Supersalud revela presuntos hallazgos penales en auditoría a la Gobernación de Antioquia

La Superintendencia Nacional de Salud dio a conocer los principales resultados de una auditoría practicada a la Gobernación de Antioquia, en la que fueron identificados 23 hallazgos que derivaron en seis presuntas faltas disciplinarias, cuatro hallazgos con alcance fiscal y tres con posible connotación penal.

Durante una rueda de prensa, el superintendente nacional de Salud, Daniel Quintero, explicó que únicamente fueron expuestos los hallazgos de carácter penal, debido a que serán trasladados a la Fiscalía General de la Nación, entidad que determinará si existen responsabilidades por los hechos encontrados.

Uno de los principales hallazgos corresponde a la presunta destinación irregular de 4.700 millones de pesos provenientes del Sistema General de Participaciones. De acuerdo con la auditoría, estos recursos estaban destinados a municipios de categorías 5 y 6 para el desarrollo de acciones de salud pública; sin embargo, habrían sido transferidos a cuentas de Empresas Sociales del Estado sin que existieran los contratos ni el procedimiento establecido para ello.

La Superintendencia también reportó un caso relacionado con la atención de población indígena. Según el organismo de control, una menor de 15 años, catalogada como paciente de alto riesgo, no habría recibido el seguimiento médico requerido. La auditoría señala además que el fallecimiento de la adolescente fue detectado 138 días después, situación que motivó uno de los hallazgos con posible alcance penal.

Adicionalmente, el informe evidenció deficiencias en las labores de inspección, vigilancia y control sobre los prestadores de servicios de salud en el departamento. Entre los hallazgos se encontró que algunas instituciones operaron durante varios años sin recibir visitas de habilitación y que parte del personal encargado de realizar estas inspecciones no contaba con la certificación exigida para ejercer dichas funciones.

Los hallazgos con posible connotación penal serán remitidos a la Fiscalía General de la Nación para que adelante las investigaciones correspondientes y establezca si existieron conductas que puedan constituir delitos, mientras que las presuntas faltas disciplinarias y fiscales seguirán el trámite ante las autoridades competentes.