La defensora del Pueblo, Iris Marín, hizo un llamado al respeto por las instituciones, a valorar las diferencias y a rechazar cualquier forma de violencia y estigmatización, en el marco de la conmemoración de los 35 años de la Constitución Política de 1991.La funcionaria destacó que la Carta Magna ha sido fundamental para ampliar derechos, reconocer la diversidad del país y ofrecer herramientas institucionales para enfrentar los conflictos y las desigualdades."En un momento en el que el país requiere más consenso, respeto por la diferencia y confianza en las instituciones, reafirmamos que la Constitución sigue siendo un marco común que protege a todas las personas, sin distinción, y orienta la actuación de las autoridades públicas", afirmó Marín.La defensora señaló que proteger la Constitución significa defender la convivencia, el pluralismo, la separación de poderes y las garantías para quienes tienen opiniones diferentes. También resaltó que este marco constitucional ha permitido fortalecer la protección de los derechos humanos, ampliar la participación ciudadana y avanzar en el reconocimiento de comunidades históricamente excluidas.Marín insistió en que los principios de la Constitución deben reflejarse en la vida diaria de los ciudadanos, mediante un mejor acceso a la salud, la educación y la justicia, así como en la protección de líderes sociales, la libertad de prensa y las garantías para la protesta pacífica."La Constitución del 91 también nos recuerda que los cambios sociales más sólidos y duraderos son aquellos que se construyen desde el respeto por los derechos, el diálogo democrático y el fortalecimiento institucional", concluyó.Finalmente, invitó a los colombianos a cuidar este acuerdo democrático y a seguir construyendo un país donde el diálogo y el respeto por la diferencia sean la base para resolver los conflictos.
La defensora del Pueblo, Iris Marín, cuestionó la presunta participación en política del presidente Gustavo Petro, insistiendo en que es un comportamiento que no debería replicar ni él ni los otros funcionarios de su Gobierno.“Mientras llegan las autoridades competentes y toman una decisión, ya habrán pasado las elecciones. Es un llamado al presidente de la República y a todo el Gobierno a que se abstengan de emitir declaraciones que favorezcan al candidato del partido de Gobierno”, dijo Marín.Las declaraciones fueron entregadas durante la Comisión de Seguimiento Electoral adelantada en Cartagena, donde la defensora detalló los cuatro riesgos que persisten de cara a la primera vuelta presidencial. La preocupación, insiste, está en algunos municipios donde ha empeorado la situación.“La interferencia de grupos armados, infortunadamente, ha venido empeorando la situación de riesgo en varios municipios del país. Segundo, la conducta de las propias candidaturas: alertamos sobre el comportamiento ofensivo, la difusión de información falsa, el lenguaje discriminatorio y piezas de campaña que realmente tienen información que no es veraz y que estamos pidiendo que se corrija y que puede afectar el derecho al voto libre e informado de las personas”, explicó Marín.Por su parte, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, reiteró que mantienen los esquemas de seguridad y el despliegue de la Fuerza Pública para mitigar cualquier riesgo en materia de orden público.“Todas las capacidades, aeronaves, helicópteros, equipos antidrones, Fuerza Pública, hombres y mujeres están desplegados en 32 sitios. Hemos focalizado donde podría haber actos violentos y en 38 municipios donde podría haber una gran amenaza de actos no violentos. Se han priorizado Cauca, Catatumbo, Bajo Cauca antioqueño y una región en el Tolima”, contó Sánchez.
La Defensora del Pueblo, Iris Marin, lanzó una alerta sobre el deterioro del debate democrático en medio del actual proceso electoral, tras evidenciar múltiples manifestaciones de violencia política que afectan directamente a candidatos y al ejercicio de los derechos ciudadanos.“El proceso electoral enfrenta un deterioro del debate democrático marcado por violencias digitales, estigmatización y discursos de odio que ponen en riesgo la vida, la participación política y la calidad de la democracia. Si bien no todos los hechos de preocupación provienen de las campañas, prevenirlos es una responsabilidad compartida y urgente”, explicó la defensora.Dentro del seguimiento realizado entre el 13 de marzo y el 15 de abril, la entidad documentó casos concretos que reflejan este panorama.“Identificamos, por ejemplo, que Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo, Claudia López, Aida Quilcué y Sandra McCollins suelen sufrir agresiones de violencia contra las mujeres en política, o violencias por prejuicio, estigmatización y difamación. Iván Cepeda y Aida Quilcué sufren con alta recurrencia, estigmatización y difamación. A Luis Gilberto Murillo y Aida Quilcué se refieren con afirmaciones racistas. En contra de Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo se evidencian situaciones de difamación. La campaña de Sergio Fajardo recibe también un lenguaje ofensivo”, detalló.El análisis también advierte que estas violencias no afectan a todas las candidaturas por igual, sino que reproducen desigualdades estructurales.En particular, se registra una alta recurrencia de ataques contra mujeres en política, “basados en estereotipos de género, sexualización y descalificaciones personales, así como agresiones por prejuicio hacia personas con orientaciones sexuales diversas y manifestaciones de racismo contra candidaturas afrodescendientes e indígenas”.A esto se suman hechos como amenazas de muerte, afectaciones a sedes políticas y presencia de actores armados en eventos públicos. La Defensoría alertó que muchas de estas agresiones son amplificadas en entornos digitales, lo que incrementa el riesgo de escalamiento hacia formas más graves de violencia.A este panorama se suma la desinformación mediante señalamientos que asocian a candidaturas con ilegalidad, criminalidad, actores armados. Estas dinámicas se presentan en contextos atravesados por el conflicto armado y la criminalidad organizada.La defensora subrayó que este panorama está generando ambientes de miedo, autocensura y hostilidad que afectan la deliberación democrática y pueden limitar, en la práctica, el derecho de la ciudadanía a elegir libremente. Además, advirtió sobre el impacto en los jóvenes, quienes están expuestos a estos contenidos en entornos digitales, lo que puede afectar su confianza en las instituciones y su participación política.Frente a este escenario, la entidad hizo un llamado a las instituciones a reforzar sus acciones, especialmente a la Fiscalía, el Ministerio del Interior y la Unidad Nacional de Protección, así como a los medios de comunicación plataformas digitales para actuar con mayor diligencia.“A los movimientos políticos y las campañas, rechazar de forma expresa y no selectiva estos hechos. A los medios de comunicación y actores con influencia en la opinión pública, no amplificar estas prácticas”.
