Avanzan los 10 días hábiles que dio el Tribunal Administrativo de Antioquia para el empalme entre la Superintendencia de Salud y los socios de la EPS mixta Savia Salud, tras ordenarse la suspensión provisional de su intervención, y aún hay más dudas que certezas en cuanto a la situación financiera de la entidad.Como ya lo había anticipado desde que se conoció la noticia, el alcalde Federico Gutiérrez fue enfático en las últimas horas en que una vez la Alcaldía de Medellín, la Gobernación de Antioquia y Comfama retomen el control de Savia Salud, harán una auditoría forense, incluso recurriendo a la justicia para obtener toda la información de lo que rodeó la intervención.Según el mandatario paisa, es evidente que hubo intervenciones a EPS en el país que no cumplieron su fin y terminaron “quebrando estas entidades”, por lo que esperan conocer el estado real de Savia."Lo primero es recibir y enterarnos de cómo está ahí. Seguramente ni siquiera obtendremos toda la información. Tendremos que hacer derechos de petición, tendremos que acudir a la justicia. Y yo lo que sí he solicitado es que se haga una auditoría forense, de cómo intervinieron a esa vieja luz. Y luego de que la intervinieron, ¿qué pasó allá adentro? mPero es un hueco de 1.4 billones de pesos. Es un desastre absoluto lo que nos están devolviendo", expuso.Criticando fuertemente de nuevo al efecto que tuvo en el sistema de salud durante el gobierno del presidente Gustavo Petro la serie de intervenciones, cambios y la fallida reforma, Gutiérrez también cuestionó que, al frente de la Superintendencia esté Daniel Quintero Calle, quien recientemente hizo varios nombramientos al interior de la entidad que han sido cuestionados."Ahora miren el insulto, nombrando a los que se robaron a Medellín en la superintendencia de salud. Eso allá, dentro de poquito, va a parecerse más a la picota que a cualquier otra cosa, porque está llena de bandidos. Toda esa gente que han venido nombrando en Superintendencia de Salud los últimos días son las personas que están imputadas y tienen escándalos por corrupción en Medellín", indicó.Hay que mencionar que la decisión judicial deja sin efectos, de manera temporal, la resolución de la Superintendencia Nacional de Salud que ordenó la toma de posesión de bienes y la intervención forzosa de la entidad. Esta intervención estaba vigente desde junio de 2023 y había sido prorrogada hasta 2026.Savia Salud pasó de un patrimonio negativo de 570.000 millones de pesos en 2022 a más de 1,5 billones en negativo en 2025, es decir, un deterioro de 264 %, según indicó al momento de la decisión el gobernador Andrés Julián Rendón.
El pasado 28 abril Medellín recibió un reconocimiento en los premios Mayors Challenge 2026 de la fundación Bloomberg Philanthropies, desarrollados en España. Allí la ciudad fue ranqueada entre 24 ciudades en todo el mundo, por el uso de inteligencia artificial en la Alianza Medellín Cero Hambre.Además del reconocimiento, la ciudad recibió un premio económico de un millón de dólares, es decir casi 4.000 millones de pesos. De acuerdo con el alcalde de la ciudad, Federico Gutiérrez, este dinero será invertido en esta campaña, para fortalecer su capacidad de respuesta y ejecución."Entre 660 ciudades que nos postulamos con programas sociales, Medellín quedó dentro de las 24 ganadoras que se le asigna 1000000 de dólares en temas de recursos, pero también asistencia técnica. ¿Por qué ganamos? Por los avances que hemos tenido en 0 hambre y vamos por más", manifestó Gutiérrez.El mandatario indicó que esta es la segunda vez que la ciudad recibe este galardón y recordó en qué condiciones se encontraban las poblaciones más vulnerables en condiciones de hambre y alimentación de la capital antioqueña al momento de asumir su administración."Cuando llegamos nosotros el primero de enero del 2024 al gobierno, encontramos que más de 582.000 personas no tenían garantizada las 3 comidas al día. Era un problema de seguridad alimentaria. Estamos hablando que el por 100 de los hogares estaba aguantando hambre", indicó el alcalde de Medellín.Durante los premios Mayors Challenge 2026 de Bloomberg Philanthropies participaron más 630 ciudades de todo el mundo, y Medellín se midió en esta apuesta tecnológica y de responsabilidad social contra capitales mundiales como Madrid, Londres, París y Bogotá.
