La Corte Suprema de Justicia aplazó por segunda vez, hasta el 2 de febrero de 2027, la audiencia preparatoria contra los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, investigados por el escándalo de corrupción de la UNGRD.La diligencia fue reprogramada porque las defensas aseguran que todavía no han podido conocer en su totalidad las pruebas que tiene la Fiscalía y que están bajo cadena de custodia. Este mismo inconveniente ya había provocado el aplazamiento de la audiencia en una primera oportunidad. Los abogados de los exministros han advertido dificultades para acceder a los archivos, entre documentos que no abren, están encriptados o requieren contraseñas.La magistrada de la Sala señaló que el nuevo plazo busca que las partes puedan completar la revisión de los elementos probatorios y superar las dificultades técnicas, especialmente las relacionadas con la apertura de los documentos bajo custodia. Por lo que pidió que para la próxima sesión estén listas las solicitudes de pruebas y las razones por las que consideran que deben ser admitidas.“Entendemos que, para abrir los documentos que están sometidos a cadena de custodia, lo que va a llevar cierto tiempo. Hemos acordado que esta audiencia se llevará a cabo el día 2 de febrero del 2027. Creemos que es un tiempo razonable, prudente, que va a facilitar el trabajo de las partes, para que se complemente el descubrimiento probatorio”, señaló la magistrada.Por su parte, el exministro del Interior Luis Fernando Velasco cuestionó que la Fiscalía presente documentos que, según él, ni siquiera conoce y aseguró que esta situación está dificultando el trabajo de la defensa. También reclamó que no se hayan revisado conversaciones de Olmedo López, exdirector de la UNGRD, que considera relevantes para el proceso.“¿Cómo es posible que en un sistema de partes llegue quien acusa con una serie de documentos que no conoce? (...) Atosigando a la defensa para que no podamos concentrarnos, por ejemplo, en los chats de Olmedo que la Fiscalía no vio y que tiene cosas gravísimas que el país debe conocer. Pero la Fiscalía no vio. Uno sí pide en este tipo de actuaciones lealtad y yo no la he sentido”, indicó Velasco.A su turno, el exministro de Hacienda Ricardo Bonilla cuestionó que entre los documentos entregados haya información que, según él, no tiene relación con la investigación. Sin embargo, su principal reclamo fue que la Fiscalía habría dejado por fuera elementos que considera necesarios para esclarecer el manejo de los recursos públicos.“Pero más grave aún es lo que no hay, lo que la Fiscalía nunca miró. La Fiscalía no trae nada absolutamente ni hizo seguimiento de pruebas al peculado de Olmedo López y Sneyder Pinilla. Se quedó con eso, se quedó con la confesión y no lo siguió. (...) La Fiscalía no ha sido leal con nosotros”, señaló Bonilla.Frente a estos cuestionamientos, la fiscal del caso, María Cristina Patiño, rechazó que las dificultades en el descubrimiento de las pruebas signifiquen una falta de transparencia del ente acusador. Explicó que la Fiscalía solicitó documentos a la Corte Suprema y que recibió copias completas de los expedientes, incluso de información que no había requerido específicamente, por lo que decidió entregar todo ese material a las defensas.“La Fiscalía ha descubierto todo lo que tiene, y no ha descubierto aquello que no tiene. (...) Hemos sido tan leales que hemos descubierto con total transparencia todo lo que tenemos. Si ello no fuera así, el alegato de hoy no sería que nosotros les damos información que no es pertinente”.La fiscal también sostuvo que corresponde a las defensas adelantar sus propias investigaciones y buscar los elementos que consideren necesarios para respaldar sus teorías del caso.La magistrada, por su parte, aclaró que la Sala hizo un llamado a garantizar la lealtad procesal, pero que no estaba atribuyendo una actuación desleal a la Fiscalía. El proceso continuará el 2 de febrero de 2027.
