Juliana Guerrero y su hermana Verónica Guerrero vuelven a estar en el ojo del huracán por una publicación de la revista Semana, en la que asegura haber recopilado chats de WhatsApp, audios, comprobantes de consignaciones bancarias y testimonios de empresarios que, según el medio, revelarían el funcionamiento de una presunta red de corrupción para el favorecimiento de contratos.Los hechos habrían iniciado en el segundo semestre de 2024, cuando varios empresarios, principalmente de Norte de Santander, Cesar, Valle del Cauca y Santander, conocieron a las hermanas Guerrero, en quienes confiaron con la promesa de obtener contratos en distintas entidades.Según Semana, los empresarios afirman que debían pagar un millón de pesos por una primera reunión y que Juliana Guerrero sería la encargada de realizar las gestiones ante el Gobierno para ayudarlos con dichas contrataciones, a cambio de 200 millones de pesos y el pago del 10 % del valor de cada proyecto adjudicado.Sostiene, además, que parte de esos recursos habría sido entregada a través de David Trespalacios, quien sería cercano a las hermanas. Posteriormente, por diferencias entre las hermanas Guerrero y Trespalacios, así como por la sospecha de un presunto robo por parte de él, habrían decidido recibir el dinero en sus propias cuentas, a pesar de que ellas, según Semana, no querían recibir plata directamente allí.La publicación también afirma que las conversaciones incluyen referencias a gestiones para proyectos de acueductos en el Cesar, programas de mejoramiento de vivienda y otros contratos públicos. En esos intercambios, según la revista, las hermanas Guerrero aseguraban tener capacidad para hablar y convencer a funcionarios del Gobierno, y mencionaban reuniones, nombramientos y seguimiento a procesos contractuales.Por otro lado, según el medio, habría chats en los que aparecen menciones al llamado "jefe de jefes", expresión que, de acuerdo con los empresarios que denunciaron este caso, haría referencia al presidente Gustavo Petro. Aseguran que esa expresión era utilizada para tranquilizar a los empresarios sobre el avance de las supuestas gestiones.Otras conversaciones harían referencia a entidades como los ministerios de Vivienda, Interior, Ambiente e Igualdad, la Agencia Nacional de Tierras, el Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana y el Departamento Administrativo de la Presidencia, entre otras.También mencionan una de las declaraciones de la exdirectora del Dapre, Angie Rodríguez, quien habló para Semana en exclusiva y reiteró sus denuncias sobre la supuesta influencia de Juliana Guerrero en distintas dependencias del Gobierno.Según Semana, los tres empresarios aseguran haber entregado más de 600 millones de pesos y sostienen que los contratos prometidos nunca se concretaron. Los denunciantes señalaron que posteriormente reclamaron la devolución del dinero, sin obtener respuesta.
La Fiscalía General de la Nación acusará y llamará a juicio el próximo 5 de agosto a Juliana Guerrero Jiménez y a Luis Carlos Gutiérrez, quien para la época de los hechos se desempeñaba como secretario general de la Fundación San José, por los delitos de fraude procesal y falsedad ideológica en documento público.La acusación se relaciona con la presunta expedición y presentación de títulos académicos falsos utilizados en la aspiración de Guerrero para ocupar un cargo público dentro del Ministerio de Igualdad y Equidad. Durante la audiencia de imputación, los procesados no aceptaron los cargos formulados por el ente acusador.De acuerdo con la Fiscalía, la investigación establece que Juliana Guerrero habría tenido pleno conocimiento sobre la presunta falsedad de los documentos académicos que anexó a su hoja de vida dentro del proceso de selección. En ese sentido, el ente acusador sostuvo que la imputada “tenía pleno conocimiento de la falsedad condensada en tales títulos académicos, pues tal y como se anotó anteriormente, nunca cumplió con los requisitos que se exigen normativos para la expedición de los mismos. Ella lo sabía y aún así decidió de manera libre y voluntaria anexarlos en su hoja de vida con el propósito de engañar al servidor público nominador del Ministerio de Igualdad y Equidad a fin de lograr su nombramiento como viceministra”.Asimismo, el fiscal indicó que la indiciada, “con pleno conocimiento de que jamás cumplió con los requisitos de ley para la obtención de sus títulos académicos como contadora pública y tecnóloga en gestión contable y tributaria, desplegó una conducta orientada a engañar a la administración pública”.Durante la sustentación, la Fiscalía precisó que el presunto delito de fraude procesal se habría materializado en el momento en que los documentos fueron cargados en la plataforma correspondiente dentro del proceso administrativo. Al respecto, el ente acusador manifestó que “el delito de fraude procesal se perfeccionó en el momento en que la indiciada cargó los documentos en la plataforma, pues dicha acción tuvo la potencialidad inmediata de inducir en error a los servidores encargados del nombramiento, independientemente de que el acto administrativo de nombramiento no se hubiera materializado”. Igualmente, se indicó que estos documentos contaban con características que les otorgaban apariencia de autenticidad, lo que habría facilitado su uso dentro del trámite administrativo.contra Luis Carlos Gutiérrez, en su momento secretario general de la Fundación Universitaria San José “Consignó hechos falsos en documentos auténticos al certificar que Juliana Guerrero había satisfecho las exigencias normativas y reglamentarias para optar por dichos grados, pese a que no había presentado las pruebas saber Pro requeridas por el Icfes para el grado profesional”.
A menos de tres semanas de la segunda vuelta presidencial, la campaña de Iván Cepeda habría decidido reforzar su estrategia en el Cesar, uno de los departamentos donde la contienda con Abelardo de la Espriella resultó más cerrada durante la primera vuelta, con apenas 617 votos de diferencia. Para esto habría ingresado a la campaña Juliana Guerrero, designada para coordinar actividades donde no solo llegó a reunirse con las bases del Pacto Histórico, sino también se acercó al movimiento estudiantil de la Universidad Popular del Cesar (UPC), donde ella mantiene una importante influencia política al ser representante del presidente ante el Consejo Superior.Como parte de su intervención convocó para el pasado miércoles 3 de junio una 'pijamatón' en la plazoleta de la Universidad, a partir de las 5 de la tarde. Sin embargo, de acuerdo con registros de fotos y videos de esta actividad, la respuesta a la convocatoria no fue la esperada, pues no asistieron más de 50 personas. Al encuentro llegaron algunos jóvenes vestidos con pijamas y con almohadas en sus manos, quienes posaron junto a un pasacalle que tenía el rostro de Iván Cepeda y Aida Quilcué. Pero el encuentro no se extendió más allá en el tiempo, debido a la poca asistencia que el mismo tuvo. Lo que se estaría dando en el Cesar es una lucha cabeza a cabeza por los votos, entre diferentes casas políticas, siendo este un fortín de maquinarias políticas que dejó una reñida batalla entre Cepeda y de la Espriella.
La reaparición de Juliana Guerrero en la Universidad Popular del Cesar reavivó la polémica política en el departamento y encendió las críticas desde el Congreso. En entrevista con Recap Blu, la representante Jennifer Pedraza lanzó duros señalamientos y aseguró que la funcionaria “está pavimentando su camino hacia la Gobernación del Cesar”.La congresista se refirió a la presencia de Guerrero en la posesión del nuevo rector de la institución, donde actualmente se mantiene como delegada del Gobierno Nacional en el Consejo Superior Universitario. Según Pedraza, esta continuidad desconoce las peticiones del movimiento estudiantil, que ha solicitado al presidente Gustavo Petro su retiro del cargo.Pedraza fue enfática en señalar que existe un proceso legal en curso contra Guerrero y que su equipo espera avanzar tanto en una acción popular como en un proceso penal. "Todos los medios regionales del César afirman que ella está pavimentando su camino hacia la gobernación", dijo la representante en Recap Blu.Además, mencionó que Guerrero ha participado en eventos recientes durante el Festival Vallenato en Valledupar, donde —según la denuncia— habría organizado una celebración con altos costos para consolidar alianzas políticas.Para Pedraza, estos movimientos evidencian una articulación con sectores tradicionales de la política regional. En ese sentido, mencionó a figuras como Ape Cuello y Didier Lobo, a quienes señaló como aliados clave dentro de un entramado político que, según ella, contradice los principios de renovación que promueve el Gobierno."Lo más descarado es que parece que Juliana Guerrero aspira a ser la gobernadora del César. Entonces nosotros creemos que un proceso penal, y vamos a ir hasta el final en este proceso penal en contra de Juliana Guerrero, esperamos que la justicia actúe, que no se quede engavetado este caso, de manera que ella tenga que rendir cuentas ante la justicia", agregó.Finalmente, Pedraza afirmó que dos de los "socios" de Juliana Guerrero en es región del país para lograr su aspiración a la gobernación son Ape Cuello, representante de la Cámara por el Partido Conservador, y Didier Lobo, senador de Cambio Radical.
