Dificultades para darle continuidad de los servicios de cirugía y riesgo en la atención de miles de pacientes, especialmente de la población más vulnerable de Antioquia, es lo que tiene en jaque al hospital San Vicente de Paúl en Caldas, donde en los últimos días se ha suscitado una crisis por la terminación de contratos a los anestesiólogos.Ante la situación, la Secretaria de Salud de Antioquia adelanta una inspección en el centro asistencial, donde tienen asiento en la junta directiva, para conocer de primera mano lo sucedido."Frente a lo de Caldas, la secretaría de salud ya está actuando, ya envió una comisión al hospital y puso en conocimiento de la procuraduría y la contraloría esas denuncias", señaló Lina Cuartas, secretaria Privada de la Gobernación.Recordemos que a través de un comunicado, los especialistas de Anestesiar, que llevan prestando sus servicios por más de 15 años, indicaron que el centro asistencial les adeuda más de $1.100 millones.Mientras tanto, directivos de este centro asistencial público denunciaron ante las autoridades presuntas “prácticas de presión, exclusión y cartelización por parte del sindicato” las cuales, según la institución, estarían limitando la libre participación de especialistas que no pertenecen a esa agremiación en los procesos de contratación allí.Ya en meses anteriores la misma organización había llegado a suspender por varias horas sus labores en esta institución por las mismas millonarias deudas y faltas de acuerdos en pago. La situación pone en riesgo procedimientos quirúrgicos para pacientes no solo de esa zona de la subregión metropolitana, sino también de otras localidades del Suroeste del departamento que acuden a este centro asistencial por su nivel de complejidad.
La Secretaría Seccional de Salud de Antioquia cuestionó que la Superintendencia, representada por el exalcalde de Medellín Daniel Quintero, señale al departamento por la muerte de dos menores de edad indígenas, una de ellas gestante, luego de que no recibieron atención médica oportuna.En declaraciones a los medios de comunicación, Quintero sostuvo que en la auditoría realizada al ente departamental se identificaron 23 hallazgos que dieron lugar a seis presuntas faltas disciplinarias, cuatro hallazgos con alcance fiscal y tres con posible connotación penal.Entre los principales hallazgos, la entidad señaló una presunta destinación irregular de 4.700 millones de pesos del Sistema General de Participaciones, recursos que estaban dirigidos a municipios de categorías 5 y 6 para acciones de salud pública y que, según la auditoría, fueron transferidos a cuentas de Empresas Sociales del Estado (es decir hospitales públicos) sin los contratos ni el procedimiento establecido. Este punto también fue contradicho por la secretaria de Salud, Alma Solano, quien anunció que entregará todos los soportes."Se hace un señalamiento a la secretaría de salud de Antioquia y no se aplica ningún tipo de acción a las EPS a las cuales estaban afiliadas estas menores, que corresponden a Savia Salud y Coosalud intervenidas en el momento de su fallecimiento, donde se presentaron fallas en la prestación prestación de los servicios a estas pacientes. Recibimos también por parte del superintendente unos supuestos hallazgos fiscales. La secretaría de salud presentará todos los soportes para desvirtuarlos".La Supersalud señaló como una aparente negligencia el seguimiento de una gestante indígena emberá menor de 15 años, considerada de alto riesgo, así como en el caso de una niña indígena cuya muerte, según el informe, solo fue detectada 138 días después.La auditoría además evidenció debilidades en la vigilancia de los prestadores de servicios de salud en Antioquia, al encontrar instituciones que operaron durante años sin visitas de habilitación y personal encargado de estas funciones que no contaba con la certificación requerida.Finalmente, Solano cuestionó que este año desde la Secretaría de salud han reportado más de 50 situaciones que han afectado la vida de pacientes relacionados con EPS intervenidas, sin que a la fecha hayan recibido ni un solo reporte o indicio de auditoría por parte de la Superintendencia de Salud.