Durante la audiencia pública preparatoria de primera instancia en la Corte Suprema de Justicia contra el exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, y Luis Fernando Velasco, del Interior, la Fiscalía General de la Nación recibió un plazo de tres semanas para reunirse con las defensas y solucionar serias inconsistencias en la entrega del material probatorio. Esto, en medio de las tensiones que se presentan previas al juicio por el desfalco en la UNGRD e Invías.La sesión se desarrolla tras la acusación formal contra ambos exfuncionarios por presunta participación en el direccionamiento de contratos a cambio de apoyo congresional a proyectos gubernamentales.La acusación abarca los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho por dar u ofrecer. En esta etapa previa al juicio, conducida bajo la ponencia del magistrado Jorge Emilio Caldas Vera, se evalúan las evidencias que serán tenidas en cuenta en el proceso.¿Qué dice la Fiscalía hasta el momento?El choque principal de la jornada surgió al constatarse la presencia de archivos cifrados con contraseña, carpetas vacías, documentos ilegibles y comunicaciones incompletas atribuidas a Olmedo López y Sneyder Pinilla. Frente a estos cuestionamientos, el ente acusador rechazó de manera categórica cualquier intención de ocultar evidencia, argumentando que entregó la totalidad del expediente acumulado, incluidos los archivos digitales a los que tampoco ha podido tener acceso por falta de claves.“Ningún elemento fue ocultado, sustraído, reservado o deliberadamente excluido del conocimiento de la defensa (...) la Fiscalía no tuvo acceso a los archivos que fueron inaccesibles (...) No es lo mismo ocultar información que desconocerla, no es lo mismo reservar un elemento probatorio que carecer materialmente de la posibilidad de acceder a él”, señaló la fiscal del caso.La defensa del exministro Bonilla denunció inconsistenciasPor su parte, la defensa técnica del exministro de Hacienda, encabezada por el abogado Alejandro Carranza, denunció presuntas irregularidades en el descubrimiento probatorio de la Fiscalía por el caso de corrupción en la UNGRD, al advertir que se entregaron carpetas vacías, archivos cifrados imposibles de abrir y documentos ilegibles que buscan limitar el derecho a la defensa.“¿Para qué descubría la fiscalía elementos que no puede permitirle acceso a la defensa?”, cuestionó la defensa, recordando que la ley castiga esta práctica para evitar sorpresas procesales.La defensa de Bonilla sostuvo que, ante la imposibilidad técnica para acceder a los archivos, que afecta por igual a Fiscalía y defensa, ninguna de las partes podría utilizar en juicio un contenido que no ha sido descubierto.A las objeciones de su apoderado se sumó la intervención directa del propio exministro Ricardo Bonilla.“Yo siento que la Fiscalía está inundándonos de información, de la que, como lo acaba de decir el abogado Carranza, mucha no tiene ningún sentido, pero lo que quiere es inundarnos y reducir la capacidad de la defensa. Eso es todo lo que tengo que decir”, denunció Ricardo Bonilla, exministro de Hacienda.Por lo que reiteraron la exigencia formal de recibir copias plenamente legibles antes de dar paso a la etapa de juicio.La defensa del exministro Velasco cuestiona la lealtad de la investigaciónA la par, la representación legal del exministro del Interior, Luis Fernando Velasco, asumida por la abogada Elena Suárez, exigió que la Fiscalía ponga a disposición de manera individualizada y definitiva todos los elementos pendientes. Suárez hizo énfasis en que la carga de gestionar permisos, recuperar accesos desde las fuentes y desbloquear cuadernos reservados o archivos con clave recae de forma exclusiva sobre el organismo investigador.“Para la defensa, no hay reservas en esta etapa procesal. Los archivos y los enlaces y videos que requieren contraseñas y los permisos de recuperación desde la fuente, es obligación de la Fiscalía descubrirlos, no de la defensa solicitarlos”, indicó Elena Suárez, abogada defensora de Luis Fernando Velasco.El exministro Velasco también hizo uso de la palabra para expresar un duro reclamo sobre las garantías procesales. Cuestionó la plenitud del descubrimiento probatorio y rechazó que la Fiscalía pretenda delimitar unilateralmente qué evidencias pueden o no ser empleadas para estructurar su estrategia de defensa.“¿Por qué están escondiendo de Sneyder? ¿Qué hay ahí? ¿Será que si la Corte en particular y el país en general conocen esa información, se evidenciará cómo la Fiscalía no quiso investigar el inmenso robo de la UNGRD? Es mi tesis”, agregó el exministro Velasco.Finalmente, Velasco elevó el tono de sus críticas sobre el curso de las indagaciones, señalando que la falta de acceso a los chats íntegros de Olmedo López y Sneyder Pinilla plantea dudas sobre el alcance real de la investigación en torno al desfalco de más de 1,3 billones de pesos en la UNGRD.
Tras dos largas jornadas de audiencia de formulación de acusación en contra de los exministros del gobierno del presidente Gustavo Petro, la Fiscalía expuso en la tarde de este jueves su escrito sobre la tesis de la presunta participación de los exministros de Hacienda e Interior.De acuerdo con la Fiscalía, Bonilla y Velasco deberán responder por los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho por dar u ofrecer.La investigación señala que los exjefes de las carteras de Hacienda e Interior habrían convocado reuniones, impartido directrices y hecho seguimiento a procesos contractuales en entidades como el Instituto Nacional de Vías y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, con el objetivo de beneficiar a determinados congresistas y asegurar su respaldo a proyectos del Gobierno en el Congreso particularmente en el marco de las discusiones de las reformas pensional y de salud.Según la tesis de la Fiscalía, entre junio y septiembre de 2023, los exministros habrían intervenido indebidamente en 78 contratos 73 en Invías y cinco en la UNGRD por un valor cercano a 612.000 millones de pesos, de los cuales siete se concretaron.Otra de las fechas clave es entre septiembre y diciembre de 2023 que es cuando presuntamente ambos exfuncionarios intercedieron en tres procesos contractuales relacionados con atención de emergencias en Saravena (Arauca), Cotorra (Córdoba) y El Salado, en Carmen de Bolívar (Bolívar), por un total de 86.619 millones de pesos.Aunque estos contratos no se firmaron, la Fiscalía sostiene que congresistas que serían beneficiados aprobaron 17 operaciones de crédito a favor del Gobierno nacional.La justicia tomó en las últimas horas una decisión relacionada con Luis Fernando Veasco tras estudiar una apelación del exministro del Interior contra su medida de aseguramiento. El Tribunal Superior de Bogotá confirmó la medida lo que significa que Velasco seguirá detenido.
La Comisión Nacional de Disciplina Judicial abrió una actuación disciplinaria para determinar si existió una falta por parte de los fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia, quienes presuntamente se habrían demorado en radicar el escrito de acusación contra el exministro de Hacienda Ricardo Bonilla González, situación que habría derivado en su libertad por vencimiento de términos dentro del proceso por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.De acuerdo con el comunicado oficial, la actuación se inició de oficio luego de conocerse, a través de medios de comunicación, los hechos relacionados con la libertad concedida al exministro dentro del proceso penal que se adelanta en su contra. En ese sentido, el organismo indicó que “Comisión Nacional de Disciplina Judicial ordenó de oficio disponer actuación disciplinaria, en razón al conocimiento que se obtuvo a través de los medios de comunicación, de hechos relacionados con la libertad por vencimiento de términos del exministro de Hacienda Ricardo Bonilla dentro del proceso penal que se sigue en su contra por un presunto caso de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD)”.En el mismo pronunciamiento, la Comisión señaló que la investigación busca establecer si la demora en la radicación del escrito de acusación por parte de los fiscales constituye una falta disciplinaria.La decisión de abrir la investigación disciplinaria se produce luego de que el Tribunal Superior de Bogotá avalara la solicitud de libertad por vencimiento de términos presentada por la defensa del exministro Bonilla. Esta determinación se fundamentó en que, desde la imputación realizada el pasado 1 de diciembre, habían transcurrido más de 120 días sin que se presentara oportunamente el escrito de acusación dentro del proceso penal.Durante la diligencia judicial, se expuso que la Fiscalía General de la Nación radicó el escrito de acusación contra el exministro Ricardo Bonilla González y el exministro del Interior Luis Fernando Velasco de manera paralela a la audiencia en la que se discutía la solicitud de libertad por vencimiento de términos, y no antes del inicio formal de la diligencia, como lo exige la normativa procesal.Durante la audiencia en la que se resolvió la solicitud de libertad, la magistrada explicó que el análisis jurídico habría sido distinto si el escrito de acusación se hubiera radicado antes del inicio formal de la diligencia. Según se indicó en el desarrollo de la audiencia, la oportunidad en la presentación del documento era un elemento determinante para interrumpir el conteo de términos legales dentro del proceso penal.
En medio de varias decisiones recientes que han generado controversia en el país, distintos candidatos presidenciales fijaron su posición frente a tres temas clave de la coyuntura nacional: la eliminación de la circular roja de Interpol contra Carlos Ramón González, la libertad otorgada al exministro Ricardo Bonilla por vencimiento de términos y la situación actual de Ecopetrol y su presidente, Ricardo Roa.Las reacciones, aunque diversas en tono, coinciden en poner sobre la mesa temas como el respeto a la justicia, el debido proceso y la estabilidad institucional.Caso Carlos Ramón GonzálezFrente a la eliminación de la circular roja de Interpol contra Carlos Ramón González, los candidatos coincidieron en señalar que cualquier persona vinculada a investigaciones debe responder ante la justicia colombiana.Carlos Caicedo enfatizó en la responsabilidad de los funcionarios públicos al afirmar que “tiene que responder por sus actos” y que, en caso de ser investigados, deben acudir ante las autoridades. En la misma línea, Luis Gilberto Murillo sostuvo que “cualquier colombiano debe estar sujeto (…) a responder a los requerimientos de la justicia con todas las garantías”.Desde otra perspectiva, Roy Barreras hizo un llamado a la prudencia frente a las decisiones judiciales, señalando que estas deben ser acatadas mientras se conocen a fondo los procesos: “Ni celebrar ni lamentar, sino acatar las decisiones de los jueces”. No obstante, agregó que “yo creo que los colombianos quieren que se castigue a Carlos Ramón por corrupto”.Por su parte, Mauricio Lizcano cuestionó la decisión de Interpol, calificándola como “gravísima” y planteando dudas sobre sus razones: “Si tiene orden de captura en Colombia (…) no entiendo por qué le retiran esa boleta”. Además, aseguró que se debe investigar si hubo intervención del gobierno colombiano en esta decisión.Entre tanto, Abelardo de la Espriella fue más directo y aseguró: “Ojalá lo capturen, eso es un delincuente”.Libertad de Ricardo Bonilla por vencimiento de términosEn cuanto a la libertad otorgada a Ricardo Bonilla por vencimiento de términos, las posturas se centraron en la defensa del debido proceso y las garantías judiciales.Luis Gilberto Murillo reiteró que “todo colombiano tiene derecho a la defensa y también a la presunción de inocencia”, mientras que Mauricio Lizcano señaló que la decisión responde a un derecho fundamental y atribuyó la situación a fallas de la Fiscalía: “Eso es un derecho del debido proceso (…) ahí el que falló fue la Fiscalía”.Roy Barreras, por su parte, expresó una postura más personal