La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria en contra del exministro del Interior Armando Benedetti y en contra de la exdirectora del Dapre Angie Rodríguez por el presunto intento de instrumentalización de los exjefes paramilitares para que declararan contra Abelardo De La Espriella, Álvaro Uribe y Germán Vargas Lleras, con fines electorales en el llamado “Pacto de Valledupar”.La decisión se conoció luego de las recientes declaraciones de Rodríguez y del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, quienes señalaron que el encuentro, presentado inicialmente como un espacio institucional, habría tenido un propósito diferente al que se expuso públicamente. Según las denuncias, durante esa reunión se habría buscado que antiguos integrantes de las autodefensas entregaran testimonios contra varios dirigentes políticos.Como parte de las actuaciones, el Ministerio Público solicitó preservar las entrevistas concedidas por Rodríguez y las declaraciones que Mancuso publicó recientemente en sus redes sociales. También requirió a la Fiscalía General de la Nación un informe sobre las diligencias y actuaciones adelantadas frente a las mismas denuncias, con el objetivo de ampliar el material probatorio que permita esclarecer lo ocurrido.Inspección al DapreEntre las medidas ordenadas se encuentra una inspección al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) para recopilar documentos entregados por Rodríguez al equipo de empalme durante la transición de Gobierno, así como información relacionada con su salida de la entidad. La Procuraduría busca establecer qué registros existen sobre los hechos denunciados y determinar si hubo actuaciones irregulares por parte de los funcionarios involucrados.Adicionalmente, el organismo ordenó recibir los testimonios de Jorge Arturo Lemus, exdirector de la Dirección Nacional de Inteligencia; Hollman Morris, director de RTVC, y Otty Patiño, exalto comisionado para la Paz. Con estas diligencias, la investigación disciplinaria buscará esclarecer las circunstancias del encuentro, establecer si se utilizó indebidamente un espacio institucional y determinar las posibles responsabilidades de Benedetti y Rodríguez, sin que la apertura del proceso implique una conclusión anticipada sobre su responsabilidad.
El presidente Abelardo De La Espriella se refirió a la polémica que hay por las declaraciones del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, quien dijo que en un evento en Valledupar durante el anterior gobierno hubo un intento por instrumentalizar a los exjefes de las AUC que eran gestores de paz."Delegados del Gobierno Petro nos pidieron a los excomandantes de las Autodefensas acusar a tres hombres para ganar una elección: Uribe, Vargas Lleras y De La Espriella", dijo el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso.De La Espriella reaccionó al tema haciendo referencia a un video en el que el exministro del Interior Armando Benedetti se refería a estas gestorías de paz.“Esto es lo menos grave de todas las ilegalidades que ha cometido Benedetti. Él cree que, porque está callado, pasará de agache. Ni perdón ni olvido para ese criminal que tanto daño le ha hecho a la patria. En la Patria Milagro, la justicia le dará a Benedetti lo que se merece”, dijo De La Espriella.En el video citado por De La Espriella, el exministro Benedetti entregaba detalles sobre una reunión que él y Angie Rodríguez tuvieron con los 16 gestores de paz que pertenecieron a las Autodefensas.“Esos gestores de paz se han comprometido con decir la verdad, verdad que estoy seguro que va a asombrar a Colombia y sobre todo a la clase política que estuvo en el establecimiento con ellos, que además es cómplice de varias muertes y masacres que se dieron en su momento. Varios de esos actores políticos hoy son candidatos”, dijo Benedetti en su momento.