La Superintendencia Nacional de Salud dio a conocer los principales resultados de una auditoría practicada a la Gobernación de Antioquia, en la que fueron identificados 23 hallazgos que derivaron en seis presuntas faltas disciplinarias, cuatro hallazgos con alcance fiscal y tres con posible connotación penal.Durante una rueda de prensa, el superintendente nacional de Salud, Daniel Quintero, explicó que únicamente fueron expuestos los hallazgos de carácter penal, debido a que serán trasladados a la Fiscalía General de la Nación, entidad que determinará si existen responsabilidades por los hechos encontrados.Uno de los principales hallazgos corresponde a la presunta destinación irregular de 4.700 millones de pesos provenientes del Sistema General de Participaciones. De acuerdo con la auditoría, estos recursos estaban destinados a municipios de categorías 5 y 6 para el desarrollo de acciones de salud pública; sin embargo, habrían sido transferidos a cuentas de Empresas Sociales del Estado sin que existieran los contratos ni el procedimiento establecido para ello.La Superintendencia también reportó un caso relacionado con la atención de población indígena. Según el organismo de control, una menor de 15 años, catalogada como paciente de alto riesgo, no habría recibido el seguimiento médico requerido. La auditoría señala además que el fallecimiento de la adolescente fue detectado 138 días después, situación que motivó uno de los hallazgos con posible alcance penal.Adicionalmente, el informe evidenció deficiencias en las labores de inspección, vigilancia y control sobre los prestadores de servicios de salud en el departamento. Entre los hallazgos se encontró que algunas instituciones operaron durante varios años sin recibir visitas de habilitación y que parte del personal encargado de realizar estas inspecciones no contaba con la certificación exigida para ejercer dichas funciones.Los hallazgos con posible connotación penal serán remitidos a la Fiscalía General de la Nación para que adelante las investigaciones correspondientes y establezca si existieron conductas que puedan constituir delitos, mientras que las presuntas faltas disciplinarias y fiscales seguirán el trámite ante las autoridades competentes.
Sigue la mala hora para el sistema público de salud en Antioquia, pues, tras las controversias entre anestesiólogos y el hospital del municipio de Caldas y las deudas del Fomag, ahora se suma la Nueva EPS.La Asociación de Hospitales Públicos de Antioquia anunció recientemente la suspensión de servicios a usuarios de esta entidad en 25 centros asistenciales del departamento por las millonarias deudas que persisten.Le puede interesar: Clínica especializada en pacientes de cáncer en Cali cierra servicios a EPS EmssanarSegún Luis Hernán Sánchez, director ejecutivo de AESA, la suma que asciende a 450.000 millones de pesos con todos los centros asistenciales se agrava con la falta de interlocución para llegar a acuerdos financieros con la EPS intervenida por el Gobierno nacional desde abril de 2024."Hacemos un llamado al Ministerio de Salud, a la Superintendencia Nacional de Salud y a la NuevaEPS, para que tomen las medidas necesarias que garanticen el flujo de recursos a estas instituciones y se puedan normalizar la prestación de servicios de salud", indicó. La decisión impacta la prestación de atención en hospitales clave como el General de Medellín, Marco Fidel Suárez en Bello y el del municipio de La Estrella para el caso del Valle de Aburrá, pero también de otras localidades con gran influencia regional como Jericó, Cisneros, Támesis, Don Matías, San Francisco, Angelópolis o Carolina del Príncipe.Desde AESA, indicaron que los servicios urgentes o que puedan poner en riesgo inminente la vida de los usuarios se seguirán garantizando.
El Hospital San Vicente de Paúl de Caldas denuncia presunta cartelización de Anestesiar y alerta sobre riesgos para la atención de pacientes. Los especialistas, que llevan prestando sus servicios por más de 15 años, indicaron que el centro asistencial les adeuda más de $1.100 millones.Dos versiones envuelven la situación que atraviesa el Hospital San Vicente de Paúl de Caldas, donde en las últimas horas dejó de tener contrato con el gremio de anestesiólogos en Antioquia por altas deudas.Por un lado, a través de un comunicado, los especialistas de Anestesiar, que llevan prestando sus servicios por más de 15 años, indicaron que el centro asistencial les adeuda más de $1.100 millones. Por el otro, directivos de este centro asistencial público denunciaron ante las autoridades presuntas “prácticas de presión, exclusión y cartelización por parte del sindicato” las cuales, según la institución, estarían limitando la libre participación de especialistas que no pertenecen a esa agremiación en los procesos de contratación allí.El gerente, Juan Carlos Sánchez Fernández, advirtió que esta situación podría comprometer la continuidad de los servicios de cirugía y poner en riesgo la atención de miles de pacientes, especialmente de la población más vulnerable de Antioquia. Además, manifestó su preocupación porque este tipo de prácticas podrían estar replicándose en otras instituciones de salud del país.“Quiero denunciar ante el país las presuntas prácticas de presión, exclusión y cartelización que estaría promoviendo anestesia para impedir que a profesionales de anestesiología que no pertenecen a su agremiación participen libremente en el proceso de contratación de nuestra institución. Podrían paralizar los servicios de cirugía de un hospital público y poner en riesgo la salud y la vida de miles de ciudadanos, especialmente la población más vulnerable”, aseguró.Frente a estos hechos, el directivo solicitó la intervención del Gobierno nacional, la Gobernación de Antioquia, el Ministerio de Salud y Protección Social, la Superintendencia Nacional de Salud, la Superintendencia de Industria y Comercio, la Procuraduría General de la Nación y la Fiscalía General de la Nación para que investiguen lo ocurrido, establezcan las responsabilidades correspondientes y adopten las medidas necesarias para proteger la libre competencia.Ya en meses anteriores la misma organización había llegado a suspender por varias horas sus labores en esta institución por las mismas millonarias deudas y faltas de acuerdos en pago. La situación pone en riesgo procedimientos quirúrgicos para pacientes no solo de esa zona de la subregión metropolitana, sino también de otras localidades del Suroeste del departamento que acuden a este centro asistencial por su nivel de complejidad.
Más de 355.969 millones de pesos les adeudan las EPS a los 28 hospitales públicos e IPS del Cesar, los cuales amenazan con irse a paro desde este primero de agosto si no se efectúan pagos que, por lo menos, permitan aliviar la crisis financiera que los mantiene en estado crítico.Las deudas más altas provienen de las EPS intervenidas por el Gobierno, como Nueva EPS, Asmetsalud, Coosalud y Famisanar, cuya cartera en mora a los hospitales, en total, superan los 135.969 millones de pesos.Por esto, la gobernadora Elvia Milena Sanjuan desarrolló una mesa de seguimiento a la situación financiera de los centros de salud, donde urgieron medidas al Gobierno para evitar que los hospitales se vean obligados a parar sus actividades y dejar de atender pacientes."¿Qué vamos a pedirle a la Superintendencia? Que venga al territorio. Nosotros no podemos seguir siendo los grandes responsables del problema cuando realmente ellos tienen ahí atrancado todo un flujo de recursos que desencadena en lo que estamos viviendo hoy en los diferentes hospitales y lo que es más grave, en la salud de los cesarenses", dijo la mandataria.Afirmó que la crisis también es motivada por la pérdida de recursos que han sufrido los hospitales, a causa de la liquidación ordenada por la Superintendencia Nacional de Salud de gran número de EPS.Los gerentes indican que a esto se suman los servicios de salud prestados a población migrante en el 2025 que superaron los $44.000 millones “y el Gobierno nacional no ha podido regular el pago”; así mismo, a corte de 30 de junio de 2026, “existe facturación debidamente auditada y certificada, que requieren urgentemente la asignación de recursos por parte del Ministerio de Salud y Protección Social, por valor de $4.100.884.916”.La alta cartera que las EPS tienen con los hospitales del departamento afecta especialmente a ocho de estos, como el Rosario Pumarejo de López (Valledupar), Jorge Isaac Rincón (La Jagua de Ibirico), Hospital San Andrés (Chiriguaná), San Juan Bosco (Bosconia), Cristian Moreno Pallares (Curumaní), Lázaro Alfonso Hernández (San Alberto), Regional José David Padilla Villafañe (Aguachica) y Agustín Codazzi (Agustín Codazzi).
