La Fiscalía General de la Nación avanzó este 23 y 24 de septiembre en los interrogatorios de los gerentes y contadores de las campañas de Iván Cepeda Castro y Diana Carolina Corcho, que participaron en la consulta interna del Pacto Histórico realizada el 26 de octubre de 2025.Las diligencias hacen parte de la indagación que adelanta una Fiscalía de la Dirección Especializada contra la Corrupción para establecer si la información reportada al Consejo Nacional Electoral sobre los gastos, créditos y aportes de las campañas corresponde con su realidad financiera y contable.Por la campaña de Carolina Corcho fueron citados Nelson Emiro Linares, quien se desempeñó como gerente, y Libardo Hinestroza Palacios, como contador. Por la campaña de Iván Cepeda fueron llamados Carlos Saúl Garzón, en calidad de gerente, y Sandra Yurany López Cortés, como contadora. Las dos personas vinculadas a la campaña de Corcho no se conectaron a la diligencia, por lo que sus interrogatorios deberán ser reprogramados.El propósito de estas actuaciones es contrastar las declaraciones de quienes tuvieron responsabilidades en el manejo y reporte de los recursos con los registros contables y los soportes recopilados durante la investigación. La Fiscalía busca establecer si los gastos, créditos y aportes registrados ante el CNE corresponden a la realidad financiera de las campañas y verificar quiénes fueron los verdaderos financiadores.Esta etapa se suma a las diligencias de Policía Judicial realizadas previamente. El pasado 15 de septiembre, servidores de la Dijín de la Policía Nacional, con autorización de un juez de control de garantías, realizaron una inspección en la sede del Polo Democrático Alternativo en Bogotá, inmueble utilizado por el Pacto Histórico. Allí se buscó recopilar documentos, cuentas y soportes financieros y contables relacionados con la consulta.De manera paralela, la Fiscalía también adelanta verificaciones sobre la contabilidad de dos organizaciones privadas que están bajo investigación por la posible utilización como intermediarias para canalizar recursos de una eventual fuente prohibida o con un reporte irregular. En este componente fueron practicados nuevos interrogatorios a los 2 contadores de esas organizaciones, con el propósito de establecer el origen y manejo de los recursos que aparecen relacionados con la investigación.Con los interrogatorios y las demás diligencias, los fiscales continúan con el análisis de los documentos, registros contables, declaraciones y demás elementos recopilados. El objetivo será determinar si existieron inconsistencias en la información reportada ante el CNE o si se utilizaron recursos provenientes de una fuente prohibida.A partir de esos resultados, la Fiscalía establecerá por cuáles delitos existen elementos suficientes para avanzar hacia la imputación de cargos por las conductas que logren ser acreditadas durante la investigación.
El partido En Marcha tomó distancia del Pacto Histórico y cuestionó la citación a una moción de censura contra el ministro de Defensa, Jorge Eduardo Mora López, promovida por congresistas del petrismo.En un comunicado, la colectividad calificó la iniciativa como “inoportuna e inconveniente”, aunque reconoció la importancia del debate de control político tras la muerte de menores de edad en un bombardeo de las Fuerzas Militares contra campamentos de las disidencias de las Farc de alias Calarcá. “Es válido el debate de control político como consecuencia de la lamentable muerte de menores de edad, causada por el bombardeo de las fuerzas militares a campamentos de los grupos armados ilegales que rechazaron las posibilidades de paz y deben ser enfrentados por el Estado con todas las capacidades institucionales”, señaló En Marcha.Sin embargo, el partido cuestionó que se recurra a la moción de censura contra un ministro que lleva menos de 50 días en el cargo.“Aplicar la figura de la moción de censura a un Ministro que no cumple aún 50 días en sus funciones es una mala señal del Estado en su conjunto a los grupos criminales”, afirmó la colectividad.En Marcha también hizo un llamado al Ministerio de Defensa y a las Fuerzas Militares para fortalecer los procesos de inteligencia antes de tomar decisiones relacionadas con operaciones de esta naturaleza.“Solicitamos a Mindefensa y a las Fuerzas Militares una inteligencia precisa y eficiente antes de tomar decisiones de esta naturaleza”, indicó.El partido del exministro Juan Fernando Cristo aseguró que mantendrá vigilancia sobre las operaciones contra las estructuras armadas ilegales y pidió que estas se desarrollen bajo las normas del Derecho Internacional Humanitario y con respeto por los derechos humanos.Otro aspecto que dejaron claro es su posición que seguirá igual frente al gobierno del presidente Abelardo De La Espriella, al asegurar que estarán “vigilantes de que la necesaria ofensiva contra las estructuras armadas ilegales se adelante con pleno respeto a las normas del Derecho Internacional Humanitario y los derechos humanos”.
