudí y Cabo Verde, la Celeste necesita puntuar para mantener opciones de clasificación. Una victoria le permitiría incluso aspirar al liderato del grupo, mientras que un empate la obligaría a esperar el resultado del compromiso entre Cabo Verde y Arabia Saudí. Una derrota, en cambio, la dejaría prácticamente eliminada.El entrenador argentino recupera una pieza importante para este compromiso. José María Giménez, ausente en los dos primeros partidos por un problema en el tobillo, volvió a entrenarse con normalidad y apunta a regresar al centro de la defensa.En contraste, Giorgian De Arrascaeta continúa recuperándose de una lesión muscular y Ronald Araújo sigue siendo duda, aunque en los últimos entrenamientos ya realizó trabajos con balón y mantiene opciones de estar disponible.Otra de las incógnitas pasa por la portería. Fernando Muslera fue titular en los dos primeros encuentros tras regresar a la selección, pero un error cometido frente a Cabo Verde reabrió el debate sobre la posibilidad de que Sergio Rochet recupere el puesto bajo los tres palos.
Una persona falleció y otras 10 sufrieron quemaduras y lesiones luego de que una vivienda que servía como fábrica de juegos pirotécnicos explotara en hechos ocurridos en un barrio del municipio de La Unión, en el norte de Nariño.Zuly Bastidas, residente de ese municipio, dijo a Blu Radio que todo ocurrió a la 1:20 de la tarde de este viernes 26 de junio, cuando escucharon una fuerte detonación que generó pánico en toda la población.Según la angustiada madre, la onda expansiva provocó daños materiales en más de cinco viviendas aledañas a la fábrica de juegos pirotécnicos, la cual estaba ubicada en el barrio Valencia, pleno centro de La Unión, Nariño.En su relato, la señora Bastidas dijo que, por la caída de vidrios y porque otros fueron alcanzados por las llamas, varias personas resultaron heridas y fueron trasladadas a centros médicos cercanos a esa población del norte de Nariño.Un día laboral se convirtió en una tragedia para familias de la zona, y se desconoce los móviles que produjeron dicha explosión, la cual se escuchó a varios kilómetros a la redonda, dijo doña Zuly Bastidas.En videos que circulan en redes sociales se pueden escuchar los desesperados llamados que hacían los habitantes de La Unión tras el estallido, así como el sonido de las ambulancias.“Necesitamos que nos ayuden en La Unión porque escuchamos explosiones”, decía una mujer que grababa con su celular, mientras de fondo se escuchaban varias detonaciones.Unidades del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de La Unión, Nariño, y de otras poblaciones cercanas controlaron el incendio, mientras las autoridades iniciaron la evaluación de escombros y de los permisos de funcionamiento de la fábrica, según informó el alcalde de ese municipio nariñense, Jaime Montenegro.
Para garantizar un viaje seguro y fluido durante el puente festivo de “San Pedro y San Pablo”, la Concesionaria Vial Andina (Coviandina) y las autoridades han implementado un plan especial de manejo de tráfico.El próximo lunes 29 de junio de 2026, la Policía de Tránsito y Transporte realizará un reversible en el sentido Villavicencio-Bogotá. El cierre de la vía se realizará en el sector del Uval a la 1:00 p. m. La carretera quedará en un solo sentido y el flujo vehicular hacia Bogotá se habilitará desde las 3:00 p. m. hasta las 10:00 p. m.También hay restricciones para el tránsito de vehículos de carga. Si conduce un vehículo de carga con peso igual o superior a 3,4 toneladas, tenga en cuenta las siguientes medidas: el viernes 26 habrá restricción de 2:00 p. m. a 10:00 p. m. en el sentido Bogotá-Villavicencio.El sábado 27 la restricción será de 6:00 de la mañana hasta las 3:00 de la tarde, en ambos sentidos. El domingo 28 no habrá restricción para los vehículos de carga, pero el lunes 29 la restricción será de 10:00 a. m. a 1:00 a. m. en ambos sentidos.Para el ingreso a Bogotá el domingo 28 de junio, se aplicará el pico y placa regional según la terminación de la placa del vehículo. Las placas pares (0, 2, 4, 6, 8) podrán ingresar únicamente entre las 12:00 m. y las 4:00 p. m., y las placas impares (1, 3, 5, 7, 9) podrán ingresar únicamente entre las 4:00 p. m. y las 8:00 p. m.
