Tras dos largas jornadas de audiencia de formulación de acusación en contra de los exministros del gobierno del presidente Gustavo Petro, la Fiscalía expuso en la tarde de este jueves su escrito sobre la tesis de la presunta participación de los exministros de Hacienda e Interior.De acuerdo con la Fiscalía, Bonilla y Velasco deberán responder por los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho por dar u ofrecer.La investigación señala que los exjefes de las carteras de Hacienda e Interior habrían convocado reuniones, impartido directrices y hecho seguimiento a procesos contractuales en entidades como el Instituto Nacional de Vías y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, con el objetivo de beneficiar a determinados congresistas y asegurar su respaldo a proyectos del Gobierno en el Congreso particularmente en el marco de las discusiones de las reformas pensional y de salud.Según la tesis de la Fiscalía, entre junio y septiembre de 2023, los exministros habrían intervenido indebidamente en 78 contratos 73 en Invías y cinco en la UNGRD por un valor cercano a 612.000 millones de pesos, de los cuales siete se concretaron.Otra de las fechas clave es entre septiembre y diciembre de 2023 que es cuando presuntamente ambos exfuncionarios intercedieron en tres procesos contractuales relacionados con atención de emergencias en Saravena (Arauca), Cotorra (Córdoba) y El Salado, en Carmen de Bolívar (Bolívar), por un total de 86.619 millones de pesos.Aunque estos contratos no se firmaron, la Fiscalía sostiene que congresistas que serían beneficiados aprobaron 17 operaciones de crédito a favor del Gobierno nacional.La justicia tomó en las últimas horas una decisión relacionada con Luis Fernando Veasco tras estudiar una apelación del exministro del Interior contra su medida de aseguramiento. El Tribunal Superior de Bogotá confirmó la medida lo que significa que Velasco seguirá detenido.
La Comisión Nacional de Disciplina Judicial abrió una actuación disciplinaria para determinar si existió una falta por parte de los fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia, quienes presuntamente se habrían demorado en radicar el escrito de acusación contra el exministro de Hacienda Ricardo Bonilla González, situación que habría derivado en su libertad por vencimiento de términos dentro del proceso por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.De acuerdo con el comunicado oficial, la actuación se inició de oficio luego de conocerse, a través de medios de comunicación, los hechos relacionados con la libertad concedida al exministro dentro del proceso penal que se adelanta en su contra. En ese sentido, el organismo indicó que “Comisión Nacional de Disciplina Judicial ordenó de oficio disponer actuación disciplinaria, en razón al conocimiento que se obtuvo a través de los medios de comunicación, de hechos relacionados con la libertad por vencimiento de términos del exministro de Hacienda Ricardo Bonilla dentro del proceso penal que se sigue en su contra por un presunto caso de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD)”.En el mismo pronunciamiento, la Comisión señaló que la investigación busca establecer si la demora en la radicación del escrito de acusación por parte de los fiscales constituye una falta disciplinaria.La decisión de abrir la investigación disciplinaria se produce luego de que el Tribunal Superior de Bogotá avalara la solicitud de libertad por vencimiento de términos presentada por la defensa del exministro Bonilla. Esta determinación se fundamentó en que, desde la imputación realizada el pasado 1 de diciembre, habían transcurrido más de 120 días sin que se presentara oportunamente el escrito de acusación dentro del proceso penal.Durante la diligencia judicial, se expuso que la Fiscalía General de la Nación radicó el escrito de acusación contra el exministro Ricardo Bonilla González y el exministro del Interior Luis Fernando Velasco de manera paralela a la audiencia en la que se discutía la solicitud de libertad por vencimiento de términos, y no antes del inicio formal de la diligencia, como lo exige la normativa procesal.Durante la audiencia en la que se resolvió la solicitud de libertad, la magistrada explicó que el análisis jurídico habría sido distinto si el escrito de acusación se hubiera radicado antes del inicio formal de la diligencia. Según se indicó en el desarrollo de la audiencia, la oportunidad en la presentación del documento era un elemento determinante para interrumpir el conteo de términos legales dentro del proceso penal.
