El presidente Abelardo De La Espriella se reunió con líderes de comunidades indígenas en Barranquilla y desde allí se refirió a un presunto caso de corrupción que se habría dado durante el Gobierno Petro en el Ministerio del Interior.“En 67 convenios de la Dirección de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior aparecen 960.000 millones de pesos comprometidos y poco más de 672.000 millones desembolsados. En la información examinada no aparece que alguno de esos convenios haya sido liquidado”, dijo De La Espriella.El presidente Abelardo De La Espriella le dijo a los líderes de las comunidades indígenas que el Gobierno va a respetar sus derechos y la consulta previa, pero que eso no significa “cerrar los ojos frente a los abusos, las distorsiones, o irregularidades que puedan quedarse en torno a ella”. También advirtió que los recursos destinados a las comunidades indígenas deben llegar a ellas pues aunque “parece una obviedad ustedes saben que no siempre ocurre eso”.En el mismo sentido se refirió al tema de seguridad y orden público.“Quiero recordarles algo muy importante, las únicas armas legítimas de la República son las que están sometidas al imperio de la Constitución y la ley. Ningún grupo terrorista puede arrogarse el derecho de hablar en nombre de una comunidad indígena y cuando así sea ustedes tienen acceso directo a este Gobierno y vamos a apoyarlos de manera inmediata”, agregó el mandatario.
Santander enfrenta una emergencia crítica por cuenta de los incendios forestales. Según los reportes, son al menos 10 los puntos calientes activos en la región, por lo que la Defensa Civil Colombiana – Seccional Santander confirmó el despliegue de sus capacidades operativas y talento humano para apoyar las labores de atención, control y extinción de las conflagraciones, que se han registrado en diferentes municipios del departamento.Los municipios de San Andrés, El Playón y Berlín han sido escenarios de movilización de los brigadistas, quienes adelantan labores de apoyo en zonas de media y alta montaña, donde las condiciones del terreno representan importantes desafíos para los organismos de respuesta.Los voluntarios construyen líneas de defensa, realizan enfriamiento, control de puntos calientes y vigilancia de las áreas afectadas, aplicando los protocolos de seguridad establecidos.Estas acciones se ejecutan de manera articulada con los cuerpos de Bomberos, las autoridades locales y las comunidades, fortaleciendo la capacidad de respuesta y contribuyendo a la protección de la población, los ecosistemas y los recursos naturales del departamento.Una de las situaciones más críticas se vive en Coromoro, donde el incendio forestal consumió cerca de 300 hectáreas, donde el fuego ha afectado gran parte de frailejones y bosque nativo, incluidos robles, en un ecosistema que hace parte de la cuenca del río Oscure, que desemboca en el río Fonce. La tierra está caliente hasta un metro de profundidad.En Tona, el incendio avanza en grandes proporciones en la vereda Tembladal, en una zona de bosque nativo que también es clave para la recarga hídrica de la parte baja del municipio y del área metropolitana de Bucaramanga. El alcalde Jesús Santiago Gutiérrez dijo que trabajan en la zona desde ayer a las 11 de la mañana y que personal del acueducto apoya las labores de control."Es una zona de recarga hídrica importante para la parte baja del municipio y el área metropolitana. No queremos que llegue al Páramo de Santurbán ni a los frailejones. El terreno es empinado y hay viviendas cercanas; no queremos que siga avanzando a la parte alta", manifestó el mandatario.Mientras tanto, la emergencia en la vereda El Pire, en San Andrés, continúa después de más de 20 días de incendio, aunque unidades de la Defensa Civil de Bucaramanga y Piedecuesta, además de otros organismos, apoyan las labores; la comunidad insiste en que sigue siendo insuficiente y pide al Gobierno nacional el envío de helicópteros tipo Bambi o motobombas. La tierra arde de manera interna.La comunidad advierte sobre el impacto en los nacimientos de agua que alimentan la quebrada Borrero y abastecen acueductos de El Pire, El Pantano y la vereda El Tuno.Además, aseguran que los presuntos responsables de varios incendios estarían plenamente identificados y piden que se investiguen los hechos. Habitantes señalan, presuntamente, que algunas quemas podrían ser provocadas para limpiar o ampliar potreros ganaderos, versión que no ha sido confirmada y deberá ser investigada.La Defensa Civil hace un llamado a la comunidad para extremar las medidas de prevención, evitar actividades que puedan generar incendios y reportar oportunamente cualquier columna de humo o quema no autorizada. La prevención es responsabilidad de todos: un reporte oportuno puede evitar que una pequeña emergencia se convierta en un gran incendio.
La comunidad de la vereda El Pire, en San Andrés, Santander, clama por ayuda urgente al Gobierno nacional ante un incendio forestal que completa más de 20 días sin control total en la montaña. Los habitantes piden el envío de helicópteros tipo Bambi o motobombas para lograr controlar la emergencia, que ya se extendió por más de tres semanas.La situación ha desbordado la capacidad de respuesta local, campesinos como Alfredo Ramón señalan: "La tragedia afecta nuestra agua, el aire que respiramos, que reciben nuestros niños y adultos está contaminado, las llamas están dentro de la montaña no podemos controlarlo por favor ayuda urgente, para mitigar esta problemática".Aunque fueron desplegados a la zona equipos de la Defensa Civil de Bucaramanga y Piedecuesta, además de otros organismos de emergencia, para apoyar las labores de atención y control de la conflagración. Sin embargo, la comunidad insiste en que este apoyo sigue siendo insuficiente frente a la magnitud del fuego y reclama más recursos humanos y técnicos.Los habitantes también han cuestionado la respuesta de la Administración Municipal y exigen una mayor presencia y capacidad de reacción en el territorio. La preocupación no es solo por las llamas: la comunidad advierte sobre el impacto que las quemas podrían generar sobre los nacimientos de agua de la zona, que alimentan la quebrada Borrero y abastecen acueductos de El Pire, El Pantano y la vereda El Tuno, además de la escuela del sector.Hay otro punto que no puede quedar en el olvido. La comunidad asegura que los presuntos responsables de varios de estos incendios estarían plenamente identificados y pide a las autoridades competentes que se investiguen los hechos y se determinen responsabilidades. Habitantes recuerdan que desde años anteriores se han presentado denuncias relacionadas con incendios en esta zona, por lo que consideran necesario que las autoridades ambientales y de Policía revisen los antecedentes y aclaren qué ocurrió con las investigaciones adelantadas.Además, los habitantes señalan, presuntamente, que algunas quemas podrían ser provocadas de manera intencional para limpiar o ampliar potreros destinados a actividades ganaderas. Esta versión no ha sido confirmada oficialmente y deberá ser investigada por las autoridades.La montaña lleva más de 20 días ardiendo, y la comunidad de San Andrés espera una respuesta contundente del Gobierno Nacional y de los organismos de socorro para evitar una tragedia mayor en la zona rural del municipio.
Santander atraviesa una nueva jornada de presión por los incendios forestales. Diez puntos permanecen activos, con emergencias concentradas principalmente en zonas rurales y de difícil acceso. Coromoro, Tona, El Playón y San Andrés están entre los municipios que enfrentan incendios, mientras las autoridades mantienen vigilancia sobre otros sectores ante las condiciones secas que favorecen la propagación del fuego.Uno de los casos más complejos está en Coromoro, en la parte alta de la vereda Pueblo Viejo, donde el incendio ha afectado cerca de 300 hectáreas de vegetación de páramo. La emergencia se presenta en una zona de alta montaña, con acceso complicado para los equipos terrestres.El comandante de Bomberos de Coromoro informó que el incendio está controlado en aproximadamente un 90 %, pero todavía queda un 10 % en bosque nativo, principalmente con fuego subterráneo que debe ser apagado manualmente. La zona está entre los 3.200 y 3.500 metros sobre el nivel del mar, y los fuertes vientos impidieron finalmente el uso de un helicóptero con sistema Bambi Bucket. Además, cerca de 300 hectáreas han resultado afectadas, con daños en frailejones y bosque nativo.En El Playón, uno de los incendios se registra en la parte alta de la vereda Cachiricito Alto, donde el fuego permanecía activo después de varias horas de trabajo de los bomberos. El avance de las llamas ha sido favorecido por los fuertes vientos y la dificultad del terreno, el incendio también genera preocupación por la cercanía de la quebrada La Naranjera, una fuente hídrica de la zona.En ese mismo municipio y vereda también fue reportado otro incendio en total los dos han consumido más de 50 héctareas de bosque, la zona es de dificil acceso por serpientes en el lugar que aumenta el riesgo para la atención.En Tona, el incendio se concentra en el sector Alto de Tona, en la vereda Tembladal, donde los Bomberos trabajan con funcionarios de la Alcaldía y habitantes de la zona para contener las llamas, que amennazan zonas de reserva hidrica del Acueducto Metropolitano de Bucaramanga.Mientras tanto, en San Andrés también se mantiene una emergencia forestal, desde hace 20 días, incendio se originó después de una quema que terminó saliéndose de control y que las labores de atención se concentran en la zona rural.En cada uno de ellos la aparición de nuevos focos aumenta la presión sobre los organismos de emergencia, que deben distribuir equipos mientras continúan las labores en los incendios de mayor magnitud.
La emergencia por un incendio forestal en la zona alta de Coromoro, Santander, sigue avanzando y mantiene en alerta a la comunidad por el riesgo sobre un área de páramo y las fuentes hídricas que hacen parte de la cuenca del río Fonce. El reporte de los habitantes del sector Puerto Limón señala que el fuego ya tiene una afectación cercana a dos kilómetros.Uno de los principales obstáculos para atender la emergencia es el difícil acceso al lugar. Según la comunidad, el punto donde se concentra el incendio está a cerca de seis horas del casco urbano, situación que ha dificultado el ingreso de los organismos de socorro para combatir directamente las llamas.La preocupación aumenta porque el incendio está consumiendo páramo y frailejones, en un sector considerado estratégico para el nacimiento de fuentes hídricas. La comunidad advierte que el fuego se encuentra a unos siete kilómetros de los límites con Boyacá y reclama una intervención urgente para evitar que continúe extendiéndose.El área afectada hace parte de la cuenca del río Fonce, donde nacen los ríos Ture y Pueblo Viejo, que forman el Taquiza y posteriormente se unen al Pienta, aportando al sistema hídrico que da origen al Fonce. Por eso, la emergencia representa una amenaza para un ecosistema clave y para las fuentes de agua de la región.Mientras los cuerpos de Bomberos y habitantes de la zona continúan atentos a la evolución del incendio, esperan con urgencia la ayuda anunciada por el ministro del Interior, Rodrigo Lara, quien informó que se coordinaría apoyo aéreo para Coromoro. La comunidad insiste en que, por las condiciones del terreno y la dificultad para ingresar por tierra, esta ayuda resulta fundamental para intentar contener las llamas.El ministro reportó que Coromoro se encuentra entre las prioridades nacionales de atención y señaló que el incendio registra un 40 % de avance, por lo que se prepara el refuerzo aéreo para apoyar las labores que se adelantan en tierra.Desde la Administración Municipal de Coromoro se informó que fueron activados los protocolos de emergencia y que se continúa gestionando apoyo ante las autoridades departamentales y nacionales para conseguir los recursos necesarios para controlar el incendio y proteger el páramo, las fuentes hídricas, la flora y la fauna.
El ministro del interior, Rodrigo Lara, confirmó que el gobierno hará una solicitud de aclaración al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, tras la suspensión de dos convenios del nuevo modelo de pasaportes que se empezó a implementar durante el gobierno Petro.“Tanto la Cancillería como el Ministerio del Interior estamos revisando el alcance del fallo. Se presentarán básicamente las solicitudes de aclaración”, anunció el ministro del interior, Rodrigo Lara.El canciller, Omar Bula, envió un mensaje de tranquilidad asegurando que no es necesario que los colombianos vayan a las oficinas de pasaportes al creer que el stock se va a agotar.“Tenemos en stock en este momento 600.000 pasaportes. 490.000 en este momento y 110.000 que llegan próximamente, eso se traduce en una cobertura de más de cuatro meses”, dijo el canciller, Omar Bula.Uno de los principales argumentos considerados por el Tribunal fue la falta de certeza sobre el estado real de ejecución del nuevo modelo de pasaportes. En su análisis, la corporación encontró una serie de elementos que, de manera preliminar, configuraron la denominada “apariencia de buen derecho”. Entre ellos mencionó la sucesión de cronogramas incumplidos, informes institucionales contradictorios, ausencia de soportes verificables sobre infraestructura, personal y avance de la operación, además de cuestionamientos relacionados con los requisitos presupuestales.
El ministro del Interior, Rodrigo Lara, hizo un llamado a los operadores de telefonía móvil para que donen planes de datos a cerca de 2.800 niños de Buenaventura que quedaron sin colegio tras los daños ocasionados por el terremoto que afectó a varias zonas del Pacífico.Durante una entrevista, Lara explicó que seis instituciones educativas de Buenaventura presentan daños estructurales que impiden el regreso de los estudiantes a las aulas. Ante esta situación, planteó como alternativa inmediata implementar educación virtual mientras avanzan las labores de reconstrucción.“Esos niños necesitan educación virtual, virtual, no guías”, afirmó el ministro, quien cuestionó la posibilidad de que los menores reciban únicamente material impreso para continuar sus estudios.Lara pidió directamente la colaboración de Claro y Tigo para garantizar la conectividad de los estudiantes. “Necesitamos que ustedes se pongan la mano en el corazón y donen planes de datos a los niños que van a recibir esa educación virtual”, manifestó.Según el jefe de la cartera política, muchos de los menores afectados pertenecen a familias de bajos recursos que no tienen capacidad económica para asumir el costo de planes de internet. Por ello, consideró necesario entregar un paquete que incluya conectividad y dispositivos tecnológicos.El ministro también solicitó apoyo del sector privado y del Gobierno para conseguir tabletas que permitan a los estudiantes conectarse a las clases. Explicó que la iniciativa no se limita a Buenaventura y que también existen necesidades similares en municipios del Chocó, especialmente en zonas del San Juan y el Baudó donde varios colegios resultaron afectados.“Necesitamos es en donde hay colegios dañados datos, acceso a datos y tabletas para que los niños no pierdan un día en estas zonas tan vulnerables”, señaló.Lara reconoció que no todos los estudiantes cuentan con teléfono celular y que, por esa razón, las tabletas son fundamentales para poner en marcha la estrategia de educación virtual.El ministro indicó que trasladará la solicitud al presidente y a los ministerios de Educación y de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, entidades que deberán definir la implementación de las clases virtuales y los mecanismos para entregar los equipos.La petición se suma a otros llamados de ayuda hechos por Lara desde Buenaventura, entre ellos donaciones de materiales de construcción, plantas eléctricas, baños portátiles y un hospital de campaña para atender las necesidades que dejó la emergencia.
Sigue la revisión de procesos por parte del Gobierno del presidente electo Abelardo De La Espriella. El ministro del Interior, Rodrigo Lara, ordenó cambios en el funcionamiento del Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas (CERREM), que analiza los casos de personas que requieren medidas de protección.A través de una circular con firma del 7 de agosto, Lara informó que asumirá personalmente la presidencia del comité y que no delegará esta función. Por esta razón, las sesiones que sean convocadas deberán contar con su presencia y dirección.La orden también afecta las reuniones que ya habían sido convocadas y las que están pendientes. Todas deberán ser programadas de manera que el ministro pueda participar y dirigirlas. La Secretaría Técnica o quien convoque al CERREM deberá abstenerse de realizar una sesión si Lara no está presente.Además, Rodrigo Lara dio instrucciones a la Dirección General y a la Subdirección de Protección de la Unidad Nacional de Protección (UNP). Antes de cada reunión, deberán enviar a su despacho las convocatorias, agendas, documentos técnicos e informes de evaluación de riesgo que serán revisados por el comité.La circular está dirigida precisamente a los directivos de la UNP y a la Secretaría Técnica del CERREM y señala que estas medidas buscan garantizar la función de la presidencia del comité, la transparencia en las recomendaciones de protección y el cumplimiento de las reglas de la función pública.
El ministro del Interior, Rodrigo Lara, suspendió hasta el próximo 20 de agosto las decisiones relacionadas con nuevos contratos, modificaciones a contratos vigentes y movimientos de personal dentro de la cartera. La medida fue establecida mediante una circular interna fechada el 7 de agosto.La directriz suspende la firma de nuevos contratos de prestación de servicios profesionales o de apoyo a la gestión, así como cualquier contrato que implique compromisos presupuestales del Ministerio del Interior, sin importar su modalidad o naturaleza. También quedan suspendidas las prórrogas, adiciones, modificaciones o cualquier actuación que implique extender, mantener o variar contratos que ya están vigentes.La decisión también cobija la provisión de empleos, los nombramientos, encargos, comisiones y cualquier otra forma de vinculación o designación de personal. En estos casos, la circular establece que será necesaria la aprobación previa y expresa del ministro Rodrigo Lara.Según el documento, la directriz busca garantizar los principios de transparencia, planeación, responsabilidad, coordinación administrativa y una adecuada transición institucional. La circular señala, además, que ningún funcionario o dependencia podrá adelantar, formalizar o ejecutar las actuaciones suspendidas durante este periodo sin la autorización correspondiente.La medida tiene algunas excepciones. Podrán continuar los trámites estrictamente necesarios para garantizar la continuidad del servicio público, cumplir obligaciones legales u órdenes judiciales, atender situaciones de urgencia manifiesta o evitar afectaciones al funcionamiento esencial del Ministerio. Estos casos también deberán ser informados y puestos a consideración del despacho del ministro.Finalmente, Lara ordenó a los funcionarios adoptar las medidas administrativas necesarias para cumplir la instrucción y llevar un registro consolidado de las solicitudes de autorización que sean presentadas, incluidas las relacionadas con prórrogas contractuales.
El ministro del Interior designado, Rodrigo Lara Restrepo, confirmó que este martes 30 de junio sostendrá la primera reunión de empalme con el ministro saliente, Armando Benedetti, como parte del proceso de transición hacia el nuevo Gobierno.En entrevista con Noticias Caracol, Lara explicó que el encuentro servirá para establecer la metodología del empalme y definir cómo avanzará la entrega de la cartera. "Mañana tenemos la primera reunión, vamos a definir la metodología del empalme y ahí ya sabremos cómo vamos a proceder", afirmó.Durante la entrevista, el futuro jefe de la cartera política también expuso las principales líneas de trabajo que tendrá el Ministerio del Interior en el gobierno del presidente electo Abelardo de la Espriella. Uno de los principales mensajes fue que el Ejecutivo buscará construir mayorías en el Congreso sin acudir a acuerdos burocráticos ni repartición de cargos. Según Lara, la estrategia será convocar a los congresistas que quieran respaldar las iniciativas del Gobierno, pero con reglas claras y de cara al país."Vamos a invitar a quienes quieran apoyar las grandes iniciativas para el pueblo colombiano, pero con todo sobre la mesa, sin acuerdos ni componendas", sostuvo.El ministro designado aseguró que el Ministerio del Interior no limitará su labor a la relación con el Congreso, sino que buscará fortalecer la coordinación entre el Gobierno Nacional, los departamentos, los municipios y las comunidades.En materia política, Lara afirmó que el nuevo Gobierno garantizará plenamente el ejercicio de la oposición, haciendo referencia al presidente Petro y a Iván Cepeda, y respetará la separación de poderes. Sin embargo, también advirtió que cualquier manifestación que derive en actos violentos o bloqueos prolongados será sancionada conforme a la ley.También señaló que se respetará el derecho a la protesta y la autonomía universitaria, aunque insistió en que esos derechos no pueden utilizarse como justificación para cometer delitos.Respecto a la agenda legislativa, evitó anticipar los primeros proyectos que presentará el Gobierno, aunque anunció que desde el Ministerio del Interior se impulsará una estrategia para fortalecer la lucha contra la corrupción.Entre las propuestas mencionó la creación de un sistema interno de inspección que permita detectar posibles hechos de corrupción dentro de la administración pública y trasladarlos directamente a los organismos competentes. Incluso habló de conformar un "bloque de búsqueda anticorrupción" para reforzar los mecanismos de vigilancia sobre la ejecución de los recursos públicos.
El abogado Luis Felipe Henao, apoderado judicial de Santiago Uribe Vélez, hermano del expresidente Alvaro Uribe, se pronunció a través de un comunicado sobre la tutela que negó la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, la cual mantiene en firme la condena a 28 años de cárcel contra el ganadero.Se trata de la decisión STC19112-2026, proferida el 30 de septiembre de 2026. La defensa de Uribe Vélez recuerda que el fallo de tutela será remitido para revisión de la Corte Constitucional.“El planteamiento formulado tiene una naturaleza estrictamente constitucional y se relaciona con el alcance de las garantías de la doble conformidad, el debido proceso y el acceso efectivo a la administración de justicia, aspectos frente a los cuales la Sala expuso una interpretación que, aunque desfavorable a las pretensiones de mi representado, no agota el debate constitucional propuesto, máxime cuando la providencia será remitida a la Corte Constitucional para su eventual revisión”, dice Henao.Pero esa argumentación no significa que con la tutela se pretendiera tener una tercera instancia, reabrir el debate probatorio o desconocer la competencia de la Sala de Casación Penal como órgano de cierre de la jurisdicción ordinaria.Henao explicó que la acción de tutela fue promovida con el propósito de que se examinara si resultaba constitucionalmente admisible rechazar de plano el recurso de casación, antes de que la defensa pudiera presentar la respectiva demanda.Es decir, explica el abogado, es un mecanismo jurídico válido en medio del proceso y que su defendido profesa un “profundo respeto” por los jueces y por las decisiones judiciales, por lo tanto, “las actuaciones adelantadas en su defensa se encuentran plenamente amparadas por el orden constitucional y corresponden al ejercicio legítimo de los derechos y mecanismos de protección que el Estado Social de Derecho pone a su disposición”.
La Armada de Colombia incautó 1.620 kilogramos de clorhidrato de cocaína y 51 kilogramos de marihuana durante una operación de control y seguridad marítima en el Pacífico sur colombiano, luego de interceptar una embarcación tipo Go Fast que transportaba sustancias ilícitas.El procedimiento fue realizado por unidades de la Estación de Guardacostas de Tumaco. Durante la operación, la embarcación naufragó, por lo que el personal naval rescató a sus tres tripulantes, dos colombianos y un ciudadano ecuatoriano, y recuperó del mar el cargamento que transportaban.En total, fueron recuperados 83 bultos que contenían 1.620 paquetes de cocaína, con un peso neto de 1.620 kilogramos, y 51 paquetes de marihuana, que pesaban 51 kilogramos. Además, fueron incautados un equipo GPS y dos teléfonos satelitales.De acuerdo con las investigaciones, el cargamento tendría como destino Costa Rica y, según las autoridades, la incautación evitó el ingreso de cerca de 17 millones de dólares a las finanzas del crimen transnacional e impidió la comercialización de más de cuatro millones de dosis de estupefacientes en el mercado ilegal internacional.Los tres tripulantes fueron capturados y junto con el material incautado quedaron a disposición de la Fiscalía para adelantar los procedimientos judiciales correspondientes.
Una nueva alocución del presidente Abelardo De La Espriella sirvió para abordar varios temas de actualidad nacional y anunciar medidas frente a las protestas convocadas por algunos sectores de oposición para el próximo miércoles 14 de octubre.Uno de los principales anuncios fue la defensa del decreto que permite a la fuerza pública intervenir en manifestaciones en las que se presenten hechos de violencia. El mandatario aseguró que la medida busca garantizar el derecho a la protesta pacífica y evitar bloqueos prolongados y actos vandálicos.“Separar lo que la Constitución protege de lo que la Ley persigue. Ni un derecho menos para quien protesta en paz, ni un espacio más para quien destruye y hace terrorismo urbano”, expresó De La Espriella al explicar el propósito del decreto.El presidente también cuestionó a los sectores que promueven las movilizaciones y los señaló de buscar la desestabilización del Gobierno, haciendo alusión a los aliados políticos del expresidente Gustavo Petro y reprochando las condiciones en las que dejaron el país.“Quienes promueven el paro y buscan con él volver a causar el caos y desestabilizar al Gobierno son los mismos que dejaron el país quebrado, ad portas de un apagón, con el sistema de salud en cuidados intensivos, con la soberanía energética comprometida y con los recursos públicos depredados y saqueados. A esos mismos en medio de la reconstrucción después del terremoto se les ocurre convocar un paro que solo busca engañar al pueblo, que es lo que saben hacer, generando caos para lograr un fin politiquero en contra de mi gobierno. Son instigadores de la maldad y no luchadores por la libertad”, afirmó el jefe de Estado.Esas afirmaciones sirvieron como preámbulo para lanzar una advertencia frente a posibles hechos de violencia durante las jornadas de protesta. “Si pretenden incendiar a Colombia se van a encontrar con la determinación del tigre para defender lo que en derecho corresponde”.Durante su intervención, De La Espriella también se refirió al Fondo Milagro, creado para brindar atención a las familias afectadas por el terremoto y financiar la reconstrucción de las zonas impactadas.El mandatario anunció que, desde el 7 de octubre, el fondo arrancó con un billón de pesos destinados a atender la emergencia y avanzar en las labores de recuperación.El presidente hizo énfasis en la transparencia en el manejo de estos recursos y señaló que el dinero debe destinarse de manera efectiva a las necesidades de las comunidades afectadas. “Cada peso debe tener un destino verificable”, sostuvo.En materia de seguridad, el jefe de Estado presentó un balance de las operaciones adelantadas por la fuerza pública durante sus primeros dos meses de gobierno. Según las cifras entregadas, las acciones permitieron afectar a 33 cabecillas de dos grupos armados.Entre los señalados por el mandatario se encuentran alias ‘La Morocha’, de la estructura Rodrigo Cadete; alias ‘Lobo’ o ‘Emanuel’, cabecilla de la Estructura 36; alias ‘Max Max’, identificado como explosivista de la estructura Jaime Martínez; y alias ‘Ruso’ o ‘Alemán’, del Frente 28 de las disidencias de las Farc.También mencionó a alias ‘Bonito’, señalado como cabecilla de Comandos de Frontera, y a alias ‘Águila’, integrante de una estructura de la Segunda Marquetalia.En la lucha contra el narcotráfico, el presidente De La Espriella informó que las autoridades han incautado 125.182 kilos de cocaína desde el inicio de su administración.Otro de los asuntos centrales de la alocución fue la situación energética del país. De La Espriella anunció que su Gobierno ha adoptado medidas para prevenir un posible apagón y garantizar la continuidad del servicio eléctrico.Para avanzar en ese objetivo, ordenó conformar un equipo de trabajo con responsabilidades específicas y plazo hasta el 31 de diciembre de 2026 para definir medidas de choque que permitan reforzar la generación térmica y administrar adecuadamente los embalses.La instrucción también contempla acciones para garantizar el suministro de energía, con especial atención a las regiones más vulnerables ante eventuales dificultades en el sistema eléctrico.La alocución también fue escenario para entregar cifras sobre el funcionamiento del Banco de Talentos, la plataforma creada para recibir hojas de vida de ciudadanos interesados en trabajar en el Gobierno sin depender de recomendaciones políticas o influencias.De acuerdo con el balance presentado por De La Espriella, 145 ciudadanos que ingresaron mediante este mecanismo ya fueron contratados y tomaron posesión de sus cargos.Además, hay 76 hojas de vida publicadas cuyos titulares están pendientes de posesión, mientras que otras 38 permanecen pendientes de publicación.El mandatario dio esos detalles para destacar el avance de la plataforma como una alternativa para facilitar el acceso al empleo público bajo criterios de mérito y transparencia.
El presidente Abelardo De La Espriella anunció este domingo que su Gobierno se puso como fecha límite el próximo 31 de diciembre para tener listas las medidas y evitar un apagón eléctrico por el fenómeno de El Niño, que según las previsiones se extenderá durante el primer semestre de 2027."Ya ordené constituir un grupo, un equipo especial con responsables, con tareas identificadas y además concretas, y con una fecha límite el 31 de diciembre", indicó el mandatario en la alocución.Según De La Espriella, antes de esa fecha deberán estar en marcha "las medidas de choque para reforzar la generación térmica, administrar los embalses y proteger el servicio" de energía, especialmente en las regiones más vulnerables.El mandatario reiteró que su Gobierno tiene como obligación "reducir al máximo el riesgo de racionamiento" y dejar una ruta de prevención con responsables y fechas, y en ese sentido sentenció que el país no puede volver a llegar desprevenido y sin un plan a un fenómeno que ya estaba anunciado."Menos agua en los embalses y más presión sobre la generación. Eso no es mala suerte, es falta de preparación, porque ya sabíamos que esto iba a pasar", dijo el jefe de Estado tras criticar, por falta de previsión, al Ejecutivo de su antecesor Gustavo Petro (2022-2026).Colombia confirmó oficialmente el pasado 8 de octubre la llegada del fenómeno de El Niño, que podría prolongarse hasta mediados de 2027 y reducir las lluvias, especialmente en las regiones Andina, Pacífica y Caribe."Hoy se cumplen las condiciones técnicas para declarar oficialmente la entrada del fenómeno de El Niño en Colombia", afirmó entonces el director del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), Andrés Herkrath Sanclemente, quien advirtió de que se trata de un evento de intensidad fuerte a muy fuerte.Herkrath señaló que existe un 83 % de probabilidad de que El Niño se mantenga al menos hasta marzo de 2027 y explicó que, aunque el fenómeno no supone la ausencia de lluvias, se esperan precipitaciones inferiores a las habituales durante octubre y noviembre, con un mayor déficit en diciembre.
Una persona murió y otras resultaron heridas durante un incidente registrado este lunes 12 de octubre en el parque de diversiones Six Flags Over Georgia, ubicado en las afueras de Atlanta, Estados Unidos. Las autoridades investigan lo ocurrido para establecer las circunstancias del suceso y determinar qué provocó la muerte del visitante.El hecho se presentó en una de las atracciones del parque, situado a unos 24 kilómetros al noroeste de Atlanta. Tras conocerse la emergencia, detectives de la unidad de delitos graves del departamento de Policía asumieron la investigación.Por ahora, las autoridades no han entregado detalles concluyentes sobre cómo ocurrió el incidente ni han explicado las causas del fallecimiento. Sin embargo, medios locales reportaron que cuatro personas sufrieron heridas durante el episodio.¿Qué pasó en la montaña rusa de Six Flags?Las primeras versiones apuntan a que la montaña rusa Goliath se habría detenido a mitad de su recorrido. No obstante, esta información no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades ni por los responsables del parque.Imágenes aéreas difundidas en redes sociales mostraron momentos de la evacuación de algunos pasajeros que se encontraban en la atracción después de la emergencia. Las circunstancias en las que se produjo la interrupción del recorrido y la relación de este hecho con las lesiones reportadas continúan bajo investigación.Goliath es una de las atracciones de mayor tamaño de Six Flags Over Georgia. Fue inaugurada en 2006 y alcanza aproximadamente 60 metros de altura. Sus vagones pueden llegar a una velocidad de 112 kilómetros por hora, características que la convierten en una de las montañas rusas más destacadas del parque.Luego de lo ocurrido, un portavoz de Six Flags expresó su pesar por lo sucedido y manifestó su solidaridad con los allegados de la persona fallecida.“Lamentamos profundamente el incidente ocurrido hoy con un huésped en nuestro parque”, señaló el representante de la compañía en declaraciones recogidas por Associated Press (AP).El parque también transmitió sus condolencias a la familia, los amigos y los seres queridos de la víctima, en medio de las investigaciones para esclarecer los hechos.Hasta el momento, no se han divulgado oficialmente las identidades de las personas involucradas ni se ha establecido qué originó la emergencia. Se espera que las autoridades entreguen nueva información a medida que avance la investigación.