La defensora del Pueblo, Iris Marín, cuestionó la presunta participación en política del presidente Gustavo Petro, insistiendo en que es un comportamiento que no debería replicar ni él ni los otros funcionarios de su Gobierno.“Mientras llegan las autoridades competentes y toman una decisión, ya habrán pasado las elecciones. Es un llamado al presidente de la República y a todo el Gobierno a que se abstengan de emitir declaraciones que favorezcan al candidato del partido de Gobierno”, dijo Marín.Las declaraciones fueron entregadas durante la Comisión de Seguimiento Electoral adelantada en Cartagena, donde la defensora detalló los cuatro riesgos que persisten de cara a la primera vuelta presidencial. La preocupación, insiste, está en algunos municipios donde ha empeorado la situación.“La interferencia de grupos armados, infortunadamente, ha venido empeorando la situación de riesgo en varios municipios del país. Segundo, la conducta de las propias candidaturas: alertamos sobre el comportamiento ofensivo, la difusión de información falsa, el lenguaje discriminatorio y piezas de campaña que realmente tienen información que no es veraz y que estamos pidiendo que se corrija y que puede afectar el derecho al voto libre e informado de las personas”, explicó Marín.Por su parte, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, reiteró que mantienen los esquemas de seguridad y el despliegue de la Fuerza Pública para mitigar cualquier riesgo en materia de orden público.“Todas las capacidades, aeronaves, helicópteros, equipos antidrones, Fuerza Pública, hombres y mujeres están desplegados en 32 sitios. Hemos focalizado donde podría haber actos violentos y en 38 municipios donde podría haber una gran amenaza de actos no violentos. Se han priorizado Cauca, Catatumbo, Bajo Cauca antioqueño y una región en el Tolima”, contó Sánchez.
La Defensora del Pueblo, Iris Marin, lanzó una alerta sobre el deterioro del debate democrático en medio del actual proceso electoral, tras evidenciar múltiples manifestaciones de violencia política que afectan directamente a candidatos y al ejercicio de los derechos ciudadanos.“El proceso electoral enfrenta un deterioro del debate democrático marcado por violencias digitales, estigmatización y discursos de odio que ponen en riesgo la vida, la participación política y la calidad de la democracia. Si bien no todos los hechos de preocupación provienen de las campañas, prevenirlos es una responsabilidad compartida y urgente”, explicó la defensora.Dentro del seguimiento realizado entre el 13 de marzo y el 15 de abril, la entidad documentó casos concretos que reflejan este panorama.“Identificamos, por ejemplo, que Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo, Claudia López, Aida Quilcué y Sandra McCollins suelen sufrir agresiones de violencia contra las mujeres en política, o violencias por prejuicio, estigmatización y difamación. Iván Cepeda y Aida Quilcué sufren con alta recurrencia, estigmatización y difamación. A Luis Gilberto Murillo y Aida Quilcué se refieren con afirmaciones racistas. En contra de Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo se evidencian situaciones de difamación. La campaña de Sergio Fajardo recibe también un lenguaje ofensivo”, detalló.El análisis también advierte que estas violencias no afectan a todas las candidaturas por igual, sino que reproducen desigualdades estructurales.En particular, se registra una alta recurrencia de ataques contra mujeres en política, “basados en estereotipos de género, sexualización y descalificaciones personales, así como agresiones por prejuicio hacia personas con orientaciones sexuales diversas y manifestaciones de racismo contra candidaturas afrodescendientes e indígenas”.A esto se suman hechos como amenazas de muerte, afectaciones a sedes políticas y presencia de actores armados en eventos públicos. La Defensoría alertó que muchas de estas agresiones son amplificadas en entornos digitales, lo que incrementa el riesgo de escalamiento hacia formas más graves de violencia.A este panorama se suma la desinformación mediante señalamientos que asocian a candidaturas con ilegalidad, criminalidad, actores armados. Estas dinámicas se presentan en contextos atravesados por el conflicto armado y la criminalidad organizada.La defensora subrayó que este panorama está generando ambientes de miedo, autocensura y hostilidad que afectan la deliberación democrática y pueden limitar, en la práctica, el derecho de la ciudadanía a elegir libremente. Además, advirtió sobre el impacto en los jóvenes, quienes están expuestos a estos contenidos en entornos digitales, lo que puede afectar su confianza en las instituciones y su participación política.Frente a este escenario, la entidad hizo un llamado a las instituciones a reforzar sus acciones, especialmente a la Fiscalía, el Ministerio del Interior y la Unidad Nacional de Protección, así como a los medios de comunicación plataformas digitales para actuar con mayor diligencia.“A los movimientos políticos y las campañas, rechazar de forma expresa y no selectiva estos hechos. A los medios de comunicación y actores con influencia en la opinión pública, no amplificar estas prácticas”.