En medio de varias decisiones recientes que han generado controversia en el país, distintos candidatos presidenciales fijaron su posición frente a tres temas clave de la coyuntura nacional: la eliminación de la circular roja de Interpol contra Carlos Ramón González, la libertad otorgada al exministro Ricardo Bonilla por vencimiento de términos y la situación actual de Ecopetrol y su presidente, Ricardo Roa.Las reacciones, aunque diversas en tono, coinciden en poner sobre la mesa temas como el respeto a la justicia, el debido proceso y la estabilidad institucional.Caso Carlos Ramón GonzálezFrente a la eliminación de la circular roja de Interpol contra Carlos Ramón González, los candidatos coincidieron en señalar que cualquier persona vinculada a investigaciones debe responder ante la justicia colombiana.Carlos Caicedo enfatizó en la responsabilidad de los funcionarios públicos al afirmar que “tiene que responder por sus actos” y que, en caso de ser investigados, deben acudir ante las autoridades. En la misma línea, Luis Gilberto Murillo sostuvo que “cualquier colombiano debe estar sujeto (…) a responder a los requerimientos de la justicia con todas las garantías”.Desde otra perspectiva, Roy Barreras hizo un llamado a la prudencia frente a las decisiones judiciales, señalando que estas deben ser acatadas mientras se conocen a fondo los procesos: “Ni celebrar ni lamentar, sino acatar las decisiones de los jueces”. No obstante, agregó que “yo creo que los colombianos quieren que se castigue a Carlos Ramón por corrupto”.Por su parte, Mauricio Lizcano cuestionó la decisión de Interpol, calificándola como “gravísima” y planteando dudas sobre sus razones: “Si tiene orden de captura en Colombia (…) no entiendo por qué le retiran esa boleta”. Además, aseguró que se debe investigar si hubo intervención del gobierno colombiano en esta decisión.Entre tanto, Abelardo de la Espriella fue más directo y aseguró: “Ojalá lo capturen, eso es un delincuente”.Libertad de Ricardo Bonilla por vencimiento de términosEn cuanto a la libertad otorgada a Ricardo Bonilla por vencimiento de términos, las posturas se centraron en la defensa del debido proceso y las garantías judiciales.Luis Gilberto Murillo reiteró que “todo colombiano tiene derecho a la defensa y también a la presunción de inocencia”, mientras que Mauricio Lizcano señaló que la decisión responde a un derecho fundamental y atribuyó la situación a fallas de la Fiscalía: “Eso es un derecho del debido proceso (…) ahí el que falló fue la Fiscalía”.Roy Barreras, por su parte, expresó una postura más personal al afirmar que espera que el exministro pueda demostrar su inocencia: “Me alegra que esté en su casa”.Carlos Caicedo insistió en que los funcionarios deben rendir cuentas ante la justicia y, de encontrarse responsabilidades, asumir las consecuencias: “Si son culpables, pues sean severamente condenados”.En contraste, Abelardo de la Espriella cuestionó el manejo del proceso y aseguró que debe investigarse por qué se permitió el vencimiento de términos: “Eso es lo que dice la ley. El tema es por qué dejaron vencer los términos”, al tiempo que pidió sanciones contra funcionarios corruptos.Situación de EcopetrolLa coyuntura en Ecopetrol también generó reacciones entre los aspirantes, quienes coincidieron en la importancia de proteger la estabilidad de la principal empresa del país.Luis Gilberto Murillo consideró que las decisiones adoptadas son adecuadas en la medida en que evitan distracciones institucionales: “Una empresa como esta no debe tener la distracción de situaciones judiciales de sus máximas cabezas”.Por su parte, Mauricio Lizcano calificó la situación como preocupante y resaltó el peso de la empresa en la economía nacional, señalando que “es nuestra gran empresa (…) casi el 40 % de ingresos fiscales”, y aseguró que la salida temporal de la dirección no es suficiente, aunque reconoció que es un avance.Roy Barreras destacó que “las instituciones son más importantes que las personas” y planteó la necesidad de recuperar la empresa y convertirla para que avance hacia la transición energética.Finalmente, Carlos Caicedo subrayó que la empresa debe garantizar estabilidad y liderazgo en ese proceso, al tiempo que señaló que cualquier cuestionamiento sobre su presidente, Ricardo Roa, debe ser aclarado: “Es necesario también que aclare su situación, y, si no, que dé un paso al costado”.