La Fundación San José vuelve a estar envuelta en una polémica ante el ojo público, esta vez por una fuerte denuncia de parte de la representante y futura senadora Jennifer Pedraza, quien expuso presuntas irregularidades en la expedición de títulos universitarios en donde también estaría envuelto el representante legal, Francisco Pareja, que estaría en la misma situación."Es una investigación en la que nosotros llevamos varios meses y me sorprende que yo la pueda hacer con mi equipo de 3 personas dedicadas a este trabajo, mientras que el ministro de Educación, que tiene una subdirección para investigar estos casos y para sancionar y para hacer inspección, vigilancia y aseguramiento de la calidad, no sean capaces de hacer nada frente a esta realidad”, dijo en diálogo con Recap de Blu Radio.Pedraza fue enfática en señalar que el caso de Juliana Guerrero no es aislado, sino que forma parte de un entramado más amplio. Según explicó, la investigación que lidera evidencia que múltiples títulos habrían sido otorgados sin cumplir requisitos académicos esenciales, como la presentación de las pruebas Saber Pro.“Yo aquí lo que les estoy demostrando es que el ministro de Educación lo que ha hecho es actuar de manera cómplice para no tocar a la San José. ¿Por qué? Porque los dueños de la San José, el mismo representante legal Francisco Pareja, sobre el cual yo estoy haciendo esta denuncia hoy, es aliado político de Armando Benedetti. No olviden que Francisco Pareja fue representante a la Cámara por el partido de la U en fórmula con Armando Benedetti. No olviden que fue concejal de Bogotá. No olviden que a él se le ha presentado siempre como si fuese ingeniero mecánico de la Universidad de los Andes, y la realidad es que no tiene títulos universitarios legales en este momento”, puntualizó.
Este lunes se llevó a cabo en la Universidad Popular del Cesar la posesión de Guillermo Echavarría como nuevo rector y apareció como invitada Juliana Guerrero, quien estuvo como representante del presidente ante el Consejo Superior.Su presencia no pasó desapercibida pues ocupó un lugar destacado en la mesa principal del evento, incluso fue presentada como la Doctora Juliana, desatando un sin número de comentarios en las redes sociales.Esta vez llegó con su cabello lacio y no con sus particulares rizos; y se ubicó junto al delegado del Ministerio de Educación Nacional.“Doctora Juliana Andrea Jiménez, designada del presidente de la república”, así la llamó la presentadora durante la verificación del quórum.Guerrero hizo presencia en el acto a pesar de la tormenta política que tiene tras las declaraciones de Angie Rodríguez, quien indicó que efectivamente se había comprobado ante presidencia que sus documentos relacionados con títulos profesionales eran falsos.Vale recordar que Guerrero ayudó a elegir al actual rector en una polémica votación en la que con solo 5 consejeros y en solo 8 minutos, el Consejo Superior Universitario (CSU) de la Universidad Popular del Cesar (UPC) eligió a Guillermo Andrés Echavarría como nuevo rector para el periodo 2026-2030.
Aunque Rodríguez hizo graves denuncias sobre una presunta red de funcionarios que buscaría saquear la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, además de supuestas extorsiones, disputas de poder y amenazas, el mandatario solo se refirió a un punto: los señalamientos sobre su presunta relación con Juliana Guerrero, a quien Rodríguez señaló como la persona que realmente tendría poder en la Casa de Nariño.En entrevista con Blu Radio, le preguntaron por la relación entre Petro y Guerrero. Su respuesta fue: “Dios mío, no quiero hablar de eso, no quiero”.Frente a esto, Petro escribió en su cuenta de X: “En entrevistas a funcionarios públicos del Gobierno, periodistas han sugerido relaciones sentimentales mías con personas mencionadas. No hablo de mi vida sentimental por decisión libre. Si el poder se mete en la intimidad, se muere la libertad humana”.El presidente concluyó negando tener o haber tenido una relación sentimental con cualquiera de las personas mencionadas por Rodríguez.El escándalo también incluye denuncias de amenazas contra la funcionaria. Según dijo, teme por su vida por presiones que habría recibido de una persona que trabajaba en el Fondo de Adaptación, quien le mencionó en varias ocasiones cuando la amenazaba a Guerrero y a Carlos Carrillo.Rodríguez aseguró que sus problemas comenzaron cuando se opuso al nombramiento de Guerrero como viceministra de Juventudes en Ministerio de Igualdad y Equidad. Según su versión, aunque no cumplía los requisitos, la designación avanzó aún con conocimiento de que los títulos presentados eran presuntamente falsos.Sobre Carrillo, Rodríguez afirmó que estaría interesado en el “botín” de la UNGRD, que superaría un billón de pesos. La Fiscalía General de la Nación citó a la directora del Fondo para ampliar su denuncia radicada el miércoles contra ambos funcionarios.
