Organizaciones sindicales, indígenas, afrodescendientes, estudiantiles, de mujeres, comunales y diferentes sectores políticos convocaron a un paro nacional para el próximo 19 de noviembre, en una jornada que busca expresar su rechazo al proyecto de Ley de Rescate Económico del Gobierno de Abelardo De La Espriella y defender los derechos sociales, laborales y las garantías democráticas.Entre las organizaciones que confirmaron su participación está la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (FECODE), que anunció que se sumará a las movilizaciones. Nelson Alarcón, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), también ratificó el respaldo de las organizaciones sindicales a la jornada y señaló que uno de los principales motivos de la protesta es el rechazo a la iniciativa económica del Gobierno.Los sectores convocantes advierten que el proyecto tendría consecuencias sobre el bolsillo de los hogares colombianos. Entre los cambios que cuestionan están las modificaciones al IVA de algunos productos de consumo cotidiano, que pasarían de una tarifa del 5 al 19 por ciento, mayores cargas tributarias sobre los ingresos laborales y un incremento progresivo de los aportes a salud para determinados trabajadores, del 4 al 8 por ciento.De acuerdo con los argumentos expuestos por los organizadores, el 75,32 por ciento del ajuste fiscal propuesto provendría de mayores ingresos tributarios y contribuciones, mientras que el 24,68 por ciento correspondería a reducciones del gasto estatal. Por eso, consideran que las medidas afectarían especialmente a las familias de menores ingresos y a la clase media.Otro de los motivos de la convocatoria es el rechazo a las propuestas de reducción del gasto de personal, los recortes a la contratación estatal y las facultades que tendría el Gobierno para reorganizar, fusionar o suprimir entidades públicas. También cuestionan las modificaciones planteadas a la reforma laboral, así como las políticas que, según las organizaciones, podrían afectar los derechos de los trabajadores.La movilización también tendrá entre sus exigencias la defensa de la educación y la salud pública, los derechos de las mujeres, las comunidades étnicas y campesinas, la protección del patrimonio público, la paz y la soberanía nacional.En Bogotá, los organizadores anunciaron cuatro puntos de concentración: la calle 26, el sector de La Sevillana, el Parque Nacional y un punto en el norte de la ciudad.Los convocantes aseguraron que esperan una participación masiva y pacífica en la jornada del 19 de noviembre, cuya preparación avanza mediante asambleas y encuentros de coordinación en diferentes territorios.
Organizaciones sindicales, sociales, estudiantiles y ambientales de Santander se preparan para participar en la movilización nacional convocada para el próximo miércoles 14 de octubre. La convocatoria fue ratificada durante un encuentro liderado por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) en Santander, en el que se definieron acciones para coordinar la participación de diferentes sectores en el área metropolitana de Bucaramanga.El Sindicato de Educadores de Santander confirmó su participación en la jornada y señaló que uno de los motivos de protesta son las medidas que considera desfavorables para la educación pública y los derechos de los docentes que promueve el gobierno de Abelardo De La Espriella. Entre los puntos de inconformidad, el sindicato mencionó el proyecto de ley 249 de 2026, relacionado con facultades extraordinarias para la reestructuración del Estado; los bonos escolares y la suspensión de los concursos de mérito para el ingreso y ascenso en la carrera docente.Heriberto Delgado, presidente del SES, hizo un llamado al magisterio santandereano para sumarse a la movilización y participar en las acciones convocadas por las organizaciones sociales y sindicales.“Los maestros y maestras somos un eje fundamental en esta protesta social”, manifestó el dirigente sindical, quien invitó a sus compañeros a vincularse decididamente a la jornada.Dirigentes del Pacto Histórico en Santander también están promoviendo en sus redes sociales la participación en el paro nacional. "Debemos defender el páramo de Santurbán. Este gobierno queire acabar con el ecosistema y el agua de Bucaramanga", dijo Darly Mendoza, diputada de Santander. La movilización busca reunir a diferentes sectores sociales en torno a sus reclamaciones. En Santander, las organizaciones avanzan en la coordinación de su participación, mientras el magisterio pone en el centro de sus demandas la defensa de la educación pública y de los mecanismos de ingreso y ascenso basados en el mérito.