Tras la reciente obtención de la libertad por vencimiento de términos del exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, su defensa ha lanzado una contundente contraofensiva jurídica. Alejandro Carranza, abogado del exministro, aseguró en entrevista con Mañanas Blu que el proceso judicial no solo carece de base técnica, sino que está cimentado sobre una red de mentiras tejida por los principales testigos de la Fiscalía para encubrir a otros actores políticos, específicamente al congresista Wadith Manzur.La estrategia de "encubrimiento" y el papel de ManzurEl punto más álgido de las declaraciones de Carranza radica en la acusación de que Olmedo López, Sneyder Pinilla y María Alejandra Benavides se han concertado para fabricar una narrativa que incrimine a Bonilla y desvíe la atención de otros involucrados. Según el jurista, estas personas están "mintiendo" y han construido "historias que han tejido para salvarse ellos y para cubrir a otras personas como Wadith Manzur". Ante la pregunta directa sobre si estos tres testigos están trabajando en conjunto para "hundir" al exministro con el objetivo de proteger a Manzur, Carranza respondió con un categórico "Sí"Aunque el abogado se reservó detalles específicos para la audiencia de acusación programada para el 29 de abril, afirmó que pronto llegará la hora de que se "rompan esas cadenas de mentira". El vencimiento de términosLa libertad de Ricardo Bonilla se produjo luego de que se abriera una "ventana" jurídica debido a que la Fiscalía no radicó el escrito de acusación dentro de los 120 días reglamentarios. "La Fiscalía tenía 120 días... Vencieron el 31 de marzo y el 7 de abril nosotros pedimos la audiencia y no habían radicado", explicó Carranza, señalando que el documento solo apareció en medio de la diligencia. El exministro abandonó el centro de reclusión CESPO a la medianoche. Carranza reiteró que la medida intramural fue desproporcionada, considerando que la propia Fiscalía había solicitado inicialmente detención domiciliaria debido a su edad de 76 años. Escuche aquí la entrevista:
Tras la reciente liberación del exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, por vencimiento de términos, su defensa, liderada por el abogado penalista Alejandro Carranza, lanzó en Mañanas Blu, duras críticas contra el proceder de la Fiscalía General de la Nación. Carranza sostiene que el ente acusador está utilizando el proceso judicial como una herramienta política para deslegitimar al Gobierno y sus reformas en un contexto electoral. El vencimiento de términos y la salida de CESPOLa libertad del exministro se produjo luego de que la Fiscalía superara los 120 días reglamentarios para radicar el escrito de acusación. Según explicó Carranza, el plazo venció el 31 de marzo, pero la Fiscalía solo radicó el documento el 7 de abril, justo en medio de la audiencia solicitada por la defensa. El abogado señaló que la medida de aseguramiento anterior fue desproporcionada, considerando la edad (76 años) y el estado de salud de Bonilla, quien salió de su centro de reclusión "muy golpeado" y con una "gripa muy severa".Respecto al retraso de la Fiscalía, Carranza fue enfático: “La Fiscalía tenía 120 días para radicar el escrito acusación contado desde el primero de diciembre... Fue una pequeña ventana en la que se abrió ese espacio y por eso la magistrada ordenó la libertad”.Denuncia de "criminalización" de funciones ministerialesEl núcleo de la defensa radica en que las acciones por las que se acusa a Bonilla —como gestionar proyectos y participar en debates presupuestales— son parte de sus deberes constitucionales. Carranza argumenta que la Fiscalía busca construir una narrativa de corrupción para atacar la estabilidad del Ejecutivo. “Aquí lo que pasó... es que intentan criminalizar las funciones de un ministro para tejer una historia que sirva en época de elecciones y atacar la reforma laboral”, afirmó el jurista. Según su análisis, el ente acusador busca una condena que sugiera que “se compró la gobernabilidad” para así invalidar las reformas aprobadas en el Congreso. Para Carranza, el manejo del presupuesto está reglado y un ministro no tiene la capacidad de asignar contratos a discreción: “El ministro de Hacienda de Colombia... no son determinadores del gasto, no son autoridades para