La Contraloría General le pidió al Ministerio de Transporte y al Instituto Nacional de Vías (Invias) adoptar con carácter prioritario las medidas necesarias para iniciar el montaje de los equipos electromecánicos indispensables para la puesta en operación del Túnel del Toyo y otros 17 túneles del proyecto, ubicado entre los municipios de Santa Fe de Antioquia, Cañasgordas y Giraldo.La petición se produjo tras una visita técnica realizada el 16 de julio de 2026, en la que la Contraloría concluyó que "ya se materializó el riesgo" que había advertido de manera reiterada al Invìas desde abril de 2024.Según el ente de control, existe un desfase de al menos un año entre la terminación de las obras civiles, prevista para abril de 2027, y la entrada en operación de los equipos electromecánicos, estimada para septiembre de 2028.Durante la inspección, la Contraloría verificó que el Tramo 1, entre Cañasgordas y Giraldo, ya está terminado, mientras que el Tramo 2, entre Giraldo y Santa Fe de Antioquia, registra un avance cercano al 80 % y mantiene como fecha de finalización abril de 2027.Sin embargo, señaló que, pese a que el Invías anunció el 17 de junio de 2026 el inicio de las actividades de suministro, instalación, configuración y puesta en marcha de los equipos electromecánicos, "dichos trabajos aún no han comenzado" y "el contratista responsable de las actividades no se encuentra presente en el sitio de las obras".Los equipos electromecánicos comprenden los sistemas de ventilación, iluminación, suministro de energía, comunicaciones, cámaras de vigilancia, detección y extinción de incendios, señalización, control del tráfico y los centros de control que permiten operar el túnel de manera segura.Sin estos sistemas, la obra civil puede estar terminada, pero el túnel no puede entrar en funcionamiento.La Contraloría advirtió que una inversión pública de $5,3 billones podría no entrar en operación al concluir las obras civiles debido al retraso en esos montajes, indispensables para el funcionamiento de los túneles.El proyecto contempla 18 túneles, 31 viaductos y 17,7 kilómetros de vías a cielo abierto. El Túnel del Toyo, con una longitud de 9,73 kilómetros, conectará las concesiones Mar 1 y Mar 2 y facilitará la conexión entre Medellín y los puertos del Golfo de Urabá.Según la información oficial, el tiempo de viaje se reducirá de aproximadamente 10 horas a 4 horas y el recorrido pasará de 62 a 39,5 kilómetros.
La Contraloría General de la República advirtió sobre la baja ejecución de los recursos recaudados para atender la Emergencia Económica declarada en febrero de 2026 por el paso de un frente frío que ocasionó graves inundaciones y deslizamientos en Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó.Según el organismo de control, el Gobierno nacional ha recaudado $7,59 billones mediante las medidas tributarias extraordinarias adoptadas durante la emergencia. No obstante, la entidad alertó que en los sectores responsables de atender y recuperar los territorios afectados no se evidencia una ejecución efectiva de estos recursos.Con corte al 18 de junio de 2026, el recaudo proveniente del impuesto al patrimonio y de los mecanismos de alivio tributario ascendía a $7,59 billones, cifra equivalente al 87 % de la adición presupuestal aprobada para atender la emergencia. Sin embargo, la Contraloría señaló que ese monto aún no cubría los $8,68 billones incorporados al Presupuesto General de la Nación, situación que representa un riesgo para la sostenibilidad financiera de las apropiaciones previstas para el segundo semestre del año.El ente de control indicó que, aunque los recursos ya fueron incorporados al presupuesto y en varios sectores se expidieron certificados de disponibilidad presupuestal, no se registra una ejecución efectiva reflejada en obligaciones y pagos por parte de las entidades responsables.La Contraloría expresó especial preocupación por la situación de los recursos administrados a través de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Según el informe, estos dineros permanecen en la fase de estructuración de convenios, circunstancia que ha retrasado el inicio de las intervenciones dirigidas a la recuperación de las zonas afectadas, pese al tiempo transcurrido desde la declaratoria de la emergencia.El organismo de control también evidenció que sectores como Transporte, Ambiente, Minas y Energía, Salud, Bomberos, Prosperidad Social e ICBF presentan una ejecución nula de los recursos asignados. En los sectores de Vivienda y Educación, aunque existen avances en la expedición de certificados presupuestales, aún no se registran obligaciones ni pagos.Adicionalmente, la Contraloría advirtió que, varios meses después de declarada la emergencia, el Gobierno nacional aún no ha remitido el Plan de Acción Específico, documento que debe establecer las acciones, responsables, cronogramas y resultados esperados para la atención integral de la contingencia.Finalmente, la Contraloría hizo un llamado al Gobierno Nacional para acelerar la formalización de los convenios pendientes, garantizar la ejecución oportuna de las inversiones y asegurar que los recursos obtenidos mediante las medidas tributarias extraordinarias sean destinados exclusivamente a la atención y recuperación de las comunidades afectadas por la emergencia invernal.
