Pacto Histórico respaldó la declaratoria de emergencia y pide a la Corte Constitucional avalarla
La coalición argumenta que la medida del gobierno responde a la crisis fiscal estructural, a riesgos de sostenibilidad macroeconómica y amenazas a derechos como el de la salud.
La medida, que tendrá una vigencia inicial de 30 días, recibió el respaldo del Pacto Histórico, que la calificó como una respuesta necesaria ante una crisis que ya no podía atenderse por los mecanismos ordinarios del Estado. Además, la coalición aseguró que la emergencia cumple con los requisitos constitucionales establecidos en el artículo 215 de la Carta Política, la Ley Estatutaria 137 de 1994 y la jurisprudencia de la Corte Constitucional.
De acuerdo con el pronunciamiento del partido, la medida responde a una crisis fiscal estructural que se profundizó tras el archivo de la Ley de Financiamiento de 2025 en el Congreso. “Pese a que más del 93 % del presupuesto es inflexible, existen deudas heredadas, obligaciones judiciales y gastos ineludibles en salud, subsidios de energía para los hogares populares, seguridad y atención de desastres”, señaló la coalición en su comunicado.
El Pacto Histórico advirtió que la falta de tomar acciones habría puesto en riesgo inmediato la prestación de servicios públicos básicos y esenciales, así como la garantía de derechos fundamentales. Según el comunicado, sectores como la salud, la seguridad social, el acceso a la energía, la atención a víctimas y la seguridad ciudadana habrían enfrentado consecuencias irreparables y riesgos reales.
Además, añadió que la medida es temporal y proporcional, no suspende derechos fundamentales y está sujeta al control de la Corte Constitucional, a la que pidió avalar la declaratoria, evaluando su procedencia y necesidad, teniendo en cuenta la rigidez normativa y la insuficiencia de los instrumentos ordinarios para enfrentar la crisis.
Por el momento, la Corte Constitucional evaluará la declaratoria de emergencia económica y social hasta el 13 de enero, fecha en la que finaliza la vacancia judicial.
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