Durante la audiencia pública preparatoria de primera instancia en la Corte Suprema de Justicia contra el exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, y Luis Fernando Velasco, del Interior, la Fiscalía General de la Nación recibió un plazo de tres semanas para reunirse con las defensas y solucionar serias inconsistencias en la entrega del material probatorio. Esto, en medio de las tensiones que se presentan previas al juicio por el desfalco en la UNGRD e Invías.La sesión se desarrolla tras la acusación formal contra ambos exfuncionarios por presunta participación en el direccionamiento de contratos a cambio de apoyo congresional a proyectos gubernamentales.La acusación abarca los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho por dar u ofrecer. En esta etapa previa al juicio, conducida bajo la ponencia del magistrado Jorge Emilio Caldas Vera, se evalúan las evidencias que serán tenidas en cuenta en el proceso.¿Qué dice la Fiscalía hasta el momento?El choque principal de la jornada surgió al constatarse la presencia de archivos cifrados con contraseña, carpetas vacías, documentos ilegibles y comunicaciones incompletas atribuidas a Olmedo López y Sneyder Pinilla. Frente a estos cuestionamientos, el ente acusador rechazó de manera categórica cualquier intención de ocultar evidencia, argumentando que entregó la totalidad del expediente acumulado, incluidos los archivos digitales a los que tampoco ha podido tener acceso por falta de claves.“Ningún elemento fue ocultado, sustraído, reservado o deliberadamente excluido del conocimiento de la defensa (...) la Fiscalía no tuvo acceso a los archivos que fueron inaccesibles (...) No es lo mismo ocultar información que desconocerla, no es lo mismo reservar un elemento probatorio que carecer materialmente de la posibilidad de acceder a él”, señaló la fiscal del caso.La defensa del exministro Bonilla denunció inconsistenciasPor su parte, la defensa técnica del exministro de Hacienda, encabezada por el abogado Alejandro Carranza, denunció presuntas irregularidades en el descubrimiento probatorio de la Fiscalía por el caso de corrupción en la UNGRD, al advertir que se entregaron carpetas vacías, archivos cifrados imposibles de abrir y documentos ilegibles que buscan limitar el derecho a la defensa.“¿Para qué descubría la fiscalía elementos que no puede permitirle acceso a la defensa?”, cuestionó la defensa, recordando que la ley castiga esta práctica para evitar sorpresas procesales.La defensa de Bonilla sostuvo que, ante la imposibilidad técnica para acceder a los archivos, que afecta por igual a Fiscalía y defensa, ninguna de las partes podría utilizar en juicio un contenido que no ha sido descubierto.A las objeciones de su apoderado se sumó la intervención directa del propio exministro Ricardo Bonilla.“Yo siento que la Fiscalía está inundándonos de información, de la que, como lo acaba de decir el abogado Carranza, mucha no tiene ningún sentido, pero lo que quiere es inundarnos y reducir la capacidad de la defensa. Eso es todo lo que tengo que decir”, denunció Ricardo Bonilla, exministro de Hacienda.Por lo que reiteraron la exigencia formal de recibir copias plenamente legibles antes de dar paso a la etapa de juicio.La defensa del exministro Velasco cuestiona la lealtad de la investigaciónA la par, la representación legal del exministro del Interior, Luis Fernando Velasco, asumida por la abogada Elena Suárez, exigió que la Fiscalía ponga a disposición de manera individualizada y definitiva todos los elementos pendientes. Suárez hizo énfasis en que la carga de gestionar permisos, recuperar accesos desde las fuentes y desbloquear cuadernos reservados o archivos con clave recae de forma exclusiva sobre el organismo investigador.“Para la defensa, no hay reservas en esta etapa procesal. Los archivos y los enlaces y videos que requieren contraseñas y los permisos de recuperación desde la fuente, es obligación de la Fiscalía descubrirlos, no de la defensa solicitarlos”, indicó Elena Suárez, abogada defensora de Luis Fernando Velasco.El exministro Velasco también hizo uso de la palabra para expresar un duro reclamo sobre las garantías procesales. Cuestionó la plenitud del descubrimiento probatorio y rechazó que la Fiscalía pretenda delimitar unilateralmente qué evidencias pueden o no ser empleadas para estructurar su estrategia de defensa.“¿Por qué están escondiendo de Sneyder? ¿Qué hay ahí? ¿Será que si la Corte en particular y el país en general conocen esa información, se evidenciará cómo la Fiscalía no quiso investigar el inmenso robo de la UNGRD? Es mi tesis”, agregó el exministro Velasco.Finalmente, Velasco elevó el tono de sus críticas sobre el curso de las indagaciones, señalando que la falta de acceso a los chats íntegros de Olmedo López y Sneyder Pinilla plantea dudas sobre el alcance real de la investigación en torno al desfalco de más de 1,3 billones de pesos en la UNGRD.
El Tribunal Superior de Bogotá legalizó la captura del exministro del Interior Luis Fernando Velasco, quien se puso a disposición del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, para cumplir una medida de aseguramiento de detención domiciliaria dentro del proceso que se adelanta por su presunta participación en el entramado de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD.Velasco es investigado por los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho, relacionados con las actuaciones que son materia de investigación dentro del caso de corrupción de la UNGRD. La decisión se conoce después de que recientemente la Corte amparara los derechos del exministro mediante un fallo de tutela, en el que ordenó su libertad y la revisión de su situación jurídica. El alto tribunal analizó si durante la actuación judicial anterior se había presentado una afectación al debido proceso.En esa revisión, la Corte concluyó que la autoridad judicial de control de garantías había sobrepasado los límites constitucionales y legales al imponer una medida más severa que la detención domiciliaria que había solicitado originalmente la Fiscalía.Con la nueva actuación judicial en el Tribunal, Velasco quedó nuevamente a disposición de las autoridades para cumplir la medida de aseguramiento domiciliaria dentro del proceso que se adelanta por los hechos relacionados con la UNGRD.Durante la diligencia, el exministro se refirió públicamente a las acusaciones que enfrenta y aseguró que ha decidido comparecer ante la justicia para responder por el proceso.“He querido darle la cara a la justicia, enfrentar en los espacios que debo enfrentar este tipo de acusaciones”, afirmó Velasco durante la audiencia.El exfuncionario aprovechó, además, la diligencia pública para hacer una precisión sobre el alcance de las acusaciones que enfrenta. “Como es una audiencia pública, también quiero dejar la constancia muy clara de que este proceso no está relacionado con apropiación de recursos”, manifestó.Velasco agregó que esa misma posición ya la había expuesto anteriormente ante la Fiscalía. “Como lo señaló anteriormente en otra audiencia de la Fiscalía, a mí no se me acusa de apropiarme de recursos públicos de ninguna índole”, sostuvo.
La Corte Suprema de Justicia anuló la medida de aseguramiento de detención en establecimiento carcelario contra el exministro del Interior Luis Fernando Velasco al concluir que se vulneró su derecho al debido proceso. Con esta decisión, el exfuncionario, quien permanecía recluido en una guarnición militar en Cali, recuperará la libertad mientras un juez de control de garantías redefine su situación jurídica, quien tendrá un plazo de cinco días para hacerlo.La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia concluyó que los jueces que conocieron el caso interpretaron de forma errónea la ley al considerar que la detención domiciliaria era una medida subsidiaria de la prisión intramural. En otras palabras, la Corte señaló que los jueces actuaron como si la detención en el lugar de residencia solo pudiera imponerse después de descartar la cárcel, cuando ambas son medidas autónomas que deben evaluarse de manera independiente.El alto tribunal también concluyó que los jueces aplicaron de forma indebida normas que regulan beneficios o sustituciones posteriores a una condena, y no las reglas que rigen las medidas de aseguramiento. Además, consideró que impusieron una restricción más gravosa que la solicitada por la Fiscalía.La Corte recordó que el ente acusador había solicitado desde el inicio una medida de aseguramiento de detención preventiva en el lugar de residencia, al considerar que no existían riesgos de fuga, obstrucción a la justicia o manipulación de pruebas. Sin embargo, los jueces ordenaron su reclusión en un establecimiento carcelario, decisión que, según el alto tribunal, excedió el alcance de la solicitud de la Fiscalía y desconoció el principio según el cual las restricciones a la libertad deben ser excepcionales.Aunque Velasco recuperará la libertad frente a la medida de detención en centro carcelario, el proceso penal en su contra continúa. La Corte dio un plazo máximo de cinco días para que el juez de control de garantías emita una nueva decisión sobre la solicitud de medida de aseguramiento presentada por la Fiscalía, siguiendo los lineamientos fijados en la sentencia.La decisión se produjo luego de que el exministro fuera beneficiado por un fallo de tutela que anuló la decisión que ordenó su reclusión en un centro carcelario. Velasco es señalado de articular un entramado de corrupción para comprar votos en el Congreso a cambio de direccionar contratos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), cuando se desempeñó como ministro del Interior entre mayo de 2023 y febrero de 2024.
