La asamblea de Ecopetrol comenzó en medio de barras, abucheos y aplausos. Varios accionistas pidieron ‘la cabeza’ del presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, otros pidieron aplazar la elección de la junta directiva y otros más hablaron en apoyo al Gobierno de Gustavo Petro.Sin embargo, y como es apenas obvio, el Gobierno, que es dueño del 88 % de las acciones, impuso su voluntad y sacó adelante su plan para el día. La asamblea fue presidida por el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, y lo primero que hizo al llegar fue tomarse una foto con Roa, que dio un mensaje clave: Roa tiene hoy el apoyo del Gobierno.Al final de la jornada, se aprobó la integración de la nueva junta directiva y la llegada de Edwin Palma (viceministro de trabajo), Lilia Roa (viceministra de ambiente), Ángela María Robledo, Guillermo García Realpe y Álvaro Torres.También se aprobó en la asamblea de accionistas de Ecopetrol el cambio en el objeto social de la compañía para que pueda embarcarse de forma más decidida en la transición energética y, especialmente, en proyectos de energía solar, eólica y en la explotación del hidrógeno.El Gobierno, además, logró pasar dos jugadas que consolidarán un poder más directo sobre Ecopetrol. De un lado, le quitó a la junta directiva la posibilidad de fijar la política de sucesión de los miembros de la junta directiva y, de otro, ahora los accionistas minoritarios que estén inconformes con las decisiones de otro accionista (por ejemplo el Gobierno) o con la administración (es decir con Ricardo Roa) tendrán que gastar primero 60 días hábiles en una etapa de arreglo directo antes de poder acudir a la Superintendencia de Sociedades o a la justicia ordinaria.Finalmente, se aprobó el pago de dividendos de 312 pesos por acción, que corresponderá a más del 60 % de las utilidades del 2023.Las críticas a la asamblea de accionistas de Ecopetrol y por qué podría terminar demandadaA pesar de que el Gobierno impuso su voluntad en la asamblea, la disputa podría continuar en los próximos días en medio del inconformismo de varios accionistas que incluso han señalado que se cometieron irregularidades en todo el proceso.Por su parte, el representante de los accionistas minoritatios, Juan José Echavarría, advirtió al ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, como plancha en conjunto, que hay “serias dudas” de que los candidatos propuestos por el Gobierno tengan las características necesarias para cumplir con las políticas actuales de la compañía.Algunos creen que el hecho de que la junta saliente no haya recomendado a la junta entrante y haya manifestado su rechazo puede generar un problema legal y llevar a demandas contra los nombramientos.Las dudas sobre el futuro de EcopetrolAunque el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, dijo en todos los tonos posibles durante la asamblea de accionistas que no se está acabando con el negocio del petróleo y del gas, fueron muchos los accionistas que manifestaron su preocupación porque la compañía dé un giro que la saque del negocio petrolero.“¿Qué viene? Una incertidumbre mayor que la que ya existe, lo cual no es bueno para la empresa, tampoco para el Gobierno, tampoco para el país y tampoco para los accionistas minoritarios”, advirtió Francisco Lloreda, expresidente de la Asociación Colombiana del Petróleo (ACP).Pero Lloreda no fue el único con dudas sobre el negocio petrolero. El presidente de la USO, Cesar Loza, pidió que la nueva junta directiva garantice que Ecopetrol hace las inversiones necesarias para que la compañía siga explorando y explotando petróleo.Las dudas han sido alimentadas con la decisión de modificar el objeto social de la compañía para incluir de forma más explícita nuevas líneas de negocio: generar energía eléctrica a partir del sol y el viento y la explotación del negocio del hidrógeno.Sin embargo, Ricardo Roa, dice que no hay razones para temer: “Mucho se dice que estamos destruyendo a la gran empresa de todos los colombianos y los números muestran que es todo lo contrario”.