al afirmar que espera que el exministro pueda demostrar su inocencia: “Me alegra que esté en su casa”.Carlos Caicedo insistió en que los funcionarios deben rendir cuentas ante la justicia y, de encontrarse responsabilidades, asumir las consecuencias: “Si son culpables, pues sean severamente condenados”.En contraste, Abelardo de la Espriella cuestionó el manejo del proceso y aseguró que debe investigarse por qué se permitió el vencimiento de términos: “Eso es lo que dice la ley. El tema es por qué dejaron vencer los términos”, al tiempo que pidió sanciones contra funcionarios corruptos.Situación de EcopetrolLa coyuntura en Ecopetrol también generó reacciones entre los aspirantes, quienes coincidieron en la importancia de proteger la estabilidad de la principal empresa del país.Luis Gilberto Murillo consideró que las decisiones adoptadas son adecuadas en la medida en que evitan distracciones institucionales: “Una empresa como esta no debe tener la distracción de situaciones judiciales de sus máximas cabezas”.Por su parte, Mauricio Lizcano calificó la situación como preocupante y resaltó el peso de la empresa en la economía nacional, señalando que “es nuestra gran empresa (…) casi el 40 % de ingresos fiscales”, y aseguró que la salida temporal de la dirección no es suficiente, aunque reconoció que es un avance.Roy Barreras destacó que “las instituciones son más importantes que las personas” y planteó la necesidad de recuperar la empresa y convertirla para que avance hacia la transición energética.Finalmente, Carlos Caicedo subrayó que la empresa debe garantizar estabilidad y liderazgo en ese proceso, al tiempo que señaló que cualquier cuestionamiento sobre su presidente, Ricardo Roa, debe ser aclarado: “Es necesario también que aclare su situación, y, si no, que dé un paso al costado”.
Tras la reciente obtención de la libertad por vencimiento de términos del exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, su defensa ha lanzado una contundente contraofensiva jurídica. Alejandro Carranza, abogado del exministro, aseguró en entrevista con Mañanas Blu que el proceso judicial no solo carece de base técnica, sino que está cimentado sobre una red de mentiras tejida por los principales testigos de la Fiscalía para encubrir a otros actores políticos, específicamente al congresista Wadith Manzur.La estrategia de "encubrimiento" y el papel de ManzurEl punto más álgido de las declaraciones de Carranza radica en la acusación de que Olmedo López, Sneyder Pinilla y María Alejandra Benavides se han concertado para fabricar una narrativa que incrimine a Bonilla y desvíe la atención de otros involucrados. Según el jurista, estas personas están "mintiendo" y han construido "historias que han tejido para salvarse ellos y para cubrir a otras personas como Wadith Manzur". Ante la pregunta directa sobre si estos tres testigos están trabajando en conjunto para "hundir" al exministro con el objetivo de proteger a Manzur, Carranza respondió con un categórico "Sí"Aunque el abogado se reservó detalles específicos para la audiencia de acusación programada para el 29 de abril, afirmó que pronto llegará la hora de que se "rompan esas cadenas de mentira". El vencimiento de términosLa libertad de Ricardo Bonilla se produjo luego de que se abriera una "ventana" jurídica debido a que la Fiscalía no radicó el escrito de acusación dentro de los 120 días reglamentarios. "La Fiscalía tenía 120 días... Vencieron el 31 de marzo y el 7 de abril nosotros pedimos la audiencia y no habían radicado", explicó Carranza, señalando que el documento solo apareció en medio de la diligencia. El exministro abandonó el centro de reclusión CESPO a la medianoche. Carranza reiteró que la medida intramural fue desproporcionada, considerando que la propia Fiscalía había solicitado inicialmente detención domiciliaria debido a su edad de 76 años. Escuche aquí la entrevista:
Tras la reciente liberación del exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, por vencimiento de términos, su defensa, liderada por el abogado penalista Alejandro Carranza, lanzó en Mañanas Blu, duras críticas contra el proceder de la Fiscalía General de la Nación. Carranza sostiene que el ente acusador está utilizando el proceso judicial como una herramienta política para deslegitimar al Gobierno y sus reformas en un contexto electoral. El vencimiento de términos y la salida de CESPOLa libertad del exministro se produjo luego de que la Fiscalía superara los 120 días reglamentarios para radicar el escrito de acusación. Según explicó Carranza, el plazo venció el 31 de marzo, pero la Fiscalía solo radicó el documento el 7 de abril, justo en medio de la audiencia solicitada por la defensa. El abogado señaló que la medida de aseguramiento anterior fue desproporcionada, considerando la edad (76 años) y el estado de salud de Bonilla, quien salió de su centro de reclusión "muy golpeado" y con una "gripa muy severa".Respecto al retraso de la Fiscalía, Carranza fue enfático: “La Fiscalía tenía 120 días para radicar el escrito acusación contado desde el primero de diciembre... Fue una pequeña ventana en la que se abrió ese espacio y por eso la magistrada ordenó la libertad”.Denuncia de "criminalización" de