Tras dos largas jornadas de audiencia de formulación de acusación en contra de los exministros del gobierno del presidente Gustavo Petro, la Fiscalía expuso en la tarde de este jueves su escrito sobre la tesis de la presunta participación de los exministros de Hacienda e Interior.De acuerdo con la Fiscalía, Bonilla y Velasco deberán responder por los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho por dar u ofrecer.La investigación señala que los exjefes de las carteras de Hacienda e Interior habrían convocado reuniones, impartido directrices y hecho seguimiento a procesos contractuales en entidades como el Instituto Nacional de Vías y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, con el objetivo de beneficiar a determinados congresistas y asegurar su respaldo a proyectos del Gobierno en el Congreso particularmente en el marco de las discusiones de las reformas pensional y de salud.Según la tesis de la Fiscalía, entre junio y septiembre de 2023, los exministros habrían intervenido indebidamente en 78 contratos 73 en Invías y cinco en la UNGRD por un valor cercano a 612.000 millones de pesos, de los cuales siete se concretaron.Otra de las fechas clave es entre septiembre y diciembre de 2023 que es cuando presuntamente ambos exfuncionarios intercedieron en tres procesos contractuales relacionados con atención de emergencias en Saravena (Arauca), Cotorra (Córdoba) y El Salado, en Carmen de Bolívar (Bolívar), por un total de 86.619 millones de pesos.Aunque estos contratos no se firmaron, la Fiscalía sostiene que congresistas que serían beneficiados aprobaron 17 operaciones de crédito a favor del Gobierno nacional.La justicia tomó en las últimas horas una decisión relacionada con Luis Fernando Veasco tras estudiar una apelación del exministro del Interior contra su medida de aseguramiento. El Tribunal Superior de Bogotá confirmó la medida lo que significa que Velasco seguirá detenido.
En los últimos días la justicia se ha pronunciado sobre las investigaciones por el escándalo de corrupción de la UNGRD. En ese sentido, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia confirmó el llamado a juicio de los 5 congresistas y un excongresista sellados de participar en el entramado, además, dejó en firme las órdenes de captura de 2 de ellos: Wadith Manzur y Karen Manrique.Está última, quien fue reelecta en las pasadas elecciones del 8 de marzo, perdió otro round allí en la Sala de Instrucción porque los magistrados le negaron el beneficio de casa por cárcel que ella solicitó a través de su abogado.En el caso del exministro del Interior, Luis Fernando Velasco, el Tribunal Superior de Bogotá confirmó la medida de aseguramiento en su contra lo que en la práctica significa que Velasco seguirá privado de la libertad en una guarnición militar en Cali.El proceso judicial contra Karen Manrique tiene que ver con durante el segundo semestre de 2023, ella y los otros 5 parlamentarios habrían aceptado ofrecimientos de funcionarios del Ministerio de Hacienda. El objetivo era emitir conceptos favorables sobre operaciones de crédito de interés para dicha cartera.En varias reuniones se habría acordado que la contraprestación para los congresistas sería el impulso de la contratación y obras de interventoría de tres proyectos de la UNGRD en Córdoba, Arauca y Bolívar.En el caso de Luis Fernando Velasco, según la tesis dela Fiscalía, él y el exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, habrían participado en un esquema que buscaba direccionar recursos públicos para asegurar apoyos políticos en el Congreso, particularmente en el marco de las discusiones de las reformas pensional y de salud.
