No para la polémica en Medellín, luego de que el Juzgado 28 Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de la ciudad avalara un preacuerdo con la Fiscalía para condenar a 19 meses de prisión a Juan Alberto Cardona Henao, quien se desempeñaba como contador y tesorero del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del municipio de Itagüí.
Convirtiéndose así en la primera condena relacionada con la era del exalcalde y ahora superintendente de Salud, Daniel Quintero Calle, se marcó un precedente jurídico que al parecer estaría generando inseguridad para testigos clave.
Así lo denunció el alcalde Federico Gutiérrez, quien en sus redes sociales salió en un video con una imagen de fondo que compara Ali Babá y los 40 ladrones con una imagen del exmandatario, su hermano Miguel Quintero y la cifra 55, que son los imputados a la fecha por diversos procesos.
“Ni Alí Baba se ha atrevido a tanto. Alí Baba tenía 40 ladrones. Estos hermanitos “Q”, ya van más de 55 imputados. Están amenazando además testigos clave de la fiscalía, que son testigos de los procesos por corrupción de los hermanitos “Q” y solicito a la policía y la fiscalía que los proteja y que sigan avanzando los diferentes procesos”, señaló el alcalde de Medellín.
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La aceptación de cargos está relacionada con la elaboración y utilización de 15 documentos falsificados, entre ellos cuentas de cobro y otros soportes que sirvieron para justificar el desembolso de recursos públicos por bienes y servicios que, según la investigación, nunca fueron suministrados en medio de lo contratos firmados por esa entidad y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá.
Para la Fiscalía, estos documentos hacían parte de un esquema diseñado para otorgar apariencia de legalidad a pagos realizados con recursos públicos.
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“Extendió 15 documentos privados falsificados que le sirvieron de prueba al cuerpo de bomberos para acreditar ante el área metropolitana del Valle de Aburrá la prestación de servicios de transporte en los contratos y así obtener las respectivas autorizaciones”, explicó la fiscal del caso durante la audiencia.
La decisión judicial es un avance clave en medio del proceso judicial que busca establecer las responsabilidades de quienes habrían participado en la presunta red de corrupción asociada a la contratación de esa entidad con al menos 6 contratos por 18.000 millones de pesos entre 2020 y 2023.
Las pesquisas han permitido identificar distintos niveles de intervención de funcionarios y particulares que, presuntamente, hicieron parte del esquema investigado, entre ellos, el de Miguel Quintero, hermano del exalcalde, quien será imputado el próximo 3 de agosto.
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