Ley de garantías

Corregir las deficiencias en términos de contratación por prestación de servicios es el llamado que hace la Procuraduría General de la Nación al Ministerio de Relaciones Exteriores, ante los riesgos fiscales y administrativos que han sido encontrados en medio de las investigaciones realizadas por el Ministerio Público.El ente de control dejó en evidencia hallazgos en la contratación por prestación de servicios y en la gestión del talento humano, que registró la suscripción de 1.053 contratos entre agosto de 2025 y febrero de 2026, con un valor de $83.742 millones, que deben ser revisados por la entidad.En medio de la investigación, la Procuraduría señaló que no encontró una evaluación técnica suficientemente sólida sobre las cargas laborales que permitiera justificar la necesidad de recurrir de manera amplia a la contratación externa, hecho que está relacionado con el uso de contratos de prestación de servicios para atender necesidades que podrían corresponder a la planta permanente del Ministerio. Por lo que “la contratación externa no puede sustituir de manera sistemática la planta de personal”.Pero, no es todo, de acuerdo con la Procuraduría, en determinados casos los documentos que respaldan la ejecución contractual serían insuficientes para demostrar el cumplimiento de las obligaciones pactadas, lo que podría generar dudas sobre el desarrollo efectivo de los objetos contractuales.“Identificó fallas en la planeación y supervisión de los contratos suscritos a pocas semanas de entrar en vigencia las restricciones de la Ley de Garantías, cuyos soportes de ejecución, en algunos casos, resultan insuficientes para acreditar las obligaciones pactadas y evidenciarían posibles incumplimientos del objeto contractual”, añade el Ministerio Público.Por esta razón, la Procuraduría enfatizó que la adecuada utilización de los recursos públicos requiere una planeación previa y mecanismos de seguimiento que permitan comprobar que los servicios contratados fueron efectivamente prestados.Otro de los asuntos que generó preocupación fue el manejo de la Carrera Diplomática y Consular. La Procuraduría advirtió que, si se hubieran presentado movimientos de personal que no se ajustan a las normas aplicables, podría verse afectada la continuidad y eficacia del servicio exterior colombiano.Ante este panorama, el ente exhortó a la cancillería preservar los principios de mérito, imparcialidad y profesionalización que deben orientar el funcionamiento de la carrera diplomática. Además, a fortalecer sus procesos de planeación contractual, racionalizar el gasto público y optimizar la utilización de su planta de personal.Finalmente, la Procuraduría informó que mantendrá activa su actuación preventiva y realizará seguimiento a las medidas que adopte el Ministerio de Relaciones Exteriores frente a las observaciones formuladas.

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