Bonilla y el exministro del Interior Luis Fernando Velasco fueron enviados a prisión preventiva en diciembre pasado mientras avanzan las investigaciones por los delitos de concierto para delinquir, cohecho e interés indebido en la celebración de contratos.En las últimas horas, el Tribunal Superior de Bogotá dejó en libertad por vencimiento de términos al exministro de Hacienda Ricardo Bonilla, quien había sido enviado a detención preventiva por el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).La magistrada Isabel Álvarez Fernández aseguró en una audiencia que la Fiscalía no presentó el escrito de acusación contra el exministro durante el plazo permitido por la ley, que es de 120 días tras la imputación que se cumplió el pasado primero de abril."Incluso en el momento en el que la defensa elevó la solicitud (de que Bonilla fuera dejado en libertad), todavía ese escrito de acusación no se había presentado (...) En la situación que nos convoca, en efecto sí se cumple el presupuesto para ordenar la libertad por vencimiento de términos", expresó Álvarez.Blu Radio conoció el escrito de acusación de la Fiscalía en el que, en un documento de 287 páginas, se detalla cómo habrían liderado una "organización criminal" que, entre 2023 y 2024, habría destinado más de 612.000 millones de pesos para comprar apoyos legislativos mediante la asignación de contratos y proyectos.En el escrito, la Fiscalía detalla cómo habría sido la actuación de los dos exfincionarios del Gobierno del presidente Gustavo Petro: “Se concertaron entre sí y con otras personas conocidas y desconocidas, para cometer delitos contra la administración pública, con el fin de asegurar las mayorías parlamentarias…”, señala el documento. Y agrega: “Ofrecieron y acordaron ilícitamente con algunos Senadores y Representantes […] direccionar proyectos, contratos o convenios […] a cambio de su concurrencia y votación”. Mecanismo de intercambio: contratos por votos“Consistieron en comprar congresistas a través de la entrega de contratos cuyos recursos provenían del erario, a cambio del apoyo de los parlamentarios”, señala el escrito de acusación. En ese mismo sentido, asegura el texto: “Entregarle a los congresistas una coima representada en contratos a cambio de sus votos”. La Fiscalía habló con contundencia de lo que se trataría una organización criminal, la cual lideraron y ejecutaron, según el escrito: “Lideraron, promovieron, dirigieron y encabezaron la organización criminal”. Detalla también cómo habría sido ejecutada la compra de votos a cambio de contratos: “Plantearon las líneas base del modus operandi […] consistieron en comprar congresistas”. Había “conductas orientadas a asegurar el respaldo político […] mediante el direccionamiento indebido de proyectos” y así “configurándose así un intercambio ilícito de beneficios contractuales por votos”, de acuerdo con el escrito de acusación de la Fiscalía.El caso de la UNGRD, revelado en 2024, es considerado el mayor escándalo de corrupción del Gobierno del presidente Gustavo Petro y ya ha derivado en la detención de los expresidentes del Senado Iván Name y de la Cámara de Representantes Andrés Calle, así como en condenas contra exdirectivos del organismo y otros funcionarios.
Hace apenas unas horas la Fiscalía General de la Nación radicó ante la Corte Suprema el escrito de acusación contra los exministros de Hacienda e Interior, Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, por su presunta participación en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD). Ambos exfuncionarios son investigados como presuntos autores de los delitos de concierto para delinquir, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho por dar u ofrecer.Blu Radio estableció que será el magistrado Jorge Emilio Caldas el ponente y en grado de llevar a cabo las audiencias de acusación y preparatoria de juicio. Esta es la fase previa al juicio oral que deberán enfrentar los dos exministros por el escándalo de corrupción.Sobre Ricardo Bonilla, el Tribunal Superior de Bogotá lo dejó en libertad por vencimiento de términos luego de que en diciembre de 2025 ambos exaltos funcionarios fueran imputados por la presunta comisión de 3 delitos.El papel que presuntamente cumplieron Bonilla y VelascoLa fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia, María Cristina Patiño, explicó que, según la investigación, Bonilla y Velasco habrían acordado ilícitamente con algunos senadores y representantes del Congreso de la República el direccionamiento de proyectos, contratos o convenios en el Invìas y la UNGRD, a cambio de su respaldo en las votaciones de las comisiones parlamentarias.Entre los hechos más relevantes, la fiscal destacó una reunión en las instalaciones del Ministerio del Interior, en la que Velasco, Bonilla y la asesora María Alejandra Benavides Soto discutieron las próximas elecciones regionales y la necesidad de asegurar respaldo político mediante beneficios indebidos. Velasco habría ordenado que Benavides atendiera al senador Julio Elías Chagüi, quien buscaba la agilización de proyectos en el Invìas, orden que Bonilla habría concretado al instruir a su asesora para cumplir con el acuerdo ilícito.
En la tarde de este viernes, 19 de diciembre, fueron legalizadas las capturas de los exministros del gobierno Petro, Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, por su presunta vinculación en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).Se llevó a cabo la audiencia de legalización de captura contra los exministros de Hacienda Ricardo Bonilla y del Interior Luis Fernando Velasco, quienes, según la Fiscalía, habrían hecho parte de un entramado criminal en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo.Bonilla fue capturado minutos después de que finalizara la audiencia en el Tribunal Superior de Bogotá, en donde se conoció que la medida era intramural, es decir, cárcel para ambos exministros del gobierno del presidente Gustavo Petro.Mientras tanto, Luis Fernando Velasco se entregó voluntariamente en Cali, ciudad donde reside actualmente.Durante la diligencia la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría le pidieron a la magistrada Leonor Oviedo, que impartiera legalidad sobre las capturas de Velasco y Bonilla.Asimismo, ambos exministros aseguraron durante la audiencia que al momento de sus capturas les fueron respetadas todas sus garantías procesales.La magistrada Oviedo señaló que los exministros podrían ser traslados a la Cárcel la Picota de Bogotá o al sitio de reclusión que asigne el Inpec.Entre los principales argumentos expuestos por el Tribunal Superior de Bogotá para imponer medida intramural, está la persistencia del riesgo institucional y el estado en el que se encuentra la actuación procesal. La magistrada Aura Alexandra Rosero consideró que la detención domiciliaria no resulta suficiente para neutralizar los riesgos advertidos, al no impedir de manera eficaz la posibilidad de articulación indirecta, influencia institucional o interferencia funcional, propias ,según indicó, de estructuras criminales que operan desde niveles altos de poder y bajo esquemas de aparente legalidad.
