A pocas semanas de la presentación de la nueva generación de celulares de Apple, comienzan a conocerse estimaciones sobre el precio que tendría el iPhone 18. Aunque la compañía aún no confirma el valor oficial, filtraciones publicadas por The Wall Street Journal anticipan que el dispositivo llegaría con un incremento frente a modelos anteriores, una noticia que ya genera expectativa entre quienes esperan renovar su teléfono.Las proyecciones indican que el aumento estaría relacionado con la crisis global de componentes, especialmente memorias de almacenamiento y sistemas para cámaras, lo que podría impactar el costo final del equipo cuando llegue al mercado.Además del precio, también se esperan cambios en la capacidad de almacenamiento y en la oferta de colores, dos aspectos que suelen llamar la atención de los usuarios en cada lanzamiento.¿Cuánto costaría el iPhone 18 Pro y Pro Max?Según la información divulgada, el iPhone 18 tendría un precio aproximado de 1.399 dólares en Estados Unidos. Al convertir ese valor a pesos colombianos, el costo rondaría los $4.460.000, aunque la cifra dependerá de la tasa de cambio vigente al momento del lanzamiento.Las proyecciones para los demás modelos son las siguientes:iPhone 18: cerca de $4.800.000.iPhone 18 Pro: alrededor de $6.000.000.iPhone 18 Pro Max: aproximadamente $6.705.000.Los valores aún no son oficiales y podrían variar según el comportamiento del dólar y los costos de fabricación antes de que Apple anuncie la nueva línea de dispositivos.¿Cuántos meses debe trabajar para comprar un iPhone 18 Pro?Tomando como referencia el salario mínimo de 2026, que con el auxilio de transporte equivale a $2.000.000 mensuales, un trabajador necesitaría destinar el ingreso completo de tres meses para comprar un iPhone 18 Pro, cuyo precio estimado es de $6.000.000.En otras palabras, el costo del equipo representa el equivalente a tres salarios mínimos mensuales. En el caso del iPhone 18 Pro Max, la cifra superaría los tres meses de trabajo, mientras que el modelo base equivaldría a cerca de dos meses y medio de ingresos.Este cálculo parte de un escenario hipotético en el que la persona pudiera destinar la totalidad de su ingreso a comprar el celular, es decir, sin gastar dinero en arriendo, alimentación, transporte, servicios públicos u otras necesidades básicas. En la práctica, para la mayoría de los colombianos ese ahorro tomaría mucho más tiempo, ya que una parte importante del salario se destina a cubrir los gastos mensuales del hogar.Si se tienen en cuenta esos costos cotidianos, el tiempo necesario para comprar el dispositivo podría superar ampliamente los tres meses, dependiendo de la capacidad de ahorro de cada persona y de sus obligaciones financieras.¿Qué novedades tendría el iPhone 18?Además del posible incremento en el precio, los rumores apuntan a cambios en el diseño y las especificaciones del equipo.Entre las novedades que más han trascendido se encuentran una mayor capacidad de almacenamiento, que partiría desde los 256 GB, y una nueva gama de colores, con predominio de tonos oscuros.Por ahora, Apple no ha confirmado estas características ni los precios oficiales. Será durante el evento de lanzamiento cuando la compañía revele las especificaciones definitivas y el valor con el que llegará al mercado la nueva familia iPhone 18.
Las visitas de inspección del Ministerio del Trabajo se han intensificado durante 2026 y las empresas deben estar preparadas para responder a estos controles, que pueden realizarse sin previo aviso. De acuerdo con un informe de Grupo Soluciones Legales, los incumplimientos en materia laboral no solo pueden afectar la operación de una organización, sino también traducirse en sanciones de hasta 5.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes.Desde 2022, la cartera laboral ha realizado más de 61.000 inspecciones en todo el país. El aumento de las revisiones responde, entre otros aspectos, al seguimiento del cumplimiento de la reducción gradual de la jornada laboral y de las demás obligaciones contempladas en la normativa vigente.¿Qué revisa el Ministerio del Trabajo durante una inspección?Según Alexander Grajales, director ejecutivo de Grupo Soluciones Legales, las visitas buscan verificar que las empresas cumplan integralmente la legislación laboral y respeten los derechos de los trabajadores. Entre los aspectos que con mayor frecuencia revisan los inspectores se encuentran los contratos laborales, las jornadas de trabajo, el pago de horas extras, el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), el Reglamento Interno de Trabajo y las políticas relacionadas con el acoso laboral, el acoso sexual, la discriminación y la desconexión laboral.El directivo explicó que muchas de las sanciones se originan en incumplimientos que podrían evitarse mediante revisiones periódicas de la documentación y de los procesos internos de las compañías.¿Cuáles son los errores que más generan sanciones?De acuerdo con Grajales, entre las irregularidades más comunes figuran la ausencia de contratos escritos, reglamentos internos inexistentes o desactualizados, sistemas de seguridad y salud en el trabajo incompletos, jornadas laborales que superan los límites permitidos, horas extras sin remunerar y el incumplimiento de la reducción gradual de la jornada laboral.Por esa razón, recomendó mantener toda la documentación disponible y actualizada para atender cualquier visita de inspección sin contratiempos y evitar procesos sancionatorios.¿Cómo prepararse para una visita del Ministerio del Trabajo?El director ejecutivo de Grupo Soluciones Legales señaló que la mejor estrategia consiste en construir una cultura permanente de cumplimiento y no esperar a que se anuncie una inspección. Para ello recomendó realizar auditorías internas periódicas, revisar la documentación laboral, actualizar las políticas obligatorias, capacitar al personal encargado de talento humano y apoyarse en especialistas que acompañen la implementación de los requisitos legales.Grajales advirtió que muchas empresas reaccionan únicamente cuando reciben un requerimiento oficial, aunque en ese momento ya puede ser tarde para corregir las fallas. A su juicio, el mayor riesgo no es la visita del Ministerio del Trabajo, sino llegar a ella sin la preparación necesaria, pues una auditoría interna realizada con anticipación puede marcar la diferencia entre un llamado de atención y una sanción de gran impacto económico.
