La defensora del Pueblo, Iris Marín, afirmó que las mujeres que denuncian una presunta red de contratos estatales a cambio de servicios sexuales durante el gobierno del expresidente Gustavo Petro deben recibir credibilidad y respaldo institucional, mientras las autoridades competentes verifican los hechos. En entrevista con Mañanas Blu, la funcionaria calificó el caso como “una denuncia muy delicada” y señaló que, si se confirma, sería “extremadamente grave”.Marín evitó adelantar conclusiones sobre la veracidad de los señalamientos, pero insistió en que el país tiene derecho a conocer lo ocurrido. Su pronunciamiento se produce en medio de las investigaciones abiertas por distintas instancias judiciales tras la difusión pública de testimonios y documentos relacionados con contratos en entidades del Estado.Defensoría del Pueblo pide credibilidad para las mujeres denunciantesLa defensora recordó la postura que ha mantenido la entidad frente a este tipo de casos: “Siempre la Defensoría del Pueblo ha sido de la posición de creerles, especialmente a las mujeres, en estas situaciones”.En ese sentido, pidió acompañar a las denunciantes durante el proceso: “Hay que darle toda la credibilidad y respaldo para que se verifique si efectivamente hubo esta correlación”.Marín se refirió así a la relación entre los contratos y los presuntos encuentros, un punto que considera central en la investigación. Según explicó, aunque la información pública indica que los contratos existieron, eso por sí solo no demuestra que hubieran sido entregados como contraprestación: “La existencia de los contratos, que parece ser por la información pública que es real, no comprueba que el contrato hubiera sido la contraprestación”.Las preguntas clave de la investigaciónLa funcionaria planteó dos aspectos que, a su juicio, deben esclarecer las autoridades. El primero es si existió un vínculo entre la contratación y los servicios sexuales denunciados. El segundo, en caso de confirmarse lo anterior, es determinar si hubo alguna forma de explotación sexual o si las mujeres conservaron en todo momento su libertad frente a esos encuentros.“Estos dos elementos son fundamentales, porque si se llega a comprobar, podríamos estar hablando de situaciones de violencia de género, alimentados por recursos públicos al más alto nivel del Estado, y sería extremadamente grave”, sostuvo.Pese a la gravedad de los señalamientos, la defensora fue enfática en la necesidad de esperar los resultados de las investigaciones: “No quiero anticiparme. Justamente son las instituciones competentes quienes tienen que actuar con toda la celeridad para no anticiparnos a los resultados. Pero sí tenemos derecho a saber qué fue lo que ocurrió”.También advirtió que resulta difícil pronunciarse de fondo “sin que las autoridades hayan revisado todos estos documentos de testimonio” que se hicieron públicos en medios de comunicación.La denuncia de Deicy Jiménez y las 48 mujeres en el DapreEl caso tomó fuerza el domingo 25 de octubre, con el testimonio de Deicy Jiménez, una joven de 26 años que denunció que el exmandatario habría utilizado contratos estatales para retribuir encuentros íntimos con mujeres y aseguró que ella misma formó parte de esa dinámica. La entrevista fue publicada por la revista Semana. La denunciante afirmó que tuvo contratos durante cinco años en el Senado, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y el Ministerio del Interior.Días antes, el miércoles 21 de octubre, en la Comisión Segunda del Senado, el director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Carlos Ríos, anunció que el Gobierno De la Espriella denunciaría ante la justicia que Petro habría instrumentalizado a 48 mujeres vinculadas al Dapre. Tras estas revelaciones, la Fiscalía General de la Nación abrió una noticia criminal para investigar las denuncias y, dentro de las primeras actuaciones previstas, citará a declarar a Angie Rodríguez y Laura Sarabia, quienes estuvieron al frente del Dapre. Por su parte, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia admitió para su estudio una denuncia contra la excongresista María José Pizarro y el expresidente Gustavo Petro, cuyos hechos se remontan al periodo en el que Petro ejercía como congresista. Además, la Comisión de Acusación recibió denuncias del Instituto Anticorrupción y de la Red de Veedurías Ciudadanas, aunque aún no hay investigación formal contra el expresidente.La respuesta del expresidente PetroEl exmandatario ha negado los señalamientos. Petro respondió en una carta extensa en la que niega haber pagado alguna vez por un favor sexual y, en un comunicado, aseguró que hay una operación en su contra por parte del actual gobierno de Abelardo de la Espriella. Entre tanto, el presidente De la Espriella ordenó al ministro de Justicia y ministro del Interior encargado, Iván Cancino, activar una ruta de protección para la joven que presentó la denuncia.