El exministro del Interior Luis Velasco fue reseñado por las autoridades en Cali luego de presentarse voluntariamente para cumplir la orden de captura en su contra, esto en medio del proceso judicial que se adelanta por el presunto direccionamiento irregular de millonarios contratos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).La diligencia se realizó tras la decisión del Tribunal Superior de Bogotá, que ordenó medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario.Esta es la foto de reseña del exministro del Interior, Luis Fernando Velasco:La misma determinación cobija al exministro de Hacienda Ricardo Bonilla. Ambos exfuncionarios son investigados como presuntos autores de los delitos de concierto para delinquir, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho por dar u ofrecer, en una investigación que busca esclarecer la presunta existencia de una estructura organizada para manipular procesos contractuales al interior de la UNGRD.La decisión fue adoptada por la magistrada Alexandra Rosero, quien se apartó de la solicitud presentada por la Fiscalía General de la Nación, que había pedido la imposición de una medida de detención domiciliaria. En su análisis jurídico, el Tribunal concluyó que la gravedad de los hechos investigados y los riesgos advertidos para el proceso hacen necesaria una medida de carácter intramural.En el auto judicial, la magistrada ordenó librar órdenes de captura contra Luis Fernando Velasco y Ricardo Bonilla para hacer efectiva la medida de aseguramiento. Asimismo, dispuso que, una vez se materialicen las capturas, se comunique la decisión a las autoridades competentes para que los imputados sean puestos a disposición del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC).Entre los principales argumentos expuestos por el Tribunal se encuentra la persistencia del riesgo institucional y el estado en el que se encuentra la actuación procesal. La magistrada Rosero consideró que la detención domiciliaria no resulta suficiente para neutralizar los riesgos advertidos, al no impedir de manera eficaz la posibilidad de articulación indirecta, influencia institucional o interferencia funcional, características —según indicó— de estructuras criminales que operan desde altos niveles de poder bajo esquemas de aparente legalidad.Finalmente, el Tribunal sostuvo que la gravedad concreta de los hechos, la posición atribuida a los procesados dentro del entramado investigado, la persistencia de actores no judicializados, la existencia de vinculados evadidos y la incertidumbre sobre la totalidad de la presunta organización criminal imponen la necesidad de una medida de aseguramiento intramural como la única compatible con los fines constitucionales de protección de la comunidad y preservación del orden institucional.
El Tribunal Superior de Bogotá impuso medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario contra los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, dentro del proceso judicial que se adelanta por el presunto direccionamiento irregular de millonarios contratos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Ambos exfuncionarios son investigados como presuntos autores de los delitos de concierto para delinquir, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho por dar u ofrecer.La decisión fue adoptada por la magistrada Alexandra Rosero, quien se apartó de la solicitud presentada por la Fiscalía General de la Nación, que había pedido detención domiciliaria. En su análisis, el Tribunal concluyó que la gravedad de los hechos y los riesgos advertidos hacen necesaria una medida de carácter intramural.La magistrada ordenó librar órdenes de captura contra Luis Fernando Velasco y Ricardo Bonilla para hacer efectiva la medida de aseguramiento. Asimismo, dispuso que, una vez se materialicen las capturas, se comunique la decisión a las autoridades competentes para que los imputados sean puestos a disposición del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC, entidad que definirá el establecimiento de reclusión correspondiente, garantizando la verificación, custodia y el respeto de sus derechos fundamentales.Entre los principales argumentos expuestos por el Tribunal se encuentra la persistencia del riesgo institucional y el estado en el que se encuentra la actuación procesal. La magistrada consideró que la detención domiciliaria no resulta suficiente para neutralizar los riesgos advertidos, al no impedir de manera eficaz la posibilidad de articulación indirecta, influencia institucional o interferencia funcional, propias ,según indicó, de estructuras criminales