funciones ministerialesEl núcleo de la defensa radica en que las acciones por las que se acusa a Bonilla —como gestionar proyectos y participar en debates presupuestales— son parte de sus deberes constitucionales. Carranza argumenta que la Fiscalía busca construir una narrativa de corrupción para atacar la estabilidad del Ejecutivo. “Aquí lo que pasó... es que intentan criminalizar las funciones de un ministro para tejer una historia que sirva en época de elecciones y atacar la reforma laboral”, afirmó el jurista. Según su análisis, el ente acusador busca una condena que sugiera que “se compró la gobernabilidad” para así invalidar las reformas aprobadas en el Congreso. Para Carranza, el manejo del presupuesto está reglado y un ministro no tiene la capacidad de asignar contratos a discreción: “El ministro de Hacienda de Colombia... no son determinadores del gasto, no son autoridades para contratar... la Fiscalía no puede probar ni un solo contrato que el ministro haya dado a nadie”.La defensa sostiene que los tiempos de la Fiscalía no son accidentales. Carranza cuestionó por qué, si los hechos ocurrieron hace tiempo, la imputación se hizo en diciembre, calculando la vacancia judicial y la proximidad de debates electorales. Al ser consultado sobre si acusaba formalmente a la Fiscalía de actuar con fines políticos, respondió: “Sí, señor... el hecho de criminalizar las actuaciones de un ministro... todo eso tiene que ver”.Finalmente, la defensa se prepara para la audiencia de acusación programada para el 29 de abril. Carranza adelantó que demostrarán cómo los testimonios de Olmedo López y Sneyder Pinilla son falsos y forman parte de un concierto para proteger a terceros, mencionando específicamente al congresista Wadith Mansur. “La Fiscalía puede decir hasta misa... nosotros también tenemos evidencias... para poder decir y señalar con toda la claridad que las actividades de un ministro no se pueden criminalizar”, concluyó.Escuche aquí la entrevista:
Bonilla y el exministro del Interior Luis Fernando Velasco fueron enviados a prisión preventiva en diciembre pasado mientras avanzan las investigaciones por los delitos de concierto para delinquir, cohecho e interés indebido en la celebración de contratos.En las últimas horas, el Tribunal Superior de Bogotá dejó en libertad por vencimiento de términos al exministro de Hacienda Ricardo Bonilla, quien había sido enviado a detención preventiva por el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).La magistrada Isabel Álvarez Fernández aseguró en una audiencia que la Fiscalía no presentó el escrito de acusación contra el exministro durante el plazo permitido por la ley, que es de 120 días tras la imputación que se cumplió el pasado primero de abril."Incluso en el momento en el que la defensa elevó la solicitud (de que Bonilla fuera dejado en libertad), todavía ese escrito de acusación no se había presentado (...) En la situación que nos convoca, en efecto sí se cumple el presupuesto para ordenar la libertad por vencimiento de términos", expresó Álvarez.Blu Radio conoció el escrito de acusación de la Fiscalía en el que, en un documento de 287 páginas, se detalla cómo habrían liderado una "organización criminal" que, entre 2023 y 2024, habría destinado más de 612.000 millones de pesos para comprar apoyos legislativos mediante la asignación de contratos y proyectos.En el escrito, la Fiscalía detalla cómo habría sido la actuación de los dos exfincionarios del Gobierno del presidente Gustavo Petro: “Se concertaron entre sí y con otras personas conocidas y desconocidas, para cometer delitos contra la administración pública, con el fin de asegurar las mayorías parlamentarias…”, señala el documento. Y agrega: “Ofrecieron y acordaron ilícitamente con algunos Senadores y Representantes […] direccionar proyectos, contratos o convenios […] a cambio de su concurrencia y votación”. Mecanismo de intercambio: contratos por votos“Consistieron en comprar congresistas a través de la entrega de contratos cuyos recursos provenían del erario, a cambio del apoyo de los parlamentarios”, señala el escrito de acusación. En ese mismo sentido, asegura el texto: “Entregarle a los congresistas una coima representada en contratos a cambio de sus votos”. La Fiscalía habló con contundencia de lo que se trataría una organización criminal, la cual lideraron y ejecutaron, según el escrito: “Lideraron, promovieron, dirigieron y encabezaron la organización criminal”. Detalla también cómo habría sido ejecutada la compra de votos a cambio de contratos: “Plantearon las líneas base del modus operandi […] consistieron en comprar congresistas”. Había “conductas orientadas a asegurar el respaldo político […] mediante el direccionamiento indebido de proyectos” y así “configurándose así un intercambio ilícito de beneficios contractuales por votos”, de acuerdo con el escrito de acusación de la Fiscalía.El caso de la UNGRD, revelado en 2024, es considerado el mayor escándalo de corrupción del Gobierno del presidente Gustavo Petro y ya ha derivado en la detención de los expresidentes del Senado Iván Name y de la Cámara de Representantes Andrés Calle, así como en condenas contra exdirectivos del organismo y otros funcionarios.