A través de su cuenta de X, la funcionaria advirtió sobre combates entre el ELN y las disidencias de las Farc, específicamente el Frente 33, en la zona de Filo Gringo, en el municipio de El Tarra, Norte de Santander.En su mensaje, fue enfática en calificar estos hechos como crímenes y reiteró el llamado a garantizar los derechos de la población civil. “Lo diremos una y mil veces, hasta que escuchen: son crímenes y la gente del Catatumbo tiene derecho a la paz, una paz que se construya mirando a la gente y sus derechos”, señaló.Este pronunciamiento se da luego de un nuevo hecho de violencia registrado el pasado 6 de abril en la vereda Cuatro Esquinas, donde, según informó la Personería Municipal, fueron lanzados artefactos explosivos mediante drones, dejando como saldo al menos dos civiles gravemente heridos.En un comunicado a la opinión pública, la Personería expresó su preocupación por la reiteración de estos hechos en zonas rurales del corregimiento de Filo Gringo y rechazó que la población civil continúe siendo la principal afectada en medio del conflicto.“La Personería Municipal rechaza de manera contundente estos actos de violencia y condena enérgicamente que la población civil continúe siendo la principal afectada en el marco de este conflicto”, señalaron. Asimismo, hizo un llamado urgente a los grupos armados para que respeten el Derecho Internacional Humanitario y se abstengan de realizar acciones en zonas habitadas, recordando la obligación de proteger a quienes no participan directamente en las hostilidades."Resulta inaceptable que comunidades campesinas, familias, niños, niñas y adultos mayores se vean expuestos a este tipo de acciones que atentan contra su dignidad y bienestar”, concluyeron.
La defensora del Pueblo, Iris Marín, participó en el panel ‘¿Quiénes somos? Narrativas de país desde lo cotidiano’, un espacio que hizo parte del foro ‘Para la polarización, la conversación’.Este encuentro busca hablar sobre la necesidad de crear espacios para conversar sobre temas que a veces dividen, pero que también son necesarios para buscar soluciones.En este contexto, Marín aseguró que el país no está tan polarizado o dividido como a veces parece.“Bueno, me parece que el ejercicio es realmente muy ilustrativo, además de muy bonito, muy inspirador, es muy ilustrativo de que en Colombia no estamos tan divididos como creemos, tenemos muchas cosas en común y nuestra diferencia, que va a permanecer siempre, afortunadamente, es nuestra riqueza y no es una amenaza”, dijo Marín.En este foro también estuvo el embajador del Reino Unido en Colombia, quien asegura que nuestro país es mucho mejor ahora que hace algunos años.“Básicamente estamos operando desde 2016 en un contexto mucho más normal. La polarización en Colombia ahora parece más a la polarización en Chile, por ejemplo, que no era el caso hace 10 años y absolutamente hace 20 años. Entonces algo ha cambiado y es un segundo punto positivo, y eso no es negar que hay polarización y eso no es negar que hay problemas, por supuesto, en este país, pero creo que el punto de salida en términos de orgullo nacional es positivo y este país es un país distinto al país de hace 10 o 20 años”, señaló George Hodgson, embajador del Reino Unido en Colombia.