contratar... la Fiscalía no puede probar ni un solo contrato que el ministro haya dado a nadie”.La defensa sostiene que los tiempos de la Fiscalía no son accidentales. Carranza cuestionó por qué, si los hechos ocurrieron hace tiempo, la imputación se hizo en diciembre, calculando la vacancia judicial y la proximidad de debates electorales. Al ser consultado sobre si acusaba formalmente a la Fiscalía de actuar con fines políticos, respondió: “Sí, señor... el hecho de criminalizar las actuaciones de un ministro... todo eso tiene que ver”.Finalmente, la defensa se prepara para la audiencia de acusación programada para el 29 de abril. Carranza adelantó que demostrarán cómo los testimonios de Olmedo López y Sneyder Pinilla son falsos y forman parte de un concierto para proteger a terceros, mencionando específicamente al congresista Wadith Mansur. “La Fiscalía puede decir hasta misa... nosotros también tenemos evidencias... para poder decir y señalar con toda la claridad que las actividades de un ministro no se pueden criminalizar”, concluyó.Escuche aquí la entrevista:
Bonilla y el exministro del Interior Luis Fernando Velasco fueron enviados a prisión preventiva en diciembre pasado mientras avanzan las investigaciones por los delitos de concierto para delinquir, cohecho e interés indebido en la celebración de contratos.En las últimas horas, el Tribunal Superior de Bogotá dejó en libertad por vencimiento de términos al exministro de Hacienda Ricardo Bonilla, quien había sido enviado a detención preventiva por el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).La magistrada Isabel Álvarez Fernández aseguró en una audiencia que la Fiscalía no presentó el escrito de acusación contra el exministro durante el plazo permitido por la ley, que es de 120 días tras la imputación que se cumplió el pasado primero de abril."Incluso en el momento en el que la defensa elevó la solicitud (de que Bonilla fuera dejado en libertad), todavía ese escrito de acusación no se había presentado (...) En la situación que nos convoca, en efecto sí se cumple el presupuesto para ordenar la libertad por vencimiento de términos", expresó Álvarez.Blu Radio conoció el escrito de acusación de la Fiscalía en el que, en un documento de 287 páginas, se detalla cómo habrían liderado una "organización criminal" que, entre 2023 y 2024, habría destinado más de 612.000 millones de pesos para comprar apoyos legislativos mediante la asignación de contratos y proyectos.En el escrito, la Fiscalía detalla cómo habría sido la actuación de los dos exfincionarios del Gobierno del presidente Gustavo Petro: “Se concertaron entre sí y con otras personas conocidas y desconocidas, para cometer delitos contra la administración pública, con el fin de asegurar las mayorías parlamentarias…”, señala el documento. Y agrega: “Ofrecieron y acordaron ilícitamente con algunos Senadores y Representantes […] direccionar proyectos, contratos o convenios […] a cambio de su concurrencia y votación”. Mecanismo de intercambio: contratos por votos“Consistieron en comprar congresistas a través de la entrega de contratos cuyos recursos provenían del erario, a cambio del apoyo de los parlamentarios”, señala el escrito de acusación. En ese mismo sentido, asegura el texto: “Entregarle a los congresistas una coima representada en contratos a cambio de sus votos”. La Fiscalía habló con contundencia de lo que se trataría una organización criminal, la cual lideraron y ejecutaron, según el escrito: “Lideraron, promovieron, dirigieron y encabezaron la organización criminal”. Detalla también cómo habría sido ejecutada la compra de votos a cambio de contratos: “Plantearon las líneas base del modus operandi […] consistieron en comprar congresistas”. Había “conductas orientadas a asegurar el respaldo político […] mediante el direccionamiento indebido de proyectos” y así “configurándose así un intercambio ilícito de beneficios contractuales por votos”, de acuerdo con el escrito de acusación de la Fiscalía.El caso de la UNGRD, revelado en 2024, es considerado el mayor escándalo de corrupción del Gobierno del presidente Gustavo Petro y ya ha derivado en la detención de los expresidentes del Senado Iván Name y de la Cámara de Representantes Andrés Calle, así como en condenas contra exdirectivos del organismo y otros funcionarios.
