La Corte Suprema de Justicia aplazó por segunda vez, hasta el 2 de febrero de 2027, la audiencia preparatoria contra los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, investigados por el escándalo de corrupción de la UNGRD.La diligencia fue reprogramada porque las defensas aseguran que todavía no han podido conocer en su totalidad las pruebas que tiene la Fiscalía y que están bajo cadena de custodia. Este mismo inconveniente ya había provocado el aplazamiento de la audiencia en una primera oportunidad. Los abogados de los exministros han advertido dificultades para acceder a los archivos, entre documentos que no abren, están encriptados o requieren contraseñas.La magistrada de la Sala señaló que el nuevo plazo busca que las partes puedan completar la revisión de los elementos probatorios y superar las dificultades técnicas, especialmente las relacionadas con la apertura de los documentos bajo custodia. Por lo que pidió que para la próxima sesión estén listas las solicitudes de pruebas y las razones por las que consideran que deben ser admitidas.“Entendemos que, para abrir los documentos que están sometidos a cadena de custodia, lo que va a llevar cierto tiempo. Hemos acordado que esta audiencia se llevará a cabo el día 2 de febrero del 2027. Creemos que es un tiempo razonable, prudente, que va a facilitar el trabajo de las partes, para que se complemente el descubrimiento probatorio”, señaló la magistrada.Por su parte, el exministro del Interior Luis Fernando Velasco cuestionó que la Fiscalía presente documentos que, según él, ni siquiera conoce y aseguró que esta situación está dificultando el trabajo de la defensa. También reclamó que no se hayan revisado conversaciones de Olmedo López, exdirector de la UNGRD, que considera relevantes para el proceso.“¿Cómo es posible que en un sistema de partes llegue quien acusa con una serie de documentos que no conoce? (...) Atosigando a la defensa para que no podamos concentrarnos, por ejemplo, en los chats de Olmedo que la Fiscalía no vio y que tiene cosas gravísimas que el país debe conocer. Pero la Fiscalía no vio. Uno sí pide en este tipo de actuaciones lealtad y yo no la he sentido”, indicó Velasco.A su turno, el exministro de Hacienda Ricardo Bonilla cuestionó que entre los documentos entregados haya información que, según él, no tiene relación con la investigación. Sin embargo, su principal reclamo fue que la Fiscalía habría dejado por fuera elementos que considera necesarios para esclarecer el manejo de los recursos públicos.“Pero más grave aún es lo que no hay, lo que la Fiscalía nunca miró. La Fiscalía no trae nada absolutamente ni hizo seguimiento de pruebas al peculado de Olmedo López y Sneyder Pinilla. Se quedó con eso, se quedó con la confesión y no lo siguió. (...) La Fiscalía no ha sido leal con nosotros”, señaló Bonilla.Frente a estos cuestionamientos, la fiscal del caso, María Cristina Patiño, rechazó que las dificultades en el descubrimiento de las pruebas signifiquen una falta de transparencia del ente acusador. Explicó que la Fiscalía solicitó documentos a la Corte Suprema y que recibió copias completas de los expedientes, incluso de información que no había requerido específicamente, por lo que decidió entregar todo ese material a las defensas.“La Fiscalía ha descubierto todo lo que tiene, y no ha descubierto aquello que no tiene. (...) Hemos sido tan leales que hemos descubierto con total transparencia todo lo que tenemos. Si ello no fuera así, el alegato de hoy no sería que nosotros les damos información que no es pertinente”.La fiscal también sostuvo que corresponde a las defensas adelantar sus propias investigaciones y buscar los elementos que consideren necesarios para respaldar sus teorías del caso.La magistrada, por su parte, aclaró que la Sala hizo un llamado a garantizar la lealtad procesal, pero que no estaba atribuyendo una actuación desleal a la Fiscalía. El proceso continuará el 2 de febrero de 2027.
