Mientras que la justicia está por definir varios principios de oportunidad a los que se acogieron investigados por el escándalo de presunta corrupción en contratos entre el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí, nuevos actores, cercanos al exalcalde Daniel Quintero, se siguen sumando al caso.
La Fiscalía General anunció que radicó la solicitud de audiencia de imputación en contra de Miguel Andrés Quintero Calle, hermano del exmandatario; el exsubdirector de Gestión Administrativa y Financiera del Área Metropolitana, Álvaro Alonso Villada García; la contratista de la misma entidad, Vanesa Álvarez Restrepo; y el particular Sebastián de Jesús Ortega Durán.
Esto, por cuenta de elementos probatorios en el proceso que indicarían para el ente acusador que participaron en la desviación de recursos públicos y cobrado comisiones en seis contratos investigados entre 2020 y 2021 que suman 17.654 millones de pesos y de los cuales habría existido una apropiación irregular de 2.481 millones.
En las audiencias del caso por el que ya fueron imputados María Yaneth Rúa García, quien ejercía funciones de supervisión de los contratos y los exdirectivos de Bomberos de Itagüí Misael Alberto Cadavid Jaramillo y Elkin de Jesús González, el fiscal ya había relacionado a los recientemente vinculados a partir de información de un testigo.
"Los responsables de las entregas de los contratos a Cadavid fueron Miguel Quintero y desde la estructura interna de la entidad Álvaro Villada. Este último era el encargado de negociar con Cadavid las coimas", dijo.
Según detalló la Fiscalía, a la espera que la judicatura fije una fecha para la diligencia, será un fiscal de la Seccional Medellín quien imputará a Quintero, Villada, Álvarez y Ortega los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación.
En los contratos cuestionados se investigan sobrecostos, pagos por servicios no ejecutados, cuentas de cobro falsas, contratos simulados, desvío de recursos públicos y posible financiación irregular de actividades políticas.