Hace apenas unas horas la Fiscalía General de la Nación radicó ante la Corte Suprema el escrito de acusación contra los exministros de Hacienda e Interior, Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, por su presunta participación en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD). Ambos exfuncionarios son investigados como presuntos autores de los delitos de concierto para delinquir, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho por dar u ofrecer.Blu Radio estableció que será el magistrado Jorge Emilio Caldas el ponente y en grado de llevar a cabo las audiencias de acusación y preparatoria de juicio. Esta es la fase previa al juicio oral que deberán enfrentar los dos exministros por el escándalo de corrupción.Sobre Ricardo Bonilla, el Tribunal Superior de Bogotá lo dejó en libertad por vencimiento de términos luego de que en diciembre de 2025 ambos exaltos funcionarios fueran imputados por la presunta comisión de 3 delitos.El papel que presuntamente cumplieron Bonilla y VelascoLa fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia, María Cristina Patiño, explicó que, según la investigación, Bonilla y Velasco habrían acordado ilícitamente con algunos senadores y representantes del Congreso de la República el direccionamiento de proyectos, contratos o convenios en el Invìas y la UNGRD, a cambio de su respaldo en las votaciones de las comisiones parlamentarias.Entre los hechos más relevantes, la fiscal destacó una reunión en las instalaciones del Ministerio del Interior, en la que Velasco, Bonilla y la asesora María Alejandra Benavides Soto discutieron las próximas elecciones regionales y la necesidad de asegurar respaldo político mediante beneficios indebidos. Velasco habría ordenado que Benavides atendiera al senador Julio Elías Chagüi, quien buscaba la agilización de proyectos en el Invìas, orden que Bonilla habría concretado al instruir a su asesora para cumplir con el acuerdo ilícito.
El Tribunal Superior de Bogotá avaló la solicitud de libertad por vencimiento de términos a favor del exministro de Hacienda Ricardo Bonilla, dentro del proceso que se adelanta en su contra por el caso de corrupción relacionado con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. La decisión se sustentó en que, desde la imputación realizada el pasado 1 de diciembre, ya habían transcurrido más de 120 días sin que se presentara oportunamente el escrito de acusación.De acuerdo con lo expuesto durante la diligencia, la Fiscalía radicó el escrito de acusación contra el exministro Bonilla y el exministro del Interior Luis Fernando Velasco de manera paralela a la audiencia en la que se discutía la solicitud de libertad por vencimiento de términos y no antes del inicio de la diligencia. El documento fue presentado ante la Corte Suprema de Justicia en medio de la investigación que se adelanta contra ambos exfuncionarios por su presunta participación en el entramado de corrupción relacionado con la UNGRD.Durante la audiencia, la magistrada explicó que, de haberse presentado el documento antes del inicio formal de la diligencia, el análisis jurídico habría sido distinto. En ese sentido indicó que “si se hubiera radicado el día de hoy a las 8 de la mañana, a las 9 y 50, a las 10 y 10 antes de instalar la audiencia o que la Fiscalía lo hubiera puesto de presente, pero eso no ocurrió en este caso”.Con base en estos argumentos, el Tribunal concluyó que se cumplían los presupuestos legales para conceder la libertad por vencimiento de términos, dejando además constancia de que durante la audiencia no se acreditaron circunstancias que justificaran la demora en la radicación del escrito de acusación.En esa misma línea, la funcionaria judicial dejó claro que no se presentaron elementos que permitieran considerar la existencia de eventos extraordinarios que justificaran el retraso. Según indicó, se dejó constancia “de que no se hizo ninguna referencia por parte de la Fiscalía de que en el caso concreto hubiera sobrevenido alguna situación que razonablemente pudiera considerarse como constitutiva de una fuerza mayor, de un caso fortuito, de unas maniobras dilatorias de la defensa”.
