La ministra de Trabajo, Natalia Fuentes, anunció que el Gobierno presentará en los próximos días un proyecto de ley para establecer reglas claras sobre el funcionamiento de las cajas de compensación familiar y las competencias de la Superintendencia del Subsidio Familiar.La iniciativa, según explicó, responde a una decisión de la Corte Constitucional de 2025 y se construye con la participación del sector empresarial y los trabajadores.“Lo importante es tener reglas claras frente a las actividades que cada una de estas entidades realiza”, afirmó la funcionaria durante la instalación del 36.º Congreso Nacional de Asocajas, en el que reiteró que el objetivo es brindar seguridad jurídica y delimitar las responsabilidades de las entidades que intervienen en la regulación del sector.Fuentes señaló que la propuesta busca precisar el papel de la Superintendencia del Subsidio Familiar, del Gobierno nacional, de los empresarios y de los trabajadores, además de garantizar que las actividades de las cajas se desarrollen de manera adecuada. Según indicó, el proyecto está en construcción y será presentado en los próximos días.Gobierno busca desintervenir 11 cajas de compensaciónOtro de los puntos abordados por la ministra fue la situación de las cajas de compensación familiar intervenidas. La funcionaria aseguró que el Gobierno tiene como meta lograr que las 11 cajas que se encuentran bajo esta medida sean desintervenidas antes de finalizar el actual mandato.Fuentes afirmó que, al recibir los informes de la Superintendencia del Subsidio Familiar y del Ministerio del Trabajo, encontraron situaciones que generaron preocupación. No obstante, aclaró que sus señalamientos no se refieren a la totalidad de las cajas.“Necesitamos recuperar nuevamente la confianza de los colombianos y de los trabajadores”, manifestó la ministra, al recordar que estas entidades pertenecen al sistema de protección social de los trabajadores y sus familias.En paralelo con la elaboración del proyecto de ley, el Gobierno adelanta mesas técnicas para revisar la situación particular de las cajas intervenidas y determinar las medidas que correspondan.La ministra explicó que este proceso se desarrolla bajo el liderazgo de la superintendente del Subsidio Familiar, Edna Tafur, con el propósito de evaluar rigurosamente cada caso y establecer decisiones a corto, mediano y largo plazo.“Se están haciendo mesas técnicas de trabajo para establecer y conocer muy bien cuáles son las situaciones que tiene cada una de estas cajas”, señaló Fuentes.La funcionaria reiteró que el Gobierno busca acompañar al sector y definir un marco regulatorio que permita establecer con claridad las funciones de cada actor.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó al Ministerio del Trabajo adelantar los estudios y las gestiones administrativas necesarias para reglamentar el acceso de las mujeres rurales y campesinas al Sistema de Seguridad Social Integral cuando no estén afiliadas mediante el régimen contributivo. La decisión exige que se reconozcan los riesgos ocupacionales a los que están expuestas, teniendo en cuenta sus particularidades biológicas y sociales, así como las múltiples jornadas laborales y las responsabilidades de cuidado que asumen.El fallo se produjo tras una demanda presentada por SPL Salgado Abogados y Consultores, que solicitó declarar el incumplimiento del Ministerio del Trabajo frente al artículo 32 de la Ley 2466 de 2025, correspondiente a la reforma laboral. Los accionantes argumentaron que la cartera no había reglamentado el mecanismo de acceso de esta población a la seguridad social, pese a que la obligación estaba establecida en la ley desde el año pasado.En la solicitud judicial, los demandantes pidieron que se declarara que la Nación, por medio del Ministerio del Trabajo, había incumplido el deber legal de reglamentar la afiliación de las mujeres rurales y campesinas que no acceden al sistema mediante cotizaciones contributivas.Durante el proceso, el Ministerio del Trabajo argumentó que la reglamentación implica una complejidad técnica considerable y puede generar cargas económicas para el Estado. Por esa razón, sostuvo que, aunque el mandato legal es claro, no resultaba exigible en los términos planteados por los demandantes.