Los habitantes en el municipio de Caldas y otras comunidades en el Sur del Valle de Aburrá se encuentran preocupados por la grave situación que atravesiesa el Hospital San Vicente de Paul, ya que que fueron embargadas sus cuentas por las millonarias deudas.El reporte que se ha podido conocer hasta el momento es que el centro asistencial tiene un déficit cercano a los 13.000 millones de pesos y cuentas por pagar que superan los 10.000 millones de pesos, situación que encendió las alarmas de las autoridades.José David Rodríguez, concejal de Caldas, mostró su preocupación por el momento que atraviesa el hospital y pidió una intervención urgente por parte de la Gobernación de Antioquia para solucionar la problemática.Le puede interesar: Hospital de Caldas, Antioquia, suspendió contratación con anestesiólogos y les debe $1.100 millones"La deuda con los anestesiólogos, supera los 1.000.000.000 de pesos. La deuda con los cirujanos, supera los 600.000.000 de pesos. Pedimos al gobernador de Antioquia y a la Superintendencia de Salud que tome medidas y proteja aproximadamente 400.000 antioqueños, habitantes del Suroeste antioqueño y el municipio de Caldas", manifestó el funcionario.Desde la Asamblea Departamental de Antioquia han llamado a una actuación prioritaria para evitar que las atenciones a los usuarios se vean perjudicadas y por ello, incluso, recordaron que ya la Contraloría de Antioquia había hecho múltiples hallazgos administrativos.Por ahora, los habitantes en el municipio de Caldas esperan que la situación financiera del Hospital San Vicente de Paul mejore rápidamente para que los servicios no se vean afectados y las miles y miles de personas que consultan en este lugar con millonarios deudas.
La Superintendencia Nacional de Salud posesionó este miércoles, 2 de septiembre, a Javier Alonso Álvarez como nuevo agente especial interventor de la EPS Emssanar, en reemplazo de Julio César Rey.El nuevo interventor tendrá como una de sus primeras tareas presentar, durante su primer mes al frente de la entidad, un diagnóstico integral y un plan de trabajo que permita fortalecer la gestión de la EPS y garantizar la continuidad y oportunidad en la prestación de los servicios de salud.Perfil del nuevo interventorÁlvarez es contador público y magíster en Administración (MBA) y cuenta con cerca de 20 años de experiencia en cargos directivos financieros y administrativos dentro del sector salud. Su trayectoria incluye experiencia en aseguramiento, administración de recursos, sostenibilidad financiera y gestión institucional.Cabe destacar que la designación se produjo después de la sesión del Comité de Medidas Especiales de la Supersalud del pasado 31 de agosto, en la que se evidenciaron incumplimientos en el ejercicio de las funciones asignadas al anterior agente interventor.Álvarez sería el séptimo agente especial interventor en llegar a Emssanar desde que comenzó la intervención de la EPS, el 31 de mayo de 2022.La Superintendencia señaló que esta nueva etapa busca que las decisiones adoptadas durante la intervención tengan un impacto directo en la atención que reciben los 1,6 millones de usuarios, con énfasis en fortalecer la prestación de los servicios y responder a las necesidades de los pacientes.