La Fiscalía citó a interrogatorio en calidad de indiciados a los gerentes y contadores de las campañas de Iván Cepeda Castro y Diana Carolina Corcho Mejía que participaron en la consulta interna del Pacto Histórico realizada el 26 de octubre de 2025.Las diligencias fueron programadas para el 23 y 24 de septiembre y hacen parte de una indagación adelantada por una Fiscalía de la Dirección Especializada contra la Corrupción, que busca establecer si la información reportada al Consejo Nacional Electoral sobre los gastos, créditos y aportes de esas campañas corresponde con su realidad financiera y contable. Entre los citados está Nelson Emiro Linares Zárate, quien se desempeñó como gerente de la campaña de Diana Carolina Corcho Mejía en la consulta interna, y Libardo Hinestroza Palacios, quien fungió como contador de esa campaña.También fueron citados Carlos Saúl Garzón, quien se desempeñó como gerente de la campaña de Iván Cepeda Castro en la consulta interna del Pacto Histórico, y Sandra Yurany López Cortés, quien fungió como contadora de dicha campaña.Los interrogatorios hacen parte de las actuaciones que adelanta el ente investigador para verificar la información relacionada con el manejo de los recursos de las campañas y los reportes presentados ante la autoridad electoral.En desarrollo de esta investigación, y previa autorización de un juez de control de garantías, servidores de la Dijín de la Policía Nacional realizaron una diligencia de inspección en la sede del Polo Democrático Alternativo en Bogotá, inmueble que actualmente es utilizado por el Pacto Histórico.Además de esta diligencia, la Fiscalía adelantó nuevas inspecciones relacionadas con la contabilidad de dos organizaciones, como parte de las actuaciones encaminadas a verificar la información financiera que fue reportada durante el proceso electoral.La indagación se concentra, por ahora, en determinar si los datos entregados al Consejo Nacional Electoral sobre gastos, créditos y aportes de las campañas corresponden con la realidad financiera y contable de las mismas.
La Fiscalía General de la Nación adelanta una indagación para establecer si se presentaron irregularidades en la financiación de la consulta interna del Pacto Histórico realizada en octubre de 2025, en la que participaron Iván Cepeda Castro y Diana Carolina Corcho Mejía.En el marco de esta investigación, y con autorización previa de un juez de control de garantías, servidores de la Dijín de la Policía Nacional realizaron una diligencia de inspección en la sede del Polo Democrático Alternativo, en Bogotá, actualmente utilizada por el Pacto Histórico.El objetivo de la diligencia fue recopilar documentos, cuentas, soportes financieros y contables y otros elementos relacionados con los recursos utilizados durante la consulta. La Fiscalía busca establecer si la información reportada ante la autoridad electoral corresponde a los verdaderos financiadores y si los recursos efectivamente aportados coinciden con lo registrado oficialmente.Uno de los aspectos que está siendo revisado está relacionado con dos organizaciones que aparecen vinculadas a reportes de financiación y sobre las cuales existen denuncias. La Fiscalía busca determinar si los recursos registrados a nombre de esas organizaciones realmente provinieron de quienes aparecen como aportantes o si estas habrían sido utilizadas como intermediarias para canalizar recursos por encima de los límites establecidos para la financiación electoral por parte de un empresario o persona natural.Como parte de la indagación, ahora el ente investigador adelanta nuevas inspecciones sobre la contabilidad de las organizaciones señaladas y no descarta la realización de interrogatorios a personas que tuvieron responsabilidad en el reporte de los recursos de la campaña para la próxima semana.Entre los aportes que estarían bajo revisión aparecen recursos relacionados con Javier Antonio Pérez Páez y Samat Publicidad S.A.S, específicamente un aporte de 116 millones pesos atribuido a Pérez Páez, mientras que Samat Publicidad S.A.S. aparece relacionada con un aporte de 609 millones pesos.La Fiscalía y las autoridades judiciales buscan establecer si estos recursos fueron reportados de acuerdo con su verdadero origen y si los aportes se ajustaron a las normas que regulan la financiación de las campañas.De manera paralela, la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia abrió una indagación previa contra el senador Iván Cepeda para establecer si hubo irregularidades en la financiación de la consulta interna del Pacto Histórico de octubre de 2025. El magistrado Francisco Farfán quedó a cargo de la actuación y ordenó la práctica de pruebas y declaraciones.
