Transparencia Colombia expresó una fuerte preocupación tras el informe de la Contraloría General, que reveló que entre el 1 y el 7 de noviembre las entidades públicas comprometieron más de $9 billones en contratos y convenios interadministrativos, justo antes de la entrada en vigencia de la Ley de Garantías Electorales.
La organización aseguró que el incremento, especialmente el del 7 de noviembre —día en el que se registraron $6,1 billones, el 68 % de toda la contratación de la semana—, pone en evidencia un patrón que se repite en cada ciclo electoral y que muestra “fallas graves de planeación” en las entidades del Estado.
“La Ley de Garantías es clave para evitar el uso electoral de recursos públicos. Pero cada elección vemos el mismo estallido de contratos antes de que entre en vigencia, lo que refleja un problema que aún no se resuelve”, advirtió Transparencia Colombia.
El organismo de control había alertado que esa cifra representa un incremento del 190 % frente al comportamiento histórico y 2,9 veces el promedio mensual registrado entre enero y agosto de 2025. Para la organización anticorrupción, este comportamiento no solo afecta la eficiencia administrativa, sino que también abre la puerta a riesgos de corrupción.
Transparencia Colombia mostró especial preocupación por la magnitud de la contratación del Departamento de Prosperidad Social (DPS), que concentró $770.000 millones (8,5 % del total de la semana), por tratarse de una entidad estratégica para la Presidencia y altamente sensible en tiempos electorales.
“Es urgente analizar a fondo el peso del DPS y revisar el abuso de los convenios interadministrativos, una figura con riesgos altos de corrupción”, señaló la organización.
La Contraloría, por su parte, aseguró que el análisis se enmarca en su vigilancia previa a las elecciones legislativas y presidenciales de 2026 y explicó que revisa en detalle los contratos firmados en septiembre, octubre y los primeros siete días de noviembre para emitir alertas tempranas y prevenir riesgos.
Transparencia Colombia valoró este esfuerzo y destacó que el seguimiento riguroso del control fiscal en esta etapa electoral es fundamental para proteger la integridad del proceso y la confianza ciudadana.
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