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Ordenan reactivar auditoría de la SuperSalud a la Alcaldía de Medellín

El titular de esa entidad, el exalcalde Daniel Quintero, aseguró que un grupo de funcionarios volvieron a La Alpujarra para continuar con las diligencias.

Alcaldía de Medellín.
Alcaldía de Medellín.
Foto: suministrada.

Sigue la polémica alrededor de las auditorías ordenadas en las últimas semanas por parte de la Superintendencia de Salud a entidades que hacen parte de la Gobernación de Antioquia y a la misma Alcaldía de Medellín.

Y es que luego que hace pocos días el Juzgado 21 Laboral del Circuito de Medellín concediera una medida cautelar dentro de una tutela presentada por el Distrito para proteger su derecho al debido proceso mientras se estudiaba el caso de fondo, en las últimas horas el despacho se pronunció ordenando la reactivación de la actuación de esa entidad del Gobierno nacional.

Así lo indicó el superintendente de Salud, Daniel Quintero, quien indicó que a las instalaciones de la administración distrital retornarán funcionarios para revisar la gestión de los recursos y la prestación de los servicios de salud en la ciudad.

"Nuestro equipo de auditores va camino a la alcaldía de Medellín para reanudar el proceso de auditoría que el alcalde Federico Gutiérrez trató de parar de todas las maneras. Esta Superintendencia no se va a detener ante ninguna estrategia dilatoria y va a seguir cumpliendo su misión de batalla contra la corrupción", dijo.

El juzgado inicialmente indicó que había encontrado elementos suficientes para considerar que existían "cuestionamientos serios y plausibles" sobre la imparcialidad del proceso, sin embargo, ahora de fondo determinó la acción como legal y legítima en el marco de las funciones de inspección y vigilancia de la Superintendencia.

Desde el distrito se ha cuestionado asuntos como la presencia de varios funcionarios, entre ellos Juan David Duque, que habían tenido vínculos con la administración de Quintero en la capital antioqueña, lo que podía afectar la imparcialidad de la acción.

De igual manera, la administración alegó que que los tiempos otorgados para responder 56 requerimientos eran insuficientes y limitaban el ejercicio del derecho de defensa.

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