Pese a la baja intensidad y frecuencias de las lluvias en Medellín, situaciones posiblemente asociadas a estos fenómenos nuevamente vuelven a generar dificultades viales en la ciudad.Esta vez la novedad se reportó en la carrera 39 #59-22, en el barrio Los Ángeles de la comuna La Candelaria, donde apareció una nueva socavación de considerables proporciones en pleno paso peatonal.Si bien esta vez, a diferencia de lo ocurrido a mediados de marzo en el sector de El Poblado, no resultó involucrado ningún vehículo, el alcalde Federico Gutiérrez anunció de manera preventiva el cierre total de esta vía cercana a la UVA La Imaginación y al Parque Biblioteca La Ladera.De igual manera, el mandatario destacó que al frente de la situación ya se encuentran funcionarios del distrito, Bomberos Medellín y EPM realizando una evaluación de lo ocurrido, determinando las causas y estableciendo las posibles obras que deberían ejecutarse para reparar la vía y restablecer el paso seguro de vehículos y transeúntes por el sector.No se descarta que la emergencia tenga orígenes similares a la registrada en la avenida El Poblado donde la calzada en sentido sur - norte a la altura del hotel Dann Carlton cedió por cuenta de los altos niveles que por esos días registró a raíz de las lluvias la quebrada La Presidenta.Las obras de mitigación y rehabilitación del tramo afectado en aquella ocasión tardaron casi un mes, en medio de varios episodios de lluvias que también enfrentó la ciudad por esos días y retrasaron algunos trabajos por seguridad.
El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez Zuluaga, y la secretaria de Salud, Natalia López Delgado, presentaron una recusación formal contra el superintendente nacional de Salud, Daniel Quintero Calle, con el fin de que se aparte de cualquier actuación administrativa relacionada con el sistema de salud del Distrito.La solicitud fue radicada ante esa dependencia y argumenta que existen múltiples factores que comprometerían la imparcialidad del funcionario, entre ellos su paso como alcalde de Medellín entre 2020 y 2023, periodo en el que tuvo incidencia directa en la estructura del sistema de salud local.Según el documento, actualmente hay litigios en curso entre el Distrito y entidades del orden nacional, incluida la Superintendencia, como la acción popular que busca que se saneen las deudas de las EPS con los hospitales y clínicas, por la cual se radicó un incidente de desacato en febrero de este año, lo que ubicaría a Quintero en una posición de contraparte frente a la administración distrital.Esto, además, porque, en el momento del nombramiento del exalcalde en este nuevo cargo, la Alcaldía y los representantes legales del Hospital General de Medellín, Metrosalud y la Corporación Hospital Infantil Concejo de Medellín (todos centros asistenciales públicos), entidades a las cuales les aplicaría la vigilancia del actual superintendente de Salud, presentaron ante la Sección Quinta del Consejo de Estado una demanda de nulidad electoral contra el acto que lo oficializó en esta dependencia.Otro de los argumentos expuestos es la existencia de denuncias penales cruzadas entre el alcalde Gutiérrez y el superintendente, así como investigaciones ante organismos de control, lo que, según la Alcaldía, configura un conflicto que afecta la objetividad del funcionario.El documento también señala que Quintero ha emitido pronunciamientos públicos en los que califica la situación de la salud en Medellín como “quiebra” o “colapso”, lo que, a juicio del Distrito, constituye un prejuzgamiento sobre asuntos que debe supervisar.En la recusación se solicita que, en caso de no ser aceptada, el trámite sea remitido a la Procuraduría General de la Nación para que designe un funcionario ad hoc, garantizando así la transparencia y el debido proceso en las decisiones sobre el sistema de salud de la ciudad.
El Alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, radicó demanda con medida cautelar ante el Consejo de Estado en contra del decreto de Gustavo Petro nombrando al ex alcalde, Daniel Quintero, en la Supersalud, al parecer, por el no cumplimento de requisitos y experiencia requerida para ejercer el cargo.La demanda de nulidad alega el incumplimiento de requisitos técnicos y de experiencia específica, planteando un conflicto de competencias y de idoneidad en la dirección del máximo organismo de vigilancia sanitaria del país.La acción jurídica busca dejar sin efecto el Decreto 0433 del 23 de abril de 2026, mediante el cual el Gobierno Nacional designó a Daniel Quintero Calle, como Superintendente Nacional de Salud. Este movimiento no solo representa una confrontación política, sino que subraya un debate técnico profundo sobre los estándares de idoneidad requeridos para encabezar los organismos de inspección, vigilancia y control (IVC) en sectores críticos.La demanda, suscrita además por gerentes de la red hospitalaria pública del distrito de Medellín, se fundamenta en el artículo 275 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA). El núcleo del argumento jurídico sostiene que el acto administrativo de nombramiento se expidió con infracción de las normas superiores, al designar a un ciudadano que, presuntamente, no reúne las calidades y requisitos constitucionales o legales de elegibilidad exigidos para el cargo.Desde una perspectiva de derecho administrativo, la Superintendencia Nacional de Salud es un organismo de carácter técnico. La normativa vigente establece que quien asuma su dirección debe poseer una trayectoria y formación académica alineada con la complejidad del sistema de salud y la seguridad social. La demanda sostiene que la designación actual vulnera el principio de legalidad que rige la función pública.Uno de los ejes técnicos más sólidos del recurso judicial reside en el análisis del perfil académico de Daniel Quintero frente al manual de funciones de la entidad. El cargo de Superintendente Nacional de Salud exige formación profesional en áreas del conocimiento relacionadas con la salud, las ciencias sociales o la administración pública.El ahora Superintendente de Salud es ingeniero electrónico con especialización en finanzas, posee un perfil orientado a la tecnología y la gestión financiera. Los demandantes argumentan que esta formación pertenece a un núcleo básico del conocimiento (NBC) distinto al requerido por la entidad.La falta de una base académica en salud pública o derecho administrativo sanitario podría, según el texto de la demanda, comprometer la capacidad técnica de la Superintendencia para supervisar a las Entidades Promotoras de Salud (EPS) y a las Instituciones Prestadoras de Servicios (IPS).Además, el cargo exige acreditar al menos 84 meses de experiencia profesional relacionada. El análisis detallado en la demanda indica que la trayectoria de Quintero en los sectores de innovación, tecnología y su desempeño como alcalde de Medellín no se traduce automáticamente en experiencia técnica en vigilancia sanitaria.El alcalde Federico Gutiérrez ha justificado su legitimidad activa en este proceso basándose en el riesgo sistémico para la red hospitalaria de Medellín. El sistema público de salud del distrito atiende a más de dos millones de personas, y su estabilidad depende en gran medida de las decisiones regulatorias y de intervención que emanan de la Superintendencia.La solicitud de una medida cautelar para suspender provisionalmente el nombramiento busca mitigar lo que los demandantes califican como una "incompatibilidad manifiesta".
