Tras la negociación de un preacuerdo que contempla una pena de tres años de prisión, Juliana Guerrero aceptó su responsabilidad por la presentación de títulos académicos falsos como contadora pública y tecnóloga en gestión contable y tributaria.Durante la audiencia, Guerrero pidió perdón por los hechos y aseguró que no pretendía justificar sus actuaciones ni presentarse como víctima, sino asumir las consecuencias de sus decisiones. “No estoy aquí para justificarme, ni para presentarme como víctima, sino para asumir con humildad las consecuencias de mis decisiones. Pido perdón al país, a mi familia, a quienes confiaron en mí, a los jóvenes que alguna vez me vieron como referente, a la Universidad San José, a su fundador, Francisco Pareja, a su vicerrectora académica, Stephanie Camacho, a su rectora, Romelia Añuste, con quienes no tuve ningún tipo de contacto. De igual forma, de manera sincera, le pido perdón a los profesores, directivos, estudiantes y egresados de esta institución. Quiero que sepan que mi intención nunca fue hacerle daño al Estado ni al país. Sin embargo, soy consciente de que eso no borra mi responsabilidad”, dijo. Guerrero también hizo referencia a su fe y a la posibilidad de una segunda oportunidad. “Mi fe en Dios y en Jesús me han enseñado que reconocer nuestros errores, pedir perdón y responder por ellos también es una forma de cuidar el corazón. Quiero agradecer profundamente a quienes, a pesar de lo sucedido, no han dejado de tenderme la mano, de creer en mí y de recordarme con sus palabras y sus actos que las segundas oportunidades existen”.También reconoció que las equivocaciones no la eximen de responder por sus actuaciones y manifestó su intención de reconstruir su vida después del proceso judicial.“Les digo desde mi propia experiencia que equivocarnos no nos exime de asumir nuestra responsabilidad. Hoy les pido perdón y espero que mi historia no sea recordada únicamente como mi, por mi error, sino también por haber tenido la valentía de reconocerlo, aprender de él y volver a empezar. Creo en las segundas oportunidades, y espero demostrar con mi vida que voy a ser una de ellas. Perdón por haberme equivocado”.De acuerdo con la Fiscalía, la investigación estableció que Guerrero habría tenido conocimiento de la presunta falsedad de los documentos académicos que fueron anexados a su hoja de vida durante el proceso de selección para los cargos relacionados con contaduría pública y gestión contable y tributaria. El ente acusador precisó que el presunto delito de fraude procesal se habría materializado cuando los documentos fueron cargados en la plataforma correspondiente dentro del proceso administrativo. La Fiscalía también indicó que los documentos tenían características que les otorgaban apariencia de autenticidad, circunstancia que habría facilitado su utilización dentro del trámite.El caso de Guerrero hace parte de las actuaciones relacionadas con la presentación de estos documentos académicos. Esta misma semana, Luis Carlos Gutiérrez, quien en su momento se desempeñó como secretario general de la Fundación Universitaria San José, fue condenado a tres años de prisión tras la aprobación de un preacuerdo por hechos relacionados con la misma investigación.
Juliana Guerrero pagaría 3 años de prisión por la falsificación del título universitario de la Fundación San José, según el preacuerdo alcanzado con la Fiscalía General de la Nación. La investigación estableció que Juliana Guerrero habría tenido pleno conocimiento sobre la presunta falsedad de los documentos académicos que anexó a su hoja de vida dentro del proceso de selección como contadora pública y tecnóloga en gestión contable y tributaria. El preacuerdo, sin embargo, debe ser aprobado por el juez que lleva el caso antes de que tenga efectos definitivos.Durante la negociación con la Fiscalía, Guerrero aceptó responsabilidad por la presentación de los títulos académicos cuestionados y ofreció disculpas por sus actuaciones.La investigación estableció que habría tenido conocimiento de la presunta falsedad de los documentos académicos que presentó como parte de su hoja de vida dentro del proceso de selección para los cargos relacionados con su formación contable.Al referirse al caso, Guerrero aseguró que no pretendía justificar sus decisiones ni presentarse como víctima y manifestó su disposición a asumir las consecuencias.“No estoy aquí para justificarme ni para presentarme como víctima, sino para asumir con humildad las consecuencias de mis decisiones. Pido perdón al país, a mi familia, a quienes confiaron en mí, a los jóvenes que alguna vez me vieron como referente”, puntualizó.Juliana pide perdónGuerrero también hizo referencia a las consecuencias que tendrá el caso y aseguró que espera que su historia no quede únicamente relacionada con el error por el que está siendo procesada.“Les digo desde mi propia experiencia que equivocarnos no nos exime de asumir nuestra responsabilidad. Hoy les pido perdón y espero que mi historia no sea recordada únicamente por mi error, sino también por haber tenido la valentía de reconocerlo, aprender de él y volver a empezar”, relató.En su declaración, además, habló de las segundas oportunidades y manifestó su intención de demostrar, a través de sus actuaciones futuras, que puede comenzar nuevamente.“Creo en las segundas oportunidades, y espero demostrar con mi vida que voy a ser una de ellas. Perdón por haberme equivocado”, agregó.
Un juez condenó a 3 años de prisión domiciliaria a Luis Carlos Gutiérrez Martínez, exsecretario general de la Fundación Universitaria San José, tras la aprobación de un preacuerdo presentado por la Fiscalía dentro de la investigación por la presunta expedición de títulos académicos falsos relacionados con Juliana Guerrero.Gutiérrez Martínez aceptó su responsabilidad por el delito de falsedad ideológica y, como resultado del preacuerdo, cumpliría una pena de tres años de prisión, sin embargo se otorga la suspensión de la ejecución de la pena por el monto definido,beneficio que permite a una persona condenada no ir a la cárcel, siempre y cuando cumpla ciertas reglas de buena conducta durante un tiempo."Condenar a Luis Carlos Gutiérrez Martínez, como autor responsable del delito de falsedad ideológica en documento público en concurso homogéneo y sucesivo, conforme al preacuerdo celebrado e imponiendo la sanción que corresponde a la pena principal, de 36 meses de prisión.2º, imponer al sentenciado la pena principal de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por un término igual a la pena principal impuesta. 3º, conceder al condenado la suspensión condicional de la ejecución de la pena acorde con los plasmados en el cuerpo de esta providencia", aseguró el juez.En el caso del exsecretario de la Fundación Universitaria San José, el juez sostuvo que, según la investigación de la Fiscalía, en ejercicio de sus funciones, habría autorizado la expedición de dos diplomas académicos que no correspondían a la realidad.Según explicó la fiscalía, Gutiérrez Martínez autorizó la expedición de 2 diplomas académicos falsos, de profesional en contaduría pública y de tecnóloga en gestión contable y tributaria”, documentos que tenían fecha del primero de julio de 2025.El Juez señaló que mediante esos documentos se hizo constar que Guerrero había cumplido con los requisitos académicos y legales para obtener los títulos, pese a que, según la investigación, esas circunstancias no correspondían a la verdad.“Contaba con el control sobre validación del sistema y las autorizaciones”, explicó la fiscal, quien agregó que Gutiérrez habría autorizado posteriormente la expedición de los títulos pese a que la entonces aspirante no había cumplido algunos de los requisitos exigidos.Entre las irregularidades señaladas por el ente investigador está que Guerrero no habría presentado las pruebas Saber Pro requeridas para obtener el título profesional y las pruebas TIT exigidas previamente para el grado de tecnóloga.La Fiscalía también indicó que no existían registros académicos reales que respaldaran los títulos en las plataformas institucionales y que tampoco se había acreditado el cumplimiento del plan de estudios.“Tampoco existían registros académicos reales en las plataformas institucionales y no se acreditó el cumplimiento del plan de estudios, requisitos todos ellos de obligatorio cumplimiento para la expedición válida de los títulos universitarios y tecnológico”, afirmó el Juez.De acuerdo con la explicación entregada durante la audiencia, Gutiérrez Martínez tenía un usuario con perfil de administrador en el sistema de la Fundación Universitaria San José, lo que le permitía realizar diferentes actuaciones relacionadas con la validación y expedición de documentos académicos.La fiscal sostuvo que ese perfil le permitía “realizar todo tipo de actuaciones, incluso cambiar el resultado de las validaciones”, y aseguró que eso fue lo que habría ocurrido en el caso de Guerrero.Según la Fiscalía, validadores externos no habían autorizado la expedición de los dos títulos académicos, pero Gutiérrez Martínez, utilizando su perfil, habría autorizado posteriormente la expedición de los documentos.“Pese a que validadores externos no autorizaron la expedición de sus 2 títulos académicos, el señor Gutiérrez Martínez autorizó mediante su perfil la expedición de los mismos”, señaló la representante del ente acusador.Como parte de la negociación, el exsecretario Luis Carlos Gutiérrez, pidió perdón asegurando que “Lamentablemente, violenté el ordenamiento jurídico de este país y la normativa de educación superior. Con todo el sentimiento, le ofrezco disculpas a todos por este acto, Y, como educador, quiero dejar esto como un ejemplo y un acto de reconocimiento de que, lamentablemente, una mala decisión puede afectar tanto nuestra vida personal, familiar, profesional”Mientras avanzó este proceso, Juliana Guerrero no se presentó a la audiencia de acusación programada en su contra, por lo cual este miércoles habrá una nueva oportunidad para formalizar el llamado a juicio dentro de la investigación por la presunta expedición y presentación de títulos académicos falsos que habrían sido utilizados en su aspiración para ocupar el cargo de viceministra de Juventudes.