El presidente del Consejo de Estado, Alberto Montaña Plata, quien está en Barranquilla participando como conferencista en el Segundo Encuentro Nacional de Contralores, recordó que la decisión que revocó el auto que suspendía provisionalmente el alza del salario mínimo en un 23,7 %, y que fue notificada hoy, obedece a una actuación de la Sección Segunda del Consejo de Estado en el trámite de un recurso de súplica.Así las cosas, el magistrado Montaña explicó que la Sala revocó el auto porque, para decretar una suspensión provisional, no solamente debe hacerse un juicio de valor sobre la presunta contradicción normativa, sino también una evaluación de los posibles efectos nocivos que ese acto administrativo podría generar para la población, circunstancia que, según indicó, no se demostró."¿Qué nos dice el fallo? En este caso no se constatan esos efectos nocivos, porque las falencias que se detectaron en el primer decreto fueron corregidas".El magistrado Montaña Plata agregó que la acción de nulidad contra el alza del salario mínimo continúa su trámite y deberá dar lugar a una decisión definitiva.Acerca de la deliberación que se dio, el magistrado destacó que en la Sección Segunda se presentaron dos salvamentos de voto.Sobre la decisión de no suspender provisionalmente la prima de los congresistas decretada por el Gobierno, el funcionario explicó que esta se tomó porque la suspensión también podría afectar a otros funcionarios públicos, como los de la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y la Rama Judicial, lo que atentaría contra la independencia judicial y el principio de igualdad.
El Consejo de Estado revocó la suspensión provisional del decreto expedido por el Gobierno del presidente Gustavo Petro que fijó en 23 % el incremento del salario mínimo legal. Con esta decisión, la Sección Segunda concluyó que no existían razones suficientes para mantener la suspensión mientras se resuelve de fondo la demanda de nulidad presentada contra esa norma.En la providencia, la corporación resolvió “Revocar el auto del doce (12) de febrero de dos mil veintiséis (2026), mediante el cual se decretó la suspensión provisional de los efectos del Decreto 1469 del 29 de diciembre de 2025”. Asimismo, decidió “Negar la medida cautelar de suspensión provisional respecto del Decreto 1469 de 2025 que fijó en 23% el porcentaje de incremento del salario mínimo para 2026 y las demás medidas solicitadas”, además de “Dejar sin efectos la medida cautelar innominada” .La Sala explicó que, al estudiar los recursos presentados contra la decisión que suspendió el decreto, encontró que “los recurrentes coinciden en manifestar que en la providencia del 12 de febrero de 2026 la decisión sobre las medidas cautelares superó el juicio provisional que las caracteriza (…) para, en su lugar, adoptar una decisión de naturaleza anticipativa”, cuando en esa fase solo corresponde establecer de manera inicial si existen elementos que justifiquen suspender un acto administrativo.El Consejo de Estado recordó que el auto objeto de revisión había adoptado dos medidas, la suspensión provisional del decreto demandado y una medida cautelar innominada mediante la cual se ordenó al Gobierno expedir y publicar un nuevo decreto fijando un aumento transitorio del salario mínimo para la vigencia 2026. Para la corporación, esa decisión implicó un análisis que debía reservarse para la sentencia definitiva.En la providencia, la Sala sostuvo que las posibles irregularidades advertidas inicialmente no estaban relacionadas con una confrontación directa entre el decreto y las normas presuntamente vulneradas, sino con cuestionamientos sobre la motivación del acto administrativo. Al respecto, señaló que “estas discusiones dan cuenta de que aquellas posibles irregularidades detectadas en sede de medida cautelar, en definitiva, no tenían que ver con la confrontación del acto con la normativa invocada como lesionada, sino con un juicio en cuanto a su motivación”.Finalmente, el Consejo de Estado precisó que “resulta más adecuado a la finalidad del medio de control de nulidad, concentrar el juicio de legalidad en el acto administrativo inicialmente demandado y reservar para la sentencia su análisis integral”.Por ahora, el incremento para el salario mínimo que se decidió en diciembre del 2025 permanecerá vigente, hasta que exista un juicio definitivo sobre el proceso y se defina su legalidad.
A partir del 1 de julio entró en vigor un nuevo incremento en el recargo por laborar durante los días de descanso obligatorio en Colombia. La medida, contemplada en la reforma laboral, elevó el recargo del 80 % al 90 %, acercándose al objetivo de restablecer el pago del 100 % a partir de julio de 2027.En entrevista con Néstor Morales en Mañanas Blu, el viceministro de Trabajo, Iván Jaramillo, explicó los alcances de la medida, quiénes serán los principales beneficiados y cómo deberán calcular empleadores y trabajadores el nuevo valor de las horas laboradas durante domingos y festivos.Así se calculará el nuevo pago por trabajar un domingoEl funcionario explicó que el aumento no requiere ningún trámite adicional por parte de las empresas, pues su aplicación es automática desde el 1 de julio. "Desde el 1 de julio, cuando un trabajador o trabajadora labora en días de descanso obligatorio, ya no recibe un recargo del 80 %, sino del 90 %. El otro año, el 1 de julio, vamos a aumentar al 100 %", aseguró Jaramillo.Para ilustrar el impacto de la medida, el viceministro realizó el cálculo con base en el salario mínimo vigente de 1.750.000 pesos. Según explicó, el valor del día corresponde a 58.300 pesos, mientras que la hora ordinaria equivale a 7.292 pesos.Sobre ese valor se aplica ahora un recargo del 90 %, equivalente a 6.563 pesos, por lo que una hora trabajada durante un domingo o un día de descanso obligatorio tendrá un valor aproximado de 13.855 pesos."Si tú trabajaste una hora, yo te pago 7.292 pesos, pero como era día de descanso obligatorio, le adicionas el recargo y la hora termina costando 13.855 pesos", explicó.Turismo, transporte y restaurantes, entre los más beneficiadosEl Ministerio de Trabajo estima que cerca de 962.000 trabajadores serán los principales favorecidos con esta modificación, especialmente aquellos vinculados a actividades económicas donde el trabajo durante fines de semana y festivos es habitual.Entre los sectores con mayor impacto figuran el turismo, los servicios de alojamiento, la gastronomía y el transporte, actividades que concentran una alta demanda laboral durante los días de descanso obligatorio."Estamos hablando de aproximadamente 962.000 trabajadores y trabajadoras que van a recibir un incremento en los recargos por laborar en días de descanso obligatorio", señaló el viceministro.El recargo también aplica para horas extrasDurante la entrevista también se aclaró que el nuevo porcentaje del 90 % no reemplaza el pago de las horas extras, sino que ambos conceptos se acumulan cuando corresponda.En ese sentido, una hora extra diurna trabajada en un día de descanso obligatorio deberá liquidarse sumando el recargo del 90 % más el 25 % correspondiente a la hora extra. Si la labor se desarrolla en horario nocturno, se adicionará el recargo del 75 % previsto para ese tipo de jornada. Esta precisión busca evitar errores en la liquidación de nómina y garantizar el cumplimiento de las nuevas disposiciones laborales.Desde el 15 de julio la jornada laboral será de 42 horas semanalesOtro de los cambios que comenzará a regir este mes será la reducción de la jornada laboral semanal, una medida derivada de la Ley 2101 de 2021.Desde el 15 de julio, la jornada máxima pasará de 44 a 42 horas semanales, sin disminución salarial para los trabajadores. El viceministro recordó que la reforma laboral también estableció nuevamente un límite máximo de ocho horas diarias, por lo que las empresas deberán reorganizar la distribución de sus turnos respetando tanto el nuevo máximo semanal como el límite diario."La jornada la deben distribuir las empresas respetando el máximo de jornada legal de 42 horas semanales. Si se exceden esas 42 horas, ya estamos hablando de trabajo suplementario", indicó.Cambia el concepto de recargo dominicalUno de los aspectos jurídicos destacados por el funcionario es que la legislación deja de hablar exclusivamente de "recargo dominical" para referirse al recargo por trabajo en día de descanso obligatorio. Esto significa que el beneficio también cobija a quienes, por acuerdo con su empleador, tienen asignado un día diferente al domingo como jornada de descanso.Además, Jaramillo recordó que quienes trabajen ocasionalmente hasta dos días de descanso obligatorio al mes podrán escoger entre recibir el recargo o un día compensatorio. En cambio, quienes laboren tres o más días de descanso obligatorio mensualmente tendrán derecho tanto al pago del recargo como al descanso compensatorio.El Día de la Familia pasa a ser opcionalDurante la conversación también se abordó el futuro del denominado Día de la Familia. Según explicó el viceministro, con la entrada en vigor de la reforma laboral este beneficio deja de ser una obligación para las empresas y pasa a convertirse en una jornada opcional que podrá ser promovida conjuntamente con las cajas de compensación. Aunque el Gobierno manifestó su expectativa de que las empresas mantengan este espacio, la decisión final quedará en manos de cada empleador.
Para muchos trabajadores en Colombia junio es uno de los meses que más esperan con ansias, pues es cuando los empleadores deben pagar la prima de mitad de año.Esta prestación social es obligatoria en el país y corresponde a 30 días de salario por cada semestre trabajado, o un valor proporcional si el empleado no completó todo el período.De igual forma, el pago debe hacerse máximo hasta el 30 de junio de 2026 y aplica para la mayoría de trabajadores dependientes, sin importar su tipo de contrato.¿Quiénes tienen derecho a la prima de servicios?Tienen derecho a la prima quienes estén vinculados mediante un contrato laboral, ya sea a término fijo o indefinido, incluyendo trabajadores domésticos y empleados de tiempo parcial.Pero, no aplica para contratistas por prestación de servicios, personas con salario integral ni aprendices en etapa lectiva.Además, aunque la fórmula para calcular la prima no cambió con la reforma laboral reciente, sí es importante tener en cuenta que factores como recargos nocturnos, dominicales y horas extra hacen parte de la base del cálculo.Los errores más comunes al calcular la prima de mitad de añoEn el momento en que un empleador se pone en la tarea de calcular la prima de sus trabajadores, pueden ocurrir errores y los más frecuentes son los siguientes:No incluir el auxilio de transporte en la liquidación. Este beneficio debe sumarse al salario cuando el trabajador gana hasta dos salarios mínimos, por lo que dejarlo por fuera puede generar un pago inferior al que corresponde.No tener en cuenta los ingresos variables. Si el trabajador recibe comisiones, horas extra o recargos, estos deben promediarse para calcular correctamente el salario base. Ignorarlos afecta directamente el valor final de la prima.Calcular la prima como si el empleado hubiera trabajado todo el semestre, incluso cuando no es así. En estos casos, el pago debe hacerse proporcional al tiempo laborado, teniendo en cuenta los días realmente trabajados.Incluir días que no deben contarse, como licencias no remuneradas o suspensiones del contrato. Estos períodos deben excluirse del cálculo, ya que no hacen parte del tiempo trabajado.Según la ley, cometer estos errores puede acarrear sanciones para los empleadores, por ello deben garantizar un pago justo a los trabajadores.
La prima de servicios es un beneficio laboral muy esperado por los trabajadores en Colombia en junio y diciembre. Sin embargo, es importante saber cómo calcularla correctamente, pues equivale a un mes de salario por cada año trabajado, o proporcional al tiempo laborado. Siga el paso a paso para aprender a calcular la prima y resolver algunas dudas comunes al respecto.¿Cómo calcular la prima de servicios?Primero determine el salario base, que se calcula sumando el salario mensual del trabajador más el auxilio de transporte. El auxilio de transporte debe incluirse porque forma parte de la base de las prestaciones sociales.Luego, calcule los días trabajados en el período correspondiente (junio o diciembre). Esto incluye días laborables y no laborables.Finalmente, aplique la fórmula para calcular la prima de servicios: Prima de servicios = (Salario base x Días trabajados) / 360. Para mayor facilidad, puede hacer sus cuentas en el siguiente espacio.Ejemplo: Un trabajador que gana un salario mensual de $3.000.000 y ha trabajado 120 días en el primer semestre del año (junio) tendría una prima de servicios de: prima de servicios = ($3.000.000 x 120 días) / 360 = $1.000.000.¿Cuándo se paga la prima de servicios?Prima de junio: debe pagarse a más tardar el 30 de junio de cada año.Prima de diciembre: debe pagarse a más tardar el 20 de diciembre de cada año.¿Qué pasa si el empleador no paga la prima de servicios?El empleador que no pague la prima de servicios en las fechas establecidas incurrirá en una sanción moratoria. Esta sanción consiste en pagar al trabajador un día de salario por cada día de retraso en el pago. Además, la empresa podría enfrentar multas de hasta 6.000 millones de pesos.¿Quiénes no reciben la prima de servicios?Trabajadores independientes: no tienen un contrato laboral formal con una empresa, por lo que no reciben este beneficio.Aprendices: no tienen un contrato laboral formal y están en proceso de formación, por lo que no reciben la prima de servicios.Trabajadores temporales: su contrato tiene una duración determinada y no reciben la prima de servicios a menos que trabajen durante un período mínimo establecido por ley.