“En el caso, el mandato que se pide cumplir tiene una complejidad técnica sustancialmente mayor e impone cargas económicas al Estado, por lo cual, si bien es claro, no es exigible”, señaló la entidad en su respuesta a la demanda.Sin embargo, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca rechazó ese argumento al diferenciar el eventual impacto fiscal de la reglamentación de la disponibilidad presupuestal necesaria para expedirla “En este punto, es de precisar que no puede confundirse la existencia de un impacto fiscal que eventualmente se pueda generar con ocasión de la reglamentación de la materia, con la necesidad de que exista una disponibilidad presupuestal para expedirla”, indicó el Tribunal.La corporación también advirtió que había transcurrido aproximadamente un año y tres meses desde la promulgación de la Ley y cerca de nueve meses desde el vencimiento del plazo máximo de seis meses previsto para cumplir las obligaciones legales. Pese a ese tiempo, según la decisión, el Ministerio no había adelantado actuaciones dirigidas a reconocer los riesgos ocupacionales específicos de las mujeres rurales y campesinas.El fallo enfatiza que ese reconocimiento debe considerar tanto las actividades productivas como las labores de cuidado que realizan estas mujeres. Entre ellas se encuentran la atención de sus familias, de personas enfermas y de personas con discapacidad, responsabilidades que se suman a sus demás jornadas de trabajo.Para cumplir la orden judicial, el Ministerio del Trabajo tendrá un mes, contado a partir de la ejecutoria de la sentencia, para adelantar los estudios y las gestiones administrativas correspondientes. Una vez venza ese primer plazo, dispondrá de tres meses adicionales para expedir la reglamentación que determine cómo accederán estas mujeres al Sistema de Seguridad Social Integral cuando no lo hagan de manera contributiva.Con esta decisión, el Tribunal exige al Gobierno avanzar en el desarrollo de una disposición de la reforma laboral dirigida a establecer mecanismos de acceso a la seguridad social para las mujeres rurales y campesinas, con reconocimiento de sus condiciones laborales y sociales.
El Gobierno de Abelardo De La Espriella puso sobre la mesa una revisión de las disposiciones laborales expedidas durante la administración de Gustavo Petro y propuso medidas que podrían modificar algunas reglas relacionadas con el trabajo doméstico.A través del Ministerio del Trabajo, el Gobierno publicó proyectos de reglamentación para recibir observaciones hasta el próximo 9 de noviembre. Una vez venza ese plazo, la cartera evaluará los comentarios antes de definir el contenido definitivo de las normas.Por ahora, se trata de borradores. Uno de los documentos aborda las condiciones de contratación de las empleadas domésticas, mientras que otros plantean ajustes relacionados con los procedimientos disciplinarios y las facultades de inspección laboral en hogares particulares.¿Qué cambiaría en las normas para las empleadas domésticas?La propuesta establece que los contratos laborales de las trabajadoras domésticas deberán seguir formalizándose por escrito y registrándose en la planilla de aportes a la seguridad social. Sin embargo, el borrador aclara que la falta de ese registro no implicaría la pérdida de los derechos laborales de la trabajadora.Por lo tanto, el incumplimiento de esta obligación no podría utilizarse para desconocer las garantías que le corresponden dentro de la relación laboral.Adicionalmente, la propuesta contempla el reconocimiento de la prima de servicios y plantea garantías para los procedimientos disciplinarios. Antes de imponer una sanción, el empleador tendría que escuchar a la trabajadora para conocer su versión de los hechos y valorar la situación antes de tomar una decisión.Otra de las medidas busca evitar que la cotización a la seguridad social por días se utilice para encubrir una relación laboral que, en la práctica, corresponda a un empleo de tiempo completo. La intención es impedir que esta modalidad desconozca las condiciones reales de contratación o las obligaciones del empleador.¿Qué cambios se proponen para las inspecciones laborales en viviendas?Los borradores también establecen las facultades de los inspectores laborales cuando deban verificar las condiciones de trabajo dentro de una vivienda particular.La propuesta señala que el ingreso a estos inmuebles solo podría realizarse con el consentimiento correspondiente o mediante una autorización legal expresa.Sin embargo, si el inspector identifica un riesgo grave para la vida o la integridad de la trabajadora y no cuenta con autorización para ingresar, tendría que informar de inmediato a la Policía, la Fiscalía u otra autoridad competente.Entre las actuaciones contempladas también se encuentran las verificaciones desde el exterior, la solicitud de documentos y la realización de entrevistas para recopilar información sobre las condiciones laborales.Los proyectos estarán disponibles para recibir observaciones hasta el 9 de noviembre. Después de esa fecha, el Ministerio del Trabajo deberá revisar los comentarios recibidos antes de establecer el contenido definitivo de las disposiciones.Por ahora, los cambios propuestos no constituyen una modificación definitiva de las normas vigentes. Su alcance dependerá de la versión final que expida la cartera laboral una vez concluya el proceso de revisión.
La ministra de Trabajo, Natalia López Fuentes, cuestionó la sanción de tres días de arresto que le impuso un juez por el incumplimiento de órdenes judiciales relacionadas con la reubicación laboral de un trabajador. La funcionaria aseguró que el caso se originó antes de su llegada al Gobierno y criticó la gestión del expresidente Gustavo Petro y del exministro de Trabajo Antonio Sanguino.A través de su cuenta de X, López señaló que, aunque la medida de arresto no es lo que más le preocupa, cuestionó tener que responder por hechos que atribuye a la administración anterior. “¡Lo indignante es tener que responder por la ineptitud, la negligencia y los incumplimientos del gobierno de Petro, del exministro Sanguino y sus amigos, que tanto decían defender a los trabajadores!”, aseguró.La decisión judicial a la que se refiere López también cobija al director del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), Fray Ricardo Torres Castro. A ambos funcionarios les impusieron tres días de arresto y una multa equivalente a tres salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada uno, equivalentes a $5.252.715.El caso se relaciona con Gregorio Alfredo Dajome Granja, quien acudió a la justicia para que se protegieran sus derechos al trabajo, a la estabilidad laboral reforzada y al mínimo vital. En julio de 2026, una tutela amparó sus derechos y ordenó adoptar medidas para su reubicación laboral.Sin embargo, según la providencia que declaró el desacato, las entidades no demostraron que hubieran cumplido las órdenes judiciales. En particular, el Ministerio de Trabajo no acreditó que hubiera verificado la existencia de cargos vacantes en los que el trabajador pudiera ser reubicado, mientras que el SENA tampoco demostró haber resuelto de fondo las medidas que correspondía adoptar.Por otro lado, en su pronunciamiento, Natalia López también aseguró que continuará denunciando las presuntas irregularidades que, según dijo, han encontrado en la administración anterior. La funcionaria sostuvo que presentarán pruebas ante las autoridades para que se investiguen los hechos y se establezcan las posibles responsabilidades.
El Ministerio del Trabajo anunció que acatará la decisión del Consejo de Estado de suspender provisionalmente los efectos del Decreto 234 del 6 de marzo de 2026, que establecía nuevas reglas para la negociación colectiva por niveles y permitía presentar pliegos que involucraran a sectores económicos completos o holdings empresariales.La decisión del alto tribunal fue adoptada de manera provisional mientras avanza el proceso en el que se estudia la legalidad del decreto. Según explicó el Consejo de Estado, en esta etapa encontró, de manera preliminar, una posible contradicción con normas superiores relacionadas con las facultades reglamentarias del Gobierno y la reserva de ley en materia laboral.Frente a esta decisión, el Ministerio del Trabajo aseguró que, desde la notificación del auto, el decreto no produce efectos y, por lo tanto, las direcciones territoriales y demás dependencias de la entidad se abstendrán de aplicarlo.La cartera también señaló que entregará las orientaciones necesarias para atender los trámites que actualmente se encuentren en curso y reiteró que continuará participando en el proceso judicial.Sin embargo, el Ministerio hizo énfasis en que la suspensión provisional del Decreto 234 no significa que se suspenda el derecho de los trabajadores a la negociación colectiva.Según la entidad, continúan vigentes el artículo 55 de la Constitución Política, las disposiciones del Código Sustantivo del Trabajo y los Convenios 87, 98 y 154 de la Organización Internacional del Trabajo.“La negociación colectiva sigue plenamente garantizada en Colombia. La constitución, el código sustantivo del trabajo y los convenios internacionales que protegen este derecho continúan vigente. Y hay algo en lo que quiero insistir, el diálogo social seguirá siendo nuestro camino”, señaló la ministra del Trabajo, Natalia López.El Ministerio aseguró que las convenciones colectivas que ya están vigentes y las negociaciones que se adelanten bajo las reglas establecidas en el Código Sustantivo del Trabajo mantienen su validez.La entidad también recordó que la decisión del Consejo de Estado es provisional y que no constituye un prejuzgamiento.El decreto había sido impulsado por el gobierno de Gustavo Petro como una medida para fortalecer la negociación colectiva y permitir que las organizaciones sindicales negociaran en ámbitos más amplios que una sola empresa. La iniciativa había sido incluida inicialmente en la discusión de la reforma laboral, pero posteriormente fue retirada y adoptada mediante decreto.La suspensión había sido solicitada dentro de las demandas presentadas por gremios empresariales, entre ellos la Andi, Fenalco, Acopi y la SAC, que cuestionaron que el Gobierno hubiera creado este mecanismo mediante decreto.