Al menos 60 familias de Santander denuncian que sus hijos y familiares con discapacidad cognitiva quedaron sin atención tras el cierre de Elogios, una IPS de Bucaramanga que durante cerca de 30 años brindó atención y acompañamiento a esta población.La institución quedó bajo la lupa en 2025 por denuncias de presunto maltrato y tortura contra pacientes. Tras las investigaciones, la Secretaría de Salud de Santander encontró incumplimientos en siete estándares de habilitación y ordenó el cierre de varios servicios.Ahora, las familias aseguran que las EPS no les han ofrecido una alternativa que responda a las necesidades de pacientes que requieren terapias continuas y acompañamiento durante el día.“Mi hija tiene 32 años, mi hija tiene autismo y retardo. Allí me la atendían”, contó Alexander Márquez, padre de una paciente.Carmen Emilia, madre de un paciente y adulta mayor de 73 años, aseguró: “Somos de varias EPS y quedamos desamparadas. Tenemos niños de autismo o TDA, además ya son adultos y no solo es ir a una terapia de media hora. En gran mayoría de los casos están teniendo retrocesos en los tratamientos”.Para Rocío Martínez, madre de una mujer mayor de 30 años, la falta de un lugar donde dejarla también afecta su propia vida: “Yo soy de la tercera edad, no tengo con quién dejarla. Si tengo una cirugía, me toca perderla porque, si nadie me la cuida, ella puede convulsionar”.Otra madre Luz Mery Barrera relató que su hija de 27 años permanece sin el acompañamiento que necesita mientras ella trabaja: “Ella está comiendo hilo. Incluso ya me ha tocado hacerle lavado estomacal y tiene muchas condiciones cognitivas”.Las familias piden una mesa de trabajo con las EPS y las autoridades de salud para definir una ruta de atención. Clara Rueda, una de las acudientes, reclama: “Buscamos que nos sentemos en una mesa de trabajo de diferentes EPS, que nos den soluciones”.Los familiares aseguran que incluso acudieron a la vía judicial y que una tutela ya cumplió el plazo sin recibir respuesta. Advierten que algunos pacientes presentan autismo, epilepsia, ansiedad y problemas de conducta, por lo que requieren continuidad en sus tratamientos y acompañamiento especializado.
Dificultades para darle continuidad de los servicios de cirugía y riesgo en la atención de miles de pacientes, especialmente de la población más vulnerable de Antioquia, es lo que tiene en jaque al hospital San Vicente de Paúl en Caldas, donde en los últimos días se ha suscitado una crisis por la terminación de contratos a los anestesiólogos.Ante la situación, la Secretaria de Salud de Antioquia adelanta una inspección en el centro asistencial, donde tienen asiento en la junta directiva, para conocer de primera mano lo sucedido."Frente a lo de Caldas, la secretaría de salud ya está actuando, ya envió una comisión al hospital y puso en conocimiento de la procuraduría y la contraloría esas denuncias", señaló Lina Cuartas, secretaria Privada de la Gobernación.Recordemos que a través de un comunicado, los especialistas de Anestesiar, que llevan prestando sus servicios por más de 15 años, indicaron que el centro asistencial les adeuda más de $1.100 millones.Mientras tanto, directivos de este centro asistencial público denunciaron ante las autoridades presuntas “prácticas de presión, exclusión y cartelización por parte del sindicato” las cuales, según la institución, estarían limitando la libre participación de especialistas que no pertenecen a esa agremiación en los procesos de contratación allí.Ya en meses anteriores la misma organización había llegado a suspender por varias horas sus labores en esta institución por las mismas millonarias deudas y faltas de acuerdos en pago. La situación pone en riesgo procedimientos quirúrgicos para pacientes no solo de esa zona de la subregión metropolitana, sino también de otras localidades del Suroeste del departamento que acuden a este centro asistencial por su nivel de complejidad.
La Secretaría Seccional de Salud de Antioquia cuestionó que la Superintendencia, representada por el exalcalde de Medellín Daniel Quintero, señale al departamento por la muerte de dos menores de edad indígenas, una de ellas gestante, luego de que no recibieron atención médica oportuna.En declaraciones a los medios de comunicación, Quintero sostuvo que en la auditoría realizada al ente departamental se identificaron 23 hallazgos que dieron lugar a seis presuntas faltas disciplinarias, cuatro hallazgos con alcance fiscal y tres con posible connotación penal.Entre los principales hallazgos, la entidad señaló una presunta destinación irregular de 4.700 millones de pesos del Sistema General de Participaciones, recursos que estaban dirigidos a municipios de categorías 5 y 6 para acciones de salud pública y que, según la auditoría, fueron transferidos a cuentas de Empresas Sociales del Estado (es decir hospitales públicos) sin los contratos ni el procedimiento establecido. Este punto también fue contradicho por la secretaria de Salud, Alma Solano, quien anunció que entregará todos los soportes."Se hace un señalamiento a la secretaría de salud de Antioquia y no se aplica ningún tipo de acción a las EPS a las cuales estaban afiliadas estas menores, que corresponden a Savia Salud y Coosalud intervenidas en el momento de su fallecimiento, donde se presentaron fallas en la prestación prestación de los servicios a estas pacientes. Recibimos también por parte del superintendente unos supuestos hallazgos fiscales. La secretaría de salud presentará todos los soportes para desvirtuarlos".La Supersalud señaló como una aparente negligencia el seguimiento de una gestante indígena emberá menor de 15 años, considerada de alto riesgo, así como en el caso de una niña indígena cuya muerte, según el informe, solo fue detectada 138 días después.La auditoría además evidenció debilidades en la vigilancia de los prestadores de servicios de salud en Antioquia, al encontrar instituciones que operaron durante años sin visitas de habilitación y personal encargado de estas funciones que no contaba con la certificación requerida.Finalmente, Solano cuestionó que este año desde la Secretaría de salud han reportado más de 50 situaciones que han afectado la vida de pacientes relacionados con EPS intervenidas, sin que a la fecha hayan recibido ni un solo reporte o indicio de auditoría por parte de la Superintendencia de Salud.
