El presidente Abelardo De La Espriella expresó su respaldo al director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Carlos Ríos, luego de que el Gobierno denunciara que tres personas ingresaron a la vivienda del funcionario y fueran encontradas por las autoridades de protección.El mandatario aseguró que garantizará la seguridad de Ríos y de su familia, y rechazó cualquier intento de intimidación contra quienes denuncian presuntas irregularidades en el Estado. A través de su cuenta de X, el jefe de Estado fue enfático al referirse a la situación del director del Dapre: “¡Quien se mete con Carlos Ríos, se mete con el presidente de la República!”, manifestó.De igual manera, aseguró que el funcionario no estará solo y reiteró su compromiso de garantizar su protección y la de sus familiares. También sostuvo que las denuncias que Ríos ha hecho sobre presunta corrupción, irregularidades y conductas inadmisibles deben ser investigadas hasta las últimas consecuencias.“No permitiremos que las amenazas, las intimidaciones o el miedo silencien a quienes denuncian la corrupción”, agregó el mandatario.El pronunciamiento se conoce después de que, el pasado 5 de noviembre, la Presidencia informara sobre el ingreso de tres personas a la residencia de Carlos Ríos. Según explicó el vocero del Gobierno, Miller Soto, los individuos fueron encontrados dentro de las instalaciones de la vivienda por las autoridades encargadas de la protección del funcionario.De acuerdo con la información entregada por el Ejecutivo, estas personas tendrían antecedentes judiciales por homicidio y hurto agravado, y fueron identificadas y puestas a disposición de las autoridades. Además, el Gobierno informó que otra persona habría sido vista cerca del establecimiento educativo al que asisten los hijos del director del Dapre, pero se retiró cuando llegó la Policía.La administración de Abelardo De La Espriella relacionó estos hechos con las denuncias que Carlos Ríos presentó el pasado 21 de octubre, durante una audiencia pública de la Comisión Segunda del Senado, sobre una presunta instrumentalización de 48 mujeres vinculadas mediante órdenes de prestación de servicios al Dapre durante el gobierno de Gustavo Petro.
El abogado de Angie Rodríguez, el exministro de Justicia Wilson Ruiz, reveló que un análisis toxicológico practicado a una muestra de cabello de su defendida identificó la presencia de sustancias psicotrópicas. El resultado fue realizado por un laboratorio de España y entregado recientemente a la Fiscalía General de la Nación como nuevo elemento dentro de la investigación por el presunto intento de homicidio contra la exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre).En entrevista con Blu Radio, Ruiz confirmó que el informe técnico respalda la denuncia que Rodríguez ha sostenido sobre un supuesto intento de envenenamiento en su contra, además de las amenazas de muerte y los seguimientos que ha manifestado haber sufrido.“Se trata de un informe toxicológico realizado por un laboratorio de España, a partir de una muestra de cabello que le han tomado, el cual identificó la presencia de sustancias psicotrópicas”, explicó el abogado.El exministro agregó que el documento ya fue puesto en conocimiento de las autoridades para que sea evaluado junto con los demás elementos probatorios. “Encontraron rastros de envenenamiento, y este resultado es importante porque respalda lo que la doctora Angie siempre ha dicho”, afirmó Ruiz durante la entrevista.Fiscalía deberá analizar los resultados del examen toxicológicoEl defensor señaló que esperan que la Fiscalía, bajo la dirección de Luz Adriana Camargo, examine el informe del laboratorio europeo y determine su alcance dentro del proceso. También pidió que las investigaciones avancen con contundencia, independientemente de quiénes puedan estar detrás de los hechos denunciados.No obstante, durante la conversación, Ruiz reconoció que no conoce en profundidad los aspectos técnicos del dictamen y que no ha podido consultar con el anterior apoderado de Rodríguez, quien habría aportado inicialmente el documento y posteriormente renunció a su representación.Por otra parte, el abogado se refirió a las recientes publicaciones sobre una conversación entre el presidente Gustavo Petro y Angie Rodríguez, fechada el 12 de diciembre del año pasado, en la que, según lo divulgado, el mandatario habría enviado la hoja de vida de una modelo de entretenimiento para adultos y solicitado mantener su contrato en el Ministerio del Interior.Frente a este asunto, Ruiz aseguró que desconoce el contenido del chat y prefirió no emitir declaraciones al respecto.Finalmente, confirmó que Rodríguez continuará colaborando con la justicia y asistirá a las diligencias correspondientes. También agradeció las medidas de protección que, según indicó, recibió por parte del Ministerio del Interior y la Unidad Nacional de Protección (UNP).“Ella está tranquila y, por supuesto, va a seguir aportando pruebas. Es una mujer valiente”, concluyó el abogado.
La Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia ordenó realizar una inspección forense en la Fiscalía al teléfono celular de Deicy Jiménez, dispositivo que contendría posibles evidencias relacionadas con los señalamientos sobre presuntos ofrecimientos de contratos a cambio de favores sexuales en el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) durante la administración del expresidente Gustavo Petro.La diligencia busca establecer el contenido de la información almacenada en el dispositivo y determinar si existen elementos relacionados con los hechos que son materia de investigación. Jiménez compareció ante la Corte Suprema dentro del mismo expediente en el que se adelantan actuaciones relacionadas con los señalamientos sobre presuntas irregularidades en la contratación de mujeres en el Dapre.Por otro lado, la declaración de Jiménez ante la Fiscalía continúa suspendida luego de la renuncia de su abogado Felipe Caballero, quien manifestó que la diligencia había sido aplazada por motivos de seguridad. La defensa de Jiménez quedó ahora a cargo de la abogada Dina Malo, aunque hasta el momento no se ha fijado una nueva fecha para que entregue su declaración ante el ente acusador.En paralelo, la Fiscalía citó a declaración libre al actual director del Dapre, Carlos Ríos, para el próximo martes a las 9:00 de la mañana. La citación se produce después de sus intervenciones ante el Congreso, en las que señaló que las mujeres presuntamente afectadas por las irregularidades investigadas ascenderían a 48.También fue concertada una nueva fecha para ampliar la declaración de la exdirectora del Dapre Angie Rodríguez. Su defensa solicitó que se mantenga la reserva de sus datos por motivos relacionados con seguridad y salud mental.Dentro de las actuaciones previstas, la Fiscalía avanza además en la programación de la declaración de la exdirectora Laura Sarabia y en la realización de inspecciones judiciales en las sedes del Dapre. También se encuentran sobre la mesa posibles valoraciones por parte de Medicina Legal, en el marco de las actuaciones que se adelantan dentro del expediente.El caso tiene además un componente ante la Corte Suprema de Justicia, donde se investiga al expresidente Gustavo Petro y a la senadora María José Pizarro por los presuntos delitos de tráfico de influencias y celebración indebida de contratos.
El Gobierno nacional emitió un comunicado oficial en el que rechazó categóricamente las intimidaciones registradas en contra del director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), Carlos Andrés Ríos Puerta, y su núcleo familiar. Según informó la Oficina de Prensa del Presidente de la República, estos hechos ocurrieron pocos días después de que el funcionario denunciara públicamente ante el Congreso presuntas irregularidades en la contratación de la entidad durante la administración anterior.¿Qué denunció el director del Dapre?De acuerdo con lo expuesto en el comunicado, el pasado 21 de octubre el director del Dapre denunció ante la Comisión Segunda del Senado la presunta instrumentalización de 48 mujeres vinculadas a la entidad mediante órdenes de prestación de servicios durante el gobierno anterior. Según el señalamiento público de Ríos Puerta, dichos contratos habrían sido pagados con recursos públicos y sirvieron para que estas personas estuvieran con el expresidente Gustavo Petro en el marco de una relación de poder.El documento oficial señala que la Fiscalía General de la Nación abrió de oficio una indagación preliminar sobre el caso. Dentro de las actuaciones previstas por el ente de control figura la citación a declarar del propio director Ríos Puerta, así como de las exdirectoras del Dapre Laura Sarabia y Angie Rodríguez, además de la orden de realizar inspecciones técnicas en la entidad para revisar la documentación contractual.Según detalló la Presidencia de la República, el pasado 28 de octubre se registraron situaciones irregulares en la vivienda del director Ríos y en el entorno de su familia. En el comunicado se precisa el reporte oficial de las autoridades sobre dos sucesos.Primero, las autoridades de protección hallaron e interceptaron a tres personas dentro de la vivienda del funcionario, situadas en las instalaciones internas de su lugar de residencia. Tras ser puestos a disposición de las autoridades competentes, se identificó que entre los registros de los retenidos figuran antecedentes por homicidio y por ocho hurtos agravados.Posteriormente, cerca del establecimiento educativo donde estudian los hijos del director se detectó la presencia de otra persona, quien se retiró del lugar ante la llegada de la Policía Nacional y es objeto de búsqueda para su identificación.Frente a esta coyuntura, la Presidencia expresó su solidaridad con el funcionario y su familia, exigió celeridad a las autoridades judiciales para determinar si estos actos guardan relación con las denuncias presentadas y ratificó que garantizará las medidas de seguridad necesarias para proteger la integridad del director.
La polémica por las declaraciones de Deicy Rodríguez a la revista 'Semana', en las que afirmó haber recibido contratos durante el gobierno del expresidente Gustavo Petro a cambio de sexo, ha generado reacciones en distintas entidades. En este contexto, la Fiscalía citó a Angie Rodríguez, exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), y a Laura Sarabia.Ahora, la Procuraduría General de la Nación abrió una indagación previa por presuntas irregularidades en contratos estatales, posible extralimitación de funciones, acoso y violencia de género, tras las denuncias relacionadas con el caso de Deicy Jiménez.La decisión cobija a funcionarios del Congreso de la República, el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), el Ministerio del Interior, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y la Superintendencia Nacional de Salud."ORDENARÁ APERTURA DE INDAGACIÓN PREVIA con el propósito de individualizar a los presuntos disciplinados y concretar las conductas objeto de indagación", señala el acta emitida por la Procuraduría.La medida se habría tomado a raíz de las publicaciones de la revista 'Semana' del pasado 25 de octubre, en las que se planteó que varias mujeres habrían sido vinculadas mediante contratos de prestación de servicios a cambio de relaciones extralaborales con el exmandatario. La Procuraduría busca establecer si hubo irregularidades administrativas o conductas de acoso y violencia de género.Procuraduría investigará el caso de Deicy JiménezLa indagación busca identificar a los posibles responsables y precisar las conductas que serán objeto de revisión. Por ahora, la entidad no ha anunciado la separación de sus cargos de los funcionarios mencionados en las denuncias.Como parte de las pruebas, la Procuraduría solicitó a la revista 'Semana' una copia de la entrevista a Deicy Jiménez, así como los datos de contacto de la mujer identificada como denunciante de los hechos. Además, ordenó escuchar en declaración a Jiménez y a Marco Emilio Hincapié, quien también fue mencionado en la denuncia.La entidad requirió a las cinco instituciones involucradas información sobre los contratos y las órdenes de prestación de servicios suscritos con Deicy Jiménez desde 2019. Si existen esos vínculos contractuales, las entidades deberán remitir copias de los documentos, sus valores, las funciones desempeñadas, los nombres de los supervisores y el estado de cada contrato.Además, la Procuraduría solicitó un listado de las mujeres vinculadas mediante contratos de prestación de servicios con el Congreso de la República, el Dapre, el Ministerio del Interior, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y la Superintendencia Nacional de Salud.Cabe señalar que esta indagación corresponde a una etapa preliminar. Por tanto, no constituye una declaración de responsabilidad contra los funcionarios mencionados ni implica que las presuntas irregularidades estén comprobadas.