La Superintendencia Nacional de Salud reveló los resultados de una auditoría al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG), en la que identificó 34 hallazgos administrativos, tres fiscales, tres disciplinarios y dos penales, que serán trasladados a la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República. Durante la presentación del informe, el superintendente Daniel Quintero aseguró que “el FOMAG le falló al país y a los profesores” y afirmó que “hay indicios de corrupción en el FOMAG”, por lo que los hallazgos serán puestos en conocimiento de las autoridades competentes.El funcionario recordó que la Superintendencia ya había impuesto 13 medidas cautelares al FOMAG y señaló que las distintas administraciones del fondo solo han cumplido cuatro. Además, cuestionó el funcionamiento del modelo al asegurar que “tenía que ser más estricto que nunca y eso no pasó”.Entre los principales hallazgos, la auditoría evidenció graves deficiencias en el manejo de la información financiera y administrativa. La Supersalud encontró inconsistencias por $210.000 millones en los reportes de pagos y deudas con la red prestadora, además del uso de hojas de Excel para administrar un presupuesto superior a $4 billones. Sobre este punto, Quintero afirmó que “el FOMAG es un desastre en el manejo de la información” y agregó que “no saben qué deben, no saben a quién se le pagó, no saben cuánto falta por pagar y no saben si lo que pagaron hace sentido”.La auditoría también encontró que el deterioro patrimonial del fondo pasó de $250 millones en 2024 a $1,19 billones, mientras que las cuentas por pagar ascienden a $2,3 billones. Asimismo, identificó $19.890 millones en anticipos sin soportes que acreditaran la prestación de servicios y un presunto pago de $475 millones en viajes para 146 personas que, según el cruce de información realizado por la Superintendencia, no corresponden a docentes, familiares, cuidadores ni funcionarios del FOMAG.En materia de medicamentos, la Supersalud reportó 59.843 facturas con valores superiores al precio máximo regulado. Como ejemplo, expuso un medicamento cuyo precio regulado era de $1,23 millones, pero fue facturado por $16 millones. Frente a estos hallazgos, Quintero afirmó: “Esto es realmente dramático porque es la plata de los colombianos, es la plata de los maestros”, y añadió que “se están robando la plata de los medicamentos. Esto es literalmente un robo”. Además, la auditoría evidenció que solo el 8,9 % de las entregas de medicamentos se realizaron dentro del plazo de 48 horas, mientras que el 91,1 % incumplió ese tiempo.El informe también muestra un aumento de las reclamaciones de los docentes por la atención en salud. Las peticiones, quejas y reclamos pasaron de 31.000 en 2024 a 44.000 en 2025 y, entre enero y abril de 2026, ya sumaban 17.000. Según la Superintendencia, el 96 % de estas quejas corresponde a barreras de acceso, principalmente por negación de servicios, demoras en autorizaciones y retrasos en la entrega de medicamentos. Las tutelas también aumentaron, al pasar de cerca de 5.000 a casi 7.000, y solo en el primer trimestre de 2026 ya se habían presentado alrededor de 3.000.Finalmente, Quintero cuestionó el diseño del modelo de salud del magisterio al afirmar que “se montó el modelo sobre un modelo ya fracasado, en lugar de iniciar algo nuevo”. También aseguró que algunos de los responsables de administrar el fondo “no tuvieron el valor para hacer los cambios que había que hacer” y sostuvo que “al interior del FOMAG hay unas fuerzas que no quieren el cambio”. Además, calificó como un “error estructural” la composición de la junta directiva del fondo, al considerar que la ausencia del Ministerio de Salud en ese órgano de dirección evidencia fallas en la gobernanza del sistema.
Sigue la polémica alrededor de las auditorías ordenadas en las últimas semanas por parte de la Superintendencia de Salud a entidades que hacen parte de la Gobernación de Antioquia y a la misma Alcaldía de Medellín.Y es que luego que hace pocos días el Juzgado 21 Laboral del Circuito de Medellín concediera una medida cautelar dentro de una tutela presentada por el Distrito para proteger su derecho al debido proceso mientras se estudiaba el caso de fondo, en las últimas horas el despacho se pronunció ordenando la reactivación de la actuación de esa entidad del Gobierno nacional.Así lo indicó el superintendente de Salud, Daniel Quintero, quien indicó que a las instalaciones de la administración distrital retornarán funcionarios para revisar la gestión de los recursos y la prestación de los servicios de salud en la ciudad."Nuestro equipo de auditores va camino a la alcaldía de Medellín para reanudar el proceso de auditoría que el alcalde Federico Gutiérrez trató de parar de todas las maneras. Esta Superintendencia no se va a detener ante ninguna estrategia dilatoria y va a seguir cumpliendo su misión de batalla contra la corrupción", dijo.El juzgado inicialmente indicó que había encontrado elementos suficientes para considerar que existían "cuestionamientos serios y plausibles" sobre la imparcialidad del proceso, sin embargo, ahora de fondo determinó la acción como legal y legítima en el marco de las funciones de inspección y vigilancia de la Superintendencia.Desde el distrito se ha cuestionado asuntos como la presencia de varios funcionarios, entre ellos Juan David Duque, que habían tenido vínculos con la administración de Quintero en la capital antioqueña, lo que podía afectar la imparcialidad de la acción.De igual manera, la administración alegó que que los tiempos otorgados para responder 56 requerimientos eran insuficientes y limitaban el ejercicio del derecho de defensa.