Ricardo Ospina, director del Servicio Informativo de Blu Radio, reveló en primicia que la Fiscalía General de la Nación citó a la directora del Fondo de Adaptacion, Angie Rodríguez, para que amplíe y explique la denuncia que radicó este miércoles en contra del director de la UNGRD, Carlos Carrillo, y contra Juliana Guerrero.La citación se da en medio de un nuevo episodio que sacude al Gobierno del presidente Gustavo Petro. Según la información conocida, Rodríguez presentó una denuncia formal de manera digital en la que advierte sobre presuntas irregularidades que involucrarían a Carrillo, Guerrero y a una persona privada de la libertad.Vale recordar que la funcionaria aseguró que estaría siendo víctima de extorsiones desde una cárcel. En su relato inicial, indicó que le estarían exigiendo dinero a cambio de entregarle información sobre supuestos planes de terceros dentro del Gobierno nacional que buscarían perjudicarla.La denuncia fue asignada a fiscales del Gaula adscritos a la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales, quienes iniciaron de inmediato las primeras actuaciones investigativas. Como parte de este proceso, se determinó la necesidad de escuchar nuevamente a Rodríguez para que precise varios aspectos que resultaron confusos en su versión inicial.La ampliación de la denuncia será clave para establecer la veracidad de los hechos y el posible grado de responsabilidad de los señalados. Las autoridades buscan aclarar si existen elementos suficientes para avanzar en una investigación formal contra los mencionados funcionarios y la persona privada de la libertad.Por ahora, el caso permanece en etapa preliminar, mientras la Fiscalía recopila información y define las acciones a seguir en un proceso que podría tener implicaciones dentro del alto Gobierno.
La exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE) y hoy directora del Fondo Adaptación, Angie Rodríguez, radicó una denuncia formal ante la Fiscalía General de la Nación por un caso de extorsión del que asegura haber sido víctima. La información fue revelada por el periodista Ricardo Ospina, director del servicio informativo de Blu Radio, durante el programa Mañanas Blu.La denuncia fue presentada en la tarde del miércoles, un día después de que Rodríguez hiciera públicas sus declaraciones sobre el presunto caso. Según se conoció, la funcionaria señaló que la extorsión habría sido ejercida por una persona de su confianza, a quien ella misma llevó desde el DAPRE hacia el Fondo Adaptación.En medio de los detalles conocidos, Rodríguez habría reconocido que alcanzó a pagar 20 millones de pesos al presunto extorsionista, quien posteriormente continuó exigiendo más dinero. Esta situación habría motivado a la funcionaria a hacer primero la denuncia pública y luego formalizar el caso ante las autoridades judiciales.Durante el análisis en Mañanas Blu, surgieron cuestionamientos sobre la decisión de pagar el dinero inicialmente, un aspecto que, según se indicó, deberá ser esclarecido en el curso de la investigación por parte de la Fiscalía. También se plantearon interrogantes sobre las circunstancias que llevaron a Rodríguez a detener los pagos y proceder con la denuncia.Además de este proceso por extorsión, en el programa se mencionó que la funcionaria ya había presentado denuncias previas ante la Fiscalía por otros hechos, entre ellos una presunta incursión ilegal en la vivienda de sus padres, caso que inicialmente fue reportado como un robo, pero que posteriormente, según sus declaraciones, tendría posibles implicaciones criminales más complejas.Asimismo, se indicó que Rodríguez ha interpuesto al menos cuatro denuncias adicionales por injuria y calumnia, una de ellas contra el actual director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.
