Las mujeres de la bancada del Pacto Histórico en el Congreso hicieron un pronunciamiento público frente a los señalamientos de los últimos días contra el expresidente Gustavo Petro y la presunta entrega de contratos a mujeres a cambio de favores sexuales.Allí, solicitaron que las denuncias sean escuchadas sin descalificaciones ni juicios sobre la vida privada de las denunciantes y que las autoridades garanticen su seguridad y acompañamiento.Las congresistas pidieron a la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo y la Unidad Nacional de Protección evaluar la situación de las mujeres involucradas y adoptar las medidas necesarias para que puedan acudir a las instancias judiciales con tranquilidad.Al mismo tiempo, las integrantes de la bancada insistieron en que se debe respetar la presunción de inocencia y el debido proceso advirtiendo que el material divulgado hasta ahora no ha sido sometido a peritaje ni valorado por una autoridad judicial, por lo que pidieron que la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía, la Procuraduría y la Comisión de Investigación y Acusación actúen con independencia. Sobre las presuntas irregularidades en contratación pública, reclamaron una revisión técnica y transparente de los contratos mencionados.Por otra parte, las congresistas también plantearon la necesidad de fortalecer los mecanismos internos del partido para prevenir y atender las violencias basadas en género, mediante rutas de atención y protocolos de prevención.“Estos compromisos deben reflejarse en acciones concretas, garantizando la protección de las denunciantes y la investigación responsable de los hechos”, puntualizaron.Asimismo, pidieron que este episodio no desplace del debate nacional asuntos como la reforma tributaria, denominada Ley de Rescate Económico, la Ley de Sometimiento recientemente aprobada en el Congreso y las discusiones sobre los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y la población diversa.
El futuro de Gustavo Petro en la presidencia del Pacto Histórico quedó en medio de la discusión política tras las denuncias que lo señalan de presuntamente ofrecer contratos estatales a cambio de favores sexuales.Dos congresistas de esa colectividad se pronunciaron sobre el caso y coincidieron en que las acusaciones deben ser esclarecidas por las autoridades judiciales, aunque expresaron posiciones diferentes frente al impacto político de la controversia.El senador David Racero señaló que el partido esperará los resultados de las investigaciones antes de tomar decisiones políticas sobre el exmandatario, quien actualmente ocupa la presidencia de la colectividad. Según explicó, la continuidad de Petro en ese cargo deberá discutirse en el próximo congreso del Pacto Histórico, previsto para marzo de 2027.“Pedimos a los jueces las claridades y el proceso normal de investigación que dé a luz justamente lo que Daisy y otras personas están denunciando. Nosotros nos tomamos muy en serio estas discusiones. Vamos a esperar los resultados de los jueces y, por supuesto, el Pacto Histórico hará las discusiones políticas pertinentes”, manifestó Racero.El congresista agregó que Gustavo Petro continúa al frente del partido y que será en el próximo encuentro de la colectividad donde se determinará su futuro en esa responsabilidad.Por su parte, la senadora Laura Ahumada hizo énfasis en la necesidad de garantizar los derechos de la denunciante, Deicy Jiménez, y permitir que las autoridades determinen si existieron conductas delictivas. Sin embargo, también cuestionó el momento en el que se han conocido las acusaciones y consideró que podrían estar desviando la atención de otros asuntos nacionales.“Realmente es darle todas las garantías a Daisy para que, como mujer, pueda denunciar y tenga garantías tanto para su denuncia como para su protección. Pero serán realmente las instancias, llámese la Corte o la Fiscalía, las que nos digan si existe un delito o no. También siento que es una cortina de humo para mirar o no tener en cuenta algunos problemas que tiene realmente el país”, afirmó la congresista.¿De qué tratan las denuncias contra Petro?La controversia comenzó a tomar fuerza el 25 de octubre, cuando la revista Semana publicó una entrevista con Deicy Jiménez, una mujer de 26 años que aseguró haber mantenido una relación con Gustavo Petro y señaló que habría recibido contratos estatales a cambio de encuentros sexuales.En su testimonio, Jiménez afirmó que entre 30 y 40 mujeres habrían estado involucradas en situaciones similares y mencionó contratos en entidades como el Senado, el Ministerio del Interior y la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.El caso tomó mayor relevancia el 4 de noviembre, cuando la denunciante publicó un video en el que, según ella, aparece junto al exmandatario en una habitación. El material fue presentado como parte de las pruebas de sus señalamientos.Las denuncias también han generado actuaciones de diferentes organismos. La Fiscalía abrió una investigación por posibles irregularidades en la contratación de mujeres durante el anterior gobierno, mientras que la Procuraduría inició una indagación previa sobre posibles extralimitaciones de funciones, acoso y violencia de género relacionadas con contratos estatales.Además, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia ordenó una inspección judicial para obtener los contratos que Jiménez tuvo en el Congreso. La Fiscalía también adelanta actuaciones para examinar el teléfono celular entregado por la denunciante.Gustavo Petro, por su parte, ha rechazado los señalamientos y ha negado haber utilizado el poder público o los recursos del Estado para obtener favores sexuales. Su defensa sostiene que el material divulgado debe ser sometido a verificaciones judiciales y peritajes.Así, mientras avanzan las investigaciones, el Pacto Histórico tendrá que definir si Gustavo Petro continúa al frente de la colectividad. La discusión sobre su permanencia en la presidencia del partido podría llegar a su próximo congreso, previsto para marzo de 2027, en medio de una controversia que también pone a prueba la posición política de sus integrantes.
Eva Ferrer, exasesora de Verónica Alcocer, aseguró que la exprimera dama usó naves oficiales del Goierno para transportar drogas, dinero y armas durante el periodo presidencial de Petro, hecho por el cual la Procuraduría y la Fiscalía abrieron una investigación formal para esclarecer los hechos.Ante esta situación, el senador Gustavo Bolívar, del Pacto Histórico, salió en defensa tanto del expresidente como todo su entorno frente a las denuncias de Ferrer y las plasmadas antes por Angie Rodríguez, además que cuestionó la falta de pruebas y pide que todo sea entregado a las autoridades pertinentes.“Porque si no tienen las pruebas, pues sencillamente están cayendo en un delito más grave, que es el de la calumnia y el de servirle a un gobierno para poner cortinas de humo en momentos en que el país está en crisis, en diferentes crisis: crisis económica, en crisis por el terremoto, la crisis por el presupuesto que acaba de presentar”, indicó.“Que muestren las pruebas”Bolívar cuestionó la decisión de hacer públicas las denuncias a través de medios de comunicación, en lugar de acudir, según dijo, a la Fiscalía General de la Nación con las pruebas correspondientes. Mencionó la existencia de procedimientos de control y registro relacionados con los vuelos de aeronaves oficiales. En su opinión, esos procedimientos hacen necesario contrastar las acusaciones con los registros correspondientes.“Entonces, y además con la gravedad que tienen esas afirmaciones, ella dice que hay unas fotos, muéstrenlas. Dice hay una foto, hay que, tienen que mostrarla. Ahora, así aparezca la foto, ¿quién le dice a usted que, porque una señora viene bajando con una bolsa, en esa bolsa qué hay dentro?”, puntualizó.Si se comprueba todo, él abandonaría el Pacto HistóricoPese a la postura de defensa del senador ante estas graves acusaciones, sí fue enfático que, en caso de que las autoridades demuestren que son ciertas, él daría un paso el costado del partido ya que esto no representa lo que tanto ha defendido a lo largo de su vida.Bolívar explicó que lleva más de una década compartiendo espacios políticos con integrantes del movimiento y que, según su experiencia, nunca tuvo indicios que le hicieran sospechar de la participación de miembros de la colectividad en ese tipo de actividades criminales.“Yo no vine a un partido donde ni siquiera en pensamientos pudiera pensarse en que aquí hay traficantes de armas y de drogas”, agregó.
El Consejo de Estado negó la solicitud de pérdida de investidura contra el representante a la Cámara por Caldas, Santiago Osorio Marín, quien fue demandado por presuntamente faltar de manera injustificada a sesiones del Congreso. La Sala Especial de Decisión concluyó que no se cumplieron los requisitos para retirarle su investidura o declarar su muerte política.La demanda fue presentada por el ciudadano Cristian Fernando Muñoz Buitrago, quien señaló que Osorio habría faltado a varias sesiones plenarias y de comisión durante el periodo legislativo 2022-2025. También cuestionó que, en algunas reuniones a las que sí asistió, el representante no hubiera participado en todas las votaciones de los proyectos y asuntos incluidos en el orden del día.Sin embargo, el alto tribunal explicó que la Constitución contempla esta sanción por faltar sin justificación a seis o más sesiones plenarias en un mismo periodo de sesiones, siempre que en esas reuniones se voten proyectos de ley, reformas a la Constitución o mociones de censura. La Sala determinó que no se acreditó el número mínimo de ausencias injustificadas exigido por la norma.Además, el Consejo de Estado precisó que las inasistencias a las comisiones del Congreso no cuentan para configurar esta causal. También aclaró que no votar todos los asuntos de una sesión no significa que el congresista haya estado ausente físicamente, pues registrar asistencia o participar en alguna votación puede demostrar que estuvo presente en el recinto.Sobre las ausencias que sí se registraron en sesiones plenarias durante 2023 y 2024, el tribunal encontró que estaban respaldadas por incapacidades médicas o autorizaciones previas de la Mesa Directiva.Entre las razones documentadas había compromisos institucionales y actividades relacionadas con su circunscripción electoral, incluida su participación en la COP16, realizada en Cali. Asimismo, en varias de las sesiones cuestionadas no hubo votaciones de los asuntos que exige la Constitución para aplicar esta sanción.“En ese sentido, las inasistencias indicadas por el solicitante para este periodo no pueden calificarse como injustificadas. Además, en dos de esas sesiones ni siquiera se analizaron proyectos de ley, de acto legislativo o mociones de censura, en los términos exigidos para la procedencia de la causal”, se lee en el fallo.De esta forma, el alto tribunal negó la solicitud de la defensa de Osorio para enviar copias del expediente a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial contra el demandante, al considerar que no se demostró mala fe y que presentar una demanda de este tipo es un mecanismo legítimo de control ciudadano, aunque no prospere.
