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Prevaricato por acción y peculado por apropiación son los cargos por los que deberán responder los magistrados del Tribunal Administrativo de Atlántico, Judith Inmaculada Romero Ibarra y Luis Carlos Martelo Maldonado, así como el ex procurador judicial Simón Miguel Ackerman Sánchez, a partir de la reciente imputación que hizo la Fiscalía en contra de ellos.
La investigación surge, según la Fiscalía, “por presuntas actuaciones irregulares” que habrían cometido los funcionarios y las cuales “permitieron la venta de dos predios, conocidos como Cuba y Casablanca, ubicados en el corredor vial entre Barranquilla y Puerto Colombia”.
“Las evidencias recopiladas indican que, entre 2009 y 2010, los funcionarios avalaron un acuerdo que dio vía libre a la comercialización directa de los terrenos, desconociendo que ambos estaban afectados con medidas cautelares con fines de extinción de dominio”, indicó el ente acusador, añadiendo que “la transacción en su momento ascendió aproximadamente a 3.500 millones de pesos, una cifra muy por debajo del valor real, que superaba los 36.000 millones”.
Así, la Fiscalía sostiene que la aprobación de esta operación habría favorecido a particulares y generado un detrimento patrimonial cercano a los 20.000 millones en el caso de Casablanca. “En cuanto al predio Cuba, se configuró una tentativa de apropiación, al no consumarse plenamente el daño”, aclara.
Los elementos materiales probatorios, además, dan cuenta de que el entonces procurador y los dos magistrados “tendrían conocimiento de las limitaciones que recaían sobre los bienes, pero aun así facilitaron la venta”.
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