A través de un comunicado, la Fundación Clínica del Norte anunció el cierre del servicio de urgencias aduciendo que no posee los insumos y recursos para ofrecer esta atención debido a los impagos de tres EPS y la Adres.En la nota oficial, la institución de salud resalta: “La cartera creciente, ante la ausencia de giro de recursos suficientes en los últimos meses de algunas Entidades Responsables de Pago (ERP), como Nueva EPS, Savia Salud, Coosalud y Adres, han profundizado la crisis a tal punto de tener que considerar de algunos servicios, entre ellos el de urgencias”.A renglón seguido, el comunicado de la Clínica del Norte, firmada por su representante legal, Esteban Guerra Henao, resalta que la deuda asciende a $107.000 millones, por lo que se tomó esta decisión a partir del 14 de agosto.Subraya la Clínica del Norte en su nota oficial, que esta decisión no se toma de manera precipitada ya que se han intentado acercamientos con la administración local y demás entidades de control, sin respuesta efectiva hasta la fecha.Cabe recordar que las deudas de las EPS intervenidas con la red hospitalaria de Antioquia se dispararon, pasando de $1,8 billones en 2022, a superar los $7 billones en 2026.Mientras la Gobernación de Antioquia ha invertido 445 mil millones de pesos para sostener la red, la desatención nacional ha provocado el cierre definitivo de 1.787 servicios de salud en el departamento.
La Superintendencia Nacional de Salud informó que no encontró barreras en la atención médica brindada a la paciente que denunció un presunto caso de negligencia médica en la Clínica FOSCAL, en Bucaramanga, y anunció que hará seguimiento permanente al cumplimiento del tratamiento ordenado por los especialistas.El caso se conoció la semana pasada, cuando una usuaria afiliada a Nueva EPS denunció que, tras un procedimiento médico practicado en la clínica, presuntamente le habría sido dejado material quirúrgico en una de sus extremidades. Según su denuncia, esta situación podría derivar en la amputación de una de sus piernas, razón por la que solicitó la intervención de la Superintendencia de Salud.Ante la gravedad de los señalamientos, el superintendente nacional de Salud, Daniel Quintero, ordenó una visita de inspección a la institución, la cual fue realizada por la Delegatura para la Protección al Usuario.Durante la visita, la entidad verificó la atención prestada por la clínica y concluyó que no existen barreras para el acceso a los servicios médicos requeridos por la paciente. No obstante, anunció que mantendrá un acompañamiento permanente para garantizar la continuidad del tratamiento y la protección de su derecho fundamental a la salud.“Como resultado de la visita, la Superintendencia Nacional de Salud no evidenció barreras para el acceso ni para la prestación de los servicios de salud requeridos por la usuaria. Sin embargo, la entidad continuará realizando seguimiento al caso con el fin de verificar la garantía efectiva del derecho fundamental a la salud y la continuidad de la atención ordenada por los profesionales tratantes”, explicó Juan David Duque, superintendente delegado para la Protección al Usuario.La Clínica FOSCAL informó a la Superintendencia que, de común acuerdo con la paciente y tras la valoración realizada por el equipo médico, se decidió ampliar el manejo clínico mediante curaciones, exámenes diagnósticos y pruebas de laboratorio para evaluar su evolución. Una vez se conozcan los resultados, una junta médica definirá la conducta terapéutica más adecuada.Mientras tanto, la paciente permanecerá bajo observación clínica permanente, monitoreo especializado y manejo médico integral. La Supersalud indicó que continuará acompañando el caso para verificar que la atención se brinde conforme a los protocolos establecidos y que se garantice el acceso oportuno a todos los servicios requeridos.En medio de su visita a la capital santandereana, la Superintendencia Nacional de Salud también anunció el inicio de una auditoría integral a la Secretaría de Salud y Ambiente de Bucaramanga.La revisión tendrá como objetivo verificar el cumplimiento de las funciones asignadas a la entidad territorial en materia de aseguramiento, prestación de servicios de salud, garantía de la calidad, salud pública y financiamiento durante la vigencia 2025 y el primer semestre de 2026.El superintendente delegado para las Entidades Territoriales, Juan David Duque, aseguró que la auditoría busca establecer si la Secretaría ha cumplido con su obligación de identificar establecimientos que presten servicios de salud de manera clandestina o sin las condiciones exigidas por la ley.“Las secretarías de salud tienen la responsabilidad de realizar búsquedas activas para identificar y actuar frente a establecimientos que operan de manera clandestina. Nuestro deber es verificar que esa obligación se esté cumpliendo de manera efectiva para proteger la vida, la integridad y el derecho a la salud de los ciudadanos”, señaló el funcionario.La Supersalud precisó que esta actuación hace parte del Plan Nacional de Auditorías que adelanta en diferentes regiones del país para fortalecer las labores de inspección, vigilancia y control, así como prevenir riesgos que puedan comprometer la seguridad de los pacientes.Finalmente, la entidad confirmó que el acompañamiento a la paciente continuará mientras se emiten nuevos conceptos médicos y se define el tratamiento definitivo, con el propósito de garantizar tanto su atención en salud como una vida digna.