Para este 1 de mayo, en el marco de la conmemoración del Día Internacional del Trabajo, se tienen previstas diversas movilizaciones en la ciudad de Cali, organizadas por centrales obreras, sindicatos y movimientos sociales. De acuerdo con voceros sindicales, las marchas iniciarán a partir de las 8:00 de la mañana y tendrán dos puntos principales de concentración. "Iniciaremos en el puente de Luna para luego finalizar en el sector de Puerto Rellena, es una jornada que busca visibilizar las principales demandas laborales y sociales y respetar nuestros decrechos" dijo Wilson Sáenz, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) en el Valle del Cauca. Según explicó, la jornada no solo conmemora la lucha histórica de los trabajadores, sino que también busca llamar la atención sobre temas actuales relacionados con condiciones laborales, derechos sociales y políticas públicas.Estas actividades no se limitarán a Cali, ya que también se desarrollarán en otras ciudades del país como Bucaramanga, Bogotá y Medellín, donde distintas organizaciones se sumarán a esta fecha con marchas y concentraciones.Por su parte, las autoridades de movilidad anunciaron un plan especial para acompañar las jornadas. Más de 100 agentes de tránsito estarán desplegados en diferentes puntos de la ciudad, especialmente en el sur, con el objetivo de regular el flujo vehicular y minimizar el impacto en la movilidad. De igual manera, hicieron un llamado a los conductores para que planifiquen sus desplazamientos con anticipación y utilicen rutas alternas durante el desarrollo de las marchas.
Con motivo del Día Internacional de los Trabajadores, organizaciones sindicales y sociales convocaron a una movilización en Bucaramanga este viernes 1 de mayo, que partirá a las 8:30 de la mañana desde la Plaza Cívica Luis Carlos Galán Sarmiento y se dirigirá hasta el Parque de los Niños.El presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) en Santander, Raúl Hernández, hizo un llamado a la ciudadanía y a los diferentes sectores a sumarse a la jornada.“Con motivo del primero de mayo, Día Internacional de la clase trabajadora en el mundo, invitamos a todo el movimiento sindical, social y alternativo a marchar al lado de los trabajadores desde la Plaza Cívica Luis Carlos Galán Sarmiento a partir de las 8:30 de la mañana hasta llegar al Parque de los Niños, donde se desarrollará un acto sindical y político”, expresó el dirigente.A esta convocatoria se sumó el Sindicato de los Trabajadores del Sector Educativo de Santander, filial de Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, que a través de un comunicado destacó la importancia de garantizar el derecho a un trabajo digno como base de la justicia social, la democracia y la prosperidad.El sindicato anunció que el magisterio santandereano participará en la movilización, que busca respaldar las reformas sociales, así como exigir condiciones laborales dignas y justicia social.Según lo informado, la marcha recorrerá la calle 36 hasta la carrera 27 y continuará hacia el norte de la ciudad hasta llegar al punto de concentración final, donde se realizará un acto central con participación de organizaciones sindicales y sociales.Desde el SES también hicieron un llamado a los comités municipales, delegados y afiliados para que articulen la participación en sus territorios y fortalezcan las jornadas de movilización en toda la región.La jornada del 1 de mayo se suma a las movilizaciones que tradicionalmente se realizan en distintas ciudades del país para conmemorar la lucha histórica de los trabajadores y reivindicar sus derechos.
