El Tribunal Administrativo de Cundinamarca aceptó la argumentación presentada por la ciudadana Tatiana Ramos, en la cual señaló que para la fecha en la que se nombró a Pedro Felipe Buitrago en la planta de personal del despacho de los jefes de misiones diplomáticas y oficinas consulares, adscrito a la Embajada de Colombia ante el Gobierno de la República Federal de Alemania, “estaba en vigencia la ley de garantías electorales”.La denuncia fue interpuesta contra el embajador de Colombia en Alemania Pedro Felipe Buitrago, y el Ministerio de Relaciones Exteriores por la expedición del decreto 360 del 11 de marzo de 2022, en el que se nombra a este funcionario en representación del país en el exterior como embajador extraordinario y plenipotenciario.Además, indicó que: “Ni acredita experiencia relacionada con política exterior, relaciones internacionales, negociaciones internacionales, relacionados con el contexto internacional o de Colombia en el exterior”.En las últimas horas fue notificado el embajador, al igual que el Ministerio de Relaciones Exteriores, tendrán un plazo de 15 días para responder a la demanda y de esta manera aclarar las inquietudes de la demandante.En mayo de este año, la Corte Constitucional tumbó la Ley de Garantías, que fue aprobada en octubre del año pasado por el Congreso de la República.Le puede interesar. Escuche El Mundo Hoy:
Lorena Cañón es una relacionista pública que hace parte de las nueve personas implicadas en la red criminal de corrupción que, presuntamente, lideraba el senador Mario Castaño. Ella estaba encargada de buscar ante los ministerios viabilidad para ejecutar proyectos a cambio de grandes sumas de dinero. En las interceptaciones que expuso la Fiscalía se le escucha hablando de la esposa de Gustavo Petro para convocar gente en Boyacá.En una de las grabaciones se le escucha a Lorena cañón hablando con Sandro Condía, exalcalde de Sogamoso, para organizar una reunión política en Boyacá, luego de que estuvo organizando otras reuniones en Armero. Esta grabación es del 1 de marzo de 2022.Y hace referencia a que el sábado 5 de marzo va a estar en Tunja la esposa de Gustavo Petro, Verónica Alcocer García. Lorena Cañón le cuenta a Sandro Condía: “Les habló de la puerta suya en Boyacá, y que necesita 100 o 200 mujeres, que si las puede tener para el sábado, es decir el 5 de marzo de 2022”, lee la fiscal del caso; además, enfatiza en que, evidentemente, Lorena no pudo cumplir con el compromiso, porque ya se encontraba privada de la libertad.En la misma conversación, la fiscal lee que Sandro Condía le confirma a Lorena Cañón que sí, y le pregunta por el lugar: “Lorena Cañón le refiere a Sandro que ya preguntan todo, dónde va a estar ella y cómo lo harían; Lorena Cañón le confirma a Sandro, que ya va a averiguar todo con una tercera persona”, lee la fiscal la transcripción de los audios.En otra llamada, del 1 de marzo de 2022, Lorena Cañón le confirma a Condía que ya realizó gestiones y confirmó que Sandro se enlista para trabajar con Gustavo Petro: “Le refiere que la esposa de Gustavo Petro va a estar el 5 de marzo de 2022 en Tunja y que está liderando todo el tema de mujer; le cuenta que, el jueves 3 de marzo, tienen reunión con ella y con la asesora que es una española, Verónica, para que lo conozcan el sábado, organice el tema de las mujeres”.Finalmente, Sandro Condía le pregunta que si la esposa de Gustavo Petro tiene conservatorio de mujeres en Tunja o si quiere una reunión aparte: “Lorena Cañón le confirma a Sandro que quiere una reunión aparte y que el jueves a las 10 definen hora y lugar, le refiere que el jueves las pone en altavoz para que las conozca a ellas”. Además de que Lorena afirma que el nuevo presidente será Gustavo Petro y Condía le responde que sí, pero que hay que ayudarle “porque estos señores no se van a dejar quitar el poder”.Para la fiscal del caso estos audios son importantes y de fin constitucional, porque expone el riesgo futuro de la actividad delictiva. “Y acuérdese que se ha