Varias subregiones de Antioquia registran emergencias por las recientes precipitaciones y fuertes vientos. Las autoridades reportan daños en viviendas, cultivos y vías en los municipios de Santa Bárbara, Apartadó, Carepa y Chigorodó.En el municipio de Santa Bárbara, un fuerte vendaval afectó sectores urbanos como la calle Sucre, Alto de las Guacas y Alto de las Hermanas, así como las veredas Corozal, Los Charcos, El Vergel, La Úrsula y Guayabales. El saldo preliminar es de 40 familias damnificadas por daños en cubiertas, interrupciones en el servicio de energía y afectaciones en cultivos de plátano, café y mango.Por otra parte, en la subregión del Urabá antioqueño, las fuertes lluvias provocaron inundaciones y desbordamientos. En Apartadó, los habitantes sufren su cuarta inundación del año debido al desbordamiento de afluentes, a pesar de las obras de mitigación realizadas previamente con muros de contención con llantas recicladas y cemento.En Carepa, el desborde del río Vijagual y las anegaciones en el barrio El Oasis dejaron cerca de 30 personas afectadas y problemas de movilidad; una damnificada del municipio cuenta lo que perdió tras la inundación."Era de día, empezó a llover, yo no pensé que se subía. Y, a pesar de que atranqué mi puerta con bolsas, trapos, cuñas, siempre entró como dos hileras de adobe. Se mojó mi basecama, pero pude salvar lo de más", indicó la mujer afectada.Entre tanto, en Chigorodó, las intensas lluvias generaron familias damnificadas y daños viales críticos en la vereda Remigio, donde la pérdida total de la banca dejó incomunicada a la comunidad. Asimismo, las autoridades evalúan procesos erosivos en la zona. "Se mantienen activos todos los protocolos y los procesos de atención de la emergencia para control de inundaciones. Y en el municipio de Chigorodoque se presenta afectación vial de una de las veredas principales. Ya el Dagran dispuso maquinaria en territorio para dar conectividad inmediata a las personas que se encuentran incomunicadas en este momento", señaló la directora del DAGRAN, Vanessa Paredes Zúñiga.Los consejos municipales de gestión del riesgo de Carepa y Apartadó, en articulación con el Dagran, mantienen activos los protocolos de atención desde el pasado 6 de febrero para adelantar la caracterización de daños, la entrega de ayudas humanitarias y la recuperación de las vías afectadas en el Urabá.