El exministro de Comercio, Industria y Turismo Luis Carlos Reyes concluyó su declaración ante la Fiscalía General de la Nación dentro de la investigación por presunto tráfico de influencias contra el exministro Armando Benedetti y Adelina Covo, a raíz de las denuncias sobre presiones para nombrar directores de aduanas durante el gobierno del expresidente Gustavo Petro.Al término de la diligencia, Reyes aseguró que ratificó los señalamientos que había presentado ante la fiscal general de la Nación y la evidencia que, según indicó, ya había entregado a la Corte Suprema de Justicia. El exfuncionario sostuvo que las presiones estaban relacionadas con la designación de personas en cargos de las aduanas del país y mencionó, entre otros, a Nicolás Petro, Adelina Covo y Armando Benedetti.“Yo vine por primera vez en abril del 2024, a manifestárselo directamente a la señora fiscal general de la Nación en lo relacionado con las solicitudes de nombramientos de personas encargadas de las aduanas del país por parte de Nicolás Petro, de Adelina, la suegra de Armando Benedetti, y, en este caso, la insistencia en esos nombramientos por parte de Armando Benedetti”, afirmó Reyes.El exministro explicó que aportó nuevamente elementos que ya había presentado ante la Corte Suprema, pero señaló que, al tratarse de una investigación contra Benedetti, quien no cuenta con fuero ante ese alto tribunal, correspondía que la Fiscalía adelantara el proceso. Reyes manifestó su satisfacción porque, según dijo, después de más de dos años se abrió una investigación sobre los hechos que había denunciado.La indagación también comprende señalamientos contra Nicolás Petro por presuntas gestiones para ubicar personas cercanas en cargos regionales, así como denuncias sobre intentos de congresistas y políticos de influir en la asignación de puestos burocráticos en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). Entre los elementos mencionados en el contexto de la investigación figura una lista de más de 30 congresistas y políticos señalados de intentar ejercer esa influencia.En paralelo, Reyes se refirió a su situación de seguridad y confirmó que la Unidad Nacional de Protección (UNP) mantiene el esquema asignado para él. Según explicó, las amenazas que ha denunciado también han involucrado a su familia, por lo que solicitó que la Fiscalía investigue estos hechos.“La amenaza más reciente es en la que a mí y a mi familia nos apuntaron un rayo láser estando en el comedor de mi casa. Hemos pedido investigación de la Fiscalía y estamos esperando que esta se materialice”, señaló.Reyes agregó que el director de la UNP, Didier Blanco, ha entendido la necesidad de mantener las medidas de protección y aseguró que esa decisión le brinda tranquilidad frente a las amenazas reportadas.El caso llegó a la Fiscalía luego de que la Corte Suprema de Justicia se declarara incompetente para investigar a Benedetti y trasladara el expediente a la Unidad de Fiscales Delegados ante la Corte Suprema, para que se definiera la apertura formal del proceso. La investigación deberá establecer si las presuntas presiones denunciadas ocurrieron y si existe responsabilidad penal de las personas mencionadas.
La Corte Suprema de Justicia decidió no investigar de fondo al exministro Armando Benedetti por el caso de los presuntos recomendados en la DIAN y ordenó enviar el expediente completo a la Fiscalía General de la Nación. La decisión se debe a que el alto tribunal determinó que no tiene competencia para procesarlo por estos hechos.La Sala Especial de Instrucción estableció que Benedetti fue senador de la República hasta el 19 de julio de 2022. Sin embargo, las presuntas gestiones o interferencias que son objeto de análisis habrían ocurrido durante 2024, cuando ya no tenía la condición de congresista.Esto significa que para la época de los hechos Benedetti no contaba con el fuero congresional, es decir, la protección constitucional que establece que determinados congresistas sean investigados y juzgados por la Corte Suprema. Tampoco encontró la Sala una relación directa entre esos hechos y las funciones legislativas que Benedetti ejerció hasta 2022.Por esa razón, la Corte se abstuvo de pronunciarse sobre la responsabilidad de Benedetti y remitió toda la actuación a la justicia ordinaria. Ahora será la Fiscalía General de la Nación la encargada de evaluar el material recopilado y determinar si existe fundamento para iniciar una investigación formal.El expediente se originó en los informes y declaraciones del exdirector de la DIAN, Luis Carlos Reyes, quien elaboró una matriz interna denominada “puesta en conocimiento de presuntos hechos”. El documento funcionaba como una herramienta de gestión de riesgos y allí fueron registrados nombres de políticos relacionados con presuntas recomendaciones para nombramientos, ascensos y traslados dentro de la entidad.En el caso de Benedetti, su nombre apareció en ese listado entre las personas que habrían formulado recomendaciones relacionadas con direcciones seccionales de la DIAN, específicamente en las áreas de aduanas e impuestos en Barranquilla. Además, durante una declaración juramentada ante la Corte, Luis Carlos Reyes confirmó que recordaba el nombre de Benedetti asociado a ese tipo de solicitudes.La situación de Benedetti es diferente a la de más de 30 congresistas y excongresistas vinculados a la misma causa, quienes sí permanecían bajo la competencia de la Corte Suprema. Frente a ese grupo, la Sala Especial de Instrucción decidió archivar definitivamente la actuación al concluir que no había elementos suficientes para establecer el delito de tráfico de influencias de servidor público.La Corte explicó que recomendar a una persona para un cargo o postular una hoja de vida no constituye por sí solo ese delito. Por el momento, en el caso de Benedetti, será la Fiscalía la que determine si los elementos existentes permiten avanzar en una investigación.
Pese a sus declaraciones de ser un “cadáver político” a inicios de este mes y que se retiraba de la vida pública, el ministro de Interior, Armando Benedetti, no descartó este viernes desde Barranquilla lanzarse hacia la Alcaldía de la capital del Atlántico, para las elecciones locales del próximo año.El guiño fue realizado en un evento de la cartera en la Casa Cultural La Perla en Barranquilla, donde además dio a conocer que no estará criticando las decisiones del presidente electo Abelardo De La Espriella, pues según él piensa “quedarse quieto”.“Voy a mamar gallo, a quedarme callado y quieto. Esa sí me gusta”, fue su respuesta ante el interrogante.Benedetti también insiste en advertir sobre la llegada de un ‘Súper Niño’ a finales de este año, del cual indicó que traerá consecuencias “desastrosas” a tal punto que abrió la posibilidad de apagones, aunque estas vienen siendo descartadas por el ministerio de Minas y Energía.“Empieza en diciembre el ‘Súper Niño’ y va hasta marzo. Las consecuencias van a ser desastrosas, será un desastre. Aún no ha terminado julio y estamos en el fenómeno de El Niño, pero ese ‘Súper Niño’ tendrá una mega sequía que va a afectar el precio de alimentos, los fertilizantes, los embalses. Es posible que haya apagones”, agregó.Hay que decir que no es la primera vez que Armando Benedetti habla sobre su intención de ser alcalde de Barranquilla, pues en el mes de marzo reconoció que “tenía ganas y que era una decisión tomada” tras ser invitado a una cena con varios líderes del Pacto Histórico.“Yo tengo ganas, si ustedes me apoyan. Todo depende del Pacto Histórico, de lo que vayan a hacer, porque ellos son los dueños de los votos. Barranquilla ha tenido un progreso y un desarrollo muy bueno. Eso se lo debemos al alcalde Alejandro Char. Pero ya es hora de poner a Barranquilla que sea cosmopolita. Tiene que ser la primera ciudad de Colombia, del Caribe. No hablo del Caribe colombiano, hablo del mar internacional. Y de eso sé bastante porque es con políticas nacionales y públicas”, fueron las palabras que dijo en su tiempo ante los medios de comunicación.
