La defensora del pueblo de Colombia, Iris Marín, formuló un vehemente llamado al Gobierno Nacional y a las Fuerzas Militares para que se adopten protocolos estrictos de protección a los menores de edad en el marco de las operaciones de la fuerza pública, especialmente durante los bombardeos contra grupos al margen de la ley. En diálogo con Mañanas Blu, Marín insistió en que, aunque el Estado tiene la legitimidad y la responsabilidad de recuperar el control del territorio, es urgente priorizar la vida de los niños reclutados forzosamente, quienes ostentan la calidad de víctimas antes que la de combatientes.El dilema de los bombardeos y el llamado a la precauciónLa jefa del órgano defensorial enfatizó que "los niños y niñas reclutados no dejan de ser víctimas de un crimen y eso implica para el Estado pues asumir unos protocolos de protección de estos menores de edad". En este sentido, aclaró que la entidad no busca impedir las acciones legítimas ni las tácticas de las Fuerzas Armadas, sino reducir los riesgos para la infancia. "Nuestro llamado no es tanto a decir cesen los bombardeos, sino que se extremen las precauciones", precisó Marín.Para la funcionaria, "no se puede presumir que los menores de edad están en funciones continuas de combate dentro de los grupos". Por lo tanto, instó al Estado a implementar medidas preventivas efectivas, lo cual implica "adoptar protocolos muy serios para identificar previamente que si hay menores de edad entre las filas del objetivo que se va a bombardear y en ese caso buscar otras alternativas".Específicamente, señaló la existencia de zonas críticas como el Guaviare, donde es previsible encontrar menores de edad en las filas que pretenden huir o permanecen secuestrados. Marín advirtió sobre la gravedad de que "este ciclo de abandono estructural y desprotección de estos menores de edad que terminan en los grupos no termine con un bombardeo de parte de la fuerza pública", señalando que este desenlace le resta legitimidad al Estado.El preocupante subregistro del reclutamiento y el incumplimiento de acuerdosLa Defensoría del Pueblo reporta que desde el año 2024 se tiene el registro de 1.173 menores de edad reclutados en el país. Aunque en las estadísticas oficiales de la entidad se observa una disminución nominal de casos recientes, Marín aclaró que esta tendencia no refleja la realidad del conflicto. "Estamos convencidos de que esto no refleja una dinámica de disminución de la práctica, sino al contrario de un aumento del subregistro debido al temor de las familias, de no saber a dónde acudir, de la naturalización también del reclutamiento", explicó.Entre los grupos responsables del reclutamiento, Marín ubicó en primer lugar a las disidencias de las Farc, empezando por la línea comandada por alias 'Mordisco' (Estado Mayor Central), seguidas por las disidencias de alias 'Calarcá' y otras facciones sin identificar. En menor medida pero con alta gravedad, mencionó al ELN, los Conquistadores de la Sierra y el Clan del Golfo. Sobre este último, advirtió que utiliza dinámicas más invisibles de instrumentación, manteniendo a los menores en sus hogares realizando labores para la organización.Finalmente, la Defensora criticó el "negacionismo" de los grupos armados y denunció que los compromisos adquiridos en mesas de diálogo previas han sido sistemáticamente ignorados. "No hubo cumplimiento de esos acuerdos", sentenció, revelando que el Clan del Golfo negó falsamente la presencia de menores en sus filas cuando en realidad la Defensoría identificó centros de entrenamiento en Córdoba y otras regiones del país.Alertas tempranas activas en la zona de fronteraLa defensora Marín también se pronunció sobre el reciente atentado terrorista perpetrado en el municipio de Los Patios, en Norte de Santander, dirigido contra una estación de policía, el cual cobró la vida de una persona y dejó varios heridos, entre ellos un policía mutilado.Al respecto, la funcionaria recordó que Los Patios se encuentra cobijado por una alerta activa emitida en 2024 para la zona metropolitana de Cúcuta y Villa del Rosario, cuyo seguimiento de agosto evidenció un empeoramiento sistemático de las condiciones de seguridad. La confluencia de bandas como la AK47, el Tren de Aragua, el Clan del Golfo, el ELN y el Frente 33 de las disidencias genera disputas territoriales constantes por economías ilícitas como el narcotráfico y la trata de mujeres migrantes, vulnerando gravemente a la población civil en la frontera.Escuche aquí la entrevista:
La defensora del Pueblo, Iris Marín, hizo un llamado al respeto por las instituciones, a valorar las diferencias y a rechazar cualquier forma de violencia y estigmatización, en el marco de la conmemoración de los 35 años de la Constitución Política de 1991.La funcionaria destacó que la Carta Magna ha sido fundamental para ampliar derechos, reconocer la diversidad del país y ofrecer herramientas institucionales para enfrentar los conflictos y las desigualdades."En un momento en el que el país requiere más consenso, respeto por la diferencia y confianza en las instituciones, reafirmamos que la Constitución sigue siendo un marco común que protege a todas las personas, sin distinción, y orienta la actuación de las autoridades públicas", afirmó Marín.La defensora señaló que proteger la Constitución significa defender la convivencia, el pluralismo, la separación de poderes y las garantías para quienes tienen opiniones diferentes. También resaltó que este marco constitucional ha permitido fortalecer la protección de los derechos humanos, ampliar la participación ciudadana y avanzar en el reconocimiento de comunidades históricamente excluidas.Marín insistió en que los principios de la Constitución deben reflejarse en la vida diaria de los ciudadanos, mediante un mejor acceso a la salud, la educación y la justicia, así como en la protección de líderes sociales, la libertad de prensa y las garantías para la protesta pacífica."La Constitución del 91 también nos recuerda que los cambios sociales más sólidos y duraderos son aquellos que se construyen desde el respeto por los derechos, el diálogo democrático y el fortalecimiento institucional", concluyó.Finalmente, invitó a los colombianos a cuidar este acuerdo democrático y a seguir construyendo un país donde el diálogo y el respeto por la diferencia sean la base para resolver los conflictos.
