Tras dos largas jornadas de audiencia de formulación de acusación en contra de los exministros del gobierno del presidente Gustavo Petro, la Fiscalía expuso en la tarde de este jueves su escrito sobre la tesis de la presunta participación de los exministros de Hacienda e Interior.De acuerdo con la Fiscalía, Bonilla y Velasco deberán responder por los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho por dar u ofrecer.La investigación señala que los exjefes de las carteras de Hacienda e Interior habrían convocado reuniones, impartido directrices y hecho seguimiento a procesos contractuales en entidades como el Instituto Nacional de Vías y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, con el objetivo de beneficiar a determinados congresistas y asegurar su respaldo a proyectos del Gobierno en el Congreso particularmente en el marco de las discusiones de las reformas pensional y de salud.Según la tesis de la Fiscalía, entre junio y septiembre de 2023, los exministros habrían intervenido indebidamente en 78 contratos 73 en Invías y cinco en la UNGRD por un valor cercano a 612.000 millones de pesos, de los cuales siete se concretaron.Otra de las fechas clave es entre septiembre y diciembre de 2023 que es cuando presuntamente ambos exfuncionarios intercedieron en tres procesos contractuales relacionados con atención de emergencias en Saravena (Arauca), Cotorra (Córdoba) y El Salado, en Carmen de Bolívar (Bolívar), por un total de 86.619 millones de pesos.Aunque estos contratos no se firmaron, la Fiscalía sostiene que congresistas que serían beneficiados aprobaron 17 operaciones de crédito a favor del Gobierno nacional.La justicia tomó en las últimas horas una decisión relacionada con Luis Fernando Veasco tras estudiar una apelación del exministro del Interior contra su medida de aseguramiento. El Tribunal Superior de Bogotá confirmó la medida lo que significa que Velasco seguirá detenido.
En los últimos días la justicia se ha pronunciado sobre las investigaciones por el escándalo de corrupción de la UNGRD. En ese sentido, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia confirmó el llamado a juicio de los 5 congresistas y un excongresista sellados de participar en el entramado, además, dejó en firme las órdenes de captura de 2 de ellos: Wadith Manzur y Karen Manrique.Está última, quien fue reelecta en las pasadas elecciones del 8 de marzo, perdió otro round allí en la Sala de Instrucción porque los magistrados le negaron el beneficio de casa por cárcel que ella solicitó a través de su abogado.En el caso del exministro del Interior, Luis Fernando Velasco, el Tribunal Superior de Bogotá confirmó la medida de aseguramiento en su contra lo que en la práctica significa que Velasco seguirá privado de la libertad en una guarnición militar en Cali.El proceso judicial contra Karen Manrique tiene que ver con durante el segundo semestre de 2023, ella y los otros 5 parlamentarios habrían aceptado ofrecimientos de funcionarios del Ministerio de Hacienda. El objetivo era emitir conceptos favorables sobre operaciones de crédito de interés para dicha cartera.En varias reuniones se habría acordado que la contraprestación para los congresistas sería el impulso de la contratación y obras de interventoría de tres proyectos de la UNGRD en Córdoba, Arauca y Bolívar.En el caso de Luis Fernando Velasco, según la tesis dela Fiscalía, él y el exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, habrían participado en un esquema que buscaba direccionar recursos públicos para asegurar apoyos políticos en el Congreso, particularmente en el marco de las discusiones de las reformas pensional y de salud.