A pesar de no alcanzar acuerdos sobre el aumento del precio del diésel en el país, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, dejó abierta la posibilidad a que el ajuste ocurra aún sin estas concertaciones entre el sector transporte y el Gobierno, lo que, por supuesto, provocó reacciones. Según dijo Alfonso Medrano, presidente de la Asociación de Camioneros, han tenido voluntad de diálogos, pero “cuando los llaman, no cumplen obligaciones”.“Lo que dijo el ministro, con todo respeto, puede ser ministro de Estado, pero está diciendo mentiras. Nosotros en octubre de 2022 estuvimos reunidos con el presidente Petro y concertamos con él hacer mesas técnicas para cambiar la fórmula mediante la cual se establece el precio del diésel; pagamos unos técnicos y duramos año y medio detrás del Gobierno para que nos recibiera”, indicó en diálogo con Mañanas Blu, con Néstor Morales."Habrá consecuencias"Medrano comentó que, antes de cualquier cosa, necesitan que el Gobierno les responda si la fórmula que presentaron es viable o no, pues hasta el momento no les han informado nada y siguen esperando. En ese sentido, dijo que quien “tiene la palabra es el ministro de Hacienda”.“Si el ministro lo quiere hacer unilateralmente, como lo dijo ayer (miércoles), él es el Gobierno, es el ministro de Hacienda junto con nuestro presidente Gustavo Petro y tienen el poder para hacerlo; falta ver cuáles serán las afectaciones económicas dependiendo de la cifra. Son el Gobierno y no nos vamos a oponer, pero que vengan después situaciones económicas que degraden en situaciones de hecho, ahí ya no somos responsables de eso”, puntualizó.Sobre un precio fijo de 10.700 pesos, el presidente de la Asociación de Camioneros aclaró que eso salió de una de las reuniones, pero que solo fue “una mera expectativa” y no es el precio que establecieron, pues aún no han acordado nada.Medrano insistió en que “no es momento para subir los precios” del diésel cuando Colombia atraviesa un “decrecimiento económico” en varios sectores.Vea la entrevista completa en Mañanas Blu, con Néstor Morales:
“Al mejor estilo de los dictadorzuelos, una mayoría de la actual junta directiva de Ecopetrol se quiere perpetuar en el poder para impedir que se cumpla la decisión del Gobierno de nombrar nuevos miembros en ese organismo”, este es el duro pronunciamiento de la USO, principal sindicato de Ecopetrol, en medio de la batalla campal en la que se convirtió esa elección.El Gobierno tiene más del 86 % de la compañía y por estatutos puede nombrar a la mayoría de los miembros de la junta directiva. Ya lo hizo una vez hace más de un año y ahora quiere renovar a algunos de los integrantes. El problema es que la decisión pasa por quienes están en esa junta, y siete de nueve creen que los candidatos del Gobierno no cumplen los requisitos. Algunos de ellos fueron nombrados por el propio Gobierno.En varias oportunidades, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, ha dicho que es inaudito que la decisión de cambiar a miembros de la junta tenga que pasar por el visto bueno de los que se van. De hecho, una reforma a los estatutos para cambiar esa política será discutida en la asamblea del 22 de marzo.La facción mayoritaria de la junta cree que solo está haciendo su trabajo evaluando las hojas de vida. “No más, pero tampoco menos”. Ayer hubo una extensa discusión sobre este punto y no se ha llegado a ninguna conclusión.La compañía aún no publica los nombres de su nueva junta directiva, pero cree que sus candidatos, entre ellos Edwin Palma, sí cumplen los requisitos para entrar al directorio y deberían hacerlo.Algunos miembros en la junta creen que las hojas de vida pueden publicarse incluso el mismo día de la asamblea, otros creen que lo correcto es hacerlo hoy mismo.En medio de la batalla está el futuro de la compañía más importante del país porque es su junta directiva la que toma las decisiones estratégicas sobre el rumbo de Ecopetrol.
El Gobierno nacional le presentará al Congreso de la República un proyecto de ley para ampliar el techo de deuda de la nación en unos 17.600 millones de dólares.El proyecto de ley será radicado en las próximas semanas y busca que el Gobierno tenga margen de maniobra para hacer operaciones de manejo de la deuda y "patear hacia adelante" algunos compromisos."En el momento en que se adquirió el crédito con el Fondo Monetario Internacional, quedó por fuera del cupo, ahora nos toca pagarlo. Ya pagamos la primera cuota, pero cuando se paga no amplía el cupo, no nos deja espacio para mirar otras opciones, eso significa que para ser realistas tenemos que plantear la alternativa de ampliar el cupo de endeudamiento", explicó el funcionario a la prensa.Este año Colombia debe pagar el crédito de 5.400 millones de dólares que se hizo al país durante los confinamientos del 2020. Hasta ahora el Gobierno ha hecho el pago de la primera de las 8 cuotas de este año por 622 millones de dólares.Bonilla dice que ese crédito es barato y no tiene sentido refinanciarlo, por lo que se necesita el espacio del techo de deuda para maniobrar el resto de compromisos.La última vez que Colombia amplió el techo de su endeudamiento fue en 2020, cuando el entonces ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla obtuvo una aprobación por 14 mil millones de dólares.Bonilla aseguró que "el país no se va a endeudar más" si se aprueba el cupo.El Gobierno tiene la meta de oficial de mantener el nivel de deuda de la nación por debajo del 55 % del PIB.
El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, le puso fecha a la presentación de la nueva reforma tributaria que tendrían preparada en Colombia. Esta sería la segunda en el Gobierno de Gustavo Petro y la primera de la administración actual del jefe de cartera.“Presentarlo ahora para que empiece a correr los tiempos y congestionado con otros proyectos no es muy oportuno. Sería mejor entregarlo empezando el tercer periodo de sesiones del congreso", dijo Bonilla en relación con el proyecto de ley.Eso quiere decir que el proyecto llegaría al Congreso a finales de julio, cuando inicia la tercera legislatura de este Congreso.En este momento el Congreso de la República está congestionado con el trámite de las reformas sociales del Gobierno nacional. Las reformas de Salud, Laboral y Pensional son esas que tienen complicadas.Tanto la reforma pensional como la laboral necesitan completar sus cuatro debates antes de julio o se hundirán por falta de trámite. La reforma laboral, por su parte, necesita culminar su primer debate antes del receso legislativo de mitad de año, pero tendrá un año más para completar los otros tres debates.Detrás de esos proyectos están haciendo fila otros como la reforma a los servicios públicos y la reforma a la Justicia.¿Cómo será la nueva reforma tributaria del Gobierno Petro?El presidente Gustavo Petro puso sobre la mesa la realización de una nueva reforma tributaria durante las negociaciones del salario mínimo.Su propuesta es bajar la tasa de renta empresarial, que actualmente está en el 35 % y compensarla con mayores impuestos “de las capas más ricas de la población, no de la clase media".Según el Ministerio de Hacienda, la reforma no buscaría aumentar la recaudación de impuestos ni aumentar las cargas sobre las personas naturales sino impulsar la actividad económica en el país.Colombia tendrá este año un déficit fiscal de 5.3 % el PIB debido a una caída en el recaudo de los impuestos por cuenta del menor crecimiento económico del país y la necesidad de reactivar la economía."Pues aquí viene una discusión con el FMI, a nosotros no le gusta que uno diga que va a hacer política contra cíclica, el fondo quisiera que recortáramos gastos, en el 2024 el peor mensaje que podemos dar es recortar gastos cuando lo que necesitamos es recuperar la economía y entonces el papel del gobierno debe ser en quitar todo lo que está planillado en inversión. Ese planillado en inversión tiene obras índices y tiene vivienda dentro de sus parámetros importantes", dijo Bonilla.
Hay un nuevo capítulo en la novela de la licitación de pasaportes en Colombia. El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, está contradiciendo al canciller encargado, Luis Gilberto Murillo, y dice que sí hay plata para pagarle a Thomas Greg & Sons."La plata de ese contrato estaba prevista. Usted no puede sacar una licitación sin que tenga un certificado de disponibilidad presupuestal. Es lo primero que le van a pedir. ¿Tiene el certificado de disponibilidad presupuestal? Sí, entonces abra la licitación. Por lo tanto, la plata está ahí", dijo el ministro de Hacienda. Bonilla sugirió que pudo haber un error en la información que le entregaron al canciller encargado, Luis Gilberto Murillo.Las declaraciones del ministro contradicen uno de los argumentos que horas antes dio el canciller (e) Murillo, para decir que es ilegal la adjudicación del contrato a Thomas Greg & Sons."No es cierto, como se afirmó en la resolución que pretendió la adjudicación, que exista el certificado de disponibilidad presupuestal número 74923 para el proceso contractual antes referido. Estos recursos fueron reasignados desde el dos de octubre del año 2023 para garantizar la prestación del servicio en la actual vigencia fiscal", dijo Murillo en una declaración para la prensa.La aclaración de Bonilla no elimina los otros argumentos de Murillo sobre el asunto y, el más importante, es que el exsecretario general de Cancillería José Antonio Salazar no tenía la competencia para revocar una decisión de su jefe.Tampoco tiene nada que ver con el hecho de que Salazar actuó en contra de las instrucciones del presidente Gustavo Petro y por eso fue echado del Gobierno. Abecé de la novela de los