La defensora del pueblo, Iris Marín Ortiz, solicitó a la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes y a la Procuraduría General de la Nación priorizar las investigaciones sobre los hechos denunciados por la joven Deicy Jiménez, quien aseguró que el expresidente Gustavo Petro presuntamente habría ofrecido contratos estatales a cambio de favores sexuales. “La gravedad de esta denuncia no da margen de espera”, afirmó la defensora.Marín también señaló que las autoridades deberían actuar con autonomía e independencia y garantizar la protección de las posibles víctimas. “Las autoridades encargadas de instrucción y juzgamiento penal y disciplinario deben dar todas las garantías para que se esclarezcan los hechos oportunamente y se apliquen las sanciones a las que haya lugar, en el evento en que se comprueben”, dijo Marín.El pronunciamiento se produjo después de que Deicy Jiménez denunciara en la revista Semana que presuntamente habría recibido contratos en distintas entidades del Estado por recomendación de quien entonces era el presidente de la República, Gustavo Petro. “Sí, empieza a ayudarme con contratos, nunca me dio dinero. En el Senado, con María José Pizarro. Y en la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada”, afirmó Jiménez.La denunciante también aseguró que habría tenido contratos en otras entidades del Estado. “En el Ministerio del Interior. Con Armando (Benedetti, el entonces ministro del Interior) nunca hablé. Sé que él sabía que yo iba recomendada, pero no creo que sepa nuestra relación tan íntima”, afirmó. Según el relato de Jiménez, estas vinculaciones laborales se habrían extendido durante aproximadamente cinco años.Sobre las condiciones en las que presuntamente habría obtenido los contratos, Jiménez sostuvo que estos habrían estado relacionados con favores sexuales. “Él usaba a mujeres jóvenes para sus beneficios propios, personales, a cambio de contratos. No estoy de acuerdo con eso, con el abuso de poder”, aseguró. Según su versión, no habría sido la única mujer que habría mantenido este tipo de relación con el expresidente.“Son muchísimas mujeres. Podríamos contar entre 30 y 40”, afirmó. Jiménez también señaló que algunas de las mujeres que, según ella, habrían sido contratadas durante la anterior administración continuarían trabajando en entidades públicas. “Sí, incluso antes de salir (de la Presidencia) las dejó ubicadas en planta. En la Superintendencia de Salud, en la Presidencia, en el Congreso, en muchos lugares”, aseguró.La denunciante también manifestó que, presuntamente, se habría tratado de mujeres jóvenes, muchas de ellas vinculadas al trabajo como modelos webcam y, en su mayoría, bachilleres. Sostuvo que algunas habrían recibido amenazas para evitar que hablaran sobre los hechos que ella denuncia. “Había unas mujeres amenazadas por él. De muerte, seguramente para que no hablen. Sí, hay unas que han querido hablar, pero él las tiene calladas con dinero”, afirmó Jiménez.En la misma entrevista con Semana, la joven aseguró que, supuestamente, el dinero utilizado para pagar esos encuentros no habría salido del patrimonio personal del expresidente, sino de recursos del Estado. “El sexo no lo pagaba con su propio sueldo. No, de su bolsillo no”, afirmó.Al referirse a los encuentros que, según su relato, habría sostenido con Petro, Jiménez afirmó que presuntamente habrían estado relacionados con el consumo de sustancias psicoactivas. “Aparte del romance, cosas como drogas. Todo, pero en especial cocaína”, señaló.También aseguró que, cuando Petro todavía era senador, le habría pedido que le comprara drogas y le habría entregado dinero para hacerlo. Según su versión, el expresidente habría sabido que las sustancias serían adquiridas a una banda criminal. “Él me dio plata, en efectivo, tres millones de pesos. La traje por el aeropuerto”, afirmó.Entretanto, después de que Jiménez solicitara protección al Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella por temor a posibles represalias tras sus declaraciones, el Ministerio de Justicia y la Unidad Nacional de Protección (UNP) pusieron en marcha una ruta para evaluar y atender sus necesidades de seguridad. Ambas entidades confirmaron este domingo, 25 de octubre, que la medida tenía como propósito salvaguardar la vida y la integridad de la denunciante.
La senadora del Centro Democrático María Clara Posada respondió a la Defensoría del Pueblo después de que la entidad rechazara sus publicaciones sobre la magistrada de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Julieta Lemaitre Ripoll, y solicitara a la congresista rectificar afirmaciones que considera falsas o sin sustento.En una carta publicada este 24 de octubre de 2026 y dirigida a la defensora del pueblo, Iris Marín, y a la defensora encargada, Paula Cristina Aponte Urdaneta, Posada defendió su libertad de expresión y sus funciones de representación y control político. Aseguró que no necesita autorización de la entidad para cuestionar las actuaciones de una institución financiada con recursos públicos.La controversia se produjo después de que la Defensoría rechazara lo que calificó como “una campaña de desprestigio y desinformación” contra Lemaitre, al advertir que algunas publicaciones, entre ellas pronunciamientos de Posada y del senador Germán Rodríguez, difundían fragmentos descontextualizados de diligencias judiciales y recurrían a expresiones que calificó como violencia de género.Frente a esos señalamientos, la congresista sostuvo que una solicitud de contextualización no puede convertirse en una imposición sobre sus opiniones y defendió sus cuestionamientos al trato que, según su interpretación, recibió un antiguo integrante de las FARC durante actuaciones judiciales.En su respuesta, Posada afirmó que las decisiones judiciales posteriores no impiden examinar el trato que reciben los comparecientes ante la jurisdicción ni contrastarlo con el dispensado a las víctimas. La senadora también pidió explicaciones sobre las diferencias que asegura haber identificado entre las diligencias de antiguos integrantes de las FARC y las de miembros de la Fuerza Pública.Posada insistió en que la independencia judicial no debe impedir el escrutinio público y aseguró que continuará examinando las actuaciones de la jurisdicción y denunciando posibles irregularidades con argumentos y pruebas.Otro de los puntos de la carta está relacionado con los compromisos de entrega de bienes por parte de las extintas FARC. La senadora aseguró que, según las cifras que ha señalado, estaría pendiente el 81,8 % de los inmuebles y el 96,5 % de los bienes muebles comprometidos.A partir de esos datos, pidió a la Defensoría informar qué seguimiento ha realizado al cumplimiento de esas obligaciones y a la protección de los derechos de las víctimas.La congresista también planteó interrogantes sobre la contratación de la JEP mediante el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). En particular, mencionó una cifra de 201.467 millones de pesos que, según sus denuncias, se habrían ejecutado a través de ese mecanismo.Posada cuestionó la imparcialidad de la DefensoríaLa senadora también se refirió a la trayectoria profesional de Iris Marín y a su anterior vinculación con la JEP. “Su anterior vinculación profesional con la JEP no puede traducirse en el uso de la autoridad de la Defensoría para defender a su antiguo empleador ni en una solidaridad con antiguos colegas que comprometa su imparcialidad”, dijo la senadora.Además, cuestionó el enfoque de algunos informes y advertencias de la Defensoría, que considera sesgados y descontextualizados. No obstante, aseguró que su desacuerdo con la entidad no significa que pretenda imponerle sus propias opiniones.En otro apartado, Posada advirtió que la controversia puede aumentar su exposición a amenazas y pidió a la defensora del pueblo actuar con prudencia y evitar que las actuaciones institucionales contribuyan a estigmatizar sus denuncias.