La Veeduría Nacional de la Verdad y la Justicia denunció ante los organismos de control presuntas irregularidades en el trámite de aprobación de un proyecto por 62.797 millones de pesos financiado con recursos de la Asignación para la Paz del Sistema General de Regalías, destinado a municipios del Pacífico colombiano como Timbiquí y Buenaventura.La organización solicitó una revisión urgente del proceso que actualmente cursa ante el OCAD Paz, al considerar que existen inconsistencias que podrían comprometer los principios de transparencia, planeación y adecuada destinación de los recursos públicos. Según la denuncia, una de las principales alertas está relacionada con una posible duplicación de inversiones. La Veeduría pidió establecer si algunas de las obras o actividades contempladas en el proyecto ya cuentan con financiación de otros programas del gobierno, lo que podría generar un uso indebido de los recursos.Otro de los puntos señalados tiene que ver con la identificación de los beneficiarios. La entidad advirtió que deben verificarse las cifras y la caracterización de las comunidades que serían favorecidas con la inversión, para garantizar que la información presentada corresponda realmente a la población objetivo.La denuncia también solicita investigar si se cumplieron los requisitos de consulta previa con comunidades étnicas que pudieran verse afectadas por el proyecto. De acuerdo con la Veeduría, este procedimiento es fundamental para la validez jurídica de la iniciativa y para la protección de los derechos de las poblaciones involucradas.Además, se pidió revisar la sostenibilidad de la inversión pública, es decir, si existen garantías para mantener y operar las obras o programas una vez entren en funcionamiento, evitando que los recursos se destinen a proyectos que posteriormente no puedan sostenerse.La Veeduría aclaró que corresponde a las autoridades determinar si efectivamente existen irregularidades, pero insistió en que las presuntas inconsistencias deben ser verificadas antes de comprometer más de 62 mil millones de pesos de recursos públicos, en un proyecto que se tramita a pocas semanas de la finalización del actual Gobierno Nacional.
La Contraloría detectó presuntas irregularidades con incidencia fiscal por $33.009 millones en la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV), relacionadas con bienes entregados por la DIAN en calidad de donación que, según el organismo de control, no cuentan con soportes de entrega a los beneficiarios finales, no pudieron ser ubicados físicamente y tampoco fueron registrados en la contabilidad de la entidad.Los hallazgos fueron establecidos durante la Auditoría Financiera realizada a los estados financieros y a la ejecución presupuestal de la Unidad para las Víctimas correspondientes a la vigencia 2025. En el proceso se evaluó la información financiera con corte al 31 de diciembre de ese año, así como la ejecución del presupuesto y el desarrollo de políticas públicas relacionadas con discapacidad, posconflicto, paz, equidad de género, rendición de cuentas, participación ciudadana, austeridad del gasto y desarrollo sostenible.En materia presupuestal, la Contraloría evidenció una baja ejecución de los recursos apropiados. Para la vigencia 2025, la Unidad para las Víctimas contó con un presupuesto vigente de $4,436 billones. Aunque los compromisos alcanzaron $4,341 billones, equivalentes al 97 % del presupuesto, las obligaciones ejecutadas llegaron a $2,23 billones, es decir, al 50 % del total asignado.Según el organismo de control, esta situación generó rezagos cercanos a $2 billones, afectando el cumplimiento de las metas institucionales. La Contraloría indicó que, si bien la entidad adelantó gestiones para impulsar la ejecución de los recursos y el cumplimiento de sus compromisos misionales, estas acciones no fueron suficientes para alcanzar una ejecución presupuestal acorde con las necesidades institucionales y los objetivos programados.Durante la auditoría también se identificaron deficiencias en la calidad y confiabilidad de los registros contables. Entre ellas, la Contraloría destacó la falta de reconocimiento de los recursos entregados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) mediante donaciones.Precisamente, este aspecto dio origen a tres hallazgos, uno de ellos con presunta incidencia fiscal por $33 mil millones. Para la Contraloría, estas circunstancias configuran un presunto daño patrimonial, al señalar que existe una pérdida cierta de bienes públicos y un posible detrimento al patrimonio del Estado.Como resultado del proceso auditor, el organismo de control consolidó 23 hallazgos administrativos, de los cuales 18 tienen presunta incidencia disciplinaria, uno presenta incidencia fiscal por $33.009 millones y uno más dio lugar a la apertura de un Proceso Administrativo Sancionatorio, además de otras observaciones derivadas de la revisión financiera y presupuestal practicada a la entidad.
