La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria en contra del exministro del Interior Armando Benedetti y en contra de la exdirectora del Dapre Angie Rodríguez por el presunto intento de instrumentalización de los exjefes paramilitares para que declararan contra Abelardo De La Espriella, Álvaro Uribe y Germán Vargas Lleras, con fines electorales en el llamado “Pacto de Valledupar”.
La decisión se conoció luego de las recientes declaraciones de Rodríguez y del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, quienes señalaron que el encuentro, presentado inicialmente como un espacio institucional, habría tenido un propósito diferente al que se expuso públicamente. Según las denuncias, durante esa reunión se habría buscado que antiguos integrantes de las autodefensas entregaran testimonios contra varios dirigentes políticos.
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Como parte de las actuaciones, el Ministerio Público solicitó preservar las entrevistas concedidas por Rodríguez y las declaraciones que Mancuso publicó recientemente en sus redes sociales. También requirió a la Fiscalía General de la Nación un informe sobre las diligencias y actuaciones adelantadas frente a las mismas denuncias, con el objetivo de ampliar el material probatorio que permita esclarecer lo ocurrido.
Inspección al Dapre
Entre las medidas ordenadas se encuentra una inspección al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) para recopilar documentos entregados por Rodríguez al equipo de empalme durante la transición de Gobierno, así como información relacionada con su salida de la entidad. La Procuraduría busca establecer qué registros existen sobre los hechos denunciados y determinar si hubo actuaciones irregulares por parte de los funcionarios involucrados.
Adicionalmente, el organismo ordenó recibir los testimonios de Jorge Arturo Lemus, exdirector de la Dirección Nacional de Inteligencia; Hollman Morris, director de RTVC, y Otty Patiño, exalto comisionado para la Paz. Con estas diligencias, la investigación disciplinaria buscará esclarecer las circunstancias del encuentro, establecer si se utilizó indebidamente un espacio institucional y determinar las posibles responsabilidades de Benedetti y Rodríguez, sin que la apertura del proceso implique una conclusión anticipada sobre su responsabilidad.