A pocos días de las elecciones parlamentarias, la defensora del Pueblo, Iris Marín, envió un mensaje de calma al país en medio de las advertencias sobre presuntos riesgos de fraude electoral. En entrevista con Néstor Morales en Mañanas Blu, la funcionaria fue enfática: “No vemos en este momento ningún riesgo muy específico que pueda generar esta alarma”, aunque reconoció un panorama complejo en materia de orden público en varias regiones.La declaración se produce en un contexto de creciente tensión política, tras los señalamientos del presidente Gustavo Petro sobre posibles irregularidades en el proceso electoral. Frente a ello, Marín sostuvo que es válido plantear inquietudes, pero pidió prudencia en la forma de hacerlo. Más de 670 municipios bajo algún nivel de riesgo electoralLa Defensoría del Pueblo actualizó su mapa de alertas tempranas y advirtió un deterioro en las condiciones de seguridad desde octubre pasado. Según explicó Marín, el país fue clasificado en cinco niveles de atención: “cuidados intensivos, urgencias, cita prioritaria, permanente y ordinario”, como una forma pedagógica de describir la gravedad de los riesgos.“Pasamos de 62 municipios a 69 que requieren acción inmediata; de 162 a 168 que requieren acción urgente; y de 425 a 433 que requieren acción prioritaria”, detalló. En total, cerca de 670 municipios presentan algún tipo de riesgo que podría afectar el desarrollo normal de las elecciones parlamentarias.Las zonas más críticas se concentran en regiones históricamente golpeadas por el conflicto armado, como el Cauca, Caquetá, Catatumbo, Guaviare, el sur de Bolívar y algunos municipios de Antioquia. Allí, explicó la defensora, persisten dinámicas de “gobernanza armada” que interfieren con el libre ejercicio de la actividad política.Grupos armados y presiones a candidaturasUno de los puntos más sensibles abordados en la entrevista fue la presunta injerencia de grupos armados ilegales en la campaña electoral. De acuerdo con la Defensoría, tanto el Clan del Golfo como el ELN y las disidencias de las FARC estarían ejerciendo presiones en distintos territorios.Marín aclaró que la finalidad principal de estas estructuras no es ideológica, sino territorial. “Lo que buscan es mantener control territorial y poblacional. No indica necesariamente una posición ideológica, sino presiones para mantener ese control”, señaló.No obstante, reconoció que en algunos casos se evidencian afectaciones específicas. En Montes de María, por ejemplo, “el Clan del Golfo ha hecho hostigamientos especialmente a movimientos alternativos, movimientos de izquierda o candidaturas de origen campesino comunitario”. En el Cauca, en contraste, se han instalado vallas atribuidas a disidencias de las FARC en contra de candidatos del Centro Democrático.La defensora insistió en que no existen elementos para afirmar que determinadas candidaturas estén colaborando con grupos ilegales. “No podemos hacer afirmaciones categóricas sobre cuál es el interés sobre cierto candidato. Tampoco queremos incurrir en estigmatización”, puntualizó.Inscripción anómala de cédulas y riesgo en zonas minadasOtro foco de alerta es la inscripción masiva y anómala de cédulas en municipios con presencia armada. Marín citó el caso de Cartagena del Chairá, en Caquetá, donde en pocos días se registraron más de 1.300 inscripciones en un solo puesto de votación.“Hemos notado, como lo ha indicado también la MOE, una inscripción de cédulas anómala en ciertos municipios del país donde hay presencia de grupos armados que podrían estar interfiriendo con esa finalidad para lograr el apoyo de ciertos candidatos”, explicó.En el Catatumbo, además, la situación se agrava por la confrontación entre el ELN y el frente 33 de las disidencias de las FARC. “Se minan muchos caminos cerca de escuelas. Esos caminos minados son caminos minados también para centros electorales”, advirtió. Allí, según relató, las campañas deben incluso pedir autorización para realizar actividades proselitistas.El riesgo, dijo, es que el día de las elecciones se impida la instalación de mesas o se condicione el voto. “Son zonas completamente controladas, o que van a dejar que se pongan las mesas pero para que se vote por los candidatos de su conveniencia”, alertó.Llamado a la calma frente a denuncias de fraude electoralPese a este complejo panorama en materia de seguridad, la defensora fue categórica al descartar evidencias de fraude electoral estructural. “No vemos sombra de fraude por ningún lado”, sostuvo, al tiempo que destacó la actuación de la Registraduría Nacional.“Lo que hemos visto es a la Registraduría muy atenta, muy transparente con este tipo de situaciones”, afirmó. En ese sentido, consideró que las quejas deben tramitarse por los canales institucionales, sin generar desconfianza generalizada.“Hay que hacer en este momento un llamado a la calma. La forma como se presentan las observaciones y las preocupaciones no debe generar una duda o una incertidumbre generalizada sobre el proceso electoral”, enfatizó.Marín recordó que, en el pasado, cuando se han presentado irregularidades en el conteo o inconsistencias puntuales, “los organismos de control y las autoridades de justicia lo han resuelto”. Por ello, reiteró que el camino es fortalecer la institucionalidad y no debilitarla con sospechas infundadas.
La defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, le pidió a la Corte Constitucional declarar inconstitucional el Decreto 1390 de 2025, mediante el cual el Gobierno declaró el estado de emergencia económica y social en todo el país.No obstante, solicitó que la Corte “declare la inconstitucionalidad del Decreto 1390 de 2025, modulando sus efectos para que sean diferidos únicamente en lo que respecta a la vigencia de las medidas destinadas a conjurar la crisis en el sector salud”.En un documento enviado al magistrado Carlos Camargo Assis, la defensora examinó tres de las causas que el Gobierno presentó como fundamento de la emergencia: el cumplimiento de órdenes judiciales relacionadas con la Unidad de Pago por Capitación (UPC) y la financiación del sistema de salud; el deterioro de la seguridad territorial y los riesgos para líderes sociales, defensores de derechos humanos y candidatos electorales; y el atraso en el pago de indemnizaciones a víctimas del conflicto armado.Crisis en salud y financiación de la UPCEn materia de salud, la Defensoría recuerda que desde 2016 se estableció como estándar mínimo que la UPC del régimen subsidiado no sea inferior al 95 % de la del régimen contributivo. La persistencia en los incumplimientos ha generado incluso incidentes de desacato.Según cifras recopiladas por la entidad, en 2025 la Adres destinó $88,4 billones a la UPC, lo que representa el 88 % de los recursos del sistema. Para 2026 se proyectan $101 billones, un incremento del 14,3 %.“No obstante, las EPS reportaron una siniestralidad del 109,5 %, que implicó un déficit presupuestal estimado de $5,95 billones, sin incluir los $5,2 billones adicionales correspondientes a gastos administrativos”, señala el documento.La Defensoría advierte que “la evidencia disponible indica que el ajuste proyectado de la UPC para 2026 corrige solo parcialmente el problema, pues subsisten déficits estructurales acumulados de vigencias anteriores. De hecho, el requerimiento fiscal de 3,3 billones que indica el Gobierno en el Decreto 1390 puede incrementarse si se consideran las deudas acumuladas del sistema, estimadas entre $10 y $30 billones, respecto de las cuales no existe consenso”.La entidad también señala que el desfinanciamiento ha impactado directamente el acceso a medicamentos y servicios. “En definitiva, el panorama descrito permite concluir que la desfinanciación de la UPC configura una situación de gravedad e inminencia que exige una respuesta urgente del Estado orientada a asegurar la búsqueda de fuentes adicionales de recursos que facilite la estabilidad de los pagos en la cadena de atención y la protección efectiva de las personas, especialmente las más vulnerables”.Las cifras respaldan esa advertencia. Las quejas por fallas en la prestación del servicio aumentaron 78 % entre 2023 y 2025. Solo en 2025 se registraron más de 46.000 reclamaciones. También crecieron las tutelas y los reclamos ante la Superintendencia de Salud, con cerca de 685.000 quejas por medicamentos. Además, el gasto de bolsillo de los hogares alcanzó su nivel más alto en años, llegando en algunos departamentos hasta el 30 % de los ingresos familiares.Sin embargo, pese a reconocer la gravedad de la situación, la Defensoría argumentó que “ninguna de estas causas cumple el presupuesto fáctico de sobreviniencia” y que el Gobierno “no demostró la insuficiencia de los mecanismos ordinarios”, entre ellos la “reasignación del presupuesto flexible” y las “operaciones de crédito público”.Seguridad y orden públicoEl segundo argumento del Gobierno fue el deterioro del orden público, los ataques con drones en departamentos como Cauca, Cesar y Norte de Santander, y el aumento del riesgo para líderes sociales y candidatos en el contexto electoral.La Defensoría señala que solo en 2025 se documentaron 177 homicidios de personas defensoras de derechos humanos. También aumentaron las amenazas contra actores políticos.Sin embargo, la entidad sostiene que la violencia contra líderes sociales ha sido advertida durante años a través del Sistema de Alertas Tempranas. Incluso el uso de drones con explosivos ya había sido documentado antes de la declaratoria de emergencia.“Si bien los riesgos para la población líder y defensora de derechos humanos, así como para los y las candidatas son graves, el Decreto no identifica un riesgo efectivo capaz de materializarse en un daño concreto e inminente”.Además, recuerda que el Congreso ya había aprobado aumentos presupuestales para el sector defensa y para la Unidad Nacional de Protección.Reparación a víctimasEl tercer punto analizado fue el atraso en el pago de indemnizaciones a víctimas del desplazamiento forzado.Según el documento, “el gobierno había pagado indemnizaciones a un total de 1.769.413 víctimas”, cifra que “corresponde únicamente al 19% de las 9.226.775 personas susceptibles de recibir la medida”.Pero la Defensoría insiste en que tampoco se trata de un problema reciente. Desde la expedición de la Ley de Víctimas en 2011 se advertía que la financiación sería insuficiente frente al universo real de afectados.“En 2022, la entonces directora de la Unidad para las Víctimas indicó que, de no adoptar medidas adicionales, tardaríamos más de 60 años en reparar a todas las víctimas registradas hasta ese momento.32 Esto evidencia que el problema de los pagos atrasados por concepto de reparación no es nuevo y que obedece a un problema estructural advertido por el gobierno desde tiempo atrás”.Inconstitucionalidad con efectos diferidosCon base en todo este análisis, la Defensoría concluye que el Decreto es inconstitucional porque no se cumplieron los requisitos para declarar un estado de excepción.No obstante, hace una precisión clave sobre la salud. Advierte que “la falta de liquidez financiera en el sistema de salud demanda medidas inmediatas y certeras para conjurar el progresivo agravamiento de los problemas de acceso equitativo a medicamentos, tratamientos y procedimientos incluidos en el PBS”. Y agrega que “ante la duda, la solución debe contemplar todas las medidas posibles para conjurar la extensión de la crisis”.Por eso insiste en que la Corte declare la inconstitucionalidad, pero con efectos diferidos en lo relacionado con las medidas tributarias.“Declarar la inconstitucionalidad del Decreto 1390 de 2025, modulando sus efectos para que sean diferidos únicamente en lo que respecta a la vigencia de las medidas destinadas a conjurar la crisis en el sector salud”, y “preservar las medidas tributarias adoptadas en el Decreto 1474 de 2025 por el término de la vigencia fiscal de 2026”, con destinación específica al sistema de salud.También pide que la Procuraduría, la Contraloría y la Sala Especial de Seguimiento ejerzan vigilancia estricta sobre esos recursos, y exhorta al Gobierno y al Congreso a tramitar una ley de financiamiento que estabilice estructuralmente el sistema.