que operan desde niveles altos de poder y bajo esquemas de aparente legalidad.Rosero sostuvo que la gravedad concreta de los hechos, la posición atribuida a los procesados dentro del entramado investigado, la persistencia de actores no judicializados, la existencia de vinculados evadidos y la incertidumbre sobre la totalidad de la organización criminal imponen la necesidad de una medida de aseguramiento intramural como la única compatible con los fines constitucionales de protección de la comunidad y preservación del orden institucional.Durante la audiencia, también se reiteró la importancia de imponer oportunamente una medida restrictiva de la libertad, haciendo referencia a antecedentes como la fuga y posterior asilo en Nicaragua de Carlos Ramón González. Este argumento fue cuestionado por las defensas, que advirtieron que no deben utilizarse situaciones de terceros para influir en la valoración individual de los procesados.Al explicar el peligro que representan los hechos investigados, la magistrada señaló que el riesgo para la comunidad no se limita a la eventual reiteración inmediata de las conductas, sino al impacto institucional que genera la normalización de prácticas corruptas cuando se producen desde cargos de alta jerarquía y con capacidad de influencia estructural. En su criterio, la afectación es sistemática y trasciende los casos individuales.El Tribunal concluyó que, con el estándar probatorio propio de esta etapa procesal, existen elementos suficientes para inferir la existencia de un acuerdo criminal con vocación de permanencia. Según la magistrada, las actuaciones analizadas permiten sostener que no se trató de hechos aislados, sino de una concertación organizada orientada a la comisión reiterada de delitos contra la administración pública.“La evidencia permite inferir que ese cónclave constituye un acto donde se expresó la concertación ya existente”, afirmó Rosero, al sostener que dicho encuentro refuerza la conclusión preliminar sobre la existencia de un acuerdo criminal organizado.La decisión también abordó la presunta injerencia indebida de los exministros en el trámite legislativo. Para el Tribunal, los elementos recaudados evidencian una normalización del intercambio ilícito de favores como mecanismo para asegurar mayorías parlamentarias y estabilidad política, una práctica que, según se indicó, vulnera los principios de separación de poderes, legalidad y moralidad administrativa.Finalmente, la magistrada cuestionó el manejo de los recursos públicos, al advertir que la contratación estatal habría sido utilizada como instrumento de presión política, materializada en documentos informales y cuadros en formato Excel, incompatibles con los estándares de planeación, transparencia y legalidad que deben regir la gestión de la hacienda pública.
¡Mucho cuidado! Autoridades en Medellín alertan a comerciantes por suplantación de funcionarios y cobros indebidos. Aseguran que ninguna persona puede cobrar dinero por agilizar procesos o realizar visitas.Sobre la alertaLa Alcaldía de Medellín lanzó una alerta dirigida a comerciantes, propietarios y administradores de establecimientos abiertos al público ante posibles casos de suplantación de servidores públicos y falsos inspectores sanitarios que estarían realizando cobros indebidos.Es por esta razón que la Administración Distrital recordó que ningún funcionario está autorizado para solicitar dinero o beneficios económicos a cambio de realizar visitas, entregar conceptos favorables o agilizar trámites.La subsecretaria Administrativa y Financiera de la Secretaría de Salud, María Rivera, indicó que la advertencia se relaciona con las labores de inspección, vigilancia y control sanitario que adelantan las autoridades en diferentes zonas de la ciudad.“En Medellín, hacemos un llamado a los comerciantes y propietarios de establecimientos abiertos al público, recuerden que ningún funcionario está autorizado para solicitar dinero, dádivas o beneficios económicos a cambio de visitas sanitarias, conceptos, trámites o para evitar medidas sanitarias”, dijo.Ante una visita, la recomendación de la Alcaldía de Medellín es que los comerciantes soliciten la identificación del funcionario y verifiquen su nombre, cargo y entidad. Además, pidió desconfiar de personas que prometan evitar sanciones o gestionar visitas a cambio de dinero.Las autoridades en la capital de Antioquia hizo un llamado a los comerciantes para mantenerse atentos frente a posibles intentos de engaño y verificar siempre la identidad de quienes se presenten como funcionarios encargados de realizar controles sanitarios.
Ya son 32 los cuerpos recuperados en el Cementerio Universal de Medellín, en un proceso humanitario realizado a nivel regional que, además, ha permitido hallar a más de 100 personas con vida y entregar más de 200 cuerpos recuperados a sus familias.Tras culminar su quinta fase de intervención en el Jardín Cementerio Universal de Medellín, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas recuperó 14 cuerpos de personas reportadas como desaparecidas, sumando un total de 32 recuperaciones en este camposanto desde el año 2020.Las labores recientes permitieron intervenir igual número de bóvedas en las galerías Mausoleo Municipal, Coonaltef, Ferroviarios y Aspenjudas.Este sitio de interés forense ha sido históricamente el principal punto de inhumación de cuerpos no identificados y no reclamados en la ciudad, albergando a víctimas de desaparición procedentes, tanto de zonas urbanas del Valle de Aburrá como de áreas rurales de Antioquia, incluidas personas en situación de vulnerabilidad, habitantes de calle y víctimas del conflicto armado vinculadas a los ríos Medellín, Porce y Cauca.“Históricamente, este sitio o este camposanto ha sido un epicentro para la inhumación de cuerpos de no solo el Valle de Aburrá, sino de todo noroccidente. A la fecha, en el marco de nuestra investigación humanitaria, ha realizado un total de cinco fases de intervención desde el 2020 a la fecha y hemos recuperado un total de 32 cuerpos”, aseveró.A nivel regional, la Unidad de Búsqueda registra un universo de más de 33.000 personas dadas por desaparecidas en el noroccidente del país que comprende los departamentos de Antioquia, Caldas y Chocó, apoyadas por 19 Planes Regionales y un registro de 9.712 personas buscadoras. En esta demarcación, la labor humanitaria ha permitido hallar a 122 personas con vida y recuperar 1.628 cuerpos, de los cuales 224 han sido entregados dignamente a sus familias.“Tenemos aproximadamente un universo de más de 33,000 personas dadas por desaparecidas. A la fecha hemos recuperado más de 1,600 cuerpos. Tenemos un resultado de 122 personas encontradas con vida y hemos realizado 124 entregas dignas”, puntualizó.En el panorama nacional, la entidad ha logrado ubicar un total de 5.721 cuerpos y a 633 personas con vida, consolidando procesos de investigación extrajudiciales que buscan dar respuesta a las familias que continúan buscando a sus seres queridos en el país.
Volkswagen llamó a revisión más de 2,8 millones de vehículos VW y Audi en todo el mundo por un riesgo de "ruptura de los tornillos" de la dirección, informó este viernes la agencia alemana del automóvil (KBA) en un comunicado.El problema puede provocar una "ruptura de los tornillos", lo que puede "acarrear un fallo de la dirección", precisó KBA.En concreto, la medida afecta a 2,16 millones de vehículos de VW y a 700.000 de la marca Audi. De todos ellos, un tercio se encuentran en Alemania.Cuáles son los carros VW y Audi llamados a revisiónEn el caso de VW, los cinco modelos -Golf, Golf Variant, Tiguan, Touran et Caddy- fueron fabricados entre 2013 y 2024. En cuanto a Audi, se trata de modelos Q3 fabricados de 2017 a 2024."Estamos retirando de forma preventiva los vehículos afectados, sin que haya habido daños corporales", dijo a la AFP un portavoz del grupo, que indicó que se había detectado "un fenómeno de corrosión en el tornillo".Según él, el peligro "no es tan grave como para inmovilizar el vehículo" inmediatamente y dijo que los particulares pueden acudir al concesionario al volante del vehículo, "conduciendo". Allí, les proporcionarán nuevos tornillos más resistentes a la corrosión, precisó.Un nuevo revés para el primer fabricante de vehículos europeo, que a principios de septiembre alcanzó un acuerdo con los sindicatos para suprimir hasta 100.000 puestos de trabajo de aquí a 2030.
