Tras realizarse la imputación de cargos a Olmedo López, Sneyder Pinilla y Luis Eduardo López Rosero, la fiscal Luz Adriana Camargo se pronunció sobre las revelaciones que hicieron las fiscales del caso Andrea Muñoz y Cristina Patiño, en las que resultaron salpicados Carlos Ramón González, exdirector del DNI y el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla.Sobre posibles imputaciones, la fiscal aseguró que eso dependerá de cómo avancen las investigaciones de un equipo robusto de la Unidad Anticorrupción.“Lo que la Fiscalía viene haciendo es un proceso muy consistente de verificación de sus dichos y la Fiscalía va a adoptar las decisiones que debe adoptar cuando esté preparada para ello. Y cuando digo esto me refiero al equipo de investigación que viene trabajando el caso (…) lo que yo espero entregarle al país sin una agenda en mano acá es un trabajo muy serio y cuando eso esté listo y si está listo saldrá”, puntulizaron.Asimismo, la fiscal Camargo aseguró que desde hace una semana se empezó a realizar una toma de pruebas en el ministerio de Hacienda en los hechos que salpican al ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, por el presunto direccionamiento de contratos a los municipios de Saravena, Bolívar y Cotorra por 96.000 millones de pesos.“El equipo de investigación ya ha estado practicando pruebas, primero. Segundo, al ministro y a todos los involucrados transmitirles la tranquilidad de que ellos tienen garantías, las garantías que la ley les otorga para que se defiendan, para solicitar que se practique un interrogatorio, esos espacios naturalmente los van a tener, esos espacios los define el equipo de investigación, el equipo de fiscales, no los defino yo, pero son los espacios que la ley da, entonces seguramente ahí van a estar. Si él quiere ser escuchado obviamente pues básicamente dentro del trámite podrá ser escuchado”, agregaron desde la Fiscalía.Recientemente, Carlos Ramón González le presentó su renuncia al presidente Gustavo Petro del cargo de director de la Dirección Nacional de Inteligencia.
Este viernes, 26 de julio, se conoció que la Procuraduría ordenó la apertura de una indagación previa en contra del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla; el exministro del Interior, Luis Fernando Velasco; y el exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), Carlos Ramón González.Los tres son investigados por su presunta participación en hechos de corrupción relacionados con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo.Además, la Sala Disciplinaria de Instrucción de la Procuraduría vinculó al expediente al embajador de Colombia en Argentina, Camilo Romero, y a ocho congresistas.Wadith Manzur, Julio Elías Chagüi, Karen Astrith Manrique, Liliana Esther Bitar, Julián Peinado Ramírez, Juan Diego Muñoz, Juan Pablo Gallo y Germán Rogelio Rozo son los vinculados.Según la Procuraduría, se investigará la posible participación de estos funcionarios en una estrategia que habría permitido la entrega de contratos, financiados con recursos de la UNGRD, a cambio de votos a favor de diversos proyectos de ley y reformas promovidas por el gobierno del presidente Gustavo Petro.Además, se pudo establecer que habrá una investigación adicional en contra de la exconsejera presidencial para las regiones, Sandra Ortiz, a la indagación previa en el expediente abierto contra los expresidentes de Senado y Cámara, Iván Name y Andrés Calle, quienes son investigados por presuntamente recibir dinero de un contrato firmado por la entidad para la compra de 60 carrotanques destinados al suministro de agua para el departamento de La Guajira.Así las cosas, los organismos siguen actuando en las investigaciones en medio del escándalo de corrupción cuando Olmedo López era director de la UNGRD.