Hace apenas unas horas la Fiscalía General de la Nación radicó ante la Corte Suprema el escrito de acusación contra los exministros de Hacienda e Interior, Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, por su presunta participación en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD). Ambos exfuncionarios son investigados como presuntos autores de los delitos de concierto para delinquir, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho por dar u ofrecer.Blu Radio estableció que será el magistrado Jorge Emilio Caldas el ponente y en grado de llevar a cabo las audiencias de acusación y preparatoria de juicio. Esta es la fase previa al juicio oral que deberán enfrentar los dos exministros por el escándalo de corrupción.Sobre Ricardo Bonilla, el Tribunal Superior de Bogotá lo dejó en libertad por vencimiento de términos luego de que en diciembre de 2025 ambos exaltos funcionarios fueran imputados por la presunta comisión de 3 delitos.El papel que presuntamente cumplieron Bonilla y VelascoLa fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia, María Cristina Patiño, explicó que, según la investigación, Bonilla y Velasco habrían acordado ilícitamente con algunos senadores y representantes del Congreso de la República el direccionamiento de proyectos, contratos o convenios en el Invìas y la UNGRD, a cambio de su respaldo en las votaciones de las comisiones parlamentarias.Entre los hechos más relevantes, la fiscal destacó una reunión en las instalaciones del Ministerio del Interior, en la que Velasco, Bonilla y la asesora María Alejandra Benavides Soto discutieron las próximas elecciones regionales y la necesidad de asegurar respaldo político mediante beneficios indebidos. Velasco habría ordenado que Benavides atendiera al senador Julio Elías Chagüi, quien buscaba la agilización de proyectos en el Invìas, orden que Bonilla habría concretado al instruir a su asesora para cumplir con el acuerdo ilícito.
El Tribunal Superior de Bogotá avaló la solicitud de libertad por vencimiento de términos a favor del exministro de Hacienda Ricardo Bonilla, dentro del proceso que se adelanta en su contra por el caso de corrupción relacionado con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. La decisión se sustentó en que, desde la imputación realizada el pasado 1 de diciembre, ya habían transcurrido más de 120 días sin que se presentara oportunamente el escrito de acusación.De acuerdo con lo expuesto durante la diligencia, la Fiscalía radicó el escrito de acusación contra el exministro Bonilla y el exministro del Interior Luis Fernando Velasco de manera paralela a la audiencia en la que se discutía la solicitud de libertad por vencimiento de términos y no antes del inicio de la diligencia. El documento fue presentado ante la Corte Suprema de Justicia en medio de la investigación que se adelanta contra ambos exfuncionarios por su presunta participación en el entramado de corrupción relacionado con la UNGRD.Durante la audiencia, la magistrada explicó que, de haberse presentado el documento antes del inicio formal de la diligencia, el análisis jurídico habría sido distinto. En ese sentido indicó que “si se hubiera radicado el día de hoy a las 8 de la mañana, a las 9 y 50, a las 10 y 10 antes de instalar la audiencia o que la Fiscalía lo hubiera puesto de presente, pero eso no ocurrió en este caso”.Con base en estos argumentos, el Tribunal concluyó que se cumplían los presupuestos legales para conceder la libertad por vencimiento de términos, dejando además constancia de que durante la audiencia no se acreditaron circunstancias que justificaran la demora en la radicación del escrito de acusación.En esa misma línea, la funcionaria judicial dejó claro que no se presentaron elementos que permitieran considerar la existencia de eventos extraordinarios que justificaran el retraso. Según indicó, se dejó constancia “de que no se hizo ninguna referencia por parte de la Fiscalía de que en el caso concreto hubiera sobrevenido alguna situación que razonablemente pudiera considerarse como constitutiva de una fuerza mayor, de un caso fortuito, de unas maniobras dilatorias de la defensa”.
El pasado 26 de octubre, a través de la sentencia 7-348, la Corte Constitucional estableció que toda publicación en redes sociales que critique el cuerpo de una mujer puede constituir en violencia de genero digital, esto tras una acción de tutela interpuesta por la gestora Stephany Dayana Ortiz Tafur contra Cristian Camilo Paredes Forero por mensajes “denigrantes” en Facebook.“En primer lugar, la Corte Constitucional señaló que el caso concreto se resolvería conforme al enfoque de género, en consideración al contexto que rodea el litigio bajo estudio, las condiciones particulares de la accionante, los argumentos presentados por aquella sobre la ocurrencia de actos de violencia de género en su contra en medios digitales, el contexto de violencia contra mujeres con reconocimiento público y la relevancia constitucional de erradicar todas las formas de discriminación y violencia contra la mujer”, indicó la Corte en la sentencia.La denuncia indica que Paredes Forero usaba fotos y se refería a su aspecto física para decir que “papel debía cumplir como mujer”, en medio de una discusión política en donde se centró en su apariencia por encima del debate, lo cual la Corte vio como violencia de género, algo a la denuncia que antes han interpuestos algunos congresistas por comentarios a la primera dama.“En la medida en que pretende fortalecer su credibilidad, confianza ciudadana y liderazgo frente a la comunidad, participa activamente en la ejecución de programas y proyectos propios de la agenda de gobierno de la alcaldía municipal de Arauca y promueve la relación entre la ciudadanía y la institucionalidad. En ese sentido, el perfil de la accionante en Facebook, aunque es de titularidad personal, es usado para la difusión tanto de contenidos personales como para la divulgación de información de interés general relacionada con su labor como gestora social, por la que participa en actividades de la alcaldía municipal de Arauca”, añadió.Asimismo, la Corte Constitucional encontró en el caso estudiado publicaciones que se concentraban en la apariencia física de la gestora social, en supuestas cirugías estéticas y en comentarios de naturaleza sexual.