Con balones de playa y flotadores, representantes del Pacto Histórico protagonizaron una particular protesta en la plenaria de la Cámara de Representantes, luego de que el Senado negara la moción de censura contra el ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán. Los congresistas utilizaron estos elementos para hacer referencia al viaje que realizó el funcionario a Santa Marta pocos días después del terremoto del 10 de agosto, hecho que motivó el llamado a rendir cuentas ante el Congreso.La moción de censura fue sometida a votación en el Senado y terminó siendo negada por amplia mayoría. El resultado fue de 61 votos por el no y 27 por el sí, por lo que la iniciativa no logró avanzar a la Cámara. Durante la sesión, senadores del Pacto Histórico y algunos integrantes de la Alianza Verde utilizaron un balón de playa para simular una escena relacionada con la permanencia del ministro en Santa Marta mientras el país afrontaba la emergencia ocasionada por el terremoto.El resultado en el Senado también impidió que la Cámara de Representantes continuara con el trámite de la moción. Aunque el debate estaba programado desde el 4 de septiembre, el presidente de la corporación, Nicolás Barguil, explicó que el artículo 135 de la Constitución establece que, una vez una de las cámaras niega una moción de censura, la otra ya no puede continuar con el procedimiento.La reacción de minviviendaTras conocerse la decisión, el ministro Jaime Andrés Beltrán aseguró que el resultado no representaba únicamente una victoria para el Gobierno, sino también para el país. El funcionario sostuvo que ahora podrá continuar con la ruta planteada para atender la reconstrucción tras el terremoto y avanzar en asuntos relacionados con vivienda y agua potable. "Yo creo que gana el país porque hay un plan, hay un trabajo, hay una ruta", manifestó Beltrán.La jornada dejó así un nuevo episodio de tensión política en el Congreso, con una moción de censura que no consiguió los votos necesarios en el Senado y una protesta simbólica en la Cámara mediante elementos alusivos a una playa.
Las comisiones terceras y cuartas conjuntas de Senado y Cámara de Representantes aprobaron el monto del Presupuesto General de la Nación para 2027, que quedó fijado en 634,9 billones de pesos, tal como lo había propuesto el Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella.El debate comenzó pasadas las 3:00 de la tarde. Al inicio de la discusión, el Pacto Histórico presentó una proposición para reducir el monto del presupuesto a 596 billones 698.679 millones de pesos, una cifra inferior a la planteada por el Gobierno.Para que el monto fuera aprobado se requería el respaldo de las cuatro comisiones económicas. La proposición mayoritaria, que mantuvo los 634,9 billones de pesos, recibió los votos necesarios en cada una de ellas.Con esta decisión, las comisiones económicas dieron su aprobación al monto, pero ahora continuará el trámite del proyecto en el Congreso con la distribución de los montos por rubros y la definición del plan de austeridad que anunció el Gobierno, debido a la situación fiscal del país.Tras el debate, el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, defendió la discusión sobre los ingresos del Estado y recordó que desde 1991 el país ha realizado 21 reformas tributarias sin solucionar de fondo el problema de los ingresos del país.El ministro también aseguró que, en promedio, cada niño que nace tiene una deuda de 23 millones de pesos, en referencia al nivel de endeudamiento que enfrenta el país.Gómez Martínez celebró la aprobación del monto y la calificó como “un voto de confianza” al Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella.Así votaron las comisiones:Comisión Cuarta de Cámara: 22 votos por el sí y 6 por el no.Comisión Cuarta de Senado: 11 votos por el sí y 4 por el no.Comisión Tercera de Senado: 9 votos por el sí y 3 por el no.Comisión Tercera de Cámara: 22 votos por el sí y 5 votos por el no.