pasaportesLa licitación para la elaboración de los pasaportes lleva meses causando polémicas. La Cancillería abrió el proceso contractual, pero solamente se presentó un interesado: Thomas Greg & Sons, la misma empresa que lleva haciendo esos documentos los últimos años.Inicialmente, el escándalo se centró en el hecho de que solamente había un proponente. Desde entonces, el presidente Gustavo Petro le declaró la guerra a esa licitación y ordenó a sus ministros que no adjudicaran licitaciones de un único oferente en ningún momento.Siguiendo esa instrucción, el entonces canciller Álvaro Leyva declaró desierta la licitación. El problema es que en Colombia sí es legal entregar contratos a un único oferente y Thomas Greg demandó al Estado.Hasta ahora, este escándalo de los pasaportes le ha costado la cabeza a Marta Lucía Zamora, exdirectora de la Agencia Jurídica del Estado, quien pidió conciliar con Thomas Greg y a Álvaro Leyva, que fue suspendido por la Procuraduría General de la Nación.Antes de salir de su cargo, Leyva contrató bajo una figura de emergencia a Thomas Greg para que siguiera emitiendo pasaportes mientras tiene lugar una nueva licitación con más proponentes.A Leyva lo está reemplazando temporalmente Luis Gilberto Murillo y este le dio al exsecretario general de la Cancillería José Antonio Salazar el poder de seguir adelante con la licitación de pasaportes.Salazar firmó una resolución en la que revocó las decisiones de Leyva sobre la licitación y adjudicó el contrato definitivo a Thomas Greg.El presidente Gustavo Petro dijo que había sido traicionado y echó a Salazar del Gobierno de inmediato; la Cancillería busca como echar atrás las decisiones y mantener las que había tomado Leyva.Por el momento, Thomas Greg no ha firmado el contrato y tampoco ha retirado la demanda.Le puede interesar:
El Banco de la República está defendiendo su cautela a la hora de bajar las tasas de interés en Colombia y explicó que asuntos como el aumento del salario mínimo en los últimos años influyen en la decisión de bajar las tasas lentamente.Las tasas de intervención del Banco de la República están en 12.75 %, uno de sus niveles más altos de la historia. El Gobierno nacional lleva meses insistiendo al banco central por una bajada más rápida de los tipos para reactivar una economía, que en 2023 creció apenas 0.6 %.El gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, dice que en los últimos años ha perdido credibilidad la meta oficial de una inflación del 3 % y este será, probablemente, el cuarto año consecutivo en que esa promesa se incumpla."Ejemplo de lo anterior es la baja credibilidad de la meta de la inflación que se ha reflejado en las negociaciones sobre el salario mínimo en los últimos tres años y no solamente en el último. Los ajustes se han hecho con referencia exclusiva a la inflación observada en el pasado y no en la meta o en la senda esperada", aseguró el funcionario en el seminario de perspectivas económicas de Anif.La subida de los salarios ha sido del 6 % anual por encima de la inflación lo que está presionando el costo de vida, pero también la generación de empleo formal.Hoy Colombia tiene una inflación del 8.35 % y aunque la cifra es significativamente menor a la de hace unos meses, es la tercera más alta en la región, superada solamente por Argentina y Venezuela que no tienen un banco central independiente del Gobierno.Villar explicó que hay razones adicionales para mantener la cautela, entre ellas, las elevadas expectativas sobre la inflación en el país por parte de los agentes de mercado.Gobierno pide al Banco de la República que siga bajando las tasas de interésPor su parte, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, dijo que el objetivo de enfriar la economía subiendo las tasas de interés ya se cumplió y que es momento de abrirle paso a la reactivación económica."No estamos pidiendo que bajen las tasas por debajo de la inflación, solo que sigan la senda de reducción", dijo Bonilla.Le puede interesar:
El Gobierno nacional anunció un plan de austeridad y recorte del gasto que implicará ahorros para las cuentas de la nación por más de 600.000 millones de pesos.El plan de austeridad es obligatorio para todas las entidades que hacen parte del Gobierno central como ministerios, departamentos administrativos, agencias, entre otros."Como se viene trabajando hace rato, el Gobierno tiene que ser más eficiente en el gasto y más austero. Y aquí la austeridad se debe reflejar en términos de reducir los costos de viaje, reducir costos de publicaciones, y otros tipos de costos en los cuales efectivamente solo gaste en lo absolutamente necesario e indispensable. No nos vamos a concentrar, como lo hicieron otros gobiernos, a pensar en reducir el café y el papel higiénico. Ese no es nuestro problema", dijo el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla.Bonilla explicó que un punto importante será el gasto en arrendamientos. Varias entidades están 'gitanas' en Bogotá luego de que salieran del Centro Administrativo Nacional (CAN) y no se construyera un nuevo edificio como estaba en los planes. Bonilla dice que ahora hay que asegurarse de que los arriendos que hoy tienen que pagar esas entidades sean a precios de mercado y que avance el proyecto de construcción de la empresa inmobiliaria nacional Virgilio Barco.¿Por qué hay un decreto de austeridad en Colombia?Desde el Gobierno de Juan Manuel Santos, hace ya más de cinco años, los presidentes firman un plan de austeridad anual.Lo hacen porque año a año el Congreso introduce en la ley de presupuestos un artículo que obliga al Gobierno a adoptar medidas de recorte y medidas que eviten los gastos suntuosos. La idea es que cada año el mecanismo sea más estricto.Por ejemplo, después de la pandemia del COVID-19 el decreto empezó a incluir la obligación de hacer eventos virtuales o en sedes propias en lugar de acudir a un mayor gasto en logística.Este es el segundo plan de austeridad con la firma del presidente Gustavo Petro y el primero bajo la supervisión del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla.
El presidente Gustavo Petro arrancó la semana pintando un panorama crítico sobre las finanzas del Gobierno colombiano y advirtió que se está al borde de un colapso. En medio de su disgusto con los recursos del presupuesto gubernamental, Petro se prepara para firmar un decreto que le de poder de veto sobre las decisiones en proyectos de inversión que se toman en el Departamento Nacional de Planeación.Las declaraciones del presidente se dan en el marco de su defensa de la reforma a la salud y las demás reformas sociales en el Congreso de la República como la reforma pensional y la reforma laboral. También se dan luego de una semana intensa en que su gobierno estuvo en el ojo del huracán por 13 billones de pesos en recursos para la construcción de proyectos de infraestructura que no estaban asignados a proyectos específicos en el decreto del presupuesto nacional.“La extrema derecha sabotea el proyecto buscando que la intermediación privada financiera se mantenga y aumenten los dineros públicos hacia ella. Si ustedes suman las transferencias públicas que se hacen a las EPS, con las transferencias públicas a fondos privados de pensiones, también agotados, con las de las concesiones de carreteras profundamente deficitarias, con el déficit de las comercializadoras eléctricas, con las transferencias al fondo de estabilización de combustibles para subsidiar gasolina y diesel, y al gran déficit presupuestario que creció por financiar la respuesta al COVID con la deuda pública y no desde la emisión como hicieron los países del norte; entonces sabrán que las finanzas del estado están a punto de colapso. El presupuesto lo convirtieron en un simple sistema de transferencias de los recursos públicos a los sectores más ricos del país: al verdadero cartel nacional de la contratación”, escribió el presidente.¿Están las finanzas del Gobierno a punto de colapso como dice el presidente Gustavo Petro?Las declaraciones del presidente sobre el colapso de las finanzas estatales contrastan con el panorama, que hace menos de un mes presentó el Ministerio de Hacienda en su plan financiero para este año. El plan del Gobierno es seguir cumpliendo con la regla fiscal.Según ese documento el Gobierno de Colombia cerró el 2023 con un nivel de deuda, incluso, menor al que establece la regla fiscal y tendrá un déficit fiscal de 5.3 % del PIB en este 2024. Llegar a esa meta requiere pasar ‘la tijera’ y recortar unos 20 billones de pesos en gastos.