El senador por el Pacto Histórico y segundo vicepresidente del Senado, Alejandro Ocampo, solicitó a la Contraloría General de la República y a la Procuraduría General de la Nación adelantar una auditoría “inmediata” a las donaciones recibidas por Colombia para atender las zonas afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto.La solicitud surge después de que una presentación del Ministerio de Hacienda, en medio de la presentación del presupuesto de 2027 el pasado 29 de septiembre, señalara como “por cuantificar” las donaciones relacionadas con el terremoto y las recibidas por la fundación de la primera dama, Ana Lucía Pineda.“Que el propio Ministerio de Hacienda presente estas donaciones como ‘por cuantificar’ exige una explicación inmediata. Los colombianos necesitan saber cuánto se recibió, quién lo administra y cuánto ha llegado efectivamente a los damnificados”, afirmó el congresista de la oposición.Ocampo cuestionó que, mientras el Ministerio de Hacienda desconoce el monto, la Presidencia no ha rendido un informe que permita esclarecer lo recibido y su utilización. Por ello, pidió a los entes de control una auditoría inmediata que identifique los donantes, las sumas y los bienes entregados, las entidades receptoras, los mecanismos de administración y los beneficiarios finales.El senador Ocampo también solicitó verificar los soportes de cada donación, los recursos pendientes de ejecución y la existencia de controles que garanticen su destinación a los fines anunciados. Asimismo, el congresista pidió que los resultados de las actuaciones sean públicos y que, si se encuentran irregularidades, se determinen las responsabilidades correspondientes.“La solidaridad con las víctimas del terremoto merece cuentas claras. Cada peso y cada bien donado deben tener trazabilidad. La Contraloría y la Procuraduría deben establecer qué se recibió, dónde está y cómo se ha utilizado”, sostuvo Ocampo.
Organizaciones sindicales, sociales, estudiantiles y ambientales de Santander se preparan para participar en la movilización nacional convocada para el próximo miércoles 14 de octubre. La convocatoria fue ratificada durante un encuentro liderado por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) en Santander, en el que se definieron acciones para coordinar la participación de diferentes sectores en el área metropolitana de Bucaramanga.El Sindicato de Educadores de Santander confirmó su participación en la jornada y señaló que uno de los motivos de protesta son las medidas que considera desfavorables para la educación pública y los derechos de los docentes que promueve el gobierno de Abelardo De La Espriella. Entre los puntos de inconformidad, el sindicato mencionó el proyecto de ley 249 de 2026, relacionado con facultades extraordinarias para la reestructuración del Estado; los bonos escolares y la suspensión de los concursos de mérito para el ingreso y ascenso en la carrera docente.Heriberto Delgado, presidente del SES, hizo un llamado al magisterio santandereano para sumarse a la movilización y participar en las acciones convocadas por las organizaciones sociales y sindicales.“Los maestros y maestras somos un eje fundamental en esta protesta social”, manifestó el dirigente sindical, quien invitó a sus compañeros a vincularse decididamente a la jornada.Dirigentes del Pacto Histórico en Santander también están promoviendo en sus redes sociales la participación en el paro nacional. "Debemos defender el páramo de Santurbán. Este gobierno queire acabar con el ecosistema y el agua de Bucaramanga", dijo Darly Mendoza, diputada de Santander. La movilización busca reunir a diferentes sectores sociales en torno a sus reclamaciones. En Santander, las organizaciones avanzan en la coordinación de su participación, mientras el magisterio pone en el centro de sus demandas la defensa de la educación pública y de los mecanismos de ingreso y ascenso basados en el mérito.