En entrevista con Noticias Caracol, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, respondió a si no ha pensado renunciar en medio de la controversia y las acusaciones que enfrenta por el escándalo en la UNGR. En una conversación con los periodistas Juan Roberto y Ricardo Calderón, el ministro fue enfático al negar cualquier intención de abandonar su cargo."No me presto para espectáculos"Ante la pregunta directa de si ha considerado renunciar para defenderse desde fuera y no dañar la imagen al Gobierno de Gustavo Petro, Bonilla respondió: “No me presto para espectáculos”.El ministro enfatizó que su prioridad es mantener la estabilidad económica del país y que no tiene razones para abandonar su puesto.“¿Usted cree que yo me tengo que prestar para el espectáculo' Cuando tengo que la mejor evidencia es que tenemos una economía estable, que las relaciones internacionales con la banca multilateral funcionan adecuadamente, que tenemos aquí una economía que está en proceso de recuperación, de recuperación del crecimiento, que las relaciones con los créditos funcionarios ayer nomás fui al consejo gremial”, dijo.Uno de los temas más preocupantes abordados en la entrevista fue la percepción internacional y cómo las acusaciones podrían afectar la confianza en las finanzas del país. Bonilla aseguró que, según la información que maneja, los mercados están tranquilos y han comprendido la situación como un “espectáculo” provocado por dos delincuentes (Sneyder Pinilla y Olmedo López) confesos que buscan desacreditar al Gobierno.“Se ha entendido que aquí hay un espectáculo y que hay dos confesos delincuentes que están buscando tirar agua sucia hacia arriba del Gobierno”, explicó.A lo largo de la entrevista, el ministro reiteró su confianza en el sistema judicial y en que será la justicia la que determine la veracidad de las acusaciones.Cuestionamientos a Ricardo Bonilla sobre la autoridad moralLa entrevista también tocó el tema de la autoridad moral del ministro para seguir adelante con reformas clave, como la tributaria, en medio de la controversia.Bonilla defendió su posición e indicó que es responsabilidad del Congreso discutir y aprobar dichas reformas, independientemente de quién ocupe el cargo de ministro.El ministro Bonilla cerró la entrevista agradeciendo la oportunidad de expresar su posición y reafirmando su compromiso con el país. “Yo no he hecho nada ilegal”, concluyó.Escuche la entrevista completa en Mañanas Blu
El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, salió a defenderse por los señalamientos de Olmedo López y Sneyder Pinilla en los que, supuestamente, lo salpican en el entramado de corrupción de la UNGRD que empezó con los carrotanques de La Guajira y luego con contratos para aprobar las reformas del Gobierno nacional.En conversación con Noticias Caracol, el ministro Bonilla afirmó que los señalamientos de los exintegrantes de la UNGRD son inventados y él no tiene nada que ver con eso."Es un invento de los señores Olmedo y Sneyder después de que ya cayeron por el tema de los carrotanques", dijo.Añadió que, cuando la Fiscalía lo llame, entregará las pruebas pertinentes para demostrar que, según él, todo se ha realizado legalmente en su administración. Asimismo, demostraría que no ha liderado ningún acto indebido o que "congresistas estén extorsionando al Estado"."En estos momento la Fiscalía está diciendo lo que le dijeron Sneyder y Olmedo, yo le estoy pidiendo a la Fiscalía que me escuche para poder aclarar la situación. El día que la Fiscalía me escuche entregaré todas las pruebas pertinentes", añadió minhacienda.Ricardo Bonilla también afirmó que en el Gobierno nunca hubo un cónclave, pues eran "reuniones oficiales" que ya estaban programadas para avanzar sobre la emergencia climática."Esa reunión del 29 de noviembre fue convocada oficialmente y está en la agenda de todos los que participamos", agregó el jefe de la cartera de Hacienda.Olmedo López y Sneyder Pinilla no aceptaron cargosEl exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) Olmedo López y el exsubdirector Sneyder Pinilla no aceptaron los cinco cargos imputados por la Fiscalía este 25 de julio por el escándalo de corrupción y aseguraron que están acordando un acuerdo de colaboración con la justicia."Me encuentro adelantando (un acuerdo) en el marco de un principio de oportunidad con la Fiscalía General de la Nación, en ese orden de ese acuerdo que se está adelantando, de momento, su señoría, no me allano a los cargos", dijo Olmedo López.Mientras Sneyder Pinilla expresó que teme por su vida y también se encuentra en un principio de oportunidad con la Fiscalía.Escuche aquí la entrevista completa:
Dos altos cargos de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres (UNGRD) han sido acusados hoy formalmente por un gran caso de corrupción en el que podrían estar involucrados otros miembros del Gobierno próximos al presidente Gustavo Petro, congresistas y políticos de distintos partidos.Por el momento, la Fiscalía ha imputado al exdirector de la UNGRD Olmedo López y al subdirector para el Manejo de Desastres de la UNGRD Sneyder Pinilla los delitos de concierto para delinquir agravado, peculado por apropiación agravado, interés indebido en la celebración de contratos, falsedad ideológica en documento público y falsedad en documento privado.Todo comenzó en febrero al destaparse la malversación de 46.800 millones de pesos (unos 11,7 millones de dólares o 10,6 millones de euros) en la compra por parte de la UNGRD de 40 camiones cisterna para llevar agua potable a zonas desérticas del departamento caribeño de La Guajira.Según la Fiscalía, López se quedó con 724 millones de pesos (unos 179.700 dólares) y Pinilla con 342 millones de pesos (unos 85.000 dólares).El caso ha ido sumando los nombres de otros posibles vinculados a contratos irregulares y el reparto de dinero entre políticos, hechos