La Unidad Nacional Antidisturbios (UNADI) intervino con una tanqueta lanza agua la manifestación que se adelantaba desde el mediodía de este sábado frente al Museo Nacional, en Bogotá. La protesta, que congregó a unas 500 personas, según la Defensoría del Pueblo, se realizaba en rechazo a la decisión de retirar al menos 30 piezas de tres salas del museo, relacionadas con los movimientos feministas, la comunidad LGBTIQ+, el conflicto armado y el proceso de paz.La intervención se produjo pese a que, según la defensora del Pueblo, Iris Marín, la manifestación transcurría de manera pacífica. Sin embargo, fuentes oficiales señalaron que el operativo buscaba recuperar la movilidad del sector, afectada desde horas de la tarde. De acuerdo con esa versión, se les pidió a los manifestantes despejar la vía, pero no lo hicieron.Minutos antes del operativo, Marín cuestionó en su cuenta de X el despliegue de la tanqueta y de los Escuadrones Móviles Antidisturbios (ESMAD), al considerar que era innecesario y desproporcionado frente a una protesta pacífica. “La proximidad de estos dispositivos puede generar tensiones y provocar una escalada de la conflictividad que debe prevenirse. Si bien el Decreto 1525 de 2026 permite dicha proximidad, esta debe evaluarse en función de la necesidad y el contexto”, afirmó la defensora.Marín también recordó que la Corte Constitucional ha reconocido que la ocupación del espacio público y la obstrucción de vías pueden hacer parte del ejercicio legítimo del derecho a la protesta. Por lo tanto, según dijo la defensora, las afectaciones a la movilidad no implican, por sí solas, que una manifestación pierda su carácter pacífico.Museos de arte piden garantizar su autonomíaEn medio de la controversia, seis instituciones culturales del país expresaron su preocupación por el retiro de las piezas y le pidieron a la ministra de Cultura, Paola Holguín, garantizar la autonomía de los museos. La solicitud quedó consignada en una carta firmada por el Museo de Arte Moderno de Bogotá, el Museo de Arte Moderno de Barranquilla, el Museo de Arte Moderno de Cartagena, el Museo de Arte Moderno de Medellín, el Museo Rayo de Roldanillo y el Museo de Arte Moderno del Tolima.“Las obras de arte y los objetos de memoria hacen presentes experiencias, luchas y vidas que forman parte de Colombia. Retirarlos de la mirada pública empobrece nuestra capacidad de comprendernos como sociedad”, señalaron las instituciones. En el documento, los museos defendieron su papel en la construcción de la memoria colectiva y destacaron la importancia de propiciar espacios en los que distintas experiencias y perspectivas puedan encontrarse para comprender el pasado del país.“Como instituciones dedicadas al arte, consideramos fundamental defender un espacio en donde podamos encontrarnos en nuestras diferencias, hacernos preguntas y pensar juntos el país que queremos construir”, agregaron. También solicitaron que las decisiones adoptadas sean sometidas a una revisión pública y sustentada.La decisión de retirar los objetos fue adoptada por el Ministerio de Cultura y defendida por la ministra Paola Holguín, quien sostuvo que el Museo Nacional no puede convertirse en un instrumento de “adoctrinamiento político”. “El Museo Nacional, como parte del Estado, tiene el propósito de conservar, restaurar, proteger y socializar nuestra cultura”, escribió la funcionaria en su cuenta de X.