La información que confirmaron desde el Gobierno nacional de que no hay cámaras de seguridad en la cárcel de Itagüí y que el contrato para su funcionamiento comenzará a regir desde el 30 de abril, ha sido duramente cuestionada desde Medellín en donde han calificado esta situación como vergonzosa.Hay que mencionar que esta situación se conoció justo después de la polémica parranda vallenata donde cabecillas de bandas delincuenciales en el centro penitenciario hicieron una fiesta con Nelson Velásquez y en donde solo se conocieron imágenes de celulares, ya que efectivamente las cámaras no servían.El ministro de Justicia, Jorge Cuervo, aseguró que la falta de vigilancia electrónica en la Cárcel La Paz se debe a temas de contratación y que su reconexión será desde la próxima semana."Hasta el 30 de abril están sin cámaras, y ahí, de acuerdo con el cronograma del contratista, el 30 de abril se instalarían", detalló el alto funcionario del Gobierno.El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, aseguró que la ciudadanía no debe sorprenderse de las irregularidades en el centro carcelario ubicado en el municipio de Itagüí en donde ha quedado en evidencia fallas en la seguridad con el ingreso de decenas de personas para la parranda vallenata."Ya resulta que en la cárcel de Itagüí no había cámaras. Allá entra el que quiera, sale el que quiera, arman las fiestas. Y ahora, porque salió el escándalo, es que ahora sí sale el ministro de Justicia a decir que van a arreglar las cámaras. Me da una vergüenza este gobierno. El Gobierno nacional es una vergüenza", declaró el alcalde.A la espera de que el sistema de cámaras de seguridad comiencen a funcionar de manera correcta a partir del 1 de mayo, otro de los aspectos que está en veremos es el traslado de los cabecillas que anunció el presidente Gustavo Petro y que sigue siendo estudiada para saber quiénes son los delincuentes que irán a Bogotá tras el escándalo de la megafiesta.
En medio de las complejas horas en materia de orden público que se viven en el Cauca por cuenta de las seguidillas de atentados terroristas a manos de las disidencias de 'Iván Mordisco', varias han sido las reacciones de rechazo y solidaridad frente a la situación.Algunas de ellas han llegado desde Antioquia, donde mandatarios se han caracterizado por una oposición férrea al proyecto de paz total y han solicitado en múltiples ocasiones el combate decidido de grupos criminales en todo el país por parte de la fuerza pública.Uno de los que se pronunció en las últimas horas fue el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien expresó la solidaridad con las familias de las 14 personas muertas que hasta ahora dejan los atentados en zonas como Cajibío, Palmira y Jamundí.El mandatario afirmó que “ese es el resultado de la mal llamada “paz total”” y de “los privilegios que han recibido los criminales de parte del Gobierno Petro”.“Solo espero que pronto cese la horrible noche y que llegue un nuevo Gobierno nacional que enfrente a los criminales y le de tranquilidad al país”, concluyó Gutiérrez en su mensaje a propósito de la cercanía a la primera vuelta de las elecciones presidenciales.Lo propio hizo el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, quien destacó que “a los criminales hay que combatirlos con toda la fuerza de la ley, autoridad y justicia”.“Mis oraciones, las de los míos y las del pueblo Antioqueño están con las familias que hoy lloran y despiden a los suyos”, escribió en su cuenta de X.En varias oportunidades ambos mandatarios han destacado la necesidad de suspender todo tipo de beneficios con grupos criminales en el país, pero especialmente en la región. La crisis humanitaria que atraviesa el Norte de Antioquia, específicamente en Briceño con desplazamientos masivos, así como el escándalo por la parranda en la cárcel de Itagüí han provocado las más recientes críticas.