La Superintendencia Nacional de Salud dio a conocer los principales resultados de una auditoría practicada a la Gobernación de Antioquia, en la que fueron identificados 23 hallazgos que derivaron en seis presuntas faltas disciplinarias, cuatro hallazgos con alcance fiscal y tres con posible connotación penal.Durante una rueda de prensa, el superintendente nacional de Salud, Daniel Quintero, explicó que únicamente fueron expuestos los hallazgos de carácter penal, debido a que serán trasladados a la Fiscalía General de la Nación, entidad que determinará si existen responsabilidades por los hechos encontrados.Uno de los principales hallazgos corresponde a la presunta destinación irregular de 4.700 millones de pesos provenientes del Sistema General de Participaciones. De acuerdo con la auditoría, estos recursos estaban destinados a municipios de categorías 5 y 6 para el desarrollo de acciones de salud pública; sin embargo, habrían sido transferidos a cuentas de Empresas Sociales del Estado sin que existieran los contratos ni el procedimiento establecido para ello.La Superintendencia también reportó un caso relacionado con la atención de población indígena. Según el organismo de control, una menor de 15 años, catalogada como paciente de alto riesgo, no habría recibido el seguimiento médico requerido. La auditoría señala además que el fallecimiento de la adolescente fue detectado 138 días después, situación que motivó uno de los hallazgos con posible alcance penal.Adicionalmente, el informe evidenció deficiencias en las labores de inspección, vigilancia y control sobre los prestadores de servicios de salud en el departamento. Entre los hallazgos se encontró que algunas instituciones operaron durante varios años sin recibir visitas de habilitación y que parte del personal encargado de realizar estas inspecciones no contaba con la certificación exigida para ejercer dichas funciones.Los hallazgos con posible connotación penal serán remitidos a la Fiscalía General de la Nación para que adelante las investigaciones correspondientes y establezca si existieron conductas que puedan constituir delitos, mientras que las presuntas faltas disciplinarias y fiscales seguirán el trámite ante las autoridades competentes.
Sigue la mala hora para el sistema público de salud en Antioquia, pues, tras las controversias entre anestesiólogos y el hospital del municipio de Caldas y las deudas del Fomag, ahora se suma la Nueva EPS.La Asociación de Hospitales Públicos de Antioquia anunció recientemente la suspensión de servicios a usuarios de esta entidad en 25 centros asistenciales del departamento por las millonarias deudas que persisten.Le puede interesar: Clínica especializada en pacientes de cáncer en Cali cierra servicios a EPS EmssanarSegún Luis Hernán Sánchez, director ejecutivo de AESA, la suma que asciende a 450.000 millones de pesos con todos los centros asistenciales se agrava con la falta de interlocución para llegar a acuerdos financieros con la EPS intervenida por el Gobierno nacional desde abril de 2024."Hacemos un llamado al Ministerio de Salud, a la Superintendencia Nacional de Salud y a la NuevaEPS, para que tomen las medidas necesarias que garanticen el flujo de recursos a estas instituciones y se puedan normalizar la prestación de servicios de salud", indicó. La decisión impacta la prestación de atención en hospitales clave como el General de Medellín, Marco Fidel Suárez en Bello y el del municipio de La Estrella para el caso del Valle de Aburrá, pero también de otras localidades con gran influencia regional como Jericó, Cisneros, Támesis, Don Matías, San Francisco, Angelópolis o Carolina del Príncipe.Desde AESA, indicaron que los servicios urgentes o que puedan poner en riesgo inminente la vida de los usuarios se seguirán garantizando.