A diez años de la firma del acuerdo de paz entre el Gobierno y las extintas Farc-EP, la Contraloría General de la República en medio de su acto conmemorativo advirtió que su implementación enfrenta un riesgo de desfinanciación estructural que podría comprometer el cumplimiento de los compromisos adquiridos en materia de transformación territorial, desarrollo rural y construcción de paz.Durante la instalación del Congreso Internacional de Paz, el organismo de control presentó un balance financiero en el que concluyó que el costo real del acuerdo continúa subestimado, debido a que, desde su firma en 2016, el componente financiero no ha sido actualizado, pese a que las metas físicas sí han sufrido modificaciones.Según el informe presentado por la Contraloría, entre 2017 y 2026 el Estado ha apropiado y ejecutado $138,11 billones, cifra que representa el 65 % de lo proyectado inicialmente en el Marco Fiscal de Mediano Plazo. Sin embargo, frente a las necesidades reales de la Reforma Rural Integral y de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), esos recursos apenas cubren el 37 % de los cerca de $331 billones que serían necesarios para cumplir las metas previstas hacia 2031.La entidad explicó que parte del problema se originó porque el Marco Fiscal de 2017 subestimó el alcance de los PDET, las necesidades de la ruralidad dispersa y contabilizó recursos que ya hacían parte de otras fuentes de financiación. Además, advirtió que, aunque la ley obliga a actualizar periódicamente el costo del acuerdo, el Gobierno solo ha ajustado las metas físicas y no el componente financiero, situación que deja en evidencia el riesgo de desfinanciación.El organismo también alertó sobre la alta dependencia del Presupuesto General de la Nación, que aporta el 67 % de los recursos destinados a la implementación, así como la limitada participación de las entidades territoriales, la concentración de inversiones en algunos componentes del acuerdo y las dificultades para hacer seguimiento al destino de los recursos públicos.Pese a la inversión realizada, la entidad señaló que los resultados siguen siendo insuficientes. Entre los indicadores más preocupantes se encuentra la pobreza extrema rural, que en la última década apenas se redujo 0,3 %. Según el informe, de mantenerse el ritmo actual, Colombia tardaría cerca de 29 años más, es decir hasta 2053, en erradicar este fenómeno en las zonas rurales.Asimismo, la Contraloría señaló que la persistencia de economías ilícitas, la débil presencia institucional en los territorios y la fragmentación de los grupos armados ilegales han limitado el impacto de la implementación del Acuerdo.Advirtió, además, que el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS) podría enfrentar un vacío jurídico a partir de mayo de 2027 si no se adoptan medidas para garantizar su continuidad.Es por esto por lo que desde el organismo hacen un llamado a fortalecer la articulación entre el Gobierno nacional y las entidades territoriales, mejorar la calidad del gasto público y garantizar mayor transparencia y trazabilidad en la ejecución de los recursos destinados a la implementación del Acuerdo de Paz.
Luego de que a finales de febrero la Contraloría General de Antioquia anunciara el inicio de una actuación especial de fiscalización al proyecto Hidroituango con motivo del cambio de contratistas para sus obras finales y de allí se hallara un supuesto detrimento patrimonial por 108.585 millones de pesos, el proceso cambió de rumbo y quedó en manos de la Contraloría Distrital de Medellín.En diálogo con Blu Radio, la contralora de Medellín, Paula Ortega, explicó que un hallazgo incidental terminó definiendo que habría un detrimento patrimonial por el cambio de contratista no para la Sociedad Hidroituango, como se esperaba, sino para Empresas Públicas de Medellín.Ortega manifestó que el cambio de contratista para la ejecución de las unidades de generación de energía 5, 6, 7 y 8 del megaproyecto en el Norte antioqueño generó un sobrecosto no porque se aumentó el valor del contrato, sino porque se eligió la opción más costosa."El nuevo contratista presenta unos valores en su propuesta que son superiores a los valores que EPM tenía en su presupuesto oficial. Entonces, esa diferencia es lo que genera el detrimento patrimonial. Se apertura una indagación preliminar en el proceso de responsabilidad fiscal", aseguró Ortega.Según se explicó desde la Contraloría Distrital de Medellín lo que viene en esta nueva polémica relacionada con la administración de Daniel Quintero es que se buscará determinar quiénes tomaron las decisiones y cómo se hizo el proceso de elección del contratista para así definir cuáles serían las personas involucradas en una posible investigación por el detrimento patrimonial superior a 100.000 millones de pesos.Hay que recordar que, en su momento, desde la gerencia de EPM y la Alcaldía de Medellín se defendió la decisión argumentando que era necesario separar a los contratistas señalados en los procesos judiciales por la contingencia que vivió Hidroituango en 2018 y así poder garantizar la culminación de la obra bajo nuevas condiciones contractuales.Dicha argumentación ocasionó que diversos sectores políticos, gremiales y expertos cuestionaran los mecanismos de contratación utilizados y la posibilidad de que la salida de las empresas que conocían en detalle el proyecto afectara el cronograma de entrada en operación de las últimas cuatro unidades de la megaobra.Ahora y tras la apertura de la indagación preliminar en este polémico caso, se espera que la Contraloría Distrital de Medellín actúe en el lapso de dos años, ya que los procesos de responsabilidad fiscal tienen varias etapas por lo que no habría una decisión definitiva y de fondo frente al detrimento patrimonial hasta, aproximadamente, 2028.