Luego de una mesa de trabajo que se prolongó por dos días, y en la que tuvo que intervenir la Gobernación de Córdoba y una delegación del Ministerio del Trabajo, hubo luz verde para aliviar la crisis del Hospital San Nicolás de Planeta Rica, donde los trabajadores se habían declarado en paro desde el pasado 24 de septiembre para exigir el pago de sus salarios pendientes hace cuatro meses.En la reunión se les prometió a los empleados que les pagarán al menos dos de los sueldos pendientes en los próximos días, por lo que el personal accedió a reanudar la prestación de todos los servicios médicos, incluido la consulta externa que había sido suspendida hace una semana."Damos por terminado el cese de actividades que hemos tenido desde el día 24, gracias a que hemos llegado a acuerdos favorables para el gremio de la salud y por ende para empezar a brindar servicio a todos ustedes, comunidad de Planeta Rica", manifestó Viviana Rivera, trabajadora del hospital.Investigación por los recursosEl alcalde Ramón Calle ha informado que las EPS le adeudan al Hospital San Nicolás un monto cercano a los 18.000 millones de pesos y que esto explicaría la crisis de la institución médica.Informó que la próxima semana viajará a Bogotá para gestionar salidas con el Ministerio de Salud y también se reunirá con las EPS para buscar acuerdos que permitan saldar las deudas que acumulan estas entidades, de modo que el hospital pueda tener recursos para pagar nómina."Vamos a estar en Cartagena en las EPS Coosalud y Mutual Ser para llegar a ese acuerdo. Ya hay una acta suscrita por un valor considerable y vamos a ponernos al día, ojalá al 100%, con todas las nóminas y compromisos que tenemos allí con la gente en la ESE Hospital San Nicolás", dijo el alcalde.Le puede interesar: Millonaria multa al Hospital Universitario de Santander por sobrecosto en medicamentosSin embargo, veedores están pidiendo una investigación para conocer qué ha pasado con los giros que ha hecho el Adres este año, los cuales suman 14.079,8 millones de pesos, pues advierten que detrás de la crisis también podría haber un mal manejo de los recursos.La página del Adres da cuenta que, desde enero hasta el mes de septiembre, se giraron al hospital San Nicolás 13.179,2 millones, que corresponden al régimen subsidiado, y 900,6 millones, correspondientes al régimen contributivo.En esos meses, el promedio mensual de giros fue de $1.564 millones de pesos. El mes en el que más se transfirieron recursos fue febrero, con $2.040 millones y septiembre fue el que menos con solo 1.090 millones, entre los dos regímenes.