La defensora del Pueblo, Iris Marín, cuestionó la presunta participación en política del presidente Gustavo Petro, insistiendo en que es un comportamiento que no debería replicar ni él ni los otros funcionarios de su Gobierno.“Mientras llegan las autoridades competentes y toman una decisión, ya habrán pasado las elecciones. Es un llamado al presidente de la República y a todo el Gobierno a que se abstengan de emitir declaraciones que favorezcan al candidato del partido de Gobierno”, dijo Marín.Las declaraciones fueron entregadas durante la Comisión de Seguimiento Electoral adelantada en Cartagena, donde la defensora detalló los cuatro riesgos que persisten de cara a la primera vuelta presidencial. La preocupación, insiste, está en algunos municipios donde ha empeorado la situación.“La interferencia de grupos armados, infortunadamente, ha venido empeorando la situación de riesgo en varios municipios del país. Segundo, la conducta de las propias candidaturas: alertamos sobre el comportamiento ofensivo, la difusión de información falsa, el lenguaje discriminatorio y piezas de campaña que realmente tienen información que no es veraz y que estamos pidiendo que se corrija y que puede afectar el derecho al voto libre e informado de las personas”, explicó Marín.Por su parte, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, reiteró que mantienen los esquemas de seguridad y el despliegue de la Fuerza Pública para mitigar cualquier riesgo en materia de orden público.“Todas las capacidades, aeronaves, helicópteros, equipos antidrones, Fuerza Pública, hombres y mujeres están desplegados en 32 sitios. Hemos focalizado donde podría haber actos violentos y en 38 municipios donde podría haber una gran amenaza de actos no violentos. Se han priorizado Cauca, Catatumbo, Bajo Cauca antioqueño y una región en el Tolima”, contó Sánchez.
La Defensora del Pueblo, Iris Marin, lanzó una alerta sobre el deterioro del debate democrático en medio del actual proceso electoral, tras evidenciar múltiples manifestaciones de violencia política que afectan directamente a candidatos y al ejercicio de los derechos ciudadanos.“El proceso electoral enfrenta un deterioro del debate democrático marcado por violencias digitales, estigmatización y discursos de odio que ponen en riesgo la vida, la participación política y la calidad de la democracia. Si bien no todos los hechos de preocupación provienen de las campañas, prevenirlos es una responsabilidad compartida y urgente”, explicó la defensora.Dentro del seguimiento realizado entre el 13 de marzo y el 15 de abril, la entidad documentó casos concretos que reflejan este panorama.“Identificamos, por ejemplo, que Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo, Claudia López, Aida Quilcué y Sandra McCollins suelen sufrir agresiones de violencia contra las mujeres en política, o violencias por prejuicio, estigmatización y difamación. Iván Cepeda y Aida Quilcué sufren con alta recurrencia, estigmatización y difamación. A Luis Gilberto Murillo y Aida Quilcué se refieren con afirmaciones racistas. En contra de Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo se evidencian situaciones de difamación. La campaña de Sergio Fajardo recibe también un lenguaje ofensivo”, detalló.El análisis también advierte que estas violencias no afectan a todas las candidaturas por igual, sino que reproducen desigualdades estructurales.En particular, se registra una alta recurrencia de ataques contra mujeres en política, “basados en estereotipos de género, sexualización y descalificaciones personales, así como agresiones por prejuicio hacia personas con orientaciones sexuales diversas y manifestaciones de racismo contra candidaturas afrodescendientes e indígenas”.A esto se suman hechos como amenazas de muerte, afectaciones a sedes políticas y presencia de actores armados en eventos públicos. La Defensoría alertó que muchas de estas agresiones son amplificadas en entornos digitales, lo que incrementa el riesgo de escalamiento hacia formas más graves de violencia.A este panorama se suma la desinformación mediante señalamientos que asocian a candidaturas con ilegalidad, criminalidad, actores armados. Estas dinámicas se presentan en contextos atravesados por el conflicto armado y la criminalidad organizada.La defensora subrayó que este panorama está generando ambientes de miedo, autocensura y hostilidad que afectan la deliberación democrática y pueden limitar, en la práctica, el derecho de la ciudadanía a elegir libremente. Además, advirtió sobre el impacto en los jóvenes, quienes están expuestos a estos contenidos en entornos digitales, lo que puede afectar su confianza en las instituciones y su participación política.Frente a este escenario, la entidad hizo un llamado a las instituciones a reforzar sus acciones, especialmente a la Fiscalía, el Ministerio del Interior y la Unidad Nacional de Protección, así como a los medios de comunicación plataformas digitales para actuar con mayor diligencia.“A los movimientos políticos y las campañas, rechazar de forma expresa y no selectiva estos hechos. A los medios de comunicación y actores con influencia en la opinión pública, no amplificar estas prácticas”.
A través de su cuenta de X, la funcionaria advirtió sobre combates entre el ELN y las disidencias de las Farc, específicamente el Frente 33, en la zona de Filo Gringo, en el municipio de El Tarra, Norte de Santander.En su mensaje, fue enfática en calificar estos hechos como crímenes y reiteró el llamado a garantizar los derechos de la población civil. “Lo diremos una y mil veces, hasta que escuchen: son crímenes y la gente del Catatumbo tiene derecho a la paz, una paz que se construya mirando a la gente y sus derechos”, señaló.Este pronunciamiento se da luego de un nuevo hecho de violencia registrado el pasado 6 de abril en la vereda Cuatro Esquinas, donde, según informó la Personería Municipal, fueron lanzados artefactos explosivos mediante drones, dejando como saldo al menos dos civiles gravemente heridos.En un comunicado a la opinión pública, la Personería expresó su preocupación por la reiteración de estos hechos en zonas rurales del corregimiento de Filo Gringo y rechazó que la población civil continúe siendo la principal afectada en medio del conflicto.“La Personería Municipal rechaza de manera contundente estos actos de violencia y condena enérgicamente que la población civil continúe siendo la principal afectada en el marco de este conflicto”, señalaron. Asimismo, hizo un llamado urgente a los grupos armados para que respeten el Derecho Internacional Humanitario y se abstengan de realizar acciones en zonas habitadas, recordando la obligación de proteger a quienes no participan directamente en las hostilidades."Resulta inaceptable que comunidades campesinas, familias, niños, niñas y adultos mayores se vean expuestos a este tipo de acciones que atentan contra su dignidad y bienestar”, concluyeron.
La defensora del Pueblo, Iris Marín, participó en el panel ‘¿Quiénes somos? Narrativas de país desde lo cotidiano’, un espacio que hizo parte del foro ‘Para la polarización, la conversación’.Este encuentro busca hablar sobre la necesidad de crear espacios para conversar sobre temas que a veces dividen, pero que también son necesarios para buscar soluciones.En este contexto, Marín aseguró que el país no está tan polarizado o dividido como a veces parece.“Bueno, me parece que el ejercicio es realmente muy ilustrativo, además de muy bonito, muy inspirador, es muy ilustrativo de que en Colombia no estamos tan divididos como creemos, tenemos muchas cosas en común y nuestra diferencia, que va a permanecer siempre, afortunadamente, es nuestra riqueza y no es una amenaza”, dijo Marín.En este foro también estuvo el embajador del Reino Unido en Colombia, quien asegura que nuestro país es mucho mejor ahora que hace algunos años.“Básicamente estamos operando desde 2016 en un contexto mucho más normal. La polarización en Colombia ahora parece más a la polarización en Chile, por ejemplo, que no era el caso hace 10 años y absolutamente hace 20 años. Entonces algo ha cambiado y es un segundo punto positivo, y eso no es negar que hay polarización y eso no es negar que hay problemas, por supuesto, en este país, pero creo que el punto de salida en términos de orgullo nacional es positivo y este país es un país distinto al país de hace 10 o 20 años”, señaló George Hodgson, embajador del Reino Unido en Colombia.
A pocos días de las elecciones parlamentarias, la defensora del Pueblo, Iris Marín, envió un mensaje de calma al país en medio de las advertencias sobre presuntos riesgos de fraude electoral. En entrevista con Néstor Morales en Mañanas Blu, la funcionaria fue enfática: “No vemos en este momento ningún riesgo muy específico que pueda generar esta alarma”, aunque reconoció un panorama complejo en materia de orden público en varias regiones.La declaración se produce en un contexto de creciente tensión política, tras los señalamientos del presidente Gustavo Petro sobre posibles irregularidades en el proceso electoral. Frente a ello, Marín sostuvo que es válido plantear inquietudes, pero pidió prudencia en la forma de hacerlo. Más de 670 municipios bajo algún nivel de riesgo electoralLa Defensoría del Pueblo actualizó su mapa de alertas tempranas y advirtió un deterioro en las condiciones de seguridad desde octubre pasado. Según explicó Marín, el país fue clasificado en cinco niveles de atención: “cuidados intensivos, urgencias, cita prioritaria, permanente y ordinario”, como una forma pedagógica de describir la gravedad de los riesgos.“Pasamos de 62 municipios a 69 que requieren acción inmediata; de 162 a 168 que requieren acción urgente; y de 425 a 433 que requieren acción prioritaria”, detalló. En total, cerca de 670 municipios presentan algún tipo de riesgo que podría afectar el desarrollo normal de las elecciones parlamentarias.Las zonas más críticas se concentran en regiones históricamente golpeadas por el conflicto armado, como el Cauca, Caquetá, Catatumbo, Guaviare, el sur de Bolívar y algunos municipios de Antioquia. Allí, explicó la defensora, persisten dinámicas de “gobernanza armada” que interfieren con el libre ejercicio de la actividad política.Grupos armados y presiones a candidaturasUno de los puntos más sensibles abordados en la entrevista fue la presunta injerencia de grupos armados ilegales en la campaña electoral. De acuerdo con la Defensoría, tanto el Clan del Golfo como el ELN y las disidencias de las FARC estarían ejerciendo presiones en distintos territorios.Marín aclaró que la finalidad principal de estas estructuras no es ideológica, sino territorial. “Lo que buscan es mantener control territorial y poblacional. No indica necesariamente una posición ideológica, sino presiones para mantener ese control”, señaló.No obstante, reconoció que en algunos casos se evidencian afectaciones específicas. En Montes de María, por ejemplo, “el Clan del Golfo ha hecho hostigamientos especialmente a movimientos alternativos, movimientos de izquierda o candidaturas de origen campesino comunitario”. En el Cauca, en contraste, se han instalado vallas atribuidas a disidencias de las FARC en contra de candidatos del Centro Democrático.La defensora insistió en que no existen elementos para afirmar que determinadas candidaturas estén colaborando con grupos ilegales. “No podemos hacer afirmaciones categóricas sobre cuál es el interés sobre cierto candidato. Tampoco queremos incurrir en estigmatización”, puntualizó.Inscripción anómala de cédulas y riesgo en zonas minadasOtro foco de alerta es la inscripción masiva y anómala de cédulas en municipios con presencia armada. Marín citó el caso de Cartagena del Chairá, en Caquetá, donde en pocos días se registraron más de 1.300 inscripciones en un solo puesto de votación.“Hemos notado, como lo ha indicado también la MOE, una inscripción de cédulas anómala en ciertos municipios del país donde hay presencia de grupos armados que podrían estar interfiriendo con esa finalidad para lograr el apoyo de ciertos candidatos”, explicó.En el Catatumbo, además, la situación se agrava por la confrontación entre el ELN y el frente 33 de las disidencias de las FARC. “Se minan muchos caminos cerca de escuelas. Esos caminos minados son caminos minados también para centros electorales”, advirtió. Allí, según relató, las campañas deben incluso pedir autorización para realizar actividades proselitistas.El riesgo, dijo, es que el día de las elecciones se impida la instalación de mesas o se condicione el voto. “Son zonas completamente controladas, o que van a dejar que se pongan las mesas pero para que se vote por los candidatos de su conveniencia”, alertó.Llamado a la calma frente a denuncias de fraude electoralPese a este complejo panorama en materia de seguridad, la defensora fue categórica al descartar evidencias de fraude electoral estructural. “No vemos sombra de fraude por ningún lado”, sostuvo, al tiempo que destacó la actuación de la Registraduría Nacional.“Lo que hemos visto es a la Registraduría muy atenta, muy transparente con este tipo de situaciones”, afirmó. En ese sentido, consideró que las quejas deben tramitarse por los canales institucionales, sin generar desconfianza generalizada.“Hay que hacer en este momento un llamado a la calma. La forma como se presentan las observaciones y las preocupaciones no debe generar una duda o una incertidumbre generalizada sobre el proceso electoral”, enfatizó.Marín recordó que, en el pasado, cuando se han presentado irregularidades en el conteo o inconsistencias puntuales, “los organismos de control y las autoridades de justicia lo han resuelto”. Por ello, reiteró que el camino es fortalecer la institucionalidad y no debilitarla con sospechas infundadas.
La defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, le pidió a la Corte Constitucional declarar inconstitucional el Decreto 1390 de 2025, mediante el cual el Gobierno declaró el estado de emergencia económica y social en todo el país.No obstante, solicitó que la Corte “declare la inconstitucionalidad del Decreto 1390 de 2025, modulando sus efectos para que sean diferidos únicamente en lo que respecta a la vigencia de las medidas destinadas a conjurar la crisis en el sector salud”.En un documento enviado al magistrado Carlos Camargo Assis, la defensora examinó tres de las causas que el Gobierno presentó como fundamento de la emergencia: el cumplimiento de órdenes judiciales relacionadas con la Unidad de Pago por Capitación (UPC) y la financiación del sistema de salud; el deterioro de la seguridad territorial y los riesgos para líderes sociales, defensores de derechos humanos y candidatos electorales; y el atraso en el pago de indemnizaciones a víctimas del conflicto armado.Crisis en salud y financiación de la UPCEn materia de salud, la Defensoría recuerda que desde 2016 se estableció como estándar mínimo que la UPC del régimen subsidiado no sea inferior al 95 % de la del régimen contributivo. La persistencia en los incumplimientos ha generado incluso incidentes de desacato.Según cifras recopiladas por la entidad, en 2025 la Adres destinó $88,4 billones a la UPC, lo que representa el 88 % de los recursos del sistema. Para 2026 se proyectan $101 billones, un incremento del 14,3 %.“No obstante, las EPS reportaron una siniestralidad del 109,5 %, que implicó un déficit presupuestal estimado de $5,95 billones, sin incluir los $5,2 billones adicionales correspondientes a gastos administrativos”, señala el documento.La Defensoría advierte que “la evidencia disponible indica que el ajuste proyectado de la UPC para 2026 corrige solo parcialmente el problema, pues subsisten déficits estructurales acumulados de vigencias anteriores. De hecho, el requerimiento fiscal de 3,3 billones que indica el Gobierno en el Decreto 1390 puede incrementarse si se consideran las deudas acumuladas del sistema, estimadas entre $10 y $30 billones, respecto de las cuales no existe consenso”.La entidad también señala que el desfinanciamiento ha impactado directamente el acceso a medicamentos y servicios. “En definitiva, el panorama descrito permite concluir que la desfinanciación de la UPC configura una situación de gravedad e inminencia que exige una respuesta urgente del Estado orientada a asegurar la búsqueda de fuentes adicionales de recursos que facilite la estabilidad de los pagos en la cadena de atención y la protección efectiva de las personas, especialmente las más vulnerables”.Las cifras respaldan esa advertencia. Las quejas por fallas en la prestación del servicio aumentaron 78 % entre 2023 y 2025. Solo en 2025 se registraron más de 46.000 reclamaciones. También crecieron las tutelas y los reclamos ante la Superintendencia de Salud, con cerca de 685.000 quejas por medicamentos. Además, el gasto de bolsillo de los hogares alcanzó su nivel más alto en años, llegando en algunos departamentos hasta el 30 % de los ingresos familiares.Sin embargo, pese a reconocer la gravedad de la situación, la Defensoría argumentó que “ninguna de estas causas cumple el presupuesto fáctico de sobreviniencia” y que el Gobierno “no demostró la insuficiencia de los mecanismos ordinarios”, entre ellos la “reasignación del presupuesto flexible” y las “operaciones de crédito público”.Seguridad y orden públicoEl segundo argumento del Gobierno fue el deterioro del orden público, los ataques con drones en departamentos como Cauca, Cesar y Norte de Santander, y el aumento del riesgo para líderes sociales y candidatos en el contexto electoral.La Defensoría señala que solo en 2025 se documentaron 177 homicidios de personas defensoras de derechos humanos. También aumentaron las amenazas contra actores políticos.Sin embargo, la entidad sostiene que la violencia contra líderes sociales ha sido advertida durante años a través del Sistema de Alertas Tempranas. Incluso el uso de drones con explosivos ya había sido documentado antes de la declaratoria de emergencia.“Si bien los riesgos para la población líder y defensora de derechos humanos, así como para los y las candidatas son graves, el Decreto no identifica un riesgo efectivo capaz de materializarse en un daño concreto e inminente”.Además, recuerda que el Congreso ya había aprobado aumentos presupuestales para el sector defensa y para la Unidad Nacional de Protección.Reparación a víctimasEl tercer punto analizado fue el atraso en el pago de indemnizaciones a víctimas del desplazamiento forzado.Según el documento, “el gobierno había pagado indemnizaciones a un total de 1.769.413 víctimas”, cifra que “corresponde únicamente al 19% de las 9.226.775 personas susceptibles de recibir la medida”.Pero la Defensoría insiste en que tampoco se trata de un problema reciente. Desde la expedición de la Ley de Víctimas en 2011 se advertía que la financiación sería insuficiente frente al universo real de afectados.“En 2022, la entonces directora de la Unidad para las Víctimas indicó que, de no adoptar medidas adicionales, tardaríamos más de 60 años en reparar a todas las víctimas registradas hasta ese momento.32 Esto evidencia que el problema de los pagos atrasados por concepto de reparación no es nuevo y que obedece a un problema estructural advertido por el gobierno desde tiempo atrás”.Inconstitucionalidad con efectos diferidosCon base en todo este análisis, la Defensoría concluye que el Decreto es inconstitucional porque no se cumplieron los requisitos para declarar un estado de excepción.No obstante, hace una precisión clave sobre la salud. Advierte que “la falta de liquidez financiera en el sistema de salud demanda medidas inmediatas y certeras para conjurar el progresivo agravamiento de los problemas de acceso equitativo a medicamentos, tratamientos y procedimientos incluidos en el PBS”. Y agrega que “ante la duda, la solución debe contemplar todas las medidas posibles para conjurar la extensión de la crisis”.Por eso insiste en que la Corte declare la inconstitucionalidad, pero con efectos diferidos en lo relacionado con las medidas tributarias.“Declarar la inconstitucionalidad del Decreto 1390 de 2025, modulando sus efectos para que sean diferidos únicamente en lo que respecta a la vigencia de las medidas destinadas a conjurar la crisis en el sector salud”, y “preservar las medidas tributarias adoptadas en el Decreto 1474 de 2025 por el término de la vigencia fiscal de 2026”, con destinación específica al sistema de salud.También pide que la Procuraduría, la Contraloría y la Sala Especial de Seguimiento ejerzan vigilancia estricta sobre esos recursos, y exhorta al Gobierno y al Congreso a tramitar una ley de financiamiento que estabilice estructuralmente el sistema.
La defensora del Pueblo, Iris Marín, le acaba de ganar otro pulso al ministro del interior Armando Benedetti, esto luego de que la Procuraduría decidiera no abrir investigación disciplinaria contra la defensora del Pueblo tras una queja de Benedetti, quien la acusó de presunta calumnia e injuria por declaraciones públicas en su contra.Armando Benedetti sostuvo que la defensora habría vulnerado su buen nombre y honra al referirse, en entrevistas y declaraciones a medios de comunicación, a acusaciones de violencia de género y corrupción que lo han rodeado en los últimos años.Fue allí cuando la defensora del pueblo cuestionó la designación de Benedetti como ministro del Interior, al advertir que existían señalamientos serios de violencia contra la mujer y procesos judiciales en curso.Sin embargo, tras analizar el caso, la Procuraduría concluyó que las expresiones de la defensora no constituyen imputaciones falsas ni deshonrosas, sino opiniones sustentadas en hechos de conocimiento público, y que se enmarcaron en el ejercicio legítimo de la libertad de expresión.Señaló también el Ministerio Público que los servidores públicos están sujetos a un mayor escrutinio social y mediático. En meses pasados la Fiscalía archivó una denuncia que entabló Benedetti contra Marín por estos mismos hechos.
La defensora del Pueblo, Iris Marín, denunció que el Ministerio de Hacienda no ha girado los recursos para el pago de los honorarios de 5.160 contratistas. Marín argumenta que estos recursos ya estaban asignados en la ley de presupuesto y estaban comprometidos a través de los contratos de prestación de servicio suscritos y cumplidos por los contratistas.La defensora también argumentó que agotaron todas las posibilidades que estuvieron a su alcance para lograr que la cartera pusiera los recursos para el pago de los honorarios de todos sus contratistas, incluyendo a más de 4.200 defensores y defensoras públicas.Marin aseguró que la Defensa Pública es parte integral del sistema de justicia de Colombia, permitiendo el acceso a la justicia a quienes no tienen medios para pagar su representación judicial y que cada defensor público, lleva más procesos de los que es razonable.La defensora también compartió que el monto del presupuesto incluido en el proyecto de ley de presupuesto de 2026 para la Defensoría del Pueblo es inferior al del 2025, teniendo en cuenta que fue definido en total unanimidad por el Ministerio de Hacienda.Adicionalmente, afirmó que en el debate del Congreso, el monto se redujo aún más porque “algunos de los congresistas que no apoyaron la proposición para subir el presupuesto asignado a nuestra institución sostuvieron que el Congreso no podría aprobarla sin previo aval de MinHacienda. Dicho aval nunca llegó”.