Camilo Enciso, exsecretario de Transparencia, aseguró en Mañanas Blu que Deicy Jiménez, la mujer que acusa al expresidente Gustavo Petro de haberle entregado contratos estatales a cambio de favores sexuales, tuvo un contrato directamente con el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre). Además, confirmó que su organización ya radicó una denuncia penal contra el exmandatario ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes.El caso tomó fuerza luego de que Jiménez hablara sobre su supuesto vínculo con Petro en una entrevista con la periodista Vicky Dávila, publicada por la revista Semana el domingo 25 de octubre de 2026. En ese testimonio, también afirmó que existiría una red de entre 30 y 40 mujeres que, según su relato, habrían recibido contratos estatales a cambio de favores sexuales.El contrato de Deicy Jiménez en el DapreEnciso señaló que, al revisar los registros de contratación de Jiménez, encontró vinculaciones en el Senado, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y el Ministerio del Interior, pero llamó la atención sobre uno en particular que, según dijo, no ha sido objeto de discusión pública.De acuerdo con Enciso, se trata de un contrato publicado el 25 de julio de 2026, ya finalizado, en el que Jiménez figura como auxiliar administrativa. “Estamos hablando de la entidad que rige directamente el presidente de la República”, puntualizó.Para Enciso, ese hallazgo obliga a revisar si la contratación respondía a una necesidad real de la entidad, si estaba contemplada en su plan de gasto y si se abrió una convocatoria para cubrir ese servicio. Según registros consultados por otros medios, los cinco contratos atribuidos a Jiménez sumaron $100.151.338 durante el anterior cuatrienio.La denuncia penal contra Gustavo Petro ya fue radicadaEl exsecretario de Transparencia precisó que la acción judicial no es un anuncio, sino un trámite ya en curso: “La denuncia no es que la vamos a presentar, ya la presentamos desde el día de ayer”.Explicó que fue dirigida tanto a la Comisión de Acusaciones de la Cámara como a la Sala de Instrucción Penal de la Corte Suprema de Justicia, debido a que los hechos señalados abarcan dos momentos distintos: el periodo en que Petro fue senador y su mandato como presidente. Enciso insistió en que el debate no gira en torno a la vida privada del exmandatario. “Acá el problema es el uso de la función pública para un beneficio personal”, subrayó.Peculado, tráfico de influencias y concusión: los delitos denunciadosSegún el abogado, si se llegaran a demostrar las afirmaciones de Jiménez y las pruebas que aportó, el expresidente podría haber incurrido en tres delitos. El primero es el peculado, que explicó así: “Si alguna entidad pública contrató a una persona sin una causa contractual legítima, le pagó unos honorarios o le pagó un salario y ese contrato no responde a una verdadera necesidad misional de la entidad o administrativa de la entidad, entonces podríamos estar incluso enfrente de un caso de peculado”.El segundo es el tráfico de influencias de servidor público, contemplado en el artículo 411 del Código Penal, que según leyó Enciso contempla penas de prisión de 64 a 144 meses. En su análisis, este delito se configuraría si se prueba que Petro, primero como senador y luego como presidente, recomendó o facilitó la contratación de Jiménez en distintas entidades.El tercero es la concusión, que de acuerdo con la norma citada por el director del Instituto Anticorrupción castiga con prisión de 96 a 180 meses al servidor público que, abusando de su cargo, induzca a alguien a dar o prometer dinero “o cualquier otra utilidad indebidos”.“Confunde y vencerás”: la crítica a la respuesta del expresidenteSobre el pronunciamiento con el que Petro respondió a las acusaciones, Enciso explicó que el análisis penal se centra en el intercambio de un beneficio por otro, y sostuvo que eso es lo que Jiménez ha denunciado. “Ninguna de las cosas que ha dicho el expresidente en su respuesta verdaderamente responde a los cuestionamientos que se le están haciendo”, afirmó.El exfuncionario consideró que el exmandatario debería pedir a las autoridades que lo investiguen y acudir a dar explicaciones. “Todo lo que está quedando en evidencia es que los contratos sí existieron”, aseguró.No obstante, aclaró que corresponderá a la justicia establecer la autenticidad de las fotografías y conversaciones entregadas por Jiménez, y recordó: “Por supuesto que el expresidente Petro es beneficiario, como todos los colombianos lo somos, del principio de presunción de inocencia”.¿Son las mismas 48 mujeres que menciona el Dapre?Frente a la cifra de 48 mujeres que, según el director del Dapre, Carlos Ríos, habrían sido instrumentalizadas mediante órdenes de prestación de servicios, Enciso considera que no necesariamente se trata del mismo grupo al que se refiere Jiménez.“Yo tengo la impresión de que son grupos de mujeres diferentes”, señaló, y advirtió que, de comprobarse ambas versiones, el panorama sería más grave: “Hay una especie de comportamiento generalizado, sistemático”.Consultado sobre por qué la denuncia no incluye el artículo 175 de la Constitución, relacionado con la indignidad en el ejercicio del cargo, Enciso explicó que la prioridad fue actuar con celeridad sobre los posibles delitos: “No lo tuvimos en consideración en ese momento, pero tanto la Sala como la Cámara de Representantes en particular podrán tenerlo en cuenta en su momento”.