A través de su cuenta de X, la funcionaria advirtió sobre combates entre el ELN y las disidencias de las Farc, específicamente el Frente 33, en la zona de Filo Gringo, en el municipio de El Tarra, Norte de Santander.En su mensaje, fue enfática en calificar estos hechos como crímenes y reiteró el llamado a garantizar los derechos de la población civil. “Lo diremos una y mil veces, hasta que escuchen: son crímenes y la gente del Catatumbo tiene derecho a la paz, una paz que se construya mirando a la gente y sus derechos”, señaló.Este pronunciamiento se da luego de un nuevo hecho de violencia registrado el pasado 6 de abril en la vereda Cuatro Esquinas, donde, según informó la Personería Municipal, fueron lanzados artefactos explosivos mediante drones, dejando como saldo al menos dos civiles gravemente heridos.En un comunicado a la opinión pública, la Personería expresó su preocupación por la reiteración de estos hechos en zonas rurales del corregimiento de Filo Gringo y rechazó que la población civil continúe siendo la principal afectada en medio del conflicto.“La Personería Municipal rechaza de manera contundente estos actos de violencia y condena enérgicamente que la población civil continúe siendo la principal afectada en el marco de este conflicto”, señalaron. Asimismo, hizo un llamado urgente a los grupos armados para que respeten el Derecho Internacional Humanitario y se abstengan de realizar acciones en zonas habitadas, recordando la obligación de proteger a quienes no participan directamente en las hostilidades."Resulta inaceptable que comunidades campesinas, familias, niños, niñas y adultos mayores se vean expuestos a este tipo de acciones que atentan contra su dignidad y bienestar”, concluyeron.
La defensora del Pueblo, Iris Marín, participó en el panel ‘¿Quiénes somos? Narrativas de país desde lo cotidiano’, un espacio que hizo parte del foro ‘Para la polarización, la conversación’.Este encuentro busca hablar sobre la necesidad de crear espacios para conversar sobre temas que a veces dividen, pero que también son necesarios para buscar soluciones.En este contexto, Marín aseguró que el país no está tan polarizado o dividido como a veces parece.“Bueno, me parece que el ejercicio es realmente muy ilustrativo, además de muy bonito, muy inspirador, es muy ilustrativo de que en Colombia no estamos tan divididos como creemos, tenemos muchas cosas en común y nuestra diferencia, que va a permanecer siempre, afortunadamente, es nuestra riqueza y no es una amenaza”, dijo Marín.En este foro también estuvo el embajador del Reino Unido en Colombia, quien asegura que nuestro país es mucho mejor ahora que hace algunos años.“Básicamente estamos operando desde 2016 en un contexto mucho más normal. La polarización en Colombia ahora parece más a la polarización en Chile, por ejemplo, que no era el caso hace 10 años y absolutamente hace 20 años. Entonces algo ha cambiado y es un segundo punto positivo, y eso no es negar que hay polarización y eso no es negar que hay problemas, por supuesto, en este país, pero creo que el punto de salida en términos de orgullo nacional es positivo y este país es un país distinto al país de hace 10 o 20 años”, señaló George Hodgson, embajador del Reino Unido en Colombia.
