La auditoria de la Contraloría evidenció que las irregularidades, por más de 43.000 millones de pesos, se habrían presentado en el área de Cartera y Recaudo de Emcali, evidenciando anomalías en las cuentas no cobradas a los usuarios, la prescripción de deudas de suscriptores morosos y el descuentos en intereses sin justificación alguna. "Encontramos serias anomalías en la administración de los recursos públicos, detectamos situaciones irregulares de orden administrativo y legal en el manejo de esta cartera, la cual finalmente arrojó una perdida significativa de recursos al interior de la entidad y por eso, siete de los procesos pasan a la dirección operativa de responsabilidad fiscal para poder recuperar ese dinero", aseguró Pedro Antonio Ordóñez, Contralor de Santiago de Cali. Para la Contraloría, lo más preocupante es la ausencia de medidas y acciones que evitaran el detrimento patrimonial que alcanzó los $43.268.387.650."Hubo manejo inadecuado de la cartera y no cumplieron con los requisitos de ley para sanear la cartera, es decir, no lograron identificar las figuras jurídicas por las cuales estaban desapareciendo contablemente las cifras de las deudas, además, se emitieron resoluciones que carecían de detalles importantes como, análisis financiero e identificación de los deudores", puntualizó el funcionario. Desde la Contraloría ya se enviaron a la Procuraduría y la Fiscalía los hallazgos de incidencia penal y disciplinarios.
Con una clara alarma sonando en las arcas fiscales, la Contraloría General de la República emitió una advertencia sobre la significativa caída en el recaudo tributario durante el primer semestre de 2024. Según los datos revelados, entre enero y junio de este año, el país recaudó $126.63 billones en impuestos, lo cual no solo está por debajo de las expectativas, sino que representa una disminución alarmante de $15.82 billones en comparación con el mismo período del año anterior. Este descenso del 17% supera incluso la caída observada durante la crisis sanitaria mundial en 2020, un año marcado por una reducción del 13% debido a la pandemia de COVID-19.Este déficit en la recaudación tributaria ha llevado al Gobierno a tomar medidas drásticas, como recortar $20 billones del presupuesto inicialmente aprobado. Sin embargo, tanto la Contraloría como el comité autónomo de la regla fiscal han expresado preocupaciones sobre la insuficiencia de estos ajustes, sugiriendo que podrían no ser suficientes para cubrir el déficit proyectado.Las principales razones detrás de esta notable disminución en la recaudación tributaria incluyen un desplome en el impuesto de renta pagado por grandes corporaciones y una caída en los impuestos externos. La DIAN, encargada de la administración tributaria, ha intensificado sus esfuerzos para reducir la evasión y elusión fiscal, pero hasta ahora estos esfuerzos no han dado los frutos esperados. Aunque ha habido un crecimiento moderado en la recaudación de otros tributos como el IVA, este aumento ha sido insuficiente para contrarrestar la disminución general de los ingresos.En el desglose del recaudo tributario, los impuestos directos, principalmente el impuesto de renta, constituyeron $63.89 billones, representando el 50.5% del total recaudado. Los impuestos indirectos, liderados por el IVA, sumaron $62.73 billones, un 49.5% del total. A pesar de un incremento nominal del 8.1% en el IVA interno, se observó una caída del 8.9% en las retenciones, indicando fluctuaciones que afectan la estabilidad de este importante ingreso.Ante este panorama fiscal, el Gobierno enfrenta la necesidad de revisar y potencialmente reformar sus políticas tributarias. La presentación del presupuesto para el año 2025 ante el Congreso, programada para el 29 de julio, será un momento crítico para definir las estrategias a seguir. Las decisiones tomadas influirán decisivamente en la planificación de la próxima reforma tributaria, crucial para redefinir la estructura impositiva del país y garantizar la estabilidad económica a largo plazo.
La Contraloría de Bucaramanga inició una investigación para verificar la presunta pérdida de material reciclable de elementos que han sido cambiados por la alcaldía en el alumbrado público de la ciudad.La denuncia inicial fue interpuesta por el veedor ciudadano Ramiro Vásquez, quien dijo que “no se conoce el paradero de material de alumbrado público que estaba almacenado en el Centro de Desarrollo Infantil de la Inmaculada, frente a Centroabastos, y el depósito de la Alcaldía de la Puerta del Sol”.El veedor ciudadano expresó su preocupación por el valor económico del material perdido, que podría haber sido utilizado para otros fines, como el pago de empleados de Metrolínea que están sufriendo por la falta de salarios. Cacerolazo en Soacha por problemas en alumbrado público; hacen llamado al alcalde"Hay recursos, eso vale una millonada de plata," afirmó Vásquez.Vásquez informó que se ha recurrido a la auditoría general de la República para que cite a la Comisión Regional de Moralidad, involucrando todos los centros de control necesarios para abrir investigaciones disciplinarias, fiscales y penales.El veedor destacó que, aunque algunos de estos materiales podrían haber sido considerados inservibles, debieron seguirse procedimientos legales para darles de baja, "tienen que darle de baja, bien sea que lo vendan como chatarra, pero tienen que sacarlo con unos procedimientos legales establecidos," explicó Vásquez.Finalmente, enfatizó que el contratista encargado de cambiar la luminaria vieja debió devolverla a la alcaldía o a la oficina de Alumbrado Público.
Durante el ejercicio de control fiscal, la CGR identificó cinco hallazgos, de los cuales tres tienen incidencia disciplinaria y dos de carácter fiscal, que representan un valor cerca a los 10.250 millones de pesos.El hallazgo de mayor cuantía, por $6.933 millones, tiene que ver con deficiencias e inoportunidades en la gestión judicial adelantada por la Fiduprevisora como vocera del patrimonio autónomo del Fondo Francisco José de Caldas, que condujeron a la caducidad de una acción.Además, se ha generado un beneficio de auditoría por $2.487.324.480, relacionado con la devolución de rendimientos financieros causados desde la vigencia 2019 hasta julio de 2022. Estos fondos han sido reintegrados a las arcas nacionales.El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación reconoció la omisión en el reintegro de los rendimientos financieros y ha iniciado gestiones para resolver esta situación. Sin embargo, a la fecha, la devolución de la cartera recuperada del periodo 2019-2021 aún no se ha concretado.La Contraloría hizo un llamado urgente a implementar medidas correctivas para fortalecer los controles internos y mejorar la gestión financiera del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación.
La Contraloría General realizó una auditoría financiera a RTVC, sobre la vigencia 2023, en ella concluyó con 24 hallazgos administrativos y uno de carácter fiscal, correspondiente a deficiencias en la planeación e inoperatividad en el contrato de una plataforma para centralizar todos los aplicativos usados por la entidad.El hallazgo fiscal, también con incidencia disciplinaria, corresponde a deficiencias en la planeación e inoperatividad del contrato 2039 de 2020 por medio del cual RTVC contrató una plataforma para centralizar todos los aplicativos usados por la entidad, la cual nunca fue implementada.De igual forma, el ente de control reveló dos hallazgos relacionados con deficiencias e irregularidades en el contrato interadministrativo suscrito con la Agencia Nacional de Tierras para la planificación, organización, operación y producción de eventos y actividades logísticas que serían equivalentes a $5.900 millones.Además, expresó una opinión con salvedad sobre el estado de situación financiera de RTVC al 31 de diciembre de 2023 y los resultados de sus operaciones. Emitió además una Opinión Presupuestal “No Razonable”, indicando que la ejecución presupuestal de RTVC no fue eficiente ni razonable.“Al 31 de diciembre de 2023, RTVC no comprometió ni ejecutó $12.089.737.180 de su presupuesto definitivo de $308.361.743.165. Esta situación refleja deficiencias en la previsión y análisis de necesidades, afectando la ejecución de gastos e inversiones, comprometiendo los presupuestos futuros y metas de los planes estratégicos y de acción de RTVC”, expresó la Contraloría General.La entidad insta a RTVC a mejorar sus procesos de planeación, gestión y ejecución presupuestal para asegurar el uso adecuado de los recursos públicos.
La Contraloría General de la República, a través de su delegada para la gestión pública e instituciones financieras, concluyó una auditoría financiera a la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, Dian, sobre la vigencia 2023, donde se determinaron ocho hallazgos administrativos, por cerca de $39.000 millones.Entre los descubrimientos más destacados se encuentra una evaluación de los procesos de cobro de la Dian, donde se encontraron varias deficiencias, incluyendo problemas significativos en la liquidación de una sociedad cuyos accionistas fueron incluidos en la lista Clinton en 2007.El ente de control indicó que la Dian no se involucró adecuadamente en el proceso de liquidación a pesar de tener los medios para conocer la situación jurídica de la sociedad.Como resultado de estas observaciones, la Contraloría General de la República recomienda a la Dian revisar y mejorar sus procesos de cobro para asegurar una gestión efectiva y oportuna de los recursos públicos.
Un reciente informe de auditoría de la Contraloría Municipal de Bucaramanga revela serias irregularidades en la gestión financiera y administrativa de la alcaldía durante el año fiscal 2023.El documento destaca falencias en la contabilidad, manejo de la cartera, gestión de riesgos y procesos contractuales.Sobre el cumplimiento de las normas contables, la auditoría detectó incumplimientos de la resolución No. 193 de 2016, en lo referente al saneamiento y depuración contable. Se encontraron, por ejemplo, partidas no identificadas en las conciliaciones bancarias.Otro de los aspectos a destacar son las cuentas por cobrar en cuyo ítem hubo un aumento en 2023.“En este grupo se observa un incremento en la comparación de diciembre de 2023 con el mes de diciembre de 2022 por el valor de $144.263.343.244. Se observa un incremento del 4.54% en la cuenta de Impuestos, retención en la fuente y anticipos de impuestos por valor de $6.310.939.699”, de acuerdo con la información contable.Crítica situación de hospital San José de Popayán: denuncian malos manejos en contrataciónSin embargo, sobre este aspecto la Contraloría de Bucaramanga realiza la siguiente observación: “se observa que existen partidas reiterativas de impuestos por cobrar de diferentes conceptos que vienen ocurriendo desde vigencias anteriores, asimismo es importante manifestar que este saldo contable difiere del saldo reportado en los Estados Financieros debido a la falta de integridad en el sistema financiero de la alcaldía”, anota el informe.El saldo de capital de la deuda pública a largo plazo, más los intereses correspondientes al mes de diciembre de 2023 es de $375.645 millones.“En este grupo se observa un aumento en crédito de inversión a largo plazo por valor de $108.752 millones variación generada por el pago de las cuotas de capital e ingreso de nuevos créditos adquiridos durante la vigencia 2023”, señala la auditoría.El informe subraya deficiencias en la gestión contractual, con numerosos contratos en estado de suspensión y pendientes por liquidar.La auditoría concluye con 18 hallazgos administrativos, fiscales, disciplinarios, penales y sancionatorios. Entre estos, se identificaron siete hallazgos fiscales que implican un perjuicio económico de $5.948.900.680 por pagos indebidos. Además, se encontraron posibles faltas disciplinarias y un hallazgo con implicaciones penales.
La entrega de un predio para la construcción de un proyecto de vivienda tiene en el ojo de los entes de control al exalcalde de Apartadó entre 2020 y 2023, Felipe Cañizales.Y es que recientemente la Contraloría General de Antioquia solicitó información a la actual administración de ese municipio del Urabá antioqueño para iniciar un indagación frente a posibles irregularidades que pudo haber cometido el entonces funcionario con respecto al proyecto denominado Villa Argelia.Edison Murillo, asesor jurídico de la Alcaldía de Apartadó, explicó que la venta de este predio primero no contó con la aprobación del Concejo, pero además se realizó muy por debajo del avalúo comercial."Lo que advierte el expediente es que no se pagó ni siquiera el 10% de lo que vale el inmueble y se le entregó a esta empresa con menos de 200 millones de pesos cuando el lote tiene un avalúo comercial de más de seis mil millones de pesos", dijo el funcionario.El ente de control solicitó información sobre la ejecución de esas acciones para adelantar las respectivas investigaciones y pruebas que podrían derivar en la declaratoria de un detenimiento patrimonial con sanciones disciplinarias y generando incluso la comisión de delitos como peculado.
Un informe de la Contraloría de Bucaramanga da cuenta de hallazgos fiscales, penales y disciplinarios por $3.887 millones por el contrato de remodelación del Instituto Técnico Dámaso Zapata.El ente de control fiscal señala como presuntos responsables al exalcalde Juan Carlos Cárdenas, como ordenador del gasto, al exsecretario de Infraestructura, Iván José Vargas Cárdenas, al Consorcio Dámaso Zapata y al Consorcio Inter Tecnológico CP.La Contraloría encontró que el contratista no utilizó el material adecuado para la superficie y el encerramiento de la cancha de fútbol. Específicamente, el estudio de granulometría realizado por la Universidad Industrial de Santander (UIS) reveló que el material utilizado tenía partículas gruesas que no debían estar en el suelo tamizado.Además, se evidenció el mal uso de las mallas de nylon por parte de los estudiantes, lo que provocó su deterioro.Alcalde de Bucaramanga pidió a Findeter detener licitación en el colegio Dámaso ZapataTambién se cuestionaron las órdenes de demolición de edificios sin contar con los recursos financieros para su reconstrucción.Finalmente, señala la Controlaría que los hallazgos fiscales fueron traslados a la subcontraloria Municipal de Bucaramanga para el respectivo tramite. Los disciplinarios a la Procuraduría Provincial de Bucaramanga y los penales a la Fiscalía General de la Nación Seccional Bucaramanga.
Tras evaluar los estados financieros para la vigencia 2023 y la información presupuestal para la misma vigencia, la Contraloría General evidenció hallazgos fiscales por $31.493 millones, en auditoría realizada al Ministerio del Deporte.El ente de control, determinó que el hallazgo de mayor cuantía se produjo por el incumplimiento del convenio interadministrativo por parte del contratista en territorio, en el primer pago por $25.874 millones, desembolsado por el Ministerio del Deporte, tras advertir que no se legalizó la documentación necesaria para soportar la ejecución del mismo contrato.En diálogo con Mañanas Blu, con Néstor Morales, Andrey Rodríguez, contralor delegado para el Deporte, entregó detalles sobre el hallazgo. La Contraloría General de la República encontró una serie de irregularidades en el Ministerio del Deporte que ascienden a más de treinta y un mil millones de pesos. Uno de los hallazgos más relevantes está relacionado con los Juegos Intercolegiados, para los cuales se suscribió un contrato por 51 mil millones de pesos. Sin embargo, no se encontró soporte de las actividades ejecutadas y se advirtieron constantes incumplimientos por parte de los responsables del contrato. Como resultado, no se logró cumplir con las obligaciones y la ejecución del contrato fue insatisfactoria. Otro hallazgo se refiere a la construcción de infraestructura deportiva en varios municipios del país. Se identificaron irregularidades en la ejecución de obra pública, incluyendo el pago por obras que no fueron ejecutadas. Estas irregularidades pueden tener implicaciones penales y están siendo investigadas. En ese sentido, explicó que la Contraloría General de la República iniciará un proceso de responsabilidad fiscal para resarcir el daño al patrimonio público. Este proceso busca recuperar los recursos perdidos y sancionar a los responsables de las irregularidades. Escuche aquí la entrevista:
Se estima que cerca de 200 millones de personas a nivel global padecen de osteoporosis, una enfermedad que provoca una fractura por fragilidad cada tres segundos. La osteoporosis se caracteriza por la pérdida de masa y calidad ósea, aumentando la fragilidad y el riesgo de sufrir fracturas. Esta condición, usualmente silenciosa y sin signos o síntomas evidentes, se manifiesta cuando eventos simples como una caída al caminar, un golpe al viajar en auto o un acceso de tos pueden producir una fractura por fragilidad.Según la Dra. Geraldine Altamar, médica internista-geriatra y presidenta de la Asociación Colombiana de Osteoporosis y Metabolismo Mineral (ACOMM), el cuidado de los huesos debe comenzar desde temprana edad. Por lo tanto, es crucial identificar a las personas en riesgo de sufrir osteoporosis para prevenir la primera fractura y, en caso de ocurrir, evitar las subsiguientes.Las mujeres en menopausia, personas mayores de 50 años con factores de riesgo como fracturas previas, antecedentes familiares de fractura de cadera, pérdida significativa de altura, enfermedades que disminuyen la masa ósea como artritis reumatoidea, diabetes mellitus, menopausia prematura o el uso de corticoesteroides, pertenecen al grupo en riesgo. Cuando una persona tiene osteoporosis, debe considerar un tratamiento y cuidado para toda la vida debido a que es una condición crónica que puede afectar significativamente la calidad de vida del paciente y su núcleo familiar.Consejos para la osteoporosisEs importante consultar al médico para obtener un diagnóstico y seguir un control estricto por parte de un profesional de la salud. Además, se deben consumir dosis adecuadas de calcio y vitamina D, mantener una dieta balanceada, evitar el consumo de alcohol y tabaco, aumentar la actividad física y exponerse de manera segura al sol. Siguiendo estas recomendaciones, se puede manejar eficazmente la osteoporosis y reducir el riesgo de fracturas futuras.
La Policía Metropolitana de Bucaramanga aseguró que, luego de recuperar más de 600 celulares, contactará a cada uno de los dueños de estos equipos móviles para regresárselos, eso sí, siempre que hayan realizado la respectiva denuncia“Con software y hardware maliciosos (que) los delincuentes modificaban la información de los equipos móviles, cambiando su número IMEI, y eliminaban la información que tenían los celulares”, confirmó el brigadier general Henry Yesid Bello Cubides, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga.Estos delincuentes operaban en el 2 y el piso 16 de un edificio ubicado en el barrio Alarcón de la ciudad, utilizaban bloqueadores de frecuencia de señal para que la Policía no diera con el lugar evitando así el seguimiento y rastreo de estos equipos de telefonía móvil. Desde allí, "se hacían pasar como trabajadores de las empresas móviles y contactaban a los dueños y les decían que necesitaban su correo y el código enviado para bloquear definitivamente el celular, afirmó el comandante de Policía Henry Yesid Bello Cubides, quien dio un agradecimiento especial “a todas las personas que hicieron el proceso de denuncia ya que esto permitió que las autoridades realizaran la trazabilidad del caso.Una de las víctimas de estos delincuentes aseguró que su celular fue robado por un mototaxista en el barrio San francisco de Bucaramanga, y otro afectado manifestó que su celular le había costado $1.700.000 que tuvo que terminar de pagar sin poderlo utilizar.Una mujer de 26 años era la encargada del cosquilleo, otro hombre utilizaba la modalidad de raponazo conduciendo una motocicleta en la ciudad.
La Policía Nacional capturó este viernes en Medellín a Robinson Alexander Foronda Galeano y Juan Esteban Atehortúa Acevedo, señalados de presuntamente perpetrar el crimen del líder comunitario Luis Fernando Osorio Soto, el pasado 3 de enero en la vereda Orizaba de Andes, Suroeste de Antioquia.Foronda y Atehortúa tenían orden de captura vigente por los delitos de homicidio agravado, desaparición forzada, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego y hurto calificado y agravado, por lo sucedido a este líder, quien además era enfermero de varias zonas rurales de Andes.De acuerdo con la investigación de las autoridades, la víctima se habría resistido al hurto de su vivienda y cuentas bancarias, no obstante, en mayo de este año capturaron a Juan Esteban Acevedo Arteaga, alias 'Juancito', quien al parecer hizo retiros de las cuentas bancarias del líder social por 19 millones de pesos. En total le fueron robados, entre dinero y otros elementos de valor, algo más de 20 millones de pesos.Para el caso de alias 'Juancito', un juez de control de garantías le dictó medida de aseguramiento en centro carcelario el 28 de mayo, mientras avanza el proceso judicial.Los hechos ocurrieron el 29 de diciembre de 2023, cuando varios hombres armados, habrían ingresado a la vivienda de la víctima y llevado en contra de su voluntad a un sitio solitario y despoblado. Días después, el 3 de enero de este año, el cuerpo fue encontrado atado de manos y pies, además con varias heridas de arma de fuego y politraumatismos en cabeza y tórax, según la Fiscalía.
El Gobierno chileno envió este viernes a Venezuela una nota de protesta por haber impedido ingresar al país a los senadores Felipe Kast (centroderecha) y José Manuel Rojo Edwards (ultraderecha), invitados por la oposición venezolana como observadores en las elecciones del domingo en las que Nicolás Maduro busca la reelección."El Ministerio de Relaciones Exteriores citó al embajador de Venezuela en Chile, Arévalo Méndez, para entregarle una nota de protesta debido a que no se permitió el ingreso a ese país a los senadores José Manuel Rojo Edwards y Felipe Kast", dijo la Cancillería en un escueto comunicado.Kast, del partido Evópoli, informó en sus redes sociales que iban a ser deportados porque no cumplían "con el perfil ni las condiciones de ingresar al país".Edwards, del ultraderchista Partido Social Cristiano, indicó por su parte que "Maduro ha traído miseria y hambre" y "debe saber que Latinoamérica entera va a defender la democracia del pueblo bravo de Venezuela".La Presidencia del Senado chileno aseguró que los hechos son "antidemocráticos" y "denotan la mayor gravedad" porque "los senadores chilenos cuentan con todas las condiciones exigidas usualmente por la República Bolivariana de Venezuela para hacer ingreso a su territorio".Maduro, en el poder desde 2013, se enfrentará el domingo a Edmundo González Urrutia, un exdiplomático de 74 años que se convirtió en el candidato de la oposición luego de que la exdiputada María Corina Machado fuera inhabilitada, y que lidera la intención de voto según las encuestadoras tradicionales del país suramericano.El chavismo, sin embargo, asegura que Maduro ganará, pese a que los sondeos independientes reflejan el hastío de gran parte de la población en medio de una feroz crisis económica que devastó al país en la última década.La deportación de los senadores chilenos tiene lugar horas después de que Venezuela impidió la entrada de una delegación de parlamentarios del Partido Popular (PP) de España y también de un grupo de expresidentes latinoamericanos en un avión que no pudo despegar desde Panamá hasta que los exmandatarios no bajaron de la aeronave.
En la semana epidemiológica que realizó, el Instituto Nacional de Salud reportó un total de 2,375 casos de hepatitis, desglosados en hepatitis B, C y coinfección B-Delta. La cifra se compone de 1,348 casos de hepatitis B, 1,025 de hepatitis C, 2 de hepatitis Delta y 1 transmisión maternoinfantil. Por otra parte, la tasa de incidencia para hepatitis B se estimó en 2.6 casos por cada 100,000 habitantes, mientras que para hepatitis C fue de 1.0 casos por cada 100,000 habitantes. La tendencia general indica un aumento en la incidencia de estas enfermedades.¿Cómo está la hepatitis en Colombia?Las ciudades con mayor número de casos de hepatitis B fueron Bogotá D.C., Medellín, Cúcuta, Barranquilla y Cali. Para hepatitis C, las principales ciudades afectadas incluyeron Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Armenia. Los casos de hepatitis D se concentraron en Bogotá D.C. y Neiva.Hombres, los más afectados por Hepatitis BEl análisis por género muestra que la hepatitis B afecta más a los hombres, con una tasa de incidencia de 3.1 casos por 100,000 habitantes, frente a 1.1 casos en mujeres. En los hombres, se observó una disminución estadísticamente significativa en los casos de hepatitis B en el grupo etario de 15 a 19 años y un aumento en el grupo de 65 a 69 años. Entre las mujeres, se registró una disminución en los casos en el rango de 30 a 34 años y un aumento en el grupo de 60 a 64 años.Disminuye la hepatitis B en mujeres embarazadas en ColombiaDe los casos de hepatitis B reportados, el 4.6 % correspondió a mujeres embarazadas, lo que representa una disminución estadísticamente significativa en comparación con el año anterior. El principal mecanismo de transmisión de la hepatitis B fue sexual, representando el 72.6% de los casos, seguido de la transmisión percutánea o parenteral con el 7.1%. Además, el 3.8% de los casos correspondió a poblaciones indígenas y el 3.6% a negros, mulatos o afrodescendientes, con una disminución estadísticamente significativa en estos últimos grupos comparado con el año anterior.