dicho que esta persona con su roll de lobista tiene alta influencia en esferas políticas, nótese cómo ya se está empezando a mover desde su roll de relacionista en campañas presidenciales”, enfatizó la Fiscalía.En otras de las grabaciones se escucha a Lorena Cañón hablando directamente con el senador reelegido Mario Castaño. Para la Fiscalía se evidencia la gestión como lobista de la relacionista pública para organizarle reuniones de orden nacional.Lorena Cañón también solicitaba apresurar los contratos externos antes de que saliera la Ley de Garantías. Dentro de las conversaciones se le escucha hablando con Andrés Aristizábal, alcalde del municipio de Villa María, y luego con el senador Mario Castaño: “Mario una cosa, no sé cuándo se quiera reunir con la gente del Gran San”, a lo que Castaño le responde que hablen después del tema.Lorena Cañón también fue muy reiterativa con que los contratos salieran antes de los comicios y que no entren en la Ley de Garantías, por el interés indebido en celebración de contratos: “Pero que no se afane que eso no entra en Ley de garantías, entonces yo el lunes le marco y cualquier cosa lo conecto para que ustedes ya queden ahí, Mario está encima de eso (…) Que deben estar tranquilos porque los proyectos de sacúdete no entran en Ley de Garantías”, señaló Lorena en las grabaciones de audio que expuso la Fiscalía.
Al corregimiento de La Loma, en Bojayá (Chocó), el Ministerio del Deporte le aprobó 1.474 millones de pesos para construir una cancha polideportiva cubierta y el alcalde firmó el convenio interadministrativo el 2 de diciembre.La comunidad se puso manos a la obra: unos sacaron motosierras para cortar árboles, otros escobas y carretillas para quitar piedras y mugre, para facilitar la construcción. En ese prealistamiento se gastaron 22 millones de pesos y esta semana les notificaron que esa plata y ese tiempo se perdió.Tras el fallo de la Corte Constitucional que tumbó el cambio a la Ley de Garantías, el Ministerio del Deporte notificó a la alcaldía que Bojayá tendrá que reintegrar los 571 millones de pesos que le alcanzaron a pagar, al Tesoro Nacional. Ni siquiera después de las elecciones se va a reactivar el proyecto y el municipio tendrá que esperar a que el nuevo presidente decida si lo hace o no.“Es una comunidad sufrida por el conflicto armado. Estuve más de seis meses luchando para que me pudieran aprobar el proyecto y hoy que ya el proyecto está para ejecución, donde saqué póliza, donde se hizo todo el terreno de parte del municipio y la comunidad, hoy tenga que decirle a la nueva juventud, a los niños, que esto es terminado por Coldeportes porque no dejan hacer la construcción por la Ley de Garantías”, dijo a Blu Radio el alcalde del municipio, Edilfredo Machado.“Los que van a utilizar la cancha son los niños y ellos no votan. Hoy nos sentimos demasiado tristes, nos damos cuenta de que Colombia no avanza”, agregó.Machado asegura que no es el único proyecto que está en ‘veremos’. Desde 2021 está pidiendo apoyo para conseguir unas láminas de zinc para resolver un problema de vivienda y asegura que las necesidades de la comunidad se quedan aplazadas en medio de los trámites con el Gobierno.Otros escenarios deportivos en ‘veremos’El Ministerio del Deporte firmó nueve convenios más para la construcción de escenarios deportivos:A Mitú (Vaupés) le prometieron 7.661 millones para construir escenarios deportivos para las comunidades indígenas.A Los Córdobas (Córdoba) le prometieron 6.800 millones para un coliseo cubierto.A Sábanas de San Ángel (Magdalena) 4.600 millones para la construcción de una cancha sintética.A Morroa (Sucre) 3.534 millones para mejorar el polideportivo.A Sucre 3.380 millones para construir el escenario deportivo Pescao Frito.A Barrancabermeja 2.661 millones para construir un parque de deportes alternativos.A Samaná (Caldas) 1.833 millones para mejorar la cancha de fútbol existente.A Sacama (Casanare) 1.556 millones para construir un polideportivo.A Pailitas (Cesar) 1.430 millones para hacer el parque principal.Le puede interesar: escuche el podcast El Mundo Hoy