Se entregó en el búnker de la Fiscalía en Bogotá el representante a la Cámara y senador electo Wadith Manzur, luego de que la Corte Suprema de Justicia ordenara su captura por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).A través de su cuenta en X, Manzur, hora antes, aclaró que estaba a disposición de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia dentro de la investigación por presunto cohecho impropio relacionado con el escándalo de corrupción en la UNGRD.“Recibo con serenidad y absoluto respeto la decisión de la Corte Suprema de Justicia. Tengo plena tranquilidad frente a mis actuaciones y total disposición para atender cada requerimiento del alto tribunal; por eso me pongo a disposición de las autoridades”, indicó el senador.La Corte Suprema de Justicia ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario contra él y la representante a la Cámara Karen Manrique quien se presentó ante las autoridades en Tame, Arauca. Según la Sala Especial de Instrucción del alto tribunal, los congresistas habrían aceptado presuntamente ofrecimientos del entonces ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, para emitir conceptos favorables sobre operaciones de crédito público desde la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público.La investigación señala que en varias reuniones privadas se habría acordado impulsar contratación e interventorías de tres proyectos de la Ungrd en Córdoba, Arauca y Bolívar. En el mismo proceso la Corte llamó a juicio a los congresistas Liliana Esther Bitar Castilla, Juan Pablo Gallo Maya, Julián Peinado Ramírez y al excongresista Juan Diego Muñoz Cabrera.
En la tarde de este viernes, 19 de diciembre, fueron legalizadas las capturas de los exministros del gobierno Petro, Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, por su presunta vinculación en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).Se llevó a cabo la audiencia de legalización de captura contra los exministros de Hacienda Ricardo Bonilla y del Interior Luis Fernando Velasco, quienes, según la Fiscalía, habrían hecho parte de un entramado criminal en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo.Bonilla fue capturado minutos después de que finalizara la audiencia en el Tribunal Superior de Bogotá, en donde se conoció que la medida era intramural, es decir, cárcel para ambos exministros del gobierno del presidente Gustavo Petro.Mientras tanto, Luis Fernando Velasco se entregó voluntariamente en Cali, ciudad donde reside actualmente.Durante la diligencia la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría le pidieron a la magistrada Leonor Oviedo, que impartiera legalidad sobre las capturas de Velasco y Bonilla.Asimismo, ambos exministros aseguraron durante la audiencia que al momento de sus capturas les fueron respetadas todas sus garantías procesales.La magistrada Oviedo señaló que los exministros podrían ser traslados a la Cárcel la Picota de Bogotá o al sitio de reclusión que asigne el Inpec.Entre los principales argumentos expuestos por el Tribunal Superior de Bogotá para imponer medida intramural, está la persistencia del riesgo institucional y el estado en el que se encuentra la actuación procesal. La magistrada Aura Alexandra Rosero consideró que la detención domiciliaria no resulta suficiente para neutralizar los riesgos advertidos, al no impedir de manera eficaz la posibilidad de articulación indirecta, influencia institucional o interferencia funcional, propias ,según indicó, de estructuras criminales que operan desde niveles altos de poder y bajo esquemas de aparente legalidad.