Durante la audiencia pública preparatoria de primera instancia en la Corte Suprema de Justicia contra el exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, y Luis Fernando Velasco, del Interior, la Fiscalía General de la Nación recibió un plazo de tres semanas para reunirse con las defensas y solucionar serias inconsistencias en la entrega del material probatorio. Esto, en medio de las tensiones que se presentan previas al juicio por el desfalco en la UNGRD e Invías.La sesión se desarrolla tras la acusación formal contra ambos exfuncionarios por presunta participación en el direccionamiento de contratos a cambio de apoyo congresional a proyectos gubernamentales.La acusación abarca los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho por dar u ofrecer. En esta etapa previa al juicio, conducida bajo la ponencia del magistrado Jorge Emilio Caldas Vera, se evalúan las evidencias que serán tenidas en cuenta en el proceso.¿Qué dice la Fiscalía hasta el momento?El choque principal de la jornada surgió al constatarse la presencia de archivos cifrados con contraseña, carpetas vacías, documentos ilegibles y comunicaciones incompletas atribuidas a Olmedo López y Sneyder Pinilla. Frente a estos cuestionamientos, el ente acusador rechazó de manera categórica cualquier intención de ocultar evidencia, argumentando que entregó la totalidad del expediente acumulado, incluidos los archivos digitales a los que tampoco ha podido tener acceso por falta de claves.“Ningún elemento fue ocultado, sustraído, reservado o deliberadamente excluido del conocimiento de la defensa (...) la Fiscalía no tuvo acceso a los archivos que fueron inaccesibles (...) No es lo mismo ocultar información que desconocerla, no es lo mismo reservar un elemento probatorio que carecer materialmente de la posibilidad de acceder a él”, señaló la fiscal del caso.La defensa del exministro Bonilla denunció inconsistenciasPor su parte, la defensa técnica del exministro de Hacienda, encabezada por el abogado Alejandro Carranza, denunció presuntas irregularidades en el descubrimiento probatorio de la Fiscalía por el caso de corrupción en la UNGRD, al advertir que se entregaron carpetas vacías, archivos cifrados imposibles de abrir y documentos ilegibles que buscan limitar el derecho a la defensa.“¿Para qué descubría la fiscalía elementos que no puede permitirle acceso a la defensa?”, cuestionó la defensa, recordando que la ley castiga esta práctica para evitar sorpresas procesales.La defensa de Bonilla sostuvo que, ante la imposibilidad técnica para acceder a los archivos, que afecta por igual a Fiscalía y defensa, ninguna de las partes podría utilizar en juicio un contenido que no ha sido descubierto.A las objeciones de su apoderado se sumó la intervención directa del propio exministro Ricardo Bonilla.“Yo siento que la Fiscalía está inundándonos de información, de la que, como lo acaba de decir el abogado Carranza, mucha no tiene ningún sentido, pero lo que quiere es inundarnos y reducir la capacidad de la defensa. Eso es todo lo que tengo que decir”, denunció Ricardo Bonilla, exministro de Hacienda.Por lo que reiteraron la exigencia formal de recibir copias plenamente legibles antes de dar paso a la etapa de juicio.La defensa del exministro Velasco cuestiona la lealtad de la investigaciónA la par, la representación legal del exministro del Interior, Luis Fernando Velasco, asumida por la abogada Elena Suárez, exigió que la Fiscalía ponga a disposición de manera individualizada y definitiva todos los elementos pendientes. Suárez hizo énfasis en que la carga de gestionar permisos, recuperar accesos desde las fuentes y desbloquear cuadernos reservados o archivos con clave recae de forma exclusiva sobre el organismo investigador.“Para la defensa, no hay reservas en esta etapa procesal. Los archivos y los enlaces y videos que requieren contraseñas y los permisos de recuperación desde la fuente, es obligación de la Fiscalía descubrirlos, no de la defensa solicitarlos”, indicó Elena Suárez, abogada defensora de Luis Fernando Velasco.El exministro Velasco también hizo uso de la palabra para expresar un duro reclamo sobre las garantías procesales. Cuestionó la plenitud del descubrimiento probatorio y rechazó que la Fiscalía pretenda delimitar unilateralmente qué evidencias pueden o no ser empleadas para estructurar su estrategia de defensa.“¿Por qué están escondiendo de Sneyder? ¿Qué hay ahí? ¿Será que si la Corte en particular y el país en general conocen esa información, se evidenciará cómo la Fiscalía no quiso investigar el inmenso robo de la UNGRD? Es mi tesis”, agregó el exministro Velasco.Finalmente, Velasco elevó el tono de sus críticas sobre el curso de las indagaciones, señalando que la falta de acceso a los chats íntegros de Olmedo López y Sneyder Pinilla plantea dudas sobre el alcance real de la investigación en torno al desfalco de más de 1,3 billones de pesos en la UNGRD.
El Tribunal Superior de Bogotá legalizó la captura del exministro del Interior Luis Fernando Velasco, quien se puso a disposición del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, para cumplir una medida de aseguramiento de detención domiciliaria dentro del proceso que se adelanta por su presunta participación en el entramado de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD.Velasco es investigado por los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho, relacionados con las actuaciones que son materia de investigación dentro del caso de corrupción de la UNGRD. La decisión se conoce después de que recientemente la Corte amparara los derechos del exministro mediante un fallo de tutela, en el que ordenó su libertad y la revisión de su situación jurídica. El alto tribunal analizó si durante la actuación judicial anterior se había presentado una afectación al debido proceso.En esa revisión, la Corte concluyó que la autoridad judicial de control de garantías había sobrepasado los límites constitucionales y legales al imponer una medida más severa que la detención domiciliaria que había solicitado originalmente la Fiscalía.Con la nueva actuación judicial en el Tribunal, Velasco quedó nuevamente a disposición de las autoridades para cumplir la medida de aseguramiento domiciliaria dentro del proceso que se adelanta por los hechos relacionados con la UNGRD.Durante la diligencia, el exministro se refirió públicamente a las acusaciones que enfrenta y aseguró que ha decidido comparecer ante la justicia para responder por el proceso.“He querido darle la cara a la justicia, enfrentar en los espacios que debo enfrentar este tipo de acusaciones”, afirmó Velasco durante la audiencia.El exfuncionario aprovechó, además, la diligencia pública para hacer una precisión sobre el alcance de las acusaciones que enfrenta. “Como es una audiencia pública, también quiero dejar la constancia muy clara de que este proceso no está relacionado con apropiación de recursos”, manifestó.Velasco agregó que esa misma posición ya la había expuesto anteriormente ante la Fiscalía. “Como lo señaló anteriormente en otra audiencia de la Fiscalía, a mí no se me acusa de apropiarme de recursos públicos de ninguna índole”, sostuvo.