La Sala Especial de Instrucción abrió una indagación previa contra el senador Iván Cepeda Castro para determinar si se presentaron irregularidades en la financiación de la consulta interna del Pacto Histórico, realizada en octubre de 2025. El magistrado Francisco Farfán es el ponente del proceso.La consulta tuvo como propósito definir al candidato presidencial de la colectividad, en la que Iván Cepeda obtuvo cerca del 65,1 % de los votos, superando a la exministra y senadora Carolina Corcho. Ahora, la Sala busca establecer si los recursos utilizados para financiar esa consulta cumplieron con las normas establecidas. El despacho ordenó de oficio la práctica de varias pruebas y la recepción de declaraciones.Con estas actuaciones, la investigación pretende establecer qué ocurrió con la financiación de la consulta y determinar si existe alguna responsabilidad por parte del senador Iván Cepeda. Por ahora, se trata de una indagación previa y su apertura no significa que el congresista haya sido declarado responsable.Los hechos están relacionados con recursos reportados como contribuciones o donaciones entregadas por Javier Antonio Pérez Páez y la empresa Samat Publicidad SAS. En el primer caso, se reportaron 116 millones de pesos, mientras que en el segundo fueron 609 millones.Sobre estos recursos ya se había pronunciado el Consejo Nacional Electoral. En enero pasado, el organismo decidió no investigar a Cepeda por estos hechos, al considerar que las inconsistencias correspondían a la forma en que fueron reportados los ingresos y gastos de la consulta.
Finalizó la primera fase de la indagatoria contra el expresidente y exgobernador de Antioquia Álvaro Uribe Vélez ante una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia, dentro del expediente que investiga hechos relacionados con las masacres de La Granja y El Aro y el homicidio del defensor de derechos humanos Jesús María Valle.El proceso se originó en denuncias presentadas desde el año 2000 y contempla, entre otros aspectos, presuntas omisiones en la protección de la población civil, un posible concierto para delinquir agravado, homicidio en persona protegida y hechos relacionados con la promoción de grupos paramilitares, específicamente el Bloque Metro, y su presunta relación con la hacienda Guacharacas.Tras esta primera fase de la diligencia, el abogado Miguel Ángel del Río, representante de víctimas en el proceso, se refirió a las declaraciones entregadas por el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso y aseguró que considera que el exparamilitar fue coherente con sus declaraciones anteriores.“Muy al contrario de lo que han dicho algunas personas, consideramos que Mancuso fue coherente en sus declaraciones anteriores, estableciendo algunas responsabilidades de miembros de la gobernación. Fundamentalmente el secretario de gobierno, donde establece que, a juicio de Mancuso, el secretario de gobierno venía en representación de Álvaro Uribe Vélez”, afirmó.Sobre la declaración del expresidente, Del Río sostuvo que Uribe fue “muy locuaz en sus manifestaciones”, pero consideró que sus respuestas fueron generales frente a varios de los asuntos abordados durante la diligencia.“Un Uribe, siendo Uribe, muy locuaz en sus manifestaciones, fue muy genérico sobre la forma como llegó a la gobernación. Y algunos temas, pues, también que se trataron de manera muy, muy superficial con relación a esos aspectos. Negó él la relación con los grupos paramilitares, fundamentalmente la génesis del Bloque Metro, negó la participación en las masacres”, señaló.El abogado también cuestionó la posición asumida por integrantes del Pacto Histórico frente a la solicitud relacionada con la competencia entre la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes y la Fiscalía General de la Nación para conocer el expediente.“Fatal la posición de los miembros de la Comisión de Acusaciones firmando esa proposición. Fatal la posición de los miembros del Pacto Histórico al firmar esa proposición. Que no hay ningún conflicto de competencia”, manifestó.Del Río explicó que, durante la diligencia, las preguntas fueron generales debido a que la Fiscalía buscaba garantizar que el expediente pudiera ser estudiado con mayor rigurosidad, especialmente frente a las actuaciones recientes y las declaraciones entregadas por Mancuso como lo solicitó la defensa“Genéricas, en aras de que la Fiscalía quería garantizar que pudieran estudiar el expediente con mayor rigurosidad, sobre todo las últimas actuaciones. Trató de evitar algunas preguntas muy concretas, y se cuidó en el sentido de alguna violación al debido proceso y trató entonces de establecer cómo se había llegado él a la gobernación, su relación, pues, con algunos miembros del gabinete en la Gobernación de Antioquia, su relación, entonces, con la fuerza pública y su relación con las fuerzas paramilitares. Todo de una manera muy genérica”, explicó.El abogado agregó que la fiscal del caso saldrá a vacaciones y que los fiscales de apoyo continuarán con las declaraciones que permanecen pendientes. Según Del Río, una vez se complete esa práctica probatoria, la representación de víctimas adelantará nuevas actuaciones relacionadas con el periodo de Uribe como gobernador de Antioquia y posteriormente se fijará una nueva fecha para continuar la indagatoria.Sobre el debate de competencia, Del Río sostuvo que los hechos investigados corresponden al periodo comprendido entre 1996 y 1998, mientras que Uribe llegó a la Presidencia de la República en 2002. Por esa razón, consideró que la Comisión de Acusación no tendría competencia para investigar estos hechos.“Los hechos por los cuales investiga Álvaro Vélez van del 96 al 98. Álvaro Uribe Vélez fue presidente en el año 2002. No tiene ningún sentido que la competencia ni siquiera un debate meridiano para que uno diga, bueno, si de pronto hay alguna duda, ninguna. La Comisión de Acusación no puede investigar algo, yo, es la Fiscalía la competente, y eso lo saben todos los miembros de la comisión”, afirmó.Del Río señaló finalmente que espera que la Corte constitucional resuelva el eventual conflicto de competencia y determine qué autoridad debe continuar con la investigación.
El partido Alianza Verde ha tomado una decisión trascendental sobre su postura política frente al Gobierno nacional, declarándose oficialmente en independencia tras una votación mayoritaria. En diálogo con Mañanas Blu, el representante a la Cámara Mauricio Toro analizó las implicaciones de esta decisión, las fuertes divisiones internas dentro de la colectividad y las crecientes tensiones con el Pacto Histórico, especialmente tras los polémicos comentarios de David Racero contra la representante Catherine Juvinao.Fricciones y el "silencio sospechoso" en el Pacto HistóricoLa controversia desatada por las declaraciones de David Racero contra la representante Catherine Juvinao ha reabierto el debate sobre la violencia política en el Congreso. Al respecto, el representante Mauricio Toro calificó los comentarios de Racero como "desafortunados" y criticó con severidad la postura de las congresistas de la coalición de gobierno.Toro expresó: "A mí lo que más me aterra es el silencio de las mujeres progresistas del pacto que se quejan constantemente del maltrato y de la violación de los derechos contra las mujeres y de la violencia política, que en este caso no digan absolutamente nada". Asimismo, enfatizó que la defensa de los derechos de las mujeres debe ser incondicional: "Uno cuando defiende los derechos de las mujeres los defiende de donde vengan y ahí ese silencio es bien sospechoso". Toro concluyó señalando que "ojalá haya acciones legales contra el representante Racero por violencia política contra las mujeres", indicando que la Comisión de Ética de la Cámara es la instancia correspondiente para abordar la denuncia.Alianza Verde: "No somos un apéndice del pacto"A nivel político, Toro argumentó que los ataques constantes de las "bodegas" oficialistas y los maltratos de miembros del Pacto Histórico responden a una molestia por la autonomía de Alianza Verde. "El partido no es un apéndice del pacto, es un partido de centro independiente y vamos a seguir dando la batalla y haciéndonos respetar", declaró de forma contundente.Toro explicó que la composición del partido cambió tras los últimos comicios electorales, lo cual ha generado incomodidad en los sectores afines al Gobierno. "Este nuevo verde pues es un verde más de centro. Ustedes recordarán que en las elecciones pasadas algunas personas de la izquierda petrista del partido no llegaron, la ciudadanía habló y hoy la reconfiguración del partido a un partido de centro pues les molesta". Ante las presiones externas, insistió en que "ellos están pensando que a punta de maltratos y de incendiarnos van a lograr que nosotros nos alineemos con ellos", reiterando que mantendrán su postura autónoma de centro.Una "independencia técnica" frente al Gobierno y el disenso de Ariel ÁvilaLa decisión de declararse en independencia y no en oposición abierta dividió opiniones dentro del partido. Toro defendió firmemente esta postura, aclarando que no implica una neutralidad pasiva o un "cheque en blanco" para el Gobierno. "No significa que nosotros vamos a entregar un cheque en blanco. Nosotros no vamos a asumir una posición incendiada y poco técnica. Vamos a hacer una oposición técnica, rigurosa, como siempre lo hemos venido haciendo... que es una independencia deliberativa". Bajo este esquema, la colectividad apoyará las iniciativas gubernamentales que consideren positivas y se opondrá a los proyectos que representen un retroceso para las libertades individuales o el proceso de paz, nuevo rumbo del partido.Escuche aquí la entrevista:
El exministro de Hacienda Germán Ávila, en nombre del denominado ‘Gabinete por la vida’, cuestionó el aumento del Presupuesto General de la Nación para 2027 y la estrategia planteada por el Gobierno de Abelardo De La Espriella para financiarlo.Ávila señaló que la propuesta pasó de $575,6 billones, presentados inicialmente por el Gobierno de Gustavo Petro, a $635 billones en el proyecto radicado por la administración de Abelardo De La Espriella, una diferencia cercana a los $59,4 billones.“Este nuevo presupuesto evidencia dos realidades: primero, que la fuente de financiación está soportada en un endeudamiento extraordinario del país. Segundo, que incorpora todo el gasto asociado al desastre por el terremoto del 10 de agosto, sin ninguna fuente de financiación distinta al endeudamiento. Deuda, deuda y más deuda, es el coro con que actúan los actuales funcionarios del Ministerio de Hacienda”, dijo el exministro.Según Ávila, ese incremento estaría acompañado de un mayor nivel de endeudamiento público y contrasta con los anuncios de reducción del gasto que había hecho el nuevo Gobierno.“Durante campaña dijeron que el problema era el tamaño del Estado y el endeudamiento del Gobierno Petro. Ahora aumentan el presupuesto en $59,3 billones, rediciendo la inversión en $3 billones, y proyectando un incremento extraordinario de la deuda. La diferencia es que antes lo llamaban irresponsabilidad fiscal y ahora pretenden venderlo como sinceramiento”, afirmó Ávila.Desde el 'Gabinete por la Vida' también presentaron reparos a las cuentas presentadas en materia de pensiones, salud y el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles. En el caso pensional, Ávila pidió tener en cuenta los recursos trasladados a Colpensiones antes de concluir que existe un faltante adicional.“Incluso los supuestos $4,5 billones faltantes para salarios de los funcionarios públicos deben analizarse con cuidado, pues una parte importante está asociada al incremento del 9.1 % en la nómina que proyecta el nuevo gobierno, al pasar de 99.000 a 108.000 los funcionarios de la rama ejecutiva”, agregó.El exministro también se refirió a los recursos destinados a la reconstrucción tras el terremoto del 10 de agosto. Aunque reconoció que la emergencia puede requerir más recursos, pidió mayor claridad sobre el denominado Fondo Milagro. En particular, señaló que el Gobierno debería precisar cuánto dinero se destinará, cuál será la fuente de financiación, qué territorios serán atendidos y quién estará encargado de ejecutar los recursos.Como alternativa, el 'Gabinete por la Vida' propuso recuperar los $3 billones que, según sus cálculos, fueron reducidos de la inversión y realizar auditorías sobre las cuentas del FEPC, la UPC, energía y pensiones, con el argumento de evitar posibles dobles pagos.
Estos fueron los temas tratados este 25 de septiembre, en Recap Blu:Otty Patiño, excomisionado de Paz durante el Gobierno de Gustavo Petro, habló sobre la extradición de alias 'Araña', las polémicas declaraciones de David Murcia Guzmán y el proceso de la fallida paz total.Las últimas imágenes de alias 'Araña' antes de du extradición y la advertencia del presidente Abelardo De La Espriella a Iván Márquez.El mandatario De La Espriella también respondió a quienes lo cuestionaron por portar un arma: "Que sigan criticando, que eso me impulsa".Se mantiene la cadena perpetua contra Daniel Sancho por el asesinato del médico colombiano Edwin Arrieta.Sobrevivientes del accidente del avión que transportaba al equipo de Chapecoense volvieron al lugar del sinietro casi 10 años después.