La Cancillería colombiana pidió este miércoles la renuncia de los embajadores del país a dos semanas del cambio de Gobierno entre el mandatario colombiano saliente, Gustavo Petro, y el presidente electo, Abelardo de la Espriella, que será el próximo 7 de agosto.La instrucción fue emitida por la ministra de Relaciones Exteriores, Rosa Yolanda Villavicencio, en cumplimiento del artículo 91 del decreto Ley 274, que establece que "los jefes titulares de las misiones diplomáticas deberán presentar su renuncia a sus cargos" al concluir el periodo del Gobierno en el que fueron designados.En el mensaje interno, se establece que el plazo máximo para enviar las cartas de renuncia a la Cancillería es hasta este jueves 23 de julio.El texto precisó, además, que la disposición tiene carácter obligatorio y detalló que los embajadores pertenecientes a la carrera diplomática y consular no serán afectados ni perderán los beneficios laborales especiales contemplados en la legislación.Le puede interesar: De La Espriella anuncia a los futuros embajadores de Colombia en España y VenezuelaLa Cancillería pidió a los jefes de misión enviar la carta al presidente saliente, con copia a la ministra de Relaciones Exteriores y otros responsables de hacer cumplir la disposición legal.Villavicencio, que será sustituida por Omar Bula Escobar, canciller designado por De la Espriella, agradeció a los funcionarios que ya cumplieron con ese trámite y pidió a quienes faltan agilizar el envío de la carta.Asimismo, la ministra destacó "el valioso apoyo, compromiso y labor desarrollada" de los embajadores durante su gestión al frente de las diferentes representaciones diplomáticas de Colombia.La solicitud se produce a dos semanas de la conclusión del mandato de Petro y forma parte del procedimiento previsto en la normativa que regula el servicio exterior colombiano para los embajadores al finalizar un periodo presidencial.
El juicio contra Nicolás Maduro en Estados Unidos ya tiene fecha de inicio. Una corte estadounidense fijó para el 1 de junio de 2027 el comienzo del proceso penal contra el mandatario venezolano, quien enfrenta cuatro cargos relacionados con presuntos delitos de narcotráfico y armas.Maduro, quien se ha autodenominado como un "prisionero de guerra", se declaró no culpable de todas las acusaciones formuladas en su contra.Los cargos que enfrenta son:Conspiración para cometer narcoterrorismo.Conspiración para la importación de cocaína a Estados Unidos.Posesión de ametralladoras y artefactos destructivos.Conspiración para poseer ametralladoras y artefactos destructivos.La decisión de fijar la fecha del juicio marca un nuevo avance en uno de los procesos judiciales de mayor repercusión internacional contra un jefe de Estado venezolano.
Un presunto intento de asalto al centinela que estaba en guardia en el Batallón Vergara y Velasco, en el municipio de Malambo, terminó con un hombre muerto y otro capturado, luego de que, según las primeras versiones de autoridades, ambos ingresaran durante la noche y sorprendieran al soldado que se encontraba en la garita.El caso que apenas sale a la luz este miércoles, ocurrió la noche del lunes 20 de julio. De acuerdo con la información conocida por Blu Radio, los sujetos lograron entrar al batallón trepando por una pared que tiene unos huecos y luego sigilosamente uno de ellos llegó hasta la garita del centinela donde se registró un forcejeo con el uniformado, presuntamente, en un intento por robarle su arma de dotación.Durante el enfrentamiento, ambos cayeron al suelo. El soldado llevaba su fusil terciado en el pecho, pero inicialmente el arma presentó fallas al momento de ser cargada, situación que los agresores aprovecharon para lanzarse sobre él.Finalmente, el centinela logró poner en funcionamiento el arma y disparó contra los atacantes. Uno de ellos fue capturado, mientras que el otro resultó herido y murió en el lugar. Sin embargo, su cuerpo solo fue encontrado en la mañana del día siguiente, es decir, de ayer martes.Le puede interesar: Max, el centinela de cuatro patas que custodia los mares a bordo del ARC Gloria: esta es su historiaPor estos hechos, la Segunda Brigada del Ejército indicó que abrió una investigación para esclarecer la muerte del hombre dentro de sus instalaciones. “De igual forma manifestaron que el hombre capturado no portaba documentos de identidad al momento de la verificación requerida y se negó a suministrar sus datos personales”.Blu radio también conoció que al parecer uno de los hombres que ingresó al batallón había prestado su servicio militar en ese mismo sitio por lo que conocía bien sus instalaciones.