Tras la polémica que causó la modificación por parte del Congreso a la Ley de Garantías y posteriormente eliminación de la misma por la Corte Constitucional, el candidato de la Coalición Centro Esperanza, Sergio Fajardo, instauró denuncia ante la Comisión de Acusaciones que busca la investigación de quienes aprobaron esa modificación.“Cambiar la Ley de Garantías para poner un montón de recursos públicos en el marco de la competencia electoral para influir en las elecciones”, señaló Fajardo en compañía de su equipo de campaña de Centro Esperanza.A lo anterior, añadió que quien debió cumplir con la ley fue el mismo presidente Iván Duque, objetando lo que se aprobó en el Congreso: “El presidente es el responsable de cumplir con la ley en Colombia y el presidente Duque no cumplió con la ley”.“Lo que se hizo es violar la ley, hacer política en cabeza del señor presidente, que no debe hacer política y todo esto termina, para mí, en un acto corrupto” ,recalcó Fajardo.Sin embargo, señaló que el deber de la Comisión de Acusaciones es indagar para dónde se fueron esos recursos que se manejaron posterior a la modificación de la Ley de Garantías y que se movieron en las regiones para, posiblemente, apoyar campañas políticas.¿Qué sigue ahora?Luego de la radicación de esta denuncia formal en la secretaría, resta que sea admitida por la Comisión y posteriormente sea asignada a un representante perteneciente a la misma para que proceda con la investigación pertinente.Escuche el podcast “Zorros y Erizos” y conozca lo que ha pasado en la campaña del Pacto Histórico:
A propósito de la decisión de la Corte Constitucional de tumbar la reforma a la ley de garantías, incluida en el Presupuesto General de la Nación, BLU Radio consultó las gacetas del Congreso para determinar a los responsables de aprobar el artículo 125 de dicha ley.El gran defensor y promotor del artículo fue nada más y nada menos que el senador Mario Alberto Castaño, liberal de Caldas, y quien está siendo investigado por la Corte Suprema de Justicia como presunto líder de la red criminal creada para obtener porcentajes de contratos manipulados de varios departamentos. Castaño fue el coordinador ponente de la ley de presupuesto.Los senadores que votaron a favor de ese artículo 125 donde se modificó la ley de garantías fueron:Acuña Díaz Laureano AugustoAgudelo Zapata Iván DaríoAmín Escaf MiguelAmín Saleme Fabio RaúlAndrade Serrano EsperanzaAraújo Rumié Fernando NicolásBarreto Castillo Miguel ÁngelBedoya Pulgarín JuliánBesaile Fayad John MoisésCastañeda Gómez Ana MaríaCastaño Pérez Mario AlbertoCastillo Suárez Fabián GerardoCepeda Sarabia Efraín JoséChagüí Spath Ruby HelenaChar Chaljub ArturoCorrales Escobar AlejandroDelgado Martínez Javier MauricioDurán Barrera Jaime EnriqueFortich Sánchez Laura EstherGarcía Burgos Nora MaríaGarcía Gómez Juan CarlosGarcía Turbay Lidio ArturoGarcía Zuccardi Andrés FelipeGaviria Vélez José ObdulioGnecco Zuleta José AlfredoGómez Amín MauricioGómez Jiménez Juan DiegoGonzález Rodríguez Amanda RocíoHenríquez Pinedo Honorio MiguelHolguín Moreno Paola AndreaJiménez López Carlos AbrahamLemos Uribe Juan FelipeLobo Chinchilla DídierMacías Tovar ErnestoMartínez Aristizábal MaritzaMeisel Vergara Carlos ManuelMejía Mejía Carlos FelipeMerheg Marún Juan SamyMotoa Solarte Carlos FernandoName Cardozo José DavidName Vásquez Iván LeonidasOrtega Narváez TemístoclesParedes Aguirre Myriam AliciaPérez Oyuela José LuisPérez Vásquez NicolásPinto Hernández Miguel ÁngelSuárez Vargas John HaroldTamayo Pérez JonatanTrujillo González Carlos AndrésValencia González SantiagoVelasco Ocampo Gabriel JaimeVillalba Mosquera RodrigoZabaraín Guevara Antonio LuisZambrano Erazo Bérner LeónPese a que en la gaceta # 92 del Senado de la República, aparece el voto positivo del senador Iván Darío Agudelo, en el video de la sesión el congresista dice que su voto es "no" a la modificación el artículo de la Ley de Garantías.
El representante José Daniel López habló en Mañanas BLU acerca de la decisión de la Corte Constitucional de tumbar la modificación a la Ley de Garantías que permitía contratar en época electoral. El congresista contó la forma en que se configuró lo que a su juicio fue "un mico" en la ley de presupuesto."La nuez del asunto es que en el mes de julio del año pasado empieza a darse en los corrillos del Congreso la idea de eliminar o aminorar la Ley de Garantías para las elecciones que venían, pero si lo impulsaban a través de una reforma estatutaria, como lo manda la Constitución, por bien que les fuera iban a terminar el trámite del proyecto de ley en septiembre. Entonces tenían que irse a la Corte a la revisión previa, por bien que les fuera, si se aceptara, iba a estar en marzo para firmarse la ley, cuando ya no les servía", indicó."¿Entonces qué hicieron? El peor mico de todos, meter esta reforma como un articulito en el proyecto de ley de presupuesto general de la Nación, que es un proyecto de ley ordinario, con un trámite absolutamente distinto. Por haber hecho ese atajo para evitar el control previo de la Corte Constitucional lograron tener la ley más rápido. De hecho, lograron bajar buena plata de los convenios interadministrativos de la Nación a los territorios, pero justamente por esa misma jugada la Corte Constitucional termina dándonos la razón y ahora de manera retroactiva para tenga que devolverse la plata en los convenios que no hayan sido plenamente ejecutados", agregó el legislador.De acuerdo con el representante López, hay el fallo de la Corte Constitucional tiene tres alcances: que no se podrán suscribir nuevos convenios, pero la mayoría ya lo están; segundo, que los convenios que no hayan sido ejecutados, se respetaría como vienen; tercero, que sería el grueso de los convenios administrativos, que a partir de este jueves, tienen que dejarse absolutamente quietos y no podría gastarse un peso más, por lo que el único camino sería la liquidación y el reintegro de los recursos a la Nación."Los entes territoriales tendrán que reintegrarle esos recursos a la Nación. Eso va a meter, a quienes participaron en este proyecto de ley, como congresistas promotores, al Gobierno Nacional, pero también a alcaldes, gobernadores y contratistas en camisa de 11 varas. Seguramente lo que vendrán es una serie de demandas contra los entes territoriales, todo esto como consecuencia de la irresponsabilidad del Gobierno y de las mayorías del Congreso de aprobar un artículo de un proyecto que era a todas luces constitucional. Se les dijo de todas las maneras, no hicieron caso y aquí están las consecuencias", complementó el congresista.
La Corte Constitucional tumbó la modificación que se hizo a un artículo de la Ley de Garantías que permitía celebrar contratos interadministrativos en el periodo electoral. El alto tribunal ordenó la retroactividad, por lo que se tendría que devolver el dinero desembolsado para contratación.La Sala Plena de la Corte avaló la ponencia de la magistrada Diana Fajardo, tras varias horas de debate, y luego de analizar 28 demandas interpuestas ante este alto tribunal, la Corte planteó que se debía tumbar la suspensión de la Ley de Garantías, que fue aprobada en octubre del año pasado.Esta suspensión permitió celebrar contratos interadministrativos con entidades públicas en época electoral. Con una votación 8 – 1, la Corte determinó que debía ser retroactivo; sin embargo, esto aplicará para los contratos que estén en curso, es decir los que no han sido ejecutados y que aún están vigentes.Las reglas de la Corte Constitucional1. En los contratos que ya fueron ejecutados en su totalidad no habrá cambio alguno.2. Los contratos que se encontraban en trámite deberán terminarse inmediatamente.3. Los contratos que no se hayan ejecutado completamente deberán terminarse y liquidarse inmediatamente sin perjuicio de la devolución de los recursos girados y no ejecutados. Hay una excepción a esta regla: “Se exceptúan los contratos en curso dirigidos a atender las necesidades básicas insatisfechas de salud, educación, saneamiento ambiental, agua potable y vivienda".4. La Corte dejó claro que esta decisión no exime de responsabilidades penales, fiscales, administrativas o disciplinarias a quienes estén involucrados en presuntas irregularidades contractuales.Le puede interesar. Escuche el podcast El mundo hoy:
32 alcaldías y la Gobernación del Huila tendrían que devolver al Gobierno Nacional poco más de 89.000 millones de pesos en total, luego de que la Corte Constitucional tumbara la modificación a la Ley de Garantías que permitió a alcaldes y gobernadores firmar convenios interadministrativos con el Gobierno en época de elecciones.Estos convenios fueron firmados con el Ministerio del Interior y se publicaron en el Sistema de Contratación Pública en el mes de diciembre del 2021.En la lista destacan las alcaldías de Sabaneta, Leticia, Popayán, Río Quito y Villagarzón.Sin embargo, la mayoría de los alcaldes y gobernadores corrieron para dejar firmados sus convenios antes de la entrada en vigor de la Ley de Garantías el 13 de noviembre del 2021, porque ninguno quería someterse a lo que está pasando hoy.Por ejemplo, el Ministerio de Salud le entregó a la Gobernación de Risaralda 599 mil millones de pesos el 12 de noviembre, para que contrate y construya el hospital Carolina Larrarte Nuestra Señora de los Remedios.Otra muestra es lo que ya les habíamos contado en primicia y es que Invías firmó convenios por 2.8 billones de pesos con alcaldías y gobernaciones en un solo día.La Contraloría General de la República está analizando las bases de datos del Sistema Electrónico de Contratación Pública para emitir un pronunciamiento.Le puede interesar: escuche el podcast El Mundo Hoy
La Corte Constitucional con una votación 8-1 tumbó la modificación que se le hizo a Ley de Garantías a través de la Ley de Presupuesto, esa modificación le permitía a los alcaldes y gobernadores suscribir convenios interadministrativos durante los cuatro meses anteriores a la elección presidencial.Recordemos que esta fue una excepción que hizo el presidente Iván Duque en medio de la pandemia, sin embargo fue demandada, por lo que su estudio entró a ser evaluado por la Corte Constitucional.La demanda la presentaron el representante a la cámara de Cambio Radical José Daniel López y el senador electo David Luna. Según los demandantes, una ley ordinaria no puede modificar una Ley Estatutaria, como la Ley de Garantías, que exige mayorías distintas para su aprobación.La ponencia estudiada por el alto tribunal se debatió este 5 de mayo, en Sala Plena de la Corte Constitucional y advertía que una vez se tomara la decisión por parte de la Corte, no se podrían seguir adelantando convenios interadministrativos de cara a las elecciones de Presidencia del próximo 29 de mayo.El pulso en la Corte Constitucional giró en torno de si se tumbaba esta modificación a la Ley de Garantías con retroactividad o no, en este caso la Corte Constitucional falló con esta premisa, por lo que se caen todos los contratos que los alcaldes y gobernadores firmaron bajo esta excepción y deben devolver el dinero que se desembolsó entre entidades estatales, en cambio si se hacía con efectos inmediatos se hubieran mantenido los contratos pasados.La ponencia también ordena que los convenios interadministrativos suscritos a la fecha que estén en etapa de ejecución “deberán terminarse y liquidarse inmediatamente”.La Procuraduría General de la Nación fue uno de los entes de control que apoyó la determinación y le hizo llegar su concepto a la Corte Constitucional acerca de la Ley de Garantías, en el que dice que no aprueba la modificación que se le hace a través de la Ley de Presupuesto.Margarita Cabello indicó “que debido a la especial fuerza que caracteriza a las normas estatutarias, como lo es la Ley de Garantías Electorales, no es posible constitucionalmente su modificación por medio de una disposición contenida en una ley anual de presupuesto”.Además, recordó que la prohibición de celebrar contratos interadministrativos es una regulación de la participación en política de los servidores públicos que debe garantizar los principios de la función administrativa.Por su parte, la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente - le hizo llegar otro concepto a la Corte Constitucional en el que dice que si aprobaba esta modificación.