MiLoto realiza este viernes 25 de septiembre de 2026 un nuevo sorteo, en el que los participantes buscan acertar la combinación de cinco números para acceder al premio mayor.La combinación ganadora del sorteo de MiLoto de este viernes 25 de septiembre de 2026 es: 36 - 18 - 10 - 08 - 31.Para esta jornada, el acumulado de MiLoto asciende a $160 millones. El resultado oficial permitirá conocer los números sorteados y el balance de ganadores en las diferentes categorías de aciertos.MiLoto es un juego en el que los participantes seleccionan una combinación de cinco números. La mecánica contempla premios para quienes acierten desde dos hasta los cinco números de la combinación sorteada.¿De cuánto es el acumulado de MiLoto?Para este viernes, 25 de septiembre de 2026, el acumulado de MiLoto era de $160 millones.Cuando no se registra un ganador en la categoría de cinco aciertos, el acumulado del premio mayor aumenta para la siguiente jornada, por lo cual quedó en $200 millones para el sigueinte sorteo, de acuerdo con la mecánica del juego.Los participantes pueden verificar sus tiquetes y comparar los números registrados con los resultados oficiales antes de reclamar cualquier premio.
El excomisionado de paz Otty Patiño aseguró en Recap Blu que durante el Gobierno del expresidente Gustavo Petro nunca conoció de un eventual ofrecimiento de una gestoría de paz a David Murcia Guzmán, condenado por el caso DMG. Esta declaración se produjo luego de que Murcia se retractara de varios señalamientos contra el actual presidente Abelardo De La Espriella y afirmara que, antes de realizar esas acusaciones, recibió expectativas relacionadas con una posible salida de prisión mediante esa figura.En entrevista con Recap Blu, Patiño sostuvo que las decisiones relacionadas con las gestorías de paz eran conocidas y consultadas dentro de la Consejería de Paz, pero afirmó que el nombre de Murcia Guzmán nunca estuvo sobre la mesa.“No tengo la menor idea, porque todas las gestorías de paz eran comunicadas, eran, digamos, consultadas con nosotros. En ningún momento a nosotros como Consejería nunca se nos consultó nada sobre este señor”, manifestó el exfuncionario.Patiño también cuestionó que Murcia hubiera sido considerado para una eventual gestoría, al señalar que, desde su perspectiva, no tenía relación con procesos de paz.“Lo cual además me parece absurdo porque este señor no tiene nada que ver con procesos de paz”, afirmó. Choque de afirmacionesFrente a las declaraciones contradictorias del condenado, el excomisionado agregó que Murcia "hoy dice una cosa, mañana dice otra”.Ante la pregunta de si en algún momento, durante su paso por la Consejería de Paz, tuvo conocimiento de un ofrecimiento a Murcia Guzmán, Patiño fue enfático en negarlo."Jamás. Y por supuesto considero que el presidente Petro jamás pensó ni manifestó en esa posibilidad de darle una consejería de paz a este señor", agregó.Las declaraciones se conocen después de que Murcia presentara ante la Fiscalía una retractación de los señalamientos que había realizado contra Abelardo De La Espriella. Según el documento, el condenado afirmó que sus declaraciones estuvieron precedidas por expectativas relacionadas con una eventual vinculación como gestor de paz y con la posibilidad de obtener su libertad. Finalmente, Patiño rechazó que las gestorías de paz hubieran funcionado como un supuesto “cheque en blanco” para quienes recibieron esa condición.“Y si no lo cumple, pues se le suspende la gestoría. Así de sencillo. Pero de allí para allá, que sea una carta blanca para delinquir, para protegerle actividades delictivas, jamás”, concluyó el excomisionado.
