Ley de garantías

La Contraloría General de la República alertó sobre la firma de 6.292 contratos directos por un valor superior a 2 billones de pesos en sectores que no tendrían excepción dentro de la Ley de Garantías, tras su entrada en vigor.El análisis fue realizado por la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (DIARI), que revisó la contratación directa efectuada entre el 31 de enero y el 27 de febrero de 2026, periodo en el que ya aplicaba la restricción legal que limita este tipo de contratación por parte de las entidades estatales hasta el final del proceso electoral.En total, la entidad examinó 25.685 contratos por 2,8 billones. Luego de depurar las excepciones contempladas en la norma, que permiten contratación en sectores como salud, defensa y seguridad, así como en casos de emergencia, desastre, urgencia manifiesta o crédito, el organismo de control identificó que 2 billones corresponden a contratos en sectores no exceptuados.Según el informe, los sectores sociales, comercio y desarrollo, inclusión social, justicia y servicios públicos concentran el mayor número de contratos directos reportados durante la vigencia de la Ley de Garantías sin que, en principio, estuvieran cobijados por las excepciones.Seguimiento a posible uso proselitista de recursosLa Contraloría también adelanta un monitoreo al uso de recursos públicos con posibles fines proselitistas en época electoral.Entre el 1 de octubre del año pasado y el 30 de enero de 2026 se identificaron 17.841 contratos directos por más de $1,68 billones destinados a eventos, publicidad, conciertos, refrigerios, tarimas o logística.Posteriormente, ya con la Ley de Garantías en vigor, se detectaron 368 contratos directos adicionales por 31.959 millones entre el 31 de enero y el 27 de febrero de 2026, asociados a este mismo tipo de actividades.El Contralor General señaló que la entidad actúa como garante técnico del correcto uso de los recursos públicos. “En este escenario, la Contraloría General de la República no actúa como actor político, sino como garante técnico de la correcta destinación del gasto. Su función es verificar que los recursos públicos no sean desviados hacia finalidades distintas a las previstas en la ley”, afirmó.La presión presupuestalRodríguez señaló que hay más presiones presupuestales, en parte por el incremento en el pago de la reposición de votos, aunque aclaró y recordó que el Consejo Nacional Electoral (CNE) justificó el aumento en un ajuste técnico que estaba pendiente. Para 2025, el valor de la reposición por cada voto válido es de 8.433 pesos.

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