El rector de la Fundación Universitaria San José, Carlos Eduardo Rodríguez Pulido, se pronunció sobre el caso de Juliana Guerrero, que puso bajo la lupa a la institución por la expedición irregular de títulos académicos. En medio de la polémica, el directivo insistió en que la universidad fue víctima de una actuación individual y negó que existiera una práctica interna orientada a otorgar diplomas sin cumplir requisitos legales.“La institución se declaró víctima. Es un caso aislado, la institución no participó, no tuvo participación consciente en el otorgamiento del título a Juliana Guerrero”, afirmó Rodríguez Pulido, al explicar que la universidad reaccionó desde el momento en que tuvo conocimiento de lo ocurrido.Según el rector, una de las primeras medidas fue retirar del cargo al funcionario presuntamente implicado en la irregularidad. “La institución inmediatamente tomó unas acciones. En primer lugar, retirar al funcionario que llevó a cabo este hecho”, y añadió que el trabajador habría tenido acceso a procesos internos y sistemas administrativos que pudieron facilitar la expedición del título cuestionado.Rodríguez Pulido confirmó además que la universidad instauró una denuncia penal contra la persona señalada. Los cargos por los cuales deberá responder incluyen extralimitación de funciones, abuso de confianza y falsedad en documento público. “La institución genera o activa los mecanismos jurídicos necesarios y establece una denuncia de carácter penal frente a este funcionario”, indicó.El rector evitó confirmar si existen más implicados, argumentando que el caso permanece bajo reserva procesal. “Sería irresponsable mencionar quiénes podrían estar implicados, eso hace parte de la investigación”, explicó, al insistir en que las autoridades y los entes de control son quienes deberán establecer el alcance real de las responsabilidades.Tras el escándalo, la universidad activó un plan de contingencia enfocado en corregir posibles vacíos internos. Dentro de las medidas anunciadas se encuentra la revisión de la seguridad del sistema institucional, auditorías a los procesos de grado y la creación de mecanismos de verificación más estrictos. “Desarrollamos un plan de contingencia orientado precisamente a corregir todos esos errores”, dijo el rector.La institución también abrió sus procesos al acompañamiento permanente del Ministerio de Educación Nacional. De acuerdo con Rodríguez Pulido, el ministerio realiza seguimiento directo a los procedimientos académicos y administrativos. “La institución abre sus puertas y entrega toda la información necesaria para que el ministerio pueda evidenciar la problemática”, aseguró.Rodríguez sostuvo que no se han encontrado otros casos similares dentro de la institución ya que, según él, no es un hecho de costumbre institucional, sino un hecho aislado. También señaló que las auditorías internas continúan y que, si aparecen nuevas responsabilidades, la universidad procederá judicialmente. “Si existe otras personas implicadas, la institución procederá inmediatamente a denunciar”, concluyó.El caso de Juliana Guerrero se convirtió en una controversia nacional luego de que investigaciones señalaran que habría recibido títulos de Tecnología en Gestión Contable y Tributaria y Contaduría Pública sin cumplir plenamente requisitos académicos obligatorios. Ambos diplomas fueron anulados por la universidad mientras avanzan las investigaciones administrativas y penales.