Una grave controversia sacude la esfera política nacional tras la denuncia presentada ante el Congreso por el actual director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE), Carlos Ríos. De acuerdo con la información revelada por el funcionario, durante la administración de Gustavo Petro se habría estructurado una red de contratación irregular que involucra a 48 mujeres. Según la denuncia, estas mujeres habrían sido contratadas mediante órdenes de prestación de servicios (OPS) no para cumplir funciones públicas, sino para ser "instrumentalizadas" y asistir a reuniones o fiestas en la Casa de Nariño.Modalidad de los contratos y perfil de las involucradasLas averiguaciones sobre estos contratos indican que contaban con asignaciones mensuales de entre tres y cuatro millones de pesos por prestación de servicios. Se calcula que el Gobierno nacional gastaba aproximadamente 2.000 millones de pesos al año para pagar a este grupo de mujeres, en contratos suscritos mayoritariamente entre los años 2022 y 2023. Las contrataciones se gestionaron principalmente desde la Presidencia de la República, el Ministerio del Interior, el Ministerio del Trabajo y el Departamento para la Prosperidad Social (DPS). Los periodistas destacaron que no existe evidencia ni soporte documental que certifique la ejecución real de las labores asignadas, por lo que se investiga si se trataba de puestos ficticios o "corbatas".Respecto al perfil de las 48 mujeres, las pesquisas iniciales han identificado características comunes: se tratataba de mujeres jóvenes, en su mayoría residentes de sectores populares de Bogotá, de escasos recursos económicos y baja escolaridad. Asimismo, se caracterizaban por una alta presencia y activismo en redes sociales, y no contaban con experiencia previa de trabajo en el Estado o en el gobiernoTestimonios en desarrollo y traslado a la FiscalíaEn el marco de las indagaciones, cuatro de las 48 mujeres se encuentran declarando en calidad de testigos ante funcionarios del DAPRE, revelando la manera en que operaba la red y cómo se utilizaban los contratos de OPS como mecanismo de presión o amarre para permanecer cerca del entonces mandatario. Estas revelaciones coinciden además con las denuncias públicas realizadas semanas atrás por Angie Rodríguez sobre la presunta existencia de una red de presiones y excesos. La intención expresada desde la dirección del DAPRE es consolidar el material probatorio para escalar formalmente la investigación ante la Fiscalía General de la Nación.Ante los señalamientos, el expresidente Gustavo Petro se manifestó a través de sus redes sociales y de su abogado, Alejandro Carranza, calificando las acusaciones como falsas y absurdas. Petro sostuvo que en sus oficinas jamás se consumieron drogas o alcohol, que no posee adicciones y que en sus dispositivos no existen fotografías ni videos de carácter sexual.Por su parte, los comunicadores enfatizaron que, aunque los aspectos de la vida íntima pertenecen a la esfera privada, la utilización de recursos públicos del Estado para fines ajenos a la función pública trasciende la intimidad y configura una posible actuación ilícita que debe ser investigada exhaustivamente por la justicia. Escuche aquí la entrevista:
El abogado Alejandro Carranza, representante del expresidente Gustavo Petro, señaló a la exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) Angie Rodríguez como presunta responsable de las actuaciones relacionadas con el denominado 'Pacto de Valledupar', en el que se habría buscado obtener declaraciones de exjefes paramilitares sobre figuras políticas. En entrevista con Recap Blu, Carranza aseguró que Petro nunca ordenó acercamientos para promover testimonios falsos contra el entonces candidato Álvaro Uribe, el exvicepresidente Germán Vargas Lleras o el hoy presidente Abelardo De La Espriella. “La orden, determinación y autoría intelectual y material es de Angie Rodríguez”, afirmó el abogado, quien anunció acciones ante las autoridades para esclarecer lo sucedido.Carranza explicó que presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación y solicitó que el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso sea llamado a declarar para precisar quién habría propuesto los acercamientos y con qué propósito. Según el abogado, el expresidente Petro buscaba que los exintegrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia contribuyeran al esclarecimiento de la verdad en el marco del proceso de paz. También cuestionó que Rodríguez no hubiera acudido oportunamente a las instancias competentes para denunciar los hechos que ahora relata públicamente. Frente a la posible participación de otros funcionarios, Carranza afirmó que no tiene evidencias para señalar al exministro Armando Benedetti y sostuvo que Rodríguez debe explicar su versión ante la justicia.Acusación con menoresEl representante jurídico también anunció acciones por las declaraciones que Rodríguez hizo recientemente en una entrevista con el humorista Daniel Samper Ospina, en las que planteó señalamientos sobre la vida personal del exmandatario. Carranza rechazó esas afirmaciones y aseguró que la exfuncionaria tendrá que responder por el posible daño causado al buen nombre de Petro.“Entonces salga a decir que ya vio fotos, que ya vio videos, pero que no lo puede asegurar, y haga esas preguntas tan horribles que rechazamos para atacar la moral y la dignidad del presidente Petro. Pero ya no solamente va a tener que responder penalmente, también económicamente”, manifestó. Según explicó, esta semana prevé presentar una acción de responsabilidad civil para reclamar una reparación por el presunto daño moral.Recursos del DapreEl abogado agregó que las acciones jurídicas anunciadas no se limitan al episodio del 'Pacto de Valledupar' ni a las declaraciones sobre la vida privada del expresidente. También indicó que solicitó a la Fiscalía examinar el manejo de los recursos del Dapre durante la gestión de Rodríguez, especialmente en relación con su patrimonio y algunos gastos que, según afirmó, habría asumido para el entonces mandatario. Carranza cuestionó el origen de los recursos con los que la exfuncionaria sostendría su estilo de vida y pidió que se investigue si existe alguna irregularidad. Se trata de señalamientos formulados por el abogado que deberán ser evaluados por las autoridades competentes.“La tercera es para que analicen el manejo de los recursos del Dapre que ella, como determinadora del gasto, ejecutó. Porque no es posible, no nos cabe en la cabeza de dónde sacó la plata para vivir en el apartamento lujoso que vive hoy en día. No nos cabe en la cabeza que ella le cobrara al presidente Petro más de 120 millones de pesos en gastos que ella le prestaba al presidente para sufragar gastos cotidianos de la vida del presidente, porque ella le ayudaba a pagar esas cuentas: el agua, la luz, el teléfono, la pensión de la niña, etcétera, etcétera”, sostuvo Carranza. El abogado pidió que la Fiscalía examine estos hechos y determine si hay elementos que ameriten nuevas actuaciones judiciales.
El director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Carlos Andrés Ríos, anunció que va a denunciar el caso de 48 mujeres que, según él, fueron instrumentalizadas durante el gobierno del ahora expresidente Gustavo Petro, a través de contratos de prestación de servicios."48 mujeres tenía el expresidente Petro en Presidencia, que lamentablemente las instrumentalizaba a punta de OPS. Le vamos a demostrar al pueblo colombiano cómo la Casa de Nariño fue armada, organizada y confeccionada para otra cosa diferente a gobernar, sino para todos los días parrandear, llevar mujeres y generar cosas que no deberíamos generar, lo que no deberíamos hacer nosotros", expresó Ríos, sin ahondar en detalles.Aunque sugiere la utilización de las mujeres para fines distintos a la labor del Ejecutivo, no precisó en qué consistían las actividades que asoció con "parrandas" y agregó que desde el alto gobierno se debe dar ejemplo."48 mujeres que ya no están hablando con nosotros... por medio de una OPS las agarraban, las instrumentalizaban para que pudieran estar con el (entonces) presidente Petro", afirmó Ríos.Por ese comentario de Ríos, "ya no están hablando con nosotros", se presume que están en contacto con alguna autoridad judicial. Además, el director del Dapre aseguró que él hará las denuncias.
La abogada Rosalín Orozco Becerra será la subdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia, Dapre. El director Carlos Ríos firmó en las últimas horas el Decreto 1248, por medio del cual se oficializa el nombramiento."Por intermedio de la oficina de talento humano del Departamento Administrativo de la Presidencia, comunicar el contenido de este decreto a la señora Rosalín Orozco Becerra y al señor Andrés Bernardo Barreto González, quien actualmente desempeña el empleo en encargo", dice el decreto firmado por Ríos.Orozco es abogada, egresada de la Universidad Católica y especialista en derecho penal. Además, fue asesora jurídica del ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, del contralor general, Carlos Felipe Córdoba, y de la Comisión de Acusaciones.Recientemente se desempeñó como gerente en la Contraloría de Bogotá.Además, ha sido docente universitaria en la Universidad del Rosario y en la Universidad Católica.
La Gobernación del Valle del Cauca puso en marcha un plan de choque que tiene al turismo como eje central para la recuperación económica de los municipios afectados por el reciente sismo. La emergencia dejó 1.871 establecimientos turísticos afectados, de los cuales 1.167 presentan daños graves o críticos, y pérdidas económicas estimadas en más de $18.145 millones.La estrategia, liderada por la gobernadora Dilian Francisca Toro y ejecutada por la Secretaría de Turismo del departamento, bajo la dirección de Miyerlandi Torres, busca fortalecer la actividad de empresarios y emprendedores del sector en las zonas impactadas.Tres frentes para la reactivación turística del Valle del CaucaEl plan de recuperación se concentra en tres líneas de trabajo. La primera es la reactivación de la cadena de valor turística en los destinos afectados, a través de proyectos como las Caravanas Solidarias y Roldanillo al Aire Libre.La segunda apunta a fortalecer la competitividad regional mediante mejoras en la conectividad aérea y la consolidación del turismo de salud. La tercera busca aprovechar el turismo deportivo con megaeventos como el Giro de Rigo, orientados a atraer visitantes y generar impacto económico local.Caravanas Solidarias: más de $200 millones en movimiento económicoLas Caravanas Solidarias ya recorrieron Sevilla y Buenaventura, y su próxima parada será Calima-El Darién. Según la Gobernación, esta estrategia ha generado un movimiento económico superior a los $200 millones en beneficio directo de la cadena de valor turística de estos municipios.Roldanillo al Aire Libre: apoyo a 350 emprendedoresEn Roldanillo, uno de los Pueblos Mágicos afectados por el sismo, la Gobernación lidera la iniciativa Roldanillo al Aire Libre, desarrollada en articulación con la Alcaldía, empresarios locales y aliados privados.El proyecto contempla la instalación de contenedores comerciales, adecuaciones de infraestructura en el Coliseo de Ferias y la habilitación de créditos condonables. Estos mecanismos están diseñados para beneficiar directamente a 350 emprendedores.