Este 9 de noviembre quedará para siempre en la memoria de los hinchas del Junior de Barranquilla, ya que, lamentablemnte, el histórico delantero Teófilo Gutiérrez disputó su último partido como profesional en la capital del Atlántico tras varias temporadas con el equipo, del cual se declaró hincha.No solo fue la despedida, sino que también fue el último gol que marcó con la camiseta del Junior en condición de local antes de su retiro formal. Fue tan especial esta fecha que el propio árbitro Wilmar Roldán no dejó pasar la oportunidad para tener un gesto con él y darle un detalle en este último partido que cruzaron por la Liga BetPlay.El árbitro antioqueño marcó el final del partido y no solo se acercó para abrazarlo, sino que le entregó su silbato como muestra de cariño y una manera de despedirlo. Además, hubo un cruce de palabras acompañadas de un abrazo, que, seguramente, los dos recordarán para siempre.A falta del último partido del Junior en esta Liga BetPlay vs. Pasto, 'Teo' le dice adiós al fútbol profesional y al club de sus amores con un golazo ante Cúcuta Deportivo, recordándole a los hinchas por qué se convirtió en una leyenda de la institución.El delantero se despide del fútbol con más de 700 partidos como profesional con paso en clubes como River Plate (Argentina), Rosario Central (Argentina), Sporting Lisboa (Portugal), entre otros, sino con un saldo superior de más de 200 goles en los clubes que estuvo y un excelente historial con la Selección Colombia, clave en el proceso del 2014.Este último partido de 'Teo' será un recuerdo inolvidable para los hinchas que estuvieron presentes en el Romelio Martínez viendo los últimos pasos de una leyenda del cuadro tiburón.
Bogotá fue escenario de la premiere en Colombia de GODZILLA MINUS ZERO, la esperada secuela del legendario Rey de los Monstruos, en un evento que reunió a fanáticos y asistentes alrededor del universo de una de las figuras más emblemáticas de la cultura popular. La presentación se realizó en el marco del Godzilla Day, celebrado cada 3 de noviembre para conmemorar el debut cinematográfico del personaje en Japón, en 1954.La experiencia llevó la destrucción característica de la franquicia más allá de la pantalla, con una alfombra azul, actividades interactivas y un rage room, donde los asistentes pudieron derribar estructuras que simulaban edificios utilizando piezas de espuma. También hubo juegos de puntería inspirados en el poder destructivo del monstruo.“GODZILLA MINUS ZERO es una propuesta interesante que ofrece una mirada fresca a uno de los monstruos más emblemáticos de la historia del cine. Después de tantas historias alrededor de este personaje, esta película logra aportar una perspectiva diferente, con impresionantes secuencias de acción, enfrentamientos y efectos especiales”, destacó uno de los espectadores.Una nueva amenaza para JapónDirigida por Takashi Yamazaki, ganador del Oscar a Mejores Efectos Visuales por Godzilla Minus One, la película se sitúa en 1949, dos años después de los acontecimientos de la entrega anterior. La historia retoma a la familia Shikishima en un Japón que intenta reconstruirse tras la guerra, cuando una nueva amenaza pone en riesgo la esperanza de sus habitantes.El elenco reúne nuevamente a Ryunosuke Kamiki y Minami Hamabe, junto con otros actores de la producción anterior. La secuela llega tras el éxito internacional de Godzilla Minus One, ganadora del Oscar a Mejores Efectos Visuales.Un viaje a Japón con Cine ColombiaComo parte del lanzamiento, Cine Colombia presenta el concurso “Godzilla: Viaje a Japón”, que permitirá ganar un viaje para dos personas a Osaka. Para participar, los espectadores deben comprar boletas, registrar sus códigos en experiencias.cinecolombia.com y superar un reto de memoria. La convocatoria estará abierta hasta el 11 de noviembre de 2026.GODZILLA MINUS ZERO llegará exclusivamente a los cines colombianos el 5 de noviembre, con disponibilidad de formatos premium como IMAX y 4DX, según la programación de cada exhibidor. Una apuesta cinematográfica que combina espectáculo, supervivencia y emoción en pantalla grande.