La llegada de Daniel Quintero a la Superintendencia de Salud fue rápidamente cuestionada por diferentes actores políticos que tras la confirmación en su nuevo puesto no dudaron en salir a rechazar la decisión del presidente de Colombia, Gustavo Petro.Una de las primeras en referirse al tema fue la candidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia, quien aseguró que “es una vergüenza que a un tipo imputado por corrupción con más de 50 de sus funcionarios, lo pongan a vigilar la salud. Esta es la manera como el gobierno garantiza que la salud sea un negocio para el Pacto Histórico”.Pero allí no quedaron las reacciones, ya que una de las más fuertes fue la del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien manifestó que, “absurdo, Petro pone al ratón a cuidar el queso” y fue vehemente tras la llegada del exmandatario a la Supersalud."No tiene experiencia en sacar adelante la salud, sino en destruir la salud. Como recibimos nosotros el Hospital General, como recibimos Metrosalud y el Hospital General Concejo de Medellín, que lo tuvimos que revivir. Qué tragedia para Colombia, qué tragedia para los pacientes. Mientras la gente se muere esperando medicamento y citas, nombran a los peores criminales", sostuvo.Otro que salió rápidamente a pronunciarse fue el exsecretario de Seguridad y concejal de Medellín Andrés Tobón, quien manifestó: “Y todavía creían que Gustavo Petro no era capaz de atreverse a nombrar a Quintero en la Superintendencia de Salud. No tiene límites ni vergüenza”.Hay que recordar que una vez se conoció que Quintero iba a ser el superintendente de Salud desde la Alcaldía de Medellín se tomaron acciones para tratar de evitar que el exmandatario interceda en situaciones como, por ejemplo, en el Hospital General en donde avanzan investigaciones por presuntas irregularidades.
Siguen las reacciones en Antioquia tras las polémicas revelaciones en Mañanas Blu por parte de Angie Rodríguez, exdirectora del Dapre y actual directora del Fondo de Adaptación.Uno de los asuntos más particulares en sus declaraciones precisamente tiene que ver con la región al referirse a la salida del general Carlos Fernando Triana de su cargo como director de la Policía hace varios meses.Según la actual funcionaria del Gobierno nacional, la decisión la habría tomado el presidente Gustavo Petro no por fallas en el opeartivo de resctaede 13 policías que murieron tras el atentado de las disidencias de alias ‘Calarcá’ en Amalfi, sino por rumores acerca de una reunión entre el alto mando policial y el alcalde Federico Gutiérrez a mediados de julio del año pasado en Medellín."Esa cabeza la tiene llena de demonios. Yo creo que tanta irracionalidad es lo que nos tiene, como nos tiene hoy en el país. Todas las reuniones siempre con el general Triana, como han sido con todos los directores de la Policía, han sido institucionales, y siempre les he pedido lo mismo, ayúdeme a que nuestra gente esté segura", afirmó.Sobre estas nuevas versiones, alcalde Gutiérrez reaccionó indicando que Petro está mal asesorado y que “tiene la cabeza llena de demonios”, pues lo único que ocurrió fue una reunión como las que ha sostenido en otros momentos con otros directores de la Policía Nacional."Esa cabeza la tiene llena de demonios. Yo creo que tanta irracionalidad es lo que nos tiene, como nos tiene hoy en el país. Todas las reuniones siempre con el general Triana, como han sido con todos los directores de la policía, han sido institucionales, y siempre les he pedido lo mismo, ayúdeme a que nuestra gente esté segura".El mandatario de la capital antioqueña sumó otra razón que estaría tras la salida del general Triana relacionada con el proceso de paz urbana en la cárcel de Itagüí. Sugirió que en su momento el alto mando policial recibió presiones para detener operativos contra familiares que serían testaferros de los hoy voceros del espacio sociojurídico hoy suspendido por la parranda vallenata del pasado 8 de abril."Pregúntele al general Triana si de pronto lo llamaron a presionarlo, de que no podía ejecutar operaciones de extinción de dominio y de capturas por testaferrato de familiares, de personas que están hoy en la cárcel de Itaguí, porque algunas de esas personas que defienden estos bandidos llamaron a los generales a decirles que si ellos hacían esas capturas, que ellos iban a ser los responsables".Federico Gutiérrez nuevamente expresó su respaldo a la fuerza pública en la lucha contra el crimen organizado en la ciudad y el país y pidió que se investigue lo que también vendría ocurriendo en la Dirección Nacional de Inteligencia. Según el alcalde la entidad bajo la administración Petro estaría siendo utilizada con fines políticos.
En diálogo con Mañanas Blu, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, arremetió contra el Gobierno nacional, señalando una presunta persecución política y el uso de organismos de inteligencia para vigilar a la oposición y a los altos mandos de la fuerza pública. El mandatario local expresó su preocupación por el debilitamiento de la institucionalidad y la seguridad en el país.Persecución desde la Inteligencia NacionalGutiérrez fue enfático al denunciar el papel de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) bajo la actual administración. Según el alcalde, esta entidad se ha transformado en una herramienta de vigilancia política."La Dirección Nacional de Inteligencia la tienen ellos controlada desde el principio para perseguir a quienes somos oposición", afirmó con contundencia. El mandatario relacionó estas prácticas con la salida del general Carlos Triana de la Policía, sugiriendo que su cercanía institucional con la alcaldía de Medellín fue el detonante."Estoy seguro que al general Triana, como a todos los otros generales, le hicieron seguimiento", declaró Gutiérrez, agregando que él mismo y varios periodistas estarían bajo la lupa del organismo. Para el alcalde, este escenario es alarmante: "Lo de la chuzada de hace muchos años se va a quedar chiquito en comparación con esto". El caso del general TrianaLa controversia surgió a raíz de versiones que indican que el general Triana fue relevado de su cargo tras asistir a eventos con el alcalde de Medellín. Gutiérrez advirtió que esto genera un "precedente muy grave" para los nuevos comandantes"¿Qué puede estar pensando el director nuevo de la policía? Ah, no, yo no puedo hablar con el señor alcalde de Medellín, con Fico. Yo no puedo llamar a Fico porque me echan", cuestionó el mandatario. Según el alcalde, los oficiales se sienten amenazados y cohibidos de coordinar acciones de seguridad con administraciones que no son afines al gobierno central.Interferencias en operativos y "Paz Total"Finalmente, Gutiérrez denunció interferencias políticas en operativos judiciales y de seguridad. El alcalde mencionó que existen generales que han recibido llamadas para detener acciones contra testaferros y estructuras criminales vinculadas a los procesos de "Paz Total""Hay generales de la República que los han llamado a decirles, pare ese operativo que tienen contra tal persona", denunció, señalando directamente a la senadora Isabel Zuleta como una de las personas que supuestamente ejerce estas presiones. Escuche aquí la entrevista:
En un operativo adelantado en el municipio de Buriticá, Occidente de Antioquia, la Policía Nacional capturó a seis personas señaladas por el porte ilegal de armas y municiones de uso privativo de las Fuerzas Armadas, en medio de una redada contra la minería ilegal.Durante el procedimiento fueron incautados un arma de fuego tipo revólver, 26 cartuchos, 21 kilogramos de explosivos, 200 detonadores, 20 metros de cordón detonante y un cilindro de gas acondicionado con explosivo que, según las autoridades, representaba un grave riesgo para la población y podría ser utilizado para acciones criminales y terroristas. "Esta actividad operacional se da en el marco del amparo y la protección a un título minero que está siendo presuntamente perturbado por personas que se dedican a la minería ilegal en nuestro país", indicó el brigadier general Carlos Germán Oviedo Lamprea, director de Carabineros y Protección Ambiental.El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, destacó que este resultado evidencia la capacidad operativa y violenta de estas estructuras ilegales, así como la importancia de anticiparse a las amenazas para proteger a las comunidades y la infraestructura del territorio.“Mi reconocimiento a nuestros policías y militares que, con valentía y compromiso, continúan protegiendo a Colombia”, expresó.Golpe a la minería ilegal en CaracolíEn otro operativo realizado en Caracolí, en la subregión del Magdalena Medio, uniformados de la Policía lograron inhabilitar un yacimiento minero ilegal y destruyeron maquinaria utilizada para la extracción ilícita de minerales, afectando de manera directa las capacidades logísticas de estas redes ilegales.Durante la operación fueron destruidas cuatro dragas tipo buzo, una retroexcavadora, ocho motobombas y tres motores generadores de aire, equipos cuyo valor aproximado asciende a 420 millones de pesos.De acuerdo con el ministro Sánchez esta acción impacta las finanzas de quienes buscan enriquecerse mediante actividades ilícitas que destruyen los recursos naturales y afectan la seguridad de las comunidades.“La minería ilegal no solo financia el crimen; también deja graves daños ambientales y sociales. Seguiremos actuando con contundencia para proteger el territorio y defender la legalidad”, afirmó, al tiempo que reiteró su reconocimiento a policías y militares por sostener esta ofensiva.