“Lo que vamos a hacer es esperar con un programa de seguimiento de caja, cuáles son las dificultades para terminar absorbiéndolas en los tres últimos meses del año, que es cuando en la práctica podemos decidir dónde cortar”, explicó el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, en una declaración a medios de comunicación en los últimos días.Ni antes, ni después de ese momento el jefe de las finanzas públicas ha hablado de colapso en las finanzas.Para el exministro de Hacienda y rector de EIA, José Manuel Restrepo, las declaraciones del presidente no tienen sustento.“La realidad es que llevamos tres años seguidos donde se ha reducido el déficit fiscal después del impacto de la pandemia y esos tres años seguidos de reducción del déficit fiscal permitieron que Colombia lograse casi que superar el fiscal primario en 2023, se había planificado lograr superar el fiscal primario, si no se logró fue porque en 2023 se aumentaron de manera significativa de nuevo el gasto corriente, hay un derroche por parte del gobierno actual”, dijo Restrepo.“Quien está llevando al límite a las finanzas públicas es el Gobierno del presidente Gustavo Petro y lo está llevando al límite innecesariamente aumentando el gasto primario, derroche, aumentando la deuda pública y aumentando de nuevo el déficit fiscal del país”, agregó.Para el exministro de Hacienda Juan Camilo Restrepo, todas las intermediaciones del sector público que le molestan al presidente han sido desarrollados por la ley colombiana durante los últimos años y de ninguna manera le están quitando al sector público, una declaración que muestra el interés del Gobierno por estatizar la prestación de servicios en varios sectores.“Este Gobierno ha dispuesto de dos reformas tributarias, la que se aprobó a finales de la Administración Duque, que es recaudada por el Gobierno Petro, y la que aprobó el Gobierno Petro en el primer año de Gobierno. Esto le permite al Gobierno Petro tener el presupuesto más alto de la historia del país, 502 billones de pesos, de manera que no deja de ser sorprendente que ahora venga a decir que se le están drenando los recursos al gobierno”, dijo Restrepo.Presidente Petro podría frenar decisiones sobre proyectos de inversiónEste es otro capítulo más en la pelea por los 13 billones de pesos de infraestructura que le costó la cabeza al entonces director del DNP, Jorge Iván González.Aunque en medio de la pelea el presidente Gustavo Petro terminó cediendo y modificó el decreto de presupuesto 2024 para calmar las preocupaciones de los constructores de infraestructura, esta semana arrancó dando un golpe a la mesa para decir: ‘El que manda aquí soy yo’.El Ministerio de Hacienda publicó para comentarios un proyecto de decreto según el cual, cualquier ministro o director de entidad que requiera autorizar nuevas vigencias futuras o reprogramar las existentes debe obtener ”la conformidad del presidente de la República”, antes de seguir con el trámite ante el Ministerio de Hacienda. En otras palabras el presidente Petro, en persona, tendrá el poder de vetar o frenar las decisiones que se tomen en el Departamento Nacional de Planeación sobre los proyectos de Inversión.Actualmente cuando un alcalde, un gobernador o incluso un ministro del Gobierno quiere sacar adelante la construcción de una vía o de un hospital con recursos de la nación debe hacer fila en el DNP para estructurar su proyecto hasta que se apruebe. Hay alcaldes, de municipios pequeños y apartados, que se demoran incluso años en esos trámites y la mala noticia es que ahora eso no será suficiente: ‘Sin la bendición del presidente el proyecto no se hace’.Según el minhacienda la decisión se toma porque el Gobierno nacional “con el fin de acompañar el cumplimiento de las metas del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 ‘Colombia Potencia Mundial de la Vida’, requiere que el presidente de la República manifieste de manera expresa su conformidad con los ajustes al presupuesto propuestos por las entidades”.La semana pasada el ministro Bonilla fue claro: ‘Es el Gobierno y no el Congreso el que aprueba los proyectos de inversión’.