“Desde el primer día de esta emergencia hemos venido trabajando para reconstruir y recuperar la vida de los vallecaucanos que lo perdieron todo, de quienes resultaron afectados. Lo primero fue la asistencia humanitaria, la reconstrucción asistida de las viviendas y devolver la dignidad a las familias, y claro hay que recuperar los empleos y posicionar nuestros municipios a través del turismo, generando ingresos para los vallecaucanos”, afirmó la gobernadora Dilian Francisca Toro.Cali, segundo destino de turismo de salud en ColombiaEl turismo de salud es otro de los sectores priorizados por su capacidad para atraer visitantes e ingresos. De acuerdo con datos de ANATO, entre enero y agosto de 2026 Cali recibió a 5.889 extranjeros no residentes que llegaron en busca de tratamientos médicos. La cifra equivale al 28 % de los 21.034 viajeros registrados en todo el país por este motivo, lo que ubica a la capital vallecaucana como el segundo destino nacional en este segmento.Para fortalecer este frente, la Secretaría de Turismo del Valle adelanta mesas de articulación interinstitucional, capacitaciones en calidad turística, visitas de evaluación y acciones de mejoramiento en los servicios que integran la cadena logística. El objetivo es mejorar la experiencia de los pacientes internacionales, elevar los estándares de atención y aumentar la capacidad del destino para fidelizar visitantes.“La oportunidad radica en que cada paciente internacional encuentre no solo servicios médicos de excelencia, sino un destino preparado para atender toda su experiencia de viaje. Así, el turismo en salud se convierte en una fuente de desarrollo económico que va mucho más allá de los consultorios y hospitales”, señaló la secretaria de Turismo, Miyerlandi Torres.Conectividad aérea: aeropuertos y nuevas rutas hacia el PacíficoLa Gobernación, junto con el Gobierno nacional, trabaja en el fortalecimiento de la conectividad aérea del departamento. Para ello, se proyectan mesas de trabajo con el Ministerio de Transporte y la Aeronáutica Civil para gestionar la revisión de las tasas aeroportuarias, la optimización de las condiciones operativas, la disponibilidad de parqueaderos y la aceleración del proceso de modernización y concesión del aeropuerto.La agenda incluye además la expansión de la conectividad regional, con énfasis en el aeropuerto de Cartago y en la habilitación de rutas aéreas hacia Juanchaco y otros destinos del Pacífico vallecaucano, como Ladrilleros.Giro de Rigo 2026 dejó un impacto de más de $90.000 millonesEl turismo deportivo completa la estrategia. El departamento recibió recientemente el Giro de Rigo 2026, edición La Sucursal, que reportó más de 20.000 visitantes, una ocupación hotelera superior al 80 % y un impacto económico estimado en más de $90.000 millones.Perfil de los visitantes del eventoBogotá y Medellín fueron las principales ciudades de origen de los asistentes nacionales, mientras que Estados Unidos y España encabezaron la participación internacional. La estadía promedio fue de 3,4 noches y el gasto promedio por persona alcanzó los $3.380.713.Según la Gobernación, estas cifras evidencian el efecto de los grandes eventos deportivos en sectores como la hotelería, la gastronomía, el comercio y el transporte, y su aporte al posicionamiento del Valle del Cauca como destino de turismo deportivo.Invitación a visitar los municipios afectadosLa Secretaría de Turismo invita a colombianos y extranjeros a recorrer destinos como Sevilla, Roldanillo, Calima-El Darién, Buga y Buenaventura, y a contribuir así a la recuperación de la economía local.“Reconstruir el Valle del Cauca no implica únicamente recuperar lo perdido; significa garantizar que sus empresarios vuelvan a crecer, que sus familias accedan a nuevas oportunidades y que el turismo se consolide como un motor inagotable de desarrollo. El Valle lo reconstruimos juntos”, concluyó Miyerlandi Torres.
Pekín rechazó este lunes las informaciones que aseguran que una empresaria china con la que mantuvo un romance el director ejecutivo del gigante tecnológico Nvidia, Jensen Huang, sea una espía del Gobierno de China.El portavoz del Ministerio chino de Exteriores Guo Jiakun afirmó que "las tesis sobre espías chinos son pura invención y una calumnia" en una breve contestación durante una rueda de prensa rutinaria.La investigación estalló tras un reporte en el que New York Times citaba a fuentes de la inteligencia estadounidense sobre un amorío entre Huang y la empresaria china, Alice Huang, algo que presuntamente sabía el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.La situación escaló este sábado cuando el mismo diario reportó que en la Administración Trump circuló un memorando que señalaba que Alice Huang era una espía del Ministerio de Seguridad del Estado de China.La mujer, según el informe, estaba reclutada para recopilar información sobre Huang, como parte de una iniciativa de la mayor agencia de espionaje de Pekín para obtener más detalles sobre los chips de inteligencia artificial (IA) estadounidenses e influir para que sus chips más avanzados estuviesen a disposición de China.La junta directiva de Nvidia, líder en fabricación de chips para IA, indicó en un comunicado este domingo que "está iniciando una investigación independiente a la luz de los recientes informes que indican que el fundador y director ejecutivo", Huang, "ha sido blanco de una operación de inteligencia extranjera".El director de Nvidia "respalda plenamente" la indagatoria y cooperará con ella, según el comunicado de la empresa, que sostuvo que "prioriza la seguridad nacional y económica de Estados Unidos".
El alcalde de Santa Rosa del Sur, en el sur de Bolívar, Milton Olaya, cuestionó en Mañanas Blu cómo fue posible que el cantón militar del municipio fuera atacado con explosivos el pasado sábado, pese a que, según le habían asegurado las autoridades militares, la instalación contaba con un sistema antidrones. El mandatario local anunció que pedirá explicaciones en el consejo de seguridad convocado para este lunes.El ataque, ocurrido hacia el mediodía del sábado 7 de noviembre, se realizó mediante drones cargados con explosivos, y fue atribuido por el Gobierno al ELN. Olaya, sin embargo, aclaró que hasta el momento las autoridades no le han confirmado oficialmente qué grupo fue el responsable.“No sé qué pasó, que el sábado falló la tecnología”El alcalde explicó que la protección antidrones del batallón le fue confirmada en varias ocasiones, por lo que considera inexplicable lo ocurrido. Así lo expresó: “Lo que a mí se me hace raro es que ese cantón militar siempre ha estado protegido por antidrones y todo. Yo no sé qué pasó ahí, que el sábado falló la tecnología”.Según relató, hace un mes se realizó en el municipio un consejo ministerial con la presencia del ministro de Defensa, el ministro del Interior y la cúpula militar. En ese espacio, afirmó, volvió a preguntar por la seguridad de la zona y le respondieron que estaba bien protegida. Sobre esa reunión, dijo: “Yo no creo que iban a llevar a toda la cúpula militar y a los ministros allá a arriesgar un alto riesgo como ocurrió el sábado”.Olaya agregó que en otras reuniones la Policía y el Ejército le habían comentado que ya se habían registrado intentos de ataques con drones, pero que la tecnología disponible había evitado afectaciones. “Estábamos todos convencidos que ellos estaban protegidos. No sé, algo pasó el sábado que no sabemos”, señaló, y confió en que la investigación adelantada por las autoridades permita establecer qué falló.Balance de heridos tras el ataque en Santa Rosa del SurDe acuerdo con la información que recibió el alcalde, el sábado ingresaron 50 heridos al hospital del municipio. De ellos, 17 fueron remitidos al hospital de Simití, de segundo nivel; posteriormente, dos pacientes fueron trasladados a Aguachica y entre ocho y diez a Bucaramanga.El mandatario indicó que el domingo visitó el hospital y encontró seis soldados que aún permanecían en observación, aunque la mayoría presentaba lesiones leves. Su balance fue claro: “Verdaderamente para mí fueron 3 muertos y 17 heridos, un poquito con gravedad”.El batallón está separado del casco urbano por el aeropuertoOlaya precisó que el cantón militar no se encuentra dentro del pueblo, sino en uno de sus extremos, a una distancia que calculó entre 500 metros y un kilómetro. La instalación está separada del casco urbano por la pista del aeropuerto local, de unos 800 metros de largo, y por algunas viviendas dispersas.Según el alcalde, los explosivos cayeron dentro del batallón, que funciona en un predio que antes era una finca y que, según dijo, fue adquirido por el Gobierno Nacional para su construcción. Una garita ubicada a entre 100 y 200 metros de algunas casas también fue alcanzada por un artefacto, pero no se reportan viviendas afectadas.ELN, disidencias y gaitanistas se disputan el oro de la Serranía de San LucasSobre el contexto de violencia en la región, el mandatario explicó que en la zona hacen presencia tres grupos armados ilegales: “Está el ELN, está la disidencia de las FARC y los gaitanistas. Esos grupos se están peleando las Serranías de San Lucas, donde hay 12 municipios, por el oro”.El alcalde subrayó que los enfrentamientos se habían concentrado históricamente en las zonas altas de la serranía, a varias horas del casco urbano, y que nunca antes un ataque de este tipo había ocurrido en el pueblo. Añadió que el ELN y las disidencias han sido los grupos con mayor presencia histórica en la región, mientras que, según le ha dicho la comunidad, los gaitanistas estarían entrando nuevamente.La presencia del ELN en esta zona no es nueva. En meses anteriores se han registrado hechos como un ataque con dron del ELN que dejó un soldado muerto y siete heridos en Santa Rosa y la muerte de un teniente de la Policía en enfrentamientos con esa guerrilla en el sur de Bolívar, en la Serranía de San Lucas, entre San Pablo y Santa Rosa.El Ministerio de Defensa señaló que el ataque sería una retaliación del ELN por la captura de alias 'Carrito', cabecilla del Frente de Resistencia Guamocó, detenido en la vereda Nueva Mina, zona rural de Santa Rosa del Sur.Minería, economía local y bloqueo de combustiblesOlaya recordó que el oro es el principal renglón productivo de Santa Rosa del Sur y del sur de Bolívar, y que al aeropuerto municipal llegan con frecuencia avionetas privadas con ingenieros, geólogos y empresarios vinculados a la actividad minera. Indicó además que adelanta gestiones para que una aerolínea opere de manera permanente y conecte al municipio con Bucaramanga, a la que describió como la capital comercial del sur de Bolívar.El mandatario también denunció que los grupos armados impiden el ingreso de combustibles a las minas, una situación que, según afirmó, lleva cerca de cinco meses afectando el trabajo del sector minero.Sin confirmación de bombardeos en la zonaConsultado sobre posibles bombardeos de la Fuerza Pública tras el ataque, el alcalde afirmó que ni el Ejército, ni la Policía, ni la Gobernación le han informado de operaciones de ese tipo en el municipio: “Hasta el momento nadie me ha confirmado bombardeos por ningún lado”.Las autoridades locales esperan que el consejo de seguridad de este lunes entregue un informe oficial sobre lo ocurrido en el cantón militar y sobre las fallas que habrían permitido el ataque.