Una juez condenó y avaló el preacuerdo presentado por la Fiscalía con Luis Carlos Gutiérrez Martínez, exsecretario general de la Fundación Universitaria San José, dentro de la investigación por la presunta expedición de títulos académicos falsos relacionados con Juliana Andrea Guerrero.De acuerdo con la Fiscalía, Gutiérrez Martínez aceptó su responsabilidad por el delito de falsedad ideológica y, como resultado del preacuerdo, cumpliría una pena de tres años de prisión.Mientras avanzaba esta diligencia, Juliana Guerrero no se presentó a la audiencia de acusación programada en su contra dentro de la investigación por la presunta expedición y presentación de títulos académicos falsos que habrían sido utilizados en su aspiración para ocupar el cargo de viceministra de Juventudes. La audiencia deberá ser nuevamente agendada luego de una solicitud de aplazamiento.En el caso del exsecretario de la Fundación Universitaria San José, la Fiscalía sostuvo que, en ejercicio de sus funciones, habría autorizado la expedición de dos diplomas académicos que no correspondían a la realidad.Según explicó la fiscal durante la audiencia, Gutiérrez Martínez “autorizó la expedición de 2 diplomas académicos falsos, de profesional en contaduría pública y de tecnóloga en gestión contable y tributaria”, documentos que tenían fecha del primero de julio de 2025.La Fiscalía señaló que mediante esos documentos se hizo constar que Guerrero había cumplido con los requisitos académicos y legales para obtener los títulos, pese a que, según la investigación, esas circunstancias no correspondían a la verdad.“Contaba con el control sobre validación del sistema y las autorizaciones”, explicó la fiscal, quien agregó que Gutiérrez habría autorizado posteriormente la expedición de los títulos pese a que la entonces aspirante no había cumplido algunos de los requisitos exigidos.Entre las irregularidades señaladas por el ente investigador está que Guerrero no habría presentado las pruebas Saber Pro requeridas para obtener el título profesional y las pruebas TIT exigidas previamente para el grado de tecnóloga.La Fiscalía también indicó que no existían registros académicos reales que respaldaran los títulos en las plataformas institucionales y que tampoco se había acreditado el cumplimiento del plan de estudios.“Tampoco existían registros académicos reales en las plataformas institucionales y no se acreditó el cumplimiento del plan de estudios, requisitos todos ellos de obligatorio cumplimiento para la expedición válida de los títulos universitarios y tecnológico”, afirmó la fiscal.De acuerdo con la explicación entregada durante la audiencia, Gutiérrez Martínez tenía un usuario con perfil de administrador en el sistema de la Fundación Universitaria San José, lo que le permitía realizar diferentes actuaciones relacionadas con la validación y expedición de documentos académicos.La fiscal sostuvo que ese perfil le permitía “realizar todo tipo de actuaciones, incluso cambiar el resultado de las validaciones”, y aseguró que eso fue lo que habría ocurrido en el caso de Guerrero.Según la Fiscalía, validadores externos no habían autorizado la expedición de los dos títulos académicos, pero Gutiérrez Martínez, utilizando su perfil, habría autorizado posteriormente la expedición de los documentos.“Pese a que validadores externos no autorizaron la expedición de sus 2 títulos académicos, el señor Gutiérrez Martínez autorizó mediante su perfil la expedición de los mismos”, señaló la representante del ente acusador.Como parte de la negociación, el exsecretario Luis Carlos Gutiérrez, pidió perdón asegurando que “Lamentablemente, violenté el ordenamiento jurídico de este país y la normativa de educación superior. Con todo el sentimiento, le ofrezco disculpas a todos por este acto, Y, como educador, quiero dejar esto como un ejemplo y un acto de reconocimiento de que, lamentablemente, una mala decisión puede afectar tanto nuestra vida personal, familiar, profesional”.
Este jueves la Fiscalía llamará a juicio a 2 exfuncionarios clave del Gobierno del Presidente Gustavo Petro. Por un lado, la Fiscalía acusará y llamará a juicio a Juliana Guerrero Jiménez y a Luis Carlos Gutiérrez, quien para la época de los hechos se desempeñaba como secretario general de la Fundación San José, por los delitos de fraude procesal y falsedad ideológica en documento público,según su participaciónLa imputación se relaciona con la presunta expedición y presentación de títulos académicos falsos utilizados en la aspiración de Guerrero para ocupar el viceministerio de Juventudes en el liquidado Ministerio de la Igualdad, un cargo público dentro del Ministerio de Igualdad y Equidad.De acuerdo con la Fiscalía, la investigación establece que Juliana Guerrero habría tenido pleno conocimiento sobre la presunta falsedad de los documentos académicos que anexó a su hoja de vida dentro del proceso de selección como contadora pública y tecnóloga en gestión contable y tributaria.La Fiscalía precisó que el presunto delito de fraude procesal se habría materializado en el momento en que los documentos fueron cargados en la plataforma correspondiente dentro del proceso administrativo. Igualmente, se indicó que estos documentos contaban con características que les otorgaban apariencia de autenticidad, lo que habría facilitado su uso dentro del trámite administrativo.Contra Luis Carlos Gutiérrez, en su momento secretario general de la Fundación Universitaria San José, “consignó hechos falsos en documentos auténticos al certificar que Juliana Guerrero había satisfecho las exigencias normativas y reglamentarias para optar por dichos grados, pese a que no había presentado las pruebas saber Pro requeridas por el Icfes para el grado profesional”.Por otro lado, hoy se llamará a juicio a Ricardo Roa por el delito de tráfico de influencias de servidor público dentro de una investigación que tiene origen en la compra de un apartamento ubicado en el barrio El Chicó, en Bogotá.De acuerdo con el ente acusador, Roa habría utilizado de manera indebida su posición como Presidente de Ecopetrol para favorecer intereses particulares. La investigación señala que esa presunta influencia se habría ejercido en relación con decisiones y oportunidades de negocio dentro de Hocol, una filial de la compañía estatal.Según lo expuesto por la Fiscalía, Ricardo Roa habría solicitado a Luis Enrique Rojas, presidente de Hocol, que se generaran oportunidades de negocio para Juan Guillermo Mancera.Para el ente investigador, la intervención de Roa en ese asunto habría constituido una influencia indebida sobre el presidente de Hocol, orientada a favorecer los intereses de Mancera. La Fiscalía sostiene que la relación entre ambos no solo era cercana, sino que además existía una negociación comercial previa entre los dos, vinculada a la compra del inmueble en la capital del país.De acuerdo con los datos presentados por el ente acusador, el inmueble fue adquirido por Roa por 1.800 millones de pesos, a pesar de que su valor comercial estimado era de 2.727.569.550 pesos. Esto significa que el precio pactado en la negociación se ubicó un 34 % por debajo del valor de mercado, con una diferencia cercana a 927 millones de pesos.