A pocos días de las elecciones parlamentarias, la defensora del Pueblo, Iris Marín, envió un mensaje de calma al país en medio de las advertencias sobre presuntos riesgos de fraude electoral. En entrevista con Néstor Morales en Mañanas Blu, la funcionaria fue enfática: “No vemos en este momento ningún riesgo muy específico que pueda generar esta alarma”, aunque reconoció un panorama complejo en materia de orden público en varias regiones.La declaración se produce en un contexto de creciente tensión política, tras los señalamientos del presidente Gustavo Petro sobre posibles irregularidades en el proceso electoral. Frente a ello, Marín sostuvo que es válido plantear inquietudes, pero pidió prudencia en la forma de hacerlo. Más de 670 municipios bajo algún nivel de riesgo electoralLa Defensoría del Pueblo actualizó su mapa de alertas tempranas y advirtió un deterioro en las condiciones de seguridad desde octubre pasado. Según explicó Marín, el país fue clasificado en cinco niveles de atención: “cuidados intensivos, urgencias, cita prioritaria, permanente y ordinario”, como una forma pedagógica de describir la gravedad de los riesgos.“Pasamos de 62 municipios a 69 que requieren acción inmediata; de 162 a 168 que requieren acción urgente; y de 425 a 433 que requieren acción prioritaria”, detalló. En total, cerca de 670 municipios presentan algún tipo de riesgo que podría afectar el desarrollo normal de las elecciones parlamentarias.Las zonas más críticas se concentran en regiones históricamente golpeadas por el conflicto armado, como el Cauca, Caquetá, Catatumbo, Guaviare, el sur de Bolívar y algunos municipios de Antioquia. Allí, explicó la defensora, persisten dinámicas de “gobernanza armada” que interfieren con el libre ejercicio de la actividad política.Grupos armados y presiones a candidaturasUno de los puntos más sensibles abordados en la entrevista fue la presunta injerencia de grupos armados ilegales en la campaña electoral. De acuerdo con la Defensoría, tanto el Clan del Golfo como el ELN y las disidencias de las FARC estarían ejerciendo presiones en distintos territorios.Marín aclaró que la finalidad principal de estas estructuras no es ideológica, sino territorial. “Lo que buscan es mantener control territorial y poblacional. No indica necesariamente una posición ideológica, sino presiones para mantener ese control”, señaló.No obstante, reconoció que en algunos casos se evidencian afectaciones específicas. En Montes de María, por ejemplo, “el Clan del Golfo ha hecho hostigamientos especialmente a movimientos alternativos, movimientos de izquierda o candidaturas de origen campesino comunitario”. En el Cauca, en contraste, se han instalado vallas atribuidas a disidencias de las FARC en contra de candidatos del Centro Democrático.La defensora insistió en que no existen elementos para afirmar que determinadas candidaturas estén colaborando con grupos ilegales. “No podemos hacer afirmaciones categóricas sobre cuál es el interés sobre cierto candidato. Tampoco queremos incurrir en estigmatización”, puntualizó.Inscripción anómala de cédulas y riesgo en zonas minadasOtro foco de alerta es la inscripción masiva y anómala de cédulas en municipios con presencia armada. Marín citó el caso de Cartagena del Chairá, en Caquetá, donde en pocos días se registraron más de 1.300 inscripciones en un solo puesto de votación.“Hemos notado, como lo ha indicado también la MOE, una inscripción de cédulas anómala en ciertos municipios del país donde hay presencia de grupos armados que podrían estar interfiriendo con esa finalidad para lograr el apoyo de ciertos candidatos”, explicó.En el Catatumbo, además, la situación se agrava por la confrontación entre el ELN y el frente 33 de las disidencias de las FARC. “Se minan muchos caminos cerca de escuelas. Esos caminos minados son caminos minados también para centros electorales”, advirtió. Allí, según relató, las campañas deben incluso pedir autorización para realizar actividades proselitistas.El riesgo, dijo, es que el día de las elecciones se impida la instalación de mesas o se condicione el voto. “Son zonas completamente controladas, o que van a dejar que se pongan las mesas pero para que se vote por los candidatos de su conveniencia”, alertó.Llamado a la calma frente a denuncias de fraude electoralPese a este complejo panorama en materia de seguridad, la defensora fue categórica al descartar evidencias de fraude electoral estructural. “No vemos sombra de fraude por ningún lado”, sostuvo, al tiempo que destacó la actuación de la Registraduría Nacional.“Lo que hemos visto es a la Registraduría muy atenta, muy transparente con este tipo de situaciones”, afirmó. En ese sentido, consideró que las quejas deben tramitarse por los canales institucionales, sin generar desconfianza generalizada.“Hay que hacer en este momento un llamado a la calma. La forma como se presentan las observaciones y las preocupaciones no debe generar una duda o una incertidumbre generalizada sobre el proceso electoral”, enfatizó.Marín recordó que, en el pasado, cuando se han presentado irregularidades en el conteo o inconsistencias puntuales, “los organismos de control y las autoridades de justicia lo han resuelto”. Por ello, reiteró que el camino es fortalecer la institucionalidad y no debilitarla con sospechas infundadas.
La defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, le pidió a la Corte Constitucional declarar inconstitucional el Decreto 1390 de 2025, mediante el cual el Gobierno declaró el estado de emergencia económica y social en todo el país.No obstante, solicitó que la Corte “declare la inconstitucionalidad del Decreto 1390 de 2025, modulando sus efectos para que sean diferidos únicamente en lo que respecta a la vigencia de las medidas destinadas a conjurar la crisis en el sector salud”.En un documento enviado al magistrado Carlos Camargo Assis, la defensora examinó tres de las causas que el Gobierno presentó como fundamento de la emergencia: el cumplimiento de órdenes judiciales relacionadas con la Unidad de Pago por Capitación (UPC) y la financiación del sistema de salud; el deterioro de la seguridad territorial y los riesgos para líderes sociales, defensores de derechos humanos y candidatos electorales; y el atraso en el pago de indemnizaciones a víctimas del conflicto armado.Crisis en salud y financiación de la UPCEn materia de salud, la Defensoría recuerda que desde 2016 se estableció como estándar mínimo que la UPC del régimen subsidiado no sea inferior al 95 % de la del régimen contributivo. La persistencia en los incumplimientos ha generado incluso incidentes de desacato.Según cifras recopiladas por la entidad, en 2025 la Adres destinó $88,4 billones a la UPC, lo que representa el 88 % de los recursos del sistema. Para 2026 se proyectan $101 billones, un incremento del 14,3 %.“No obstante, las EPS reportaron una siniestralidad del 109,5 %, que implicó un déficit presupuestal estimado de $5,95 billones, sin incluir los $5,2 billones adicionales correspondientes a gastos administrativos”, señala el documento.La Defensoría advierte que “la evidencia disponible indica que el ajuste proyectado de la UPC para 2026 corrige solo parcialmente el problema, pues subsisten déficits estructurales acumulados de vigencias anteriores. De hecho, el requerimiento fiscal de 3,3 billones que indica el Gobierno en el Decreto 1390 puede incrementarse si se consideran las deudas acumuladas del sistema, estimadas entre $10 y $30 billones, respecto de las cuales no existe consenso”.La entidad también señala que el desfinanciamiento ha impactado directamente el acceso a medicamentos y servicios. “En definitiva, el panorama descrito permite concluir que la desfinanciación de la UPC configura una situación de gravedad e inminencia que exige una respuesta urgente del Estado orientada a asegurar la búsqueda de fuentes adicionales de recursos que facilite la estabilidad de los pagos en la cadena de atención y la protección efectiva de las personas, especialmente las más vulnerables”.Las cifras respaldan esa advertencia. Las quejas por fallas en la prestación del servicio aumentaron 78 % entre 2023 y 2025. Solo en 2025 se registraron más de 46.000 reclamaciones. También crecieron las tutelas y los reclamos ante la Superintendencia de Salud, con cerca de 685.000 quejas por medicamentos. Además, el gasto de bolsillo de los hogares alcanzó su nivel más alto en años, llegando en algunos departamentos hasta el 30 % de los ingresos familiares.Sin embargo, pese a reconocer la gravedad de la situación, la Defensoría argumentó que “ninguna de estas causas cumple el presupuesto fáctico de sobreviniencia” y que el Gobierno “no demostró la insuficiencia de los mecanismos ordinarios”, entre ellos la “reasignación del presupuesto flexible” y las “operaciones de crédito público”.Seguridad y orden públicoEl segundo argumento del Gobierno fue el deterioro del orden público, los ataques con drones en departamentos como Cauca, Cesar y Norte de Santander, y el aumento del riesgo para líderes sociales y candidatos en el contexto electoral.La Defensoría señala que solo en 2025 se documentaron 177 homicidios de personas defensoras de derechos humanos. También aumentaron las amenazas contra actores políticos.Sin embargo, la entidad sostiene que la violencia contra líderes sociales ha sido advertida durante años a través del Sistema de Alertas Tempranas. Incluso el uso de drones con explosivos ya había sido documentado antes de la declaratoria de emergencia.“Si bien los riesgos para la población líder y defensora de derechos humanos, así como para los y las candidatas son graves, el Decreto no identifica un riesgo efectivo capaz de materializarse en un daño concreto e inminente”.Además, recuerda que el Congreso ya había aprobado aumentos presupuestales para el sector defensa y para la Unidad Nacional de Protección.Reparación a víctimasEl tercer punto analizado fue el atraso en el pago de indemnizaciones a víctimas del desplazamiento forzado.Según el documento, “el gobierno había pagado indemnizaciones a un total de 1.769.413 víctimas”, cifra que “corresponde únicamente al 19% de las 9.226.775 personas susceptibles de recibir la medida”.Pero la Defensoría insiste en que tampoco se trata de un problema reciente. Desde la expedición de la Ley de Víctimas en 2011 se advertía que la financiación sería insuficiente frente al universo real de afectados.“En 2022, la entonces directora de la Unidad para las Víctimas indicó que, de no adoptar medidas adicionales, tardaríamos más de 60 años en reparar a todas las víctimas registradas hasta ese momento.32 Esto evidencia que el problema de los pagos atrasados por concepto de reparación no es nuevo y que obedece a un problema estructural advertido por el gobierno desde tiempo atrás”.Inconstitucionalidad con efectos diferidosCon base en todo este análisis, la Defensoría concluye que el Decreto es inconstitucional porque no se cumplieron los requisitos para declarar un estado de excepción.No obstante, hace una precisión clave sobre la salud. Advierte que “la falta de liquidez financiera en el sistema de salud demanda medidas inmediatas y certeras para conjurar el progresivo agravamiento de los problemas de acceso equitativo a medicamentos, tratamientos y procedimientos incluidos en el PBS”. Y agrega que “ante la duda, la solución debe contemplar todas las medidas posibles para conjurar la extensión de la crisis”.Por eso insiste en que la Corte declare la inconstitucionalidad, pero con efectos diferidos en lo relacionado con las medidas tributarias.“Declarar la inconstitucionalidad del Decreto 1390 de 2025, modulando sus efectos para que sean diferidos únicamente en lo que respecta a la vigencia de las medidas destinadas a conjurar la crisis en el sector salud”, y “preservar las medidas tributarias adoptadas en el Decreto 1474 de 2025 por el término de la vigencia fiscal de 2026”, con destinación específica al sistema de salud.También pide que la Procuraduría, la Contraloría y la Sala Especial de Seguimiento ejerzan vigilancia estricta sobre esos recursos, y exhorta al Gobierno y al Congreso a tramitar una ley de financiamiento que estabilice estructuralmente el sistema.
La defensora del Pueblo, Iris Marín, le acaba de ganar otro pulso al ministro del interior Armando Benedetti, esto luego de que la Procuraduría decidiera no abrir investigación disciplinaria contra la defensora del Pueblo tras una queja de Benedetti, quien la acusó de presunta calumnia e injuria por declaraciones públicas en su contra.Armando Benedetti sostuvo que la defensora habría vulnerado su buen nombre y honra al referirse, en entrevistas y declaraciones a medios de comunicación, a acusaciones de violencia de género y corrupción que lo han rodeado en los últimos años.Fue allí cuando la defensora del pueblo cuestionó la designación de Benedetti como ministro del Interior, al advertir que existían señalamientos serios de violencia contra la mujer y procesos judiciales en curso.Sin embargo, tras analizar el caso, la Procuraduría concluyó que las expresiones de la defensora no constituyen imputaciones falsas ni deshonrosas, sino opiniones sustentadas en hechos de conocimiento público, y que se enmarcaron en el ejercicio legítimo de la libertad de expresión.Señaló también el Ministerio Público que los servidores públicos están sujetos a un mayor escrutinio social y mediático. En meses pasados la Fiscalía archivó una denuncia que entabló Benedetti contra Marín por estos mismos hechos.
La defensora del Pueblo, Iris Marín, denunció que el Ministerio de Hacienda no ha girado los recursos para el pago de los honorarios de 5.160 contratistas. Marín argumenta que estos recursos ya estaban asignados en la ley de presupuesto y estaban comprometidos a través de los contratos de prestación de servicio suscritos y cumplidos por los contratistas.La defensora también argumentó que agotaron todas las posibilidades que estuvieron a su alcance para lograr que la cartera pusiera los recursos para el pago de los honorarios de todos sus contratistas, incluyendo a más de 4.200 defensores y defensoras públicas.Marin aseguró que la Defensa Pública es parte integral del sistema de justicia de Colombia, permitiendo el acceso a la justicia a quienes no tienen medios para pagar su representación judicial y que cada defensor público, lleva más procesos de los que es razonable.La defensora también compartió que el monto del presupuesto incluido en el proyecto de ley de presupuesto de 2026 para la Defensoría del Pueblo es inferior al del 2025, teniendo en cuenta que fue definido en total unanimidad por el Ministerio de Hacienda.Adicionalmente, afirmó que en el debate del Congreso, el monto se redujo aún más porque “algunos de los congresistas que no apoyaron la proposición para subir el presupuesto asignado a nuestra institución sostuvieron que el Congreso no podría aprobarla sin previo aval de MinHacienda. Dicho aval nunca llegó”.
El Consejo Comunitario de las Comunidades Negras Cerro Teta, en el municipio de Buenos Aires, Cauca, emitió una alerta comunitaria denunciando hostigamientos y detonaciones de artefactos explosivos que se registraron desde las 6:00 de la mañana en la cabecera municipal, en inmediaciones de la Estación de Policía, el Banco Agrario, la Casa de Justicia, la Alcaldía Municipal y viviendas cercanas.Los hechos han generado temor, confinamiento y riesgo para decenas de familias del territorio ancestral, quienes se encuentran atrapadas en medio del fuego cruzado.De acuerdo con la comunidad, esta situación constituye una grave violación a los derechos humanos y étnico-territoriales, pues afecta la integridad física y emocional de las familias, limita su libre circulación y amenaza directamente su permanencia en el territorio. “La vida no es posible sin el territorio”, reiteró el Consejo Comunitario en su pronunciamiento.Ante la gravedad de los hechos, la defensora del Pueblo, Iris Marín, expresó su respaldo a la denuncia de la comunidad y anunció que la entidad ya activó las rutas de verificación, prevención y atención humanitaria en la zona, en articulación con las autoridades locales y organismos internacionales de derechos humanos. Marín enfatizó que la Defensoría está “verificando en terreno y exigiendo respeto por la vida, la dignidad y la autonomía de las comunidades afrodescendientes del norte del Cauca”.La institución hizo un llamado urgente al Gobierno Nacional, las autoridades departamentales y los organismos de seguridad para que adopten medidas inmediatas que garanticen la protección de la población civil y eviten nuevos hechos de violencia.Esta nueva emergencia se suma al creciente clima de inseguridad que enfrentan los territorios étnicos en el suroccidente del país, donde persisten enfrentamientos entre grupos armados ilegales por el control territorial y las economías ilícitas.
La gobernadora del departamento del Meta y presidenta de la Federación Nacional de Departamentos, Rafaela Cortés, respaldó las recientes acciones de la fuerza pública en el territorio departamental tras la concreción de operaciones militares contra estructuras de las disidencias de las FARC pertenecientes al mando de alias Iván Mordisco. En entrevista con Mañanas Blu, la mandataria territorial analizó el impacto operativo registrado en el municipio de Mapiripán, donde se produjo la captura de alias Bonito y la neutralización de alias El Ruso.Operativa militar y disputas territoriales en MapiripánEl municipio de Mapiripán, caracterizado por su extensión geográfica y su posición limítrofe con el departamento del Guaviare, se ha consolidado como un punto estratégico en las dinámicas delictivas de la región. De acuerdo con las declaraciones de la gobernadora, esta zona enfrenta complejos desafíos de seguridad debido a la confrontación directa entre distintas facciones armadas ilegales.Durante el despliegue militar reciente, las autoridades ejecutaron la captura de alias Bonito, presunto integrante de la estructura de alias Iván Mordisco, a quien se le atribuyen actividades delictivas relacionadas con la extorsión y el amedrentamiento a la población local. Asimismo, en el marco de estos mismos procedimientos, las fuerzas armadas reportaron la baja de alias El Ruso (también conocido como alias El Alemán), señalando su rol como presunto cabecilla principal de la Estructura 28 de las disidencias, desplazado desde el departamento de Arauca con la consigna de disputar el control territorial frente a los grupos comandados por alias Calarcá."Mapiripán es uno de los municipios más extensos del departamento, pero es uno de los municipios también que tiene unos problemas de seguridad muy fuertes porque aquí están estos grupos peleándose esta zona. Ayer se capturó a Leal Bonito, quien hace parte de la estructura de Iván Mordisco, un delincuente que hacía muchísimo tiempo estaba incursionando por ese sector generando extorsión, zozobra"."Este señalado como el cabecilla principal de la estructura 28 de la disidencia de las FARC de Iván Mordisco... ahí es cuando uno empieza a decir, vea que sí funciona un gobierno que llega con mano fuerte y cuando toma decisiones claras frente a nuestras fuerzas militares".Evaluación del rol de la fuerza pública y la postura institucionalAl ser indagada sobre la inmediatez de los resultados operativos tras el cambio de mando en la Presidencia de la República, asumida formalmente por Abelardo de La Espriella, la gobernadora del Meta manifestó su perspectiva sobre la operatividad de las tropas en el territorio y la determinación ejecutiva en materia de orden público.Cortés argumentó que, según su lectura institucional, existía prevención en las actuaciones de los mandos militares en periodos anteriores debido a la incertidumbre sobre la condición jurídica de algunos integrantes de grupos armados en el marco de acercamientos de paz."Siempre he sentido que ellos no saben si es por este lado, si están algunos grupos que son gestores de paz, y si estos están en procesos de paz... Entonces siempre como ese temor... Y ya habíamos visto varios casos que habían pasado de nuestras fuerzas militares actuando, en algunos casos capturando alguna de estas personas, pero después o removían al comandante o al coronel que estuviera haciendo el operativo de las fuerzas militares o soltaban al otro día a los capturados".Articulación regional y recursos para la seguridad públicaLa administración departamental del Meta ha reiterado que mantendrá el esquema de colaboración con la fuerza pública mediante el uso de herramientas como bolsas de recompensas, apoyo logístico y articulación con la ciudadanía para incentivar la denuncia comunitaria.La mandataria señaló que la inteligencia militar ha mantenido un seguimiento constante a los movimientos de las organizaciones al margen de la ley en la Orinoquía, por lo que la efectividad de las acciones armadas del Estado requiere un respaldo político e institucional permanente a los procedimientos en terreno."Nosotros felices como departamento del Meta y con toda la disposición, los recursos, con todo el acompañamiento y con, por supuesto, con la comunidad para que nos denuncien estos casos, para que nuestras fuerzas armadas, fuerzas militares puedan llegar a realizar estas capturas y podamos avanzar en temas de seguridad. Ya tenemos un gobierno que le cree a la fuerza pública, ya tenemos un gobierno que acompaña las operaciones de la fuerza pública... Vamos a actuar con todas nuestras fuerzas militares, con toda la inteligencia, y por supuesto con todos los recursos posibles para podernos mermar y combatir estos grupos insurgentes".
La Fiscalía General de la Nación judicializó a un exmilitar por su presunta responsabilidad en el homicidio de un hombre ocurrido el 24 de agosto de 2014, en el municipio de Girón, Santander.De acuerdo con la investigación, durante la noche de ese día varias personas se encontraban reunidas en una calle del municipio de Girón cuando fueron abordadas por un grupo de soldados profesionales que adelantaba labores de patrullaje, vigilancia y registro.Según el material probatorio recopilado por la Fiscalía, el entonces soldado profesional Benjamín Méndez Asenso habría disparado por la espalda contra uno de los hombres, quien se retiraba del lugar. El impacto le habría ocasionado la muerte.El ente investigador también estableció que, la víctima presuntamente no se opuso a la requisa. Por la acción del entonces soldado profesional la víctima falleció."Se cuenta con materia probatorio que evidencia que el exintegrante del Ejército Nacional estuvo en el lugar de los hechos y que sostuvo una conversación con la víctima, a quien, al parecer, le disparó sin justificación alguna", dice el fiscal del caso. La investigación fue coordinada por una fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones de los Derechos Humanos, con sede en Bucaramanga. Los investigadores recopilaron elementos materiales probatorios que ubicarían a Méndez Asenso en el lugar de los hechos y que indicarían que habría sostenido una conversación con la víctima antes del disparo.Ante un juez de control de garantías, la Fiscalía le imputó el delito de homicidio agravado. Sin embargo, el procesado no aceptó los cargos.La Fiscalía aclaró que los hechos son materia del proceso judicial y que la responsabilidad penal del exmilitar deberá ser determinada por las autoridades competentes.
Para muchos colombianos, tener una cuenta en Nequi o Daviplata ha sido una manera de controlar su dinero, además de recibir y realizar pagos sin mayores demoras, por lo que tanto ciudadanos como comerciantes se han beneficiado de estas plataformas. Sin embargo, tras la llegada del Registro Universal de Ingresos (RUI) y su transición dejando atrás el Sisbén, muchos se han preguntado si este tipo de cuentas pueden afectar la clasificación socioeconómica de los colombianos.Teniendo en cuenta que uno de los puntos relevantes del RUI es que su clasificación dependerá de más de 43 entidades, muchos se preguntan si tener una billetera digital puede condicionar su clasificación, ubicando a las familias en un grupo diferente y que esto, por consiguiente, las lleve a no cumplir con las condiciones para acceder a programas sociales. Ante este panorama, el DNP aclaró la inquietud.¿Nequi y Daviplata afectan la clasificación del RUI?Antes que todo, vale aclarar que la clasificación del RUI parte de los ingresos de las personas y los hogares. El sistema cruza esta información con datos de entidades administradoras del Estado.Por lo tanto, la idea es identificar los ingresos reales de los hogares y su situación económica a partir de información disponible en bases de datos. Tener una cuenta en alguna billetera digital no basta, pues no refleja por sí sola información administrativa que permita determinar los ingresos.El Registro Universal de Ingresos integra información de varias fuentes del Estado, como el Registro Social de Hogares, la DIAN y la PILA, además de otros registros que se utilizan para realizar los respectivos procesos de focalización.Por lo tanto, no debe preocuparse si tiene una cuenta en Nequi, Daviplata o cualquier otra billetera digital. Lo que sí será tenido en cuenta en la clasificación del RUI es la información relacionada con los ingresos del hogar.¿Cuáles ingresos son tomados en cuenta en el RUI?Tenga en cuenta que la clasificación puede cambiar si la información disponible muestra condiciones económicas diferentes a las que estaban registradas anteriormente en el Sisbén.Un ejemplo de ello es que, si los registros muestran que los ingresos reales superan los límites establecidos para determinados grupos, esa información podría influir en la clasificación que establece el RUI.Por lo tanto, existe una diferencia entre contar con una billetera digital y los movimientos o ingresos que pueden estar reflejados en las fuentes utilizadas para determinar la situación económica de una persona o un hogar.¿Cómo consultar la clasificación del RUI?Los ciudadanos pueden verificar la información de su hogar únicamente a través de la plataforma oficial de la Ventanilla Social.Para realizar la consulta deben seguir estos pasos:Ingresar al portal oficial de la Ventanilla Social.Seleccionar el tipo de documento.Digitar el número de identificación.Hacer clic en "Consultar".El Gobierno recomienda utilizar exclusivamente los canales oficiales para evitar fraudes y proteger la información personal. Asimismo, recordó que la implementación del RUI será gradual y que, durante la transición, continuarán vigentes los mecanismos actuales de focalización mientras las entidades completan los ajustes técnicos.
Durante cerca de cinco horas, más de 530 silleteros y silleteras de Santa Elena llevaron sobre sus espaldas esas enormes composiciones florales por un recorrido de más de 2.4 kilómetros que arrancó pasadas las 2 de la tarde en una jornada en la que la tradición, el trabajo campesino y la creatividad volvieron a convertirse en protagonistas para emocionar a los miles de asistentes propios y foráneos que llegaron a la capital antioqueña para vivir una de sus más importantes tradiciones.La edición de este año también dejó nombres propios: John Jairo Grajales Gómez, de la vereda El Porvenir, se quedó con el título de ganador absoluto del desfile con su silleta tradicional. También había obtenido este mismo premio en 2019."No tengo palabras, demasiado emocionado. Es una labor, es una tradición que la llevo en el corazón por ser. En homenajeado con estos galardones, y bendito dios, a nuestro señor, a los jurados, a todo mundo que está viendo la labor que uno hace. No es fácil, son siete, ocho meses de trabajar duro para poder producir esta silleta y sacarla en la ciudad de Medellín", manifestó Grajales.GanadoresEn otras categorías los ganadores fueron Mateo Londoño Ospina, de la vereda San Ignacio, en la Comercial; en la Monumental el galardón fue para David Santiago Grisales Gómez, de la vereda Piedra Gorda. Mientras tanto, la mejor propuesta en Emblemática correspondió a Juan Gabriel Velásquez Grajales, también de El Porvenir, y de ese mismo lugar del corregimiento, Víctor Julio Ruiz se destacó en la categoría Artística; Isabela Londoño Grajales, de la vereda El Cerro, obtuvo reconocimiento en la categoría Infantil e Isabela Grajales Grajales, de la vereda Piedra Gorda, en Junior.El principal evento de la Feria contó con por segunda vez en la historia de un presidente de la República. Abelardo de la Espriella estuvo acompañado de su familia, del vicepresidente José Manuel Restrepo, el alcalde Federico