La Fiscalía General de la Nación judicializó a una mujer señalada de, presuntamente, estafar a ocho personas en Santander mediante un esquema de comercialización de vehículos que habría dejado pérdidas superiores a los 600 millones de pesos.Se trata de Diana Yusmery Castellanos Lemus, quien, según la investigación, habría aprovechado su condición de representante legal y vendedora de un concesionario de vehículos en Bucaramanga para ganarse la confianza de los propietarios de automotores entre julio y noviembre de 2025.De acuerdo con el ente acusador, las víctimas, procedentes de Bucaramanga, Floridablanca y Barrancabermeja, entregaron sus vehículos con la expectativa de que fueran vendidos por el establecimiento. Sin embargo, una vez concretadas las negociaciones, nunca recibieron el dinero producto de las ventas ni les fueron devueltos los automotores.Las investigaciones permitieron establecer que ocho personas habrían resultado afectadas económicamente por un monto superior a los 600 millones de pesos. Según la Fiscalía, la procesada presuntamente aprovechó la tenencia de los vehículos para traspasarlos a terceros sin entregar los recursos obtenidos a sus legítimos propietarios.Con base en el material probatorio y las denuncias presentadas por las víctimas, un fiscal de la Seccional Santander imputó a Castellanos Lemus el delito de estafa agravada en concurso homogéneo y sucesivo en ocho eventos.Durante las audiencias preliminares, la mujer no aceptó los cargos formulados por la Fiscalía. No obstante, un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en su lugar de residencia mientras avanza el proceso judicial.La Fiscalía indicó que la investigación permitió reconstruir el presunto esquema fraudulento gracias a la articulación de las denuncias de las ocho víctimas afectadas por la comercialización irregular de sus vehículos.
La audiencia reafirma su preferencia por Caracol Televisión y sus marcas digitales para vivir la pasión del fútbol batiendo récord en cifras durante la transmisión de la Copa Mundial de la FIFA 2026.Según datos entregados por IBOPE, durante los 39 días en los que se transmitieron los encuentros, Gol Caracol se posicionó en el primer lugar logrando un promedio de share de 63.2% y un rating promedio de 11.5%. Esto significa que más de 43 millones de personas prefirieron a Caracol Televisión para disfrutar de la fiesta más importante del mundo, ratificando así su liderazgo en la señal abierta con un 78% de favoritismo sobre su principal enfrentado.En el frente digital, a lo largo del Mundial 2026, el ecosistema de Caracol Televisión alcanzó más de 2.200 millones de visualizaciones. Gol Caracol fue la marca más destacada al aportar más del 60 % de las visualizaciones. En cuanto a las reproducciones digitales, las marcas superaron los 372 millones.Asimismo, Ditu se consolidó como uno de los grandes protagonistas digitales de la Copa Mundial de la FIFA 2026, al alcanzar 57 millones de reproducciones de los partidos transmitidos en la plataforma, más de 13,6 millones de usuarios acumulados en las diferentes transmisiones y 8,6 millones de horas de consumo durante la competencia. Adicionalmente, su ecosistema digital, compuesto por Facebook, Instagram, YouTube y TikTok, registró 298 millones de visualizaciones en contenidos propios y en la cobertura en tiempo real de los partidos, acompañando a sus audiencias a lo largo de todo el torneo.Para llevar cada detalle del evento deportivo más grande del planeta, Gol Caracol desplegó toda su capacidad desde los tres países anfitriones. Bajo el liderazgo de Javier Hernández Bonnet, el equipo contó con el profesionalismo de La voz del gol, Carlos Alberto Morales; Julián Capera, el nuevo integrante del equipo; Pepe Garzón, relator y comentarista deportivo; Rodolfo de Paoli y Alexis García, técnicos y comentaristas invitados. Junto a ellos, y aportando un cubrimiento desde todos los ángulos: Marina Granziera, Juan Pablo Hernández, Marcela Monsalve, Mauricio Molano, Jhonsson Rojas y Juan Camilo Vargas, periodistas deportivos; y Alejandra Murgas, Catalina Vargas y Rocío Rodríguez, periodistas y presentadoras de Noticias Caracol.Fueron más de 70 personas en total, con 20 cámaras y 4 toneladas de equipos técnicos, quienes lograron que Caracol Televisión y sus marcas digitales conquistaran los hogares colombianos, gracias a la amplia cobertura y el potencial técnico y humano, convirtiendo la transmisión de la Copa Mundial de la FIFA 2026 a través de Gol Caracol en la más vista de los últimos seis mundiales.