El saliente gobierno de Gustavo Petro oficializó la salida de Angie Rodríguez de la gerencia del Fondo Adaptación. Mediante el Decreto 0936 del 31 de julio de 2026, firmado por el ministro de Hacienda, Germán Ávila, se declaró insubsistente su nombramiento, decisión que empezó a regir este sábado 1 de agosto.Rodríguez, quien fue directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), había permanecido en el Fondo Adaptación después de su salida de la Casa de Nariño. Sin embargo, su retiro ocurre en un momento de tensión política al interior del gobierno, tras convertirse en una de las exfuncionarias que más fuertes señalamientos ha hecho sobre el funcionamiento interno de la administración Petro.La decisión quedó consignada en el Decreto 0936 de 2026, expedido por el Ministerio de Hacienda, mediante el cual se ordena la terminación de su nombramiento como gerente de la entidad.El retiro de Rodríguez llega después de hacerse públicas varias actuaciones judiciales impulsadas por la exfuncionaria. Por ejemplo, este jueves la Fiscalía General de la Nación la citó para rendir declaración como denunciante dentro de la investigación por las amenazas de muerte, llamadas extorsivas e intimidaciones que asegura haber recibido después de hacer públicas sus denuncias sobre presuntas irregularidades al interior del Gobierno.A través de su abogado, Manuel Villanueva, Rodríguez pidió que se investigue el origen de esas amenazas y que se identifique a los responsables. Según la denuncia, las intimidaciones habrían comenzado tras sus desacuerdos con decisiones del Ejecutivo y después de cuestionar el manejo de algunos nombramientos.La exdirectora también aseguró que, cuando estuvo al frente del Fondo Adaptación, recibió presuntas amenazas y presiones de personas que, según manifestó, podría identificar y que, de acuerdo con su versión, pertenecerían a la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI). Según su denuncia, el propósito era influir en decisiones relacionadas con los recursos administrados por la entidad. Estas afirmaciones hacen parte de las investigaciones y no han sido establecidas judicialmente.En paralelo, Rodríguez también presentó una denuncia formal ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes contra el presidente Gustavo Petro.Según explicó su defensa, la solicitud busca que se investigue la posible comisión de varias conductas penales, entre ellas un presunto peculado por aplicación oficial diferente, relacionado con supuestas presiones para disponer de recursos administrados por el Fondo Adaptación.El abogado Manuel Villanueva también anunció acciones para solicitar una reparación por los daños al buen nombre de su representada, luego de las declaraciones públicas del mandatario, quien hizo referencia a la historia clínica de la exfuncionaria.En los documentos radicados ante las autoridades, Rodríguez afirmó que las intimidaciones también habrían estado relacionadas con su negativa a tramitar el nombramiento de Juliana Guerrero como viceministra de Juventudes, al considerar que no cumplía los requisitos para el cargo.Asimismo, aseguró que el 13 de enero de 2026, un día antes de dejar la dirección del Dapre, el presidente Gustavo Petro realizó señalamientos en su contra durante una reunión en la Casa de Nariño y la intimidó al hacer referencia a su pasado como integrante del M-19.Rodríguez aseguró, además, que ya había presentado denuncias contra Juliana Guerrero y Gabriela Muñoz por presuntas irregularidades y presiones indebidas relacionadas con actuaciones en el Ejecutivo y en la Aerocivil.Con la expedición del decreto, Angie Rodríguez queda oficialmente desvinculada del Fondo Adaptación, mientras continúan los procesos judiciales derivados de sus denuncias y las investigaciones sobre las amenazas que asegura haber recibido.
El presidente Gustavo Petro respondió a las declaraciones de Angie Rodríguez, directora del Fondo Adaptación, quien, durante una entrevista con Blu Radio, habló sobre una presunta red de corrupción al interior del Gobierno nacional y mencionó a Juliana Guerrero, señalada por ella como la supuesta pareja del mandatario.Ante ello, Petro, a través de un extenso mensaje publicado en su cuenta de X, negó los señalamientos sobre una presunta relación con Guerrero, anunció acciones penales por injuria y calumnia y defendió su vida personal, al señalar que no puede ser objeto de especulaciones.En medio de su respuesta, el mandatario también se refirió a Verónica Alcocer y aclaró cuál es su situación personal. El presidente aseguró que actualmente enfrenta un proceso de divorcio y sostuvo que cualquier decisión relacionada con una futura relación sentimental pertenece exclusivamente a su ámbito privado."Mi situación civil actual es separación de bienes y divorcio. A quien dirija de nuevo mi corazón es cuestión muy mía y no es motivo de decir desorden", escribió el presidente en su publicación.¿Qué dijo Gustavo Petro sobre su relación con Verónica Alcocer?Las declaraciones de Petro surgieron luego de que Angie Rodríguez hiciera comentarios sobre su vida personal. En respuesta, el presidente reiteró que su relación con quien aún es su esposa, Verónica Alcocer, ya terminó y afirmó que ese proceso no da lugar a interpretaciones sobre su comportamiento.Además, insistió en que las decisiones relacionadas con su vida afectiva hacen parte de su esfera privada. "Mi vida privada es mía y no la considero desordenada y nadie puede opinar de ella sin conocerla", afirmó.Esta no es la primera vez que Petro habla públicamente sobre su situación con Alcocer. En ocasiones anteriores ya había señalado que no conviven desde hace varios años, mientras avanzan los trámites relacionados con la separación de bienes.¿Qué dijo Gustavo Petro sobre Juliana Guerrero?El mandatario también rechazó las versiones que lo vinculan sentimentalmente con Juliana Guerrero, exfuncionaria del Ministerio del Interior, y aseguró que esas afirmaciones son falsas."Juliana responde a la justicia y la justicia debe decidir sobre sus títulos, su único cargo fue secretaria del que era jefe de despacho Benedetti que opera en la Casa de Nariño. Su sindicación de alguna relación amorosa conmigo es falsa", escribió.De igual manera, explicó que Guerrero no llegó al viceministerio porque "no tenía 25 años" y sostuvo que la exfuncionaria debe responder ante las autoridades por los asuntos que le correspondan.Petro denunciará a Angie Rodríguez: esto fue lo que dijoEn el mismo pronunciamiento, el jefe de Estado confirmó que emprenderá acciones legales contra la directora del Fondo Adaptación al considerar que afectó su buen nombre con sus declaraciones."He decidido actuar penalmente contra la señora Angie Rodríguez por su manera de defender su puesto a partir de la mentira", manifestó. Más adelante agregó: "El ataque desarrollado por Angie es calumnioso y su respuesta será la acción penal".Petro también le pidió a la funcionaria aclarar públicamente si alguna vez recibió de su parte una propuesta indebida. "Angie puede decir si alguna vez recibió alguna propuesta no respetuosa de mi parte en términos monetarios o en términos sexuales. Si su respuesta es negativa no tiene por qué generar opiniones que atacan mi imagen en público", concluyó.
El ascenso de las hermanas Guerrero en el panorama político ha sido calificado por diversos sectores como meteórico. Juliana Guerrero, quien llegó a ocupar espacios estratégicos dentro de la administración actual, no es una figura que apareció al azar, sino que su vinculación tiene raíces profundas en el activismo regional y una serie de eventos coyunturales que la llevaron directamente al despacho presidencial. Las raíces en el Cesar y la campaña de 2022La relación de Juliana Guerrero con el proyecto político del hoy presidente Gustavo Petro comenzó formalmente durante la campaña electoral de 2022.En ese periodo, Juliana y su hermana, Verónica Guerrero, se destacaron como líderes de las juventudes que impulsaban la candidatura de Petro en el departamento del Cesar, trabajando activamente en la consecución de votos en la región.Durante este tiempo, las hermanas establecieron vínculos con figuras cercanas al círculo del mandatario, como René Hernández, quien posteriormente desempeñaría cargos como director de Consulta Previa. De Valledupar a una pensión en el barrio Santa FeA pesar de su trabajo en campaña, la llegada de Juliana a Bogotá no fue bajo condiciones de privilegio. Según los relatos, hace aproximadamente dos años, las hermanas Guerrero se trasladaron a la capital del país huyendo de amenazas de muerte en Valledupar, derivadas de su militancia petrista. Su situación inicial en Bogotá fue precaria, llegando a vivir en una pensión en el barrio Santa Fe. Desde allí, decidieron contactar a una persona de extrema confianza del presidente Petro, de quien poseían el número telefónico, para solicitar auxilio dada su condición de vulnerabilidad.El "visto bueno" presidencial y los primeros contratosEl contacto en Bogotá intercedió ante el presidente Petro, recordándole quiénes eran aquellas jóvenes vallenatas que habían apoyado con tanto ahínco la campaña en el Caribe. Ante el panorama de las amenazas, el mandatario dio el visto bueno para que se les brindara apoyo a través de vinculaciones laborales. De este modo, Juliana Guerrero obtuvo inicialmente un contrato en el Ministerio del Interior, bajo la gestión que en su momento involucró a figuras como Gabriel Rondón. Por su parte, su hermana Verónica fue vinculada a Colombia Compra Eficiente. Este fue el punto de partida que permitió a Juliana escalar rápidamente, pasando del ministerio a convertirse en la jefe de despacho de Armando Benedetti. La cita en el PalacioEl punto culminante de su acceso al poder ocurrió cuando las hermanas aseguraron tener conocimiento de una "olla podrida" o trama de corrupción dentro de Colombia Compra Eficiente. Alegando que necesitaban informar directamente al presidente sobre estas irregularidades, Juliana Guerrero logró obtener una cita privada en el despacho presidencial. Sin embargo, este ascenso vertiginoso fue seguido por un descenso igualmente rápido, cerrando un ciclo de exposición pública y política que las llevó a recorrer "toda la montaña" del poder en un tiempo récord.