El ministro del Interior, Armando Benedetti, aseguró que el Gobierno del presidente Gustavo Petro concluirá su mandato con una buena relación diplomática con Estados Unidos y descartó la existencia de conflictos entre ambos países durante la actual administración.“Las relaciones han estado siempre bien. De hecho, no ha habido ningún conflicto diplomático, y queda bien”, afirmó el ministro al referirse al balance de los vínculos bilaterales, obviando algunos desencuentros, principalmente con el presidente Donald Trump.Las declaraciones fueron entregadas tras la reunión que sostuvo Petro con Hugo Guevara, encargado de Negocios de Estados Unidos en Colombia. Aunque Benedetti dijo no saber si se trató del último encuentro entre ambos, explicó que la jornada también estuvo relacionada con la entrega del beneplácito a embajadores.“No sé si sea la última reunión, pero hoy lo que se estaba haciendo era que se le estaba entregando el beneplácito a embajadores”, señaló.Según el ministro, el principal tema abordado en la reunión fue la política de sustitución de cultivos ilícitos como eje de la estrategia contra el narcotráfico. Indicó que el Gobierno presentó los avances de ese programa, que actualmente vincula a 32.000 familias y ha permitido la sustitución de cerca de 43.000 hectáreas de cultivos de coca.“La reunión fue sobre la lucha contra el narcotráfico, lo que ha hecho este Gobierno. Pero, básicamente, se centró en la sustitución de cultivos”, explicó Benedetti, quien añadió que más que un balance, el encuentro consistió en un recorrido por los resultados de esa política.El ministro dice que las cifras muestran una reducción sostenida de las hectáreas sembradas con coca y defendió el modelo de sustitución voluntaria frente a la erradicación forzada.“Lo bueno de esto es que no ha sido con mecanismos forzados ni con aspersión, sino con sustitución de cultivos. Cuando una persona entra a un programa de sustitución, no vuelve al cultivo de coca, como sí pasa cuando la erradicación es forzada”, afirmó.La reunión entre Petro y Guevara se realizó antes de la ceremonia de presentación de cartas credenciales de los nuevos embajadores de Venezuela, Ramón Orlando Maniglia; de Turquía, Emir Salim Yüksel; y de Palestina, Suad Ahmad Hasan Sobeh.Benedetti evitó pronunciarse sobre las controversias políticas del momento, la futura relación del próximo Gobierno con el Congreso y otros asuntos de coyuntura porque dice ser “cadáver político”.También precisó que durante el encuentro con el representante diplomático estadounidense no se abordó la eventual salida de Petro y del propio ministro de la lista OFAC.
El ministro del Interior designado, Rodrigo Lara Restrepo, confirmó que este martes 30 de junio sostendrá la primera reunión de empalme con el ministro saliente, Armando Benedetti, como parte del proceso de transición hacia el nuevo Gobierno.En entrevista con Noticias Caracol, Lara explicó que el encuentro servirá para establecer la metodología del empalme y definir cómo avanzará la entrega de la cartera. "Mañana tenemos la primera reunión, vamos a definir la metodología del empalme y ahí ya sabremos cómo vamos a proceder", afirmó.Durante la entrevista, el futuro jefe de la cartera política también expuso las principales líneas de trabajo que tendrá el Ministerio del Interior en el gobierno del presidente electo Abelardo de la Espriella. Uno de los principales mensajes fue que el Ejecutivo buscará construir mayorías en el Congreso sin acudir a acuerdos burocráticos ni repartición de cargos. Según Lara, la estrategia será convocar a los congresistas que quieran respaldar las iniciativas del Gobierno, pero con reglas claras y de cara al país."Vamos a invitar a quienes quieran apoyar las grandes iniciativas para el pueblo colombiano, pero con todo sobre la mesa, sin acuerdos ni componendas", sostuvo.El ministro designado aseguró que el Ministerio del Interior no limitará su labor a la relación con el Congreso, sino que buscará fortalecer la coordinación entre el Gobierno Nacional, los departamentos, los municipios y las comunidades.En materia política, Lara afirmó que el nuevo Gobierno garantizará plenamente el ejercicio de la oposición, haciendo referencia al presidente Petro y a Iván Cepeda, y respetará la separación de poderes. Sin embargo, también advirtió que cualquier manifestación que derive en actos violentos o bloqueos prolongados será sancionada conforme a la ley.También señaló que se respetará el derecho a la protesta y la autonomía universitaria, aunque insistió en que esos derechos no pueden utilizarse como justificación para cometer delitos.Respecto a la agenda legislativa, evitó anticipar los primeros proyectos que presentará el Gobierno, aunque anunció que desde el Ministerio del Interior se impulsará una estrategia para fortalecer la lucha contra la corrupción.Entre las propuestas mencionó la creación de un sistema interno de inspección que permita detectar posibles hechos de corrupción dentro de la administración pública y trasladarlos directamente a los organismos competentes. Incluso habló de conformar un "bloque de búsqueda anticorrupción" para reforzar los mecanismos de vigilancia sobre la ejecución de los recursos públicos.