En medio del debate electoral y de versiones que han circulado en redes sociales sobre sus propuestas económicas, el candidato presidencial Abelardo De La Espriella volvió a pronunciarse sobre el salario mínimo y aseguró que, de llegar a la Casa de Nariño, no impulsará una reducción de este ingreso para los trabajadores colombianos."El salario mínimo no se puede bajar. Ya se lo dieron a la gente y no podemos generarle esa decepción al pueblo", señaló el aspirante a la Presidencia.Según De La Espriella, la discusión no debe centrarse en revertir una decisión ya adoptada, sino en encontrar mecanismos que permitan a las empresas asumir los mayores costos laborales sin afectar la generación de empleo. En ese sentido, propone una reducción de cargas tributarias para el sector productivo como una forma de compensar el impacto del aumento salarial.El candidato también afirmó que en las empresas vinculadas a su actividad privada ordenó aplicar de inmediato el nuevo salario mínimo una vez fue anunciado, incluso cuando existía la posibilidad de que la medida fuera suspendida por decisiones judiciales.Durante una entrevista reciente con la Revista Semana, De La Espriella aprovechó para exponer su visión sobre el mercado laboral y criticó lo que denominó la "psicología del diminutivo", una expresión con la que cuestiona que el debate económico se concentre únicamente en garantizar ingresos básicos.A su juicio, el objetivo debe ser que los trabajadores tengan mayores oportunidades de crecimiento económico, emprendimiento y generación de ingresos. De La Espriella afirmó que su apuesta está encaminada a estimular la actividad empresarial y el crecimiento económico sin modificar el aumento salarial ya otorgado a los trabajadores.
Los efectos de la reforma laboral, el incremento del salario mínimo y la reducción progresiva de la jornada laboral ya comienzan a sentirse con fuerza en las empresas colombianas. Así lo advierte el más reciente sondeo empresarial presentado por FENALCO, que evidencia un deterioro en la sostenibilidad empresarial, el empleo formal y la competitividad del país.De acuerdo con la Bitácora Express del gremio, el 64 % de las empresas aseguró haber reducido su planta de personal como consecuencia directa del aumento de los costos laborales. Dentro de ese grupo, un 44 % reportó recortes moderados y un 20 % reconoció disminuciones significativas en sus nóminas.“El 80 % de las empresas ajustó su presupuesto de costos laborales y tomó medidas relacionadas con ese ítem. Adicionalmente, se han tomado otra serie de medidas; por ejemplo, el 51 % de las empresas ha reducido horarios nocturnos y también el 25 % de ellas ha adoptado sistemas de automatización e innovación tecnológica para reducir los costos laborales”, indicó Jaime Alberto Cabal.El informe también revela que el 61 % de los empresarios reportó incrementos significativos en los costos laborales y otro 32 % calificó el aumento como moderado. Solo el 15 % de las empresas considera que estaba preparado para asumir este nuevo escenario económico, mientras que el 45 % reconoce haber tenido poca o ninguna capacidad de adaptación.Ante esta presión financiera, las compañías han comenzado a aplicar medidas para contener el impacto. La automatización de procesos lidera las estrategias adoptadas con un 25 %, seguida de ajustes de precios al consumidor (23 %) y la reducción de personal (22 %).Sin embargo, el gremio advirtió que las empresas están llegando al límite de su capacidad de maniobra. Mientras en febrero el 31 % de las compañías trasladaba los mayores costos a precios, ahora muchas están absorbiendo el impacto reduciendo márgenes de ganancia, una práctica que pasó del 11 % al 22 %.“La capacidad de absorber costos tiene un límite y eso termina afectando la sostenibilidad de las empresas y la generación de empleo formal”, advirtió Cabal.La automatización también avanza como respuesta al aumento de costos. El 53 % de las empresas aseguró haber fortalecido procesos tecnológicos de manera moderada o significativa y otro 16 % prevé implementar nuevas automatizaciones en lo que queda de 2026.“De mantenerse esta tendencia, el país podría enfrentar un debilitamiento progresivo del tejido productivo y una menor capacidad de generación de empleo formal”, concluyó Jaime Alberto Cabal.Para el gremio, las señales son claras: la pérdida de competitividad frente a la informalidad, la reducción de la inversión y las dificultades para sostener el empleo formal se están convirtiendo en las principales preocupaciones del sector empresarial.