Las declaraciones de Angie Rodríguez en Mañanas Blu siguen generando repercusiones. Un día después de que la exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE) asegurara que dentro del Gobierno existía "una red de mujeres que creía que mandaba", los panelistas del programa centraron el debate en el caso de Juliana Guerrero y en las implicaciones de las denuncias sobre un presunto intercambio de favores a cambio de poder e influencia.Durante la discusión, los participantes coincidieron en que las afirmaciones de Rodríguez ameritan una investigación de fondo, aunque también hubo diferencias sobre el alcance de las acusaciones y el tipo de pruebas necesarias para sustentarlas.El foco del debate: las acusaciones de Angie RodríguezLos panelistas insistieron en que el eje de la discusión no debía concentrarse en la vida personal de Angie Rodríguez ni en los ataques dirigidos contra ella, sino en las denuncias que hizo durante la entrevista del día anterior. La controversia gira alrededor de una acusación de enorme gravedad: determinar si desde la Presidencia se habría favorecido a una persona cercana al mandatario y si esa cercanía le permitió ejercer influencia sobre decisiones relacionadas con el Estado.En esa línea, se recordó que, según el testimonio de Rodríguez, Juliana Guerrero habría tenido acceso privilegiado a diferentes entidades y capacidad de intervenir en procesos administrativos, lo que, de comprobarse, podría configurar un caso de tráfico de influencias.¿Existía una red de mujeres con poder dentro del Gobierno?Uno de los momentos más polémicos del debate surgió cuando varios panelistas retomaron la afirmación de Angie Rodríguez sobre la existencia de una "red" de mujeres alrededor del presidente. Algunos interpretaron que esa red habría estado integrada por mujeres jóvenes que, presuntamente, obtenían posiciones de poder dentro del Estado. Incluso plantearon la hipótesis de que habría existido un intercambio de favores a cambio de nombramientos o influencia en entidades públicas.Sin embargo, otro de los participantes llamó a mantener prudencia frente a ese tipo de afirmaciones y advirtió sobre el riesgo de convertir las sospechas en hechos comprobados sin que existan decisiones judiciales o pruebas concluyentes.También cuestionó que se asociara automáticamente el ascenso de determinadas funcionarias con supuestos favores personales, al considerar que ese tipo de conclusiones puede derivar en prejuicios contra las mujeres.El caso Juliana Guerrero volvió al centro de la discusiónEl nombre de Juliana Guerrero ocupó buena parte del debate. Varios panelistas recordaron que Angie Rodríguez aseguró que Guerrero tenía acceso frecuente a la Casa de Nariño y que ejercía influencia en distintas entidades estatales.Uno de ellos afirmó que el verdadero interrogante consiste en establecer si el presidente permitió o facilitó que una persona cercana utilizara esa relación para intervenir en nombramientos o contratos.Según explicó, esa hipótesis puede investigarse mediante registros de ingreso a la Casa de Nariño, cámaras de seguridad, derechos de petición y otros elementos probatorios que permitan verificar los hechos denunciados.Las presuntas coimas y los contratosOtro de los puntos abordados fue la información publicada previamente por medios de comunicación sobre presuntas irregularidades en el Ministerio de la Igualdad. Una de las panelistas recordó que existen grabaciones divulgadas por Cambio en las que, según dijo, Juliana Guerrero y su hermana aparecían impartiendo instrucciones relacionadas con la contratación dentro de esa cartera.A partir de ese antecedente, sostuvo que las denuncias conocidas recientemente fortalecen la necesidad de esclarecer si existió una estructura que utilizó la cercanía con el poder para influir en procesos de contratación pública.Otro participante fue más allá y aseguró que el caso podría convertirse en una especie de "carrusel de la contratación" dentro del Gobierno, aunque reconoció que serán las autoridades las encargadas de establecer si existieron responsabilidades penales.También hubo llamados a exigir pruebasAunque el debate estuvo marcado por cuestionamientos al Gobierno, también hubo voces que insistieron en la importancia de respaldar las acusaciones con evidencia. Uno de los panelistas señaló que, además del testimonio de Angie Rodríguez, será indispensable presentar documentos, registros o elementos materiales que permitan corroborar las denuncias.Según explicó, las investigaciones deberán establecer si realmente existieron órdenes impartidas por Juliana Guerrero en nombre del presidente y si funcionarios públicos actuaron con base en esas instrucciones.Reviva el debate completo sobre Angie Rodríguez y Juliana Guerrero en Mañanas Blu
El presidente Gustavo Petro confirmó que emprenderá acciones judiciales contra Angie Rodríguez. El anuncio se dio tras una serie de declaraciones explosivas de Rodríguez en medios de comunicación, donde lanzó duras críticas contra la integridad del mandatario y el funcionamiento interno de la Casa de Nariño. El camino de la calumnia y la respuesta judicialA través de sus redes sociales, el jefe de Estado calificó a Rodríguez de "mentirosa" y aseguró que sus ataques son una estrategia para sostenerse en su cargo público. Petro fue enfático al señalar su decisión de llevar el conflicto a los estrados judiciales: "He decidido actuar penalmente contra la señora Angie Rodríguez por su manera de defender su puesto a partir de la mentira". Para el presidente, las afirmaciones de la exfuncionaria no solo carecen de veracidad, sino que responden a un estado mental alterado. En sus declaraciones, Petro manifestó que "la señora Angie ataca la red de las personas que cree que le podían disputar su cargo", sugiriendo que ella desarrolló "paranoias" por la