Fue judicializado Daniel Felipe Duque Duque, señalado de utilizar diferentes perfiles en redes sociales y líneas telefónicas para acosar, amenazar, hostigar y suplantar a 21 personas en los municipios de Sabaneta y Envigado, Antioquia.De acuerdo con la investigación, las víctimas identificadas hasta el momento son 20 mujeres y un hombre. La Fiscalía documentó los casos y recopiló elementos materiales probatorios con los que señala a Duque Duque como responsable de este patrón de comportamiento.Uno de los casos corresponde a una mujer que denunció haber sido contactada a través de más de 500 perfiles creados, presuntamente, para asediarla. La Fiscalía también señala que el investigado habría creado centenares de cuentas para enviar mensajes injuriosos y degradantes, así como contenidos sexuales y relacionados con violencia de género dirigidos contra mujeres de una comunidad educativa y psicólogas.La investigación también documenta presuntas suplantaciones de las víctimas mediante perfiles falsos. A través de esas cuentas, el señalado habría contactado a familiares y personas conocidas de las víctimas y realizado publicaciones en las que las difamaba y les atribuía participación en hechos delictivos.Otra de las prácticas que hacen parte de los casos documentados consistía, de acuerdo con la Fiscalía, en divulgar los números telefónicos de algunas de las personas afectadas para que fueran incluidos en grupos de mensajería instantánea en los que circulaba contenido sexual. A partir de esta situación, algunas víctimas habrían comenzado a recibir mensajes provenientes de otros países.Entre los casos también se encuentra el de un joven que, según la investigación, habría sido hostigado y constreñido desde los 15 años para que entregara números telefónicos de mujeres e información relacionada con reuniones y fiestas.Otras personas denunciaron llamadas durante la noche y la madrugada, además del envío de imágenes de armas cortopunzantes acompañadas de amenazas de muerte.Con los elementos recopilados durante la investigación, la Fiscalía obtuvo la orden de captura contra Duque Duque. La detención fue materializada por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación, CTI, en un inmueble ubicado en Envigado.Durante el procedimiento fueron incautados celulares, cartuchos calibre 9 milímetros y 26 armas cortopunzantes, entre otros elementos que quedaron a disposición de las autoridades.Fue imputado por los delitos de acoso sexual, constreñimiento ilegal, amenazas, hostigamiento agravado, calumnia e injuria agravadas, acceso abusivo a sistema informático y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios partes o municiones y enviado a la carcel.
El Ministerio de Justicia impugnó el fallo del Juzgado Segundo Administrativo de Mocoa que suspendió el plan piloto de aspersión aérea con glufosinato de amonio en Putumayo. El recurso fue presentado por Linda Gisselle Suárez Villamizar, directora (e) de Política de Drogas y Actividades Relacionadas del Ministerio de Justicia, y secretaria Técnica del Consejo Nacional de Estupefacientes (CNE)En el recurso, el Gobierno sostiene que el juez aplicó de manera amplia el principio de precaución, sin establecer de forma concreta la gravedad, probabilidad y nivel de riesgo que justificarían la suspensión.También cuestiona el uso de jurisprudencia relacionada con el programa de aspersión con glifosato. Según el Ministerio, decisiones como la T-236 de 2017, el Auto 387 de 2019 y la SU-545 de 2023 corresponden a situaciones específicas del uso con ese herbicida y no pueden trasladarse automáticamente al nuevo plan piloto experimental, limitado y temporal en el que se buscan determinar el alcance del uso de glufosinato de amonio.“La Resolución 007 de 2026 no dispuso la reanudación general del PECIG ni adoptó un nuevo programa nacional de aspersión aérea. Por el contrario, configuró una fase experimental, controlada, limitada, temporal y evaluable, cuya finalidad es generar evidencia específica acerca de eficacia, precisión, deriva, riesgos e impactos y suficiencia de las medidas de manejo, y precisó expresamente que el piloto “no equivale a la reanudación, adopción o autorización definitiva de un programa de alcance general o nacional”. La diferencia es jurídicamente determinante”, se puede leer en el documento.Otro de los argumentos es que el fallo habría confundido requisitos que todavía están en trámite con incumplimientos. El Ministerio sostiene que en la resolución que establecía el plan piloto en el Putumayo queda claro que mientras no se cumplan las condiciones ambientales, sanitarias, técnicas y operativas previstas en la ley, no puede comenzar las aspersiones aéreas.También se cuestiona que la sentencia haya presumido posibles afectaciones a comunidades o territorios sin identificar de manera concreta cuáles resultarían afectados. Incluso en el documento, el Ejecutivo deja claro que de 40.565 hectáreas con cultivos de coca identificados en el departamento de Putumayo, quedaron excluídas del plan piloto 35.164 hectáreas, quedando susceptibles de intervención 5.401 hectáreas y de las cuales el plan piloto sólo busca abarcar un máximo de 1.000 hectáreas.Finalmente, el Gobierno considera que la tutela no era procedente porque el piloto aún no había comenzado y, según su argumentación, no se acreditó una amenaza cierta e inminente ni un perjuicio irremediable. Además, recuerda que existen otros mecanismos judiciales, como la acción popular; los medios de control ante la jurisdicción contencioso-administrativa; y las medidas cautelares que pueden adoptarse incluso con carácter urgente.Por eso, el documento solicita a la juez Ana Pilar Vidal Uribe revocar la sentencia y declarar improcedentes las acciones de tutela acumuladas; o de no hacerlo revocar el amparo concedido. Además se pide que se precise en detalle cuáles son los requisitos que deben cumplirse de “manera expresa, concreta y verificable” y bajo qué condiciones podría levantarse la suspensión.