La Defensoría del Pueblo expresó su preocupación por el Decreto 1525 de 2026, recientemente expedido por el Gobierno nacional, al considerar que algunas de sus disposiciones podrían dificultar el manejo de las protestas y reducir los espacios de diálogo antes de recurrir al uso de la fuerza. La advertencia se conoce este miércoles 14 de octubre, cuando hay marchas convocadas en 62 puntos de 31 departamentos del país. La entidad pidió garantizar el derecho a manifestarse pacíficamente, prevenir enfrentamientos y proteger tanto a quienes salen a protestar como a los ciudadanos que no participan en las movilizaciones.Uno de los principales cuestionamientos de la Defensoría tiene que ver con la manera en que el decreto aborda las situaciones que pueden presentarse durante una manifestación. Según la entidad, la norma podría considerar como protestas violentas algunas acciones que no necesariamente implican violencia, como los bloqueos de vías o la interrupción de ciertos servicios o infraestructuras.La Defensoría reconoce que estas situaciones pueden afectar los derechos de otras personas y alterar sus actividades cotidianas, pero advierte que no deben confundirse automáticamente con hechos violentos. Por eso, considera importante que las autoridades evalúen cada situación antes de tomar decisiones que puedan limitar el derecho a la protesta.La segunda preocupación está relacionada con el diálogo y la mediación. La entidad advierte que el decreto podría reducir al mínimo esta etapa y facilitar que las autoridades recurran a la fuerza sin agotar suficientemente las posibilidades de entendimiento. Aunque reconoce que la presencia de gestores de convivencia y equipos de diálogo es necesaria, insiste en que su participación no significa que la mediación haya terminado. Para la Defensoría, disminuir estos espacios puede aumentar las tensiones y elevar el riesgo de que una protesta termine en enfrentamientos.Frente a este panorama, la entidad recordó que la primera responsabilidad de las autoridades nacionales y territoriales, así como de la Policía Nacional, es garantizar los derechos de los ciudadanos y prevenir las confrontaciones. También señaló que la actuación de los uniformados debe mantenerse dentro de los límites de la Constitución, pues esto protege los derechos de las personas y evita posibles responsabilidades individuales por actuaciones que no estén respaldadas por la ley.El pronunciamiento también hace un llamado a las organizaciones que convocan las marchas y a quienes participan en ellas. La Defensoría pidió que las movilizaciones se desarrollen de manera pacífica, que se mantengan abiertos los canales de comunicación con las autoridades y que se eviten acciones que puedan poner en riesgo a otras personas. En particular, insistió en la importancia de garantizar el paso de ambulancias, transporte escolar y organismos de socorro, así como el acceso a servicios esenciales.La entidad recordó, además, que la protesta social es un derecho constitucional y que las manifestaciones no deben tratarse como un problema de orden público o de terrorismo. Sin embargo, aclaró que defender el derecho a protestar no significa permitir actos de violencia ni desconocer los derechos de quienes se ven afectados por las movilizaciones.Por eso, cualquier decisión de restringir una manifestación debe responder a circunstancias concretas y tener en cuenta la gravedad de la situación. La Defensoría también pidió respetar el debido proceso y evitar que las diferencias políticas se conviertan en motivo de amenazas, señalamientos o ataques contra quienes piensan distinto.Finalmente, anunció que acompañará las movilizaciones, hará seguimiento a la actuación de las autoridades y promoverá espacios de mediación cuando sea necesario. Su llamado es a que las marchas transcurran sin violencia, con garantías para quienes se manifiestan y con respeto por los derechos de todos los ciudadanos.
La defensora del pueblo de Colombia, Iris Marín, formuló un vehemente llamado al Gobierno Nacional y a las Fuerzas Militares para que se adopten protocolos estrictos de protección a los menores de edad en el marco de las operaciones de la fuerza pública, especialmente durante los bombardeos contra grupos al margen de la ley. En diálogo con Mañanas Blu, Marín insistió en que, aunque el Estado tiene la legitimidad y la responsabilidad de recuperar el control del territorio, es urgente priorizar la vida de los niños reclutados forzosamente, quienes ostentan la calidad de víctimas antes que la de combatientes.El dilema de los bombardeos y el llamado a la precauciónLa jefa del órgano defensorial enfatizó que "los niños y niñas reclutados no dejan de ser víctimas de un crimen y eso implica para el Estado pues asumir unos protocolos de protección de estos menores de edad". En este sentido, aclaró que la entidad no busca impedir las acciones legítimas ni las tácticas de las Fuerzas Armadas, sino reducir los riesgos para la infancia. "Nuestro llamado no es tanto a decir cesen los bombardeos, sino que se extremen las precauciones", precisó Marín.Para la funcionaria, "no se puede presumir que los menores de edad están en funciones continuas de combate dentro de los grupos". Por lo tanto, instó al Estado a implementar medidas preventivas efectivas, lo cual implica "adoptar protocolos muy serios para identificar previamente que si hay menores de edad entre las filas del objetivo que se va a bombardear y en ese caso buscar otras alternativas".Específicamente, señaló la existencia de zonas críticas como el Guaviare, donde es previsible encontrar menores de edad en las filas que pretenden huir o permanecen secuestrados. Marín advirtió sobre la gravedad de que "este ciclo de abandono estructural y desprotección de estos menores de edad que terminan en los grupos no termine con un bombardeo de parte de la fuerza pública", señalando que este desenlace le resta legitimidad al Estado.El preocupante subregistro del reclutamiento y el incumplimiento de acuerdosLa Defensoría del Pueblo reporta que desde el año 2024 se tiene el registro de 1.173 menores de edad reclutados en el país. Aunque en las estadísticas oficiales de la entidad se observa una disminución nominal de casos recientes, Marín aclaró que esta tendencia no refleja la realidad del conflicto. "Estamos convencidos de que esto no refleja una dinámica de disminución de la práctica, sino al contrario de un aumento del subregistro debido al temor de las familias, de no saber a dónde acudir, de la naturalización también del reclutamiento", explicó.Entre los grupos responsables del reclutamiento, Marín ubicó en primer lugar a las disidencias de las Farc, empezando por la línea comandada por alias 'Mordisco' (Estado Mayor Central), seguidas por las disidencias de alias 'Calarcá' y otras facciones sin identificar. En menor medida pero con alta gravedad, mencionó al ELN, los Conquistadores de la Sierra y el Clan del Golfo. Sobre este último, advirtió que utiliza dinámicas más invisibles de instrumentación, manteniendo a los menores en sus hogares realizando labores para la organización.Finalmente, la Defensora criticó el "negacionismo" de los grupos armados y denunció que los compromisos adquiridos en mesas de diálogo previas han sido sistemáticamente ignorados. "No hubo cumplimiento de esos acuerdos", sentenció, revelando que el Clan del Golfo negó falsamente la presencia de menores en sus filas cuando en realidad la Defensoría identificó centros de entrenamiento en Córdoba y otras regiones del país.Alertas tempranas activas en la zona de fronteraLa defensora Marín también se pronunció sobre el reciente atentado terrorista perpetrado en el municipio de Los Patios, en Norte de Santander, dirigido contra una estación de policía, el cual cobró la vida de una persona y dejó varios heridos, entre ellos un policía mutilado.Al respecto, la funcionaria recordó que Los Patios se encuentra cobijado por una alerta activa emitida en 2024 para la zona metropolitana de Cúcuta y Villa del Rosario, cuyo seguimiento de agosto evidenció un empeoramiento sistemático de las condiciones de seguridad. La confluencia de bandas como la AK47, el Tren de Aragua, el Clan del Golfo, el ELN y el Frente 33 de las disidencias genera disputas territoriales constantes por economías ilícitas como el narcotráfico y la trata de mujeres migrantes, vulnerando gravemente a la población civil en la frontera.Escuche aquí la entrevista:
La defensora del Pueblo, Iris Marín, hizo un llamado al respeto por las instituciones, a valorar las diferencias y a rechazar cualquier forma de violencia y estigmatización, en el marco de la conmemoración de los 35 años de la Constitución Política de 1991.La funcionaria destacó que la Carta Magna ha sido fundamental para ampliar derechos, reconocer la diversidad del país y ofrecer herramientas institucionales para enfrentar los conflictos y las desigualdades."En un momento en el que el país requiere más consenso, respeto por la diferencia y confianza en las instituciones, reafirmamos que la Constitución sigue siendo un marco común que protege a todas las personas, sin distinción, y orienta la actuación de las autoridades públicas", afirmó Marín.La defensora señaló que proteger la Constitución significa defender la convivencia, el pluralismo, la separación de poderes y las garantías para quienes tienen opiniones diferentes. También resaltó que este marco constitucional ha permitido fortalecer la protección de los derechos humanos, ampliar la participación ciudadana y avanzar en el reconocimiento de comunidades históricamente excluidas.Marín insistió en que los principios de la Constitución deben reflejarse en la vida diaria de los ciudadanos, mediante un mejor acceso a la salud, la educación y la justicia, así como en la protección de líderes sociales, la libertad de prensa y las garantías para la protesta pacífica."La Constitución del 91 también nos recuerda que los cambios sociales más sólidos y duraderos son aquellos que se construyen desde el respeto por los derechos, el diálogo democrático y el fortalecimiento institucional", concluyó.Finalmente, invitó a los colombianos a cuidar este acuerdo democrático y a seguir construyendo un país donde el diálogo y el respeto por la diferencia sean la base para resolver los conflictos.
La defensora del Pueblo, Iris Marín, cuestionó la presunta participación en política del presidente Gustavo Petro, insistiendo en que es un comportamiento que no debería replicar ni él ni los otros funcionarios de su Gobierno.“Mientras llegan las autoridades competentes y toman una decisión, ya habrán pasado las elecciones. Es un llamado al presidente de la República y a todo el Gobierno a que se abstengan de emitir declaraciones que favorezcan al candidato del partido de Gobierno”, dijo Marín.Las declaraciones fueron entregadas durante la Comisión de Seguimiento Electoral adelantada en Cartagena, donde la defensora detalló los cuatro riesgos que persisten de cara a la primera vuelta presidencial. La preocupación, insiste, está en algunos municipios donde ha empeorado la situación.“La interferencia de grupos armados, infortunadamente, ha venido empeorando la situación de riesgo en varios municipios del país. Segundo, la conducta de las propias candidaturas: alertamos sobre el comportamiento ofensivo, la difusión de información falsa, el lenguaje discriminatorio y piezas de campaña que realmente tienen información que no es veraz y que estamos pidiendo que se corrija y que puede afectar el derecho al voto libre e informado de las personas”, explicó Marín.Por su parte, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, reiteró que mantienen los esquemas de seguridad y el despliegue de la Fuerza Pública para mitigar cualquier riesgo en materia de orden público.“Todas las capacidades, aeronaves, helicópteros, equipos antidrones, Fuerza Pública, hombres y mujeres están desplegados en 32 sitios. Hemos focalizado donde podría haber actos violentos y en 38 municipios donde podría haber una gran amenaza de actos no violentos. Se han priorizado Cauca, Catatumbo, Bajo Cauca antioqueño y una región en el Tolima”, contó Sánchez.
La Defensora del Pueblo, Iris Marin, lanzó una alerta sobre el deterioro del debate democrático en medio del actual proceso electoral, tras evidenciar múltiples manifestaciones de violencia política que afectan directamente a candidatos y al ejercicio de los derechos ciudadanos.“El proceso electoral enfrenta un deterioro del debate democrático marcado por violencias digitales, estigmatización y discursos de odio que ponen en riesgo la vida, la participación política y la calidad de la democracia. Si bien no todos los hechos de preocupación provienen de las campañas, prevenirlos es una responsabilidad compartida y urgente”, explicó la defensora.Dentro del seguimiento realizado entre el 13 de marzo y el 15 de abril, la entidad documentó casos concretos que reflejan este panorama.“Identificamos, por ejemplo, que Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo, Claudia López, Aida Quilcué y Sandra McCollins suelen sufrir agresiones de violencia contra las mujeres en política, o violencias por prejuicio, estigmatización y difamación. Iván Cepeda y Aida Quilcué sufren con alta recurrencia, estigmatización y difamación. A Luis Gilberto Murillo y Aida Quilcué se refieren con afirmaciones racistas. En contra de Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo se evidencian situaciones de difamación. La campaña de Sergio Fajardo recibe también un lenguaje ofensivo”, detalló.El análisis también advierte que estas violencias no afectan a todas las candidaturas por igual, sino que reproducen desigualdades estructurales.En particular, se registra una alta recurrencia de ataques contra mujeres en política, “basados en estereotipos de género, sexualización y descalificaciones personales, así como agresiones por prejuicio hacia personas con orientaciones sexuales diversas y manifestaciones de racismo contra candidaturas afrodescendientes e indígenas”.A esto se suman hechos como amenazas de muerte, afectaciones a sedes políticas y presencia de actores armados en eventos públicos. La Defensoría alertó que muchas de estas agresiones son amplificadas en entornos digitales, lo que incrementa el riesgo de escalamiento hacia formas más graves de violencia.A este panorama se suma la desinformación mediante señalamientos que asocian a candidaturas con ilegalidad, criminalidad, actores armados. Estas dinámicas se presentan en contextos atravesados por el conflicto armado y la criminalidad organizada.La defensora subrayó que este panorama está generando ambientes de miedo, autocensura y hostilidad que afectan la deliberación democrática y pueden limitar, en la práctica, el derecho de la ciudadanía a elegir libremente. Además, advirtió sobre el impacto en los jóvenes, quienes están expuestos a estos contenidos en entornos digitales, lo que puede afectar su confianza en las instituciones y su participación política.Frente a este escenario, la entidad hizo un llamado a las instituciones a reforzar sus acciones, especialmente a la Fiscalía, el Ministerio del Interior y la Unidad Nacional de Protección, así como a los medios de comunicación plataformas digitales para actuar con mayor diligencia.“A los movimientos políticos y las campañas, rechazar de forma expresa y no selectiva estos hechos. A los medios de comunicación y actores con influencia en la opinión pública, no amplificar estas prácticas”.
A través de su cuenta de X, la funcionaria advirtió sobre combates entre el ELN y las disidencias de las Farc, específicamente el Frente 33, en la zona de Filo Gringo, en el municipio de El Tarra, Norte de Santander.En su mensaje, fue enfática en calificar estos hechos como crímenes y reiteró el llamado a garantizar los derechos de la población civil. “Lo diremos una y mil veces, hasta que escuchen: son crímenes y la gente del Catatumbo tiene derecho a la paz, una paz que se construya mirando a la gente y sus derechos”, señaló.Este pronunciamiento se da luego de un nuevo hecho de violencia registrado el pasado 6 de abril en la vereda Cuatro Esquinas, donde, según informó la Personería Municipal, fueron lanzados artefactos explosivos mediante drones, dejando como saldo al menos dos civiles gravemente heridos.En un comunicado a la opinión pública, la Personería expresó su preocupación por la reiteración de estos hechos en zonas rurales del corregimiento de Filo Gringo y rechazó que la población civil continúe siendo la principal afectada en medio del conflicto.“La Personería Municipal rechaza de manera contundente estos actos de violencia y condena enérgicamente que la población civil continúe siendo la principal afectada en el marco de este conflicto”, señalaron. Asimismo, hizo un llamado urgente a los grupos armados para que respeten el Derecho Internacional Humanitario y se abstengan de realizar acciones en zonas habitadas, recordando la obligación de proteger a quienes no participan directamente en las hostilidades."Resulta inaceptable que comunidades campesinas, familias, niños, niñas y adultos mayores se vean expuestos a este tipo de acciones que atentan contra su dignidad y bienestar”, concluyeron.
El chance Chontico Día es un juego de azar conocido especialmente en el Valle del Cauca. Es operado por la Lotería del Chontico y su nombre está inspirado en el chontaduro, una fruta típica de esta región.El número ganador del chance Chontico Día de este domingo 8 de noviembre de 2026 es el en minutos. Los apostadores pueden verificar con su vendedor si el tiquete corresponde al resultado ganador.Número ganador: Dos últimas cifras: Tres últimas cifras: La quinta: ¿A qué hora juega Chontico Día?El sorteo de Chontico Día se realiza todos los días. Los resultados pueden consultarse después de la 1:00 p. m.¿Cómo se juega el chance?El juego cuenta con distintas modalidades de apuesta. Los premios dependen de la cantidad de cifras acertadas y del orden en que coincidan con el resultado:Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto del sorteo.Combinado cuatro cifras: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.Combinado tres cifras: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.Una cifra o uña: acertar la última cifra.¿Cuánto cuesta apostar en Chontico Día?El valor de las apuestas tiene los siguientes límites:Valor mínimo por tiquete: $500.Valor máximo por apuesta: $10.000.¿Qué necesita para reclamar un premio de Chontico Día?Los requisitos para reclamar un premio dependen del monto obtenido. En todos los casos, se deben presentar los siguientes documentos: Tiquete original debidamente diligenciado, sin tachones ni enmendaduras.Documento de identidad original.Fotocopia legible del documento de identidad.Además, se solicitan documentos adicionales según el valor del premio, calculado en unidades de valor tributario (UVT):Premio inferior a 48 UVT: se requieren únicamente los documentos fundamentales.Premio entre 48 y 181 UVT: se debe presentar también el Formato SIPLAFT, disponible en el punto de venta (PDV).Premio superior a 182 UVT: se solicita una certificación bancaria con una antigüedad no mayor a 30 días, a nombre de la persona que diligenció el tiquete. El pago se realiza mediante transferencia bancaria en un plazo aproximado de ocho días hábiles.
En su reflexión dominical, el pastor Andrés Corson invitó a los creyentes a confiar en los propósitos de Dios, incluso cuando los sueños personales no se cumplen o las circunstancias parecen tomar un rumbo inesperado. A partir de pasajes bíblicos como el Salmo 33:10 y Jeremías 29:11, explicó que los planes del Señor no necesariamente corresponden a las expectativas individuales, sino que tienen un propósito que involucra a toda la humanidad y a la Iglesia.Durante su mensaje, Corson también hizo referencia a Romanos 8:28 para recordar que las dificultades, las injusticias y las decepciones pueden convertirse en oportunidades de crecimiento cuando se mantienen la fe y la confianza en Dios. Para ilustrarlo, mencionó la historia de José, quien, después de ser vendido por sus hermanos y enfrentar diferentes adversidades, reconoció que Dios había utilizado esas circunstancias para cumplir un propósito mayor. “Ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo para bien”, recordó.Finalmente, el líder religioso invitó a los oyentes a no alejarse de la Iglesia ni abandonar el propósito espiritual por causa de las decepciones, los conflictos o las diferencias con otras personas. A través de la historia del apóstol Pablo durante su viaje a Roma, en medio de una fuerte tormenta, explicó que las dificultades no necesariamente significan que los planes de Dios hayan fracasado. “Si usted quiere que los planes de Dios se realicen, no se baje del barco”, expresó Corson.Escuche la reflexión completa aquí:
Sofía y Antonella Petro, hijas del expresidente Gustavo Petro, publicaron una carta en la que se refirieron a las denuncias que rodean al exmandatario. En el documento, afirmaron que, como feministas, consideran que las acusaciones de las mujeres deben tomarse en serio y que las investigaciones deben avanzar con celeridad y perspectiva de género.Al mismo tiempo, expresaron su confianza en que su padre no es un hombre corrupto y señalaron que será la justicia la encargada de establecer la verdad.“Como feministas, siempre será nuestro deber hacer un llamado a tomar con seriedad las denuncias de las mujeres y pedir que sean protegidas”, señalaron las dos jóvenes. En ese sentido, rechazaron los ataques, las burlas y la revictimización contra Deicy Jiménez, sin mencionarla directamente.En la carta también pidieron que las investigaciones avancen con celeridad y que las autoridades analicen el caso desde una perspectiva de género. “El linchamiento, la burla, la revictimización y la retórica misógina contra la denunciante deben ser rechazados”, manifestaron.Sofía y Antonella, quienes se identificaron como militantes de izquierda, también plantearon reparos frente al contexto político en el que se han conocido estos señalamientos. Consideraron que algunos sectores estarían utilizando las causas feministas con fines políticos.