ocurridos en 2023.Los siguientes son los principales implicados en el entramado de posibles coimas y repartos de la UNGRD:1. Olmedo LópezMilitante del partido de izquierda Polo Democrático Alternativo. En las elecciones de 2010 fue director de campaña de Petro, que en abril del año pasado lo nombró director de la UNGRD, cargo que desempeñó hasta febrero de 2024 cuando renunció por este caso de corrupción, pues fue durante su gestión que se firmó el contrato de compra de los carrotanques.El pasado sábado, en el discurso de instalación del nuevo periodo de sesiones del Congreso, Petro pidió perdón por la corrupción en la UNGRD y por haber nombrado a López al frente de esa entidad.2. Sneyder PinillaFue subdirector de la UNGRD bajo la dirección de López y está señalado de ser el que presuntamente entregó dinero a congresistas y miembros del Gobierno por los contratos. Según la Fiscalía, recibió un 1 % del presupuesto de 100.000 millones de pesos (24,7 millones de dólares o 22,8 millones de euros) que se asignaron para la compra de los carrotanques.3. Luis Eduardo López RoseroEs el tercer imputado por la Fiscalía por ser contratista de los carrotanques y, según la acusación, haber recibido un 13 % de la licitación. Pasó de ser un pequeño comerciante a entrar en la rueda de grandes contratos estatales mediante tres empresas a su nombre con las que ha conseguido, solo con la UNGRD, más de 155 contratos que suman 160.000 millones de pesos (unos 39,6 millones de dólares o 36,4 millones de euros) entre 2012 y 2024, según reveló Noticias Caracol.4. Sandra OrtizTras ser congresista varias legislaturas con el Partido Verde, Ortiz fue designada por Petro en mayo de 2023 como consejera Presidencial para las Regiones. Ha sido señalada -pero aún no hay acusación judicial- de ser el enlace entre Pinilla y el entones presidente del Congreso, Iván Name, para entregar los sobornos, denuncia que ella rechaza.5. Iván NameMiembro del Partido Verde fue presidente del Senado en la anterior legislatura (2023-2024). Según las denuncias, parte del dinero malversado en la compra de carrotanques fue usada para pagar sobornos a Name y a otros congresistas a cambio de apoyo en el Congreso a las reformas del Gobierno de Petro. Name ha rechazado estas acusaciones y aún no ha sido acusado.6. Andrés CalleAbogado y miembro del Partido Liberal, fue presidente de la Cámara de Representantes en la legislatura 2023-2024. Como Name, está señalado -pero no acusado formalmente- de haber recibido sobornos, en tres días y en billetes en maletines, a cambio de apoyo en el Congreso para impulsar y aprobar las reformas sociales del Gobierno. Calle también ha rechazado las acusaciones.7. Carlos Ramón GonzálezEs el último nombre conocido en el caso. Fue la mano derecha de Petro como director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y actualmente es el jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia. Durante la audiencia de imputaciones, la Fiscalía dijo que Ortiz contaba con las órdenes de González, como su jefe directo al ser director del Dapre, para supuestamente entregar las coimas. Aún no ha sido acusado formalmente.8. Ricardo BonillaEl ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, ha sido señalado como la persona que autorizó el desembolso del presupuesto de la UNGRD y también fue, según un chat de Pinilla publicado por Noticias Caracol, quien coordinó la adjudicación de tres contratos por 92.000 millones de pesos (unos 23 millones de dólares) para beneficiar a seis congresistas a cambio de que apoyaran la ampliación del cupo de endeudamiento del Gobierno.Bonilla dijo hoy que respeta el trabajo de la Fiscalía y que está tranquilo, esperando su "oportunidad ante la justicia" para defenderse.
El ministro Interior, Juan Fernando Cristo, defendió al ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, y lo calificó como un hombre honorable. También aseguró que espera que la Fiscalía escuche su versión sobre los señalamientos en su contra por presuntamente haber ordenado el direccionamiento de contratos en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, con el fin de comprar a congresistas y beneficiar las reformas del Gobierno.“La Fiscalía tiene que hacer su trabajo, el gobierno tiene que hacer su trabajo y el Congreso también. No conozco la imputación, el ministro ha pedido que lo escuchen en la Fiscalía; creo que todo el país conoce la trayectoria y la honorabilidad del ministro Bonilla, y él tendrá derecho a defenderse”, dijo el jefe de la cartera.El presidente Gustavo Petro también se pronunció sobre este escándalo a propósito de la audiencia de imputación de cargos a Sneyder Pinilla y Olmedo López. El mandatario aseguró que, aunque respeta el trabajo de la Fiscalía, considera que López y Pinilla se quedaron con más de 1.000 millones de pesos.Estas declaraciones se dieron al término de la reunión del ministro con el presidente de la Cámara, Jaime Raúl Salamanca, que tuvo como conclusión que la próxima semana comenzará una conversación con las bancadas y el Gobierno sobre la reforma a la salud, para lograr acuerdos que permitan presentar el texto.El ministro del Interior también anunció que, como no se presentará la ley estatutaria de educación, se propondrá una ley de dos o tres artículos con modificaciones a la Ley 30, Ley de Educación Superior, para garantizar y mejorar la financiación de las universidades públicas del país.También se pronunció el presidente de la Cámara, Jaime Raúl Salamanca, quien le cerró la puerta a un posible fast track. “Entendemos que hay una voluntad de las bancadas de avanzar en la implementación del acuerdo de paz, pero utilizando los mecanismos ya establecidos en la Constitución y las leyes, y no perder tiempo discutiendo un mecanismo que fue considerado como una propuesta en borrador, pero que el gobierno ha atendido el llamado a descartarlo”.
