Contraloría General

Entre 2022 y 2026, la Contraloría General de la República emitió 46 funciones de advertencia dirigidas a entidades del orden nacional tras identificar riesgos que podrían comprometer recursos públicos por un valor acumulado de $38,1 billones. El balance concentra las principales alertas en cinco sectores considerados estratégicos para el funcionamiento del Estado: economía y finanzas, infraestructura, agropecuario, inclusión social y minas y energía.De acuerdo con la entidad, las advertencias buscan prevenir posibles afectaciones al patrimonio público mediante un control fiscal preventivo sobre decisiones administrativas, presupuestales y contractuales antes de que los riesgos lleguen a materializarse.Economía y finanzas concentra la mayor cuantíaEl sector de Economía y Finanzas representa el mayor volumen de advertencias, con $23,8 billones.Entre las actuaciones más relevantes figura la advertencia emitida en marzo de 2024 sobre el Decreto de Liquidación del Presupuesto General de la Nación, luego de detectar riesgos derivados de la falta de desagregación de partidas de inversión y del detalle presupuestal incorporado en el articulado. Posteriormente, el Gobierno expidió el Decreto 0163 de 2024 para corregir esas observaciones.En abril de 2026, la Contraloría también alertó al Ministerio de Hacienda sobre el crecimiento de la deuda pública y su impacto sobre la sostenibilidad fiscal. Según el organismo, durante 2025 el servicio de la deuda alcanzó $105 billones, equivalentes al 23 % del gasto público, mientras las tasas de los TES registraron niveles de 13,69 % para títulos de corto plazo y 14,03 % para los de largo plazo.Otra advertencia fue emitida en julio de 2026 tras evidenciar un incremento en la contratación pública luego del levantamiento de las restricciones de la Ley de Garantías. En ese periodo se suscribieron 14.414 contratos por $4,54 billones, incluyendo 11.208 contratos mediante contratación directa por $785.600 millones, situación frente a la cual la entidad advirtió riesgos asociados a la concentración de recursos y la capacidad financiera del Estado.Infraestructura reúne advertencias por $3,6 billonesEl segundo sector con mayor cuantía corresponde a Infraestructura, con $3,6 billones.Durante el periodo analizado fueron emitidas ocho advertencias relacionadas con proyectos concesionados y obras estratégicas del país. Entre ellas figuran los corredores Bucaramanga–Barrancabermeja–Yondó, el proyecto Mulaló–Loboguerrero, la restauración del Canal del Dique y los contratos vinculados al Muelle 13 de Buenaventura.La Contraloría también advirtió al INVIAS sobre la falta de demolición del antiguo Puente Pumarejo y por retrasos en pagos a contratistas, además de alertar a la ANI, al Ministerio de Transporte y al Ministerio de Hacienda por posibles implicaciones fiscales derivadas del manejo de vigencias futuras de concesiones 4G y 5G y de una eventual terminación anticipada de proyectos.En materia de gestión del riesgo, el organismo identificó posibles ineficiencias en la utilización de recursos destinados a atender la emergencia ocasionada por el fenómeno de La Niña.Sector agropecuario suma riesgos por $2,8 billonesLas advertencias en el sector Agropecuario, valoradas en $2,8 billones, abarcan programas de vivienda rural, acceso a tierras, crédito agropecuario y ordenamiento territorial.Entre los hallazgos se encuentra el rezago cercano a 37.000 viviendas rurales pendientes de construcción correspondientes a subsidios otorgados entre 2000 y 2019. Asimismo, la Contraloría identificó un riesgo superior a $2,7 billones en la Agencia Nacional de Tierras por reservas presupuestales inducidas que podrían afectar programas de formalización y acceso a la propiedad rural.La entidad también advirtió sobre modificaciones regulatorias al sistema de crédito agropecuario sin estudios técnicos suficientes y llamó la atención sobre la necesidad de sustentar técnicamente las declaratorias de zonas de protección para la producción de alimentos.Inclusión social registra advertencias por $2,8 billonesEl sector de Inclusión Social acumula advertencias por $2,8 billones. Recientemente se emitieron alertas relacionadas con el proceso de liquidación del Ministerio de Igualdad y la Equidad y con la ejecución de recursos administrados por FONIGUALDAD.La Contraloría identificó riesgos derivados de la ausencia de un liquidador durante la etapa inicial del proceso, situación que involucraba recursos superiores a $1,3 billones, un patrimonio autónomo cercano a $742.000 millones y operaciones contractuales próximas a $986.000 millones.Adicionalmente, la entidad alertó sobre contratación tercerizada sin evidencia suficiente de resultados asociados a la finalidad del fondo, así como riesgos de transparencia, trazabilidad y destinación de recursos públicos.En paralelo, un análisis sobre el proyecto de infraestructura social del Departamento para la Prosperidad Social evidenció retrasos en la ejecución, baja utilización del presupuesto y riesgos de incremento de costos en convenios desarrollados con 737 entidades territoriales.Minas y energía concentra advertencias por $1,4 billonesEl quinto sector corresponde a Minas y Energía, con advertencias por $1,4 billones.La Contraloría manifestó preocupación por la disminución en la incorporación de reservas de gas y petróleo, la presión fiscal asociada a subsidios energéticos y la ausencia de una política unificada para fortalecer la confiabilidad del sistema energético.Igualmente, advirtió sobre la falta de un plan de reversión minera para 236 equipos provenientes de La Jagua y Calenturitas, valorados en más de USD 41 millones, así como sobre la situación del Parque Solar URRÁ, proyecto que supera los $76.000 millones de inversión pública y que, según la advertencia, aún no acredita su puesta en operación plena.

Contraloría General

Síguenos en: