La defensora del pueblo de Colombia, Iris Marín, formuló un vehemente llamado al Gobierno Nacional y a las Fuerzas Militares para que se adopten protocolos estrictos de protección a los menores de edad en el marco de las operaciones de la fuerza pública, especialmente durante los bombardeos contra grupos al margen de la ley. En diálogo con Mañanas Blu, Marín insistió en que, aunque el Estado tiene la legitimidad y la responsabilidad de recuperar el control del territorio, es urgente priorizar la vida de los niños reclutados forzosamente, quienes ostentan la calidad de víctimas antes que la de combatientes.El dilema de los bombardeos y el llamado a la precauciónLa jefa del órgano defensorial enfatizó que "los niños y niñas reclutados no dejan de ser víctimas de un crimen y eso implica para el Estado pues asumir unos protocolos de protección de estos menores de edad". En este sentido, aclaró que la entidad no busca impedir las acciones legítimas ni las tácticas de las Fuerzas Armadas, sino reducir los riesgos para la infancia. "Nuestro llamado no es tanto a decir cesen los bombardeos, sino que se extremen las precauciones", precisó Marín.Para la funcionaria, "no se puede presumir que los menores de edad están en funciones continuas de combate dentro de los grupos". Por lo tanto, instó al Estado a implementar medidas preventivas efectivas, lo cual implica "adoptar protocolos muy serios para identificar previamente que si hay menores de edad entre las filas del objetivo que se va a bombardear y en ese caso buscar otras alternativas".Específicamente, señaló la existencia de zonas críticas como el Guaviare, donde es previsible encontrar menores de edad en las filas que pretenden huir o permanecen secuestrados. Marín advirtió sobre la gravedad de que "este ciclo de abandono estructural y desprotección de estos menores de edad que terminan en los grupos no termine con un bombardeo de parte de la fuerza pública", señalando que este desenlace le resta legitimidad al Estado.El preocupante subregistro del reclutamiento y el incumplimiento de acuerdosLa Defensoría del Pueblo reporta que desde el año 2024 se tiene el registro de 1.173 menores de edad reclutados en el país. Aunque en las estadísticas oficiales de la entidad se observa una disminución nominal de casos recientes, Marín aclaró que esta tendencia no refleja la realidad del conflicto. "Estamos convencidos de que esto no refleja una dinámica de disminución de la práctica, sino al contrario de un aumento del subregistro debido al temor de las familias, de no saber a dónde acudir, de la naturalización también del reclutamiento", explicó.Entre los grupos responsables del reclutamiento, Marín ubicó en primer lugar a las disidencias de las Farc, empezando por la línea comandada por alias 'Mordisco' (Estado Mayor Central), seguidas por las disidencias de alias 'Calarcá' y otras facciones sin identificar. En menor medida pero con alta gravedad, mencionó al ELN, los Conquistadores de la Sierra y el Clan del Golfo. Sobre este último, advirtió que utiliza dinámicas más invisibles de instrumentación, manteniendo a los menores en sus hogares realizando labores para la organización.Finalmente, la Defensora criticó el "negacionismo" de los grupos armados y denunció que los compromisos adquiridos en mesas de diálogo previas han sido sistemáticamente ignorados. "No hubo cumplimiento de esos acuerdos", sentenció, revelando que el Clan del Golfo negó falsamente la presencia de menores en sus filas cuando en realidad la Defensoría identificó centros de entrenamiento en Córdoba y otras regiones del país.Alertas tempranas activas en la zona de fronteraLa defensora Marín también se pronunció sobre el reciente atentado terrorista perpetrado en el municipio de Los Patios, en Norte de Santander, dirigido contra una estación de policía, el cual cobró la vida de una persona y dejó varios heridos, entre ellos un policía mutilado.Al respecto, la funcionaria recordó que Los Patios se encuentra cobijado por una alerta activa emitida en 2024 para la zona metropolitana de Cúcuta y Villa del Rosario, cuyo seguimiento de agosto evidenció un empeoramiento sistemático de las condiciones de seguridad. La confluencia de bandas como la AK47, el Tren de Aragua, el Clan del Golfo, el ELN y el Frente 33 de las disidencias genera disputas territoriales constantes por economías ilícitas como el narcotráfico y la trata de mujeres migrantes, vulnerando gravemente a la población civil en la frontera.Escuche aquí la entrevista:
La defensora del Pueblo, Iris Marín, hizo un llamado al respeto por las instituciones, a valorar las diferencias y a rechazar cualquier forma de violencia y estigmatización, en el marco de la conmemoración de los 35 años de la Constitución Política de 1991.La funcionaria destacó que la Carta Magna ha sido fundamental para ampliar derechos, reconocer la diversidad del país y ofrecer herramientas institucionales para enfrentar los conflictos y las desigualdades."En un momento en el que el país requiere más consenso, respeto por la diferencia y confianza en las instituciones, reafirmamos que la Constitución sigue siendo un marco común que protege a todas las personas, sin distinción, y orienta la actuación de las autoridades públicas", afirmó Marín.La defensora señaló que proteger la Constitución significa defender la convivencia, el pluralismo, la separación de poderes y las garantías para quienes tienen opiniones diferentes. También resaltó que este marco constitucional ha permitido fortalecer la protección de los derechos humanos, ampliar la participación ciudadana y avanzar en el reconocimiento de comunidades históricamente excluidas.Marín insistió en que los principios de la Constitución deben reflejarse en la vida diaria de los ciudadanos, mediante un mejor acceso a la salud, la educación y la justicia, así como en la protección de líderes sociales, la libertad de prensa y las garantías para la protesta pacífica."La Constitución del 91 también nos recuerda que los cambios sociales más sólidos y duraderos son aquellos que se construyen desde el respeto por los derechos, el diálogo democrático y el fortalecimiento institucional", concluyó.Finalmente, invitó a los colombianos a cuidar este acuerdo democrático y a seguir construyendo un país donde el diálogo y el respeto por la diferencia sean la base para resolver los conflictos.
La defensora del Pueblo, Iris Marín, cuestionó la presunta participación en política del presidente Gustavo Petro, insistiendo en que es un comportamiento que no debería replicar ni él ni los otros funcionarios de su Gobierno.“Mientras llegan las autoridades competentes y toman una decisión, ya habrán pasado las elecciones. Es un llamado al presidente de la República y a todo el Gobierno a que se abstengan de emitir declaraciones que favorezcan al candidato del partido de Gobierno”, dijo Marín.Las declaraciones fueron entregadas durante la Comisión de Seguimiento Electoral adelantada en Cartagena, donde la defensora detalló los cuatro riesgos que persisten de cara a la primera vuelta presidencial. La preocupación, insiste, está en algunos municipios donde ha empeorado la situación.“La interferencia de grupos armados, infortunadamente, ha venido empeorando la situación de riesgo en varios municipios del país. Segundo, la conducta de las propias candidaturas: alertamos sobre el comportamiento ofensivo, la difusión de información falsa, el lenguaje discriminatorio y piezas de campaña que realmente tienen información que no es veraz y que estamos pidiendo que se corrija y que puede afectar el derecho al voto libre e informado de las personas”, explicó Marín.Por su parte, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, reiteró que mantienen los esquemas de seguridad y el despliegue de la Fuerza Pública para mitigar cualquier riesgo en materia de orden público.“Todas las capacidades, aeronaves, helicópteros, equipos antidrones, Fuerza Pública, hombres y mujeres están desplegados en 32 sitios. Hemos focalizado donde podría haber actos violentos y en 38 municipios donde podría haber una gran amenaza de actos no violentos. Se han priorizado Cauca, Catatumbo, Bajo Cauca antioqueño y una región en el Tolima”, contó Sánchez.
La Defensora del Pueblo, Iris Marin, lanzó una alerta sobre el deterioro del debate democrático en medio del actual proceso electoral, tras evidenciar múltiples manifestaciones de violencia política que afectan directamente a candidatos y al ejercicio de los derechos ciudadanos.“El proceso electoral enfrenta un deterioro del debate democrático marcado por violencias digitales, estigmatización y discursos de odio que ponen en riesgo la vida, la participación política y la calidad de la democracia. Si bien no todos los hechos de preocupación provienen de las campañas, prevenirlos es una responsabilidad compartida y urgente”, explicó la defensora.Dentro del seguimiento realizado entre el 13 de marzo y el 15 de abril, la entidad documentó casos concretos que reflejan este panorama.“Identificamos, por ejemplo, que Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo, Claudia López, Aida Quilcué y Sandra McCollins suelen sufrir agresiones de violencia contra las mujeres en política, o violencias por prejuicio, estigmatización y difamación. Iván Cepeda y Aida Quilcué sufren con alta recurrencia, estigmatización y difamación. A Luis Gilberto Murillo y Aida Quilcué se refieren con afirmaciones racistas. En contra de Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo se evidencian situaciones de difamación. La campaña de Sergio Fajardo recibe también un lenguaje ofensivo”, detalló.El análisis también advierte que estas violencias no afectan a todas las candidaturas por igual, sino que reproducen desigualdades estructurales.En particular, se registra una alta recurrencia de ataques contra mujeres en política, “basados en estereotipos de género, sexualización y descalificaciones personales, así como agresiones por prejuicio hacia personas con orientaciones sexuales diversas y manifestaciones de racismo contra candidaturas afrodescendientes e indígenas”.A esto se suman hechos como amenazas de muerte, afectaciones a sedes políticas y presencia de actores armados en eventos públicos. La Defensoría alertó que muchas de estas agresiones son amplificadas en entornos digitales, lo que incrementa el riesgo de escalamiento hacia formas más graves de violencia.A este panorama se suma la desinformación mediante señalamientos que asocian a candidaturas con ilegalidad, criminalidad, actores armados. Estas dinámicas se presentan en contextos atravesados por el conflicto armado y la criminalidad organizada.La defensora subrayó que este panorama está generando ambientes de miedo, autocensura y hostilidad que afectan la deliberación democrática y pueden limitar, en la práctica, el derecho de la ciudadanía a elegir libremente. Además, advirtió sobre el impacto en los jóvenes, quienes están expuestos a estos contenidos en entornos digitales, lo que puede afectar su confianza en las instituciones y su participación política.Frente a este escenario, la entidad hizo un llamado a las instituciones a reforzar sus acciones, especialmente a la Fiscalía, el Ministerio del Interior y la Unidad Nacional de Protección, así como a los medios de comunicación plataformas digitales para actuar con mayor diligencia.“A los movimientos políticos y las campañas, rechazar de forma expresa y no selectiva estos hechos. A los medios de comunicación y actores con influencia en la opinión pública, no amplificar estas prácticas”.
A través de su cuenta de X, la funcionaria advirtió sobre combates entre el ELN y las disidencias de las Farc, específicamente el Frente 33, en la zona de Filo Gringo, en el municipio de El Tarra, Norte de Santander.En su mensaje, fue enfática en calificar estos hechos como crímenes y reiteró el llamado a garantizar los derechos de la población civil. “Lo diremos una y mil veces, hasta que escuchen: son crímenes y la gente del Catatumbo tiene derecho a la paz, una paz que se construya mirando a la gente y sus derechos”, señaló.Este pronunciamiento se da luego de un nuevo hecho de violencia registrado el pasado 6 de abril en la vereda Cuatro Esquinas, donde, según informó la Personería Municipal, fueron lanzados artefactos explosivos mediante drones, dejando como saldo al menos dos civiles gravemente heridos.En un comunicado a la opinión pública, la Personería expresó su preocupación por la reiteración de estos hechos en zonas rurales del corregimiento de Filo Gringo y rechazó que la población civil continúe siendo la principal afectada en medio del conflicto.“La Personería Municipal rechaza de manera contundente estos actos de violencia y condena enérgicamente que la población civil continúe siendo la principal afectada en el marco de este conflicto”, señalaron. Asimismo, hizo un llamado urgente a los grupos armados para que respeten el Derecho Internacional Humanitario y se abstengan de realizar acciones en zonas habitadas, recordando la obligación de proteger a quienes no participan directamente en las hostilidades."Resulta inaceptable que comunidades campesinas, familias, niños, niñas y adultos mayores se vean expuestos a este tipo de acciones que atentan contra su dignidad y bienestar”, concluyeron.
La defensora del Pueblo, Iris Marín, participó en el panel ‘¿Quiénes somos? Narrativas de país desde lo cotidiano’, un espacio que hizo parte del foro ‘Para la polarización, la conversación’.Este encuentro busca hablar sobre la necesidad de crear espacios para conversar sobre temas que a veces dividen, pero que también son necesarios para buscar soluciones.En este contexto, Marín aseguró que el país no está tan polarizado o dividido como a veces parece.“Bueno, me parece que el ejercicio es realmente muy ilustrativo, además de muy bonito, muy inspirador, es muy ilustrativo de que en Colombia no estamos tan divididos como creemos, tenemos muchas cosas en común y nuestra diferencia, que va a permanecer siempre, afortunadamente, es nuestra riqueza y no es una amenaza”, dijo Marín.En este foro también estuvo el embajador del Reino Unido en Colombia, quien asegura que nuestro país es mucho mejor ahora que hace algunos años.“Básicamente estamos operando desde 2016 en un contexto mucho más normal. La polarización en Colombia ahora parece más a la polarización en Chile, por ejemplo, que no era el caso hace 10 años y absolutamente hace 20 años. Entonces algo ha cambiado y es un segundo punto positivo, y eso no es negar que hay polarización y eso no es negar que hay problemas, por supuesto, en este país, pero creo que el punto de salida en términos de orgullo nacional es positivo y este país es un país distinto al país de hace 10 o 20 años”, señaló George Hodgson, embajador del Reino Unido en Colombia.
A pocos días de las elecciones parlamentarias, la defensora del Pueblo, Iris Marín, envió un mensaje de calma al país en medio de las advertencias sobre presuntos riesgos de fraude electoral. En entrevista con Néstor Morales en Mañanas Blu, la funcionaria fue enfática: “No vemos en este momento ningún riesgo muy específico que pueda generar esta alarma”, aunque reconoció un panorama complejo en materia de orden público en varias regiones.La declaración se produce en un contexto de creciente tensión política, tras los señalamientos del presidente Gustavo Petro sobre posibles irregularidades en el proceso electoral. Frente a ello, Marín sostuvo que es válido plantear inquietudes, pero pidió prudencia en la forma de hacerlo. Más de 670 municipios bajo algún nivel de riesgo electoralLa Defensoría del Pueblo actualizó su mapa de alertas tempranas y advirtió un deterioro en las condiciones de seguridad desde octubre pasado. Según explicó Marín, el país fue clasificado en cinco niveles de atención: “cuidados intensivos, urgencias, cita prioritaria, permanente y ordinario”, como una forma pedagógica de describir la gravedad de los riesgos.“Pasamos de 62 municipios a 69 que requieren acción inmediata; de 162 a 168 que requieren acción urgente; y de 425 a 433 que requieren acción prioritaria”, detalló. En total, cerca de 670 municipios presentan algún tipo de riesgo que podría afectar el desarrollo normal de las elecciones parlamentarias.Las zonas más críticas se concentran en regiones históricamente golpeadas por el conflicto armado, como el Cauca, Caquetá, Catatumbo, Guaviare, el sur de Bolívar y algunos municipios de Antioquia. Allí, explicó la defensora, persisten dinámicas de “gobernanza armada” que interfieren con el libre ejercicio de la actividad política.Grupos armados y presiones a candidaturasUno de los puntos más sensibles abordados en la entrevista fue la presunta injerencia de grupos armados ilegales en la campaña electoral. De acuerdo con la Defensoría, tanto el Clan del Golfo como el ELN y las disidencias de las FARC estarían ejerciendo presiones en distintos territorios.Marín aclaró que la finalidad principal de estas estructuras no es ideológica, sino territorial. “Lo que buscan es mantener control territorial y poblacional. No indica necesariamente una posición ideológica, sino presiones para mantener ese control”, señaló.No obstante, reconoció que en algunos casos se evidencian afectaciones específicas. En Montes de María, por ejemplo, “el Clan del Golfo ha hecho hostigamientos especialmente a movimientos alternativos, movimientos de izquierda o candidaturas de origen campesino comunitario”. En el Cauca, en contraste, se han instalado vallas atribuidas a disidencias de las FARC en contra de candidatos del Centro Democrático.La defensora insistió en que no existen elementos para afirmar que determinadas candidaturas estén colaborando con grupos ilegales. “No podemos hacer afirmaciones categóricas sobre cuál es el interés sobre cierto candidato. Tampoco queremos incurrir en estigmatización”, puntualizó.Inscripción anómala de cédulas y riesgo en zonas minadasOtro foco de alerta es la inscripción masiva y anómala de cédulas en municipios con presencia armada. Marín citó el caso de Cartagena del Chairá, en Caquetá, donde en pocos días se registraron más de 1.300 inscripciones en un solo puesto de votación.“Hemos notado, como lo ha indicado también la MOE, una inscripción de cédulas anómala en ciertos municipios del país donde hay presencia de grupos armados que podrían estar interfiriendo con esa finalidad para lograr el apoyo de ciertos candidatos”, explicó.En el Catatumbo, además, la situación se agrava por la confrontación entre el ELN y el frente 33 de las disidencias de las FARC. “Se minan muchos caminos cerca de escuelas. Esos caminos minados son caminos minados también para centros electorales”, advirtió. Allí, según relató, las campañas deben incluso pedir autorización para realizar actividades proselitistas.El riesgo, dijo, es que el día de las elecciones se impida la instalación de mesas o se condicione el voto. “Son zonas completamente controladas, o que van a dejar que se pongan las mesas pero para que se vote por los candidatos de su conveniencia”, alertó.Llamado a la calma frente a denuncias de fraude electoralPese a este complejo panorama en materia de seguridad, la defensora fue categórica al descartar evidencias de fraude electoral estructural. “No vemos sombra de fraude por ningún lado”, sostuvo, al tiempo que destacó la actuación de la Registraduría Nacional.“Lo que hemos visto es a la Registraduría muy atenta, muy transparente con este tipo de situaciones”, afirmó. En ese sentido, consideró que las quejas deben tramitarse por los canales institucionales, sin generar desconfianza generalizada.“Hay que hacer en este momento un llamado a la calma. La forma como se presentan las observaciones y las preocupaciones no debe generar una duda o una incertidumbre generalizada sobre el proceso electoral”, enfatizó.Marín recordó que, en el pasado, cuando se han presentado irregularidades en el conteo o inconsistencias puntuales, “los organismos de control y las autoridades de justicia lo han resuelto”. Por ello, reiteró que el camino es fortalecer la institucionalidad y no debilitarla con sospechas infundadas.
La defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, le pidió a la Corte Constitucional declarar inconstitucional el Decreto 1390 de 2025, mediante el cual el Gobierno declaró el estado de emergencia económica y social en todo el país.No obstante, solicitó que la Corte “declare la inconstitucionalidad del Decreto 1390 de 2025, modulando sus efectos para que sean diferidos únicamente en lo que respecta a la vigencia de las medidas destinadas a conjurar la crisis en el sector salud”.En un documento enviado al magistrado Carlos Camargo Assis, la defensora examinó tres de las causas que el Gobierno presentó como fundamento de la emergencia: el cumplimiento de órdenes judiciales relacionadas con la Unidad de Pago por Capitación (UPC) y la financiación del sistema de salud; el deterioro de la seguridad territorial y los riesgos para líderes sociales, defensores de derechos humanos y candidatos electorales; y el atraso en el pago de indemnizaciones a víctimas del conflicto armado.Crisis en salud y financiación de la UPCEn materia de salud, la Defensoría recuerda que desde 2016 se estableció como estándar mínimo que la UPC del régimen subsidiado no sea inferior al 95 % de la del régimen contributivo. La persistencia en los incumplimientos ha generado incluso incidentes de desacato.Según cifras recopiladas por la entidad, en 2025 la Adres destinó $88,4 billones a la UPC, lo que representa el 88 % de los recursos del sistema. Para 2026 se proyectan $101 billones, un incremento del 14,3 %.“No obstante, las EPS reportaron una siniestralidad del 109,5 %, que implicó un déficit presupuestal estimado de $5,95 billones, sin incluir los $5,2 billones adicionales correspondientes a gastos administrativos”, señala el documento.La Defensoría advierte que “la evidencia disponible indica que el ajuste proyectado de la UPC para 2026 corrige solo parcialmente el problema, pues subsisten déficits estructurales acumulados de vigencias anteriores. De hecho, el requerimiento fiscal de 3,3 billones que indica el Gobierno en el Decreto 1390 puede incrementarse si se consideran las deudas acumuladas del sistema, estimadas entre $10 y $30 billones, respecto de las cuales no existe consenso”.La entidad también señala que el desfinanciamiento ha impactado directamente el acceso a medicamentos y servicios. “En definitiva, el panorama descrito permite concluir que la desfinanciación de la UPC configura una situación de gravedad e inminencia que exige una respuesta urgente del Estado orientada a asegurar la búsqueda de fuentes adicionales de recursos que facilite la estabilidad de los pagos en la cadena de atención y la protección efectiva de las personas, especialmente las más vulnerables”.Las cifras respaldan esa advertencia. Las quejas por fallas en la prestación del servicio aumentaron 78 % entre 2023 y 2025. Solo en 2025 se registraron más de 46.000 reclamaciones. También crecieron las tutelas y los reclamos ante la Superintendencia de Salud, con cerca de 685.000 quejas por medicamentos. Además, el gasto de bolsillo de los hogares alcanzó su nivel más alto en años, llegando en algunos departamentos hasta el 30 % de los ingresos familiares.Sin embargo, pese a reconocer la gravedad de la situación, la Defensoría argumentó que “ninguna de estas causas cumple el presupuesto fáctico de sobreviniencia” y que el Gobierno “no demostró la insuficiencia de los mecanismos ordinarios”, entre ellos la “reasignación del presupuesto flexible” y las “operaciones de crédito público”.Seguridad y orden públicoEl segundo argumento del Gobierno fue el deterioro del orden público, los ataques con drones en departamentos como Cauca, Cesar y Norte de Santander, y el aumento del riesgo para líderes sociales y candidatos en el contexto electoral.La Defensoría señala que solo en 2025 se documentaron 177 homicidios de personas defensoras de derechos humanos. También aumentaron las amenazas contra actores políticos.Sin embargo, la entidad sostiene que la violencia contra líderes sociales ha sido advertida durante años a través del Sistema de Alertas Tempranas. Incluso el uso de drones con explosivos ya había sido documentado antes de la declaratoria de emergencia.“Si bien los riesgos para la población líder y defensora de derechos humanos, así como para los y las candidatas son graves, el Decreto no identifica un riesgo efectivo capaz de materializarse en un daño concreto e inminente”.Además, recuerda que el Congreso ya había aprobado aumentos presupuestales para el sector defensa y para la Unidad Nacional de Protección.Reparación a víctimasEl tercer punto analizado fue el atraso en el pago de indemnizaciones a víctimas del desplazamiento forzado.Según el documento, “el gobierno había pagado indemnizaciones a un total de 1.769.413 víctimas”, cifra que “corresponde únicamente al 19% de las 9.226.775 personas susceptibles de recibir la medida”.Pero la Defensoría insiste en que tampoco se trata de un problema reciente. Desde la expedición de la Ley de Víctimas en 2011 se advertía que la financiación sería insuficiente frente al universo real de afectados.“En 2022, la entonces directora de la Unidad para las Víctimas indicó que, de no adoptar medidas adicionales, tardaríamos más de 60 años en reparar a todas las víctimas registradas hasta ese momento.32 Esto evidencia que el problema de los pagos atrasados por concepto de reparación no es nuevo y que obedece a un problema estructural advertido por el gobierno desde tiempo atrás”.Inconstitucionalidad con efectos diferidosCon base en todo este análisis, la Defensoría concluye que el Decreto es inconstitucional porque no se cumplieron los requisitos para declarar un estado de excepción.No obstante, hace una precisión clave sobre la salud. Advierte que “la falta de liquidez financiera en el sistema de salud demanda medidas inmediatas y certeras para conjurar el progresivo agravamiento de los problemas de acceso equitativo a medicamentos, tratamientos y procedimientos incluidos en el PBS”. Y agrega que “ante la duda, la solución debe contemplar todas las medidas posibles para conjurar la extensión de la crisis”.Por eso insiste en que la Corte declare la inconstitucionalidad, pero con efectos diferidos en lo relacionado con las medidas tributarias.“Declarar la inconstitucionalidad del Decreto 1390 de 2025, modulando sus efectos para que sean diferidos únicamente en lo que respecta a la vigencia de las medidas destinadas a conjurar la crisis en el sector salud”, y “preservar las medidas tributarias adoptadas en el Decreto 1474 de 2025 por el término de la vigencia fiscal de 2026”, con destinación específica al sistema de salud.También pide que la Procuraduría, la Contraloría y la Sala Especial de Seguimiento ejerzan vigilancia estricta sobre esos recursos, y exhorta al Gobierno y al Congreso a tramitar una ley de financiamiento que estabilice estructuralmente el sistema.
La defensora del Pueblo, Iris Marín, le acaba de ganar otro pulso al ministro del interior Armando Benedetti, esto luego de que la Procuraduría decidiera no abrir investigación disciplinaria contra la defensora del Pueblo tras una queja de Benedetti, quien la acusó de presunta calumnia e injuria por declaraciones públicas en su contra.Armando Benedetti sostuvo que la defensora habría vulnerado su buen nombre y honra al referirse, en entrevistas y declaraciones a medios de comunicación, a acusaciones de violencia de género y corrupción que lo han rodeado en los últimos años.Fue allí cuando la defensora del pueblo cuestionó la designación de Benedetti como ministro del Interior, al advertir que existían señalamientos serios de violencia contra la mujer y procesos judiciales en curso.Sin embargo, tras analizar el caso, la Procuraduría concluyó que las expresiones de la defensora no constituyen imputaciones falsas ni deshonrosas, sino opiniones sustentadas en hechos de conocimiento público, y que se enmarcaron en el ejercicio legítimo de la libertad de expresión.Señaló también el Ministerio Público que los servidores públicos están sujetos a un mayor escrutinio social y mediático. En meses pasados la Fiscalía archivó una denuncia que entabló Benedetti contra Marín por estos mismos hechos.
La defensora del Pueblo, Iris Marín, denunció que el Ministerio de Hacienda no ha girado los recursos para el pago de los honorarios de 5.160 contratistas. Marín argumenta que estos recursos ya estaban asignados en la ley de presupuesto y estaban comprometidos a través de los contratos de prestación de servicio suscritos y cumplidos por los contratistas.La defensora también argumentó que agotaron todas las posibilidades que estuvieron a su alcance para lograr que la cartera pusiera los recursos para el pago de los honorarios de todos sus contratistas, incluyendo a más de 4.200 defensores y defensoras públicas.Marin aseguró que la Defensa Pública es parte integral del sistema de justicia de Colombia, permitiendo el acceso a la justicia a quienes no tienen medios para pagar su representación judicial y que cada defensor público, lleva más procesos de los que es razonable.La defensora también compartió que el monto del presupuesto incluido en el proyecto de ley de presupuesto de 2026 para la Defensoría del Pueblo es inferior al del 2025, teniendo en cuenta que fue definido en total unanimidad por el Ministerio de Hacienda.Adicionalmente, afirmó que en el debate del Congreso, el monto se redujo aún más porque “algunos de los congresistas que no apoyaron la proposición para subir el presupuesto asignado a nuestra institución sostuvieron que el Congreso no podría aprobarla sin previo aval de MinHacienda. Dicho aval nunca llegó”.
Una seguidilla de temblores se registró durante la mañana de este jueves 24 de septiembre en el departamento del Tolima, donde el Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó dos movimientos sísmicos con pocos minutos de diferencia.El primero ocurrió a las 11:40 de la mañana y tuvo una magnitud de 3.4. De acuerdo con el reporte, el evento tuvo una profundidad superficial y fue localizado en Chaparral, Tolima.Cinco minutos después, a las 11:46 de la mañana, se presentó un segundo movimiento, esta vez de magnitud 4.1. El SGC también estableció una profundidad superficial para este sismo, cuyo punto de referencia fue Chaparral.Dos temblores en pocos minutosEl segundo movimiento fue percibido en diferentes ciudades del país. Según el Servicio Geológico Colombiano, el temblor de magnitud 4.1 se sintió en Armenia, Ibagué, Cali, Neiva y Pereira, entre otros puntos.El evento tuvo como referencia el municipio de Chaparral y ocurrió a 14 kilómetros de Roncesvalles, en el departamento del Tolima. El SGC ubicó el movimiento en una latitud de 3.88 y una longitud de -75.61.La cercanía en el tiempo entre ambos eventos llamó la atención, pues los dos fueron registrados en la misma zona de referencia y con una diferencia de apenas seis minutos.Colombia registra actividad sísmica de manera frecuente debido a su ubicación geológica. Por ello, el Servicio Geológico Colombiano realiza seguimiento permanente a los movimientos que se presentan en diferentes regiones del territorio nacional.Hasta el momento, la información suministrada corresponde a los reportes disponibles sobre estos dos eventos registrados durante la mañana de este jueves en el Tolima.
Amazonas registra la mayor tasa de evasión de la revisión tecnomecánica en Colombia: durante 2026, el 96,95 % de los vehículos del departamento no ha cumplido con esta revisión obligatoria, según las cifras del informe sobre el estado del parque automotor nacional.El dato significa que casi 97 de cada 100 vehículos en esta región aparecen como evasores de la tecnomecánica. Amazonas encabeza así un listado en el que también aparecen otros departamentos con niveles de incumplimiento superiores al 90 %.Guainía registra una evasión del 93,79 %, concentrada en Inírida, mientras que Vichada alcanza el 93,42 %, con el incumplimiento concentrado en Puerto Carreño.¿Cuántos vehículos evaden la tecnomecánica en Colombia?El caso de Amazonas hace parte de un problema que se extiende por todo el país. Colombia tiene actualmente 22.161.912 vehículos matriculados, de los cuales más de 10 millones evaden la RTMyEC.A esa cifra se suman más de 3 millones de vehículos que todavía no están obligados a realizar la revisión, debido a su reciente matrícula o a las exenciones contempladas en la normativa.Durante el primer semestre de 2026, la tasa nacional de evasión llegó al 55,98 %, manteniéndose por encima del 50 % durante los últimos cinco años.La falta de renovación acumulada en ese periodo corresponde a 5.927.092 vehículos particulares, 192.871 de servicio público, 69.532 oficiales y 992 diplomáticos.¿En qué otras zonas hay altos niveles de evasión?El incumplimiento no se limita a los departamentos con menor cantidad de vehículos. A nivel municipal también aparecen cifras elevadas.Aguachica registra una evasión del 90,93 %, mientras que La Dorada llega al 74,48 %. Estos datos muestran que los mayores niveles de incumplimiento también se presentan en municipios ubicados sobre corredores de circulación importantes.En contraste, Bogotá concentra el mayor número de inspecciones realizadas durante 2026, con 747.140 revisiones. De ese total, 663.252 correspondieron a vehículos particulares, 77.172 a transporte público, 6.715 a vehículos oficiales y una a servicio diplomático.Más de la mitad de las motos rechazadas no supera la revisiónEl informe también muestra diferencias según el tipo de vehículo que llega a los Centros de Diagnóstico Automotor (CDA).Las motocicletas son el grupo con mayor cantidad de inspecciones rechazadas en lo corrido de 2026, con 167.170 unidades que no superaron la revisión.Por departamentos, el Archipiélago de San Andrés y Providencia presenta el mayor porcentaje de revisiones rechazadas, con 51,83 %. Le siguen Chocó, con 31,42 %, y Arauca, con 26,39 %.La evasión de la tecnomecánica supera el 50 % en ColombiaAunque el panorama mantiene niveles elevados de incumplimiento, el número de vehículos certificados aumentó durante el último año. En el primer semestre de 2026 hubo 3.810.725 vehículos con la tecnomecánica al día, frente a 3.629.782 durante el mismo periodo de 2025.Esto representa un incremento de 180.943 vehículos certificados, equivalente a cerca del 5 %.El país cuenta actualmente con una red de 930 líneas de inspección para motocicletas, 432 para vehículos livianos, 294 mixtas y 13 exclusivas para vehículos pesados. Sin embargo, la capacidad instalada permanece ampliamente subutilizada
El Gobierno de Estados Unidos se opuso formalmente a la solicitud de libertad bajo fianza presentada por la defensa de Cilia Flores, esposa del despuesto presidente venezolano Nicolás Maduro, al considerar que existe un riesgo de fuga "extremo" y que representa un "peligro para el público", según documentos judiciales presentados en las últimas horas.En un memorando presentado ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, los fiscales federales solicitaron al juez que desestime la moción de la defensa para conceder a Flores la libertad previa al inicio del proceso judicial que enfrenta junto a Maduro.La Fiscalía argumentó que ningún tipo de fianza garantizaría adecuadamente la comparecencia de Flores ante los tribunales y destacó sus recursos, conexiones internacionales y la gravedad de las acusaciones formuladas en su contra.Destacó también la capacidad que seguiría teniendo el entorno de Flores para ejercer violencia o intimidar a posibles testigos, tanto en Venezuela como en el extranjero, mediante redes estatales y grupos irregulares organizados.La defensa de Flores, de 69 años, pidió a principios de mes que fuera trasladada a una residencia privada en Nueva York y sometida a un régimen de arresto domiciliario, con guardias armados las 24 horas, una pulsera de localización, visitas restringidas y llamadas telefónicas intervenidas.Flores asegura que necesita un complejo tratamiento cardíaco y que la cárcel federal en la que permanece recluida desde el 3 de enero, cuando fue capturada junto a Maduro por fuerzas especiales estadounidenses, no reúne las condiciones necesarias para su recuperación.El juicio conjunto contra Flores y Maduro está previsto que comience el 1 de junio de 2027. Ambos enfrentan cargos que incluyen conspiración para la importación de cocaína y posesión de ametralladoras y artefactos destructivos, en el marco de una trama de narcoterrorismo y corrupción que, según la acusación, abarca más de dos décadas.De ser declarada culpable, Flores se enfrenta a una pena mínima obligatoria de 40 años de prisión y a un máximo de cadena perpetua.
La vivienda turística en Medellín se ha consolidado como una industria que mueve cerca de $76.000 millones mensuales, en medio del crecimiento de las rentas cortas y el alojamiento para visitantes.En Antioquia hay más de 15.143 propiedades listadas, cifra que representa cerca del 22 % de la oferta nacional, según cálculos de Confecámaras con base en datos del Registro Nacional de Turismo (RNT).Ante este panorama, la ciudad enfrenta el reto de lograr que el crecimiento de la oferta esté acompañado por mayores niveles de formalización, profesionalización y estándares para la operación de los alojamientos turísticos.Por tercera ocasión, la Asociación Colombiana de Prestadores de Servicios Turísticos (ASOHOST) y la Secretaría de Turismo y Entretenimiento de Medellín lanzarán el programa INN Host Medellín.La iniciativa ofrece formación gratuita para 150 prestadores de servicios turísticos que, en conjunto, podrían representar más de 1.000 Registros Nacionales de Turismo activos. Las inscripciones estarán abiertas hasta el 30 de septiembre.Los interesados deberán contar con un RNT vigente y desarrollar actividades relacionadas con vivienda turística, rentas cortas u oficinas de representación turística en Medellín. El programa comenzará el próximo 13 de octubre.Juan Camilo Vargas, director de ASOHOST, señaló que Medellín atraviesa una transformación en este sector y destacó la necesidad de avanzar en la profesionalización de quienes participan en el mercado de vivienda turística.“Medellín es hoy uno de los mercados más dinámicos del país en vivienda turística, pero ese crecimiento exige más profesionalización y mejores estándares de operación”, afirmó Vargas.El programa contempla capacitación en el marco regulatorio de la vivienda turística en Colombia, aspectos fiscales y contables, preparación de propiedades, tecnologías avanzadas e inteligencia artificial aplicada a la gestión de alojamientos.También incluye formación en finanzas estratégicas para proyectos de alojamiento y herramientas orientadas a mejorar la operación y la rentabilidad de los establecimientos turísticos.Entre los beneficios para los participantes están el acceso durante un año a una plataforma de aprendizaje, un manual digital interactivo, certificaciones impresas y tecnologías para la gestión de rentas cortas.La formación también contempla herramientas como un PMS, un channel manager, una plataforma de experiencias turísticas con inteligencia artificial y el Sello Vivienda Turística Responsable.Este distintivo busca acreditar ante autoridades, plataformas digitales e inversionistas el cumplimiento legal de los operadores que hacen parte de la iniciativa.Desde ASOHOST señalaron que la profesionalización también busca prevenir problemas asociados con la informalidad, las malas prácticas, la convivencia y la pérdida de confianza en el sector.En materia de rentabilidad, las estimaciones ubican el retorno neto entre el 8 % y el 12 % en zonas de alta demanda como El Poblado, específicamente Provenza.En estos sectores, los ingresos brutos mensuales por unidad pueden alcanzar los $16 millones, mientras que en zonas como Laureles-Estadio las rentabilidades netas estimadas están entre el 6 % y el 9 %.La dinámica de este mercado también ha impulsado la expansión del modelo hacia otros municipios del Valle de Aburrá, como Envigado y Sabaneta, y más recientemente hacia diferentes sectores del Oriente antioqueño.El crecimiento de la vivienda turística se suma al comportamiento del turismo en Medellín. Durante 2025, la ciudad registró cerca de $4 billones en gasto turístico medido mediante transacciones con tarjeta.De acuerdo con la Alcaldía de Medellín, esas operaciones representaron alrededor de 16 millones de transacciones. Debido a que Credibanco procesa aproximadamente el 45 % de los pagos con tarjeta, el Distrito estimó que el gasto turístico total podría acercarse a $9 billones.La cifra estimada no incluye los pagos realizados en efectivo, por lo que el impacto económico del turismo en la ciudad sería mayor al registrado mediante las transacciones con tarjeta.Para ASOHOST, la profesionalización es clave para que la industria de vivienda turística continúe creciendo con responsabilidad y mejores estándares de servicio.El proceso busca que los prestadores conozcan la normativa, cumplan sus obligaciones, mejoren la atención a los huéspedes, incorporen tecnología y gestionen de manera más eficiente sus ingresos.La iniciativa plantea además la necesidad de diferenciar entre los operadores que cumplen las reglas y aquellas prácticas que pueden generar impactos negativos en la convivencia, el mercado inmobiliario o la seguridad.En ese contexto, ASOHOST considera que la profesionalización de los actores de la vivienda turística es una de las principales herramientas para acompañar el crecimiento de esta industria en Medellín y Antioquia.
La Corte Suprema de Justicia puso un nuevo límite a la forma en que la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) tramita los procesos judiciales de protección al consumidor. La Sala de Casación Civil, Agraria y Rural determinó que la entidad debe admitir obligatoriamente el llamamiento en garantía cuando una de las partes lo solicite y se cumplan los requisitos legales.En términos sencillos, el llamamiento en garantía permite que una persona o empresa demandada vincule al mismo proceso a un tercero que podría tener responsabilidad en el problema. Por ejemplo, si un consumidor demanda a una compañía por una falla y esta considera que el daño fue causado por uno de sus proveedores, puede pedir que ese proveedor participe en el mismo juicio y, si corresponde, responda directamente o reembolse el dinero que la empresa tenga que pagar.La Corte señaló que los procesos de protección al consumidor que adelanta la SIC en ejercicio de funciones judiciales deben seguir las mismas reglas procesales que aplican ante los jueces ordinarios. Esto significa que la condición de autoridad administrativa de la SIC no puede convertirse en una razón para limitar las herramientas de defensa que tienen las partes dentro de un proceso judicial.El pronunciamiento también cuestiona la práctica de la SIC y de algunos tribunales que habían rechazado esta figura o restringido su utilización casi exclusivamente a casos relacionados con el sector turístico. Para la Corte, no es jurídicamente válido establecer mediante interpretaciones limitaciones o trabas que no están contempladas expresamente en la ley.Puntualmente, el alto tribunal le exige a la SIC aplicar de manera rigurosa el artículo 24 del Código General del Proceso, norma que establece las reglas para el ejercicio de funciones jurisdiccionales por parte de determinadas autoridades. La Corte busca garantizar que las partes tengan las mismas oportunidades para defenderse, presentar pruebas y ejercer sus derechos, independientemente de que el proceso sea tramitado ante la SIC o ante un juez.El caso que llevó a esta decisión surgió por una tutela presentada por dos empresas constructoras y una sociedad fiduciaria, demandadas ante la SIC por supuestas fallas relacionadas con un inmueble. Las compañías pidieron que fuera vinculada al proceso la empresa encargada de elaborar el estudio de suelos de la obra, pero esa solicitud fue negada.La Corte Suprema protegió entonces su derecho de defensa y ordenó al Tribunal Superior emitir una nueva decisión en la que estudie la vinculación de esa empresa. Con este pronunciamiento, el alto tribunal deja establecido que las posibles responsabilidades entre los distintos integrantes de una cadena de consumo pueden discutirse dentro del mismo expediente, bajo las garantías procesales previstas por la ley.Para los consumidores y ciudadanos, la decisión no elimina ni reduce la responsabilidad que tienen los productores y proveedores frente a sus clientes. La responsabilidad solidaria que establece la ley se mantiene. Es decir, cuando corresponda, el consumidor podrá continuar reclamando frente a los responsables de la cadena de producción o comercialización, aunque durante el proceso se incorpore a otros actores que puedan tener responsabilidades internas.Para las empresas, proveedores, fabricantes, contratistas y demás integrantes de la cadena comercial, el fallo representa la posibilidad de discutir dentro de un mismo proceso quién debe asumir finalmente las consecuencias económicas de una eventual condena. Esto puede evitar que una empresa tenga que iniciar posteriormente otro pleito para intentar recuperar de un proveedor o contratista el dinero que tuvo que pagar al consumidor.