La defensa del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, le pidió a la Fiscalía que recaude pruebas y haga entrevistas en la cartera que permitan esclarecer según sus abogados que no hubo irregularidades en los contratos de Bolívar, Córdoba y Arauca donde fue salpicado Bonilla por el exdirector de la UNGRD Olmedo López en la declaración que dio a la Corte Suprema de Justicia. “Desde 2021 estaban asignados los recursos para hacer frente al fenómeno de la niña y evitar inundaciones”, dijo el abogado Javier Torres.El abogado Javier Torres radicó un memorial donde señala que no hubo ningún delito en la gestión de tres proyectos para Cotorra, El Salado y Saravena. Explica el documento que desde 2021 estaban asignados los recursos para hacer frente al fenómeno de La Niña y evitar inundaciones y que el ministro y su despacho se limitaron, dentro de sus funciones legales, a realizar seguimiento a dichos recursos.En el memorial, Torres solicita a la Fiscalía que, en aplicación del principio de objetividad, el ente acusador verifique, por su propia cuenta, que no hay mérito para accionar el aparato judicial contra el ministro. El defensor destaca que todas las reuniones, interés en los proyectos y seguimiento de los recursos se hicieron para atender reclamos de las comunidades formulados a través de los congresistas de la región.Aseguró a la Fiscalía que toda la gestión oficial del ministro fue en beneficio de las comunidades y no en beneficio propio. El memorial pide que la Fiscalía entreviste a la secretaria general del Ministerio, se anexen documentos sobre adiciones presupuestales y los proyectos cuestionados, entre otros, para verificar y concluir que no hay mérito para investigar penalmente al ministro.En el escrito se destaca que Olmedo López y Sneyder Pinilla, confesos corruptos de la UNGRD, han usado contextos engañosos y han recurrido a un litigio mediatico para lograr beneficios penales.En chats del exsubdirector de manejo de desastres de la UNGRD Sneyder Pinilla, publicados por Noticias Caracol, se muestra cómo, supuestamente, Bonilla coordinaba la entrega de tres contratos por 92.000 millones de pesos (unos 23 millones de dólares) que pretendían beneficiar a seis congresistas para que apoyaran la ampliación del cupo de endeudamiento del Gobierno.Según el informe del noticiero, todo comenzó el 11 de diciembre pasado, cuando Bonilla firmó una resolución con la que el Ministerio de Hacienda desembolsó 700.000 millones de pesos a la UNGRD.Luego, esta unidad iba a firmar tres contratos por 92.000 millones de pesos para obras en los municipios caribeños de Cotorra y Carmen de Bolívar, y en Saravena, localidad fronteriza con Venezuela.
Así lo dio a conocer Gabriel Vallejo, director del Centro Democrático, donde señaló que los partidos políticos se encuentran en riesgo debido a que el Estado no ha entregado los dineros de funcionamiento.“El Gobierno del presidente Gustavo Petro se niega a desembolsar los gastos de funcionamiento de todos los partidos políticos y los gastos de oposición a quienes nos hemos declarado en ese sentido. Esto pone en grave riesgo el funcionamiento de los partidos”, dijo a través de su cuenta de X.Añade que varios de estos grupos no han recibido los recursos y es el Ministerio de Hacienda, quien realiza dichos giros.Por lo anterior, por medio de una carta firmada por integrantes de partidos como Centro Democrático, Cambio Radical, Partido de la U, entre otros, se le solicita al ministro Ricardo Bonilla atender a estos directivos para una reunión donde se hable precisamente de este tema lo antes posible.“Solicitarle un espacio en su agenda, a fin de concertar, y tratar el tema relacionado con la Aprobación del PAC del Consejo Nacional Electoral, CNE, para los gastos de funcionamiento de los partidos políticos, máxime cuando dicho concepto ya se encuentra amparado por un CDP expedido por su cartera ministerial”, dicen a través del documento.Por su parte, el Consejo Nacional Electoral ya se pronunció sobre este hecho y reconoció que los dineros no han llegado a los respectivos partidos.“El 22 de julio de 2024, el Gobierno nacional a través del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, negó la aprobación del PAC de los meses de julio y agosto aduciendo que, se recomendaba atender lo solicitado de acuerdo con lo definido en la reunión de análisis de PAC para los meses de julio y agosto", mencionaron por medio de un comunicado.En la misma línea solicitan una explicación ante la negativa por parte del Ministerio de Hacienda, sobre las razones que dan lugar a dicha respuesta teniendo en cuenta que son recursos de los partidos y muchos de ellos han manifestado que es de vital importancia para su funcionamiento que se hagan los giros correspondientes.
El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, aseguró que no está decidido que el ACPM vaya a subir 3.000 pesos en el mes de agosto.Sin embargo, el ministro Bonilla, insistió en el que no es sostenible mantener el subsidio al diésel.Las cuentas del Gobierno apuntan a que hay que cerrar una brecha de 6.000 pesos por galón de ACPM y están buscando un acuerdo con el gremio sobre el plazo en el cual se va a hacer ese ajuste.Este martes, 23 de julio, el Ministerio de Hacienda se reunió con representantes del sector de transporte de carga y en la mesa sí se propuso la idea. Sin embargo, aún no hay un acuerdo definitivo en ese punto.El alza del diésel es uno de los objetivos del Gobierno para lo que queda del año en medio del descuadre de las finanzas públicas a raíz del desplome en el recaudo de impuestos.Precio del ACPM en ColombiaEl precio del ACPM en Colombia es un tema de interés recurrente debido a su impacto en varios sectores de la economía, especialmente en el transporte de carga y pasajeros, la agricultura y la industria. Aquí algunos puntos clave sobre el contexto del precio del ACPM en Colombia:Precio internacional del petróleo: como en muchos otros países, el precio del ACPM está vinculado al precio del petróleo en los mercados internacionales. Fluctuaciones en el precio del crudo afectan directamente el costo del diésel.Tipo de cambio: la tasa de cambio entre el peso colombiano y el dólar estadounidense influye en los costos de importación de petróleo y sus derivados.Política gubernamental: el Gobierno colombiano regula el precio de los combustibles a través del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC), que busca mitigar los impactos de la volatilidad de los precios internacionales en el mercado local.Impuestos y subsidios: los impuestos aplicados a los combustibles y los subsidios proporcionados por el gobierno son factores determinantes en el precio final al consumidor. En ocasiones, se aplican subsidios para mantener el precio accesible y proteger la economía nacional.
Pedro Medellín, agudo analista de política nacional y destacado columnista, compartió sus reflexiones en una reciente tertulia sobre la grave situación que ha envuelto al ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. Las impactantes declaraciones de Olmedo López y Sneyder Pinilla ante la justicia han desencadenado una ola de preocupaciones sobre la integridad y la transparencia del gobierno actual. En entrevista en Sala de Prensa Blu , Medellín destacó la labor de la unidad investigativa de Caracol, dirigida por Juan Roberto, que ha jugado un papel crucial en sacar a la luz estas revelaciones."El trabajo de Ricardo y de todo el equipo es realmente fantástico y contribuye a la consolidación democrática," afirmó Medellín. Sin estas investigaciones, la discusión sobre la situación actual del gobierno estaría en un nivel completamente diferente. Medellín subrayó la gravedad de las pruebas presentadas contra Bonilla, que muestran al ministro de Hacienda involucrado en actividades que van más allá de sus responsabilidades tradicionales. "Lo que ha hecho el ministro de Hacienda queda en entredicho. El ministro de Hacienda era tradicionalmente un personaje restringido al manejo de las variables fiscales y de política económica, pero ahora está metido en el manejo de la clientela política," explicó. Esta situación puso en tela de juicio la integridad del Gobierno y ha generado comparaciones con regímenes políticos corrompidos donde los aparatos de inteligencia se ven comprometidos. La preocupación no solo recae sobre Bonilla, sino también sobre figuras cercanas al presidente, como Laura Sarabia, asesora de la vicepresidenta, quienes, según las investigaciones, han estado involucrados en movimientos de dinero no presupuestados y autorizaciones de transferencias."Este es un tema que ya pasa de claro a oscuro," advirtió Medellín.Durante la discusión, se mencionó la posibilidad de una sobrecarga en el sistema judicial debido a la magnitud de los escándalos actuales. "El Gobierno ha descubierto el poder de los giros, utilizando la retención de fondos como una herramienta para ejercer presión sobre diversas instituciones," añadió Pedro y el impacto negativo que esto ha tenido en sectores como la salud, la educación y el deporte.El panorama se torna más complejo con la propuesta del presidente Petro de una nueva constituyente, una medida que, según Medellín, podría ser vista como un intento de reelección disfrazado. "El proceso constituyente busca empoderar al pueblo para que decida lo que quiere que se haga, pero esto se está llevando a cabo a través de las universidades, movilizando a estudiantes y grupos sociales en un movimiento similar al de las protestas pasadas." La conversación concluyó con una reflexión sobre la capacidad del Gobierno para manejar esta crisis y la necesidad de mantener la institucionalidad y la ética pública. "La situación es extremadamente grave y nos pone ante un escenario de distorsión y privatización de la administración pública que amenaza con desbordar las instituciones," concluyó Medellín.Escuche la entrevista completa:
La Policía Nacional capturó este viernes en Medellín a Robinson Alexander Foronda Galeano y Juan Esteban Atehortúa Acevedo, señalados de presuntamente perpetrar el crimen del líder comunitario Luis Fernando Osorio Soto, el pasado 3 de enero en la vereda Orizaba de Andes, Suroeste de Antioquia.Foronda y Atehortúa tenían orden de captura vigente por los delitos de homicidio agravado, desaparición forzada, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego y hurto calificado y agravado, por lo sucedido a este líder, quien además era enfermero de varias zonas rurales de Andes.De acuerdo con la investigación de las autoridades, la víctima se habría resistido al hurto de su vivienda y cuentas bancarias, no obstante, en mayo de este año capturaron a Juan Esteban Acevedo Arteaga, alias 'Juancito', quien al parecer hizo retiros de las cuentas bancarias del líder social por 19 millones de pesos. En total le fueron robados, entre dinero y otros elementos de valor, algo más de 20 millones de pesos.Para el caso de alias 'Juancito', un juez de control de garantías le dictó medida de aseguramiento en centro carcelario el 28 de mayo, mientras avanza el proceso judicial.Los hechos ocurrieron el 29 de diciembre de 2023, cuando varios hombres armados, habrían ingresado a la vivienda de la víctima y llevado en contra de su voluntad a un sitio solitario y despoblado. Días después, el 3 de enero de este año, el cuerpo fue encontrado atado de manos y pies, además con varias heridas de arma de fuego y politraumatismos en cabeza y tórax, según la Fiscalía.
El Gobierno chileno envió este viernes a Venezuela una nota de protesta por haber impedido ingresar al país a los senadores Felipe Kast (centroderecha) y José Manuel Rojo Edwards (ultraderecha), invitados por la oposición venezolana como observadores en las elecciones del domingo en las que Nicolás Maduro busca la reelección."El Ministerio de Relaciones Exteriores citó al embajador de Venezuela en Chile, Arévalo Méndez, para entregarle una nota de protesta debido a que no se permitió el ingreso a ese país a los senadores José Manuel Rojo Edwards y Felipe Kast", dijo la Cancillería en un escueto comunicado.Kast, del partido Evópoli, informó en sus redes sociales que iban a ser deportados porque no cumplían "con el perfil ni las condiciones de ingresar al país".Edwards, del ultraderchista Partido Social Cristiano, indicó por su parte que "Maduro ha traído miseria y hambre" y "debe saber que Latinoamérica entera va a defender la democracia del pueblo bravo de Venezuela".La Presidencia del Senado chileno aseguró que los hechos son "antidemocráticos" y "denotan la mayor gravedad" porque "los senadores chilenos cuentan con todas las condiciones exigidas usualmente por la República Bolivariana de Venezuela para hacer ingreso a su territorio".Maduro, en el poder desde 2013, se enfrentará el domingo a Edmundo González Urrutia, un exdiplomático de 74 años que se convirtió en el candidato de la oposición luego de que la exdiputada María Corina Machado fuera inhabilitada, y que lidera la intención de voto según las encuestadoras tradicionales del país suramericano.El chavismo, sin embargo, asegura que Maduro ganará, pese a que los sondeos independientes reflejan el hastío de gran parte de la población en medio de una feroz crisis económica que devastó al país en la última década.La deportación de los senadores chilenos tiene lugar horas después de que Venezuela impidió la entrada de una delegación de parlamentarios del Partido Popular (PP) de España y también de un grupo de expresidentes latinoamericanos en un avión que no pudo despegar desde Panamá hasta que los exmandatarios no bajaron de la aeronave.
