A pocos días de que venza el plazo para recibir comentarios ciudadanos, crece la preocupación en el sector de servicios temporales por el proyecto de decreto que el Gobierno Nacional, por medio del Ministerio de Trabajo, busca expedir para modificar esta modalidad de contratación. La alerta no es menor.
Los representantes del gremio y trabajadores advierten que la iniciativa podría poner en riesgo hasta 500.000 empleos formales, muchos de ellos ocupados por personas que dependen de esta opción para sostener a sus familias.
Desde hace varios años, el empleo temporal ha sido una puerta de entrada al mercado laboral para jóvenes sin experiencia, madres cabeza de familia, migrantes y trabajadores con baja calificación. Incluso, abogados laboralistas han señalado que este mecanismo permite que miles de colombianos accedan a trabajos con seguridad social y prestaciones.
Por su parte, sectores económicos como comercio, logística, floricultura, agroindustria y construcción dependen de estos refuerzos para responder a los picos de demanda, especialmente en temporadas como diciembre o San Valentín.
Límite del 10% en empleo temporal: el punto más sensible del decreto
El punto más debatido del proyecto es la propuesta de restringir al 10% el número de trabajadores en misión que una empresa puede contratar. Para el gremio, esta cifra no tiene una justificación técnica y desconoce la dinámica real de actividades que requieren flexibilidad para operar.
Empresarios del sector de confección, por ejemplo, insisten en que cumplir ese tope los obligaría a contratar de manera permanente personal que solo necesitan por temporadas, lo que elevaría los costos y podría llevar a recortes e incluso al cierre de operaciones.
Temor por aumento de informalidad y pérdida de empleos en Colombia
En la plataforma SUCOP, donde se reciben los comentarios ciudadanos, ya se superó el millar de aportes, un volumen poco común en otros proyectos del Ministerio este año. Entre ellos aparecen voces de trabajadores en misión que temen quedarse sin empleo si el Gobierno mantiene el límite propuesto.
Además, organizaciones del sector advierten que el decreto podría aumentar la inseguridad jurídica, especialmente porque otorga a los inspectores de trabajo la facultad de ordenar contrataciones directas o imponer sanciones inmediatas, una función que tradicionalmente ha recaído en los jueces.
Con la decisión final en puerta, empresas y trabajadores piden que el Gobierno escuche las preocupaciones y reconozca que la temporalidad, lejos de ser precarización, sigue siendo una opción real de ingreso para miles de familias en Colombia.
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