El Hospital San Vicente de Paúl de Caldas denuncia presunta cartelización de Anestesiar y alerta sobre riesgos para la atención de pacientes. Los especialistas, que llevan prestando sus servicios por más de 15 años, indicaron que el centro asistencial les adeuda más de $1.100 millones.Dos versiones envuelven la situación que atraviesa el Hospital San Vicente de Paúl de Caldas, donde en las últimas horas dejó de tener contrato con el gremio de anestesiólogos en Antioquia por altas deudas.Por un lado, a través de un comunicado, los especialistas de Anestesiar, que llevan prestando sus servicios por más de 15 años, indicaron que el centro asistencial les adeuda más de $1.100 millones. Por el otro, directivos de este centro asistencial público denunciaron ante las autoridades presuntas “prácticas de presión, exclusión y cartelización por parte del sindicato” las cuales, según la institución, estarían limitando la libre participación de especialistas que no pertenecen a esa agremiación en los procesos de contratación allí.El gerente, Juan Carlos Sánchez Fernández, advirtió que esta situación podría comprometer la continuidad de los servicios de cirugía y poner en riesgo la atención de miles de pacientes, especialmente de la población más vulnerable de Antioquia. Además, manifestó su preocupación porque este tipo de prácticas podrían estar replicándose en otras instituciones de salud del país.“Quiero denunciar ante el país las presuntas prácticas de presión, exclusión y cartelización que estaría promoviendo anestesia para impedir que a profesionales de anestesiología que no pertenecen a su agremiación participen libremente en el proceso de contratación de nuestra institución. Podrían paralizar los servicios de cirugía de un hospital público y poner en riesgo la salud y la vida de miles de ciudadanos, especialmente la población más vulnerable”, aseguró.Frente a estos hechos, el directivo solicitó la intervención del Gobierno nacional, la Gobernación de Antioquia, el Ministerio de Salud y Protección Social, la Superintendencia Nacional de Salud, la Superintendencia de Industria y Comercio, la Procuraduría General de la Nación y la Fiscalía General de la Nación para que investiguen lo ocurrido, establezcan las responsabilidades correspondientes y adopten las medidas necesarias para proteger la libre competencia.Ya en meses anteriores la misma organización había llegado a suspender por varias horas sus labores en esta institución por las mismas millonarias deudas y faltas de acuerdos en pago. La situación pone en riesgo procedimientos quirúrgicos para pacientes no solo de esa zona de la subregión metropolitana, sino también de otras localidades del Suroeste del departamento que acuden a este centro asistencial por su nivel de complejidad.
Más de 355.969 millones de pesos les adeudan las EPS a los 28 hospitales públicos e IPS del Cesar, los cuales amenazan con irse a paro desde este primero de agosto si no se efectúan pagos que, por lo menos, permitan aliviar la crisis financiera que los mantiene en estado crítico.Las deudas más altas provienen de las EPS intervenidas por el Gobierno, como Nueva EPS, Asmetsalud, Coosalud y Famisanar, cuya cartera en mora a los hospitales, en total, superan los 135.969 millones de pesos.Por esto, la gobernadora Elvia Milena Sanjuan desarrolló una mesa de seguimiento a la situación financiera de los centros de salud, donde urgieron medidas al Gobierno para evitar que los hospitales se vean obligados a parar sus actividades y dejar de atender pacientes."¿Qué vamos a pedirle a la Superintendencia? Que venga al territorio. Nosotros no podemos seguir siendo los grandes responsables del problema cuando realmente ellos tienen ahí atrancado todo un flujo de recursos que desencadena en lo que estamos viviendo hoy en los diferentes hospitales y lo que es más grave, en la salud de los cesarenses", dijo la mandataria.Afirmó que la crisis también es motivada por la pérdida de recursos que han sufrido los hospitales, a causa de la liquidación ordenada por la Superintendencia Nacional de Salud de gran número de EPS.Los gerentes indican que a esto se suman los servicios de salud prestados a población migrante en el 2025 que superaron los $44.000 millones “y el Gobierno nacional no ha podido regular el pago”; así mismo, a corte de 30 de junio de 2026, “existe facturación debidamente auditada y certificada, que requieren urgentemente la asignación de recursos por parte del Ministerio de Salud y Protección Social, por valor de $4.100.884.916”.La alta cartera que las EPS tienen con los hospitales del departamento afecta especialmente a ocho de estos, como el Rosario Pumarejo de López (Valledupar), Jorge Isaac Rincón (La Jagua de Ibirico), Hospital San Andrés (Chiriguaná), San Juan Bosco (Bosconia), Cristian Moreno Pallares (Curumaní), Lázaro Alfonso Hernández (San Alberto), Regional José David Padilla Villafañe (Aguachica) y Agustín Codazzi (Agustín Codazzi).
