El partido Colombia Humana, que postuló a Gustavo Petro a la Presidencia en el año 2022 y que actualmente hace parte del Pacto Histórico, publicó una carta fechada de hace un año en la que se formulan señalamientos contra Angie Rodríguez, exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y recientemente declarada insubsistente por el mandatario saliente.
La decisión se tomó después de las denuncias de ella sobre presunta corrupción y tráfico de influencias por parte de Juliana Guerrero y Gabriela Muñoz, quienes sin ser funcionarias, según su versión, incidían en la contratación y asignación de puestos en el gobierno.
La colectividad, además de publicar la carta, acusa a Rodríguez de haber buscado presuntos negocios para su supuesta pareja, el congresista Jorge Tovar Vélez, y de haber promovido la contratación de asesores que habían denunciado penalmente al mandatario.
La carta fue firmada el 31 de julio de 2025 por José Alexis Mahecha Acosta, entonces director Administrativo y Financiero del Dapre, y está dirigida al presidente Gustavo Petro bajo el asunto "Queja en contra de la señora Directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República".
En el documento, Mahecha asegura que el 4 de julio de 2025 informó a Angie Rodríguez sobre la presencia en el despacho presidencial del abogado Manuel Vicente Villanueva, quien, según afirma, se había posesionado como asesor de alto nivel pese a haber presentado una denuncia penal contra el Petro ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes en mayo de ese mismo año.
Según el funcionario, tras poner en conocimiento esa situación comenzó una serie de presuntas presiones en su contra. Asegura que, tres horas después de emitir la alerta, fue removido de la Subdirección General encargada, decisión que, afirma, le fue comunicada como una orden del propio presidente.
Asimismo, sostiene que mediante la Resolución 0671 del 9 de julio de 2025 fue despojado de funciones establecidas en el Decreto 2647 de 2022, sin una justificación legal válida, lo que, a su juicio, afectó el ejercicio de sus responsabilidades y el funcionamiento administrativo de la entidad.
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El exfuncionario también señala que las decisiones adoptadas constituyeron una retaliación por haber advertido sobre una situación que consideraba de riesgo para la seguridad del jefe de Estado, lo que, según expone en la carta, vulneró principios constitucionales de la función pública.
Mahecha también denunció que durante los 22 días posteriores fue objeto de presuntos hostigamientos por parte del entonces subdirector general encargado, Luis Eduardo Torres, y de Pastora González, asistente de la directora, quienes, según afirmó, buscaron encontrar irregularidades en su gestión sin obtener resultados, insistiendo en que su actuación estuvo respaldada por criterios de transparencia, legalidad y responsabilidad.
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