La Contraloría General de Colombia citó a una mesa técnica al Gobierno entrante del presidente electo, Abelardo De La Espriella, luego de que suspendeira el proceso de transición con la Administración del presidente saliente, Gustavo Petro, y pidió que se retome el empalme entre ambos equipos para garantizar una transición transparente."Por petición del señor vicepresidente electo, doctor José Manuel Restrepo, mañana la Contraloría General de la República instalará una mesa técnica a las 15:00 hora local (20:00 GMT) en nuestra institución con la presencia del señor vicepresidente y de todos nuestros delegados", afirmó el vicecontralor, Carlos Enrique Silgado, en declaraciones a medios.De la Espriella ordenó hoy la suspensión del proceso de transición con la Administración saliente de Petro quien no reconoce su triunfo en las elecciones del 21 de junio en las que venció al izquierdista Iván Cepeda con 12,9 millones de votos.Al respecto, Silgado indicó que la Contraloría reconoce la victoria de De la Espriella y que todas las instituciones deberían hacerlo como una "expresión del ejercicio democrático de todos los colombianos"."El Consejo Nacional Electoral (CNE) determinó que el presidente es el doctor Abelardo De La Espriella. No es el momento de cuestionamientos ni de enfrentamientos. Es el momento de cerrar la institucionalidad frente a una transición tranquila y objetiva", dijo Silgado.El vicecontralor aseguró que ordenó a los delegados de la entidad que preparen diagnósticos sectoriales, informes sobre el estado de las políticas públicas y las advertencias emitidas por esta entidad de control.Esta información será entregada al equipo de empalme del Gobierno entrante, encabezado por Restrepo, quien solicitó el encuentro al que aún se desconoce si asistirán miembros de la Administración actual."Desde el año 2005 está arreglado cómo es el proceso de empalme. Nos entristece y llamamos a la calma, que tanto el Gobierno saliente como el entrante no estén dirigiendo sus acciones en este sentido. Desde nuestra competencia, porque no podemos hacer más, suministraremos información de la que disponemos", apuntó Silgado.El vicecontralor recordó que el proceso de transición está legalmente establecido y es de cumplimiento obligatorio, por lo que pidió que las autoridades retomen el empalme ya que "la ciudadanía merece que dicho proceso se reinicie de manera tranquila, objetiva y transparente".
La Contraloría General de la República acompañará institucionalmente el proceso de empalme entre el Gobierno saliente de Gustavo Petro y el entrante de Abelardo De La Espriella, así lo confirmó el vicepresidente electo José Manuel Restrepo tras publicar la respuesta por parte del ente a su solicitud.En una carta fechada el 5 de julio de 2026, la entidad confirmó su disposición para participar en este ejercicio institucional, con el objetivo de fortalecer la transparencia, garantizar la continuidad de la gestión pública y proteger los recursos del Estado. “Agradezco la invitación y celebro esta iniciativa, orientada a fortalecer la transparencia, la continuidad de la gestión pública y la adecuada protección de los recursos del Estado”, señala el texto de la Contraloría.En el comunicado, el ente de control señala que este proceso lo realizará bajo el respeto por la autonomía e independencia del organismo.“Con el propósito de facilitar la coordinación institucional y servir de enlace con las comisiones de trabajo que se desarrollen del proceso de empalme, me permito designar a la doctora Alejandra Sánchez Lozada, secretaria privada del Despacho del Contralor General y contralora delegada para el Sector Comercio y Desarrollo Regional, quien liderará la coordinación del equipo de la Contraloría”, agregó.Frente a esto, el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, agradeció la disposición del organismo y aseguró que esta es una demostración de la legitimidad del Empalme Anticorrupción.“Creemos que esta es una demostración de que, logrando esa transparencia, garantizándole a los colombianos un eficiente uso de los recursos públicos y demostrando claridad en las cuentas, los colombianos tendremos absoluta certeza sobre lo que ha sucedido y sobre lo que habrá de construir el gobierno de Abelardo de la Espriella de aquí en adelante”, dijo el vicepresidente.
La Contraloría General de la República ha encendido las alarmas sobre la salud de las finanzas públicas en Colombia. En un informe detallado sobre el estado de la economía, el ente de control advirtió que el Presupuesto General de la Nación presenta un preocupante desfinanciamiento y una aceleración en la contratación de deuda externa e interna, situación que ha motivado la apertura de investigaciones disciplinarias contra la cartera de Hacienda.Jenny Lindo, contralora delegada para la Economía y las Finanzas del Estado, explicó en Mañanas Blu con Néstor Morales que, tras un seguimiento permanente a las variables macroeconómicas, se ha identificado una brecha insostenible. Según la funcionaria, el presupuesto para este año se fijó en 555 billones de pesos, de los cuales solo se han recaudado 252 billones. "Es decir, tenemos un pendiente del 54,5% para garantizar el presupuesto de este año", precisó Lindo.Un déficit que presiona las arcas públicasLa situación es más compleja de lo que sugieren las cifras iniciales. El Gobierno nacional ajustó a la baja su proyección de recaudo tributario, pasando de una meta inicial de 321 billones de pesos a 294 billones. Sin embargo, ni siquiera bajo esta meta reducida se está cumpliendo el ritmo esperado, lo que obliga al Ejecutivo a tomar medidas inmediatas para ajustar el gasto y evitar una parálisis operativa.Lindo fue enfática al señalar que, tras realizar un corte de caja en el mes de mayo, se encontró que el Estado contaba con apenas 16 billones de pesos, una cifra insuficiente si se considera que la operación estatal requiere entre 25 y 30 billones mensuales. "Estamos trayendo un déficit de todo el año y rápidamente hay que tomar una serie de decisiones de parte del Ejecutivo para ajustar y garantizar el financiamiento de este presupuesto", advirtió la delegada.Aceleración en el endeudamientoUno de los puntos más críticos señalados por la Contraloría es el incremento en el ritmo de colocación de deuda. En los primeros seis meses de 2026, el Estado colombiano ha comprometido el 76% de su cupo de endeudamiento, equivalente a 64 billones de pesos. Al contrastar esta cifra con el mismo periodo de 2025, cuando el compromiso fue de 47 billones, la entidad advierte sobre una tendencia peligrosa."Estamos identificando una aceleración en la colocación de nueva deuda. Este 2026 vamos en 64 billones; es decir, sí hay un incremento", afirmó Lindo durante la entrevista.Investigaciones en cursoDebido a estos hallazgos, la Contraloría ha trasladado a la Procuraduría General de la Nación una investigación disciplinaria contra el ministro de Hacienda, Germán Ávila, y el director de Crédito Público, Javier Cuéllar.El ente de control fundamenta su decisión en el detrimento observado en el perfilamiento de la deuda pública. Según la Contralora Delegada, el Gobierno optó por traer a tiempo presente deuda pactada con tasas de interés reducidas, reemplazándola por nuevas obligaciones con tasas de entre el 13%, 14% y hasta el 15%. "Esto lo considera la Contraloría como un detrimento para el perfilamiento de la deuda pública, y en principio se ve una vulneración legal y normativa", concluyó Lindo.