En la semana epidemiológica que realizó, el Instituto Nacional de Salud reportó un total de 2,375 casos de hepatitis, desglosados en hepatitis B, C y coinfección B-Delta. La cifra se compone de 1,348 casos de hepatitis B, 1,025 de hepatitis C, 2 de hepatitis Delta y 1 transmisión maternoinfantil. Por otra parte, la tasa de incidencia para hepatitis B se estimó en 2.6 casos por cada 100,000 habitantes, mientras que para hepatitis C fue de 1.0 casos por cada 100,000 habitantes. La tendencia general indica un aumento en la incidencia de estas enfermedades.¿Cómo está la hepatitis en Colombia?Las ciudades con mayor número de casos de hepatitis B fueron Bogotá D.C., Medellín, Cúcuta, Barranquilla y Cali. Para hepatitis C, las principales ciudades afectadas incluyeron Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Armenia. Los casos de hepatitis D se concentraron en Bogotá D.C. y Neiva.Hombres, los más afectados por Hepatitis BEl análisis por género muestra que la hepatitis B afecta más a los hombres, con una tasa de incidencia de 3.1 casos por 100,000 habitantes, frente a 1.1 casos en mujeres. En los hombres, se observó una disminución estadísticamente significativa en los casos de hepatitis B en el grupo etario de 15 a 19 años y un aumento en el grupo de 65 a 69 años. Entre las mujeres, se registró una disminución en los casos en el rango de 30 a 34 años y un aumento en el grupo de 60 a 64 años.Disminuye la hepatitis B en mujeres embarazadas en ColombiaDe los casos de hepatitis B reportados, el 4.6 % correspondió a mujeres embarazadas, lo que representa una disminución estadísticamente significativa en comparación con el año anterior. El principal mecanismo de transmisión de la hepatitis B fue sexual, representando el 72.6% de los casos, seguido de la transmisión percutánea o parenteral con el 7.1%. Además, el 3.8% de los casos correspondió a poblaciones indígenas y el 3.6% a negros, mulatos o afrodescendientes, con una disminución estadísticamente significativa en estos últimos grupos comparado con el año anterior.
Una verdadera crisis atraviesa la negociación entre la Alcaldía de Cartagena y la Asociación Cartagenera de Cocheros en medio del proceso de sustitución de coches de tracción animal por coches eléctricos, luego de que un grupo de propietarios y conductores de coches protestaran en contra dicho proceso.Tras varios días de silencio, el alcalde Dumek Turbay se pronunció al respecto asegurando que el proceso de transición en la ciudad no tiene reversa, y que no se volverá a sentar a la mesa con quienes protagonizan esta protesta que calificó como ‘difamatoria’.“En el mes de septiembre vamos a escoger a 15 cocheros, no a dueños de coches, sino a 15 cocheros de la ciudad de Cartagena y los vamos a llevar a Santo Domingo, donde hay un proceso exitoso de sustitución de coches (…) y para los cocheros que hicieron la protesta que fue irrespetuosa, que utilizó palabras difamatorias y calumniosas con el gobierno y conmigo, pues tenemos que decirles que no tenemos nada de que hablar, el diálogo se ha roto por esa actitud, por promocionar la mentira, como argumento de defensa y por creer que amedrentan el gobierno”, dijo.El mandatario señaló que la protesta habría sido incentivada más por los “dueños de los coches que por los cocheros”, y que espera que antes de las Fiestas de Independencia ya estén en la ciudad los primeros 30 coches eléctricos.“Una cosa es el cocheros y una cosa es el dueño de los coches (…) Yo tengo la impresión que la protesta última fue de los dueños de los coches, no de los cocheros, porque lo hemos dicho es que los 60 coches que vamos a adquirir los van a administrar los cocheros, la misma Asociación de Cocheros, y los coches eléctricos tendrán todo el respaldo nuestro, dos años de garantía, dos años de acompañamiento, recursos para que ellos puedan pasar de cochero a empresarios de un servicio turístico”, sostuvo.El alcalde dijo, además, que ya tienen los recursos asegurados para la compra de los 60 coches eléctricos, y que a finales de julio estaría lista la resolución del Ministerio de Transporte que permitirá avanzar en el proceso de transición.Recordemos que el pasado 22 de julio un grupo de cerca de 30 cocheros y propietarios protestaron frente a la Alcaldía de Cartagena para exigir garantías en el proceso de sustitución y claridad sobre una resolución del Ministerio de Transporte que regulará esta actividad.Señalaron que fueron “engañados” por el alcalde Dumek Turbay y que se han sentado en mesas de negación, pero no han sido realmente escuchados.
La prohibición de un vuelo en el que exgobernantes latinoamericanos iban a viajar de Panamá a Venezuela para ser observadores electorales y la deportación de otros veedores aumentaron este viernes la tensión antes de las presidenciales del fin de semana, en las que Nicolás Maduro busca un tercer mandato.Maduro, de 61 años y en el poder desde 2013, tiene como principal rival al diplomático Edmundo González Urrutia, de 74, postulado por la alianza opositora Plaforma Unitaria ante la inhabilitación política de su candidata original, María Corina Machado, y otros dirigentes.Autoridades venezolanas impidieron el despegue desde el aeropuerto panameño de Tocumen de un vuelo de Copa Airlines que tenía entre sus pasajeros a los exmandatarios, denunció este viernes el presidente de Panamá, José Raúl Mulino.Se trata de los exgobernantes Mireya Moscoso (Panamá), Miguel Ángel Rodríguez (Costa Rica), Jorge Quiroga (Bolivia) y Vicente Fox (México), miembros de la derechista Iniciativa Democrática de España y las Américas (Grupo IDEA) y fuertes críticos de Maduro."El avión (estaba) lleno, completamente lleno, de venezolanos que iban a votar", relató Moscoso en una rueda de prensa. "Vimos lágrimas, (gente) llorando diciéndonos: ¡por favor, quédense, no se vayan!".Fox, en tanto, lo consideró una "mala señal".El miércoles, el poderoso líder chavista Diosdado Cabello adelantó que se les impediría la entrada."Si usted no está invitado a una fiesta, ¿qué le dicen? (...), le dicen: 'por favor, tenga la amabilidad, y se retira' (...). No están invitados, son showseros", dijo Cabello en su programa en la televisión estatal. "Acá no van a venir a joder", agregó.Diez congresistas y eurodiputados del Partido Popular (PP) español, así como una parlamentaria de Colombia y otra de Ecuador, denunciaron después su deportación a su llegada al aeropuerto de Maiquetía, que sirve a Caracas."Nos expulsan (...). Lamentablemente la policía de Maduro es implacable", dijo en la red social X el portavoz parlamentario del derechista PP, Miguel Tellado.Consultado sobre el caso de los expresidentes del Grupo IDEA, un funcionario de Estados Unidos que pidió anonimato solicitó al gobierno venezolano "reconsiderar esta decisión y permitir una mayor presencia internacional".Estos incidentes se suman a las alarmas que despertó en la región una advertencia de Maduro sobre "un baño de sangre" si ganase la oposición, palabras por las cuales los presidentes de Brasil y Chile, Luiz Inácio Lula da Silva y Gabriel Boric, expresaron preocupación.Todo listo Estados Unidos, la Unión Europea y la mayoría de los gobiernos de América Latina desconocieron la reelección de Maduro en 2018 en elecciones boicoteadas por la oposición, que las calificó como un fraude."Tenemos todo listo", dijo este viernes el presidente del Consejo Nacional Electoral, Elvis Amoroso, en un acto en Caracas con veedores internacionales que sí fueron invitados.El proceso de instalación de las más de 30.000 mesas de votación se puso en marcha en horas de la mañana, marcado por denuncias de activistas opositores sobre retrasos. Sin embargo, el ministro de Defensa, general Vladimir Padrino López, defendió el despliegue del Plan República, el operativo de seguridad para custodiar los comicios."¡Alerta! Se pretende desde ya, con denuncias tendenciosas a través de las RRSS (redes sociales), enrarecer el clima electoral", cuestionó en X Padrino, quien esta semana negó que la Fuerza Armada vaya a ser "árbitro".González Urrutia pidió a esa institución "respetar y hacer respetar" los resultados en las urnas.Machado informó que conversó con los presidentes de Argentina, Javier Milei; Paraguay, Santiago Peña; y Uruguay, Luis Lacalle Pou. Les agradeció en X "su solidaridad y respaldo" en la "lucha por la democracia"."Siempre estaremos junto al pueblo venezolano", le respondió Milei.Detenciones masivas La ONG de derechos humanos Foro Penal denunció también este viernes que 135 personas vinculadas con la campaña del opositor González Urrutia han sido arrestadas, de las cuales 47 permanecen detenidas."Desde enero hasta acá se han producido 149 arrestos arbitrarios por motivos políticos (...) y 135 están directamente vinculados con lo que fue la gira nacional y la campaña ya propiamente dicha de María Corina Machado con Edmundo González Urrutia", dijo a la AFP su director, Gonzalo Himiob.Hay 10 candidatos en este proceso electoral al que están llamados a participar 21 millones de los 30 millones de venezolanos. Las encuestas favorecen a González Urrutia, pero el chavismo las desestima y acusa a sus adversarios de planear desconocer los resultados y generar violencia.