Los sindicatos ya están trabajando en la redacción de los pliegos de petición con los que planean convocar a mesas de negociación con distintos sectores económicos, con el objetivo de radicar al menos dos antes de la primera vuelta presidencial y lograr la instalación de las mesas en corto tiempo.En Colombia los sindicatos solamente podían entregarle pliegos de peticiones a cada compañía de forma individual, pero a raíz de un decreto del Gobierno ahora podrán convocar a sectores económicos completos o a grupos empresariales bajo una misma mesa de negociación.El decreto es parte de la agenda del Gobierno nacional para fortalecer el poder de negociación de los sindicatos y ha sido duramente criticado por distintos gremios que consideran que abre la puerta a la creación de mega sindicatos y a que se impongan cargas elevadas para las pequeñas y medianas empresas."Estará obviamente usted conociendo y el país en qué momento estaremos presentando esos pliegos. Con absoluta seguridad antes del 31 de mayo presentaremos por lo menos dos o tres y antes de que termine este Gobierno, muchos más", dijo a Blu Radio el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Fabio Arias.La CUT ha venido liderando una agenda de reuniones con las organizaciones sindicales de distintos sectores económicos entre ellos el eléctrico, el minero, el de salud, los trabajadores oficiales y los del Grupo Bicentenario (el holding financiero del gobierno). En esas mesas se está trabajando en la redacción de pliegos y en la definición de cómo y en qué condiciones se van a presentar.La central obrera considera que no es necesario que el Ministerio del Trabajo expida regulación adicional para que comience a operar el mecanismo.Según la ley laboral una compañía (y en este caso un sector económico) tendría 24 horas para contestar y unos cinco días para instalar la mesa de negociación."Y si se niegan a negociar, el Ministerio del Trabajo entra a operar. Ahí sí, como se dice, instándolos en el término de la distancia a que se constituya la mesa y si no, empezarán exactamente a correr unas multas que están también en la ley", explicó Arias.Arias espera que a medida que se presenten los pliegos de petición se incentive la afiliación de trabajadores a las organizaciones sindicales.
El presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Fabio Arias, ratificó el respaldo de los sindicatos al incremento del 23,7 % del salario mínimo para el año 2026. Tras la suspensión provisional decretada por el Consejo de Estado, Arias afirmó que las movilizaciones convocadas para este jueves buscan proteger lo que consideran un acto de "justicia social" frente a las demandas de sectores empresariales.Aunque inicialmente las centrales obreras solicitaron un reajuste del 16 %, Fabio Arias explicó que la cifra final de 23,7 % responde a un informe de la OIT sobre la brecha del "salario vital" en Colombia. "El Gobierno profundizó en ella y por eso nosotros la estamos respaldando. De pronto fuimos muy conservadores y la propusimos demasiado lenta", admitió el dirigente sindical sobre la propuesta inicial de los trabajadores.Para la CUT, el decreto expedido el pasado 29 de diciembre se ajusta a la normatividad jurídica y constitucional. Arias señaló que, ante las amenazas de desmejorar el ingreso de los trabajadores y pensionados, el gremio ha decidido "cerrar filas" para asegurar que el monto no retroceda en el nuevo decreto transitorio que prepara el Ejecutivo.Convocatoria a marchas por el salario mínimo vitalA pesar de que el presidente Gustavo Petro anunció que el nuevo decreto mantendrá la esencia del salario vital de dos millones de pesos, las movilizaciones siguen en firme. "Preferimos entonces movilizarnos, aceptar obviamente la invitación que también está haciendo el presidente de la República", indicó Arias. El encuentro está pactado para este jueves a las 4:00 p. m. en las plazas públicas del país.El líder de la CUT celebró que gremios como la ANDI coincidan en la necesidad de mantener la cifra actual, aunque por motivos distintos. Según el dirigente, el objetivo central es llamar la atención del pueblo colombiano sobre la importancia de defender un ingreso que permita cubrir las necesidades básicas de la población más vulnerable.
