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Las defensas de los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco solicitaron a la magistrada Alexandra Rosero, del Tribunal Superior de Bogotá, que no se imponga la medida de detención domiciliaria pedida por la Fiscalía y respaldada por la Procuraduría en el marco del proceso por el presunto direccionamiento de millonarios contratos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
La solicitud de la Fiscalía se fundamenta, según lo expuesto en audiencia, en la urgencia de proteger a la comunidad, evitar la continuidad del desfalco del erario y prevenir la intervención o afectación del proceso judicial, ante el riesgo de nuevos encuentros o acuerdos con personas actualmente investigadas. Sin embargo, las defensas cuestionaron de manera frontal esos argumentos y sostuvieron que no se configuran los presupuestos legales para restringir la libertad de los exfuncionarios.
En el caso del exministro Ricardo Bonilla, su abogado Mauricio Pava afirmó que las conductas descritas por la Fiscalía corresponden a actividades lícitas y legales, propias del seguimiento institucional a proyectos regionales.
“Afirmo con toda entonación, en mayúscula y sostenido, que cada una de esas conductas es lícita y es legal. Ninguna de esas conductas es ilegal, ni siquiera sospechosa, es lo que el derecho penal ha llamado conductas neutrales”, sostuvo el defensor, al señalar que ese tipo de seguimiento ha sido realizado por ministros anteriores y continuará haciéndose en el Ministerio de Hacienda. Agregó que varios de los proyectos cuestionados venían estructurándose desde 2021, antes del periodo del exministro.
Sobre el testimonio de María Alejandra Benavides, exasesora del Ministerio de Hacienda y testigo clave del proceso, la defensa presentó 50 horas de diligencias rendidas ante la Corte y fragmentos que, a su juicio, evidencian que no existió una orden expresa por parte de Bonilla. Según Pava, la propia testigo habría reconocido que no hubo instrucciones explícitas, sino interpretaciones personales derivadas de su iniciativa y falta de experiencia al intentar “mostrar gestión” y un supuesto trato preferencial a congresistas.
El abogado también defendió el comportamiento procesal de Bonilla para sustentar la solicitud de libertad. Aseguró que el exministro se ha presentado voluntariamente, ha solicitado ser escuchado por las autoridades y no representa riesgo de fuga, por lo que dijo que no puede imponerse una medida de aseguramiento para responder al clamor social. “Eso no es una razón para una medida de aseguramiento”, enfatizó.
Por su parte, la defensa del exministro Luis Fernando Velasco, a cargo de la abogada Rosa Elena Suárez, cuestionó la solidez de la inferencia planteada por la Fiscalía.
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“No basta con relatar hechos genéricos, ni con aludir a comportamientos ambiguos o socialmente reprochables. La inferencia debe articular de manera lógica y verificable los elementos recaudados con la estructura del tipo penal”, afirmó.
En relación con el testimonio de Olmedo López, exdirector de la UNGRD y principal testigo del caso, la abogada sostuvo que no se acreditan elementos mínimos que configuren un acuerdo criminal que involucre a Velasco. Señaló que la Fiscalía no precisó cuándo, cómo, por qué medio ni ante quién se habrían impartido supuestas órdenes ilícitas.
La defensa también rechazó la tesis que intenta presentar reuniones en la Casa de Nariño y el Ministerio del Interior como “cónclaves” de un esquema criminal. Según Suárez, esa hipótesis pierde sustento ante la ausencia de pruebas, las declaraciones contrarias de los asistentes y la falta de un vínculo objetivo entre los actos de corrupción atribuidos a Olmedo López y un supuesto liderazgo de los exministros.
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Finalmente, la abogada cuestionó que la Fiscalía invoque el impacto social, el clamor ciudadano o la desconfianza institucional para justificar la detención, al tiempo que reconoce que no existe riesgo de fuga, de obstrucción, de reiteración ni de afectación a las víctimas.
También rechazó que se intente reforzar la solicitud con conductas de terceros, al recordar que la responsabilidad penal es estrictamente individual:
“Resulta igualmente improcedente que la Fiscalía pretenda reforzar su solicitud acudiendo a comportamientos de terceros, de terceros además, ajenos a esta audiencia, como la referencia que hizo a los señores Carlos Ramón González Merchan y a César Augusto Manrique. La responsabilidad penal es estrictamente individual, de ahí la imputación subjetiva, y la responsabilidad no admite proyecciones, no admite contagios. Pero fíjese además, señora magistrada, que hoy se empiezan a filtrar aspectos como el de una parranda vallenata en que está González Merchan, mientras Velasco acude ante usted. Lo pretendido sin duda es contaminarla; la tranquilidad de la defensa es que eso no va a ocurrir. Ninguna inferencia adversa puede construirse a partir de situaciones jurídicas que no guarden relación con el ministro acá procesado”.
Con estos argumentos, las defensas pidieron a la magistrada Rosero negar la detención domiciliaria, mientras el Tribunal evalúa si los elementos expuestos por la Fiscalía cumplen los requisitos legales para restringir la libertad de los exministros.
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