El expediente que cuestiona el aumento del salario mínimo de 2026 quedó listo para que el Consejo de Estado avance hacia una decisión de fondo. La Sección Segunda cerró la etapa de pruebas y dejó el proceso encaminado para sentencia.La discusión se originó por el Decreto 1469 de 2025, con el que el Gobierno fijó un incremento del 23 % para el salario mínimo. La decisión fue demandada por ciudadanos, gremios y organizaciones, después de que no se alcanzara un acuerdo en la Comisión de Concertación Salarial.Ahora, el Consejo de Estado decidió acumular dos nuevas demandas al proceso principal. Con esto, los diferentes cuestionamientos serán estudiados dentro de un mismo expediente, con el propósito de que sean resueltos en una sola sentencia.Además, el tribunal rechazó las objeciones presentadas por el Ministerio del Trabajo y el Dapre. Las entidades habían alegado problemas formales en las demandas y una indebida acumulación de las pretensiones, pero el Consejo de Estado consideró que esos argumentos no estaban probados.El tribunal también dejó definidos los once interrogantes que deberá resolver. Entre ellos está establecer si el Gobierno cumplió los criterios de la Ley 278 de 1996 para fijar el salario mínimo, como la inflación, la productividad, el crecimiento del PIB y la capacidad de pago del aparato productivo.Otro punto central será el concepto de “salario vital”, basado en un estudio de la Organización Internacional del Trabajo, OIT. El Consejo de Estado deberá determinar si este referente podía utilizarse para justificar el incremento o si desplazó indebidamente los criterios establecidos en la legislación colombiana.La revisión también incluye el auxilio de transporte de 2026, fijado en 249.095 pesos mediante el Decreto 1470 de 2025. El tribunal estudiará si esta decisión tuvo una motivación técnica suficiente y su relación con la política salarial.¿Qué sigue en el proceso?Como no quedaron pruebas pendientes, el Consejo de Estado ordenó una sentencia anticipada. Las partes tienen diez días para presentar sus alegatos finales y el Ministerio Público deberá entregar su concepto. Después, el expediente regresará al despacho para que se dicte la sentencia que definirá la legalidad del aumento del salario mínimo de 2026.
El Ministerio del Trabajo y la empresa Aris Mining firmaron una Declaración de Cooperación para avanzar en la formalización laboral de miles de mineros en Colombia, con una meta inicial de 4.000 nuevos empleos formales y el objetivo de alcanzar 8.000 trabajadores vinculados en condiciones dignas en Antioquia, Caldas y Santander.La alianza público-privada busca transformar las condiciones laborales en zonas con tradición minera mediante la generación de empleo formal, seguro y con enfoque ambiental. La estrategia se implementará en municipios como Segovia y Remedios, en Antioquia; Marmato, en Caldas; y Soto Norte, en Santander, donde históricamente ha predominado la informalidad en esta actividad.El acuerdo contempla la articulación entre la oferta y la demanda laboral, el fortalecimiento de procesos de formación con el SENA y la garantía de acceso al sistema de seguridad social para los trabajadores. Además, plantea la transición hacia empleos verdes y la sustitución de prácticas informales por trabajos estables y protegidos.La ministra del Trabajo, Natalia López Fuentes, destacó que esta alianza no solo permitirá sumar miles de empleos formales, sino también cerrar brechas de género, vincular a mujeres y jóvenes y avanzar en la erradicación del trabajo infantil dentro de las cadenas productivas del sector minero.Por su parte, desde Aris Mining señalaron que este modelo de colaboración con el Estado fortalece las capacidades en los territorios, promueve oportunidades económicas y consolida una visión de largo plazo basada en la corresponsabilidad y la sostenibilidad.La iniciativa también se apoya en avances previos de la compañía en materia de formalización, seguridad social y certificaciones en equidad de género, y se articula con el Servicio Público de Empleo para facilitar el acceso a oportunidades laborales, consolidando la formalización minera como una puerta de entrada a la protección social y al desarrollo territorial.
El auxilio económico para las personas que perdieron su empleo por los efectos del terremoto del 10 de agosto será de 875.452 pesos con 50 centavos y se entregará por una sola vez, una vez se agoten los recursos del subsidio ordinario para cesantes. Así lo explicó Adriana Guillén, presidenta de Asocajas, quien detalló los requisitos para acceder al beneficio.Según Guillén, el mecanismo busca ampliar los recursos disponibles para trabajadores afectados por el terremoto y será gestionado a través de las cajas de compensación familiar de las regiones afectadas.¿Quiénes pueden acceder al subsidio por perder el trabajo?La principal condición para acceder al auxilio extraordinario es haber estado afiliado a una caja de compensación familiar durante seis meses, de manera continua o discontinua, dentro de los últimos cinco años.Además, la persona debe demostrar que hace parte del Registro Único de Afectados. Guillén explicó que este requisito es necesario para que pueda entregarse el beneficio.“El único requisito es que la persona haya estado afiliada a una caja de compensación durante seis meses, seis meses continuos o seis meses discontinuos durante los últimos cinco años”, explicó.La presidenta de AOCAS señaló que las personas afectadas podrán acercarse a las cajas de compensación para solicitar el beneficio. Incluso, según indicó, podrían reclamarlo en una caja diferente a aquella en la que estaban afiliadas, siempre que puedan demostrar la afiliación y su inclusión en el registro de afectados.¿Cuánto dinero recibirán los trabajadores afectados?El auxilio extraordinario será equivalente a la mitad de un salario mínimo y corresponde a 875.452 pesos con 50 centavos. Guillén explicó que este beneficio se activará después de que se agoten los recursos destinados al subsidio ordinario para personas cesantes. Por eso, los trabajadores deberán acudir inicialmente a las cajas para solicitar el auxilio que normalmente reciben quienes pierden su empleo.“Cuando este recurso se extinga, podrá acceder a este recurso extraordinario que se va a entregar por una sola vez”, señaló.La representante explicó que el sistema de compensación familiar continuará entregando el subsidio ordinario para cesantes y, cuando esos recursos se terminen, se activará el mecanismo extraordinario creado para las zonas afectadas por el terremoto.¿Cuándo podrán reclamar el subsidio por desempleo?El Ministerio del Trabajo debe definir el modelo de implementación para establecer cómo se realizarán las transferencias de recursos desde las cajas de compensación del país hacia las cajas de las regiones afectadas.Por esta razón, Guillén señaló que todavía está pendiente conocer el procedimiento que deberán seguir los trabajadores para solicitar el auxilio extraordinario.La entrega dependerá de que la persona cumpla con los requisitos establecidos y figure en el Registro Único de Afectados.El mecanismo contempla que las cajas de compensación de otras regiones puedan transferir recursos a las cajas de los territorios afectados para ampliar la disponibilidad del beneficio.De acuerdo con Guillén, el objetivo es que las personas que quedaron sin empleo o a quienes les fueron suspendidas sus nóminas puedan acceder al apoyo económico una vez se active el mecanismo.
La ministra del Trabajo, Natalia López, presentó ante la Comisión Séptima del Senado las prioridades y necesidades presupuestales del sector para 2027. Entre ellas está garantizar los recursos para responder por las obligaciones pensionales y fortalecer la capacidad del sector Trabajo. “Las pensiones no son una cifra del presupuesto: son el puente entre una vida de trabajo y una vejez digna”, afirmó.La jefa de la cartera presentó un presupuesto que busca traducirse en resultados y en una institucionalidad con capacidad de respuesta en las regiones. “Cada peso debe tener un propósito, llegar donde se necesita y responder a las prioridades de los colombianos”, señaló.Sobre la protección de los derechos laborales, agregó que el Ministerio del Trabajo debe llegar a donde está el trabajador, detectar los problemas y actuar antes de que sea demasiado tarde.La ministra López también planteó el diálogo social como eje de la cartera, con el propósito de fortalecer el diálogo entre trabajadores, empleadores y Gobierno, así como consolidar una gestión cercana a los territorios, preventiva y orientada a la protección de los derechos.Entre las solicitudes presentadas ante los congresistas están $4,844 billones para Colpensiones, $500.000 millones para el SENA, $16.587 millones para el Servicio Público de Empleo y $44.344 millones para la Superintendencia del Subsidio Familiar y para el Ministerio del Trabajo, planteó requerimientos cercanos a $22.000 millones entre funcionamiento e inversión, recursos que serían destinados, entre otros aspectos, a fortalecer la inspección y vigilancia en las regiones.
Los resultados de ColorLoto de lunes, 9 de noviembre de 2026, ya fueron publicados tras la realización del sorteo número 231.Números y colores ganadores de ColorLoto Los resultados del sorteo 235 de ColorLoto quedaron de la siguiente manera:3 (azul) - 7 (amarillo) - 3 (negro) - 7 (blanco) - 6 (blanco) - 7 (rojo).Los jugadores pueden comparar esta combinación con la registrada en sus respectivos tiquetes para determinar si obtuvieron alguno de los premios correspondientes a las categorías establecidas por ColorLoto.Nuevo acumulado de ColorLotoDespués del sorteo realizado este lunes, 9 de noviembre, el acumulado anunciado para el próximo sorteo quedó en $2.250 millones.Los resultados de ColorLoto pueden consultarse después de cada sorteo para verificar los números y colores obtenidos, así como las categorías de premios y el acumulado correspondiente al siguiente juego.