La Central Unitaria de Trabajadores (CUT) solicitó al presidente Gustavo Petro que, tras el reciente fallo del Consejo de Estado, se emita un nuevo decreto que mantenga el salario mínimo en 2 millones de pesos (incluyendo auxilio de transporte). Fabio Arias, presidente de la organización, calificó como una "grata sorpresa" que el Gobierno nacional fijara un aumento superior a las solicitudes iniciales de los sindicatos, un hecho que considera sin precedentes en la historia del país.Arias defendió la potestad del Ejecutivo para determinar la cifra ante la falta de concertación con los gremios económicos. "Le dieron ocho días para expedir un nuevo decreto, pues expida el mismo con los mismos 2 millones", enfatizó el dirigente, quien también es candidato al Senado. Para la CUT, la decisión judicial no debe traducirse en una reducción de los ingresos ya adquiridos por los trabajadores colombianos.Defensa del aumento del salario mínimo en ColombiaEl debate surge luego de que el Consejo de Estado cuestionara el procedimiento de fijación del incremento. No obstante, Arias sostiene que el Gobierno actuó bajo la legalidad vigente. "Cuando no hay acuerdo entre las partes, el Gobierno queda en la discrecionalidad de decretarlo", afirmó, señalando que históricamente otros mandatarios como Uribe, Santos y Duque también realizaron ajustes por encima de la inflación y la productividad en años electorales para buscar cercanía con los sectores sociales.El líder sindical criticó que se pretenda reducir la negociación a una simple "fórmula técnica". Según su visión, si solo se aplicaran indicadores de forma automática, se perdería el propósito de la Comisión de Concertación de Políticas Salariales y Laborales.La controversia técnica radica en si el Ejecutivo ignoró las discusiones de la mesa técnica al fijar el monto. Arias recordó que, en el pasado, la CUT ha demandado decretos cuando estos no cubrían siquiera la inflación, logrando que los tribunales obligaran a corregir las cifras a favor del trabajador.En este escenario, la central obrera ratificó que dará una "batalla política" para evitar que futuros gobiernos utilicen criterios técnicos para congelar o limitar el poder adquisitivo.
El presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Fabio Arias, calificó como un acto de profunda justicia social la reciente decisión del gobierno de Gustavo Petro de incrementar el salario mínimo en un 23,7% para el próximo año. Esta cifra superó significativamente la demanda inicial de los sindicatos, quienes habían solicitado un aumento del 16% en la mesa de concertación. Según Arias, este ajuste representa una "grata sorpresa positiva" que busca dignificar las condiciones de vida de los trabajadores colombianos.El cierre de la brecha y el salario vitalEl sustento técnico de este incremento histórico se basó en un informe presentado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre el salario mínimo vital. Arias explicó que el estudio de la OIT reveló una brecha del 50% entre el salario mínimo actual y lo que realmente necesita un trabajador para acceder a la canasta básica familiar.Para la CUT, este aumento es un paso necesario para empezar a pagar una "deuda social" de larga data. Arias enfatizó que los trabajadores se apalancaron en dicho estudio para sus argumentos y que el gobierno, al no haber acuerdo con los empresarios —quienes se mantuvieron en una oferta del 7,21%—, decidió adoptar una fórmula más ambiciosa.Impacto en el salario medio y consumo internoAnte las dudas sobre si un aumento tan elevado del mínimo perjudicaría a quienes ganan un salario medio o negocian convenciones colectivas, Arias sostuvo que el efecto es opuesto y beneficioso. Argumentó que un salario mínimo alto obliga a que las negociaciones de salarios medios mantengan una distancia y busquen una mejor remuneración, acercando el promedio hacia arriba.Asimismo, el dirigente sindical desestimó las predicciones "apocalípticas" de los gremios sobre el desempleo y la inflación. Citando datos del DANE, Arias afirmó que "dato mata relato", señalando que en los tres años de gobierno de Petro el consumo interno de los hogares ha crecido gracias a la mejora en los ingresos, impulsando sectores como el comercio y los servicios.Controversia con el sector empresarialLa decisión no estuvo exenta de polémica. Mientras la Asociación Nacional de Industriales (ANDI) afirmó que el cambio en la metodología fue unilateral e inconsulto, Arias desmintió tajantemente estas declaraciones. El presidente de la CUT aseguró que el informe de la OIT fue el primer punto del orden del día en la primera reunión de la Comisión de Concertación."No entiendo por qué ahora los empresarios salen a decir que eso fue sorpresivo", puntualizó, sugiriendo que el sector privado intenta evadir una realidad que fue discutida abiertamente en la mesa.Escuche aquí la entrevista:
Las centrales obreras CUT, CGT y CTC expusieron las razones por las cuales proponen un incremento del 16 % del salario mínimo para 2026, luego de que no se lograra un acuerdo en la Comisión de Concertación de Políticas Salariales y Laborales Salvedades.De acuerdo con los sindicatos, el salario mínimo actual no alcanza para cubrir las necesidades básicas de los trabajadores y sus familias. Para sustentar esta afirmación, citaron un estudio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que calcula que el costo mensual de una canasta básica para una familia de cuatro personas asciende a $3.141.188 en 2025, una cifra muy superior al salario mínimo vigente.Según las centrales, esta brecha demuestra que el salario mínimo está lejos de cumplir con el principio constitucional de ser vital y móvil, es decir, permitir una vida digna que incluya alimentación, vivienda, salud, educación y otros gastos esenciales.Otro de los argumentos clave es la deuda con los trabajadores por productividad. Las organizaciones sindicales aseguran que, en los últimos 20 años, los salarios no han crecido al mismo ritmo que la productividad laboral, lo que ha generado un rezago cercano al 32 %, según estudios basados en cifras oficiales del Dane.Las centrales también rechazaron la idea de que un aumento del salario mínimo por encima de la inflación cause efectos negativos en la economía. Señalaron que en los últimos años los incrementos reales no dispararon la inflación ni el desempleo y, por el contrario, ayudaron a reducir la informalidad y a fortalecer el consumo interno.En ese contexto, explicaron que el aumento del 16 % llevaría el salario mínimo a $1.650.680 en 2026, un ajuste que, aunque no cubre totalmente el costo de vida, ayudaría a recuperar parte del poder adquisitivo perdido y a mover la economía a través del consumo de los hogares.Finalmente, las centrales pidieron que el incremento salarial venga acompañado de otras medidas, como desindexar tarifas que suben con el salario mínimo, bajar las tasas de interés y fortalecer la producción nacional para generar más empleo formal. Si no hay acuerdo antes del 30 de diciembre, solicitaron que estos argumentos sean tenidos en cuenta en la decisión final del Gobierno.
Empresarios y trabajadores terminaron una nueva sesión de la mesa de diálogo para el aumento del salario mínimo en 2026 sin acuerdo. Este desacuerdo obligaría al Gobierno del presidente Gustavo Petro a establecer la cifra final vía decreto, tal como lo permite la ley en estos casos.Fabio Arias, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), confirmó la falta de acuerdo y reiteró la postura del sector sindical. "Como se preveía, lo dijimos desde el primer día, no iba a haber acuerdo y evidentemente no hubo acuerdo", señaló Arias.La brecha de la negociación: 7,21 % vs. 16 %El líder de la CUT explicó que la mesa de concertación estuvo marcada por la disparidad entre las propuestas. Mientras que la bancada sindical propuso un aumento del 16 %, los empresarios se mantuvieron en una cifra muy inferior."Los empresarios se quedaron en 7,21 % y lo dijimos desde la vez pasada, si los empresarios no se mueven, nosotros tampoco nos movemos. Y eso fue lo que sucedió en el día de hoy", puntualizó Arias.El presidente de la CUT argumentó que la propuesta sindical se basó, en parte, en un informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que abrió el debate al señalar una gran disparidad en el país."Hay un informe de la OIT, donde dijeron hay una brecha salarial entre el salario mínimo y la canasta básica familiar en Colombia del 50 %", citó Arias.Según el dirigente, esta revelación animó a las centrales obreras a "reducir esa brecha tan grande que hay en materia salarial en Colombia", justificando así la propuesta inicial del 16 % de aumento.Al finalizar las conversaciones, el mensaje de la bancada sindical al Ejecutivo fue claro: "Señor Gobierno, señor presidente de la República, doctor Gustavo Petro, aspiramos que su decisión sea muy cercana y ojalá igual a la petición que estamos haciendo del 16 %".