La Comisión de Ética tiene bajo la lupa dos episodios ocurridos recientemente durante sesiones plenarias y que involucran el comportamiento de congresistas dentro del recinto.El primero se remonta al 15 de septiembre, cuando varios representantes del Pacto Histórico llegaron a la plenaria con flotadores, balones y otros elementos alusivos a la playa, en medio de la moción de censura contra el ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán.En ese contexto, la Comisión de Ética abrió investigación de oficio contra el representante del Pacto Histórico Hernán Muriel, quien ese día llegó al recinto vestido con ropa de playa.A este caso se suma el de la representante Luz Verónica Estrada Holguín, por el incidente que protagonizó con el representante Daniel Briceño durante la plenaria del pasado 30 de septiembre.La Mesa Directiva de la Cámara remitió una queja formal a la Comisión de Ética para que determine si la conducta de Estrada constituye una transgresión a sus deberes éticos y disciplinarios.El episodio ocurrió en medio de una controversia entre congresistas. Estrada se acercó a Briceño y lo sujetó de la chaqueta, produciéndose un contacto físico entre ambos, hecho que quedó registrado en la transmisión de la sesión.Posteriormente, la congresista ofreció disculpas a través de un mensaje en sus redes sociales.“Frente a lo ocurrido hoy con el representante @Danielbricen, reconozco que fue un momento de tensión y que la discusión llegó a un punto que no correspondía. Por eso, ofrezco mis disculpas. Tenemos diferencias políticas profundas y seguramente seguiremos dando debates fuertes desde orillas distintas. Eso hace parte de la democracia. También hace parte de ella saber cuándo bajar el tono, reconocer lo que corresponde y seguir adelante con respeto”, escribió a través de su cuenta de X.
La renuncia de María Fernanda Cabal del Partico Centro Democrático causó un fuerte revuelo en el panorama político, en especial por la división que, según expertos, se ha generado desde las últimas elecciones en donde terminó llegando a la presidencia Abelardo De La Espriella con un movimiento innovador.Panorama al cual se refirió Alejandro Ocampo, del Pacto Histórico, en diálogo con Recap de Blu Radio, de cara de a las próximas elecciones y aseguró que, contrario a las lecturas que señalan un debilitamiento de la izquierda, el sector que atraviesa mayores dificultades sería la derecha, debido a las diferencias y disputas que, según afirmó, existen entre sus principales sectores.“Lo que está debilitado es la derecha, que se está comiendo entre ellos. Abelardo tratando de acabar con el Centro Democrático y con Uribe y con todo lo que le sea parecido a él. No, nosotros tenemos un espacio importante. Yo creo que sacamos— nosotros perdimos porque nos hicieron trampa. Pero tenemos 13 millones de votos y eso pesa, no, en una elección territorial. Obviamente son diferentes, pues yo creo que no. Y creo que además Abelardo en estos 50 días de Gobierno está aterrorizando muchos sectores de la sociedad”, aseguró.Ocampo hizo referencia a las disputas alrededor del Centro Democrático y del expresidente Álvaro Uribe, al tiempo que mencionó el surgimiento de nuevos movimientos y liderazgos que podrían modificar el mapa político.Frente a la posibilidad de que la oposición llegue debilitada al próximo proceso electoral, Ocampo defendió la existencia de una base electoral que, según él, continúa teniendo peso político.Su lectura plantea así una disputa entre dos escenarios: por un lado, las diferencias internas que identifica dentro de la derecha y, por otro, la posibilidad de que el Pacto Histórico y sus sectores aliados conserven una capacidad importante de movilización electoral.“Hay veces, claro, pasan temas de que pueden pasar dificultades, peleas. Ojalá no lleguemos a eso, pero es normal en la política que esto pase. Y es sano que sea por encima de la mesa, ¿saben? A mí me encanta que sea por encima de la mesa, que la gente diga, ah, es que fue por esto. Ya Ocampo aclaró que era porque eran los copresidentes del partido. Y se va aclarando, y eso es bueno. Pienso que la democracia cuando se hace así por encima de la mesa”, añadió.
El senador Kevin Gómez, del Pacto Histórico, cuestionó el borrador de decreto del Gobierno nacional que establece nuevas disposiciones para la intervención de la fuerza pública durante las manifestaciones sociales en Colombia, al considerar que podría abrir la puerta a la criminalización de la protesta y poner en riesgo el ejercicio de este derecho fundamental.Durante una entrevista con el programa Mañanas Blu, el congresista manifestó su preocupación por las modificaciones planteadas en el documento, que estaría abierto a comentarios hasta el 4 de octubre, y sostuvo que las nuevas disposiciones deben analizarse en el contexto de los antecedentes de violencia policial y las garantías constitucionales para la movilización ciudadana.“Este decreto sí tiene una dificultad, y es que, con base en la narrativa que ha venido imponiendo el Gobierno, de los hechos recientes que acabo de denunciar y del texto concreto, lo que están tratando de hacer es ampliar un rango para dejar una subjetividad de intervención de la fuerza pública”, afirmó Gómez durante la entrevista.El senador reconoció que las autoridades tienen la facultad de intervenir cuando se presentan hechos violentos en medio de una manifestación. Sin embargo, insistió en que el problema radica en los criterios que determinarían el momento de la intervención y en la posibilidad de que las decisiones policiales queden sujetas a interpretaciones discrecionales.Kevin Gómez advierte sobre riesgos para la protesta socialEn su intervención, el congresista señaló que Colombia tiene antecedentes de represión de las movilizaciones sociales y recordó los hechos ocurridos durante el estallido social, cuando se documentaron graves violaciones de derechos humanos, incluidas lesiones oculares y muertes de manifestantes.Gómez argumentó que estos antecedentes hacen necesario mantener protocolos que prioricen la protección de los ciudadanos, la mediación y el diálogo antes de recurrir al uso de la fuerza: “La protesta social en un contexto como el colombiano ha requerido ser regulada y ha tenido que intervenir, por ejemplo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque aquí le sacaron los ojos a jóvenes, asesinaron jóvenes en el estallido social, está documentado en Colombia”, expresó.En ese sentido, sostuvo que la regulación vigente ya contempla mecanismos para atender las manifestaciones y resolver situaciones de conflictividad sin recurrir inicialmente a la fuerza pública. El senador también cuestionó la necesidad de expedir nuevas disposiciones cuando, según su interpretación, el Decreto 003 de 2021 ya establece protocolos para garantizar el derecho a la protesta y regular la actuación de las autoridades.“Un decreto de estos resulta innecesario porque ya el decreto regula la protesta y la regula en el marco del derecho internacional, de las recomendaciones de la CIDH, y está probado con éxito que puede hacerse un cambio de paradigma en el cual a la gente no hay que reprimirla, sino sentarse a dialogar para resolver los conflictos”, señaló.El diálogo como mecanismo para resolver los conflictosUno de los principales argumentos del senador del Pacto Histórico fue la necesidad de preservar el diálogo como herramienta fundamental para atender las demandas ciudadanas y evitar que las manifestaciones deriven en escenarios de confrontación.Durante la entrevista, el periodista planteó que el borrador permitiría a la fuerza pública actuar frente a hechos violentos sin esperar a que concluya el proceso de diálogo con los manifestantes pacíficos. También señaló que el documento mantendría garantías para quienes ejercen su derecho a la protesta y establecería restricciones frente al porte de armas y elementos peligrosos.Ante estos planteamientos, Gómez insistió en que el problema no es la intervención frente a hechos violentos, sino la posibilidad de que una actuación policial basada en apreciaciones subjetivas termine afectando a toda una movilización: “Lo que hay que hacer es agotar rápidamente el diálogo, pero no supeditar a cualquier acción que es subjetiva, que es que la fuerza pública puede constatar en cualquier momento, puede decir que algo es violento y entonces intervienen y después siguen dialogando. Entonces eso rompe la posibilidad en la práctica de la movilización social”, afirmó.El congresista agregó que los propios movimientos sociales han desarrollado mecanismos de autorregulación para evitar que personas ajenas a sus objetivos generen hechos violentos durante las jornadas de protesta. Según explicó, en distintas movilizaciones los organizadores han identificado y retirado a personas que protagonizan actos violentos, al considerar que estas conductas perjudican las reivindicaciones ciudadanas.Antecedentes de movilizaciones durante el Gobierno de Gustavo PetroGómez también se refirió a las manifestaciones registradas durante el Gobierno del expresidente Gustavo Petro, incluidas las protestas relacionadas con los peajes, en las que, según indicó, participaron sectores de distintas orientaciones políticas. El senador utilizó estos episodios para defender la importancia de los mecanismos de concertación y señalar que la conflictividad social responde a problemas estructurales, como la pobreza, las desigualdades y las demandas históricas de derechos.“Cuando usted lo primero que hace es la fuerza, empieza el Gobierno de la irracionalidad. Y lo que es un conflicto que se puede resolver sentados termina siendo un conflicto mayor y, sobre todo, un escenario de violencia”, manifestó.En su opinión, la intervención de las autoridades debe considerar las particularidades de cada manifestación y evitar que las actuaciones contra personas que cometen actos violentos terminen afectando a los ciudadanos que participan pacíficamente. Asimismo, advirtió sobre la posibilidad de infiltraciones en las movilizaciones, tanto de personas que buscan provocar disturbios como de agentes de la fuerza pública, una situación que, según sostuvo, ha sido denunciada históricamente en Colombia.
La Fiscalía General de la Nación avanzó este 23 y 24 de septiembre en los interrogatorios de los gerentes y contadores de las campañas de Iván Cepeda Castro y Diana Carolina Corcho, que participaron en la consulta interna del Pacto Histórico realizada el 26 de octubre de 2025.Las diligencias hacen parte de la indagación que adelanta una Fiscalía de la Dirección Especializada contra la Corrupción para establecer si la información reportada al Consejo Nacional Electoral sobre los gastos, créditos y aportes de las campañas corresponde con su realidad financiera y contable.Por la campaña de Carolina Corcho fueron citados Nelson Emiro Linares, quien se desempeñó como gerente, y Libardo Hinestroza Palacios, como contador. Por la campaña de Iván Cepeda fueron llamados Carlos Saúl Garzón, en calidad de gerente, y Sandra Yurany López Cortés, como contadora. Las dos personas vinculadas a la campaña de Corcho no se conectaron a la diligencia, por lo que sus interrogatorios deberán ser reprogramados.El propósito de estas actuaciones es contrastar las declaraciones de quienes tuvieron responsabilidades en el manejo y reporte de los recursos con los registros contables y los soportes recopilados durante la investigación. La Fiscalía busca establecer si los gastos, créditos y aportes registrados ante el CNE corresponden a la realidad financiera de las campañas y verificar quiénes fueron los verdaderos financiadores.Esta etapa se suma a las diligencias de Policía Judicial realizadas previamente. El pasado 15 de septiembre, servidores de la Dijín de la Policía Nacional, con autorización de un juez de control de garantías, realizaron una inspección en la sede del Polo Democrático Alternativo en Bogotá, inmueble utilizado por el Pacto Histórico. Allí se buscó recopilar documentos, cuentas y soportes financieros y contables relacionados con la consulta.De manera paralela, la Fiscalía también adelanta verificaciones sobre la contabilidad de dos organizaciones privadas que están bajo investigación por la posible utilización como intermediarias para canalizar recursos de una eventual fuente prohibida o con un reporte irregular. En este componente fueron practicados nuevos interrogatorios a los 2 contadores de esas organizaciones, con el propósito de establecer el origen y manejo de los recursos que aparecen relacionados con la investigación.Con los interrogatorios y las demás diligencias, los fiscales continúan con el análisis de los documentos, registros contables, declaraciones y demás elementos recopilados. El objetivo será determinar si existieron inconsistencias en la información reportada ante el CNE o si se utilizaron recursos provenientes de una fuente prohibida.A partir de esos resultados, la Fiscalía establecerá por cuáles delitos existen elementos suficientes para avanzar hacia la imputación de cargos por las conductas que logren ser acreditadas durante la investigación.
Los colombianos recibieron una noticia que podría aliviar el bolsillo de millones de personas: el impuesto al patrimonio dejaría de cobrarse desde 2031, si se aprueba la propuesta del Gobierno de De La Espriella, incluida en la Ley de Rescate Económico.La iniciativa tributaria plantea que 2030 sea el último año gravable de este tributo y, adicionalmente, propone aumentar desde 2027 el patrimonio mínimo que obliga a pagarlo.El proyecto fue radicado ante el Congreso el 29 de octubre de 2026 y contempla modificaciones a diferentes obligaciones tributarias. Uno de los cambios está dirigido a las personas naturales con patrimonios elevados, quienes actualmente pueden quedar sujetas al gravamen cuando su patrimonio líquido alcanza el límite establecido en la legislación.La propuesta tendría dos efectos: por un lado, algunos contribuyentes podrían quedar por fuera del impuesto desde 2027 y, por otro, quienes continúen sujetos a esta obligación pagarían el tributo hasta 2030. Por lo tanto, su eliminación definitiva comenzaría en 2031, siempre que el Congreso apruebe la ley.¿Quiénes dejarían de pagar el impuesto al patrimonio?Actualmente, el umbral general del impuesto permanente es de 72.000 unidades de valor tributario (UVT). Con la UVT de 2026, fijada por la DIAN en $52.374, ese límite equivale a $3.770.928.000, es decir, cerca de $3.771 millones.La Ley de Rescate Económico propone elevarlo a 95.500 UVT para el año gravable 2027. Si se toma como referencia el valor de la UVT de 2026, el nuevo límite sería de $5.001.717.000, aproximadamente $5.002 millones.Este cambio podría beneficiar a quienes tienen un patrimonio líquido superior a $3.771 millones, pero inferior a $5.002 millones. Por ejemplo, una persona con bienes y derechos, menos sus deudas, por un valor de $4.500 millones supera actualmente el umbral. Sin embargo, con la propuesta, quedaría por debajo del nuevo límite y no tendría que pagar el impuesto en 2027, si se cumplen las condiciones de la reforma.Por su parte, una persona con un patrimonio de $6.000 millones seguiría por encima del nuevo umbral y tendría que asumir el gravamen mientras esté vigente.¿Cuándo desaparecería definitivamente el impuesto al patrimonio en Colombia?La iniciativa establece que 2030 sería el último año gravable en el que se causaría el impuesto. De esta manera, el calendario propuesto quedaría así:2027: comenzaría a aplicarse el nuevo umbral y las tarifas planteadas.2028 y 2029: continuaría el cobro a quienes cumplan las condiciones.2030: sería el último año de aplicación.Desde 2031: dejaría de cobrarse el impuesto al patrimonio, según el proyecto.Por ahora, se trata de una propuesta que debe surtir su trámite en el Congreso. Por tanto, los cambios no están vigentes y las obligaciones actuales continúan aplicándose mientras no se apruebe y entre en vigor una nueva disposición.
Las negociaciones tripartitas entre Rusia, Ucrania y Estados Unidos (EE.UU.) arrancaron este martes en Abu Dabi, tras nueve meses de pausa por la guerra en Irán, según informó a la agencia rusa TASS una fuente del equipo negociador ruso.Al comienzo de la reunión, el jefe negociador ruso y asesor presidencial Vladímir Medinski agradeció a los anfitriones "por su hospitalidad" y a la parte estadounidense "por sus esfuerzos pacificadores"."Esperamos que la reunión de hoy (...) nos permitirá avanzar en el camino hacia la paz", aseveró.Según el medio, la reunión, que tiene lugar después de consultas de ucranianos y europeos, se lleva a cabo a puerta cerrada y estará centrada en las garantías de seguridad para ambos bandos al término del conflicto.Medinski, quien también participó en dos reuniones tripartitas celebradas en 2025, es acompañado por los viceministros de Exteriores Serguéi Riabkov y Mijaíl Galuzin; el jefe de la inteligencia militar, Ígor Kostiukov, quien lideró la delegación en la ronda celebrada en enero en Estambul, y su adjunto, Yuri Zhigarlovski.La delegación ucraniana en Abu Dabi está liderada por Rustem Umérov, que ahora ocupa el cargo de jefe del servicio de inteligencia exterior de Ucrania, acompañado por el jefe de Gabinete del presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, el general de la inteligencia militar Kirilo Budánov.Aunque el equipo al completo no ha sido anunciado oficialmente por Kiev, se espera que también estén el jefe del grupo parlamentario oficialista, David Arajamia, y el diplomático y asesor de Zelenski Serguí Kislitsia.Poco antes, el equipo negociador ucraniano se reunió con los representantes de Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, la OTAN y la Comisión Europea, según anunció en su cuenta de Telegram el jefe de la delegación ucraniana, Rustem Umérov.A la reunión “se sumaron también” los mediadores estadounidenses, Steve Witkoff y Jared Kushner, según explicó el propio Umérov. “Alineamos posiciones y coordinamos los pasos antes de la siguiente ronda de negociaciones”, escribió Umérov, que además de representar habitualmente a Ucrania en estos contactos es jefe del servicio de inteligencia exterior de Ucrania.Los citados países europeos están representados por sus respectivos consejeros de seguridad en Abu Dabi. Rusia no ha aceptado que los europeos participen de forma directa en la reunión a tres de los emisarios del Kremlin con ucranianos y estadounidenses.Las reuniones a tres de este tipo entre ucranianos, rusos y estadounidenses se han saldado hasta ahora sin más acuerdos concretos que compromisos para intercambiar prisioneros de guerra y civiles cautivos y entregar al bando correspondiente cadáveres de soldados caídos que estaban en manos del enemigo.Mientras, el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, reiteró este martes la esperanza de que la Administración de Estados Unidos esté dispuesta dialogar sobre garantías de seguridad para Rusia en el contexto de las negociaciones de paz en Ucrania."Sin hacernos ilusiones, enseñados la experiencia, esperamos que esta vez la Administración de Estados Unidos esté decidida a continuar este diálogo enfocado a lograr un equilibrio honesto de intereses que no afecte la seguridad de nadie", aseveró durante su intervención en el Foro Internacional de Seguridad Colectiva transmitida por la televisión pública rusa.Señaló que en este sentido la Administración del presidente de EE.UU., Donald Trump, se diferencia radicalmente de la de su antecesor, Joe Biden, "que rechazó altivamente debatir las garantías de seguridad colectiva".Lavrov recordó que Rusia tiene su propio "documento con postulados al respecto", en referencia al ultimátum presentado a Occidente a fines de 2021, cuando Moscú exigió a la OTAN retirarse de Europa del Este y amenazó con "medidas de carácter técnico militar" en caso contrario.
Un nuevo ataque con arma de fuego se registró en el área metropolitana de Bucaramanga. Tres personas resultaron heridas en un hecho que es investigado por las autoridades y que ocurrió en la noche del lunes 9 de noviembre en Floridablanca.De acuerdo con el reporte de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, el caso se presentó en la transversal 45, en el barrio El Carmen, luego de que la línea de emergencias 123 recibiera información sobre varias personas lesionadas por disparos.El ataque ocurrió frente a un establecimiento de comidas rápidas, en inmediaciones de los semáforos de la vía que comunica los barrios El Carmen y La Cumbre.Las tres víctimas fueron trasladadas a centros asistenciales. Uno de los heridos presentó una lesión por arma de fuego en una pantorrilla, con orificio de entrada y salida, y fue remitido a la Clínica Guane. Una mujer sufrió una herida en la región abdominal, mientras que la tercera persona recibió un impacto en la oreja izquierda. Ambas fueron trasladadas a la Clínica Foscal.Tras lo ocurrido, unidades de la SIJIN y SIPOL fueron informadas para adelantar las investigaciones. El CTI tenía pendiente la realización de los actos urgentes para avanzar en la recolección de elementos materiales probatorios. Por ahora, la modalidad y los móviles del ataque son materia de investigación.Este nuevo hecho se suma a los episodios de violencia con armas de fuego que mantienen en alerta a las autoridades y a los habitantes del área metropolitana de Bucaramanga, donde los ataques sicariales y las disputas entre estructuras delincuenciales representan un desafío para la seguridad ciudadana.En respuesta a esta problemática, la Policía ha desplegado operativos de registro y control en puntos estratégicos de Bucaramanga, Floridablanca, Girón y Piedecuesta, con participación de diferentes especialidades, para prevenir hechos delictivos y alteraciones del orden público.Las autoridades buscan establecer quiénes estarían detrás de este nuevo ataque y si las víctimas eran el objetivo de los agresores.