Turbo, Arboletes, San Juan de Urabá, Necoclí y San Pedro de Urabá son los municipios donde actualmente las autoridades de gestión del riesgo departamental adelantan intervenciones para prevenir emergencias, en especial tras la crudeza con la que golpeó esa subregión la temporada de lluvias al inicio de este año, además de la inminente llegada del fenómeno de El Niño.En el distrito de Turbo, específicamente en las veredas Puerto Escondido y Puerto César del corregimiento El Tres, el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Antioquia (Dagran) desarrolla labores de limpieza, recuperación hidráulica y extracción de sedimentos en caños, quebradas y ríos. A la par, se construyen y reconstruyen jarillones para restablecer la capacidad hidráulica de los cauces y reducir el riesgo de inundaciones.En Arboletes, en el sector San José del Carmelo, se ejecutan trabajos de limpieza, recuperación hidráulica y adecuación de cauces que permiten restablecer el flujo natural del agua y mejorar la capacidad del territorio para responder a futuros eventos hidrometeorológicos. Por su parte, en el municipio de Necoclí se adelantan actividades asociadas a limpieza de caños.En el sector Damaquiel de San Juan de Urabá se realiza la limpieza de caños y de su desembocadura al mar, con el propósito de facilitar el drenaje y reducir el riesgo de represamientos. Adicionalmente, en este municipio se construirá un reservorio que contribuirá a garantizar la disponibilidad de agua para las actividades productivas durante la temporada de menos lluvias, según destacó el ente departamental."Estas acciones están encaminadas a 2 acciones específicas. 1, todo lo que tiene que ver con la mitigación del riesgo, pero también la tensión de la emergencia ocasionada por el frente frío del mes de febrero. Estas acciones consisten en recuperación hidráulica de caños y de cauces, estabilización, pero también mantenimiento y mejoramiento de jarillones", indicó Vanessa Paredes Zúñiga, directora del Dagran.Finalmente, en la comunidad indígena Dividiví, en San Pedro de Urabá, avanza la construcción de un reservorio para el almacenamiento de agua destinada al consumo doméstico. En paralelo, en el sector Cabañas se desarrollan trabajos de limpieza, remoción de sedimentos, recuperación hidráulica y reencauzamiento del río San Juan, intervenciones para rehabilitar una vía terciaria afectada por procesos de erosión y socavación.
Las autoridades investigan como un presunto feminicidio la muerte de María Fernanda López Castellanos, de 21 años, ocurrida en la noche del viernes en el barrio Limonar, en el sur de Medellín. Por el caso fue capturado un hombre de 41 años, pensionado del Ejército Nacional, quien quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación.De acuerdo con el reporte judicial, el hecho ocurrió hacia las 11:14 de la noche en un apartamento ubicado en la calle 58A Sur con carrera 51, hasta donde llegaron unidades de la SIJÍN para realizar la inspección técnica al cadáver de la joven, quien presentaba una herida por arma de fuego en el rostro.Durante el procedimiento, uniformados de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá capturaron al presunto responsable y le incautaron una pistola, además de munición que será sometida a estudios balísticos como parte de la investigación.Según la información preliminar recopilada por los policías, algunos testigos manifestaron que la mujer habría intentado agredir al hombre con un cuchillo, momento en el que este desenfundó el arma de fuego y le disparó. No obstante, esa versión hace parte del proceso investigativo y deberá ser verificada por la Fiscalía, que busca establecer con precisión las circunstancias en las que ocurrieron los hechos.De momento las autoridades también confirmaron que existían antecedentes de atención institucional relacionados con esta pareja. En una oportunidad anterior, el hoy capturado había solicitado acompañamiento de la Policía para retirar pertenencias del inmueble. Además, desde la Agencia Mujer se intentó contactar a la víctima para ofrecerle atención, aunque ese proceso no logró concretarse.Tras el crimen, la Secretaría de las Mujeres de Medellín activó la ruta institucional de atención, realizó verificaciones con la Policía y la Unidad de Reacción Inmediata (URI) e inició la búsqueda de familiares o redes de apoyo de María Fernanda López Castellanos para brindarles acompañamiento psicosocial y jurídico, mientras avanza la investigación del caso.