"No hay ningún error en el decreto liquidatorio de presupuestos. Se liquidó lo que el Congreso aprobó en la ley de presupuestos. El Congreso aprueba hasta programa y subprograma. El Congreso no aprueba proyectos. Por lo tanto, aquí no hay nada ilegal. No hay ningún error y el presidente tiene la potestad de terminar el proceso de liquidación del presupuesto a lo largo de la vigencia del año", dijo el ministro de Hacienda Ricardo Bonilla.Bonilla defendió la petición del presidente Gustavo Petro de buscar una priorización de los recursos teniendo en cuenta que el año anterior se hicieron todos los giros a las concesiones, pero las obras no avanzaron. De hecho, retrocedieron y por eso a la economía le fue mal el año anterior.Según Bonilla, una sola obra tiene 1.8 billones de pesos guardados en el banco y este año el país tendría que darle otros 450.000 millones sin que se vean avances en la realidad. Se quejó también de los retrasos en la primera línea del metro de Bogotá.El funcionario dio una rueda de prensa en compañía del presidente de la Cámara Colombiana de la Infraestructura, Juan Martín Caicedo Ferrer, para calmar a los inversionistas tras una semana de polémicas en la que se sugirió que el Gobierno no estaba respetando los compromisos adquiridos con los consorcios constructores. En la rueda de prensa se presentó la nueva versión del decreto de liquidación con el respaldo del sector privado."Esta es la primera cuota de la reactivación", dijo Ferrer.El líder gremial dice que ahora vendrá un trabajo de seguimiento sobre los retrasos en las obras y que la totalidad de las vías por Asociación Público-Privada quedaron incluidas en el reparto de vigencias futuras para este año."Necesitamos reactivar la economía y la economía la necesitamos reactivar con obras reales, no con obras hipotéticas. No podemos permitir que los recursos de algunas obras estén guardadas en una fiducia: El PIB no mide la plata guardada en los bancos", agregó Bonilla.Bonilla anunció además que se buscarán recursos adicionales para la rehabilitación de la vía Quibdó-Chocó, para la intervención de puntos críticos de la vía al Llano y para la intervención integral en Rosas (Cauca).El funcionario dijo que lamentaba la salida del Gobierno de la directora de presupuesto, Claudia Marcela Numa, pero que "fue su decisión" abandonar el cargo. También defendió el nombramiento de Jairo Bautista, exintegrante del equipo del exsenador Gustavo Bolívar."No estamos improvisando, sabemos lo que estamos haciendo", concluyó Bautista.
Detectaron contrabando de energía en centro médico de Santa Marta y 4 locales comerciales. Un total de 10 millones de pesos asciende el valor que dejaban de pagar estos locales comerciales con el contrabando de energía. El que más consumía, pero no pagaba, era el centro médico de nombre Funda Infa, ubicado en el barrio María Eugenia, donde al momento de la inspección por parte de la empresa Air-e se encontró un medidor con la acometida principal intervenida, lo que impedía que se midiera el consumo real de energía.De acuerdo con lo informado por la empresa, en este predio se estimó una pérdida económica superior a los cuatro millones de pesos mensuales.Por otra parte, en el sector del centro de la capital del Magdalena fueron detectados una panadería, identificada como Más Que Pan y almacenes de ropa denominados Ibiza e Incognito, todas con acometidas ilegales conectadas a la red de la empresa.De igual manera, en el barrio Bastidas también se detectó un suministro irregular de energía en la panadería Maripan, ubicada en la calle 29 con carrera 35.De acuerdo con Diego Rincones Rivas, gerente de Air-e en el Magdalena, los predios fueron normalizados, anulando su condición irregular con la cual evitaban el registro real de su consumo y por ende el pago efectivo del mismo.Estas detecciones se dan en medio de la polémica por las elevadas tarifas de energía que pagamos en la región Caribe y por la cual se está convocando a una marcha el próximo 11 de abril para exigir acciones al Gobierno Nacional que permita reducir el valor del kilovatio que pagan los hogares en la costa Atlántica de Colombia.
Las últimas declaraciones del presidente argentino Javier Milei sobre el presidente Gustavo Petro han suscitado reacciones de diferentes personalidades políticas del país y muchas de ellas de rechazo.El último en pronunciarse, de la delegación del Gobierno, ha sido el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, quién a través de su cuenta de X le solicitó al presidente Javier Milei disculparse por haber afirmado en una entrevista con CNN que el mandatario colombiano es un “asesino terrorista”.Según el ministro del Interior, el mandatario argentino tiene una “actitud chabacana y de matón de pueblo” que los colombianos no están dispuestos a tolerar."La actitud chabacana , la de matón de pueblo puede ser rentable en un debate electoral de bajo nivel, pero nunca debe ser el comportamiento de un jefe de Estado", escribió Velasco.El ministro además aseguró que en Colombia se respeta al pueblo argentino, que la elección del Presidente Gustavo Petro fue resultado de un proceso democrático y por eso el presidente Milei le debe una disculpa a Colombia.“Señor @JMilei te equivocaste en materia grave y le debes una excusa al pueblo colombiano y una explicación a tu pueblo, Argentina es mucho más que tus bravuconadas”, agregó el ministro del Interior.No es la primera vez que Javier Milei hace ese tipo de señalamientos contra el presidente colombiano, con quien incluso ha chocado desde que era candidato presidencial. De hecho, su posición ha sido protagonista de varios desencuentros en las relaciones diplomáticas entre Colombia y Argentina, pues en enero el embajador de Colombia en Argentina, fue llamado a consultas luego de que el mandatario argentino dijera que el presidente Gustavo Petro "Es un comunista asesino que está hundiendo a Colombia”.La última decisión que tomó la Cancillería al respecto fue la expulsión de diplomáticos de la embajada de Argentina en Colombia.
El pastor César Castellano habló en Blu Radio sobre la importancia de encontrar paz y perdonar, en especial, entre aquellos que desde hace tiempo están “en rencor” con Dios. Dijo que es hora de “hacer las paces” y estar en paz con los mandamientos designados, pues las plegarias “siempre serán escuchadas”.Escuche la reflexión completa de este Jueves Santo:
Por la presunta omisión para advertir actos que tendrían en riesgo la ejecución y entrega de un proyecto de viviendas en Santo Tomás, Atlántico, la Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos al interventor y representante legal de la Caja de Compensación Familiar del Valle del Cauca Gustavo Adolfo Silva Quintero.En este sentido, la delegada para la Economía y Hacienda Pública de la Procuraduría sostuvo que el posible comportamiento del disciplinable pudo ocasionar un detrimento de los valores pagados al contratista por el orden de los $2.000 millones de pesos, generando incertidumbre sobre la estabilidad, entrega, funcionabilidad y/o legalización de la obra, toda vez que se encuentra en estado de abandono y ciertas estructuras han tenido que ser demolidas.Así las cosas, el ministerio público indicó que Silva Quintero no habría exigido el avance ajustado al cronograma de la obra, ni tampoco asegurado los desembolsos oportunos de recursos al contratista ejecutor y que se cumplieran, de tal manera, las cláusulas del contrato, incurriendo en una presunta falta disciplinaria.Por su parte, la Procuraduría General de La Nación señaló que Silva Quintero, responsable del ejercicio de interventoría para la ejecución del contrato, habría presuntamente desconocido los principios de economía, responsabilidad y eficiencia, por lo que de manera provisional calificó la supuesta conducta como falta gravísima cometida a título de culpa gravísima.
Después de decir que sí es necesario dar de baja a los delincuentes se debe hacer, el alcalde de Bucaramanga apareció en su faceta de pastor cristiano orando por varios jóvenes en la Carrera 14 con Quebrada seca de la ciudad. Un hecho generó reacciones a favor y en contra en redes sociales.Es así que hace pocos días en un fuerte mensaje el alcalde de Bucaramanga Jaime Beltrán envió un ultimátum a los delincuentes, argumentado en la necesidad de garantizar la seguridad de los ciudadanos.“Los bumangueses y los visitantes también pueden tener la tranquilidad que hemos reforzado la seguridad con 40 nuevos policías. El Ejército está ubicado en las entradas y salidas de la ciudad para generar el plan candado, pero así mismo la inteligencia, sumada a la Policía Nacional, está ubicada en puntos estratégicos para atacar y minimizar todas las artimañas que estos grupos delincuenciales, que estos vándalos intentan hacer”, dijo el alcalde de Bucaramanga, Jaime Beltrán.Sin embargo, ahora el mandatario local reapareció en público en una actividad denominada “Reconciliemos” que hace parte de la agenda BucaraSanta haciendo una oración especial por varios jóvenes en condición de calle.“Que lo que hiciste en la cruz por ellos no quede en vano, sino que, por el contrario, traiga vida, traiga esperanza, tu conoces el corazón de ellos señor y lo que están viviendo, tú sabes la situación y las batallas que hay dentro de él, te pido Espíritu Santo, trae vida, trae paz”, dijo el Alcalde de Bucaramanga, Jaime Beltrán.En la actividad, que se realizó en la denominada "Calle del humo" de la capital de Santander ubicada en la Carrea 14 con Quebrada seca, participaron iglesias cristianas, católicas y grupos de oración.En esta Semana Santa Bucaramanga se convierte en territorio de tradición y fe, agregó el Alcalde de la ciudad, haciendo referencia a la conmemoración de la Semana Santa de la Iglesia Católica; la ciudad, a través de históricas iglesias como la Sagrada Familia, o San Laureano, demuestran que la ‘bonita’ es un destino turístico religioso en potencia.