El ministro de Exteriores de Francia, Jean-Noël Barrot, señaló este lunes al régimen iraní como autor de los ciberataques que sufrieron los sistemas de refrigeración de varias cadenas de distribución el pasado octubre y anunció que habrá sanciones europeas contra los responsables."La responsabilidad de este ataque es del Cuerpo de los Guardianes de la Revolución de la República Islámica de Irán", dijo en declaraciones a la prensa durante la primera de las dos jornadas de la reunión de los jefes de la diplomacia del G7 en París.Barrot subrayó que "es un ataque de una amplitud y de una agresividad inéditas. Es el primer ciberataque de sabotaje a gran escala en el territorio francés y un ataque grave contra los intereses de la nación y contra la seguridad de las francesas y los franceses".A ese respecto, recordó que las perturbaciones afectaron a cerca de 700 instalaciones de grupos de distribución el 11 y el 12 de octubre y se tradujeron en averías de maquinaria, grandes cantidades de mercancía dañada e incendios.Por eso, aseguró que esta operación "no quedará sin consecuencias" y que, además de haber convocado al embajador de Irán en Francia para "protestar muy fuertemente", se aplicarán "sanciones a escala europea contra todos los responsables".Añadió que igualmente se adoptará "cualquier otra medida proporcionada y necesaria pública o no para responder a este ataque y disuadir a las que y a los que quisieran repetirla".El ministro indicó que la justicia francesa ha lanzado un procedimiento y también actuará.Ciberataques como los que sufrió Francia, que días después afectaron a sus bancos de sangre, también alcanzaron en los días siguientes a otros países europeos.
La Unidad para las Víctimas lanzó una alerta a nivel nacional por posibles estafas dirigidas a personas afectadas por el conflicto armado. Según la entidad, se han conocido denuncias de ciudadanos que recibieron llamadas y mensajes de WhatsApp de personas que prometen gestionar indemnizaciones administrativas o desbloquear ayudas humanitarias a cambio de dinero.La alerta se activó luego de conocer algunas denuncias en las que los responsables habrían utilizado el nombre y la imagen de la entidad para generar confianza entre las víctimas y solicitar pagos o información personal.En uno de los casos reportados, una persona habría exigido 300.000 pesos para autorizar el desembolso de unas ayudas. En otro, se habría solicitado dinero para acelerar el trámite de una indemnización. También se conoció una situación en la que pidieron datos personales con el argumento de gestionar la entrega de estos recursos.De acuerdo con la Unidad para las Víctimas, los responsables utilizan expresiones como “ayuda congelada”, “pago bloqueado”, “desembolso retenido” o “indemnización pendiente de autorización” para convencer a las personas de que deben realizar un pago y así recibir los recursos.En algunos casos, los contactos utilizan perfiles de WhatsApp con fotografías, logotipos de la entidad y documentos que aparentan ser oficiales. Sin embargo, la institución advirtió que estos elementos no demuestran que quien escribe o llama sea realmente un funcionario.La entidad recordó que ningún funcionario, intermediario o particular puede cobrar por reconocer, priorizar, agilizar o entregar una indemnización administrativa o una ayuda humanitaria.Ante estos casos, la entidad pidió a la población no realizar transferencias, consignaciones, giros ni pagos en efectivo para supuestamente liberar recursos o acelerar trámites.También recomendó no entregar copias de la cédula, información bancaria, contraseñas, códigos de verificación ni fotografías de tarjetas a personas cuya identidad no haya sido confirmada.La entidad insistió en que todos los trámites son gratuitos y no requieren intermediarios. Por eso, pidió a las víctimas del conflicto armado desconfiar de cualquier persona que prometa garantizar o acelerar el pago de una indemnización a cambio de dinero.
Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este lunes, 9 de noviembre de 2026:El Gobierno comenzó a ejecutar el plan para cubrir las deudas de Air-e y evitar una crisis financiera en el sistema eléctrico del Caribe. En las últimas horas fueron pagados otros $300.000 millones a empresas del sector, con lo que ya se han desembolsado cerca de $600.000 millones de los $1,5 billones prometidos. La siguiente factura corresponde a los consumos de octubre y será presentada durante la próxima semana.El ataque con drones contra el cantón militar de Santa Rosa del Sur, Bolívar, dejó tres soldados muertos y cerca de 50 heridos. Las autoridades señalaron que los artefactos cargados con explosivos impactaron varias veces las instalaciones, mientras la Defensoría advirtió que el sur de Bolívar ya acumulaba 22 emergencias humanitarias entre mayo y septiembre. La zona enfrenta además disputas entre el ELN, disidencias y estructuras criminales por el control territorial.Las autoridades investigan si un exfuncionario de la Dirección Nacional de Inteligencia intentó interferir en las elecciones presidenciales y acceder a información sensible de la Registraduría. Carlos Andrés Oyola también es investigado por posibles accesos a archivos de inteligencia y por una eventual venta de información a terceros. Paralelamente, la Fiscalía lo imputó por una red que habría alterado 41 calificaciones y más de $35 millones en matrículas de la UNAD para obtener títulos académicos.Un grave accidente en la vía Buga-Buenaventura dejó varias personas muertas y obligó al cierre de la carretera. El choque ocurrió dentro de uno de los túneles del sector Los Naranjos, en Dagua, e involucró un bus intermunicipal y un camión tipo niñera. Los organismos de emergencia atendieron a los heridos mientras las autoridades iniciaron la investigación para establecer las causas del siniestro.El Gobierno detalló dónde buscará los recortes para completar el ajuste fiscal de $45 billones. Entre los gastos que serán revisados aparecen recursos destinados a empresas mixtas, fondos especiales, estudios y programas que podrían financiarse con ingresos propios, mientras salud, educación y transferencias constitucionales quedarían protegidas. También se anticipó una futura revisión del esquema de subsidios de energía y gas y cambios en la devolución del IVA.Las autoridades investigan el homicidio de Ramsés Vargas, de 27 años, cuyo cuerpo fue encontrado con una herida de arma de fuego en los cerros orientales de Bogotá. María Paula Morera, quien era su pareja, contó que había hablado con él días antes de su muerte y aseguró que el joven no tenía enemigos conocidos. También señaló que la camioneta en la que se movilizaba desapareció y planteó, desde su percepción personal, que el crimen pudo haber sido planeado, una hipótesis que todavía debe ser esclarecida por los investigadores.Escuche el programa completo aquí:
El técnico de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo, respondió a las críticas de Lucas González, entrenador de Atlético Nacional, por la convocatoria de varios futbolistas del equipo antioqueño en un momento determinante de la temporada. En entrevista con Gol Caracol, el seleccionador defendió sus decisiones y cuestionó que los reclamos se hagan públicamente en lugar de establecer una comunicación directa con el cuerpo técnico de la Tricolor. "Me pueden llamar y yo les explico a los técnicos también, pero prefieren hablar en la prensa", manifestó el argentino.Esto dijo el DT de NacionalLa polémica surgió luego de que González expresara su inconformidad por perder jugadores para compromisos importantes, entre ellos las semifinales de la Copa BetPlay. El entrenador de Nacional señaló que las convocatorias representan una dificultad para el equipo, especialmente porque también debe afrontar las ausencias de jugadores llamados a las selecciones Colombia Sub-20 y Sub-17.González también cuestionó lo que considera un trato desigual frente a los clubes del exterior. Como ejemplo, mencionó el caso del arquero Álvaro Montero, quien permaneció en Argentina para disputar una semifinal de Copa con Boca Juniors, mientras que Atlético Nacional debe prescindir de sus futbolistas convocados. "Lo que no es coherente es que pase aquí en Colombia y no pase con clubes de fuera", señaló el entrenador, quien afirmó que su equipo pierde entre ocho y nueve jugadores, incluyendo los llamados a selecciones juveniles.La respuesta de LorenzoAnte estos cuestionamientos, Lorenzo aseguró que considera injustas las declaraciones del técnico verdolaga, especialmente porque Atlético Nacional es una institución que históricamente ha contribuido a las diferentes categorías de las selecciones nacionales. Sobre la comparación con Montero, explicó que las situaciones de los futbolistas se manejan de acuerdo con la programación de cada convocatoria. Según indicó, antes de la fecha anterior habló con Camilo Vargas para informarle que no sería llamado en esa oportunidad, mientras que Montero sí estaba contemplado para integrar el equipo nacional.Finalmente, el entrenador argentino defendió el orgullo que debería representar para los equipos colombianos tener jugadores en la Selección y cuestionó las críticas que recibe por sus decisiones."Cuando no llamo jugadores del fútbol local dicen que no miro la liga. Cuando llamo jugadores del fútbol local se quejan porque los llamo", expresó. El argentino también recordó que no es responsable de organizar el calendario de la Fifa ni las fechas del campeonato colombiano y aseguró que preferiría que los entrenadores se comuniquen directamente con él para resolver sus inquietudes, en lugar de llevar las diferencias a los medios de comunicación.
TikTok ha instado a la Fundación Maldita.es a compartir "de forma completa" su investigación en la que ha detectado más de mil vídeos de abuso sexual infantil y más de 20.000 perfiles de potenciales pedófilos en la plataforma, porque "su negativa" les está "impidiendo activamente localizar y eliminar este material".Así lo han confirmado a EFE fuentes de TikTok, que han subrayado que no disponer de esos "hallazgos" publicados por Maldita.es "obstaculiza" la presentación de informes ante las fuerzas de seguridad españolas por parte de la plataforma, que sigue "dando apoyo a las autoridades pertinentes". Maldita.es, plataforma dedicada a combatir la desinformación, ha detectado en TikTok más de mil vídeos de abuso sexual infantil, que superan 48 millones de visualizaciones, y más de 20.000 perfiles de potenciales pedófilos que intercambian o venden este tipo de material, de los que más de 7.000 operan en español.También ha localizado 780 cuentas que utilizan la plataforma para captar compradores de material de abuso sexual infantil, 91 emisiones en directo de menores en 17 países en los que los usuarios piden acciones, a veces sexuales, a cambio de dinero, y una comunidad de más de 2.000 miembros que busca contenido de bebés."Mantener TikTok como un lugar seguro para nuestra comunidad es nuestra máxima prioridad. El contenido sexualmente explícito con menores (CSAM, por sus siglas en inglés) está categóricamente prohibido, y desplegamos tecnologías de detección avanzadas y mecanismos de cumplimiento para identificar y eliminar de forma contundente este contenido de nuestra plataforma", aseguran las fuentes consultadas. La compañía considera "vital" que haya una "respuesta colectiva" dado que, explican las mismas fuentes, "los actores malintencionados evolucionan continuamente sus métodos para evadir la detección".Por su parte, el Ministerio de Juventud e Infancia de España ha pedido a la Fiscalía General del Estado español que "actúe" ante los presuntos casos de abuso sexual infantil en la plataforma, y ha planteado paralizar los servicios de TikTok en el país, si se considera "oportuno".