La defensora del Pueblo, Iris Marín, le acaba de ganar otro pulso al ministro del interior Armando Benedetti, esto luego de que la Procuraduría decidiera no abrir investigación disciplinaria contra la defensora del Pueblo tras una queja de Benedetti, quien la acusó de presunta calumnia e injuria por declaraciones públicas en su contra.Armando Benedetti sostuvo que la defensora habría vulnerado su buen nombre y honra al referirse, en entrevistas y declaraciones a medios de comunicación, a acusaciones de violencia de género y corrupción que lo han rodeado en los últimos años.Fue allí cuando la defensora del pueblo cuestionó la designación de Benedetti como ministro del Interior, al advertir que existían señalamientos serios de violencia contra la mujer y procesos judiciales en curso.Sin embargo, tras analizar el caso, la Procuraduría concluyó que las expresiones de la defensora no constituyen imputaciones falsas ni deshonrosas, sino opiniones sustentadas en hechos de conocimiento público, y que se enmarcaron en el ejercicio legítimo de la libertad de expresión.Señaló también el Ministerio Público que los servidores públicos están sujetos a un mayor escrutinio social y mediático. En meses pasados la Fiscalía archivó una denuncia que entabló Benedetti contra Marín por estos mismos hechos.
La defensora del Pueblo, Iris Marín, denunció que el Ministerio de Hacienda no ha girado los recursos para el pago de los honorarios de 5.160 contratistas. Marín argumenta que estos recursos ya estaban asignados en la ley de presupuesto y estaban comprometidos a través de los contratos de prestación de servicio suscritos y cumplidos por los contratistas.La defensora también argumentó que agotaron todas las posibilidades que estuvieron a su alcance para lograr que la cartera pusiera los recursos para el pago de los honorarios de todos sus contratistas, incluyendo a más de 4.200 defensores y defensoras públicas.Marin aseguró que la Defensa Pública es parte integral del sistema de justicia de Colombia, permitiendo el acceso a la justicia a quienes no tienen medios para pagar su representación judicial y que cada defensor público, lleva más procesos de los que es razonable.La defensora también compartió que el monto del presupuesto incluido en el proyecto de ley de presupuesto de 2026 para la Defensoría del Pueblo es inferior al del 2025, teniendo en cuenta que fue definido en total unanimidad por el Ministerio de Hacienda.Adicionalmente, afirmó que en el debate del Congreso, el monto se redujo aún más porque “algunos de los congresistas que no apoyaron la proposición para subir el presupuesto asignado a nuestra institución sostuvieron que el Congreso no podría aprobarla sin previo aval de MinHacienda. Dicho aval nunca llegó”.
