Fiscalía archivó investigación por calumnia contra defensora del Pueblo tras denuncia de mininterior

La Fiscalía General de la Nación ordenó archivar la investigación contra la defensora del Pueblo, Iris Marín, tras una denuncia de Armando Benedetti por unas declaraciones que dio la funcionaria contra el ministro del Interior sobre presuntas conductas de violencia de géneroEsta decisión la tomó el ente acusador tras concluir que los hechos que fueron denunciados por el ministro del Interior, Armando Benedetti, no constituyen una conducta punible todo esto en el marco de unas declaraciones que entregó a un medio de comunicación la defensora Marín en noviembre del año pasado en donde se refirió al episodio de presunta violencia intrafamiliar.Sin embargo, para la Fiscalía General de la Nación las declaraciones que entregó Marín hicieron parte de las denuncias que publicaron varios medios y no fue un señalamiento directo hacia él."Esa manifestación no puede ser apreciada como una afrenta contra la integridad moral del querellante (Armando Benedetti), pues las personalidades públicas se someten al escrutinio de los ciudadanos por el rol social que cumplen", señaló el ente acusador.La denuncia de Benedetti contra Marín no prosperó porque la defensora del Pueblo en su entrevista comentó los hechos que ya eran de conocimiento por la opinión pública y no le atribuyó ningún delito o conducta penal al hoy ministro del Interior."Solo una referencia generalizada a lo que los medios de comunicación venían publicando sobre el comportamiento del funcionario en torno a las investigaciones de carácter penal que enfrentaba y, en segundo lugar, el hecho es cierto y documentado en esta actuación, por lo que la conducta de la querellada resulta objetivamente atípica frente al delito de calumnia", se lee en el documento.En esta orden de archivo la Fiscalía recordó que los funcionarios públicos están sometidos a un mayor escrutinio ciudadano debido al rol social que desempeñan, amparado por estándares internacionales como los citados por la Corte Constitucional y la CIDH."Así como los servidores públicos, quienes por la importancia social de las funciones que realizan están sujetos a un mayor escrutinio social, puesto que la opinión pública actúa como un mecanismo de control social sobre el desempeño de los cargos que ostentan", aseveró la Fiscalía.