La billetera digital Nequi confirmó que durante la mañana del miércoles 13 de mayo su cuenta de la red social X fue hackeada.La situación no tardó en generar reacciones en las plataformas digitales, pues usuarios comenzaron a reportar que en el perfil estaban apareciendo publicaciones extrañas relacionadas con contenido publicitario que no tenía ningún tipo de relación con la marca.¿Qué dice la compañía sobre la situación?Por medio de un comunicado, la compañía aseguró que tan pronto identificaron la situación su equipo intervino para garantizar el control y la seguridad de la cuenta.“Desde Nequi informamos que hemos identificado un posible acceso no autorizado a nuestra cuenta oficial en X (Twitter)”, señaló la compañía.Nequi señaló que en este momento la cuenta se encuentra bloqueada y asegurada. Además, señaló que en el tiempo en la que no tuvo control, fue publicado contenido que ningún caso corresponden a productos, servicios o comunicaciones oficiales.Asimismo, destacaron que la finalidad de la cuenta de X de la compañía es para comunicación promocional con sus clientes, y les recordó a los usuarios que este no es un canal de uso transaccional.Es por esto, por lo que Nequi hizo un llamado a la ciudadanía que hace uso de la plataforma para que utilicen solos los canales autorizados para evitar caer en posibles engaños o desinformación.Finalmente, recordó que la compañía tiene un canal de atención para los usuarios en WhatsApp y por medio de su página web. Asimismo, está disponible por medio de su línea telefónica, Instagram y Facebook.
En desarrollo de operaciones militares adelantadas en Villavicencio, Meta, tropas del Ejército lograron el sometimiento a la justicia de alias ‘Sabueso’, señalado cabecilla de finanzas d la Estructura 39 ‘Arcesio Niño’ de las disidencias de las Farc que delinque en los Llanos Orientales.La operación fue desarrollada por unidades militares, con apoyo de inteligencia y componentes de la Fuerza Aeroespacial. De acuerdo con información oficial, alias ‘Sabueso’ habría recibido órdenes directas de alias ‘Efrén’, máximo cabecilla de la estructura armada ilegal.Según el análisis de inteligencia, el hombre llevaba cerca de 33 años dentro de grupos armados organizados, tiempo en el que habría adquirido experiencia y capacidad de coordinación entre diferentes estructuras criminales. Además, las autoridades señalaron que entre agosto de 2024 y julio de 2025 se desempeñó como cabecilla principal de la estructura 44 ‘Antonio Ricaurte’ en el departamento del Guaviare.Las Fuerzas Militares indicaron que este sometimiento representa un golpe estratégico contra el Bloque Amazonas ‘Manuel Marulanda Vélez’, debido a la capacidad de articulación y movilidad que tenía alias ‘Sabueso’ entre estructuras ilegales que operan en Meta, Guaviare y otras zonas de los Llanos Orientales.De acuerdo con el reporte militar, el hombre era considerado uno de los integrantes con mayor trayectoria dentro de las disidencias, especialmente en áreas relacionadas con finanzas, fortalecimiento logístico y coordinación armada.Las autoridades avanzan ahora en el proceso de judicialización y ampliación de información sobre las actividades criminales que habría desarrollado dentro de la organización ilegal.
