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El Fomag le falló al país y a los profesores: la radiografía que entrega el saliente Supersalud

Más de $210.000 millones en inconsistencias financieras, $19.890 millones en anticipos sin soportes y un deterioro patrimonial de $1,19 billones fueron algunos de los hallazgos que encontró la Superintendencia Nacional de Salud en la auditoría al FOMAG.

Superintendente de Salud, Daniel Quintero
Superintendencia de Salud.

La Superintendencia Nacional de Salud reveló los resultados de una auditoría al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG), en la que identificó 34 hallazgos administrativos, tres fiscales, tres disciplinarios y dos penales, que serán trasladados a la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República. Durante la presentación del informe, el superintendente Daniel Quintero aseguró que “el FOMAG le falló al país y a los profesores” y afirmó que “hay indicios de corrupción en el FOMAG”, por lo que los hallazgos serán puestos en conocimiento de las autoridades competentes.

El funcionario recordó que la Superintendencia ya había impuesto 13 medidas cautelares al FOMAG y señaló que las distintas administraciones del fondo solo han cumplido cuatro. Además, cuestionó el funcionamiento del modelo al asegurar que “tenía que ser más estricto que nunca y eso no pasó”.

Entre los principales hallazgos, la auditoría evidenció graves deficiencias en el manejo de la información financiera y administrativa. La Supersalud encontró inconsistencias por $210.000 millones en los reportes de pagos y deudas con la red prestadora, además del uso de hojas de Excel para administrar un presupuesto superior a $4 billones. Sobre este punto, Quintero afirmó que “el FOMAG es un desastre en el manejo de la información” y agregó que “no saben qué deben, no saben a quién se le pagó, no saben cuánto falta por pagar y no saben si lo que pagaron hace sentido”.

La auditoría también encontró que el deterioro patrimonial del fondo pasó de $250 millones en 2024 a $1,19 billones, mientras que las cuentas por pagar ascienden a $2,3 billones. Asimismo, identificó $19.890 millones en anticipos sin soportes que acreditaran la prestación de servicios y un presunto pago de $475 millones en viajes para 146 personas que, según el cruce de información realizado por la Superintendencia, no corresponden a docentes, familiares, cuidadores ni funcionarios del FOMAG.

Daniel Quintero, SuperSalud

En materia de medicamentos, la Supersalud reportó 59.843 facturas con valores superiores al precio máximo regulado. Como ejemplo, expuso un medicamento cuyo precio regulado era de $1,23 millones, pero fue facturado por $16 millones. Frente a estos hallazgos, Quintero afirmó: “Esto es realmente dramático porque es la plata de los colombianos, es la plata de los maestros”, y añadió que “se están robando la plata de los medicamentos. Esto es literalmente un robo”. Además, la auditoría evidenció que solo el 8,9 % de las entregas de medicamentos se realizaron dentro del plazo de 48 horas, mientras que el 91,1 % incumplió ese tiempo.

El informe también muestra un aumento de las reclamaciones de los docentes por la atención en salud. Las peticiones, quejas y reclamos pasaron de 31.000 en 2024 a 44.000 en 2025 y, entre enero y abril de 2026, ya sumaban 17.000. Según la Superintendencia, el 96 % de estas quejas corresponde a barreras de acceso, principalmente por negación de servicios, demoras en autorizaciones y retrasos en la entrega de medicamentos. Las tutelas también aumentaron, al pasar de cerca de 5.000 a casi 7.000, y solo en el primer trimestre de 2026 ya se habían presentado alrededor de 3.000.

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Finalmente, Quintero cuestionó el diseño del modelo de salud del magisterio al afirmar que “se montó el modelo sobre un modelo ya fracasado, en lugar de iniciar algo nuevo”. También aseguró que algunos de los responsables de administrar el fondo “no tuvieron el valor para hacer los cambios que había que hacer” y sostuvo que “al interior del FOMAG hay unas fuerzas que no quieren el cambio”. Además, calificó como un “error estructural” la composición de la junta directiva del fondo, al considerar que la ausencia del Ministerio de Salud en ese órgano de dirección evidencia fallas en la gobernanza del sistema.

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