Gutiérrez y el gobernador Andrés Julián Rendón."Feliz de estar aquí en Medellín, en este desfile, en esta feria, que es patrimonio de Colombia, pero tenemos que hacerlo patrimonio de la humanidad, y ese es el compromiso", apuntó el jefe de Estado. Por su parte, el vicepresidente Restrepo habló sobre la elección de Medellín para la primera visita oficial de los nuevos mandatarios."Lo que significa enderrama económica para el municipio, para el departamento, en quien se dedica al jardín, en quien hace la silleta, en quienes traen las flores de otros territorios de Colombia. Vincula el país alrededor de las flores. Y las flores, ¿ustedes saben lo que significa incluso en tradición exportadora de Colombia?", aseguró. El vicepresidente Restrepo también destacó que el Desfile de Silleteros es un evento que, además de estar muy arraigado a la tradición antioqueña, es un ícono del país en el mundo."De Colombia, de Antioquia, de Medellín, que hay que acompañar, porque estos estos, estas silletas y los silleteros representan, además, mire la hermosura de lo que significa esta tierra, de lo que tiene Colombia también para mostrarle al mundo. Y tenemos que acompañarlo, esto es una tradición cultural de enorme importancia para el país", expuso Restrepo.Según el alcalde Federico Gutiérrez, durante los 10 días de Feria, la ciudad alcanzó una ocupación hotelera superior al 80% y una derrama económica superior a 60 millones de dólares.
La memoria de Johan Sebastián Durán Guerrero, el joven bumangués de 25 años que murió tras recibir varios disparos de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), empieza a quedar plasmada en las calles de Biddeford, Maine.Dos artistas locales comenzaron a pintar un mural en el centro de esta ciudad para homenajear al colombiano, quien murió el pasado 13 de julio durante un procedimiento de agentes de inmigración. La obra está ubicada en el número 5 de Alfred Street y muestra a Johan junto a su pequeña hija.El mural fue autorizado tanto por los propietarios del edificio como por el negocio que funciona en el lugar, Stem & Vine. Su propietaria, Brianne Emhiser, aseguró que se siente honrada de que la fachada de su establecimiento sea el espacio escogido para mantener viva la memoria del joven colombiano.De acuerdo con los artistas, la obra estaría terminada aproximadamente en las próximas 48 horas.El homenaje se suma a las distintas expresiones de duelo que han surgido en Biddeford desde la muerte de Johan. En los días posteriores al tiroteo, residentes levantaron memoriales improvisados en el sitio donde ocurrió el hecho, mientras familiares, amigos y organizaciones defensoras de los migrantes han reclamado respuestas sobre las circunstancias de su muerte.Johan Sebastián Durán Guerrero había llegado a Estados Unidos en busca de oportunidades y se había establecido en Biddeford junto con su familia. Era padre de una niña de tres años y, según organizaciones de apoyo a migrantes, contaba con autorización para trabajar y un número de Seguro Social.El 13 de julio, Johan salió de su vivienda en un vehículo cuando fue interceptado por agentes de ICE. La versión oficial sostiene que el joven intentó escapar y que habría dirigido el automóvil hacia uno de los funcionarios, quien entonces disparó al considerar que existía una amenaza para su seguridad.Sin embargo, el caso ha estado rodeado de cuestionamientos. El senador independiente Angus King afirmó que, de acuerdo con información del Departamento de Seguridad Nacional, Johan no era el objetivo de la operación. Además, se ha señalado que los agentes involucrados no portaban cámaras corporales. La Fiscalía General de Maine mantiene abierta la investigación y el funcionario que disparó fue puesto en licencia administrativa.Videos de cámaras de seguridad y testimonios de personas que estaban en el sector también han generado interrogantes frente a la versión oficial. Medios estadounidenses han reportado que el agente identificado como David Brouillette disparó contra Johan y que posteriormente surgieron antecedentes sobre el comportamiento violento del funcionario, información que ahora también hace parte del escrutinio público sobre el caso.La muerte del joven bumangués provocó además una fuerte reacción en Biddeford. Su compañera, Karolina Rojas Álvarez, describió a Johan como un hombre trabajador, dedicado a su familia y con sueños por cumplir. Durante una declaración pública, recordó especialmente el vínculo que tenía con su hija de tresEl alcalde de Biddeford, Liam LaFountain, también ha reclamado una investigación transparente y ha insistido en que Johan era parte de la comunidad. En una proclamación presentada ante el Concejo Municipal, pidió justicia y rendición de cuentas por su muerte y expresó solidaridad con la familia y con los habitantes migrantes de la ciudad.Ahora, mientras avanza la investigación en Estados Unidos, el rostro de Johan quedará plasmado en un muro de Biddeford. Una imagen junto a su hija que busca convertir el dolor de una comunidad en memoria y recordar la historia del joven colombiano que salió de Bucaramanga buscando un mejor futuro y terminó muriendo durante un operativo de inmigración.