Aria Vega, conocida como La Nena de Quilla, vive un momento clave en su carrera artística. Con canciones como Costeñita, Agua de Panela y Chévere, la barranquillera ha conseguido posicionar su propuesta musical y conectar con audiencias dentro y fuera de Colombia, sin dejar de lado las raíces caribeñas que definen su identidad.En entrevista con Blu Radio, la cantante habló sobre el camino que la ha llevado a este reconocimiento y aseguró que, aunque intuía que algunas de sus canciones marcarían un antes y un después en su trayectoria, nunca imaginó que las cosas sucederían de la manera en que están ocurriendo."Yo desde que hice Costeñita junto a Deco, sabía que iba a ser algo importante en mi carrera y sabía que iba a marcar un antes y un después, pero no sabía que de esa manera", contó.Parte de ese crecimiento, explicó, ha estado relacionado con la disciplina y con la capacidad de escuchar a quienes siguen su música. Para Aria, conocer las expectativas de su público también es fundamental al momento de tomar decisiones sobre su proyecto artístico."Algo muy valioso que debe tener el artista es el don de escucha, no solo para la música, sino también para la toma de decisiones", afirmó.Una artista que no quiere encasillarse en un solo géneroLa barranquillera también destacó la importancia de explorar diferentes sonidos y mantener la libertad creativa. Para ella, la identidad de un artista no depende de permanecer en un único género musical, sino de encontrar una propuesta propia que permita experimentar.En medio de este momento profesional, la cantante también participa en una iniciativa junto a Old Parr que busca reivindicar el valor de los encuentros presenciales y la amistad.La propuesta parte de una realidad cotidiana: aunque las personas comparten cada vez más espacios digitales, muchas veces dejan de lado las conversaciones y experiencias que nacen al reunirse. Por eso, toma como referencia una tradición colombiana: los encuentros alrededor de una mesa. La colaboración incluye una edición limitada de más de 17.000 dominós que llegará a Medellín, la Costa Caribe y Cali.El dominó, por ejemplo, ha sido durante generaciones una de esas excusas para reunirse. Más que un juego, representa un espacio de interacción en el que las personas comparten historias, celebran, conversan y participan de una experiencia colectiva.Desde el 9 de noviembre de 2026, los mayores de edad podrán acceder a esta edición por la compra en Medellín y la Costa Caribe. En Cali, estará disponible a partir del 1 de diciembre.Así, entre música, raíces y nuevas experiencias, Aria Vega lleva un mensaje que trasciende los escenarios: la importancia de compartir tiempo con las personas que hacen parte de nuestra vida.
Una medida favorable recibieron los motociclistas en Bogotá. La Alcaldía Mayor de Bogotá confirmó que adoptará las actuaciones administrativas necesarias para dejar sin efecto un total de 567 comparendos impuestos por la infracción C14 (transitar por sitios restringidos o en horas prohibidas), así como las inmovilizaciones preventivas realizadas durante la noche del jueves 29 de octubre de 2026.¿Por qué la Alcaldía de Bogotá anulará las 567 multas a motociclistas?De acuerdo con lo informado por la Secretaría General, la Secretaría de Movilidad y la Secretaría Jurídica Distrital, la decisión obedece a la identificación de un inconveniente técnico en la plataforma del Registro Distrital. Este fallo en la aplicación impidió que se completara a tiempo la aprobación de la publicación del Decreto Distrital 472 del 27 de octubre de 2026, norma que fijaba las restricciones de circulación de motos para la temporada de Halloween.Como consecuencia de este retraso administrativo, la publicación oficial del articulado se ejecutó el 29 de octubre y su entrada en vigor quedó fijada para el 30 de octubre. Debido a que las autoridades viales adelantaron operativos de control entre las 6:00 p. m. y las 11:59 p. m. del 29 de octubre, antes de la vigencia legal del decreto, el Distrito resolvió invalidar los comparendos y proteger los derechos del ciudadano.Adicionalmente, las autoridades distritales destacaron que la restricción de movilidad buscaba proteger la vida de los actores viales. Según las cifras oficiales del balance de seguridad vial, la temporada registró una reducción del 75 % en las fatalidades y del 42 % en la siniestralidad frente al mismo periodo de 2024, sin reportar fallecimientos de motociclistas en los horarios regulados.¿Cómo será la devolución del dinero de comparendos, patios y grúas?Según precisó la Administración Distrital, la Secretaría de Movilidad implementará un esquema diferencial para resolver la situación jurídica de cada conductor y reintegrar los montos cobrados por concepto de parqueadero de patios y traslado en grúa:Comparendos no pagados ni impugnados: la entidad emitirá un acto administrativo para ordenar el archivo definitivo de los expedientes contravencionales y autorizar el rembolso de los costos de patios y grúas.Comparendos en proceso de impugnación: se redactarán las resoluciones correspondientes para exonerar formalmente a los ciudadanos de la responsabilidad contravencional y eximirlos de los pagos de custodia e inmovilización.Comparendos que ya fueron cancelados: la Secretaría Distrital de Movilidad adelantará un proceso de devolución del dinero. La entidad contactará de manera directa a los afectados para indicarles el paso a paso del trámite de reintegro.La Alcaldía de Bogotá reafirmó que el procedimiento busca dar cumplimiento estricto a las garantías legales, corregir los fallos del sistema institucional de publicación y brindar seguridad jurídica a los conductores afectados.