jerarquización del servicio público. El mandatario concluyó tajantemente: "Solo atacaré a Angie penalmente porque ha decidido el camino de la calumnia y merezco respetar mi nombre y mi obra de gobierno. La paranoia debe ser tratada". Acusaciones de "vicios" y "corrupción"El detonante de esta confrontación jurídica fue una entrevista en la que Rodríguez describió al presidente Petro como un hombre que "protegía la corrupción" y que estaba "lleno de vicios". Además, la exfuncionaria afirmó que el mandatario le hizo recordar su pasado en la guerrilla, lo cual generó un profundo malestar en el Ejecutivo.Rodríguez también denunció ser víctima de presiones psicológicas durante su estancia en la Casa de Nariño, identificando a Petro como su "mayor victimario". Según su relato, el gobierno hizo público su historial médico, el cual detalla cuadros de depresión y ansiedad, documentos que, según ella, solo confirmaban el impacto del entorno laboral en su salud.Reacciones políticas y seguridadLa controversia ha trascendido las redes sociales y ha generado ecos en el Congreso. El senador de Salvación Nacional, Germán Rodríguez, expresó su preocupación por la integridad física de la exfuncionaria, solicitando medidas urgentes a la Unidad Nacional de Protección (UNP). El legislador pidió "que no le pase lo mismo que le pasó al coronel Óscar Dávila, que de forma extraña resultó suicidado". Por otro lado, voces afines al gobierno, como la de Carlos Carrillo, exdirector de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, cuestionaron la veracidad de las incapacidades médicas de Rodríguez. Carrillo criticó que la funcionaria se incapacite para "atornillarse al cargo" mientras realiza una "gira de medios disparando agravios para todo lado". Escuche aquí el informe:
Investigan un nuevo caso de feminicidio en Antioquia, en esta ocasión en Copacabana: un hombre le contó a su jefe del crimen y está halló el cadáver.Las autoridades investigan el presunto feminicidio de Sandra Milena Sánchez Álvarez, de 46 años, ocurrido en la vereda Cabuyal, sector La Pola, del municipio de Copacabana, Antioquia.Los hechos se habrían registrado el pasado 7 de septiembre, aunque aún no se ha establecido la hora exacta. La mujer fue encontrada sin vida en la habitación principal de una residencia ubicada en el tercer piso de las instalaciones de la empresa Plastic Futuro, donde, según el reporte preliminar, residía junto con su pareja sentimental.De acuerdo con la información conocida por las autoridades, un hombre, identificado como Juan Guillermo Dueñez Restrepo, habría manifestado a un amigo, que era su jefe, que presuntamente había matado a su compañera sentimental y que ella se encontraba sin vida en la residencia.Tras conocer esta información, el amigo se dirigió hasta el lugar y encontró a Sandra Milena tendida sobre la cama, sin signos vitales y con múltiples lesiones en diferentes partes del cuerpo. De inmediato se dio aviso a las autoridades.El informe preliminar señala que se trató de una muerte violenta y establece como causa de muerte los golpes. Las autoridades realizaron la inspección técnica al cadáver en el mismo lugar donde fue encontrado.Por lo pronto, Juan Guillermo Dueñez Restrepo figura como indiciado dentro del proceso y es señalado presuntamente como responsable del crimen.
Durante la presentación de sus proyecciones económicas, ANIF revisó al alza su pronóstico de inflación, que en agosto se ubicó en 6,24 %, y señaló que todavía existe incertidumbre sobre cuándo comenzaría a sentirse el impacto del fenómeno climático y cuáles serían sus efectos de segunda ronda.“Tuvimos que revisar al alza nuestro pronóstico, pero si le sumamos el efecto que hemos calculado del fenómeno de El Niño, la inflación llegaría a 7,3 %. Ahora, quiero hacer una precisión: ese 7,3 % no necesariamente es a fin de año, porque no sabemos exactamente los tiempos del efecto”, explicó José Ignacio López, presidente de ANIF. Según el centro de pensamiento, el principal impacto del fenómeno se concentraría en los sectores agropecuario y energético, debido a una menor disponibilidad de agua y a una reducción en la producción. ANIF estima una caída de aproximadamente 0,6 puntos porcentuales en el crecimiento del sector agropecuario y de 0,5 puntos porcentuales en el subsector energético.El efecto también se trasladaría a los precios de los alimentos. De acuerdo con ANIF, el fenómeno de El Niño tiene incidencia directa sobre cerca del 19 % de la canasta de consumo de los hogares. La menor cantidad de lluvias prevista para las regiones del centro y norte del país, donde se concentra una parte importante de la producción agrícola, podría aumentar los costos de los alimentos.Este escenario cobra relevancia luego de que los alimentos registraran una de las mayores variaciones dentro de la inflación de agosto. ANIF advirtió que el impacto podría ser mayor debido al peso que tiene el sector agropecuario en la economía y a los efectos que un menor crecimiento de la producción tendría sobre los precios. En materia de política monetaria, ANIF proyecta que el Banco de la República elevará la tasa de interés en 25 puntos básicos en septiembre y en otros 25 puntos antes de finalizar el año, con lo que cerraría 2026 en 12,5 %. Sin embargo, si se materializa el choque inflacionario estimado por el centro de pensamiento, la tasa podría subir hasta el 13 %.“En este modelo nos da que el Banco de la República debería subir 25 puntos básicos la tasa en septiembre, y otros 25 puntos básicos adicionales antes de finalizar el año. Es decir, la tasa va a cerrar en 12,5 %. Y luego, si se llega a configurar ese choque de 70 puntos básicos de inflación, que viene con cierta incertidumbre, pero todo apunta a que va a llegar, en ese momento debería haber otros 50 puntos básicos de aumento”, concluyó López.