El Consejo Comunitario de las Comunidades Negras Cerro Teta, en el municipio de Buenos Aires, Cauca, emitió una alerta comunitaria denunciando hostigamientos y detonaciones de artefactos explosivos que se registraron desde las 6:00 de la mañana en la cabecera municipal, en inmediaciones de la Estación de Policía, el Banco Agrario, la Casa de Justicia, la Alcaldía Municipal y viviendas cercanas.Los hechos han generado temor, confinamiento y riesgo para decenas de familias del territorio ancestral, quienes se encuentran atrapadas en medio del fuego cruzado.De acuerdo con la comunidad, esta situación constituye una grave violación a los derechos humanos y étnico-territoriales, pues afecta la integridad física y emocional de las familias, limita su libre circulación y amenaza directamente su permanencia en el territorio. “La vida no es posible sin el territorio”, reiteró el Consejo Comunitario en su pronunciamiento.Ante la gravedad de los hechos, la defensora del Pueblo, Iris Marín, expresó su respaldo a la denuncia de la comunidad y anunció que la entidad ya activó las rutas de verificación, prevención y atención humanitaria en la zona, en articulación con las autoridades locales y organismos internacionales de derechos humanos. Marín enfatizó que la Defensoría está “verificando en terreno y exigiendo respeto por la vida, la dignidad y la autonomía de las comunidades afrodescendientes del norte del Cauca”.La institución hizo un llamado urgente al Gobierno Nacional, las autoridades departamentales y los organismos de seguridad para que adopten medidas inmediatas que garanticen la protección de la población civil y eviten nuevos hechos de violencia.Esta nueva emergencia se suma al creciente clima de inseguridad que enfrentan los territorios étnicos en el suroccidente del país, donde persisten enfrentamientos entre grupos armados ilegales por el control territorial y las economías ilícitas.
La Fiscalía General de la Nación ordenó archivar la investigación contra la defensora del Pueblo, Iris Marín, tras una denuncia de Armando Benedetti por unas declaraciones que dio la funcionaria contra el ministro del Interior sobre presuntas conductas de violencia de géneroEsta decisión la tomó el ente acusador tras concluir que los hechos que fueron denunciados por el ministro del Interior, Armando Benedetti, no constituyen una conducta punible todo esto en el marco de unas declaraciones que entregó a un medio de comunicación la defensora Marín en noviembre del año pasado en donde se refirió al episodio de presunta violencia intrafamiliar.Sin embargo, para la Fiscalía General de la Nación las declaraciones que entregó Marín hicieron parte de las denuncias que publicaron varios medios y no fue un señalamiento directo hacia él."Esa manifestación no puede ser apreciada como una afrenta contra la integridad moral del querellante (Armando Benedetti), pues las personalidades públicas se someten al escrutinio de los ciudadanos por el rol social que cumplen", señaló el ente acusador.La denuncia de Benedetti contra Marín no prosperó porque la defensora del Pueblo en su entrevista comentó los hechos que ya eran de conocimiento por la opinión pública y no le atribuyó ningún delito o conducta penal al hoy ministro del Interior."Solo una referencia generalizada a lo que los medios de comunicación venían publicando sobre el comportamiento del funcionario en torno a las investigaciones de carácter penal que enfrentaba y, en segundo lugar, el hecho es cierto y documentado en esta actuación, por lo que la conducta de la querellada resulta objetivamente atípica frente al delito de calumnia", se lee en el documento.En esta orden de archivo la Fiscalía recordó que los funcionarios públicos están sometidos a un mayor escrutinio ciudadano debido al rol social que desempeñan, amparado por estándares internacionales como los citados por la Corte Constitucional y la CIDH."Así como los servidores públicos, quienes por la importancia social de las funciones que realizan están sujetos a un mayor escrutinio social, puesto que la opinión pública actúa como un mecanismo de control social sobre el desempeño de los cargos que ostentan", aseveró la Fiscalía.
El jueves 25 de junio de 2026 se llevaron a cabo los sorteos de las principales loterías y juegos de azar en Colombia, entre ellos la Lotería de Bogotá, MiLoto y ColorLoto. La jornada dejó importantes premios, numerosos ganadores y nuevos acumulados que aumentan la expectativa de cara a los próximos sorteos.Premio mayor de la Lotería de Bogotá – Sorteo 2852La Lotería de Bogotá realizó el jueves 25 de junio de 2026 su sorteo número 2852. El premio mayor fue entregado al billete con el número 0554 de la serie 463, combinación que se convirtió en la gran protagonista del sorteo tras ser anunciada oficialmente por la organización.Resultado MiLoto, último sorteo jueves 25 de junioLa suerte volvió a rodar este jueves 25 de junio de 2026 con una nueva edición de MiLoto, uno de los juegos de azar más populares del país. De acuerdo con la información oficial del sorteo número 560 la combinación ganadora estuvo conformada por:Los números: 30, 25, 35, 03 y 15.Resultado ColorLoto último sorteo hoy jueves 25 de junioEl sorteo de ColorLoto, integrante de la familia Baloto y caracterizado por combinar números y colores en su mecánica, llevó a cabo el sorteo número 195 el jueves 25 de junio de 2026.De acuerdo con los resultados oficiales divulgados tras el evento, la combinación ganadora estuvo compuesta por las siguientes seis balotas: 3 (negro) - 7 (verde) - 7 (blanco) - 3 (blanco) - 7 (azul) - 1 (negro).
Ahorrar, invertir o construir un patrimonio sigue siendo un reto para gran parte de los colombianos. Sin embargo, de acuerdo con una tesis las dificultades económicas no siempre están relacionadas únicamente con el nivel de ingresos. El 80 % de colombianos se arrepiente de cómo gasta su dineroLa tesis fue presentada por el empresario y escritor Luis Fernando Urrego en su libro FE: Finanzas Emocionales. Según el autor, las emociones, las creencias y los patrones familiares también influyen en la manera en que las personas administran su dinero, una hipótesis que toma relevancia al considerar que, según el Índice de Arrepentimiento Financiero, cerca del 80% de los colombianos asegura arrepentirse de cómo gasta ingresos extraordinarios, como la prima.Según Urrego, el comportamiento financiero está determinado en gran medida por experiencias de vida, miedos y modelos aprendidos dentro del núcleo familiar. A partir de su experiencia formando a más de 10.000 personas, sostiene que muchas decisiones de gasto, ahorro e inversión responden a creencias inconscientes más que a la falta de conocimientos sobre finanzas."Las experiencias de escasez, fidelidades familiares ocultas y modelos en el núcleo familiar determinan las decisiones que tomamos con el dinero", explica el autor en el documento.Desde esta perspectiva, el empresario afirma que aumentar los ingresos no garantiza una mejor salud financiera si las personas continúan repitiendo patrones que afectan sus decisiones económicas. En ese sentido, plantea que comprender la relación emocional con el dinero puede ser un complemento a la educación financiera tradicional.Las cifras muestran los desafíos financieros del paísLa reflexión también se apoya en indicadores que evidencian las dificultades económicas que enfrentan muchos colombianos. Según un estudio de Bitfinex Securities, menos del 2 % de la población participa en instrumentos de inversión.A esto se suman cifras recientes del DANE, que muestran que solo cerca del 35 % de los hogares cuenta con vivienda propia, mientras que el 55,3 % de los trabajadores se encuentra en condiciones de informalidad laboral.De acuerdo con el documento, estos datos reflejan las dificultades que existen para construir patrimonio y acceder a mecanismos de inversión que permitan mejorar el bienestar económico a largo plazo.Una visión diferente sobre la educación financieraA partir de estos elementos, Urrego propone ampliar la conversación sobre las finanzas personales y no limitarla a conceptos como presupuesto, ahorro o inversión. Según el autor, también es necesario identificar las creencias y hábitos que influyen en las decisiones económicas para desarrollar una relación más consciente con el dinero.Aunque esta postura corresponde a la tesis planteada por el empresario en su libro, coincide con la idea de que las decisiones financieras no dependen exclusivamente del nivel de ingresos, sino también de factores relacionados con el comportamiento humano y los hábitos adquiridos a lo largo de la vida.
El sorteo de ColorLoto, integrante de la familia Baloto y caracterizado por combinar números y colores en su mecánica, llevó a cabo el sorteo número 195 el jueves 25 de junio de 2026.Resultado del último sorteo jueves 25 de junio de 2026De acuerdo con los resultados oficiales divulgados tras el evento, la combinación ganadora estuvo compuesta por las siguientes seis balotas: 3 (negro) - 7 (verde) - 7 (blanco) - 3 (blanco) - 7 (azul) - 1 (negro).ColorLOTO se ha consolidado como una de las modalidades de Baloto que incorpora una dinámica distinta al momento de realizar las apuestas. Con un valor de $3.000, los participantes deben elegir una combinación de seis colores —amarillo, azul, rojo, verde, blanco y negro— y asignar a cada uno un número del 1 al 7, siguiendo las reglas establecidas para la selección.¿Cómo se juega?La mecánica permite seleccionar seis colores y relacionarlos con un número. Los colores solo pueden repetirse cuando están asociados a un número diferente, mientras que un mismo número puede utilizarse más de una vez únicamente si corresponde a un color distinto. Además, en un mismo tiquete es posible realizar hasta cinco apuestas.Sorteos dos veces por semanaLos sorteos de ColorLOTO se llevan a cabo los lunes y jueves a las 10:00 p. m. Cada edición brinda a los jugadores la oportunidad de participar por diferentes categorías de premios.Seis maneras de ganarLa modalidad ofrece seis formas de ganar, dependiendo del nivel de aciertos obtenido. El Gran Acumulado, que inicia en $1.000 millones, se entrega a quienes logren acertar la combinación completa de los seis colores y los seis números elegidos en su apuesta. De esta manera, ColorLOTO amplía las opciones de premio para los jugadores que participan en cada sorteo.El sorteo se realiza bajo supervisión de autoridades competentes, garantizando la transparencia en la selección de las balotas y la publicación de resultados. Como es habitual, los organizadores recomiendan a los participantes verificar sus resultados únicamente a través de canales oficiales para evitar errores o confusiones.Con el incremento del acumulado a $1.900 millones, se espera un mayor interés de los jugadores en el próximo sorteo, en el que nuevamente estará en juego uno de los premios más llamativos dentro de esta modalidad. Mientras tanto, los resultados del sorteo 195 ya hacen parte del registro oficial de este juego que continúa consolidándose en el país.
El Consejo de Regulación de Alquileres de Nueva York votó este jueves a favor de congelar los alquileres de casi un millón de apartamentos cuya renta está regulada, promesa central de la campaña del alcalde Zohran Mamdani.El organismo de la Alcaldía suspendió con esta medida los aumentos para los contratos de alquiler de uno y dos años, una regulación que afecta al 40 % de todos los apartamentos de cinco distritos, detalló el diario New York Times."Esta es una victoria histórica para los inquilinos de la ciudad de Nueva York", declaró Mamdani tras la votación en un comunicado recogido por medios."Seguiré trabajando para lograr una ciudad más asequible mediante la construcción y preservación de viviendas asequibles, la reducción de los costos operativos de los edificios —como los seguros— y garantizando que los inquilinos conozcan sus derechos", añadió en la nota.Durante la campaña electoral, Mamdani prometió resolver la crisis de vivienda en una de las ciudades más caras del mundo y como alcalde destinó un presupuesto local de 22.000 millones de dólares en este concepto, la mayor inversión en años.Mamdani presentó en mayo un plan para construir 200.000 nuevas viviendas asequibles en la ciudad y preservar otras 200.000 ya existentes para un plazo de 10 años.La votación de hoy sigue a meses de audiencias y de consultas públicas y un extenso debate previo por cómo impactará a los propietarios de las llamadas rentas estabilizadas, quienes, según un informe de la junta, han visto incrementado sus ingresos.Se estima que unos 2,4 millones de neoyorquinos viven en viviendas con alquiler estabilizado, cuyo precio está regulado.
La suerte volvió a rodar este jueves 25 de junio de 2026 con una nueva edición de MiLoto, uno de los juegos de azar más populares del país. De acuerdo con la información oficial del sorteo número 560 la combinación ganadora estuvo conformada por: Los números: 30, 25, 35, 03 y 15.El premio mayor acumulado para este sorteo es de $260 millones, miles de jugadores lograron obtener premios en las diferentes categorías de aciertos. De no haber ganador, el acumulado para el próximo sorteo aumentará nuevamente.¿Cómo jugar?Para participar, el jugador debe seleccionar cinco números entre el 1 y el 39, ya sea de forma manual, eligiendo personalmente cada número, o de manera automática, dejando que el sistema los genere al azar. En un mismo tiquete es posible realizar hasta cinco apuestas, y durante el sorteo se extraen aleatoriamente cinco balotas, que determinan la combinación ganadora.¿Cuánto vale?El precio al público de MiLoto es de $4.000 IVA incluido y el premio mayor inicial será de $120 millones de pesos.Plan de premiosMiLoto premia 2, 3, 4 o 5 aciertos de los 5 números del 1 al 39 que seleccionaste, sin importar el orden, aquí te mostramos:Premio inicial: $120.000.000 y se irá acumulando en cada sorteo si no hay un ganadorExisten 4 formas de ganar con MiLotoLos jugadores podrán ganar con 5, 4, 3 o 2 aciertos.Con 5 aciertos ganará el premio mayor que iniciará en $120 millones. Si no hay un ganador, el acumulado irá aumentando en cada sorteo.Si no hay ganador del acumulado, las categorías de 4 y 3 aciertos recibirán un porcentaje adicional a su premio.Si tiene 2 aciertos, podrá ganarse $4000 pesos, con el cual podrá hacer una nueva apuesta.Los resultados presentados en este artículo tienen carácter estrictamente informativo y están sujetos a la verificación oficial realizada por la entidad operadora de MiLoto.Nuevo acumulado para el próximo sorteoDe quedar desierto el premio mayor, MiLoto indicó que el acumulado se incrementa para el próximo sorteo, monto que estará en juego en la siguiente edición del sorteo. Este crecimiento del acumulado suele generar una mayor expectativa entre los participantes, ya que incrementa el atractivo del premio principal y eleva el interés por adquirir nuevos tiquetes.