En El Radar de este sábado 25 de julio de 2026, Ricardo Ospina analiza los hechos que marcaron la semana en Colombia y el mundo. El programa aborda el debate global sobre la prohibición de redes sociales para menores tras la nueva legislación en Francia y Australia, así como la grave alerta de apagón en Colombia debido a la crisis energética y el fortalecimiento del fenómeno de El Niño.Eugénie Richard, profesora en estudios sociales experta en algoritmos, explica el alcance de la ley francesa que prohíbe redes sociales a menores de 15 años para proteger su salud mental. Analiza la tensión entre la protección a los vulnerables y derechos como la libertad de expresión, advirtiendo sobre las dificultades técnicas para verificar la edad sin vulnerar la privacidad de los datos. "De un lado, queremos proteger a los más vulnerables... pero, por otro lado, también se plantea la pregunta de si la prohibición es la solución o si podría haber otros enfoques, como por ejemplo la educación".Natalia Gutiérrez, presidenta de Acolgén, advierte sobre la situación crítica del sistema eléctrico colombiano, señalando que los márgenes de energía firme ya son negativos (-2.6%),. Reclama medidas urgentes como el pago de 2.5 billones de pesos adeudados a las generadoras térmicas y una campaña nacional de ahorro para evitar racionamientos a finales de año "Llevo mucho tiempo hablando de apagón porque es que desde el 2022 yo vengo advirtiendo que íbamos a llegar al 2026 con márgenes de energía en firme negativos si no hacíamos nada".Escuche el programa completo aquí:
Mientras el proyecto Metro de la 80 enfrenta un panorama financiero tenso, desde el Distrito destacaron nuevos avances en el componente ambiental que contempla la preparación de cerca de 22.000 árboles que harán parte de este tramo cuando sea habilitado.Según la Alcaldía de Medellín, en el vivero Tierra Negra ya crecen los primeros 9.000 árboles de 180 especies nativas como pinos romerones, florentinos, palmas y arrayanes destinados a la reposición ambiental del megaproyecto Metro de la 80 y zonas como los cerros de Las Tres Cruces y El Volador.El gerente del Metro, Tomás Andrés Elejalde Escobar, amplió los detalles sobre la compensación forestal del proyecto."La nueva línea va a reducir más de 130000 toneladas de CO2 de emisiones en el ambiente. Esto, de nuevo, es un paso gigantesco que sumará a las 650000 toneladas de CO2 que ya reducimos con las demás líneas", indicó.En contraste, la estabilidad económica del proyecto se ve presionada debido a que el Gobierno nacional adeuda más de 830.000 millones de pesos, como lo reiteró el Alcalde Federico Gutierrez en el reciente empalme con el presidente electo Abelardo de la Espriella.Esta situación contrasta con el modelo financiero inicial, donde la Nación se encargaba del 70 % de los gastos y el Distrito de Medellín del 30 %, lo que representa $2,4 billones por parte de la Nación. Este es un compromiso apoyado por recursos asignados para futuras vigencias acordadas hasta los años 2036 y 2038, que actualmente deja en incertidumbre la financiación total de las obras.
Los usuarios del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) de Bogotá deberán tener en cuenta un importante cambio en una de las rutas más extensas de la ciudad. Desde el martes 14 de julio, TransMilenio modificó la operación del servicio T11, que dejó de funcionar bajo esa denominación y fue reemplazado por las rutas B647 Calle 134 y H647 Alpes.El cambio hace parte de los ajustes operacionales del componente zonal y afecta una ruta que se caracterizaba por recorrer Bogotá de sur a norte, con más de 110 paradas a lo largo de su trayecto.Con la nueva nomenclatura, TransMilenio busca facilitar la identificación de los recorridos según el sentido de circulación, por lo que los pasajeros deberán verificar el destino antes de abordar el bus. ¿Cómo quedó el recorrido de la antigua ruta del SITP?La antigua T11 ahora opera bajo dos nombres diferentes. El servicio B647 Calle 134, que circula hacia el norte, transita por corredores como la carrera 24, la NQS y la avenida carrera Novena, conectando sectores como Tunal, Ricaurte, Campín y Chicó hasta llegar a la calle 134.En sentido contrario, el servicio H647 Alpes inicia su recorrido desde el norte de la ciudad y avanza por la avenida carrera Novena, la NQS y la avenida Boyacá, hasta finalizar en el sector de Alpes, cerca del Portal Tunal.TransMilenio recordó además que los usuarios que necesiten movilizarse entre la calle 222 y la calle 134, por el corredor de la Autopista Norte y la carrera Novena, cuentan con la ruta B947 Arrayanes - A947 Campín.¿Cuáles son los horarios de la nueva ruta B647-H647?Los nuevos servicios conservarán una amplia cobertura horaria para atender la demanda de pasajeros. De lunes a sábado, la operación será entre las 3:30 a. m. y las 11:00 p. m.Los domingos y festivos, el servicio funcionará desde las 5:00 a. m. hasta las 10:00 p. m.Durante la jornada de Ciclovía, entre las 7:00 a. m. y las 2:00 p. m., la ruta tendrá desvíos operacionales, por lo que TransMilenio recomienda consultar previamente el recorrido antes de iniciar el viaje.Con este cambio, la antigua T11 desaparece oficialmente del mapa del SITP y da paso a un nuevo esquema de operación con las rutas B647 Calle 134 y H647 Alpes, que continuarán conectando el norte y el sur de Bogotá bajo una nueva identificación.