Bonilla y el exministro del Interior Luis Fernando Velasco fueron enviados a prisión preventiva en diciembre pasado mientras avanzan las investigaciones por los delitos de concierto para delinquir, cohecho e interés indebido en la celebración de contratos.En las últimas horas, el Tribunal Superior de Bogotá dejó en libertad por vencimiento de términos al exministro de Hacienda Ricardo Bonilla, quien había sido enviado a detención preventiva por el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).La magistrada Isabel Álvarez Fernández aseguró en una audiencia que la Fiscalía no presentó el escrito de acusación contra el exministro durante el plazo permitido por la ley, que es de 120 días tras la imputación que se cumplió el pasado primero de abril."Incluso en el momento en el que la defensa elevó la solicitud (de que Bonilla fuera dejado en libertad), todavía ese escrito de acusación no se había presentado (...) En la situación que nos convoca, en efecto sí se cumple el presupuesto para ordenar la libertad por vencimiento de términos", expresó Álvarez.Blu Radio conoció el escrito de acusación de la Fiscalía en el que, en un documento de 287 páginas, se detalla cómo habrían liderado una "organización criminal" que, entre 2023 y 2024, habría destinado más de 612.000 millones de pesos para comprar apoyos legislativos mediante la asignación de contratos y proyectos.En el escrito, la Fiscalía detalla cómo habría sido la actuación de los dos exfincionarios del Gobierno del presidente Gustavo Petro: “Se concertaron entre sí y con otras personas conocidas y desconocidas, para cometer delitos contra la administración pública, con el fin de asegurar las mayorías parlamentarias…”, señala el documento. Y agrega: “Ofrecieron y acordaron ilícitamente con algunos Senadores y Representantes […] direccionar proyectos, contratos o convenios […] a cambio de su concurrencia y votación”. Mecanismo de intercambio: contratos por votos“Consistieron en comprar congresistas a través de la entrega de contratos cuyos recursos provenían del erario, a cambio del apoyo de los parlamentarios”, señala el escrito de acusación. En ese mismo sentido, asegura el texto: “Entregarle a los congresistas una coima representada en contratos a cambio de sus votos”. La Fiscalía habló con contundencia de lo que se trataría una organización criminal, la cual lideraron y ejecutaron, según el escrito: “Lideraron, promovieron, dirigieron y encabezaron la organización criminal”. Detalla también cómo habría sido ejecutada la compra de votos a cambio de contratos: “Plantearon las líneas base del modus operandi […] consistieron en comprar congresistas”. Había “conductas orientadas a asegurar el respaldo político […] mediante el direccionamiento indebido de proyectos” y así “configurándose así un intercambio ilícito de beneficios contractuales por votos”, de acuerdo con el escrito de acusación de la Fiscalía.El caso de la UNGRD, revelado en 2024, es considerado el mayor escándalo de corrupción del Gobierno del presidente Gustavo Petro y ya ha derivado en la detención de los expresidentes del Senado Iván Name y de la Cámara de Representantes Andrés Calle, así como en condenas contra exdirectivos del organismo y otros funcionarios.
Hace apenas unas horas la Fiscalía General de la Nación radicó ante la Corte Suprema el escrito de acusación contra los exministros de Hacienda e Interior, Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, por su presunta participación en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD). Ambos exfuncionarios son investigados como presuntos autores de los delitos de concierto para delinquir, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho por dar u ofrecer.Blu Radio estableció que será el magistrado Jorge Emilio Caldas el ponente y en grado de llevar a cabo las audiencias de acusación y preparatoria de juicio. Esta es la fase previa al juicio oral que deberán enfrentar los dos exministros por el escándalo de corrupción.Sobre Ricardo Bonilla, el Tribunal Superior de Bogotá lo dejó en libertad por vencimiento de términos luego de que en diciembre de 2025 ambos exaltos funcionarios fueran imputados por la presunta comisión de 3 delitos.El papel que presuntamente cumplieron Bonilla y VelascoLa fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia, María Cristina Patiño, explicó que, según la investigación, Bonilla y Velasco habrían acordado ilícitamente con algunos senadores y representantes del Congreso de la República el direccionamiento de proyectos, contratos o convenios en el Invìas y la UNGRD, a cambio de su respaldo en las votaciones de las comisiones parlamentarias.Entre los hechos más relevantes, la fiscal destacó una reunión en las instalaciones del Ministerio del Interior, en la que Velasco, Bonilla y la asesora María Alejandra Benavides Soto discutieron las próximas elecciones regionales y la necesidad de asegurar respaldo político mediante beneficios indebidos. Velasco habría ordenado que Benavides atendiera al senador Julio Elías Chagüi, quien buscaba la agilización de proyectos en el Invìas, orden que Bonilla habría concretado al instruir a su asesora para cumplir con el acuerdo ilícito.
En la tarde de este viernes, 19 de diciembre, fueron legalizadas las capturas de los exministros del gobierno Petro, Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, por su presunta vinculación en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).Se llevó a cabo la audiencia de legalización de captura contra los exministros de Hacienda Ricardo Bonilla y del Interior Luis Fernando Velasco, quienes, según la Fiscalía, habrían hecho parte de un entramado criminal en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo.Bonilla fue capturado minutos después de que finalizara la audiencia en el Tribunal Superior de Bogotá, en donde se conoció que la medida era intramural, es decir, cárcel para ambos exministros del gobierno del presidente Gustavo Petro.Mientras tanto, Luis Fernando Velasco se entregó voluntariamente en Cali, ciudad donde reside actualmente.Durante la diligencia la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría le pidieron a la magistrada Leonor Oviedo, que impartiera legalidad sobre las capturas de Velasco y Bonilla.Asimismo, ambos exministros aseguraron durante la audiencia que al momento de sus capturas les fueron respetadas todas sus garantías procesales.La magistrada Oviedo señaló que los exministros podrían ser traslados a la Cárcel la Picota de Bogotá o al sitio de reclusión que asigne el Inpec.Entre los principales argumentos expuestos por el Tribunal Superior de Bogotá para imponer medida intramural, está la persistencia del riesgo institucional y el estado en el que se encuentra la actuación procesal. La magistrada Aura Alexandra Rosero consideró que la detención domiciliaria no resulta suficiente para neutralizar los riesgos advertidos, al no impedir de manera eficaz la posibilidad de articulación indirecta, influencia institucional o interferencia funcional, propias ,según indicó, de estructuras criminales que operan desde niveles altos de poder y bajo esquemas de aparente legalidad.
El exministro del Interior Luis Velasco fue reseñado por las autoridades en Cali luego de presentarse voluntariamente para cumplir la orden de captura en su contra, esto en medio del proceso judicial que se adelanta por el presunto direccionamiento irregular de millonarios contratos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).La diligencia se realizó tras la decisión del Tribunal Superior de Bogotá, que ordenó medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario.Esta es la foto de reseña del exministro del Interior, Luis Fernando Velasco:La misma determinación cobija al exministro de Hacienda Ricardo Bonilla. Ambos exfuncionarios son investigados como presuntos autores de los delitos de concierto para delinquir, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho por dar u ofrecer, en una investigación que busca esclarecer la presunta existencia de una estructura organizada para manipular procesos contractuales al interior de la UNGRD.La decisión fue adoptada por la magistrada Alexandra Rosero, quien se apartó de la solicitud presentada por la Fiscalía General de la Nación, que había pedido la imposición de una medida de detención domiciliaria. En su análisis jurídico, el Tribunal concluyó que la gravedad de los hechos investigados y los riesgos advertidos para el proceso hacen necesaria una medida de carácter intramural.En el auto judicial, la magistrada ordenó librar órdenes de captura contra Luis Fernando Velasco y Ricardo Bonilla para hacer efectiva la medida de aseguramiento. Asimismo, dispuso que, una vez se materialicen las capturas, se comunique la decisión a las autoridades competentes para que los imputados sean puestos a disposición del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC).Entre los principales argumentos expuestos por el Tribunal se encuentra la persistencia del riesgo institucional y el estado en el que se encuentra la actuación procesal. La magistrada Rosero consideró que la detención domiciliaria no resulta suficiente para neutralizar los riesgos advertidos, al no impedir de manera eficaz la posibilidad de articulación indirecta, influencia institucional o interferencia funcional, características —según indicó— de estructuras criminales que operan desde altos niveles de poder bajo esquemas de aparente legalidad.Finalmente, el Tribunal sostuvo que la gravedad concreta de los hechos, la posición atribuida a los procesados dentro del entramado investigado, la persistencia de actores no judicializados, la existencia de vinculados evadidos y la incertidumbre sobre la totalidad de la presunta organización criminal imponen la necesidad de una medida de aseguramiento intramural como la única compatible con los fines constitucionales de protección de la comunidad y preservación del orden institucional.
El Tribunal Superior de Bogotá impuso medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario contra los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, dentro del proceso judicial que se adelanta por el presunto direccionamiento irregular de millonarios contratos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Ambos exfuncionarios son investigados como presuntos autores de los delitos de concierto para delinquir, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho por dar u ofrecer.La decisión fue adoptada por la magistrada Alexandra Rosero, quien se apartó de la solicitud presentada por la Fiscalía General de la Nación, que había pedido detención domiciliaria. En su análisis, el Tribunal concluyó que la gravedad de los hechos y los riesgos advertidos hacen necesaria una medida de carácter intramural.La magistrada ordenó librar órdenes de captura contra Luis Fernando Velasco y Ricardo Bonilla para hacer efectiva la medida de aseguramiento. Asimismo, dispuso que, una vez se materialicen las capturas, se comunique la decisión a las autoridades competentes para que los imputados sean puestos a disposición del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC, entidad que definirá el establecimiento de reclusión correspondiente, garantizando la verificación, custodia y el respeto de sus derechos fundamentales.Entre los principales argumentos expuestos por el Tribunal se encuentra la persistencia del riesgo institucional y el estado en el que se encuentra la actuación procesal. La magistrada consideró que la detención domiciliaria no resulta suficiente para neutralizar los riesgos advertidos, al no impedir de manera eficaz la posibilidad de articulación indirecta, influencia institucional o interferencia funcional, propias ,según indicó, de estructuras criminales que operan desde niveles altos de poder y bajo esquemas de aparente legalidad.Rosero sostuvo que la gravedad concreta de los hechos, la posición atribuida a los procesados dentro del entramado investigado, la persistencia de actores no judicializados, la existencia de vinculados evadidos y la incertidumbre sobre la totalidad de la organización criminal imponen la necesidad de una medida de aseguramiento intramural como la única compatible con los fines constitucionales de protección de