La declaración se produjo durante la presentación del decreto de orden público para la jornada electoral y en respuesta a la controversia generada por recientes declaraciones de Gustavo Bolívar, quien afirmó que si ganaba el candidato Abelardo de la Espriella “el país se incendiaría”.Benedetti rechazó ese tipo de pronunciamientos y pidió prudencia en medio del ambiente electoral. “No me gustan esas declaraciones que están llamando a hacer algún tipo de amenaza o de presagios apocalípticos de qué pasa o qué no sucede en la democracia, o qué sucede el día de elección. Lo que es claro es que hay unas instituciones fuertes. Hemos hecho una articulación impresionante para que quede nítida la voluntad popular. Si queda nítida la voluntad popular, el Gobierno claro que tiene que reconocer esa voluntad popular”, afirmóLas declaraciones de Bolívar habían provocado críticas desde distintos sectores políticos y gremiales. En entrevista con Mañanas Blu, el exdirector del DPS, quien participa en la campaña de Iván Cepeda, intentó matizar sus palabras al señalar que no se trataba de una amenaza coordinada sino de una lectura de la situación social del país.Sin embargo, lejos de retractarse, Bolívar sostuvo que la estabilidad social dependería de la continuidad de varias políticas impulsadas por el actual Gobierno. En medio de esa controversia, el Gobierno expidió el decreto que establece las medidas especiales para la segunda vuelta presidencial. Entre ellas figura la ley seca, que regirá desde las 6:00 de la tarde del sábado 20 de junio hasta las 12:00 del mediodía del lunes 22 de junio, aunque alcaldes y gobernadores podrán extenderla si consideran que existen riesgos para el orden público.El decreto también ordena que los sistemas masivos y las empresas de transporte público operen con el 100 % de su capacidad disponible durante la jornada electoral. Además, las autoridades locales podrán habilitar rutas, frecuencias y horarios adicionales para facilitar el traslado de los votantes.
El ministro del Interior, Armando Benedetti, rechazó la suspensión provisional planteada por la representante Gloria Arizabaleta contra el presidente Gustavo Petro y aseguró que dicha medida carece de sustento constitucional, al considerar que una sola congresista no tiene facultades para apartar al jefe de Estado de sus funciones.Según explicó el ministro, la Constitución establece un procedimiento específico para cualquier eventual suspensión de un presidente en ejercicio. Señaló que la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes cumple una función de instrucción e investigación, mientras que la plenaria de la Cámara actúa como ente acusador. Posteriormente, sería el Senado de la República de Colombia la instancia facultada para adoptar una decisión de esa magnitud.El jefe de la cartera política sostuvo que el documento conocido hasta ahora plantea que la propia representante investigadora podría decretar una medida cautelar de suspensión, interpretación que calificó como improcedente. A su juicio, no se ha activado ninguna de las etapas previstas constitucionalmente para un eventual proceso contra el mandatario y, por tanto, no existe un camino jurídico que permita materializar una suspensión presidencial en las condiciones planteadas.Benedetti también rechazó que el caso pueda interpretarse como una estrategia del Gobierno para victimizar al presidente y, por el contrario, afirmó que existe una “retaliación” y una “persecución” contra el jefe de estado por sus posiciones políticas y por defender públicamente su gestión. Aunque reconoció mantener una relación personal con Arizabaleta, señaló que no ha hablado con ella sobre la decisión y calificó lo ocurrido como “un despropósito”.
La Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, confirmó la decisión que negó una tutela presentada por el exsenador y actual funcionario Armando Benedetti, con la que buscaba tumbar varias medidas cautelares impuestas dentro de un proceso de extinción de dominio que adelanta la Fiscalía sobre bienes vinculados a su patrimonio.Señaló el alto tribunal que no hubo vulneración de derechos fundamentales ni irregularidades en la decisión de la Sala de Extinción de Dominio del Tribunal Superior de Bogotá, que en enero de 2026 había avalado parcialmente las medidas decretadas por la Fiscalía.Fue en octubre de 2021, cuando la Fiscalía Especializada de Extinción de Dominio ordenó la suspensión del poder dispositivo, embargo y de varios bienes de Armando Benedetti, entre ellos un inmueble ubicado en el exclusivo sector de Rosales, norte de Bogotá.El jefe de la cartera política presentó una tutela con el argumento de que la decisión carecía de motivación suficiente y que ese apartamento corresponde a su núcleo familiar y que en él habitan menores de edad. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia respaldó al Tribunal y señaló que las medidas cautelares en los procesos de extinción de dominio tienen como finalidad evitar que los bienes sean transferidos, ocultados, deteriorados o utilizados para frustrar una eventual sentencia.“Se evidencia que la intención de la parte demandante es imponer su personal apreciación e interpretación del ordenamiento jurídico frente al criterio del juez de conocimiento”, dijo la Corte frente a la tutela de Benedetti.
Justo cuando tenían sometida a una empleada para que les entregara el dinero, la Policía capturó a dos hombres que estarían relacionados con varios hurtos a establecimientos comerciales de una misma cadena en el Valle de Aburrá. Según las autoridades, estos negocios son atendidos en su mayoría por mujeres cabeza de familia, quienes han sido víctimas de los asaltos.El procedimiento más reciente se registró hacia las 4:40 de la madrugada en la comuna 11, Laureles, cuando los uniformados fueron alertados sobre un hurto al interior de uno de estos establecimientos.La información fue suministrada oportunamente por el funcionario encargado del sistema de vigilancia, lo que permitió la reacción de la Policía y la captura de los dos presuntos responsables en flagrancia, como lo destacó el coronel Richard Fajardo, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá."Gracias a la alerta oportuna del funcionario encargado del sistema de vigilancia, nuestros uniformados fueron advertidos sobre el hurto al interior del establecimiento. Durante el procedimiento, los uniformados sorprendieron a dos hombres sometiendo a una mujer auxiliar de la tienda, mientras sustraían aproximadamente 400.000 pesos de la caja registradora", indicó.Durante el procedimiento, las autoridades incautaron una pistola con un proveedor que contenía 11 cartuchos. Además, establecieron que los hombres habrían coordinado previamente la utilización de un vehículo de transporte solicitado mediante una plataforma digital, con el propósito de facilitar su huida después de cometer el robo.Fajardo confirmó que los dos capturados fueron dejados a disposición de la autoridad competente y deberán responder por los delitos de hurto calificado y agravado, así como por fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.De acuerdo con el comandante, las verificaciones iniciales permitieron obtener información que apuntaría a la posible participación de estos hombres en otros hurtos contra establecimientos comerciales de la misma cadena en el área metropolitana.
