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La Contraloría General de la República consolidó el balance preliminar de la contratación estatal realizada durante la primera semana de noviembre de 2025 y advirtió un comportamiento inusual y altamente concentrado en las horas previas a la entrada en vigencia de la Ley de Garantías Electorales. Según el organismo de control, entre el 1 y el 7 de noviembre se comprometieron $9 billones en convenios y contratos interadministrativos, cifra que supera ampliamente los niveles ordinarios de contratación observados durante el año.
El análisis revela que el 7 de noviembre, último día antes de que empezaran las restricciones electorales, se registró el mayor volumen: $6,1 billones, equivalentes al 68% de toda la contratación de la semana. Este monto representa 2,9 veces el promedio mensual de contratación entre enero y agosto de 2025,calculado en $2,1 billones, y configura un incremento del 190% frente al comportamiento histórico, lo que encendió las alertas del ente de control por la posible existencia de aceleraciones contractuales asociadas al cierre preelectoral.
Esta alerta temprana se genera en el marco del seguimiento preventivo que realiza la Contraloría de cara a las elecciones legislativas y presidenciales de 2026, en cumplimiento de la Ley 996 de 2005.
De acuerdo con los datos procesados por la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (DIARI), el Departamento de Prosperidad Social (DPS) concentró el 8,5% del total contratado en este periodo, con compromisos por $770 mil millones, convirtiéndose en la entidad con mayor volumen dentro de esta dinámica previa a la entrada de la Ley de Garantías. La Contraloría informó que continúa el análisis para determinar, en detalle, cómo se distribuyó esta contratación en los distintos departamentos del país.
El organismo de control también explicó que, en articulación con la Contraloría Delegada de Gestión Pública e Instituciones Financieras, adelanta un seguimiento exhaustivo a todos los contratos suscritos en septiembre, octubre y los primeros siete días de noviembre. Esta revisión incluye valores contratados, modalidades, objetos contractuales y entidades ejecutoras con el fin de identificar operaciones sensibles ,como eventos, actividades logísticas, suministros u otros procesos particularmente susceptibles a incrementarse en épocas electorales y emitir alertas tempranas que permitan prevenir riesgos.
La Contraloría insistió en que este tipo de concentraciones contractuales pueden evidenciar fallas de planeación y posibles aceleraciones contractuales asociadas al cierre preelectoral.
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