Las centrales obreras CUT, CGT y CTC expusieron las razones por las cuales proponen un incremento del 16 % del salario mínimo para 2026, luego de que no se lograra un acuerdo en la Comisión de Concertación de Políticas Salariales y Laborales Salvedades.
De acuerdo con los sindicatos, el salario mínimo actual no alcanza para cubrir las necesidades básicas de los trabajadores y sus familias. Para sustentar esta afirmación, citaron un estudio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que calcula que el costo mensual de una canasta básica para una familia de cuatro personas asciende a $3.141.188 en 2025, una cifra muy superior al salario mínimo vigente.
Según las centrales, esta brecha demuestra que el salario mínimo está lejos de cumplir con el principio constitucional de ser vital y móvil, es decir, permitir una vida digna que incluya alimentación, vivienda, salud, educación y otros gastos esenciales.
Otro de los argumentos clave es la deuda con los trabajadores por productividad. Las organizaciones sindicales aseguran que, en los últimos 20 años, los salarios no han crecido al mismo ritmo que la productividad laboral, lo que ha generado un rezago cercano al 32 %, según estudios basados en cifras oficiales del Dane.
Las centrales también rechazaron la idea de que un aumento del salario mínimo por encima de la inflación cause efectos negativos en la economía. Señalaron que en los últimos años los incrementos reales no dispararon la inflación ni el desempleo y, por el contrario, ayudaron a reducir la informalidad y a fortalecer el consumo interno.
En ese contexto, explicaron que el aumento del 16 % llevaría el salario mínimo a $1.650.680 en 2026, un ajuste que, aunque no cubre totalmente el costo de vida, ayudaría a recuperar parte del poder adquisitivo perdido y a mover la economía a través del consumo de los hogares.
Finalmente, las centrales pidieron que el incremento salarial venga acompañado de otras medidas, como desindexar tarifas que suben con el salario mínimo, bajar las tasas de interés y fortalecer la producción nacional para generar más empleo formal. Si no hay acuerdo antes del 30 de diciembre, solicitaron que estos argumentos sean tenidos en cuenta en la decisión final del Gobierno.
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