Seis personas fueron capturadas en Bogotá por su presunta participación en una estructura delincuencial dedicada a vender drogas en pequeñas cantidades y cometer asesinatos por encargo.Sus principales víctimas eran habitantes en condición de calle, a quienes afectaban con la comercialización de estupefacientes en diferentes sectores del sur de la capital. Según las autoridades, el grupo obtenía cerca de 100 millones de pesos mensuales producto de sus actividades ilegales.Se trata del grupo delincuencial ‘Illimani’, desarticulado en desarrollo de la operación Kratos, adelantada por la Policía Nacional, a través de la SIJIN, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación.La investigación duró un año e incluyó seis allanamientos en la localidad de Ciudad Bolívar, seguimientos, agentes encubiertos y recolección de pruebas para identificar a sus integrantes y establecer cómo funcionaba la organización.Según las autoridades, esta estructura controlaba varios puntos de venta de drogas en el parque Illimani, la zona conocida como la invasión de la 14 y los alrededores del TransMiCable, en Ciudad Bolívar. Allí comercializaban estupefacientes en pequeñas dosis, distribuidas en cápsulas y papeletas, directamente a los consumidores.Para evitar que la Policía encontrara las drogas, los integrantes las escondían dentro de las paredes y debajo de las escaleras de diferentes viviendas. Además, cuando advertían la presencia policial, suspendían inmediatamente las ventas y se refugiaban en casas cercanas.Pero el negocio de las drogas también estaba acompañado de violencia. Las autoridades atribuyen a esta organización cuatro homicidios cometidos, presuntamente, por disputas para mantener el control de los lugares donde vendían los estupefacientes.Entre los casos investigados está el asesinato de un taxista, ocurrido el 15 de enero de 2025 en el barrio El Paraíso, en Ciudad Bolívar, y un doble homicidio registrado el 9 de abril de ese año cerca del humedal Juan Amarillo, en la localidad de Suba, que dejó además tres personas heridas.Entre los seis capturados está alias ‘Teresa’, señalada como la cabecilla de la organización y encargada de coordinar las actividades criminales. Según la investigación, habría utilizado su propia vivienda para almacenar y preparar las drogas y presuntamente habría involucrado a integrantes de su familia en el transporte de las sustancias hacia los vendedores.También fue identificado alias ‘Roger’, segundo al mando, quien coordinaba la distribución de los estupefacientes y habría tenido un papel principal en la organización de los homicidios.Mientras tanto, los otros señalados integrantes son alias ‘La Gorda’, ‘Gancho’, ‘Tratra’ y ‘Perro Loco’, quienes se encargaban de vender las drogas. Además, alias ‘Gancho’ y ‘Tratra’ cumplían funciones de campaneros: vigilaban los movimientos de las posibles víctimas y alertaban a los sicarios sobre su ubicación para facilitar los asesinatos.Alias ‘Roger’ ya estaba en prisión desde agosto de 2025, cuando fue capturado en el barrio Sierra Morena por porte ilegal de armas de fuego.La Policía informó que cinco de los seis integrantes registraban anotaciones por tráfico de drogas, porte ilegal de armas de fuego, hurto y amenazas. La Fiscalía les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza el proceso penal.
Una mujer de 33 años fue capturada por el presunto delito de estímulo a la prostitución de menores de edad, luego de que las autoridades evidenciaran el ingreso de adolescentes a las habitaciones de un motel ubicado en el municipio de Pinchote, Santander, sin que se realizara la respectiva verificación de identidad y edad.De acuerdo con el reporte de la Policía de Santander, el procedimiento se llevó a cabo luego de recibir información de la comunidad sobre posibles irregularidades en el establecimiento. Tras adelantar las verificaciones correspondientes y realizar una inspección voluntaria de las cámaras de seguridad del motel, los uniformados encontraron registros que evidenciarían el ingreso de menores de edad a las habitaciones.Por estos hechos fue capturada la mujer, quien se desempeñaba como encargada del establecimiento comercial y, según las autoridades, habría permitido el acceso de los menores sin los controles necesarios.Adicionalmente, la Policía ordenó la suspensión temporal de la actividad económica del motel durante ocho días.El reporte indica que la mujer fue puesta a disposición de la autoridad competente junto con los registros fílmicos recopilados durante el procedimiento, que servirán como elementos materiales probatorios dentro de la investigación.El comandante de la Policía de Santander, coronel Luis Fernando Atuesta Zárate, reiteró que las autoridades continuarán adelantando acciones para prevenir hechos que vulneren los derechos de niños, niñas y adolescentes en el departamento.En otro operativo, la Policía de Santander reportó la captura de otras dos personas, de 37 y 34 años, señaladas de estar involucradas en un caso de violencia intrafamiliar contra una adolescente de 12 años. La menor habría sido víctima de una agresión y fue rescatada por los uniformados tras recibir una denuncia sobre lo ocurrido.La adolescente fue trasladada a la Clínica Santa Cruz de la Loma, en San Gil, para recibir valoración médica especializada. Durante el procedimiento, realizado en el sector La Feria – Bavaria, en el municipio de Pinchote, las autoridades incautaron un machete que, al parecer, habría sido utilizado en los hechos. Los dos capturados también quedaron a disposición de la autoridad competente.
