La Defensora del Pueblo, Iris Marin, lanzó una alerta sobre el deterioro del debate democrático en medio del actual proceso electoral, tras evidenciar múltiples manifestaciones de violencia política que afectan directamente a candidatos y al ejercicio de los derechos ciudadanos.
“El proceso electoral enfrenta un deterioro del debate democrático marcado por violencias digitales, estigmatización y discursos de odio que ponen en riesgo la vida, la participación política y la calidad de la democracia. Si bien no todos los hechos de preocupación provienen de las campañas, prevenirlos es una responsabilidad compartida y urgente”, explicó la defensora.
Dentro del seguimiento realizado entre el 13 de marzo y el 15 de abril, la entidad documentó casos concretos que reflejan este panorama.
“Identificamos, por ejemplo, que Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo, Claudia López, Aida Quilcué y Sandra McCollins suelen sufrir agresiones de violencia contra las mujeres en política, o violencias por prejuicio, estigmatización y difamación. Iván Cepeda y Aida Quilcué sufren con alta recurrencia, estigmatización y difamación. A Luis Gilberto Murillo y Aida Quilcué se refieren con afirmaciones racistas. En contra de Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo se evidencian situaciones de difamación. La campaña de Sergio Fajardo recibe también un lenguaje ofensivo”, detalló.
El análisis también advierte que estas violencias no afectan a todas las candidaturas por igual, sino que reproducen desigualdades estructurales.
En particular, se registra una alta recurrencia de ataques contra mujeres en política, “basados en estereotipos de género, sexualización y descalificaciones personales, así como agresiones por prejuicio hacia personas con orientaciones sexuales diversas y manifestaciones de racismo contra candidaturas afrodescendientes e indígenas”.
A esto se suman hechos como amenazas de muerte, afectaciones a sedes políticas y presencia de actores armados en eventos públicos. La Defensoría alertó que muchas de estas agresiones son amplificadas en entornos digitales, lo que incrementa el riesgo de escalamiento hacia formas más graves de violencia.
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A este panorama se suma la desinformación mediante señalamientos que asocian a candidaturas con ilegalidad, criminalidad, actores armados. Estas dinámicas se presentan en contextos atravesados por el conflicto armado y la criminalidad organizada.
La defensora subrayó que este panorama está generando ambientes de miedo, autocensura y hostilidad que afectan la deliberación democrática y pueden limitar, en la práctica, el derecho de la ciudadanía a elegir libremente. Además, advirtió sobre el impacto en los jóvenes, quienes están expuestos a estos contenidos en entornos digitales, lo que puede afectar su confianza en las instituciones y su participación política.
Frente a este escenario, la entidad hizo un llamado a las instituciones a reforzar sus acciones, especialmente a la Fiscalía, el Ministerio del Interior y la Unidad Nacional de Protección, así como a los medios de comunicación plataformas digitales para actuar con mayor diligencia.
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“A los movimientos políticos y las campañas, rechazar de forma expresa y no selectiva estos hechos. A los medios de comunicación y actores con influencia en la opinión pública, no amplificar estas prácticas”.
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