El sector del Sistema Moda y Confecciones en Colombia en 2025 muestra un comportamiento interesante: las exportaciones crecen de forma leve, 1,8%, alcanzando USD 920,6 millones, lo que indica estabilidad y presencia en mercados internacionales. Sin embargo, las importaciones avanzan mucho más rápido, con un aumento de 16,6%, llegando a USD 3.821,6 millones.¿Cómo se comportaron las cifras en exportaciones?Aunque el crecimiento es moderado, refleja que la industria mantiene su presencia en mercados internacionales pese a un entorno global exigente. A nivel regional, Antioquia se consolidó como el principal exportador con USD 340,6 millones, equivalente al 37% del total. Le siguió Bogotá D.C. con USD 272,9 millones (29,6%) y Atlántico con USD 100,3 millones (10,9%), destacando además su crecimiento de doble dígito. En contraste, Cundinamarca cayó 0,9% y Risaralda retrocedió 23,1%.En productos, la exportación estuvo liderada por la ropa de cocina o tocador con USD 69,0 millones, seguida por fajas con USD 51,9 millones y tejidos de punto con USD 38,0 millones, aunque este último bajó 4,2%. También sobresalen los calcetines de algodón, que crecieron de forma extraordinaria 358% hasta USD 20,1 millones, y las camisetas de algodón con un aumento del 46% (USD 34,4 millones).En destinos, Estados Unidos sigue siendo el principal socio con USD 255,8 millones (27,8%), aunque cayó 7,4% frente al año anterior. Luego aparecen Ecuador con USD 149,3 millones (16,2%) y México con USD 102,9 millones (11,2%). En contraste, Canadá creció 38,1%, Venezuela 24,4% y Guatemala 16,8%, mostrando nuevos focos de dinamismo.En logística, la vía aérea dominó las exportaciones con USD 448,8 millones (48,7%), seguida del transporte marítimo con USD 312,2 millones (33,9%), que fue el único en caer (-5%). El transporte terrestre aportó USD 159,7 millones (17,3%) y fue el de mayor crecimiento relativo.¿Cómo se comportaron las datos en importaciones?En distribución interna, Bogotá D.C. concentró el 45,5% de las importaciones (USD 1.739,8 millones), seguida por Antioquia con USD 792,7 millones (20,7%) y Cundinamarca con USD 422,7 millones (11,1%). Los mayores crecimientos se registraron en Valle del Cauca y Santander, ambos con 29,6%.Por productos importados, lideran los calzados con suela de caucho o plástico (USD 185,7 millones) y los de suela plástica con parte superior textil (USD 165,0 millones). También destacan los hilados de poliéster (USD 100,9 millones), mientras que los hilados mezclados con algodón cayeron 6,3%.En origen de compras, China domina ampliamente con USD 2.152,9 millones (56,3%), seguida por Vietnam (USD 262,3 millones) e India (USD 230,7 millones). Brasil y Bangladesh muestran variaciones más moderadas.En transporte de importaciones, la vía marítima concentra el mayor volumen con USD 2.401,3 millones (62,8%), seguida del transporte terrestre con USD 997,8 millones (26,1%) y el aéreo con USD 422,5 millones (11,1%).Finalmente, la balanza comercial confirma el reto estructural del sector: un déficit de USD -2.723,2 millones en 2025, tendencia que continúa en 2026 con un saldo negativo de USD -866,8 millones, evidenciando que las importaciones siguen superando ampliamente a las exportaciones.
Otro centro de salud de primer nivel en Antioquia le cierra sus puertas a la Nueva EPS. Se trata de la Clínica Sommer de Rionegro, cuya administración tomó la decisión de suspenderlos servicios ante la creciente deuda millonaria.Este es uno de los centros asistenciales más importantes para todo el Oriente de Antioquia, y que es también de vital importancia para el departamento, porque también atiende pacientes del Valle de Aburrá, anunció que cierra todos los servicios de salud a la Nueva EPS.Como ha ocurrido con otras clínicas y hospitales de primer nivel del país que cortan con la Nueva EPS, la principal razón son las millonarias deudas que le debe esta EPS a los centros de salud, y en la clínica Sommer no ha sido la excepción, ya que la acreencia supera los $115.000 millones.La administración de este centro asistencial dejó en claro que “esta decisión no obedece a una falta de voluntad, sino a la necesidad de preservar la estabilidad de una institución que durante décadas ha trabajado por el cuidado de la vida y la salud de la comunidad”.Así mismo, indicó que agotaron todos los esfuerzos para mantener la atención de los afiliados de esta entidad; sin embargo, afirmaron que la medida está relacionada con los servicios de alta complejidad, pero que se seguirá brindando atención a las personas que ingresen con condiciones de urgencia que pongan en riesgo inmediato su vida.La Clínica Somer recordó que en octubre pasado se había adoptado esta misma medida debido al crecimiento de la deuda que en su momento llegaba a los $100.000 millones.Este nuevo caso en el que un centro de salud le cierra sus puertas a una EPS sucede en menos de 20 días, si se tiene en cuenta que la Clínica Prado en Medellín anunció la suspensión de servicios a usuarios de Coosalud. Lo mismo hizo el Hospital General a principios de junio.