La Superintendencia Nacional de Salud reveló los resultados de una auditoría al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG), en la que identificó 34 hallazgos administrativos, tres fiscales, tres disciplinarios y dos penales, que serán trasladados a la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República. Durante la presentación del informe, el superintendente Daniel Quintero aseguró que “el FOMAG le falló al país y a los profesores” y afirmó que “hay indicios de corrupción en el FOMAG”, por lo que los hallazgos serán puestos en conocimiento de las autoridades competentes.El funcionario recordó que la Superintendencia ya había impuesto 13 medidas cautelares al FOMAG y señaló que las distintas administraciones del fondo solo han cumplido cuatro. Además, cuestionó el funcionamiento del modelo al asegurar que “tenía que ser más estricto que nunca y eso no pasó”.Entre los principales hallazgos, la auditoría evidenció graves deficiencias en el manejo de la información financiera y administrativa. La Supersalud encontró inconsistencias por $210.000 millones en los reportes de pagos y deudas con la red prestadora, además del uso de hojas de Excel para administrar un presupuesto superior a $4 billones. Sobre este punto, Quintero afirmó que “el FOMAG es un desastre en el manejo de la información” y agregó que “no saben qué deben, no saben a quién se le pagó, no saben cuánto falta por pagar y no saben si lo que pagaron hace sentido”.La auditoría también encontró que el deterioro patrimonial del fondo pasó de $250 millones en 2024 a $1,19 billones, mientras que las cuentas por pagar ascienden a $2,3 billones. Asimismo, identificó $19.890 millones en anticipos sin soportes que acreditaran la prestación de servicios y un presunto pago de $475 millones en viajes para 146 personas que, según el cruce de información realizado por la Superintendencia, no corresponden a docentes, familiares, cuidadores ni funcionarios del FOMAG.En materia de medicamentos, la Supersalud reportó 59.843 facturas con valores superiores al precio máximo regulado. Como ejemplo, expuso un medicamento cuyo precio regulado era de $1,23 millones, pero fue facturado por $16 millones. Frente a estos hallazgos, Quintero afirmó: “Esto es realmente dramático porque es la plata de los colombianos, es la plata de los maestros”, y añadió que “se están robando la plata de los medicamentos. Esto es literalmente un robo”. Además, la auditoría evidenció que solo el 8,9 % de las entregas de medicamentos se realizaron dentro del plazo de 48 horas, mientras que el 91,1 % incumplió ese tiempo.El informe también muestra un aumento de las reclamaciones de los docentes por la atención en salud. Las peticiones, quejas y reclamos pasaron de 31.000 en 2024 a 44.000 en 2025 y, entre enero y abril de 2026, ya sumaban 17.000. Según la Superintendencia, el 96 % de estas quejas corresponde a barreras de acceso, principalmente por negación de servicios, demoras en autorizaciones y retrasos en la entrega de medicamentos. Las tutelas también aumentaron, al pasar de cerca de 5.000 a casi 7.000, y solo en el primer trimestre de 2026 ya se habían presentado alrededor de 3.000.Finalmente, Quintero cuestionó el diseño del modelo de salud del magisterio al afirmar que “se montó el modelo sobre un modelo ya fracasado, en lugar de iniciar algo nuevo”. También aseguró que algunos de los responsables de administrar el fondo “no tuvieron el valor para hacer los cambios que había que hacer” y sostuvo que “al interior del FOMAG hay unas fuerzas que no quieren el cambio”. Además, calificó como un “error estructural” la composición de la junta directiva del fondo, al considerar que la ausencia del Ministerio de Salud en ese órgano de dirección evidencia fallas en la gobernanza del sistema.