la comunidad y preservación del orden institucional.Durante la audiencia, también se reiteró la importancia de imponer oportunamente una medida restrictiva de la libertad, haciendo referencia a antecedentes como la fuga y posterior asilo en Nicaragua de Carlos Ramón González. Este argumento fue cuestionado por las defensas, que advirtieron que no deben utilizarse situaciones de terceros para influir en la valoración individual de los procesados.Al explicar el peligro que representan los hechos investigados, la magistrada señaló que el riesgo para la comunidad no se limita a la eventual reiteración inmediata de las conductas, sino al impacto institucional que genera la normalización de prácticas corruptas cuando se producen desde cargos de alta jerarquía y con capacidad de influencia estructural. En su criterio, la afectación es sistemática y trasciende los casos individuales.El Tribunal concluyó que, con el estándar probatorio propio de esta etapa procesal, existen elementos suficientes para inferir la existencia de un acuerdo criminal con vocación de permanencia. Según la magistrada, las actuaciones analizadas permiten sostener que no se trató de hechos aislados, sino de una concertación organizada orientada a la comisión reiterada de delitos contra la administración pública.“La evidencia permite inferir que ese cónclave constituye un acto donde se expresó la concertación ya existente”, afirmó Rosero, al sostener que dicho encuentro refuerza la conclusión preliminar sobre la existencia de un acuerdo criminal organizado.La decisión también abordó la presunta injerencia indebida de los exministros en el trámite legislativo. Para el Tribunal, los elementos recaudados evidencian una normalización del intercambio ilícito de favores como mecanismo para asegurar mayorías parlamentarias y estabilidad política, una práctica que, según se indicó, vulnera los principios de separación de poderes, legalidad y moralidad administrativa.Finalmente, la magistrada cuestionó el manejo de los recursos públicos, al advertir que la contratación estatal habría sido utilizada como instrumento de presión política, materializada en documentos informales y cuadros en formato Excel, incompatibles con los estándares de planeación, transparencia y legalidad que deben regir la gestión de la hacienda pública.
Las defensas de los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco solicitaron a la magistrada Alexandra Rosero, del Tribunal Superior de Bogotá, que no se imponga la medida de detención domiciliaria pedida por la Fiscalía y respaldada por la Procuraduría en el marco del proceso por el presunto direccionamiento de millonarios contratos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).La solicitud de la Fiscalía se fundamenta, según lo expuesto en audiencia, en la urgencia de proteger a la comunidad, evitar la continuidad del desfalco del erario y prevenir la intervención o afectación del proceso judicial, ante el riesgo de nuevos encuentros o acuerdos con personas actualmente investigadas. Sin embargo, las defensas cuestionaron de manera frontal esos argumentos y sostuvieron que no se configuran los presupuestos legales para restringir la libertad de los exfuncionarios.En el caso del exministro Ricardo Bonilla, su abogado Mauricio Pava afirmó que las conductas descritas por la Fiscalía corresponden a actividades lícitas y legales, propias del seguimiento institucional a proyectos regionales. “Afirmo con toda entonación, en mayúscula y sostenido, que cada una de esas conductas es lícita y es legal. Ninguna de esas conductas es ilegal, ni siquiera sospechosa, es lo que el derecho penal ha llamado conductas neutrales”, sostuvo el defensor, al señalar que ese tipo de seguimiento ha sido realizado por ministros anteriores y continuará haciéndose en el Ministerio de Hacienda. Agregó que varios de los proyectos cuestionados venían estructurándose desde 2021, antes del periodo del exministro.Sobre el testimonio de María Alejandra Benavides, exasesora del Ministerio de Hacienda y testigo clave del proceso, la defensa presentó 50 horas de diligencias rendidas ante la Corte y fragmentos que, a su juicio, evidencian que no existió una orden expresa por parte de Bonilla. Según Pava, la propia testigo habría reconocido que no hubo instrucciones explícitas, sino interpretaciones personales derivadas de su iniciativa y falta de experiencia al intentar “mostrar gestión” y un supuesto trato preferencial a congresistas.El abogado también defendió el comportamiento procesal de Bonilla para sustentar la solicitud de libertad. Aseguró que el exministro se ha presentado voluntariamente, ha solicitado ser escuchado por las autoridades y no representa riesgo de fuga, por lo que dijo que no puede imponerse una medida de aseguramiento para responder al clamor social. “Eso no es una razón para una medida de aseguramiento”, enfatizó.Por su parte, la defensa del exministro Luis Fernando Velasco, a cargo de la abogada Rosa Elena Suárez, cuestionó la solidez de la inferencia planteada por la Fiscalía.