Los terremotos registrados en Colombia y Venezuela durante los últimos meses ocurrieron en zonas diferentes y a profundidades muy distintas, pero ambos hacen parte de una dinámica geológica regional que los expertos identifican como un mismo “contexto tectónico”.La explicación fue entregada por Raúl Pérez, geólogo del Instituto Geológico y Minero de España (IGME), en entrevista con la agencia EFE, al analizar el movimiento de magnitud 7,4 registrado en Colombia y compararlo con los fuertes terremotos que afectaron a Venezuela el pasado 24 de junio.Para el especialista, la conexión está en la interacción de las placas tectónicas que atraviesan esta parte de Suramérica. Sin embargo, esto no significa que el terremoto ocurrido en Colombia haya sido provocado directamente por los sismos de Venezuela.¿Qué relación tienen los terremotos de Colombia y Venezuela?Pérez explicó que ambos fenómenos se encuentran dentro de una misma configuración tectónica regional, aunque las placas involucradas directamente no son exactamente las mismas.En Venezuela, la actividad sísmica está relacionada principalmente con la interacción entre la placa del Caribe y la placa Sudamericana. En el occidente colombiano, por su parte, interviene la placa de Nazca, que interactúa con la placa Sudamericana.El geólogo explicó que, al seguir la estructura geológica asociada con la zona donde se produjeron los terremotos venezolanos hacia el oeste y hacia abajo, se llega al área relacionada con los eventos sísmicos registrados en Colombia.Por eso, Pérez habla de un mismo contexto tectónico, pero no de un único terremoto ni de una conexión directa de causa y efecto.Hay una diferencia clave entre ambos terremotosAunque existe esa relación regional, los terremotos presentan una diferencia fundamental: la profundidad a la que ocurrieron.Los terremotos registrados en Venezuela el 24 de junio tuvieron profundidades cercanas a los 10 kilómetros, mientras que el movimiento colombiano ocurrió aproximadamente a 100 kilómetros de profundidad.También existe una considerable distancia geográfica. De acuerdo con Pérez, los epicentros de ambos eventos están separados por alrededor de 1.000 kilómetros.Estas diferencias hacen que las consecuencias sobre la superficie puedan ser distintas, incluso cuando los dos fenómenos se encuentran dentro de un contexto tectónico relacionado.¿Por qué sorprendió tanto el terremoto de Colombia?Para el geólogo del IGME, uno de los aspectos que deberán estudiar con especial atención es la cantidad de daños producidos por un terremoto que ocurrió a una profundidad considerable.Pérez calificó el fenómeno colombiano como “bastante complejo” y señaló que será necesario analizarlo a fondo, precisamente porque un sismo de estas características y profundidad puede presentar particularidades importantes.El experto explicó que se trató de un terremoto relacionado con la dinámica de la zona de subducción entre la placa de Nazca y la placa Sudamericana.La profundidad también es relevante para entender cómo se propagaron las ondas y por qué el movimiento pudo sentirse en una amplia zona del país.¿Por qué en algunas zonas el terremoto se sintió durante más tiempo?Otro elemento que ayuda a explicar las diferencias en la percepción del terremoto es el llamado efecto de sitio.Pérez explicó que las propiedades geológicas y mecánicas del terreno pueden modificar el comportamiento de las ondas sísmicas. En determinadas condiciones, el suelo puede amplificar tanto la frecuencia como la amplitud del movimiento.Esto no solo puede hacer que las personas perciban el terremoto durante más tiempo, sino que también puede incrementar el impacto sobre las construcciones ubicadas sobre determinados terrenos.El especialista recordó, sin embargo, que los terremotos no pueden predecirse y que el seguimiento posterior permite evaluar escenarios, no anticipar con certeza la hora o magnitud de un próximo movimiento.Por otro lado, Pérez mencionó el caso del volcán Puracé, que se encuentra en actividad moderada y presentó cambios que, según el experto, deben ser objeto de seguimiento.En este punto, el análisis científico busca establecer si existe algún tipo de interacción entre los diferentes procesos geológicos y evaluar su evolución.
La Gobernación de Antioquia y los consejos de gestión del riesgo desplegaron una operación de apoyo humanitario y técnico hacia los departamentos vecinos de Chocó y Risaralda, afectados por la emergencia.Desde el Puesto de Mando Unificado, encabezado por el gobernador Andrés Julián Rendón, se coordinó el envío de cuatro helicópteros civiles con 18 rescatistas especializados de la Cruz Roja y la Defensa Civil hacia el Chocó.Adicionalmente, por vía terrestre se movilizaron 100 soldados del Ejército, 22 unidades de la Cruz Roja y 11 de la Defensa Civil, acompañados de tres binomios caninos expertos en búsqueda y rescate. Edwin Montoya es coordinador de la misión por parte de la Cruz Roja."En total, la Cruz Roja se movilizó con 30 voluntarios de rescate. Vamos conectados con colegas de la defensa civil y vamos a conectar allá con bomberos locales. Ahí habrá un equipo de coordinación que nos conectará con las entidades que estén allá desarrollando acciones para nosotros entrar a apoyarlos de la mejor manera posible", expuso.Por su parte, desde la ciudad de Medellín se enviaron a Quibdó un equipo especializado de 21 bomberos, 2 ingenieros expertos en estructuras y 2 caninos de búsqueda, con equipos de rescate, drones, sistemas de localización y capacidad para levantar cargas.Asimismo, el municipio de Sabaneta desplegó un equipo especializado de 12 bomberos y 5 perros de búsqueda rumbo a Pereira. "Que se han desplazado a la ciudad de Pereira, 12 de nuestros bomberos más 5 caninos, acompañados por nuestro capitán Carlos Andrés, de nuestro cuerpo de bomberos voluntarios de Sabaneta, para apoyar las labores de búsqueda y rescate", destacó el alcalde de Sabaneta, Alder Cruz.Mientras tanto, el DAGRAN dispuso el desplazamiento del grupo COL-26, unidades de Ponalsar y más cuerpos de socorro hacia territorio risaraldense para apoyar las labores de salvamento. "Desde el departamento de Antioquia hemos desplegado toda nuestra capacidad operativa e institucional para atender esta emergencia y, sobre todo, la valoración de daños. Ya enviamos unidades de apoyo de la defensa civil y de la Cruz Roja a este, a la ciudad de Quibdó, y muy seguramente el día de mañana, vía terrestre, estamos enviando equipos y más personal de apoyo", expuso Vanessa Paredes Zúñiga, directora del DAGRAN.En cuanto al balance preliminar en Antioquia se evalúan afectaciones en 80 municipios, las autoridades reportan una persona fallecida, 12 lesionadas, 697 viviendas con daños, 39 iglesias afectadas y 122 instituciones educativas con perjuicios en su infraestructura.
El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, afirmó este martes que hay 164 españoles sin localizar tras el terremoto de Colombia, pero no constan fallecidos ni heridos de origen español.En declaraciones a los medios en la ciudad española de Ceuta, fronteriza con Marruecos, donde se encuentra de visita oficial, Albares dijo que tanto la Embajada como el Consulado están movilizados para ayudar a la colonia española en Colombia para lo que sea necesario.En un primer censo, las autoridades españolas contactaron con todos los integrantes de esa colonia excepto 164, a los que Albares pidió que se comuniquen con los servicios consulares.En las redes sociales y en la página web tanto del Ministerio de Asuntos Exteriores como de la Embajada y el Consulado en Colombia, estas personas pueden encontrar los teléfonos de emergencia consular tanto en Bogotá como en la unidad de crisis ya movilizada en la sede ministerial, explicó el ministro.La ayuda de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo está a disposición de las necesidades que pueda tener el pueblo de Colombia, como ocurrió con el reciente terremoto de Venezuela.Un terremoto de magnitud 7,4 que sacudió este lunes gran parte de Colombia y causó al menos 132 muertos, más de 570 heridos y multitud de desaparecidos.Además, decenas de edificios colapsaron, hospitales quedaron desbordados y varios aeropuertos suspendieron sus operaciones, mientras continúan las labores de búsqueda y rescate.
El papa León XIV expresó este martes su dolor por las víctimas y daños materiales que ha causado el terremoto en Colombia y mostró su gratitud a todos "a cuantos con generosa entrega, trabajan en las labores de búsqueda, socorro y asistencia a los damnificados".El cardenal secretario de Estado, Pietro Parolin, envió en nombre del pontífice, un telegrama al arzobispo de Cartagena y presidente de la Conferencia Episcopal, Francisco Javier Múnera Correa, en el que asegura que León XIV está "vivamente apenado al conocer la dolorosa noticia del terremoto que ha afectado gravemente varias zonas de Colombia, causando víctimas y numerosos heridos, así como graves daños materiales, incluso a muchas iglesias".El papa "ofrece sufragios por el eterno descanso de los fallecidos y eleva al señor sus oraciones por la pronta recuperación de los afectados por esta tragedia", se lee en el mensaje.Asimismo, pide que transmita el sentido pésame "a los familiares que, en esta hora de profundo dolor, lloran la pérdida de sus seres queridos" y de igual modo, "asegura su cercanía espiritual y manifiesta su gratitud a cuantos con generosa entrega, trabajan en las labores de búsqueda, socorro y asistencia a los damnificados".El terremoto de magnitud 7,4 deja al menos 160 muertos y centenares de heridos y un número no contabilizado de desaparecidos, así como decenas de edificios colapsados y graves daños en hospitales, aeropuertos, servicios públicos y sistemas de transporte, principalmente en el centro y oeste del país.