“Estamos en el contexto de la llegada al poder de una fuerza política que prometió el aniquilamiento de la izquierda y que trabaja por el desmonte, justamente, de los avances en igualdad de género y derechos LGBTIQ”, escribieron.En esa misma línea, señalaron que es posible exigir autocrítica y activar procesos internos dentro de su movimiento político, sin desconocer los avances que, a su juicio, alcanzó el Gobierno anterior. “Un movimiento siempre será más grande que sus individuos, porque las ideas perduran más allá de sus líderes”, afirmaron.En otro apartado, las hijas del expresidente se refirieron a su relación familiar con Gustavo Petro y aseguraron que confían en que atenderá los requerimientos de las autoridades. “Como hijas, confiamos en que nuestro padre, como ya lo ha afirmado, comparecerá ante la justicia sin dilación. Esa respuesta le corresponde únicamente a él”, expresaron.También manifestaron que, aunque estarán para él como hijas, no renunciarán a sus posiciones políticas y éticas. Según señalaron, durante años han mantenido críticas frente a comportamientos machistas del exmandatario.Sobre los señalamientos de corrupción, afirmaron: “Confiamos en que Gustavo Petro no es un hombre corrupto y ha sido respetuoso con el erario público”. Sin embargo, reconocieron que su opinión no determina el resultado de las investigaciones y agregaron: “Es la justicia la encargada de determinar la verdad”.El pronunciamiento se conoce en medio de las actuaciones judiciales y disciplinarias relacionadas con las declaraciones de Deicy Jiménez, contratista de la pasada administración, quien ha denunciado una presunta red de mujeres que habrían obtenido contratos a cambio de favores sexuales.Jiménez rindió declaración ante la Corte Suprema de Justicia durante una diligencia de aproximadamente tres horas y media. En esa audiencia guardó silencio frente a varias preguntas, entre ellas algunas relacionadas con la supuesta compra de una sustancia que, según los señalamientos, habría tenido como destinatario al expresidente. La mujer se comprometió a entregar su teléfono celular para que fuera inspeccionado por la Policía Judicial.La Procuraduría General de la Nación también abrió una indagación previa para establecer si existen elementos que permitan avanzar en una eventual investigación disciplinaria por las presuntas irregularidades en la contratación y los hechos denunciados.
En su reflexión dominical, monseñor Rafael de Brigard invitó a los creyentes a prepararse espiritualmente para el encuentro con Dios, sin aplazar las decisiones relacionadas con la fe, el perdón y el amor al prójimo. A partir del pasaje del Evangelio de San Mateo 25, sobre la parábola de las diez jóvenes que esperaban al novio con sus lámparas, el sacerdote recordó que nadie conoce el día ni la hora del final de su vida, por lo que es importante mantener una relación cercana con Dios. Durante su mensaje, monseñor señaló que el aceite de las lámparas representa el amor, la misericordia, el perdón y la esperanza, elementos que deben permanecer presentes en la vida cotidiana. En ese sentido, retomó una interpretación de San Agustín para explicar que la mejor manera de prepararse para el encuentro con Dios es vivir desde el amor a Él y al prójimo. “La propuesta radical de la vida cristiana” es vivir amorosamente, afirmó.Finalmente, el sacerdote recordó que la preparación espiritual no debe dejarse para los últimos momentos de la vida, sino que debe fortalecerse diariamente mediante la oración, la Santa Misa, la confesión y las obras de misericordia. Asimismo, hizo un llamado a reconocer la presencia de Dios incluso en medio de las dificultades y a mantener viva la fe. “El cristiano es un ser vigilante”, señaló, al explicar que debe estar atento tanto a las señales de Dios en la cotidianidad como a la preparación para el encuentro definitivo con Él.
Diez militares heridos durante el ataque contra integrantes del Batallón de Selva N.° 48, en Santa Rosa del Sur, Bolívar, reciben atención médica en Santander. Ocho permanecen en el Hospital Universitario de Santander (HUS), uno se encuentra en el Hospital Militar de la Segunda División del Ejército y otro recibe atención en Barrancabermeja.En el Hospital Universitario de Santander, la situación de dos pacientes genera especial preocupación. El subgerente del centro asistencial, Orlando Quintero, confirmó que los uniformados tienen entre 19 y 35 años y que dos de ellos permanecen en la Unidad de Cuidados Intensivos."Tenemos dos pacientes críticos en la Unidad de Cuidados Intensivos, sometidos a múltiples intervenciones quirúrgicas. Son pacientes con pronóstico reservado. Estamos dedicados a mantener sus condiciones vitales", explicó Quintero.Detrás de cada uno de estos pacientes hay familias que vivieron horas de incertidumbre sin poder conocer lo que ocurría con sus seres queridos. Olga Navarro, madre de uno de los soldados heridos, relató la angustia que enfrentó cuando intentaba comunicarse en medio de las lluvias y la falta de señal telefónica. Su hijo, Bera Navarro Yarur, de apenas 19 años, permanece en cuidados intensivos luego de ser sometido a una cirugía."Está entubado, estable. Tuvo cirugía del estómago hacia abajo. Está muy delicado, pero estable", contó su madre, quien recordó la desesperación que sintió mientras intentaba conocer noticias de su hijo.Varios de los uniformados presentan fracturas y otras lesiones de consideración. Además, algunos están bajo estudios médicos por posibles afectaciones en la visión y la audición, relacionadas con la onda explosiva que los alcanzó durante el ataque.Por su parte, el Hospital Universitario de Santander mantiene activo su equipo multidisciplinario y reforzó la capacidad asistencial para atender a los uniformados, varios de ellos sometidos a procedimientos quirúrgicos y seguimiento especializado.Mientras los equipos médicos concentran sus esfuerzos en la recuperación de los soldados, sus familias permanecen a la espera de noticias favorables sobre la evolución de estos jóvenes militares.