“No basta con relatar hechos genéricos, ni con aludir a comportamientos ambiguos o socialmente reprochables. La inferencia debe articular de manera lógica y verificable los elementos recaudados con la estructura del tipo penal”, afirmó.En relación con el testimonio de Olmedo López, exdirector de la UNGRD y principal testigo del caso, la abogada sostuvo que no se acreditan elementos mínimos que configuren un acuerdo criminal que involucre a Velasco. Señaló que la Fiscalía no precisó cuándo, cómo, por qué medio ni ante quién se habrían impartido supuestas órdenes ilícitas.La defensa también rechazó la tesis que intenta presentar reuniones en la Casa de Nariño y el Ministerio del Interior como “cónclaves” de un esquema criminal. Según Suárez, esa hipótesis pierde sustento ante la ausencia de pruebas, las declaraciones contrarias de los asistentes y la falta de un vínculo objetivo entre los actos de corrupción atribuidos a Olmedo López y un supuesto liderazgo de los exministros.Finalmente, la abogada cuestionó que la Fiscalía invoque el impacto social, el clamor ciudadano o la desconfianza institucional para justificar la detención, al tiempo que reconoce que no existe riesgo de fuga, de obstrucción, de reiteración ni de afectación a las víctimas.También rechazó que se intente reforzar la solicitud con conductas de terceros, al recordar que la responsabilidad penal es estrictamente individual:“Resulta igualmente improcedente que la Fiscalía pretenda reforzar su solicitud acudiendo a comportamientos de terceros, de terceros además, ajenos a esta audiencia, como la referencia que hizo a los señores Carlos Ramón González Merchan y a César Augusto Manrique. La responsabilidad penal es estrictamente individual, de ahí la imputación subjetiva, y la responsabilidad no admite proyecciones, no admite contagios. Pero fíjese además, señora magistrada, que hoy se empiezan a filtrar aspectos como el de una parranda vallenata en que está González Merchan, mientras Velasco acude ante usted. Lo pretendido sin duda es contaminarla; la tranquilidad de la defensa es que eso no va a ocurrir. Ninguna inferencia adversa puede construirse a partir de situaciones jurídicas que no guarden relación con el ministro acá procesado”.Con estos argumentos, las defensas pidieron a la magistrada Rosero negar la detención domiciliaria, mientras el Tribunal evalúa si los elementos expuestos por la Fiscalía cumplen los requisitos legales para restringir la libertad de los exministros.
La Fiscalía General de la Nación solicitó este lunes la imposición de medida de aseguramiento en lugar de residencia contra los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, en el marco del proceso por el presunto direccionamiento de millonarios contratos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). La petición fue presentada ante la magistrada Alexandra Rosero durante la audiencia de medida de aseguramiento que siguió a la imputación de cargos.La fiscal del caso, María Cristina Patiño, indicó que la solicitud cumple con los requisitos legales establecidos en la Constitución y el Código de Procedimiento Penal.“La Fiscalía concurre en esta segunda audiencia preliminar (…) con el propósito de solicitar la imposición de medida cautelar privativa de la libertad en lugar de residencia contra los imputados Luis Fernando Velasco Chávez y Ricardo Bonilla González. La solicitud se encuentra prevista en el artículo 250 de la Constitución”, explicó.Durante su intervención, la Fiscalía reiteró que, según la investigación, Bonilla y Velasco habrían participado en un esquema que buscaba direccionar recursos públicos para asegurar apoyos políticos en el Congreso, particularmente en el marco de las discusiones de las reformas pensional y de salud.De acuerdo con el ente investigador, los exministros habrían impulsado el direccionamiento de 74 proyectos radicados en Invías, por un valor de 571.701 millones de pesos, y cinco proyectos en la UNGRD, por 40.536 millones de pesos, para un total de 612.237 millones de pesos. Aunque fueron gestionados en el marco del supuesto acuerdo ilícito, solo siete convenios llegaron a materializarse.La Fiscalía sostuvo que estas actuaciones estaban ligadas a la necesidad del Gobierno de garantizar mayorías legislativas. Como ejemplo, la fiscal Patiño relató uno de los episodios clave documentados en la investigación: “El 13 de junio de 2023, Olmedo López asistió al debate de la reforma pensional en la Comisión Séptima del Senado y acordó con Marta Peralta gestionar al interior de la UNGRD proyectos en los que tenían interés determinados representantes de esa comisión, entre ellos Berenice Bedoya. Asimismo, Marta Peralta le solicitó atender a los congresistas de la coalición, ya que estaban inconformes por la poca participación que tenían en el Gobierno y era necesario direccionar la contratación de la entidad a favor de dichos parlamentarios”.Con base en estos hechos, la Fiscalía insiste en la necesidad de una medida restrictiva para los exministros, argumentando la gravedad de los delitos imputados y el riesgo procesal que, a su juicio, justificaría la detención domiciliaria.