Una polémica se desató en Barrancabermeja, Santander, luego de que el alcalde Jonathan Vásquez anunciara en su cuenta de X la aprehensión de un adolescente conocido como alias ‘Rambo’ y lo señalara como presunto implicado en el asesinato de Karely Merlano, cuidadora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). La madre del joven cuestionó públicamente esa versión y aseguró que su hijo no estaba en el puerto petrolero cuando ocurrió el homicidio.El mandatario en el mismo mensaje indicó que contra el adolescente existía una orden de aprehensión vigente y que también estaría relacionado con otros hechos delictivos.Sin embargo, la madre del joven, Yoselin Molina, entregó una versión diferente en una entrevista realizada por el periodista independiente Juan Carlos Quiroga, difundida en su perfil de Facebook. Según relató, su hijo, quien tenía 17 años para la época, permanecía en un centro de atención de Hogares Claret, en Bucaramanga, desde el 16 de enero.Molina sostuvo que las fechas no coinciden con la posibilidad de que el adolescente hubiera participado en el homicidio, ocurrido el 10 de abril. Aseguró que dos jóvenes que sí habrían participado en los hechos se encontraban en Barrancabermeja y que ella recogió a su hijo el 13 de mayo, cuando salió del centro.“Decirle al alcalde que no sé por qué está dando un falso positivo. Él está capturado, aún no tiene nada que ver y yo tengo pruebas. La verdad, que se haga justicia y no tiene nada que ver en este caso”, manifestó la mujer durante la entrevista.La controversia plantea interrogantes sobre la información que llevó al alcalde a vincular públicamente al adolescente con el asesinato de Karely Merlano y sobre las pruebas que sustentarían esa presunta participación.Ninguna de estas versiones ha sido afirmada ni negada por la Policía de Barrancabermeja; sin embargo mientras en la cuenta X del alcalde permanece la publicación, en su red de Facebook la borró luego de generar polémica en el puerto petrolero.La entrevista completa fue publicada por el periodista independiente Juan Carlos Quiroga en Facebook: https://www.facebook.com/share/v/19R1KtsPAk/
La iniciativa Entrepreneurship for Impact ofrecerá formación, mentorías y la posibilidad de competir por recursos para impulsar proyectos de emprendimiento. La convocatoria estará abierta hasta el 15 de octubre.La Embajada de Estados Unidos en Colombia y la red de centros Colombo Americano lanzaron una convocatoria dirigida a jóvenes emprendedores que tengan proyectos en desarrollo y busquen fortalecer sus iniciativas mediante formación especializada, acompañamiento y conexiones con el ecosistema empresarial.El programa, denominado Entrepreneurship for Impact (E4I), busca impulsar ideas de negocio con potencial de generar empleo y aportar al desarrollo de las comunidades. Así lo explicó Annika Betancourt, portavoz de la Embajada de Estados Unidos en Colombia, durante una entrevista en El Radar de Blu Radio, en la que estuvo acompañada por Sebastián Giraldo, subdirector de Innovación y Servicios Educativos del Centro Colombo Americano.“Emprendedores y jóvenes en Colombia son clave para este esfuerzo”, señaló Betancourt al referirse a la importancia de promover el crecimiento económico y la prosperidad compartida entre ambos países.La funcionaria agregó que la iniciativa pretende que jóvenes de distintas regiones tengan la oportunidad de convertir sus ideas en proyectos empresariales. “Que tengan oportunidad de hacer sus ideas en empresas y crear empleos, crear valor en sus propias comunidades”, afirmó.¿Quiénes pueden participar en la convocatoria?De acuerdo con Sebastián Giraldo, el programa está dirigido a equipos de entre dos y cuatro personas y busca seleccionar a 45 grupos de emprendedores de diferentes regiones del país, mediante la participación de ocho centros Colombo Americano.Para postularse, los equipos deben cumplir con los siguientes requisitos:Tener integrantes con edades entre los 18 y los 30 años.Contar con al menos una persona que sea estudiante o egresada de alguno de los centros Colombo Americano participantes.Tener al menos un integrante que curse estudios de pregrado o posgrado en una institución universitaria.Presentar una iniciativa de emprendimiento que ya se encuentre en desarrollo.Giraldo aclaró que no es necesario tener una empresa constituida para participar. El propósito es acompañar proyectos que ya hayan comenzado a tomar forma y que necesiten herramientas para consolidarse.“Estamos buscando personas que cuenten con una iniciativa que ya esté en desarrollo y que quieran recibir este apoyo de emprendimiento para poder fortalecer sus proyectos y fortalecer el impacto que pueden generar en nuestro país”, explicó el subdirector.¿Qué beneficios ofrece el programa Entrepreneurship for Impact?Uno de los principales atractivos de la convocatoria es que el proceso de incubación será financiado en su totalidad. Los participantes seleccionados recibirán 24 horas de formación en temas relacionados con el desarrollo de modelos de negocio, la estructuración financiera y la preparación de presentaciones para posibles inversionistas.Además, tendrán acceso a mentorías individualizadas para fortalecer sus propuestas y prepararse para presentar sus proyectos ante evaluadores.Según Giraldo, al finalizar esta etapa se realizará un concurso nacional en Bogotá, en el que los equipos participantes expondrán sus iniciativas. Los tres mejores recibirán recursos para invertir en sus emprendimientos.Los premios previstos son los siguientes:Primer lugar: $2'000.000 y una beca para estudiar inglés en el Centro Colombo Americano.Segundo lugar: $1'500.000.Tercer lugar: $1'000.000.Los recursos económicos se entregarán en especie, mediante apoyos destinados a los proyectos, y no como dinero de libre disposición.El equipo ganador, además, representará a la red de centros Colombo Americano en el Hult Prize, una competencia internacional de emprendimiento social. De acuerdo con lo explicado durante la entrevista, esta participación abrirá la posibilidad de avanzar en el certamen, cuyo premio global puede alcanzar un millón de dólares para impulsar un proyecto ganador.¿Cómo se elegirán los 45 equipos seleccionados?La selección estará a cargo de un comité de evaluación integrado por representantes de los centros Colombo Americano participantes. Este grupo revisará las postulaciones y verificará que los equipos cumplan con las condiciones establecidas.También se tendrá en cuenta que las iniciativas estén en una fase de desarrollo que permita aprovechar el proceso de incubación y que se relacionen con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).Este último criterio es relevante porque, según Giraldo, la convocatoria busca que las propuestas tengan características compatibles con los parámetros del Hult Prize y posibilidades de generar un impacto significativo.La intención, por tanto, no es limitarse a recibir ideas iniciales, sino identificar proyectos que puedan fortalecerse con asesoría, conocimientos especializados y herramientas para avanzar hacia su consolidación.¿Hasta cuándo hay plazo para inscribirse?La convocatoria estará abierta hasta el 15 de octubre de 2026. Los interesados pueden consultar los requisitos y completar el formulario de inscripción en el sitio web del Centro Colombo Americano de Bogotá, a través de la dirección: https://www.colombobogota.edu.co/convocatoria-e4iTambién pueden acercarse al centro Colombo Americano de su ciudad o región para solicitar información sobre el programa y el proceso de inscripción.Durante la entrevista, Betancourt destacó que los centros Colombo Americano son aliados estratégicos de la Embajada de Estados Unidos y que, además de ofrecer programas de formación en inglés, bibliotecas y actividades culturales, promueven espacios para el intercambio de conocimientos entre Colombia y Estados Unidos.La portavoz señaló que Entrepreneurship for Impact hace parte de una oferta más amplia de iniciativas respaldadas por la Embajada para fortalecer los vínculos entre ambos países.Con esta convocatoria, los organizadores buscan acercar a jóvenes emprendedores a herramientas de formación, mentoría y oportunidades de financiación que les permitan desarrollar sus proyectos y ampliar su impacto en las comunidades.
El presidente Abelardo de la Espriella ordenó una investigación exhaustiva a la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) tras las denuncias publicadas por la revista Semana, que señalan a la ex primera dama Verónica Alcocer de un presunto transporte de droga a Venezuela en una aeronave oficial.A través de un mensaje de su cuenta de X, el mandatario pidió esclarecer los hechos y determinar si hubo responsabilidades por parte de integrantes de la institución militar en el uso de aeronaves oficiales.“He ordenado al comandante de la Fuerza Aérea una investigación exhaustiva sobre los graves hechos denunciados por la revista SEMANA. Se debe esclarecer lo ocurrido y determinar las responsabilidades”, afirmó el presidente.De acuerdo con el mandatario, la Inspección General y los organismos de contrainteligencia de la Fuerza Aérea serán las encargadas de adelantar las investigaciones correspondientes sobre el personal actual y anterior de los equipos involucrados en CATAM.En su mensaje, De la Espriella advirtió que, si se comprueba la participación de integrantes de la Fuerza Aérea en los hechos denunciados, estos serán llamados a calificar servicios y deberán responder ante las autoridades competentes.“Si se comprueba que miembros de la Fuerza Aérea están implicados, serán llamados a calificar servicios de manera inmediata y deberán responder ante las autoridades competentes”, dijo. Además, solicitó a la Fiscalía General de la Nación, la Corte Suprema de Justicia y la Procuraduría que revisen la información publicada y adelanten las actuaciones que correspondan dentro de sus competencias.El presidente también pidió a las autoridades de Estados Unidos tomar nota de las denuncias.“Como presidente de la República, solicitó también a la Fiscalía General de la Nación, a la Corte Suprema de Justicia, a la Procuraduría y a las autoridades de Estados Unidos tomar atenta nota de la información periodística y adelantar, dentro de sus competencias, las investigaciones a que haya lugar”, concluyó.Cabe destacar que esta orden de investigación por parte del mandatario se produjo después de una publicación de Semana basada en una entrevista con Eva Ferrer, quien hizo señalamientos sobre presuntas actividades ilegales relacionadas con el entorno de la ex primera dama.Según la publicación, Ferrer afirmó que Verónica Alcocer habría transportado droga a Venezuela en un avión oficial. También sostuvo que en uno de esos desplazamientos se habrían traído 2,5 millones de dólares. La entrevista incluye, además, señalamientos sobre un supuesto tráfico de armas por parte de personas del entorno de Alcocer.
Los resultados de Paisita Noche son consultados por jugadores, especialmente en Antioquia, donde este chance tiene gran popularidad. El sorteo se transmite por Teleantioquia y cuenta con diferentes modalidades de apuesta.Resultado Paisita Noche hoy, sábado 10 de octubre de 2026El número ganador del chance Paisita Noche de este sábado 10 de octubre de 2026 es el (en minutos) ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.Número ganador: (en minutos)Dos últimas cifras: (en minutos)Tres últimas cifras: (en minutos)La quinta: (en minutos)Los participantes deben comparar el resultado oficial con los números registrados en sus tiquetes para verificar si obtuvieron algún premio.¿A qué hora juega Paisita Noche?Paisita Noche juega de lunes a sábado a las 6:00 p. m.. Los domingos y días festivos, el sorteo se realiza a las 8:00 p. m.. Los resultados se consultan después de la realización del sorteo.¿Cuánto cuesta jugar Paisita Noche?El valor de las apuestas depende de la modalidad seleccionada. Los jugadores pueden apostar desde $500 hasta $25.000, de acuerdo con las opciones disponibles.Modalidades de apuesta de Paisita NochePaisita Noche ofrece distintas alternativas para participar en cada sorteo. Los jugadores pueden elegir la cantidad de cifras y la forma en que desean realizar su apuesta:Cuatro cifras directo o superpleno: se apuesta por las cuatro cifras del número ganador.Cuatro cifras combinado: permite jugar las cuatro cifras en diferentes combinaciones.Tres cifras directo: se eligen las tres últimas cifras del número ganador.Tres cifras combinado: se apuesta por diferentes combinaciones de tres cifras.Dos cifras o pata: se juega con las dos últimas cifras.Una cifra o uña: se apuesta por una sola cifra del número ganador.La quinta balota amplía las posibilidades de ganarDesde 2025, Paisita Noche cuenta con una quinta cifra adicional que se suma al resultado principal. Esta opción puede representar una posibilidad adicional de premio cuando se cumplen las condiciones establecidas para la apuesta.¿Cómo reclamar un premio de Paisita Noche?Los ganadores deben presentar los documentos exigidos para solicitar el pago. Los requisitos adicionales dependen del valor del premio:Tiquete original, sin alteraciones.Documento de identidad original.Copia legible del documento de identidad.Para premios entre 48 y 181 UVT: también se debe diligenciar el formulario SIPLAFT en el punto de venta.Para premios superiores a 182 UVT:Se requiere un certificado bancario con una vigencia máxima de 30 días, a nombre del titular del tiquete.Premios superiores a 182 UVT: Se pagan mediante transferencia bancaria, proceso que puede tardar aproximadamente ocho días hábiles.
La Institución Educativa Centro Social de Yopal, en Casanare, busca una solución definitiva a un problema que enfrenta desde hace más de 12 años: no tener una sede propia y depender de espacios alquilados para desarrollar sus actividades académicas.Sus representantes expusieron esta situación al Congreso de la República para solicitar el respaldo de los legisladores y llamar la atención sobre los recursos públicos del municipio que se destinan al pago de los arrendamientos. Se trata de una situación que se debe resolver a nivel local.Según David Vega, personero de la institución, el municipio de Yopal destina más de $660 millones anuales al pago de estos espacios, una situación que, asegura, se ha mantenido durante más de una década.Además, agregó que el problema se remonta a 2014, cuando los predios donde funcionaban las sedes de primaria y secundaria fueron entregados a la Diócesis y a las Hermanas de la Presentación. A partir de ese momento, la institución tuvo que empezar a pagar arriendo.Según la denuncia, posteriormente se asignó un terreno para construir una sede propia y, de acuerdo con sus representantes, el proyecto llegó a contar con licencia de construcción y recursos previstos para su ejecución.Sin embargo, el proceso no avanzó durante la administración municipal de 2020 a 2023. Actualmente, la situación del predio está en discusión ante el Tribunal Administrativo de Casanare, donde se espera una decisión sobre la validez del acuerdo mediante el cual fue entregado.“Es el momento de que alguien nos dé una respuesta clara, y necesitamos que ustedes, senadores que nos escucharon en la intervención, congresistas y representantes a la Cámara, se interesen realmente por la educación de Colombia y, en este caso, del Centro Social, porque este es un colegio que le ha dado beneficios, no solo al municipio ni al departamento, sino al país en general. Hemos competido a nivel internacional y hemos dado títulos reconocibles que dan desarrollo a la parte económica y social del mismo”, señaló Vega.Según el padre Jhon Molina, desde 2024 el colegio dejó de utilizar las dos sedes que tenía alquiladas y pasó a funcionar en un solo espacio. No obstante, esta medida no ha eliminado los gastos asociados al arrendamiento.La expectativa de la comunidad educativa está puesta ahora en el Concejo de Yopal, donde se tramita un proyecto para redistribuir $17.000 millones destinados al sector educativo.La propuesta busca que una parte de esos recursos se asigne al plan parcial y a los estudios y diseños necesarios para avanzar en el proyecto de construcción de la sede del Centro Social. De acuerdo con la información entregada por los representantes, el proyecto ya superó su primer debate en comisión el pasado viernes, en el que todos los concejales votaron a favor. Ahora esperan que el segundo debate, el próximo martes, permita continuar con el trámite.La aprobación de la redistribución presupuestal permitiría avanzar en la definición de los costos y los requerimientos técnicos del proyecto. Sin embargo, esto no significa que la construcción esté garantizada, porque también será necesario resolver la situación jurídica del terreno y completar las etapas correspondientes.