El Gobierno están negociando un préstamo de alrededor de 15.000 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en un intento por estabilizar sus precarias finanzas públicas, según informó Bloomberg. De acuerdo con las fuentes, quienes solicitaron no ser identificadas debido a la confidencialidad de las conversaciones, el país y el organismo multilateral están discutiendo los términos de un acuerdo de reserva. A diferencia de esquemas anteriores, Colombia tiene la intención explícita de recurrir al programa de financiamiento en lugar de considerarlo únicamente como una medida de precaución. Sin embargo, las fuentes enfatizaron que aún no se ha tomado una decisión definitiva. Al ser consultados, tanto el FMI como el Ministerio de Hacienda de Colombia declinaron hacer comentarios.Deterioro fiscal y medidas de ajuste en el CongresoLas negociaciones se producen mientras el ejecutivo busca estabilizar las finanzas públicas tras años de crecientes déficits y un aumento sostenido de la deuda. El mes pasado, el Ministerio de Hacienda confirmó que una misión técnica del FMI visitaría Bogotá para continuar las conversaciones sobre los esfuerzos de estabilización fiscal del gobierno, incluyendo una consulta sobre el Artículo IV y posibles medidas para mejorar las condiciones de financiamiento del país. El FMI declaró el mes pasado que la trayectoria fiscal de Colombia era insostenible, mientras que el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, describió la situación económica como la peor en la historia del país. Como respuesta, el gobierno ha enviado al Congreso un paquete de recortes de gastos y aumentos de impuestos destinados a reducir el déficit fiscal.Los acuerdos de crédito contingente del FMI están diseñados para ayudar a los países a abordar problemas de balanza de pagos a corto plazo o potenciales, y pueden tener una duración de hasta tres años.
Una recompensa de hasta $3.200 millones ofrecen las autoridades por información que permita ubicar y capturar a Jesús Navarro Robles, conocido con el alias de ‘Casinga’, señalado como presunto responsable del ataque con explosivos contra una base militar en Santa Rosa del Sur, sur de Bolívar.De acuerdo con las investigaciones, Navarro Robles sería uno de los principales cabecillas del Frente de Guerra Darío Ramírez Castro del ELN, estructura armada ilegal que tiene presencia en esta zona del departamento.El atentado dejó tres integrantes de la Fuerza Pública muertos y más de 40 soldados heridos, luego del ataque contra las instalaciones militares mediante el uso de explosivos lanzados desde drones por el ELN. Una de las hipótesis que manejan los organismos de inteligencia apunta a que la acción violenta habría sido una retaliación por la captura de alias ‘Carrito’, señalado como hombre de confianza de ‘Casinga’."Bajo su mando se han ordenado ataques armados y hostigamientos contra tropas del Ejército, así como acciones de intimidación a pobladores en la serranía de San Lucas. Le sigue alias ‘Ernesto’, líder de la subregión Sur-Norte del mismo frente, señalado como autor de múltiples atentados contra la Fuerza Pública y la comunidad. Según inteligencia militar, este cabecilla dirige a sus hombres desde las zonas altas de la serranía, donde ha instalado campamentos para coordinar emboscadas y amedrentamientos", señala un documento de inteligencia militar conocido por Blu Radio.Alias 'Casinga', sería el encargado de dirigir las operaciones de una de las estructuras más importantes del ELN en el sur de Bolívar y el Bajo Cauca antioqueño. El documento lo señala como presunto responsable de “asesinatos, extorsiones y exigencias económicas al personal del comercio, además de intimidaciones contra comunidades del sur de Bolívar". Las autoridades avanzan en las investigaciones para establecer la participación de otros integrantes de esta estructura armada ilegal y esclarecer las circunstancias en las que fue perpetrado el atentado.El ataque contra la base militar en Santa Rosa del Sur representa una nueva escalada de violencia en el sur de Bolívar, una zona con presencia de estructuras armadas ilegales que se disputan el control territorial y las economías ilícitas. La identificación de alias ‘Casinga’ y la millonaria recompensa hacen parte de las acciones de las autoridades para ubicar a los responsables del atentado.