El aumento en el costo de vida ya golpea con fuerza el bolsillo de los bumangueses. En Bucaramanga, cada vez son más las familias que aseguran que el salario no alcanza para cubrir los gastos básicos y que actividades cotidianas como hacer mercado, pagar el arriendo o salir a comer se han convertido en un verdadero desafío económico.Habitantes de la ciudad afirman que el incremento en los precios ya se siente en el día a día. “Ya lo que hacía mercado antes no alcanza. Hay muchas cosas que han subido bastante de valor y realmente el salario no alcanza para cubrir los gastos”, expresó Ángel Durán, residente de Bucaramanga.El panorama también afecta los espacios de entretenimiento y las salidas familiares. “Sale uno una salidita y son 100 mil pesos. Todo cuesta muy caro”, aseguró Claudia Lizarazo, quien considera que actualmente es más difícil disfrutar actividades que antes eran habituales para muchas familias.De acuerdo con expertos y reportes económicos, entre los productos y servicios que más han aumentado en Bucaramanga se encuentran los alimentos, las comidas fuera del hogar, los arriendos y el transporte. La situación ha obligado a numerosos hogares a reducir gastos, cambiar hábitos de consumo y limitar actividades recreativas.La economista Isabel Cristina Rincón explicó que Bucaramanga es una ciudad con una dinámica económica basada en el consumo, situación que hace más visible el impacto de la inflación en la vida diaria de los ciudadanos.“Somos una ciudad que consume bastante y eso hace parte de la estructura económica. Entonces se ve representado en la mesa: ya no podemos comprar los mismos alimentos, no nos podemos desplazar de la misma manera y tampoco tener la misma diversión”, señaló la PhD en Economía.El incremento en el valor de la vivienda también se ha convertido en otro factor determinante. Según la analista, la llegada de nuevos habitantes y el crecimiento urbanístico de Bucaramanga han impulsado el aumento en los precios de arriendos y propiedades.“Bucaramanga es una ciudad muy próspera, mucha gente ha llegado a vivir aquí y eso ha incrementado el valor de la vivienda. Aun así, la ciudad mantiene calidad de vida y es una región preparada para crecer en los próximos años”, agregó.Mientras tanto, ciudadanos aseguran que la capacidad de ahorro prácticamente desapareció. “Ya no puede uno guardar nada de ahorro. El ahorrito ya no se puede, toca sacar día a día y mirar cómo conseguir plata por otros lados, trabajando honradamente”, manifestó Luis Orlando Soto.El fenómeno coincide con un contexto nacional marcado por el aumento sostenido en productos de la canasta familiar, servicios públicos y costos de transporte, factores que afectan especialmente a las ciudades intermedias como Bucaramanga, donde gran parte de la economía depende del comercio y el consumo interno.En las calles de la capital santandereana el sentimiento parece ser generalizado: mantener el mismo estilo de vida de hace algunos años es cada vez más difícil y muchas familias han tenido que ajustar su presupuesto para enfrentar el aumento del costo de vida.
Tras el terremoto de magnitud 7,4, con epicentro en San José del Palmar, Chocó, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses informó que ha recibido 160 cuerpos provenientes de los departamentos de Chocó, Caldas, Risaralda y Valle del Cauca.De acuerdo con el reporte entregado por el Instituto, hasta el momento han sido abordados 28 cuerpos y los equipos forenses han logrado identificar plenamente a 22 víctimas. Entre las personas identificadas figuran tres procedentes de Manizales: Fernando Alonso González, Catalina Arango Sandoval y Oscar De Jesús Henao Marín.En Pereira se concentran la mayoría de las identificaciones reportadas hasta el momento. Las víctimas plenamente identificadas en esta ciudad son Lina María Rodas Cuadros, Julián Andrés Mejía Moreno, Sandra Patricia Chica Montoya, Gilberto De Jesús Giraldo López, Pilar Jiménez Toquica, Sergiña Moncada Aguirre, María Araenzola González Gutiérrez, Paola Andrea Franco, Dargui González Guerrero, Angela María Acosta González, Juan Manuel Toro Sánchez, Wilson Largo Trejos, Luis Fernando Ossa Hernández, Pedro Nel Díaz Díaz, Aracely Daza Valencia y Roger David Ramírez Quiroz.También fueron identificadas tres personas procedentes de Buenaventura: Mabel Cristina Carvajal Posada, Martha Patricia Correa Grueso y Carlos Alberto Rosero Pretel.Medicina Legal explicó que, debido a las afectaciones registradas en la infraestructura de su sede en Cali, el Instituto trasladó temporalmente la prestación del servicio a los municipios de Palmira y Tuluá, donde cuenta con personal disponible para atender a la ciudadanía.El proceso de entrega de los cuerpos se realizará en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y en las sedes correspondientes de cada municipio.El Instituto señaló, además, que, a través de la Dirección General y la Subdirección Forense, participa en el Puesto de Mando Unificado Nacional (PMU) instalado por el presidente de la República. Desde ese espacio, Medicina Legal coordina con las entidades que integran el PMU la información oficial relacionada con la emergencia.