Este viernes 25 de septiembre comenzó el pago de $14.784 millones en apoyos económicos temporales destinados a familias damnificadas por el terremoto del pasado 10 de agosto en Risaralda y Quimbaya, Quindío.De acuerdo con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD, los recursos corresponden al primer mes de ayuda y estarán disponibles durante 15 días calendario.Para Risaralda fueron destinados $13.599 millones, con los que se busca apoyar a hogares afectados en los 14 municipios del departamento.Los pagos se realizarán a través de Apostar, marca aliada de SuperGIROS. Las familias habilitadas recibirán la información correspondiente para realizar el cobro y deberán presentar su documento de identidad.Las autoridades han insistido en que las familias deben consultar únicamente los canales oficiales y no entregar dinero, claves o información personal a terceros que prometan agilizar el trámite.Para organizar la entrega, la Unidad estableció una medida de pico y cédula en todo el departamento, de acuerdo con el último número del documento de identidad:Viernes 25 de septiembre: 0, 1 y 2.Sábado 26 de septiembre: 2, 3 y 4.Domingo 27 de septiembre: 5, 6 y 7.Lunes 28 de septiembre: 8 y 9.Martes 29 de septiembre: 0, 1 y 2.Miércoles 30 de septiembre: 2, 3 y 4.Jueves 1 de octubre: 5, 6 y 7.Viernes 2 de octubre: 8 y 9.Por otro lado, en Quimbaya, Quindío, la UNGRD destinó $1.185 millones para las familias damnificadas.La entrega se realizará a través de Facilísimo, además, se habilitaron puntos estratégicos para atender a las familias que permanecen en alojamientos temporales, entre ellos el Coliseo El Cacique y el Colegio Santa Teresita, ubicado en el barrio El Rocío.El apoyo está dirigido a los jefes de hogar que aparecen incluidos en el Registro Único de Damnificados, cuya vivienda haya sido identificada como destruida o no habitable y que hayan cumplido con el proceso de verificación de la UNGRD.Por tratarse de una ayuda temporal, estos recursos buscan contribuir a los gastos de las familias mientras continúa el proceso de recuperación y atención de las zonas afectadas por el terremoto. Las autoridades recomiendan a los damnificados verificar previamente su habilitación y esperar las comunicaciones oficiales antes de desplazarse a los puntos de pago.
Este sábado habrá una reunión clave entre el Grupo EPM y el Gobierno nacional para tomar decisiones de fondo sobre el futuro de Afinia. La filial, que presta el servicio de energía en el Caribe colombiano, generó el año pérdidas superiores al billón de pesosDebido a que la situación financiera de esta filial del Grupo EPM, es insostenible, según el propio relato del alcalde y presidente de la Junta de las empresas Públicas de Medellín, Federico Gutiérrez, que ha insistido que este ha sido el peor negocio que ha hecho la empresa antioqueña.El mandatario local, aseguró que esta empresa que atiende a 1.5 millones de usuarios en Bolívar, Córdoba y Sucre, además de 11 municipios del departamento de Magdalena, genera 1.5 billones de pesos de pérdidas al año al Grupo empresarial.Ante este panorama, este sábado a las 10 de la mañana en Barranquilla, el propio presidente Abelardo De La Espriella, junto a sus ministros de Minas y Energía María Nohemí Arboleda y el ministro de Hacienda y Crédito Público, Miguel Gómez Martínez, encabezará una reunión con el alcalde Federico Gutiérrez y el gerente general de EPM, Jhon Maya Salazar, para tomar una o más decisiones de fondo."Lo hablé con el presidente, él lo conoce, sabe cuál es esta situación. Hay que encontrar una situación de fondo entre todos, como ciudad, como EPM, como Gobierno nacional y las regiones, y encontrar una solución estructural, no del día a día", señaló el alcalde Gutiérrez.El presidente de la Junta de EPM, aseveró que se debe tomar decisiones inmediatas, porque según él es el “chicharrón” más grande que le dejó la administración del ex alcalde Daniel Quintero y sus presuntas irregularidades, donde recordemos ha salido a flote por parte de Federico Gutiérrez y en la audiencia contra Miguel Quintero, la supuesta venta de la gerencia de esta filial en 8 millones de dólares.El alcalde Federico Gutiérrez viajará desde este viernes, debido a que será uno de los invitados al acto de posesión de Joaquín Gutiérrez Caballero, quien fue elegido por unanimidad por la Junta Directiva como presidente de Ecopetrol.