El regreso de Maluma a Bogotá en 2027 se convirtió en un verdadero fenómeno. Luego de agotar las entradas para sus presentaciones del 5 y 6 de febrero, el cantante paisa confirmó una tercera fecha en la capital colombiana, debido a la alta demanda de sus seguidores.La nueva presentación será el domingo 7 de febrero en El Corazón de Bogotá – Arena, escenario que recibirá el inicio de su gira internacional 'Loco x Volver'. El anuncio fue celebrado por los fanáticos del artista, quienes tendrán una oportunidad más de reencontrarse con Juan Luis Londoño, nombre de pila del cantante.“¡Bogotá no para! El 5 y el 6 de febrero ya están sold out, y como aquí todos estamos locos por volver a ver a Maluma, Juan Luis vuelve a casa una noche más”, anunciaron los organizadores a través de sus canales oficiales.¿Habrá una cuarta fecha de Maluma en Bogotá?Aunque por ahora están confirmados tres conciertos, el rápido agotamiento de las entradas para las primeras presentaciones ha despertado la expectativa sobre la posibilidad de una cuarta fecha. Sin embargo, hasta el momento no existe un anuncio oficial sobre una nueva función.La respuesta del público demuestra la expectativa que existe por el regreso del artista colombiano, quien eligió la capital para comenzar esta nueva etapa musical.Preventa y venta de entradas para MalumaLas entradas para la tercera fecha estarán disponibles a través de TuBoleta. La preventa exclusiva para clientes Visa Bancolombia y Nequi estará habilitada hasta el miércoles 11 de noviembre a las 2:59 p. m., o hasta agotar existencias. La venta general comenzará ese mismo día a las 3:00 p. m.Con tres noches confirmadas, Bogotá se prepara para recibir uno de los regresos musicales más esperados de 2027. Mientras tanto, los seguidores de Maluma siguen pendientes de un posible cuarto anuncio.
Frente a dos millones y medio de fieles, el papa León XIV dio la misa más multitudinaria de su papado en Buenos Aires y ofreció un potente mensaje a los trabajadores al decir que "el éxito financiero debe medirse en clave de bien común", este lunes en su segundo día en Argentina.El papa celebró su primera misa en el país desde un imponente altar en el Monumento de los Españoles, donde reivindicó a la familia cristiana como "pilar" ante las precariedades de la sociedad actual, como "la falta de estabilidad, las dificultades sociales, el trabajo precario o la violencia doméstica".Muchos de los fieles llegaron al barrio porteño de Palermo desde distintas provincias del país y acamparon desde la noche anterior para asistir a la misa y saludar al pontífice en algún tramo de los 2,3 kilómetros que recorrió en papamóvil.Mientras los asistentes se distribuían en distintos puntos de Buenos Aires por donde pasaría el papa, León XIV se reunía con representantes del mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina, donde lo esperaron miles de personas.El papa escuchó las historias de una recicladora urbana marginada en la pobreza, una trabajadora comunitaria guaraní del norte del país, una sindicalista, una docente y un emprendedor ambiental.En su turno de palabra dijo que las políticas públicas deben garantizar "el pleno empleo y la inclusión social, bajo un marco ético donde la economía, el mercado y el Estado operen subsidiariamente en la redistribución justa de las oportunidades".De acuerdo a un informe difundido el pasado octubre por varias organizaciones de la sociedad civil, desde que Milei asumió la Presidencia argentina a finales de 2023 ya se han perdido 241.200 puestos de trabajo."Si bien la Iglesia reconoce y defiende el derecho a la propiedad privada, este derecho está siempre gravado por una hipoteca social. La tierra y sus frutos han sido dados por Dios para el sustento de toda la humanidad", expresó el papa.También retomó los contenidos de su primera encíclica, 'Magnifica Humanitas', al hablar del "desarrollo responsable de la creación" y advertir sobre las pérdidas de empleo a causa de la inteligencia artificial.