El Ministerio de Salud expidió una nueva circular con instrucciones dirigidas a las EPS, gestores farmacéuticos, prestadores de servicios y entidades de vigilancia, con el propósito de garantizar el suministro oportuno de medicamentos y proteger el derecho fundamental a la salud de los pacientes en Colombia.El documento, fechado el 11 de mayo de 2026, establece lineamientos para las entidades del sistema de salud, incluyendo aquellas intervenidas por la Superintendencia Nacional de Salud, ante las constantes quejas por demoras, entregas incompletas y barreras en el acceso a tratamientos médicos.Entre las principales medidas, el Ministerio reiteró que las EPS deben garantizar la entrega completa e inmediata de medicamentos y, en caso de presentarse pendientes, coordinar la entrega domiciliaria en un plazo máximo de 48 horas. Además, ordenó que las entidades cuenten con más de un gestor farmacéutico para evitar afectaciones por problemas de abastecimiento o incumplimientos en la dispensación.La circular también establece que, si después de las 48 horas reglamentarias no se realiza la entrega, los pacientes podrán reclamar sus medicamentos a través de una red alterna de gestores o instituciones prestadoras de salud.Asimismo, el Gobierno exigió a las EPS mantener actualizada la información sobre entrega de medicamentos, fortalecer los mecanismos de seguimiento y monitoreo, y reportar oportunamente casos de escasez o desabastecimiento al Ministerio de Salud y al Invima.El documento advierte además que las EPS no podrán utilizar trámites administrativos, auditorías o glosas como mecanismos para retrasar pagos a gestores farmacéuticos y prestadores de servicios, y deberán garantizar un flujo oportuno de recursos para evitar afectaciones en la atención de los usuarios.Por su parte, la Superintendencia Nacional de Salud deberá reforzar las acciones de inspección, vigilancia y control frente a las entidades que incumplan con la entrega de medicamentos, especialmente en casos relacionados con menores de edad, pacientes crónicos y poblaciones especiales. La entidad también podrá imponer sanciones y trasladar hallazgos a la Fiscalía General de la Nación cuando identifique posibles irregularidades.
En el aeropuerto internacional de Ciudad de Panamá fue inadmitido un estadounidense que pretendía volar hacia Medellín, al parecer, para realizar explotación sexual con menores de edad. El extranjero fue enviado de regreso a territorio norteamericanoLa explotación sexual de niños, niñas y adolescentes en Medellín siguen siendo un problema que traspasa fronteras no solo por quienes llegan a la ciudad a hacer está aberrante práctica, sino porque autoridades internacionales están encontrando hombres con intenciones de volar a la capital de Antioquia con fines de explotación sexual con menores.Es el caso más reciente que reportó Migración Panamá en donde informó que un hombre procedente de Estados Unidos fue indmitido del aeropuerto internacional de Tocumen en Ciudad de Panamá tras arrojar alertas por delitos sexuales.Lo que se ha podido conocer es que el extranjero intentaba hacer paso por territorio panameño para luego viajar de manera directa a Medellín con el fin, presuntamente, de hacer actividades de explotación sexual con menores de edad.Al norteamericano que está involucrado en presuntos delitos relacionados con la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes se le impidió el ingreso a Ciudad de Panamá, aplicando las disposiciones contempladas con la ley y fue devuelto a Estados Unidos.Hay que mencionar que hace poco se conocieron dos casos, un rumano y guatemalteco, que alcanzaron a llegar hasta Antioquia pero fue sorprendido por las autoridades migratorias en el aeropuerto internacional José Maria Córdova desde donde fueron inadmitidos por inconsistencias y alertas por delitos sexuales.A esto se suma un ciudadano mexicano que también llegó hasta la terminal aérea del Oriente antioqueño y que fue regresado a su país de origen luego de determinar que tenía antecedentes por delitos sexuales con menores de edad.De acuerdo a cifras de Migración Colombia, a la fecha son cerca de 60 los extranjeros que han sido inadmitidos en esta terminal aérea por motivos relacionados con explotación sexual, mientras que en todo 2025 la cifra alcanzó los 110 casos.