TransMilenio anunció una operación especial para facilitar el regreso de los asistentes a los conciertos de BTS, que se realizarán el viernes 2 y sábado 3 de octubre en el estadio El Campín, en Bogotá.Desde las 10:00 p. m., ocho rutas especiales estarán disponibles en las estaciones Campín–UAN y Movistar Arena, con destino a diferentes portales y estaciones de la ciudad.Desde Campín–UAN saldrán cuatro rutas:Portal NortePortal AméricasPortal SubaPortal EldoradoDesde Movistar Arena estarán disponibles otras cuatro rutas hacia:Portal UsmePortal 20 de JulioPortal 80Portal SurLos servicios funcionarán de acuerdo con la demanda de pasajeros. La operación habitual de las estaciones Campín–UAN y Movistar Arena finalizará a las 10:00 p. m. y, entre las 10:00 p. m. y las 11:00 p. m., estas estaciones estarán habilitadas únicamente para facilitar la evacuación de los asistentes.Como alternativa, los usuarios podrán utilizar Universidad Nacional, si salen por Campín–UAN, y 7 de Agosto, si salen por Movistar Arena.¿Cómo llegar al concierto?Para llegar al estadio, TransMilenio contará con 13 rutas troncales en las estaciones Campín–UAN y Movistar Arena. En Movistar Arena estarán disponibles las rutas 4, B72, D21, G30, L25, C25, C30, H21 y H72.En Campín–UAN funcionarán las rutas 4, B11, C25, G11, S42, D21, E42, H21 y L25.Además, TransMiZonal tendrá 39 rutas con paraderos cercanos al estadio El Campín, ubicados en la NQS, calle 63, calle 53 y carrera 24.TransMilenio recomienda a los asistentes recargar con anticipación la tarjeta tullave, planear el viaje mediante TransMiApp y consultar los canales oficiales de la entidad para revisar horarios y recorridos.La entidad también señaló que los despachos de las rutas especiales se ajustarán según la cantidad de pasajeros durante la salida de los conciertos.
“Ni en el tarimazo ni en la fiesta que tuvieron ellos hubo muertos, pero en una política equivocada de guerra sí hay muchos muertos”, afirmó Otty Patiño, excomisionado de Paz durante el Gobierno de Gustavo Petro, al referirse a las polémicas que rodearon algunos episodios de la llamada paz total. En entrevista con Recap Blu, Patiño reconoció que durante un proceso de paz pueden cometerse errores, pero defendió la necesidad de priorizar el diálogo frente a una estrategia basada exclusivamente en la confrontación armada.El exfuncionario respondió por situaciones como el denominado ‘tarimazo’ en La Alpujarra y una fiesta realizada por integrantes de estructuras criminales en la cárcel de Itagüí. Patiño aclaró que no justifica ninguno de esos hechos y sostuvo que estos no fueron provocados directamente por la Consejería de Paz.“No, no lo estoy justificando de ninguna manera”, respondió, antes de explicar que, desde su perspectiva, los errores cometidos durante una búsqueda de paz deben analizarse teniendo en cuenta sus consecuencias.Patiño también defendió la estrategia de negociación adelantada durante el Gobierno Petro y rechazó la afirmación de que la paz total hubiera sido simplemente un mecanismo para permitir que los grupos ilegales continuaran delinquiendo. Según explicó, durante su gestión hubo procesos que avanzaron en diferentes niveles, aunque reconoció que algunos, como el del ELN y el Estado Mayor Central liderado por Iván Mordisco, terminaron fracasando."Había varios procesos que fueron fallidos, como el caso del ELN, digamos, donde ellos demostraron que no había voluntad de paz. Y el proceso con el Estado Mayor Conjunto FARC, fundamentalmente al mando del señor Iván Mordisco, que en el Cauca decidió más bien lanzarse a la guerra que hacer parte, digamos, de un proceso de paz. Los demás, en los demás procesos había avances, en los otros 8 o 9 procesos que estábamos adelantando, que además tenían la característica de que eran muy territorializados, allí hubo avances considerables en cada uno de distintas maneras", afirmó.Frente a las críticas sobre las denominadas gestorías de paz, el excomisionado negó que estas figuras hubieran sido utilizadas como una “carta blanca” para delinquir o como instrumentos de política electoral. Aseguró que quienes recibían esa condición tenían obligaciones y debían presentar planes de acción que posteriormente eran evaluados. “Si no lo cumple, pues se le suspende la gestoría. Así de sencillo. Pero de allí para allá, que sea una carta blanca para delinquir, para protegerle actividades delictivas, jamás”, concluyó.