Bogotá no solo es la casa de Andrés Cepeda, sino en el sitio en donde él más ama cantar en toda su vida. Por eso, es normal que la ciudad sea prioridad en las giras y, en 2027, volverá a serlo con la llegada del tour Latitudes que tendrá doble fecha en mayo en El Corazón de Bogotá - Arena.Sin embargo, cada fecha será algo diferente e invita a sus fans a asistir a ambas para vivirlo de manera especial. El 14 de mayo, Andrés Cepeda presentará un espectáculo que reunirá los grandes éxitos de su carrera y las canciones de su repertorio más reciente. El 15 de mayo será el turno de Big Band, uno de los proyectos más destacados de su trayectoria, con el que rinde homenaje a la época dorada de las grandes orquestas."Con Big Band, Cepeda explora una faceta musical distinta, acompañado de una gran agrupación de músicos y un repertorio que reúne la elegancia del jazz, el romanticismo del bolero y la riqueza de ritmos como la cumbia, el mambo y el porro. Esta propuesta, que ha tenido dos entregas discográficas, incluida Andrés Cepeda Big Band 2, lanzada en agosto de 2026, llegará a Bogotá como una oportunidad para descubrir otra dimensión artística del cantante y celebrar el legado musical de América Latina", explicaron desde la organización.No obstante, Bogotá no será la única ciudad en donde Cepeda se presente en este tour; de hecho, estará en las principales ciudades del país: Ibagué: viernes 16 de abril – Néctar Arena.Manizales: sábado 1 de mayo – Plaza de Toros.Bogotá: viernes 14 de mayo – El Corazón de Bogotá Arena.Bogotá: sábado 15 de mayo – El Corazón de Bogotá Arena (Big Band).Cali: viernes 21 de mayo – Arena Cañaveralejo.Pereira: sábado 22 de mayo – Expofuturo.Bucaramanga: viernes 28 de mayo – Cenfer.Barranquilla: viernes 4 de junio – Puerta de Oro.
El conglomerado Skydance, la empresa creada tras la reciente fusión entre Paramount y Warner Bros. Discovery (WBD, por sus siglas en inglés), anunció este lunes la salida de James Gunn y Peter Safran, conocidos por relanzar el universo de superhéroes con títulos como 'Superman', de la co-dirección de DC Studios.Gunn y Safran "dejarán sus cargos directivos tras cuatro años transformando DC Studios y restableciendo los cimientos del estudio, para dedicarse de lleno a su trabajo creativo", anunció la compañía en un comunicado.Ambos serán reemplazados por Jeremy Latcham, miembro del equipo fundador del Universo cinematográfico de Marvel, quien asumirá el cargo de presidente y director creativo de DC Studios, propiedad de Skydance, a partir del 1 de diciembre."James y Peter inauguraron una nueva era para DC Studios y la guiaron a través de un período de verdadera transformación, sentando las bases y creando un catálogo del que estamos increíblemente orgullosos", agregaron en el escrito los directores ejecutivos de Skydance, David Ellison e Ynon Kreiz.En sus cuatro años al frente de DC Studios, Gunn y Safran reorganizaron el universo cinematográfico y televisivo de la compañía bajo una misma dirección creativa y "supervisaron la producción y el estreno de 'Superman', que recaudó más de 618 millones de dólares en la taquilla mundial", indicó la compañía.También impulsaron nuevos proyectos para la gran pantalla y series para plataformas de contenidos en línea, como el terror de 'Clayface' o la secuela 'Man of Tomorrow' escrita y dirigida por el propio Gunn, además de sentar las bases para futuros proyectos centrados personajes clásicos como los 'Teen Titans' o 'The Brave and the Bold'.Skydance se encuentra en pleno proceso de integración después de que Paramount cerrara el pasado 6 de octubre un histórico acuerdo de compra de WBD, una operación valorada en unos 110.000 millones de dólares y cuya culminación estuvo paralizada por meses de litigio antimonopolio tras una demanda presentada por 12 estados del país, y a la que se sumó el sindicato de guionistas de Hollywood.La oposición de los estados a esta fusión radicaba en que la operación daría a la compañía resultante cerca del 27 % del mercado de distribución cinematográfica y más del 30 % en el segmento de grandes estrenos taquilleros, además de reforzar la concentración en el negocio de canales básicos de televisión por cable, según la querella.Bajo el paraguas de Skydance, la nueva compañía unifica a titanes históricos como Paramount Pictures, Warner Bros. Pictures, CBS, CNN, HBO, Max, Nickelodeon y Paramount+, concentrando así cerca del 27 % del mercado de distribución cinematográfica y más del 30 % del segmento de grandes estrenos taquilleros a escala global.