Seis militares que resultaron heridos durante el ataque con drones contra un cantón militar en Santa Rosa del Sur, Bolívar, y que fueron trasladados a centros asistenciales de Barrancabermeja, permanecen estables y fuera de peligro, según el más reciente reporte de la Secretaría de Salud del distrito.La secretaria de Salud de Barrancabermeja, Milagros Jiménez, confirmó que los uniformados se encuentran en condiciones generales estables y reciben atención médica especializada por parte de los servicios de medicina interna y ortopedia.De acuerdo con la funcionaria, los equipos médicos adelantan las valoraciones correspondientes para identificar posibles complicaciones y determinar los procedimientos que requiere cada uno de los pacientes.“Los pacientes se encuentran en condiciones generales estables, recibiendo atención médica especializada por medicina interna u ortopedia, con el fin de valorar posibles complicaciones y definir las conductas a seguir”, señaló Jiménez.Por su parte, la administración distrital reiteró que los seis militares no presentan condiciones de gravedad y permanecen en proceso de recuperación. Asimismo, indicó que los centros asistenciales de Barrancabermeja continúan en alerta y con disponibilidad para atender cualquier otro requerimiento relacionado con esta emergencia.Cabe recordar que 22 soldados heridos en el ataque con drones perpetrado en Santa Rosa del Sur, Bolívar, fueron trasladados a Santander para recibir atención médica, en medio de la emergencia ocasionada por esta acción armada.Las autoridades rechazaron el ataque contra la Fuerza Pública y reiteraron su preocupación por los hechos de violencia que afectan la seguridad y la tranquilidad de esta zona del país.
La investigación que adelanta la justicia desde hace 26 años contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por su presunta responsabilidad en el delito de concierto para delinquir agravado en relación con sus posibles vínculos con grupos paramilitares, por ahora seguirá en manos de la Fiscalía, luego de que la Corte Constitucional se inhibiera de definir si el caso debía pasar o no a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes.Siete de los magistrados de la Corte consideraron que el conflicto de competencias, como se denomina jurídicamente esta discusión, había quedado mal planteado y por lo tanto se inhibieron de definirlo, ante lo cual, el proceso seguirá en manos de la Fiscalía Tercera delegada ante la Corte Suprema de Justicia. Dos magistrados, Jorge Enrique Ibáñez y Carlos Camargo, salvaron el voto pues consideraban que el caso debía ser asumido por la Comisión de Acusación de la Cámara.El asunto de fondo radica en las fechas en las que eventualmente, Álvaro Uribe habría tenido vínculos con el paramilitarismo: desde la Fiscalía se considera que la presunta responsabilidad del expresidente en las masacres de La Granja y El Aro, en 1996 y 1997, se habría dado cuando Uribe se desempeñaba como Gobernador de Antioquia, por lo que el caso debería ser asumido por la justicia ordinaria.Otra opinión tiene la Comisión de Acusación de la Cámara, que radicó un documento ante la Corte argumentando que el proceso contra el expresidente Uribe debe ser asumido por esa célula legislativa, tras considerar que en el expediente se habla de un remezón de oficiales de la Fuerza Pública en 2003, presuntamente relacionado con los casos investigados, por lo que el delito eventualmente habría tenido continuidad en el tiempo, incluso cuando Uribe se desempeñó como jefe de Estado.En cualquier caso, la puerta no quedó cerrada definitivamente para una nueva solicitud en el mismo sentido, que eventualmente podría llegar en otra oportunidad a la Corte Constitucional.Mientras tanto, la Fiscalía ya fijó la fecha para la continuación de la indagatoria del expresidente Álvaro Uribe, que tendrá que comparecer el próximo 11 de diciembre.Hay que tener en cuenta que este mismo caso, el del expresidente Álvaro Uribe, que ha sido la principal bandera política de figuras de la izquierda como el caso del excandidato Iván Cepeda, ha producido una profunda división en el Pacto Histórico sobre quién debe asumir el proceso contra el exjefe de Estado.