La Fiscalía General de la Nación imputó cargos contra el exministro del Interior, Luis Fernando Velasco, y el exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, por presunto concierto para comprar congresistas en favor de los proyectos de ley del gobierno del presidente Gustavo Petro. La investigación se inició gracias a la periodista Paula Bolívar, ganadora del premio Simón Bolívar, quien en entrevista con Mañanas Blu 10:30 describió las pruebas como “contundentes”."Según las pruebas entregadas por Olmedo López, Sneider Pinilla y María Alejandra Benavides, Velasco y Bonilla concertaron en una reunión conocida como el cónclave, el 27 de noviembre, y allí le dieron la orden a funcionarios públicos para 'comprar a los congresistas' y garantizar las mayorías en el Congreso", explicó Bolívar.Desembolsos billonarios y reuniones claveLa periodista detalló que Bonilla autorizó un desembolso de 1,4 billones de pesos desde el Tesoro Nacional, divididos en dos pagos de 700.000 millones cada uno, en septiembre y diciembre de 2023."Este dinero no era para atender emergencias, sino que el ministro Bonilla le pedía cuentas a Olmedo López: 'Ojo, recuerde que me quedan 200,000 millones de pesos porque esa es mi plata, esa no es su plata'", relató Bolívar.En el cónclave participaron varios ministros y altos funcionarios. Según la investigación: "Velasco explicó que la estrategia para lograr las mayorías en el Congreso era comprar a los congresistas a cambio de contratos, y expresó su preocupación por los costos: 'Están cobrando 80,000 millones de pesos. Voy a intentar bajar eso a 30,000 millones de pesos'.Posteriormente, en reuniones del 14 y 15 de diciembre en el Ministerio de Hacienda, Bonilla presuntamente ordenó a López y Benavides conseguir tres contratos —Saravena, Cotorra y Carmen de Bolívar— por un total de 92,000 millones de pesos.Comisión Interparlamentaria y extorsión políticaBolívar explicó cómo funcionaría esta comisión: "Es un puesto de poder donde seis congresistas extorsionan a los ministros de Hacienda para aprobar créditos a cambio de coimas. En el caso de la UNGRD, los reparos a un crédito de Fineter por 150 millones de dólares desaparecieron una vez que se aseguró el pago a través de contratos".Eslabones pendientesLa periodista criticó la lentitud de la justicia, que permitió la salida del país de figuras clave: "Funcionarios como Carlos Ramón González y César Manrique salieron del país, y Jaime Ramírez Cobo, un asesor clave, hoy no se sabe dónde está. Los testimonios dejan claro el alcance de este entramado de corrupción", dijo Bolívar.Sobre si el presidente Petro tenía conocimiento de las acciones, Bolívar fue cautelosa: "No sé si tenía conocimiento, pero todas las personas a su alrededor sí lo tenían. No puedo asegurar eso porque no tengo evidencia", concluyó.
Soldados de la Décima Primera Brigada del Ejército Nacional lograron la captura de tres sujetos y la recuperación de una menor de edad, presuntamente integrantes del grupo armado organizado Cartel del Clan del Golfo.La ofensiva se produjo en la vereda Villa Severa, en jurisdicción del municipio de Zaragoza, gracias a la información aportada por la inteligencia militar. Los capturados son conocidos como alias Care Loco, Z y Boika, quienes, junto a la menor recuperada, harían parte del componente armado de la Subestructura Manuel Alexánder Ariza Rosario.El Brigadier General Óscar del Cristo Díaz, señaló que, como resultado de la acción militar, también se incautó material de guerra, intendencia y comunicaciones perteneciente a este grupo ilegal.“Con estas operaciones donde se le incauta material de guerra, comunicaciones y otros elementos de interés para la inteligencia militar, reafirmamos el compromiso con esta población civil en este sector del Bajo Cauca antioqueño. El propósito es que estas personas desplazadas puedan retornar a su territorio”, resaltó el Brigadier General.Estas personas serían responsables del cobro de extorsiones, y homicidios selectivos de civiles y miembros de la Fuerza Pública en su área de injerencia criminal.Asimismo, son señalados de participar en las recientes confrontaciones entre grupos ilegales en la subregión del Bajo Cauca antioqueño, empleando drones con explosivos como método de ataque, lo que ha generado desplazamientos masivos, afectaciones a viviendas y confinamiento en las comunidades de la zona.
La emergencia provocada por los terremotos que sacudieron al estado venezolano de La Guaira sigue dejando escenas de angustia, mientras decenas de voluntarios intentan rescatar a personas atrapadas entre estructuras colapsadas y miles de habitantes enfrentan la pérdida de sus viviendas, la interrupción de servicios básicos y la incertidumbre sobre las próximas horas.Así lo describió el diputado venezolano Jhonny Rivas durante una entrevista con Mañanas Blu 10:30, en la que aseguró que la situación sobre el terreno es más grave de lo que muestran las imágenes difundidas en redes sociales.“La situación es peor de lo que ves en los videos, de lo que está en las redes sociales”, afirmó el legislador, quien se encuentra en la zona afectada. Según explicó, el paso del tiempo aumenta la preocupación de las familias que esperan noticias de personas atrapadas bajo los escombros, debido a que las primeras horas posteriores a un terremoto son consideradas fundamentales para las labores de búsqueda y rescate.Los terremotos suelen generar el mayor número de rescates durante las primeras 24 a 72 horas. Organismos internacionales especializados en gestión de riesgos han señalado históricamente que este periodo resulta decisivo para localizar sobrevivientes en estructuras colapsadas, especialmente cuando se cuenta con equipos técnicos, maquinaria pesada y personal entrenado. Sin embargo, Rivas sostuvo que gran parte de las labores que actualmente se desarrollan en La Guaira están siendo ejecutadas por ciudadanos y grupos de voluntarios.“De cada diez personas que están tratando de ayudar, un solo bombero oficial y nueve son voluntarios trabajando sin herramientas”, señaló.Uno de los episodios que relató involucra a vecinos que lograron sacar a dos menores de entre los restos de una estructura. Según dijo, todavía habría otros niños atrapados en el lugar.“Escuchan a los otros niños pedir ayuda y están tratando de sacarlos ellos mismos”, aseguró.Viviendas destruidas y familias desplazadasEl impacto de los movimientos telúricos también habría dejado una amplia destrucción residencial en distintos sectores de La Guaira.De acuerdo con el diputado, decenas de edificaciones colapsaron tanto en el este como en el oeste del estado. “Estamos hablando de más de cincuenta o sesenta residencias que se cayeron”, afirmó.La consecuencia inmediata, según explicó, ha sido el desplazamiento de numerosas familias que hoy permanecen en espacios abiertos o buscando refugio temporal con amigos y familiares.“Hay mucha gente deambulando en las calles que no tiene para dónde ir”, dijo Rivas, quien además aseguró haber perdido su propia vivienda durante la emergencia.El temor a posibles réplicas también ha llevado a que personas cuyas casas permanecen en pie opten por pasar las noches al aire libre ante el riesgo de nuevos daños estructurales.Servicios básicos bajo presiónMás allá de los rescates, una de las principales preocupaciones gira en torno al funcionamiento de los servicios públicos.Rivas afirmó que varias zonas permanecen sin suministro eléctrico y enfrentan dificultades para acceder al agua potable. También advirtió sobre la presión que soportan los centros asistenciales.“Los hospitales están colapsados”, aseguró, al describir una red sanitaria que ya enfrentaba limitaciones antes de la emergencia.Los desastres naturales de gran magnitud suelen generar riesgos sanitarios asociados a la interrupción de servicios esenciales, la acumulación de escombros, la escasez de agua segura y la saturación de los sistemas de salud. Por esta razón, organismos humanitarios priorizan el envío de medicamentos, materiales médicos y equipos de atención de emergencia durante las primeras etapas de respuesta.Donaciones y apoyo ciudadanoAnte la magnitud de la crisis, diversas organizaciones y ciudadanos dentro y fuera de Venezuela han comenzado campañas de recolección de ayuda.Rivas indicó que parte de los insumos están siendo canalizados a través de Cáritas de Venezuela con el objetivo de facilitar una distribución organizada. Asimismo, mencionó iniciativas impulsadas desde Colombia y otras regiones para reunir alimentos, medicamentos y artículos de primera necesidad destinados a los afectados.“La preocupación nuestra en este momento es ayudar a nuestros hermanos guaireños y venezolanos que están viviendo esta tragedia”, expresó.Mientras continúan las labores de rescate, el llamado de las comunidades afectadas se centra en acelerar la llegada de equipos especializados, fortalecer la asistencia humanitaria y garantizar la atención de miles de personas que enfrentan una de las emergencias más complejas registradas recientemente en esta zona costera de Venezuela.
Este sábado 27 de junio el corazón de Cali está de celebración por los 107 años del tradicional e icónico barrio Obrero, cuna de la pasión por la salsa en la capital vallecaucana y uno de los principales referentes de la ciudad, y en el marco de esta fiesta se tiene una variada programación.Las actividades inician a partir de las 2:00 de la tarde de este sábado, e incluye presentaciones en vivo de artistas de la salsa, encuentro de melómanos, oferta gastronómica, una vitrina empresarial, además de una 'Ruta de la Maceta' que busca mezclar la tradición de la celebración del día de los Ahijados con el cumpleaños del Obrero. Para este sábado también se tiene programada la iniciativa 'Borondiando Ando' y el broche de oro es la 'FanZone' donde se transmitirá el partido entre Colombia y Portugal en la Copa Mundial."Vamos a tener programación todo el día desde el mediodía, incluyendo la 'fan zone' con pantallas gigantes para el partido de Colombia y Portugal, donde Colombia Dios mediante vencerá y pasaremos de primeros en el grupo. Entonces, a los caleños que que todavía no han no han estrenado la obra, los invito a que vayan, que gocen este distrito cultural y turístico nuevo de nuestra ciudad, y a que pasemos un día sabroso en el Obrero", indicó el alcalde, Alejandro Eder.La apuesta musical de la celebración será liderada por la orquesta Clandeskina, y estará acompañada de bailadores y bailarines, que interactuarán con el público. La fiesta del Obrero se realizará por todo el Recorrido Patrimonial de la Salsa en la calle 22A con carrera 11B."Tendremos también mano a mano de melómanos de reconocidas salsotecas y también lugares emblemáticos del barrio Obrero que con sus melodías deleitarán al público. También vamos a tener un fortalecimiento de todo el ecosistema salsero con la feria empresarial donde podemos encontrar calzado, LPs, vinilos, instrumentos, souvenirs evocando la cultura salsera y por supuesto nuestra cocina tradicional, popular, caleña y el mecato valluno" dijo Ángela Villalobos, gerente del proyecto de renovación del Barrio Obrero.
Luego de que la Superintendencia de Salud decidiera hacer una inspección 'sorpresa' a la Fábrica de Licores de Antioquia y el propio Andrés Julián Rendón asegurara que los funcionarios de la Supersalud querían “fastidiar”, la FLA tomó la decisión de recusar a Daniel Quintero.A través de un comunicado oficial, la FLA manifestó su preocupación por algunos aspectos como, por ejemplo, que varios de los requerimientos formulados durante la auditoría estarían relacionados con asuntos que exceden el ámbito de la vigilancia en salud.La Fábrica de Licores de Antioquia indicó que entre los pedidos habían solicitudes de información sobre litigios, procesos judiciales, conciliaciones, aspectos contractuales, financieros, confidenciales y de Gobierno corporativo.Ante esta situación, el gerente de la FLA, Esteban Ramos, decidió acudir a los mecanismos legales y presentó una recusación contra el jefe del organismo de control, Daniel Quintero."He decidido presentar una recusación en contra del superintendente de salud Daniel Quintero y su delegado Juan Duque. Entre los hechos que sustentan la recusación se encuentran antecedentes públicos de confrontaciones políticas entre el actual superintendente natural de salud Daniel Quintero Calle, mi familia y yo", indicó Ramos.Sin embargo, el Ministerio de Salud y Protección Social resolvió no aceptar la recusación contra la Superintendencia de Salud por lo que quedó plenamente habilitada el ejercicio de inspección, vigilancia y control que se adelanta sobre la Fábrica de Licores de Antioquia.La Supersalud bajo el mando el Daniel Quintero, indicó que los recursos de las rentas de licores, tabaco y juegos se encuentran bajo su inspección, vigilancia y control, por lo que reiteró que la auditoría de la FLA obedece estrictamente al cumplimiento de sus competencias legales.
No pasaron ni 24 horas desde que las disidencias de alias 'Calarcá' instalaron cuatro artefactos en la Troncal de Occidente y, además, hostigaron al Ejército Nacional en el municipio de Valdivia, cuando se informó que en zona rural del municipio de Briceño se encontraron varios explosivos.La información entregada por las tropas del Batallón de Artillería de Campaña de la Cuarta Birgada del Ejército Nacional es que los soldados llegaron hasta el corregimiento Travesías y lograron destruir tres artefactos explosivos improvisados.Los elementos habrían sido instalados por el Frente 36 de las disidencias de alias 'Calarcá' y tenían cable de mando en un lugar de tránsito obligado para la población civil del Norte antioqueño.Hay que recordar que las disidencias no solo han intimidado a la comunidad de esta zona del departamento de Antioquia, sino que además durante las acciones terroristas en el municipio de Valdivia dejaron un mensaje de advertencia al presidente electo, Abelardo de la Espriella, al afirmar, “no copiamos de Tigre”.Por ahora, la Fuerza Pública adelanta diferente operaciones militares con el fin de prevenir acciones terroristas de las disidencias de alias 'Calarcá' como de otros grupos armados que delinquen en el Norte antioqueño.