El expresidente Gustavo Petro, aunque no dio un solo mensaje de los sexoscontratos, sí atinó a resaltar lo valioso de un beso y rechazó la Ley de Rescate y le propuso a uno de sus rivales políticos: Álvaro Uribe, unirse para votar en contra el IVA en la reforma tributaria.En medio de las discusiones que se tienen por la Ley de Rescate Fiscal, lo que antes lo dividía hoy, parece que los puede unir, y es evitar más impuestos para los colombianos.El episodio ocurrió en Medellín, en donde de gorra de piloto, camisa azul, bufanda blanca y todo el tiempo de gafas negras, el expresidente Gustavo Petro habló durante 40 minutos en un evento privado denominado ‘Primer Gran Encuentro Somos Resistencia’, que se hizo en el Club Medellín.Allí había expectativas para que se refiriera a las explosivas denuncias de Deicy Jiménez sobre sus encuentros sexuales con el expresidente a cambio de contratos, pues no fue así, lo que sí hubo fue una propuesta a uno de los hombres que le ha hecho mayor oposición, hablamos de Álvaro Uribe Vélez, a hacer coaliciones en los municipios de Antioquia entre el Pacto Histórico y el Centro Democrático.La idea no sólo para las elecciones territoriales 2027, sino que también invitó a que los congresistas de Uribe voten en contra el IVA en la reforma tributaria y no echar para atrás su reforma laboral."Por eso Uribe le propongo, en Antioquia podemos juntarnos municipio por municipio, programa por programa, pero que su bancada no vote ni un solo peso del impuesto a la comida de los colombianos, que no voten por la reducción del salario y la jornada de los trabajadores y porque pongan sus votos como nosotros en la Junta Directiva del Banco de la República para bajar sustancialmente la tasa de interés que se le cobra a cualquiera que vaya a pedir un crédito en un banco", manifestó el exmandatario.Aunque todavía no se conoce una respuesta de Álvaro Uribe, hay que recordar que el Centro Democrático le presentó al gobierno De La Espriella un borrador de discusión de la Ley de Rescate, donde proponen no cobrar IVA a la canasta familiar.En el evento, Gustavo Petro, que no es un asombro, dijo que todos los miembros del Pacto Histórico votaran negativo a la Ley de Rescate y quien no lo haga debe salir, porque se trata de un beneficio para los amigos del presidente Abelardo De La Espriella."El Pacto Histórico tiene que enfrentar esta situación, no sólo oponiéndose a la sinvergüencería de un gobierno narcotraficante que prefiere entregarle las tierras que le entregamos nosotros a los campesinos para producir comida a los viejos socios narcotraficantes del presidente Abelardo", aseguró Petro.Por último junto al ex embajador de Nicaragua durante su gobierno León Fredy Muñoz, el representante a la Cámara Alejandro Toro que sigue reafirmando su alianza con la gente de Daniel Quintero, la ex consejera de regiones Luz María Múnera, entre otros, invitaron a la marcha el próximo 19 de noviembre para protestar contra la reforma de rescate del Gobierno de Abelardo De La Espriella.
Una patrullera de la Policía de Bogotá rescató a un bebé recién nacido que habría sido abandonado en una ciclorruta de la ciudad. La uniformada trasladó al menor de urgencia a un centro médico, donde recibió atención prioritaria y fue estabilizado.El caso se dio a conocer a través de un video publicado en redes sociales. En las imágenes se observa cómo la funcionaria ingresa a un centro asistencial con el bebé en brazos para solicitar ayuda inmediata del personal médico.Según las primeras versiones, el recién nacido tenía rastros de sangre y señales de un parto reciente. Además, todavía tenía la placenta y el cordón umbilical. Sin embargo, hasta el momento no se han determinado las circunstancias en las que fue dejado en ese lugar ni cuánto tiempo permaneció allí.¿Cómo fue el rescate del bebé abandonado en Bogotá?La intervención de la patrullera permitió que el menor recibiera atención médica. El personal de salud logró estabilizarlo, aunque todavía no se han divulgado detalles sobre su estado de salud actual.Por ahora, tampoco se conoce la identidad de la madre ni de la persona que habría abandonado al bebé. Las autoridades investigan el caso para establecer qué ocurrió.El hecho generó reacciones entre concejales de Bogotá, quienes destacaron la actuación de la uniformada y pidieron investigar lo sucedido para garantizar la protección del recién nacido.¿Cuándo ocurrió el hallazgo del bebé abandonado en Bogotá?Aunque el video del rescate se ha difundido recientemente en redes sociales y ha generado reacciones, el caso no ocurrió en noviembre de 2026. Las imágenes corresponden a un procedimiento policial registrado en 2024, por lo que su circulación reciente ha llevado a que el hecho se presente como si hubiera sucedido en los últimos días.Concejales se pronuncian por el abandono del recién nacidoLa concejal María Clara Name, del partido Alianza Verde, reconoció la reacción de la patrullera y rechazó cualquier acto que ponga en riesgo la vida de los niños.“Reconocemos la valentía y oportuna reacción de la uniformada, quien salvó la vida de un bebé recién nacido que tristemente fue abandonado en una ciclorruta de Bogotá. Rechazamos todo acto que ponga en riesgo la vida de los niños”, señaló.La cabildante también hizo un llamado a las mujeres que atraviesan dificultades durante el embarazo o frente a la maternidad para que busquen ayuda. “Siempre habrá alternativas para proteger la vida de sus hijos”, afirmó.Por su parte, la concejal Rocío Dussán, del Polo Democrático, pidió a la Fiscalía investigar el caso y establecer responsabilidades. Además, solicitó al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) garantizar el restablecimiento de los derechos del bebé y su protección integral.“Su vida importa y merece toda la protección del Estado”, expresó Dussán en una publicación en su cuenta de X. Pero, al confirmarse que el hecho ocurrió en 2024, la concejala eliminó la publicación.