La Contraloría General de la República advirtió que las actuales presiones fiscales ponen en riesgo la sostenibilidad del Presupuesto General de la Nación para 2026 y alertó sobre un escenario de mayores dificultades para las finanzas públicas, marcado por menores ingresos, un incremento acelerado del endeudamiento y una ejecución presupuestal que, según el órgano de control, compromete la estabilidad fiscal del país. El análisis fue elaborado con base en la actualización del Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) 2026 y en el seguimiento permanente que realiza la entidad a la deuda pública.Según el informe, con corte al 16 de junio de 2026, el Presupuesto General de la Nación asciende a $555,72 billones. De ese monto, el Gobierno había recaudado $252,68 billones, por lo que aún quedaban pendientes por financiar cerca de $303 billones, equivalentes al 54,5 % del presupuesto total. Para la Contraloría, esta situación representa un importante desafío para garantizar los recursos que permitan cumplir todas las obligaciones del Estado durante lo que resta de la vigencia fiscal.Uno de los principales puntos de preocupación es el comportamiento del recaudo tributario. El presupuesto fue aprobado con una meta de ingresos por impuestos de $321,46 billones, cifra que incluía los tributos creados durante la emergencia decretada en diciembre de 2025, que ya dejaron de estar vigentes, así como los impuestos establecidos en la emergencia de febrero de 2026. Sin embargo, el propio Gobierno reconoció en el Marco Fiscal de Mediano Plazo que esa meta no podrá alcanzarse y redujo la proyección de recaudo a $294,28 billones.La Contraloría señaló que incluso esa nueva meta enfrenta dificultades. Con corte al 16 de junio, el recaudo tributario efectivo ascendía a $138,17 billones, lo que refleja, por ahora, un déficit cercano a $32 billones frente al comportamiento esperado para esa fecha. Además, advirtió que existe un desfase entre las cifras utilizadas en la programación presupuestal y las contempladas en la programación fiscal, lo que incrementa la incertidumbre sobre la financiación del presupuesto durante el resto del año.El organismo de control explicó que mientras el Presupuesto General mantiene una expectativa de recaudo de $321,46 billones, la revisión del Plan Financiero de 2026 fijó la meta en $291,36 billones y el Marco Fiscal de Mediano Plazo la estableció en $294,28 billones. Esa diferencia implica un ajuste de $27,18 billones respecto de la meta presupuestal inicial y, según la Contraloría, si el Gobierno no logra obtener nuevas fuentes de ingresos, tendrá que reducir el gasto público al menos en esa misma cantidad para mantener el equilibrio de las cuentas fiscales.El informe también revela una revisión significativa de las perspectivas de ingresos del Gobierno Nacional Central. Mientras el Marco Fiscal de Mediano Plazo presentado en 2025 proyectaba ingresos equivalentes al 18,2 % del Producto Interno Bruto (PIB) para 2026, la actualización reduce esa estimación al 16,1 % del PIB. Esto representa una disminución de $25,4 billones en los ingresos esperados frente a las previsiones realizadas un año atrás.Ante este panorama, la Contraloría insistió en que resulta indispensable fortalecer el rigor técnico en las proyecciones de ingresos y en la construcción de los supuestos fiscales para reducir la necesidad de realizar ajustes presupuestales durante la ejecución del presupuesto. La entidad también recordó que este es el último Marco Fiscal de Mediano Plazo de la actual administración y sostuvo que las decisiones necesarias para corregir el déficit estructural y recuperar la sostenibilidad de las finanzas públicas quedarán, en buena medida, en manos del próximo gobierno, el cual deberá combinar medidas sobre ingresos, gasto y crecimiento económico.El organismo también expresó preocupación por el bajo nivel de ejecución de la inversión pública en sectores considerados estratégicos para el crecimiento económico y el bienestar de la población. Con corte al 25 de junio, el sector Transporte registraba una ejecución presupuestal de apenas el 10,8 %, mientras que Salud alcanzaba el 9,48 %. A esto se suma que, al cierre de mayo, seguía pendiente de pago el 48 % de las reservas presupuestales de inversión y el 38 % de las reservas presupuestales de funcionamiento constituidas durante 2025, situación que continúa ejerciendo presión sobre la disponibilidad de caja del Gobierno nacional.En materia de deuda pública, la Contraloría reiteró que un déficit primario, es decir, cuando los ingresos no alcanzan para cubrir los gastos antes del pago de intereses, tiene como consecuencia un aumento del endeudamiento. Por esa razón, insistió en la necesidad de alcanzar un equilibrio presupuestal mediante mayores ingresos tributarios, una reducción del gasto primario y una ejecución eficiente, eficaz y austera de los recursos públicos para evitar que el peso de la deuda continúe aumentando.El análisis también cuestiona algunos de los supuestos incluidos en el Marco Fiscal de Mediano Plazo. El Gobierno proyecta que entre 2028 y 2037 la economía colombiana crecerá por encima de su PIB potencial, escenario que podría generar presiones inflacionarias y obligar al Banco de la República a mantener tasas de interés más altas para controlar la inflación. La Contraloría considera discutible esa hipótesis al señalar que un crecimiento promedio proyectado del 2,8 % anual podría resultar insuficiente para reducir la deuda pública, disminuir el desempleo y absorber el mayor costo financiero derivado de tasas de interés elevadas.Las cifras de ejecución presupuestal también muestran que el servicio de la deuda continúa concentrando una parte importante de los recursos públicos. Con corte al 25 de junio de 2026, este rubro registraba una ejecución del 47,1 %, el gasto de funcionamiento alcanzaba el 41,4 % y la inversión apenas llegaba al 29,1 %. Para la Contraloría, esta distribución evidencia la creciente presión que ejerce el pago de la deuda sobre las finanzas del Estado y limita el margen para acelerar proyectos de inversión.En cuanto a la actividad económica, la entidad advirtió que durante el primer trimestre de 2026 el crecimiento del país se desaceleró hasta el 2,2 %. También señaló que factores climáticos, como el fenómeno de El Niño, podrían afectar el desempeño del sector agropecuario durante el resto del año. Además, estimó que el gasto público podría seguir sosteniendo parte de la actividad económica mientras se materializan los ajustes fiscales asociados al cambio de administración y a las decisiones que adopte el nuevo gobierno nacional.
El Movistar Arena de Madrid se tiñó de verde este jueves para recibir a Feid, uno de los exponentes más importantes de la música urbana y quien hizo bailar y cantar al recinto completamente lleno en un espectáculo totalmente diferente a lo que había hecho antes la estrella colombiana.Como parte de la gira ‘FALXO Tour : FEID VS FERXXO', el artista llegó a la capital española para ofrecer una experiencia dedicada a sus fanáticos más fieles a través de un espectáculo íntimo.El escenario se convirtió en el campo de batalla entre su versión más romántica y personal, y su alter ego Ferxxo, como también se le conoce y quien representa su rostro más fiestero y nocturno.El duelo arrancó con ‘El padrino’ entre gritos de euforia y luces verdes, color que ya se ha convertido en su marca personal."Este concierto se lo debíamos a ustedes desde hace mucho tiempo, con música de todos los tiempos”, explicó sobre el escenario el originario de Medellín, quien no visitaba España desde el verano de 2024 y que esta vez logró un lleno total en el Movistar Arena.El artista hizo un recorrido por casi una década de éxitos de sus distintos álbumes, entre ellos ‘Inter Shibuya’, ‘Bahía Ducati’, ‘El green pint’, ‘Ferxxocalipsis’ y ‘19’.A la mitad de la interpretación acústica de ‘XNTXS’ hubo un problema de audio que dejó en silencio el lugar por varios minutos, a lo que el artista reaccionó con gracia animando con señas al público, que respondió encendiendo las luces de sus móviles.“Que vivan los latinos”, mencionó Feid al notar las decenas de banderas latinoamericanas que ondeaban tanto en la pista como en las gradas.Aprovechó para animar a España a un par de días de que juegue contra Argentina la final del Mundial de fútbol que tendrá lugar el próximo domingo.Uno de los momentos más emotivos de la noche fue cuando la pequeña Martina, una de sus admiradoras más jóvenes y quien ha dedicado decenas de publicaciones en redes sociales al intérprete de ‘Hey mor’, subió al escenario para cantar 'Medellín Takai' junto a su ídolo.“¡Qué tiemble!”: la energía se apoderó del recinto cuando el cantante pidió al público que saltara al ritmo de 'CHICA 350'; “¡que se caiga, que se caiga”, dijo refiriéndose al Movistar.El artista catalán Munic HB compartió el escenario con Fercho para cantar ‘They already know’, su colaboración más reciente.'Te entiendo', 'LUNA', 'Chorrito pa las animas', 'Si tú supieras', ‘ALAKRAN’, ‘La inocente’ y 'VACAXIONES' son algunos de los temas que formaron parte del repertorio que hizo vibrar a los espectadores por algo más de dos horas.“Madrid, muchas gracias por acompañar mi música por tantos años”, expresó el cantante antes de cerrar la fiesta con broche de oro al interpretar ‘A Xon De Que’ y despedirse entre confeti color verde.La gira ‘FALXO Tour : FEID VS FERXXO’ ha arrasado por distintos escenarios mundiales en países como Estados Unidos, donde agotó entradas en 14 conciertos, Colombia y Australia.Tras su paso por Madrid seguirá su recorrido por España y visitará Barcelona, Alicante y Murcia el 18, 24 y 25 de julio, respectivamente.
El cantautor colombiano Manuel Medrano anunció este jueves la etapa internacional de su gira 'Superior Tour', con la que recorrerá Centroamérica y México entre octubre y diciembre, después de reunir a miles de espectadores en las primeras fechas de sus presentaciones en Colombia.El artista originario de Cartagena de Indias, ganador de dos premios Latin Grammy, ofrecerá conciertos en Costa Rica, Guatemala y El Salvador antes de emprender una serie de ocho presentaciones en México, uno de los mercados más importantes de su carrera, según informó su equipo de prensa.La etapa internacional comenzará el 11 de octubre en San José (Costa Rica) y continuará por Ciudad de Guatemala y San Salvador.Posteriormente, Medrano actuará en ciudades mexicanas como Acapulco, Mérida, Coatzacoalcos, Chihuahua, Torreón, San Luis Potosí, Los Cabos y La Paz entre el 6 de noviembre y el 5 de diciembre.Antes de iniciar ese recorrido, el cantante cerrará la primera fase colombiana del tour con un concierto el próximo 6 de agosto en su natal Cartagena.Las primeras fechas de 'Superior Tour' pasaron por Bucaramanga, Medellín y Cali, donde el artista agotó las entradas de los shows en los que además invitó a músicos emergentes colombianos a abrir cada uno de los conciertos como parte de una iniciativa para dar visibilidad a nuevos talentos.México ocupa un lugar especial en la trayectoria de Medrano, quien ha señalado en varias ocasiones que es el país donde más escuchan su música y uno de los que más ha impulsado su carrera internacional.En una entrevista concedida a EFE durante una gira anterior, el artista aseguró que siente una conexión especial con el público mexicano y expresó su agradecimiento por el respaldo recibido durante la última década."México es un país que amo (...) me ha dado tantas oportunidades y me ha acompañado durante estos diez años", afirmó entonces el intérprete.Medrano, reconocido por canciones como 'Bajo el Agua', 'La Distancia' o 'Nenita', presentó este año 'Superior', su cuarto álbum de estudio.
Detrás de algunos de los mayores éxitos de la música urbana de la última década está el sello de Rvssian, el productor jamaiquino que ha trabajado junto a artistas como Bad Bunny, Rihanna, Carlos Santana, Farruko, Arcángel y Vybz Kartel. Aunque su nombre está asociado a millones de reproducciones y colaboraciones de alcance mundial, el productor asegura que el verdadero motor de una carrera artística sigue siendo la pasión.En conversación con Blu Radio Digital, Rvssian habló sobre las lecciones que ha aprendido al compartir estudio con algunos de los músicos más importantes de distintas generaciones y géneros. Para él, el éxito no es casualidad, sino el resultado de un compromiso permanente con la música.“He aprendido que todos esos artistas merecen estar donde están porque son súper talentosos”, afirmó. Sin embargo, considera que el talento por sí solo no basta para sostener una carrera en una industria tan competitiva. “La pasión tiene que estar primero. No conviertas la música en algo demasiado parecido a un trabajo, porque cuando lo haces puedes perder tu esencia y la verdadera identidad de ese sentimiento”, expresó.Como ejemplo mencionó al legendario guitarrista Carlos Santana, con quien también ha trabajado y de quien destacó su disciplina y amor por la música. “No importa la edad que tengas; él sigue adelante y nunca se rinde. Esa pasión es lo que hace la diferencia”, comentó.El productor, reconocido por fusionar el dancehall, el reguetón y el afrobeats, considera que conservar esa esencia es lo que permite a un artista evolucionar sin perder su identidad. Esa filosofía ha guiado su carrera desde Jamaica hasta convertirse en uno de los productores más influyentes de la escena global.Rvssian también recordó que uno de los momentos más importantes de su trayectoria fue su incursión en el trap latino, especialmente con temas como "Krippy Kush", una colaboración que, según contó, ayudó a presentar a Bad Bunny ante parte del público estadounidense. “Mucha gente en Estados Unidos se me ha acercado y me ha dicho que la primera vez que escucharon a Bad Bunny fue con esa canción. Eso definitivamente me llena de orgullo”, señaló.Más allá de los reconocimientos y los números que acumulan sus producciones en las plataformas digitales, Rvssian asegura que su prioridad sigue siendo la misma con la que comenzó su carrera en Jamaica: hacer música con autenticidad. Para él, mantener viva la pasión es la única forma de crear canciones capaces de trascender generaciones, conectar con distintas culturas y dejar una huella duradera en la industria musical.
El Consejo de Estado negó la solicitud de suspensión provisional que había hecho el abogado Mauricio Pava contra contra la Resolución 471 de 2025, con la que el Gobierno Petro creó tres Zonas de Ubicación Temporal, ZUT, para integrantes del Clan del Golfo, en el marco del proceso de conversaciones sociojurídicas que adelanta con esa organización. Esto significa que dichas zonas seguirán vigentes mientras se estudia de fondo la solicitud.Pava, en su pedido, aseguró que el presidente de la República no podía crear esas zonas sin que el Congreso hubiera aprobado antes una ley de sometimiento a la justicia, algo ya fijado por la Corte Constitucional en la Sentencia C-525 de 2023; en otras palabras, Petro expidió la resolución sin tener la competencia legal para ello.Sin embargo, el despacho del consejero Carlos Fernando Mantilla Navarro concluyó que, en esta etapa inicial del proceso, no existe una violación evidente de la sentencia mencionada o de otras normas superiores que justifique la medida catuelar de suspender de manera inmediata la creación de estas zonas.El punto central de la discusión estuvo en determinar si el condicionamiento impuesto por la Corte Constitucional es aplicable al caso del Clan del Golfo, denominado por el Gobierno en este proceso como Ejército Gaitanista de Colombia.La Sentencia C-525 de 2023 estableció que las Zonas de Ubicación Temporal para facilitar procesos de sometimiento a la justicia requieren una ley expedida por el Congreso cuando se trate de estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto.Sin embargo, ese condicionamiento no puede extenderse automáticamente al caso del EGC pues la resolución inicial del Gobierno Petro lo reconoció como un Grupo Armado Organizado, GAO, y no como una estructura armada organizada de crimen de alto impacto."La anterior catalogación se efectuó mediante la Resolución 294 de 2025, acto administrativo que no fue demandado en este proceso y que, por tanto, se presume legal mientras no sea anulado por la jurisdicción de lo contencioso administrativo”, agregó el Consejo de Estado.En ese sentido, para el alto tribunal, no es posible concluir en esta etapa que el presidente esté actuando fuera de sus competencias al crear las ZUT aunque sí reconoció que la Sentencia C-525 de 2023 es obligatoria y vinculante para todas las autoridades y por ello el alcance será revisado con mayor profundidad pero sin aceptar la medida cautelar.Esta decisión llega mientras el proceso de conversación con el Clan del Golfo sigue estancado: el traslado de un primer grupo de miembros del grupo ilegal previsto para el pasado mes de juicio no se concretó en medio de cuestionamientos a la iniciativa.Además, Noticias Caracol a través de su unidad investigativa reveló polémicas conversaciones que habría sostenido el entonces comisionado de Paz, Danilo Rueda, donde ofrecía parar operaciones militares a cambio de que este grupo siguiera en la conversación. Por su parte, el presidente Gustavo Petro reactivó el proceso de extradición contra alias 'Chiquito Malo', máximo jefe de esa organización.
El artista urbano Carabin3 cerrará el próximo 25 de julio una de las etapas más importantes de su carrera con un concierto gratuito en Medellín, ciudad donde comenzó su camino en la música y que fue elegida para poner el broche de oro al Desde el Cora Tour, su primera gira nacional. El espectáculo se realizará a las 4:00 de la tarde en el Teatro al Aire Libre Carlos Vieco, escenario que recibirá a más de 3.000 asistentes.Con apenas 19 años, Carabin3 se ha convertido en una de las promesas del trap colombiano, consolidando una comunidad de seguidores que lo acompañó durante un recorrido por 13 ciudades y que reunió a más de 10.000 personas, confirmando el crecimiento que ha tenido de manera orgánica dentro de la escena urbana nacional.El cierre de la gira representa mucho más que un concierto. Para el cantante, significa regresar al lugar donde sintió el respaldo de sus primeros seguidores y agradecer el apoyo que ha recibido desde el inicio de su proyecto musical."Medellín siempre ha significado mucho para mí. Aquí empezó todo y aquí sentí por primera vez el apoyo de la gente. Quería cerrar esta gira haciendo algo especial para la ciudad y para todas las personas que han hecho parte de este camino desde el principio", expresó el artista.Una gira que impulsó su crecimientoEl Desde el Cora Tour llevó la música de Carabin3 a ciudades como Bogotá, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, Cúcuta, Villavicencio, Montería, Popayán, Tuluá, Yopal y otras regiones del país, consolidando un proceso que comenzó mientras vivía en Kentucky, Estados Unidos, donde desarrolló su proyecto de manera independiente.Su propuesta logró captar la atención de figuras de la industria musical, permitiéndole abrirse espacio dentro del género urbano colombiano y conectar con una audiencia joven que hoy lo acompaña en cada presentación.El respaldo de Blessd y Los ExtraditaBLESSDAdemás del éxito de su gira, Carabin3 hace parte de Los ExtraditaBLESSD, el colectivo impulsado por Blessd con el propósito de abrir oportunidades para nuevos artistas de la música urbana colombiana.Para el joven cantante, uno de los mayores aportes del proyecto ha sido demostrar que la unión dentro del género puede convertirse en un motor para el crecimiento de toda una generación."Lo más importante fue mostrar esa unión de los artistas que siento que nunca se había visto en la industria colombiana de la música urbana. Queremos dar un mensaje de familiaridad, sin envidias, donde todos queremos que nos vaya bien y sacar la cara por el género y por Colombia a nivel internacional", afirmó.