La Corte Suprema de Justicia anuló la medida de aseguramiento de detención en establecimiento carcelario contra el exministro del Interior Luis Fernando Velasco al concluir que se vulneró su derecho al debido proceso. Con esta decisión, el exfuncionario, quien permanecía recluido en una guarnición militar en Cali, recuperará la libertad mientras un juez de control de garantías redefine su situación jurídica, quien tendrá un plazo de cinco días para hacerlo.La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia concluyó que los jueces que conocieron el caso interpretaron de forma errónea la ley al considerar que la detención domiciliaria era una medida subsidiaria de la prisión intramural. En otras palabras, la Corte señaló que los jueces actuaron como si la detención en el lugar de residencia solo pudiera imponerse después de descartar la cárcel, cuando ambas son medidas autónomas que deben evaluarse de manera independiente.El alto tribunal también concluyó que los jueces aplicaron de forma indebida normas que regulan beneficios o sustituciones posteriores a una condena, y no las reglas que rigen las medidas de aseguramiento. Además, consideró que impusieron una restricción más gravosa que la solicitada por la Fiscalía.La Corte recordó que el ente acusador había solicitado desde el inicio una medida de aseguramiento de detención preventiva en el lugar de residencia, al considerar que no existían riesgos de fuga, obstrucción a la justicia o manipulación de pruebas. Sin embargo, los jueces ordenaron su reclusión en un establecimiento carcelario, decisión que, según el alto tribunal, excedió el alcance de la solicitud de la Fiscalía y desconoció el principio según el cual las restricciones a la libertad deben ser excepcionales.Aunque Velasco recuperará la libertad frente a la medida de detención en centro carcelario, el proceso penal en su contra continúa. La Corte dio un plazo máximo de cinco días para que el juez de control de garantías emita una nueva decisión sobre la solicitud de medida de aseguramiento presentada por la Fiscalía, siguiendo los lineamientos fijados en la sentencia.La decisión se produjo luego de que el exministro fuera beneficiado por un fallo de tutela que anuló la decisión que ordenó su reclusión en un centro carcelario. Velasco es señalado de articular un entramado de corrupción para comprar votos en el Congreso a cambio de direccionar contratos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), cuando se desempeñó como ministro del Interior entre mayo de 2023 y febrero de 2024.
Tras dos largas jornadas de audiencia de formulación de acusación en contra de los exministros del gobierno del presidente Gustavo Petro, la Fiscalía expuso en la tarde de este jueves su escrito sobre la tesis de la presunta participación de los exministros de Hacienda e Interior.De acuerdo con la Fiscalía, Bonilla y Velasco deberán responder por los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho por dar u ofrecer.La investigación señala que los exjefes de las carteras de Hacienda e Interior habrían convocado reuniones, impartido directrices y hecho seguimiento a procesos contractuales en entidades como el Instituto Nacional de Vías y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, con el objetivo de beneficiar a determinados congresistas y asegurar su respaldo a proyectos del Gobierno en el Congreso particularmente en el marco de las discusiones de las reformas pensional y de salud.Según la tesis de la Fiscalía, entre junio y septiembre de 2023, los exministros habrían intervenido indebidamente en 78 contratos 73 en Invías y cinco en la UNGRD por un valor cercano a 612.000 millones de pesos, de los cuales siete se concretaron.Otra de las fechas clave es entre septiembre y diciembre de 2023 que es cuando presuntamente ambos exfuncionarios intercedieron en tres procesos contractuales relacionados con atención de emergencias en Saravena (Arauca), Cotorra (Córdoba) y El Salado, en Carmen de Bolívar (Bolívar), por un total de 86.619 millones de pesos.Aunque estos contratos no se firmaron, la Fiscalía sostiene que congresistas que serían beneficiados aprobaron 17 operaciones de crédito a favor del Gobierno nacional.La justicia tomó en las últimas horas una decisión relacionada con Luis Fernando Veasco tras estudiar una apelación del exministro del Interior contra su medida de aseguramiento. El Tribunal Superior de Bogotá confirmó la medida lo que significa que Velasco seguirá detenido.
En los últimos días la justicia se ha pronunciado sobre las investigaciones por el escándalo de corrupción de la UNGRD. En ese sentido, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia confirmó el llamado a juicio de los 5 congresistas y un excongresista sellados de participar en el entramado, además, dejó en firme las órdenes de captura de 2 de ellos: Wadith Manzur y Karen Manrique.Está última, quien fue reelecta en las pasadas elecciones del 8 de marzo, perdió otro round allí en la Sala de Instrucción porque los magistrados le negaron el beneficio de casa por cárcel que ella solicitó a través de su abogado.En el caso del exministro del Interior, Luis Fernando Velasco, el Tribunal Superior de Bogotá confirmó la medida de aseguramiento en su contra lo que en la práctica significa que Velasco seguirá privado de la libertad en una guarnición militar en Cali.El proceso judicial contra Karen Manrique tiene que ver con durante el segundo semestre de 2023, ella y los otros 5 parlamentarios habrían aceptado ofrecimientos de funcionarios del Ministerio de Hacienda. El objetivo era emitir conceptos favorables sobre operaciones de crédito de interés para dicha cartera.En varias reuniones se habría acordado que la contraprestación para los congresistas sería el impulso de la contratación y obras de interventoría de tres proyectos de la UNGRD en Córdoba, Arauca y Bolívar.En el caso de Luis Fernando Velasco, según la tesis dela Fiscalía, él y el exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, habrían participado en un esquema que buscaba direccionar recursos públicos para asegurar apoyos políticos en el Congreso, particularmente en el marco de las discusiones de las reformas pensional y de salud.
Bonilla y el exministro del Interior Luis Fernando Velasco fueron enviados a prisión preventiva en diciembre pasado mientras avanzan las investigaciones por los delitos de concierto para delinquir, cohecho e interés indebido en la celebración de contratos.En las últimas horas, el Tribunal Superior de Bogotá dejó en libertad por vencimiento de términos al exministro de Hacienda Ricardo Bonilla, quien había sido enviado a detención preventiva por el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).La magistrada Isabel Álvarez Fernández aseguró en una audiencia que la Fiscalía no presentó el escrito de acusación contra el exministro durante el plazo permitido por la ley, que es de 120 días tras la imputación que se cumplió el pasado primero de abril."Incluso en el momento en el que la defensa elevó la solicitud (de que Bonilla fuera dejado en libertad), todavía ese escrito de acusación no se había presentado (...) En la situación que nos convoca, en efecto sí se cumple el presupuesto para ordenar la libertad por vencimiento de términos", expresó Álvarez.Blu Radio conoció el escrito de acusación de la Fiscalía en el que, en un documento de 287 páginas, se detalla cómo habrían liderado una "organización criminal" que, entre 2023 y 2024, habría destinado más de 612.000 millones de pesos para comprar apoyos legislativos mediante la asignación de contratos y proyectos.En el escrito, la Fiscalía detalla cómo habría sido la actuación de los dos exfincionarios del Gobierno del presidente Gustavo Petro: “Se concertaron entre sí y con otras personas conocidas y desconocidas, para cometer delitos contra la administración pública, con el fin de asegurar las mayorías parlamentarias…”, señala el documento. Y agrega: “Ofrecieron y acordaron ilícitamente con algunos Senadores y Representantes […] direccionar proyectos, contratos o convenios […] a cambio de su concurrencia y votación”. Mecanismo de intercambio: contratos por votos“Consistieron en comprar congresistas a través de la entrega de contratos cuyos recursos provenían del erario, a cambio del apoyo de los parlamentarios”, señala el escrito de acusación. En ese mismo sentido, asegura el texto: “Entregarle a los congresistas una coima representada en contratos a cambio de sus votos”. La Fiscalía habló con contundencia de lo que se trataría una organización criminal, la cual lideraron y ejecutaron, según el escrito: “Lideraron, promovieron, dirigieron y encabezaron la organización criminal”. Detalla también cómo habría sido ejecutada la compra de votos a cambio de contratos: “Plantearon las líneas base del modus operandi […] consistieron en comprar congresistas”. Había “conductas orientadas a asegurar el respaldo político […] mediante el direccionamiento indebido de proyectos” y así “configurándose así un intercambio ilícito de beneficios contractuales por votos”, de acuerdo con el escrito de acusación de la Fiscalía.El caso de la UNGRD, revelado en 2024, es considerado el mayor escándalo de corrupción del Gobierno del presidente Gustavo Petro y ya ha derivado en la detención de los expresidentes del Senado Iván Name y de la Cámara de Representantes Andrés Calle, así como en condenas contra exdirectivos del organismo y otros funcionarios.
Hace apenas unas horas la Fiscalía General de la Nación radicó ante la Corte Suprema el escrito de acusación contra los exministros de Hacienda e Interior, Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, por su presunta participación en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD). Ambos exfuncionarios son investigados como presuntos autores de los delitos de concierto para delinquir, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho por dar u ofrecer.Blu Radio estableció que será el magistrado Jorge Emilio Caldas el ponente y en grado de llevar a cabo las audiencias de acusación y preparatoria de juicio. Esta es la fase previa al juicio oral que deberán enfrentar los dos exministros por el escándalo de corrupción.Sobre Ricardo Bonilla, el Tribunal Superior de Bogotá lo dejó en libertad por vencimiento de términos luego de que en diciembre de 2025 ambos exaltos funcionarios fueran imputados por la presunta comisión de 3 delitos.El papel que presuntamente cumplieron Bonilla y VelascoLa fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia, María Cristina Patiño, explicó que, según la investigación, Bonilla y Velasco habrían acordado ilícitamente con algunos senadores y representantes del Congreso de la República el direccionamiento de proyectos, contratos o convenios en el Invìas y la UNGRD, a cambio de su respaldo en las votaciones de las comisiones parlamentarias.Entre los hechos más relevantes, la fiscal destacó una reunión en las instalaciones del Ministerio del Interior, en la que Velasco, Bonilla y la asesora María Alejandra Benavides Soto discutieron las próximas elecciones regionales y la necesidad de asegurar respaldo político mediante beneficios indebidos. Velasco habría ordenado que Benavides atendiera al senador Julio Elías Chagüi, quien buscaba la agilización de proyectos en el Invìas, orden que Bonilla habría concretado al instruir a su asesora para cumplir con el acuerdo ilícito.
En la tarde de este viernes, 19 de diciembre, fueron legalizadas las capturas de los exministros del gobierno Petro, Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, por su presunta vinculación en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).Se llevó a cabo la audiencia de legalización de captura contra los exministros de Hacienda Ricardo Bonilla y del Interior Luis Fernando Velasco, quienes, según la Fiscalía, habrían hecho parte de un entramado criminal en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo.Bonilla fue capturado minutos después de que finalizara la audiencia en el Tribunal Superior de Bogotá, en donde se conoció que la medida era intramural, es decir, cárcel para ambos exministros del gobierno del presidente Gustavo Petro.Mientras tanto, Luis Fernando Velasco se entregó voluntariamente en Cali, ciudad donde reside actualmente.Durante la diligencia la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría le pidieron a la magistrada Leonor Oviedo, que impartiera legalidad sobre las capturas de Velasco y Bonilla.Asimismo, ambos exministros aseguraron durante la audiencia que al momento de sus capturas les fueron respetadas todas sus garantías procesales.La magistrada Oviedo señaló que los exministros podrían ser traslados a la Cárcel la Picota de Bogotá o al sitio de reclusión que asigne el Inpec.Entre los principales argumentos expuestos por el Tribunal Superior de Bogotá para imponer medida intramural, está la persistencia del riesgo institucional y el estado en el que se encuentra la actuación procesal. La magistrada Aura Alexandra Rosero consideró que la detención domiciliaria no resulta suficiente para neutralizar los riesgos advertidos, al no impedir de manera eficaz la posibilidad de articulación indirecta, influencia institucional o interferencia funcional, propias ,según indicó, de estructuras criminales que operan desde niveles altos de poder y bajo esquemas de aparente legalidad.
El exministro del Interior Luis Velasco fue reseñado por las autoridades en Cali luego de presentarse voluntariamente para cumplir la orden de captura en su contra, esto en medio del proceso judicial que se adelanta por el presunto direccionamiento irregular de millonarios contratos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).La diligencia se realizó tras la decisión del Tribunal Superior de Bogotá, que ordenó medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario.Esta es la foto de reseña del exministro del Interior, Luis Fernando Velasco:La misma determinación cobija al exministro de Hacienda Ricardo Bonilla. Ambos exfuncionarios son investigados como presuntos autores de los delitos de concierto para delinquir, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho por dar u ofrecer, en una investigación que busca esclarecer la presunta existencia de una estructura organizada para manipular procesos contractuales al interior de la UNGRD.La decisión fue adoptada por la magistrada Alexandra Rosero, quien se apartó de la solicitud presentada por la Fiscalía General de la Nación, que había pedido la imposición de una medida de detención domiciliaria. En su análisis jurídico, el Tribunal concluyó que la gravedad de los hechos investigados y los riesgos advertidos para el proceso hacen necesaria una medida de carácter intramural.En el auto judicial, la magistrada ordenó librar órdenes de captura contra Luis Fernando Velasco y Ricardo Bonilla para hacer efectiva la medida de aseguramiento. Asimismo, dispuso que, una vez se materialicen las capturas, se comunique la decisión a las autoridades competentes para que los imputados sean puestos a disposición del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC).Entre los principales argumentos expuestos por el Tribunal se encuentra la persistencia del riesgo institucional y el estado en el que se encuentra la actuación procesal. La magistrada Rosero consideró que la detención domiciliaria no resulta suficiente para neutralizar los riesgos advertidos, al no impedir de manera eficaz la posibilidad de articulación indirecta, influencia institucional o interferencia funcional, características —según indicó— de estructuras criminales que operan desde altos niveles de poder bajo esquemas de aparente legalidad.Finalmente, el Tribunal sostuvo que la gravedad concreta de los hechos, la posición atribuida a los procesados dentro del entramado investigado, la persistencia de actores no judicializados, la existencia de vinculados evadidos y la incertidumbre sobre la totalidad de la presunta organización criminal imponen la necesidad de una medida de aseguramiento intramural como la única compatible con los fines constitucionales de protección de la comunidad y preservación del orden institucional.
El técnico de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo, salió al paso de las versiones sobre un supuesto enfrentamiento con Jorge Carrascal durante el Mundial, luego de que medios de comunicación brasileños difundieran información sobre una presunta discusión entre ambos. En entrevista con Gol Caracol, el entrenador argentino negó categóricamente que hubiera tenido algún altercado con el futbolista y aseguró que nunca existió una pelea que provocara un distanciamiento con el jugador."Es mentira, mentira absoluta que discutimos, que nos peleamos, nada", afirmó.El argentino también explicó que Carrascal ha hecho parte de su proceso al frente del combinado nacional y recordó que el mediocampista estuvo presente tanto en la Copa América como en el Mundial 2026, desde el comienzo hasta el final de la competencia. Además, destacó que el futbolista atraviesa un buen momento deportivo y dejó abierta la posibilidad de que vuelva a integrar las convocatorias de la tricolor."La selección está abierta para todos, así que no pasó nada", manifestó el seleccionador, descartando cualquier problema personal con el jugador.Llamado de atenciónEl entrenador también aclaró de dónde surgieron estas versiones. Según su explicación, después del compromiso frente a Ghana se presentó un llamado de atención a algunos integrantes de la delegación que no habían disputado el partido y que inicialmente no querían atender a los medios de comunicación. Lorenzo señaló que la situación se produjo durante la mañana en Vancouver, después del partido pues el equipo había regresado al hotel alrededor de las 2:00 de la mañana.Por otra parte, Lorenzo se refirió al regreso de la Selección Colombia a Cali, ciudad que volverá a recibir al combinado nacional después de casi 30 años. El técnico manifestó su alegría por disputar un compromiso en una plaza que considera fundamental para el fútbol colombiano y resaltó la oportunidad de contribuir con los damnificados del terremoto del 10 de agosto, pues parte de los recursos de la boletería estarán destinados a esta causa."Es una alegría muy grande para nosotros poder colaborar con esta causa", expresó, al destacar también la pasión y el aporte de los caleños al fútbol nacional.Finalmente, el seleccionador habló sobre la presencia de futbolistas jóvenes en el equipo y resaltó la importancia de contar con jugadores que hayan recorrido previamente los procesos de las categorías juveniles.Todos los convocados Colombia vs. ChileLos partidos contra los australes serán el 13 y 17 de noviembre.Aldair Quintana – Independiente del Valle (ECU)Camilo Vargas – Club Atlas (MEX)Devis Vásquez – AS Roma (ITA)Camilo Durán – Celtic F.C. (SCO)Juan Arizala – Udinese Calcio (ITA)Daniel Arcila – Club León (MEX)Daniel Muñoz – Nottingham Forest F.C. (ENG)Dávinson Sánchez – Galatasaray S.K. (TUR)Édier Ocampo – Vancouver Whitecaps F.C. (CAN)Gustavo Puerta – Olympiacos F.C. (GRE)Jaminton Campaz – Rosario Central (ARG)Jhon Arias – Palmeiras (BRA)Jhon Lucumí – Juventus F.C. (ITA)Juan Cabal – Juventus FC (ITA)Juan Manuel Rengifo – Atlético Nacional (COL)Kevin Andrade – Zenit F.C. (RUS)Jhon Solis – Birmingham City Football Club (ENG)Jefferson Lerma – Crystal Palace F. C (ENG)Nelson Deossa – Real Betis Balompié (ESP)Luis Suárez – Sporting C.P. (POR)Matías Orozco – C.D. Castellón (ESP)Óscar Perea – Club América (MEX)Camilo Mena– Korona Kielce (POL)Daniel Mosquera – Hellas Verona (ITA)Samuel Velásquez – Atlético Nacional (COL)Yáser Asprilla – Girona F.C. (ESP)
El Juzgado Sexto Civil Municipal de Ejecución de Sentencias de Bogotá resolvió amparar los derechos fundamentales a la honra, al buen nombre y a la rectificación de la excanciller Laura Camila Sarabia, frente a las afirmaciones realizadas por la exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE), Angie Lizeth Rodríguez Fajardo.La decisión judicial está relacionada con los señalamientos hechos por Rodríguez sobre una presunta organización o facilitación de encuentros de contenido sexual para el presidente Gustavo Petro, así como con afirmaciones sobre el supuesto uso de información de carácter íntimo para presionarlo, chantajearlo y obtener o conservar cargos públicos. De acuerdo con la decisión, el despacho judicial ordenó a Angie Lizeth Rodríguez Fajardo realizar una rectificación frente a esas afirmaciones. Para cumplir con la orden, deberá, dentro de las 48 horas siguientes a la notificación de la sentencia, firmar un texto de rectificación y leerlo íntegramente en su voz a través de una grabación en video.La orden establece que la grabación podrá realizarse con asistencia técnica y que Rodríguez Fajardo no tendrá la obligación de mostrar su rostro durante el procedimiento dispuesto por el juzgado. Tras conocerse la decisión, Laura Sarabia se pronunció a través de su cuenta de X y aseguró: “Siempre he respetado el derecho a denunciar, pero no voy a permitir que se creen historias con mi nombre. Hoy la justicia me dio la razón y ordenó la retractación”.
La Alcaldía de Cali continúa adelantando acciones para atender las afectaciones registradas en el sector de Chiminangos tras el terremoto ocurrido el pasado 10 de agosto. La situación ha generado preocupación entre los habitantes, quienes precisamente hoy salieron a protestar para exigir respuestas y soluciones frente a las problemáticas que enfrentan.Al respecto, Ricardo Peñuela, secretario de Gestión del Riesgo, explicó que se realiza una evaluación detallada de las fases uno y dos, con ingenieros de la dependencia y expertos de Propacífico, para determinar el estado de las estructuras y las intervenciones necesarias. Estas deberán contar con estudios y diseños técnicos que cumplan con la normatividad vigente."Lo hemos explicado desde el primer momento, son estructuras que fallaron en sus escaleras y algunos bloques tienen desplazamiento laterales, aquí que hemos hecho es una revisión muy minuciosa en fase uno y fase dos por parte de los ingenieros de la Alcaldía y también con Propacífico, hemos hecho una revisión integral. Estos arreglos no se hacen de manera ligera, tienen que ser sometidos a unos diseños estructurales", dijo Peñuela.Por otra parte, frente a la suspensión del servicio de gas natural domiciliario, la Administración Distrital solicitó a Gases de Occidente los soportes técnicos que justificaron la interrupción. Esta información será analizada en una mesa técnica para definir alternativas que permitan garantizar la continuidad del servicio y reducir las afectaciones a la comunidad."Hemos estado trabajando desde el primer momento para que esto no suceda, le hemos pedidos aspectos técnicos a Gases De Occidente que nos digan por qué y cuál es la base con la que ellos determinan esto. Nosotros como Secretaría sabemos que ese suministro es importante", expresó el funcionario.
La Superintendencia Nacional de Salud identificó posibles inconsistencias por $356.500 millones en las solicitudes de giro directo presentadas por las EPS del régimen subsidiado durante septiembre, octubre y noviembre de 2026. La cifra corresponde al 8,25 % de los $4,3 billones que fueron objeto de revisión por parte de la entidad.De acuerdo con la Supersalud, durante octubre y noviembre se identificaron alertas por más de $289.069 millones, relacionadas con acuerdos que registraban baja ejecución, anticipos pendientes de legalización, retrasos en los contratos y posibles problemas en la destinación de los recursos. A partir de estos hallazgos, la entidad solicitó ajustes, verificó los soportes presentados por las EPS y adelantó acciones para corregir las inconsistencias detectadas en la información reportada.Adicionalmente, como parte de las medidas preventivas, durante septiembre fueron excluidos temporalmente 26 prestadores del mecanismo de giro directo, por un valor de $38.724 millones. Según la Superintendencia, posteriormente estos recursos fueron redistribuidos por las EPS entre otros prestadores de sus respectivas redes de atención.La entidad señaló que continuará con el seguimiento a estos procesos, en ejercicio de sus funciones de inspección, vigilancia y control, para verificar que los recursos destinados a la atención en salud lleguen a los hospitales, clínicas y proveedores encargados de prestar los servicios a los usuarios.
El abogado Jaime Granados, en representación de la familia del coronel en retiro Luis Alfonso Plazas Vega, radicó un escrito de impugnación contra el fallo que negó una tutela presentada por los hijos del coronel, en relación con la serie Palacio, estrenada por Netflix el 6 de noviembre de 2026.La acción busca que los espectadores conozcan la verdad judicial sobre el oficial y que se protejan los derechos fundamentales de su familia.La producción, compuesta por ocho episodios, aborda la toma del Palacio de Justicia por parte de integrantes de la guerrilla del M-19. Antes de su estreno, Miguel Darío, Alfonso Hernando y Camilo Andrés Plazas Vega interpusieron una tutela contra Dynamo Producciones y Netflix.El caso fue estudiado por el Juzgado 35 Civil Municipal de Bogotá, que el 4 de noviembre declaró improcedente la acción. Los demandantes solicitaban que la plataforma incluyera advertencias para aclarar que se trataba de una obra de ficción y que se mencionara la absolución de su padre por parte de la Corte Suprema de Justicia en 2015.En su decisión, el juez consideró que los reclamos se fundamentaban en conjeturas y especulaciones, debido a que la serie todavía no se había estrenado en su totalidad cuando se presentó la tutela.Ahora, con la serie disponible en Netflix, Granados afirma que las circunstancias que llevaron al juez a negar la tutela cambiaron, porque el contenido ya puede ser examinado directamente.En el escrito señala que uno de los principales argumentos del fallo impugnado fue que la producción no había sido exhibida y que, por tanto, las posibles afectaciones permanecían en el terreno de la conjetura.Sin embargo, afirma que el estreno convirtió esas preocupaciones en hechos verificables. Por esa razón, solicita al juez de segunda instancia examinar lo que la serie presenta sobre el coronel retirado Luis Alfonso Plazas Vega.Granados sostiene que la producción muestra al oficial como una persona que dispara contra el Palacio de Justicia, avala torturas y es condenada por desaparición forzada, pese a que fue absuelto por la Corte Suprema de Justicia.En la impugnación, el abogado expone cinco derechos fundamentales que considera afectados por la manera en que se representa al coronel retirado y por las consecuencias que esa narración tendría sobre sus familiares.Sobre el derecho a la honra, con fundamento en el artículo 21 de la Constitución Política, Granados argumenta que presentar al padre de sus representados ante millones de espectadores como responsable de disparar contra el Palacio, avalar torturas y participar en desapariciones afecta la estimación social de sus hijos, quienes llevan su apellido y son identificados públicamente con él.En cuanto al buen nombre, invocando el artículo 15 de la Constitución, sostiene que la reputación de los hijos de Plazas Vega queda comprometida al asociar a su familia con crímenes que, según argumenta, la justicia no atribuyó a su padre. También cuestiona que la serie involucre en la trama a la madre y al suegro de sus representados, identificados con sus nombres reales.Frente al derecho a la presunción de inocencia, el abogado recuerda que el artículo 29 constitucional establece que toda persona debe presumirse inocente mientras no exista una declaración judicial de culpabilidad. En este caso, afirma que no se trata únicamente de una presunción, sino de una absolución en firme. Por ello, considera que atribuirle al coronel retirado desapariciones por las cuales fue absuelto desconoce esa garantía y afecta su reputación ante la opinión pública.También le suma el derecho a la dignidad humana, porque, con base en el artículo 1 de la Constitución, explica que sus representados han tenido que afrontar nuevamente el señalamiento público contra su padre, después de acompañarlo durante más de ocho años de privación de la libertad y de conocer posteriormente su absolución.A todas esas claridades les añade la verdad y la memoria histórica en su dimensión individual. La impugnación también cita la sentencia SU-334 de 2026 de la Corte Constitucional. Según la interpretación expuesta por el abogado, presentar una obra de ficción sobre los hechos del Palacio de Justicia como si fuera la verdad de lo ocurrido puede vulnerar el derecho individual a la verdad y a la memoria histórica, tanto de la persona representada como de sus familiares.En este punto, cuestiona que la absolución de Plazas Vega aparezca únicamente en una nota final de pocos segundos, después de ocho capítulos que, a su juicio, ponen en entredicho la decisión judicial.El argumento central es la absolución. Uno de los ejes del recurso es la decisión de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, contenida en la sentencia SP17466-2015, mediante la cual se examinó la prueba relacionada con la presunta participación del coronel retirado en las desapariciones ocurridas durante la toma y retoma del Palacio de Justicia.Granados cita el numeral 17.16 de esa providencia para señalar que la Corte concluyó que no existían pruebas suficientes para condenar a Plazas Vega por esos hechos.Asimismo, hace referencia al numeral, en el que, según expone, el alto tribunal determinó que el coronel no tenía bajo su responsabilidad a las personas que eran trasladadas a la Casa del Florero ni decidía sobre su suerte, pues esa función correspondía al B-2 de la Brigada XIII.El abogado también destaca que en ese mismo apartado la Corte señaló que no existían pruebas de que Plazas Vega hubiera ordenado el traslado o la tortura de las dos personas por las que había sido condenado.Con estos argumentos, la defensa busca que el juez de segunda instancia reevalúe la decisión que negó la tutela y examine las posibles afectaciones derivadas del contenido ya estrenado de Palacio.