Un incendio forestal que comenzó el pasado viernes 10 de agosto en la vereda San Francisco, zona rural de Matanza, Santander, completa cinco días activo y ha consumido entre 15 hectáreas de cobertura vegetal. La emergencia se registra en una zona montañosa de difícil acceso, donde la falta de fuentes de agua cercanas ha complicado las labores de control.Oscar Durán, comandante de Bomberos de Matanza, explicó que las llamas avanzan en un sector con abundante vegetación, árboles y una zona de bosque de pinos, además de una gran cantidad de material vegetal seco conocido como capote, que facilita la propagación del fuego.Según el reporte entregado por el organismo de socorro, la emergencia habría comenzado después del mediodía del viernes. De acuerdo con información suministrada por habitantes de la zona, existe la sospecha de que el incendio habría sido provocado de manera intencional, situación que ya es objeto de investigación por parte de las autoridades.El trabajo de los organismos de emergencia se ha extendido durante varios días y ha coincidido con la atención de otros incendios forestales en municipios cercanos. "El domingo, las llamas se reactivaron y el lunes fue necesario reforzar las labores con tres motobombas estacionarias", señaló Durán.A la emergencia también acudió durante algunas horas el Cuerpo de Bomberos Oficiales de Bucaramanga, mientras que más de 30 habitantes de la zona se han sumado a las labores para intentar contener el avance del fuego.La principal dificultad está relacionada con el acceso al agua. El incendio se encuentra en una zona alejada de los puntos de abastecimiento, por lo que los bomberos y la comunidad han tenido que instalar un sistema para llevar el líquido hasta la parte alta de la montaña."Tuvimos que instalar cerca de 300 metros de conducción hasta una primera motobomba y posteriormente otros 300 metros para lograr acercar el agua hasta el punto donde se encuentran las llamas. Desde allí, la comunidad utiliza sus propias motobombas estacionarias para intentar atacar directamente el incendio", explicó el comandante de Bomberos de Matanza.El uso de herramientas manuales y pequeñas cantidades de agua ha sido insuficiente debido a la cantidad de material vegetal presente en el terreno. Por eso, los organismos de socorro buscan ahora llevar un mayor volumen de agua hasta la parte alta para avanzar en el control del incendio.Mientras continúan las labores, la Policía Nacional acompañó las operaciones en la zona para adelantar las verificaciones correspondientes frente a los señalamientos de habitantes de la comunidad sobre las personas que presuntamente habrían iniciado el incendio.
La empresa Metrogas S.A. explicó que las medidas adoptadas por las autoridades frente a la situación del Colegio Santa Lucía de Floridablanca obedecen a criterios de seguridad y están relacionadas con obras de ampliación ejecutadas por la institución educativa sin contar, según la empresa, con las licencias urbanísticas requeridas.De acuerdo con Metrogas, algunas de las construcciones nuevas del colegio fueron realizadas sobre el corredor de la red de gas natural, situación que derivó en actuaciones de las autoridades competentes y en la determinación de una infracción urbanística asociada a dichas obras.La empresa señaló que esta situación representaba un riesgo para la seguridad, debido a que la infraestructura de gas requiere mantener libre el corredor de la red para facilitar las labores de inspección, mantenimiento preventivo y correctivo, atención de posibles emergencias y demás actividades necesarias para garantizar una operación segura.Metrogas afirmó además que el Colegio Santa Lucía tenía conocimiento de la existencia de la red de gas natural desde años atrás. Como evidencia, mencionó oficios enviados en 2020 y 2024, así como la señalización visible instalada en el corredor para advertir sobre la ubicación de la infraestructura.Ante esta situación, la empresa recordó que antes de ejecutar obras o intervenciones es necesario verificar la existencia de redes de servicios públicos y coordinar cualquier actuación con las empresas responsables de su operación.En medio de la controversia, la Alcaldía de Floridablanca ha exigido al Colegio Santa Lucía cumplir con las medidas ordenadas por la Inspección de Policía, así como con las directrices establecidas por Metrogas frente a la infraestructura de gas natural.Según la información entregada en el marco del caso, el municipio sostiene que las actuaciones deben atender las disposiciones adoptadas por las autoridades competentes, mientras se garantiza la seguridad de estudiantes, docentes, trabajadores y demás integrantes de la comunidad educativa.Por su parte, el Colegio Santa Lucía ha manifestado reparos frente a las actuaciones adelantadas por las autoridades. La institución sostiene que la administración municipal no habría tenido en cuenta un peritaje contratado por el propio colegio.Según la institución educativa, dicho estudio concluye que el plantel puede continuar operando en condiciones normales, posición que contrasta con las consideraciones de seguridad expuestas por Metrogas y las medidas ordenadas por las autoridades.De esta manera, mientras Metrogas insiste en que existe un riesgo asociado a la ocupación del corredor de seguridad de la red de gas, el colegio defiende la posibilidad de continuar con sus actividades con base en el peritaje contratado por la institución.La compañía sostuvo que su actuación en este caso se ha limitado a informar a las autoridades sobre las condiciones de riesgo identificadas, entregar los conceptos técnicos solicitados y acatar las decisiones administrativas y judiciales que han sido adoptadas.Metrogas reiteró que su prioridad es garantizar la protección de la vida y la seguridad de la comunidad educativa, así como mantener la continuidad y operación segura del servicio público esencial de gas natural.La situación del Colegio Santa Lucía está relacionada con la ejecución de obras de ampliación en un área donde se encuentra infraestructura de la red de gas natural. La controversia ha requerido la intervención de las autoridades competentes, que determinaron la existencia de una infracción urbanística, mientras Metrogas ha insistido en la necesidad de preservar el corredor de seguridad de la red para garantizar el acceso a la infraestructura y atender eventuales emergencias.La Alcaldía de Floridablanca, por su parte, exige el cumplimiento de las medidas ordenadas por la Inspección de Policía y las directrices relacionadas con la seguridad de la red. Entretanto, el Colegio Santa Lucía sostiene que un peritaje contratado por la institución establece que sus instalaciones pueden continuar operando normalmente.El caso enfrenta así dos posiciones: la de Metrogas y las autoridades, que advierten sobre condiciones de seguridad asociadas a la infraestructura de gas, y la del colegio, que cuestiona las medidas y respalda la continuidad de sus actividades con base en el estudio técnico contratado.
En medio de la tensión por el terremoto, un incendio de cobertura vegetal en el municipio de Santa Fe de Antioquia, se salió de control dejando fuertes afectaciones en cultivos del Occidente antioqueño. En lo corrido del año van más de 60 incendios de este tipoLa conflagración, que habría iniciado como una quema controlada, se reportó desde la noche del lunes 10 de agosto y ha estado activo por más de 10 horas en el occidente antioqueño. Las autoridades ambientales recordaron que, en lo corrido del año, los consejos municipales de gestión del riesgo han reportado al DAGRAN un total de 306 emergencias, de las cuales 61 corresponden a incendios forestales.De acuerdo con los organismos de socorro, las labores de control se han dificultado debido a la elevada inclinación de las montañas en esta zona del cañón de Cativo, lo que impide el acceso seguro del personal de emergencia y la entrada de maquinaria pesada.Desde temprano, unidades de bomberos y la Defensa Civil trabajan de manera articulada para sofocar el incendio con máquinas extintoras y herramientas manuales, los organismos de socorro buscan contener las llamas y evitar que se extiendan hacia las viviendas de la zona rural."Se va a verificar la necesidad de apoyo por parte del departamento de la gobernación con helicópteros, pero estamos en la valoración. En este momento se encuentran los cuerpos de bomberos in situ. Ayer no se logró controlar todos los focos de los incendios. Hay un foco del incendio que se encuentra en un cañón de difícil acceso, entonces, es lo que estamos valorando en este instante", manifestó la directora del DAGRAN, Vanessa Paredes.Ante esta situación, la Gobernación de Antioquia y el DAGRAN reiteraron a la ciudadanía evitar todo tipo de quemas y no arrojar elementos inflamables en áreas verdes.
La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) anunció que el Congreso Empresarial Colombiano, que se realizará en Cartagena entre el 12 y el 14 de agosto, tendrá como eje central la solidaridad con las comunidades afectadas por el terremoto de 7,4 grados, cuyo epicentro fue el municipio de San José del Palmar, en el departamento del Chocó.Durante los tres días del Congreso se desarrollará una jornada de solidaridad empresarial que buscará concretar donaciones y articular recursos para atender la emergencia. Por eso, la ANDI habilitará diferentes rutas para recibir donaciones de dinero y en especie, entre ellas alimentos, elementos de higiene y artículos de primera necesidad. También se recibirán medicamentos, insumos, dispositivos y equipos médicos, de acuerdo con las necesidades identificadas en las comunidades afectadas. Para quienes quieran aportar dinero, la ANDI estableció dos opciones. Una está destinada a la atención humanitaria inmediata de las personas damnificadas en Abaco, a través de la plataforma habilitada por la organización, y la otra corresponde a la Fundación ANDI, cuyos recursos estarán dirigidos a los procesos de reconstrucción.Para esta segunda opción, la ciudadanía puede contribuir a través de la cuenta de ahorros de Bancolombia No. 04800004794, cuyo titular es la Fundación ANDI, con NIT 811003959-3. En cuanto a las donaciones en especie, la ANDI habilitó formularios para que empresas y ciudadanos puedan reportar sus aportes de alimentos, elementos de higiene y artículos de primera necesidad, así como medicamentos, insumos, dispositivos y equipos médicos.El presidente de la ANDI, Bruce Mac Master, hizo un llamado a las empresas y a los colombianos a sumar esfuerzos para apoyar a las comunidades afectadas. “Colombia ha demostrado que la unión es su mayor fortaleza; hoy es el momento de poner nuestras capacidades al servicio de quienes más lo necesitan”, concluyó el líder gremial.