El caso judicial del influencer Javier Arias Castañeda, conocido en redes sociales como Javier Arias Stunt, dio un giro luego de que el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Turbo anunciara un sentido de fallo absolutorio a su favor.Arias había sido capturado el pasado 12 de mayo durante un operativo adelantado por autoridades en una finca ubicada en el corregimiento El Totumo en Necoclí, en donde fueron encontrados dos pistolas de diferentes calibres, dos escopetas, una carabina de precisión, 1.926 cartuchos de distintos calibres y 208 millones de pesos en efectivo.La captura puso al influencer en una investigación por el delito de fabricación, porte o tráfico de armas de fuego. Sin embargo, horas después de su detención, quedó en libertad y comenzó un proceso para determinar si realmente tenía responsabilidad sobre el armamento encontrado.Tras conocer la determinación, Arias reaccionó en sus redes sociales y aseguró que quedó libre, agradeciendo a sus seguidores y a quienes confiaron en su inocencia."Ahora sí, libre gracias a dios. Gracias a cada uno de ustedes que estuvo ahí siempre pendiente, que estuvieron apoyándome, a todos los que siempre confiaron en mí, que criaron en mi inocencia. A mí me toca lidiar con muchas cosas en la vida, con envidia y con de todo. Y ya todo eso me ha me, a todo eso me ha acostumbrado ya", manifestó el creador de contenido.Según se ha podido conocer, uno de los elementos que permitió la libertad del hombre fue que en la finca también se encontraban otras cinco personas, lo que habría generado dudas sobre quién tenía el dominio de las armas.
La Gobernación de Antioquia pidió al Ministerio de Defensa tomar acciones urgentes tras amenazas de las disidencias de alias ‘Calarcá’ a tres alcaldes del Norte del departamento. Entre las solicitudes se encuentran reforzar esquemas de seguridad de los mandatarios y operaciones sostenidas contra el grupo armado en la región.A menos de 24 horas de conocerse un mensaje del frente 36 de las disidencias de las Farc que declara como objetivos militares a los alcaldes y comandantes de policía de los municipios de Gómez Plata, Carolina del Príncipe y Santa Rosa de Osos, autoridades departamentales ya solicitaron acompañamiento al Gobierno nacional.Así quedó evidenciado en una carta enviada en las últimas horas por parte del secretario de Seguridad, Luis Martínez, al ministro de Defensa, Jorge Eduardo Mora, donde le expresó su preocupación por las declaraciones del grupo armado contra los mandatarios y miembros de la fuerza pública en el que los señalas de actuar en connivencia con el Clan del Golfo.“Resulta especialmente preocupante que una organización armada ilegal pretenda señalar públicamente a mandatarios elegidos democráticamente, intimidar a integrantes de la Fuerza Pública y advertir a las comunidades sobre las consecuencias de relacionarse con determinadas personas o instituciones”, se lee en la comunicación.El gobernador Andrés Julián Rendón expresó su respaldo a los mandatarios en riesgo: “todo nuestro respaldo y nuestro apoyo a los alcaldes para que puedan seguir ejerciendo su labor comunitaria y social por la que fueron elegidos y al Ministerio de Defensa, la Fuerza Pública, a cazar esos criminales”, señaló el mandatario.Una de las principales acciones solicitadas al ministro de Defensa es el refuerzo de los esquemas de seguridad de los alcaldes implicados en las amenazas, un asunto en el que el coronel Luis Muñoz, comandante de la Policía en Antioquia, indicó que ya trabajan.“Estamos con la seccional de protección y adelantando primero un reforzamiento de las medidas de seguridad para ellos a través del comité extraordinario de estudio de nivel de riesgo pues son mandatarios locales y que tengan ellos alguna afectación alcaldesa de Cali la estamos preocupando”, dijoOtro de los pedidos al Gobierno nacional están relacionados con reforzar las capacidades operacionales de la Fuerza Pública en el Norte y Nordeste antioqueño, particularmente en los corredores y zonas rurales que puedan facilitar movilidad, refugio, abastecimiento o actuación criminal de estructuras armadas ilegales.De igual manera, desde Antioquia pidieron disponer un componente investigativo y de policía judicial especializado que permita judicializar rápidamente a quienes resulten responsables de estas amenazas y de las conductas criminales asociadas.
Los habitantes del Valle de Aburrá se vieron por varias horas sumamente afectados por el cierre del servicio de siete estaciones del Metro de Medellín, esto debido a un inconveniente con un vehículo auxiliar en las vías férreas.Aunque las labores de los expertos comenzaron desde la madrugada, por cerca de seis horas el servicio del sistema de transporte masivo se vio afectado, damnificando a miles y miles de personas que en muchos casos llegaron tarde a sus trabajos o, incluso, no pudieron llegar a clases de universidad."El Metro colapsa todo a Medellín, es algo bastante preocupante. Llevo aquí como que hora y pico... Ya me tiré el parcial, ya no llegué. Tengo que seguir a la otra clase igual, entonces, toca ir", expresaron los usuarios.Una de las situaciones más complicadas se vivió en Industriales en donde por el cierre de la entrada y salida de la estación para evitar aglomeraciones en la plataforma, cientos de usuarios estuvieron por varios minutos en medio de empujones y peleas para poder ingresar al Metro.Luego de los trabajos en la vía férrea y de la espera de las personas, la Línea A volvió a su normalidad y todas las estaciones volvieron a su funcionamiento habitual como explicó Daniel Herrera, jefe de trenes del Metro de Medellín."Informamos que a partir de ese momento se restablece el el servicio comercial en la Línea A. Esta madrugada tuvimos un inconveniente técnico con un vehículo utilizado para realizar el mantenimiento de la catenaria, y tuvimos que desplazar otros vehículos de mantenimiento y un grupo de 30 personas de nuestro equipo técnico especialistas en mantenimiento de vehículos", indicó el funcionario.Esperan las autoridades en la capital de Antioquia y otros municipios del Área Metropolitana que la movilidad en la hora pico de la tarde funcione con mayor normalidad y así se eviten las congestiones que se reportaron durante toda la mañana de este miércoles.