Estos fueron los temas tratados en el programa completo de Blog Deportivo de este viernes:Jhon Arias heredará la camiseta número 10 de la Selección Colombia en el próximo amistoso, mientras Davinson Sánchez será el nuevo capitán del equipo en este comienzo de ciclo después de la salida de varios referentes. La tricolor se medirá este sábado ante México en Baltimore.Néstor Lorenzo aseguró que Colombia mantendrá su idea de juego durante la renovación. El técnico explicó que pueden cambiar el sistema o el plan para determinados partidos, pero quiere conservar una selección protagonista, con posesión y vocación ofensiva. También pidió paciencia con los nuevos convocados y aseguró que deben ganarse su lugar cuando regresen los habituales titulares.Alberto Gamero explicó cómo Millonarios consiguió el empate frente a Atlético Nacional en Medellín. El entrenador detalló los ajustes realizados para cerrar la salida del verde, defendió que su equipo buscó el partido y respondió a la afirmación de Lucas González de que Millonarios había conseguido el punto “con muy poco”.Juan Guillermo Cuadrado todavía no tiene asegurado su debut con Millonarios. Gamero explicó que el jugador no presenta una lesión, sino molestias propias del reacondicionamiento después de un periodo prolongado sin competencia, y dejó abierta la posibilidad de utilizarlo frente a Medellín si evoluciona bien.México comenzará ante Colombia la era de Rafa Márquez como seleccionador. El periodista mexicano Gustavo Mendoza explicó que el equipo azteca afronta el partido con varias ausencias y que el nuevo entrenador todavía debe construir su idea, aunque contará con jóvenes como Gilberto Mora y recuperará a Hirving ‘Chucky’ Lozano.Colombia femenina Sub-20 buscará este sábado el tercer puesto del Mundial, mientras Deportivo Cali recibirá a Santa Fe en la vuelta de la final de la liga femenina después de ganar 3-2 el primer encuentro. La programación del fútbol colombiano también generó cuestionamientos porque Junior-Medellín coincidirá parcialmente con el partido de la selección de mayores. Reviva el programa completo de Blog Deportivo aquí:
Olmedo López, exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y procesado por hechos de corrupción en la entidad, fue trasladado de urgencia a la clínica Shaio, en el norte de Bogotá. Según las primeras versiones, el exfuncionario presentó quebrantos de salud asociados a un presunto infarto mientras permanecía privado de la libertad.López se encontraba recluido en una guarnición militar cuando manifestó el malestar físico que motivó su remisión inmediata al centro asistencial. Fuentes en el lugar confirmaron que el exdirector está recibiendo atención médica especializada, a la espera de un reporte oficial por parte del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) y el parte médico de la clínica.Este quebranto de salud ocurre en momentos en que el exfuncionario funge como testigo clave de la Fiscalía General de la Nación dentro del entramado de corrupción de la UNGRD, proceso en el cual se declaró culpable en mayo pasado tras aceptar los delitos de peculado por apropiación y concierto para delinquir.¿Cuál es el estado del proceso judicial de Olmedo López?Actualmente, el expediente contra el exdirector de la UNGRD se encuentra en la etapa final de individualización de la pena ante el Juzgado Cuarto Penal Especializado, luego de que se negaran dos preacuerdos y el procesado decidiera someterse a sentencia anticipada.Fecha de la condena: La lectura de la sentencia definitiva quedó programada para el próximo 14 de diciembre.Devolución de dinero: Su defensa, encabezada por el abogado José Luis Moreno, argumentó que López realizó el reintegro de $724 millones mediante consignaciones hechas entre enero y abril de 2025. Petición de rebaja: La representación legal solicitó un beneficio de reducción del 50 % de la pena debido a la aceptación unilateral de cargos y a la colaboración entregada a la justicia.¿Qué denuncias existen sobre la seguridad de Olmedo López?Durante las recientes audiencias, la defensa del exdirector solicitó formalmente que la pena impuesta sea cumplida en el centro penitenciario del Batallón 13 de Caldas por motivos de seguridad.El abogado Moreno reveló que han acudido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tras señalar supuestas presiones e interferencias del Gobierno. De igual forma, advirtió que recientemente se pusieron en conocimiento de la Fiscalía graves amenazas de muerte emitidas por grupos al margen de la ley contra la vida de Olmedo López.
Daniel Felipe Duque Duque fue judicializado y enviado a la cárcel, señalado por la Fiscalía de utilizar diferentes perfiles en redes sociales y líneas telefónicas para acosar, amenazar, hostigar y suplantar a 21 personas en Sabaneta y Envigado, Antioquia.De acuerdo con la investigación, las víctimas identificadas hasta el momento son 20 mujeres y un hombre. Los casos llegaron inicialmente al Concejo de Medellín y posteriormente fueron puestos en conocimiento de la Fiscalía, que recopiló las denuncias y otros elementos materiales probatorios dentro de la investigación.Una de las denunciantes relató que desconocía el motivo por el que Duque la hostigaba y señaló que recibió amenazas relacionadas con su imagen y con la posibilidad de utilizar herramientas de inteligencia artificial para manipular fotografías.En su denuncia quedó registrado:“Desconozco el motivo por el cual este señor me hostiga". Es de destacar que entre sus mensajes dice: "Te voy a pegar una difamación que te vas a querer suicidar. Si no le gusta mi amor, mire a ver cómo arreglamos, pero la imagen suya se la acabo porque se la acabo". "A un amigo le escribe que yo estaba buena para meterme un cuchillo y amenazó con manipular mis fotos con IA y quedar desnuda para luego publicarlas”.Otra de las denuncias describe un presunto acoso a través de Instagram. La mujer aseguró que, después de una publicación en la que fue etiquetada, comenzaron los contactos y amenazas desde diferentes cuentas.“Sube una foto vía Instagram etiquetando mi usuario, al subir la foto empiezan los acosos de Daniel Duque también por la misma vía, creando hasta 10 cuentas diferentes haciendo amenazas”, señaló. Según su relato, los mensajes incluían amenazas de muerte y afirmaciones de que ella y sus amigos tendrían que pagar por lo que el señalado habría sufrido.La denunciante también aseguró que el acoso se prolongó durante seis años y que el hombre habría contactado a personas cercanas para preguntar por ella y continuar con las amenazas.En otro caso, una mujer denunció que Duque habría creado perfiles falsos para seguirla y contactarla, además de utilizar fotografías suyas y compartir su número telefónico en espacios de contenido sexual.“Ha creado perfiles falsos para seguirme y contactarme en Instagram, ha robado mis fotografías y las ha publicado en grupos y espacios de contenido sexual, ha compartido mi número de teléfono en ese tipo de sitios, ha utilizado mi imagen sin mi consentimiento, me ha insultado y, en repetidas ocasiones, me ha enviado amenazas de muerte”, afirmó.La mujer también señaló que los contactos se habrían extendido a Facebook, TikTok y WhatsApp, incluido el número de su empresa, situación que, según su denuncia, afectó su actividad profesional como psicóloga.El concejal de Medellín Andrés Tobón Villada destacó la actuación de la Fiscalía después de que su equipo jurídico recibiera y acompañara las denuncias de varias personas que reportaron presuntos episodios de persecución, acoso y hostigamiento.“Recibimos una denuncia por parte de una joven en Sabaneta que venía siendo acosada de manera sistemática por parte de un sujeto que la llamaba al celular, que le escribía por redes sociales, que se inventaba cuentas ficticias solamente con la intención de acosarla permanentemente”, afirmó Tobón.El concejal agregó que la denunciante encontró que había aproximadamente otras 20 mujeres que también habían reportado situaciones de acoso y que, a partir de ese acompañamiento, el equipo jurídico pudo establecer contacto con la Fiscalía.