La Procuraduría General de la Nación ya le envió su concepto a la Corte Constitucional acerca de la Ley de Garantías, en el que dice que no aprueba la modificación que se le hace a través de la Ley de Presupuesto: dicha modificación le permitía a los alcaldes y gobernadores suscribir convenios interadministrativos durante los cuatro meses anteriores a la elección presidencial. La modificación fue impulsada por la Presidencia de la República en medio la pandemia y fue demandada, por lo que su estudio es evaluado por la Corte Constitucional.La procuradora Margarita Cabello indicó “que debido a la especial fuerza que caracteriza a las normas estatutarias (como lo es la Ley de Garantías Electorales), no es posible constitucionalmente su modificación por medio de una disposición contenida en una ley anual de presupuesto”.La jefa del Ministerio Público recordó que la prohibición de celebrar contratos interadministrativos es una regulación de la participación en política de los servidores públicos que debe garantizar los principios de la función administrativa: “en particular la moralidad, la imparcialidad y la eficacia en el cumplimiento de las funciones”.Cabello le pidió a la Corte Constitución que tumbe la Ley de Presupuesto, por medio de la cual se modificaba la Ley de Garantías: “solicitó a la Corte Constitucional que declare la inexequibilidad de la norma demandada, siguiendo las reglas ordinarias sobre los efectos temporales de sus decisiones, así como atendiendo la jurisprudencia sobre la materia”. También resaltó que la Corte Constitucional “ha aclarado que no es posible incorporar una disposición estatutaria en una ley de presupuesto ante la afectación que implica para el principio de frenos y contrapesos”.
Ayer, varios domiciliarios que trabajan con aplicaciones en Cali protagonizaron una manifestación en la Avenida Vásquez Cobo, exigiendo a las autoridades esclarecer el trágico incidente en el que perdió la vida Andrés Restrepo, un rappitendero que fue atacado en la madrugada del 1 de junio.De acuerdo con versiones preliminares, el domiciliario fue agredido por tres hombres, quienes le robaron su celular y posteriormente lo asesinaron.Los domiciliarios demandan a la alcaldía una mayor seguridad en los barrios durante las horas nocturnas y madrugadas, para poder ejercer su labor con tranquilidad."Requerimos una mayor presencia policial en las calles durante la noche y madrugada, para que podamos trabajar sin miedo. Pedimos que se haga justicia en el caso de nuestro compañero Felipe", aseguró Álvaro Velasco, vicepresidente del sindicato de domiciliarios.Hasta el momento, las autoridades no han confirmado oficialmente el incidente.Sin embargo, representantes de la empresa Rappi se pronunciaron lamentando el asesinato de uno de sus colaboradores y anunciaron cambios en los horarios de trabajo en dicha zona de la ciudad.Los rappitenderos también anunciaron una protesta esta semana frente a la Alcaldía de Cali, como medida de presión para que se tomen acciones concretas y se garantice la seguridad de los trabajadores.La trágica muerte de Andrés Restrepo ha generado conmoción en la comunidad de domiciliarios y ha puesto en evidencia la importancia de fortalecer las medidas de seguridad para este gremio, que desempeña un papel fundamental en el contexto de las entregas a domicilio.Se espera que las autoridades realicen una pronta investigación para esclarecer los hechos y se tomen las medidas necesarias para prevenir futuros incidentes de violencia que pongan en riesgo la integridad de los trabajadores del sector de domicilios en la ciudad de Cali.Le puede interesar:
El París Saint-Germain (PSG) confirmó finalmente este sábado la salida del club del delantero argentino Leo Messi, tras dos temporadas en la capital francesa y a pocas horas del último partido liguero contra el Clermont en el Parque de los Príncipes.La noticia la había avanzado ya el jueves el entrenador del PSG, Christophe Galtier, en una rueda de prensa, pero horas después el propio club matizó que el técnico se había "expresado mal", dejando en el aire la veracidad de la noticia.Este sábado, en coincidencia con la última jornada de una Liga 1 de la que el PSG ya se declaró campeón el fin de semana pasado, el propio club anunció oficialmente la salida del reciente campeón del mundo con Argentina con un comunicado titulado "Leo, gracias"."El París Saint-Germain se enorgullece de tener en sus filas al mejor jugador de la historia, y le desea a Leo mucho éxito para el resto de su carrera", indica el mensaje.En el mismo mensaje Messi transmitió: "Gracias al club, a la ciudad de París y a sus habitantes por estos dos años. Les deseo lo mejor para el futuro". Por su parte, el presidente del PSG, Nasser Al-Khelaïfi, destacó que fue un "placer" ver a un siete veces ganador del Balón de Oro vestir de rojo y azul en el Parque de los Príncipes, ganar dos veces consecutivas la liga francesa e inspirar a los más jóvenes."Su contribución al Paris Saint-Germain y a la Ligue 1 no puede ser subestimada y deseamos a Leo y a su familia todo lo mejor para el futuro", remarcó el presidente.En esta despedida, el PSG repasó también la aventura francesa de la "Pulga", que ataviado con el número 30 convirtió un total de 32 goles y ofreció 35 pases decisivos para el club parisino.Messi llegó a París en agosto de 2021 con un contrato de dos temporadas más una tercera en opción, procedente de su club de toda la vida, el Barcelona, que se dijo incapaz de poder pagarle.Tras el Mundial de Qatar, parecía que el jugador y el club activarían ese año suplementario, pero en las últimas semanas las posiciones se fueron distanciando.El futbolista de 35 años, siete veces Balón de Oro y campeón del mundo con Argentina en 2022, baraja diversas ofertas, una faraónica procedente de Arabia Saudí que sería el mayor contrato de la historia del fútbol.Pero hay otras opciones, como regresar al Barcelona o fichar por el Inter de Miami. Le puede interesar:
En el aeropuerto Simón Bolívar de Santa Marta se registró un lamentable caso de agresión a personal de una aerolínea, esta vez LATAM. Un sujeto, en aparente estado de embriaguez, respondió de manera violenta cuando se le solicitó presentar sus documentos para abordar. Los hechos quedaron registrados en videos que se compartieron ampliamente en redes sociales.El incidente ocurrió cuando el individuo se encontraba en el proceso de verificación de documentos previo al abordaje. En un primer momento, se puede observar cómo el hombre se muestra visiblemente agresivo y comienza a discutir con un funcionario de la aerolínea. En cuestión de segundos, la situación se torna violenta, y el sujeto propina golpes al trabajador, desatando una pelea en pleno aeropuerto.En las imágenes también se aprecia la intervención de lo que parecen ser familiares del agresor, quienes se suman a la trifulca y generan aún más caos en el lugar. Otros empleados de la aerolínea intentan controlar la situación y separar a los involucrados en el altercado.Aquí el video: Hasta el momento ni el aeropuerto ni Latam han emitido un comunicado sobre este hecho. La violencia en los aeropuertos es un hecho inaceptable pero los casos se han dado de manera repetitiva. Hace apenas unas semanas una viajera que iba con su hija menor de edad, agredió a varios empleados de Avianca, quienes le habían solicitado el registro civil de la pequeña para poder abordar el avión.Este nuevo caso de intolerancia se registró en el Aeropuerto Los Garzones en Montería y fue porque los funcionarios de la aerolínea no le permitieron a la señora abordar su vuelo por no presentar el registro civil de su hija.Enfurecida, la pasajera empezó a golpear a una empleada con puños y patadas, y pidiendo que llegara la Policía.Le puede interesar:
Luego de que el Gobierno de los Estados Unidos decidiera en las últimas horas retirar la visa al exembajador de Colombia en Venezuela Armando Benedetti, el exfuncionario reaccionó y explicó que las autoridades norteamericanas desconocen las verdaderas razones por las que viajaba constantemente a Estados Unidos.“Visa americana: Según una importante fuente, la visa americana es revocada por 'mal uso del pasaporte'. Lo que se desconoce es que siempre que he viajado a Estados Unidos ha sido para encontrarme con altos dignatarios de allá”, señaló Benedetti en su cuenta de Twitter.Sin embargo, un día antes de que regresara a Colombia para reunirse con el presidente Petro, el exdiplomático se encontraba en Los Ángeles (EE.UU.) visitando a su familia y acompañando a su hijo a su grado de la escuela primaria; viaje que al parecer, habría hecho sin notificar y pedir permiso al Canciller Álvaro Leyva, su superior directo.“Vine a ver a mi hijo, lo estoy visitando y lo abrazo hoy, en su graduación de Elementary School. Te amo, hijo”, escribió hace pocos días el exembajador en su cuenta de la red social Instagram.Benedetti renunció a su cargo como representante diplomático en Caracas, luego de estar involucrado en el escándalo que protagonizó la exniñera de la ahora exjefe de gabinete del Gobierno Petro, Laura Sarabia, y que involucra el presunto uso indebido de la prueba del polígrafo e interceptaciones ilegales a la trabajadora doméstica para buscar esclarecer un robo en la residencia de Sarabia.Fuentes incluso señalan que Benedetti también habría tenido tensiones con el canciller Leyva y que no sería la primera vez que este viajaba a otros países distintos a donde estaba cumpliendo su misión diplomática, sin permiso del Ministerio de Relaciones Exteriores.Le puede interesar:
En medio de la reciente polémica por el mal uso del polígrafo que se le realizó a la exniñera de exjefe de gabinete, Laura Sarabia, y el escándalo de las supuestas interceptaciones ilegales, el senador del Pacto Histórico Iván Cepeda reconoció que se han presentado errores que se deben corregir e indicó que se debe buscar si existe algún montaje en este escándalo que busque el desprestigio del Gobierno del presidente Petro.“En lo que haya que corregir errores, el gobierno, pues, debe hacerlo. Examinarlos y rectificar. Pero también pasar a determinar quiénes están en prácticas que signifiquen cualquier forma de abuso de poder, si es el caso. Presidente ha sido muy claro y ha dado una orden explícita sobre eso. Así como también debe determinarse si hay montajes o manipulaciones para socavar el prestigio y la legitimidad del gobierno y del presidente”, señaló el congresista.Cabe recordar que, este viernes en una ceremonia de ascensos el presidente Gustavo Petro, en medio del escándalo por el caso de la exempleada de su exjefe de gabinete, que involucra a Sarabia y a Armando Benedetti, decidió retirar a ambos funcionarios del Gobierno.Otros sectores que apoyan al presidente Gustavo Petro celebraron la determinación de sacar algunos funcionarios que estuvieron muy activos en campaña durante el 2022 como lo aseguró el gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, en su cuenta de Twitter.“Alivia ver como salen, esperemos no transitoriamente, los lagartos colados en el Gobierno, verdaderos agentes conspiradores de sectores tradicionales, encargados de entorpecer desde adentro su reorganización y el impulso de las reformas que tanto necesitan los colombianos. Faltan otros más, por ejemplo, en el Magdalena, el Clan Diazgranados y algunos parapolíticos con credencial de congresistas; 20 años dando la lucha y llegaron tantos paracaidistas de la política tradicional. Nuestro respaldo a sus decisiones @petrogustavo” manifestó Caicedo.Le puede interesar:
