El exministro del Interior Luis Velasco fue reseñado por las autoridades en Cali luego de presentarse voluntariamente para cumplir la orden de captura en su contra, esto en medio del proceso judicial que se adelanta por el presunto direccionamiento irregular de millonarios contratos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
La diligencia se realizó tras la decisión del Tribunal Superior de Bogotá, que ordenó medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario.
Esta es la foto de reseña del exministro del Interior, Luis Fernando Velasco:
La misma determinación cobija al exministro de Hacienda Ricardo Bonilla. Ambos exfuncionarios son investigados como presuntos autores de los delitos de concierto para delinquir, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho por dar u ofrecer, en una investigación que busca esclarecer la presunta existencia de una estructura organizada para manipular procesos contractuales al interior de la UNGRD.
La decisión fue adoptada por la magistrada Alexandra Rosero, quien se apartó de la solicitud presentada por la Fiscalía General de la Nación, que había pedido la imposición de una medida de detención domiciliaria. En su análisis jurídico, el Tribunal concluyó que la gravedad de los hechos investigados y los riesgos advertidos para el proceso hacen necesaria una medida de carácter intramural.
En el auto judicial, la magistrada ordenó librar órdenes de captura contra Luis Fernando Velasco y Ricardo Bonilla para hacer efectiva la medida de aseguramiento. Asimismo, dispuso que, una vez se materialicen las capturas, se comunique la decisión a las autoridades competentes para que los imputados sean puestos a disposición del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC).
Entre los principales argumentos expuestos por el Tribunal se encuentra la persistencia del riesgo institucional y el estado en el que se encuentra la actuación procesal. La magistrada Rosero consideró que la detención domiciliaria no resulta suficiente para neutralizar los riesgos advertidos, al no impedir de manera eficaz la posibilidad de articulación indirecta, influencia institucional o interferencia funcional, características —según indicó— de estructuras criminales que operan desde altos niveles de poder bajo esquemas de aparente legalidad.
Finalmente, el Tribunal sostuvo que la gravedad concreta de los hechos, la posición atribuida a los procesados dentro del entramado investigado, la persistencia de actores no judicializados, la existencia de vinculados evadidos y la incertidumbre sobre la totalidad de la presunta organización criminal imponen la necesidad de una medida de aseguramiento intramural como la única compatible con los fines constitucionales de protección de la comunidad y preservación del orden institucional.