Ley de garantías

La finalización de la Ley de Garantías, que restringe ciertos procesos de contratación durante los periodos electorales, volvió a poner bajo la lupa el manejo de los recursos públicos en la recta final del actual Gobierno. Aunque la normativa permite que la administración continúe contratando hasta el último día de su mandato, el volumen de contratos firmados en pocas semanas ha despertado cuestionamientos sobre la transparencia y la conveniencia de estas decisiones en medio de la transición presidencial.En entrevista en Mañanas Blu 10:30, el director ejecutivo de Transparencia por Colombia, Andrés Hernández, presentó los resultados de un seguimiento realizado por la organización entre el 22 de junio, un día después de la segunda vuelta presidencial, y el 10 de julio. El informe revela que durante ese periodo se suscribieron más de 49.000 contratos por cerca de 7,5 billones de pesos en todo el país. De ese total, 3,4 billones de pesos corresponden al Gobierno nacional, una cifra que, si bien no constituye una irregularidad en sí misma, sí amerita una revisión detallada.Hernández fue enfático en señalar que no existe ninguna prohibición legal que impida al Gobierno saliente seguir contratando hasta el final de su mandato. “No hay ningún impedimento normativo para que este o gobiernos anteriores hubieran dejado de contratar entre la segunda vuelta y la entrega del mandato”, explicó. Agregó que el Ejecutivo mantiene plenamente vigente su competencia para ejecutar recursos públicos mientras permanezca en funciones.Sin embargo, el director de Transparencia por Colombia advirtió que el elevado volumen de contratación en un periodo tan corto debe analizarse con especial atención. “Podría tener una lectura de qué pasa después de garantías, donde termina represada una gran cantidad de recursos públicos, pero al mismo tiempo podría tener una lectura de generar unas alertas alrededor de qué está pasando con esa contratación”, afirmó.Uno de los aspectos que más preocupa a la organización es la modalidad de contratación utilizada. Según Hernández, la contratación directa fue la más frecuente dentro del periodo analizado, con aproximadamente 344.000 millones de pesos comprometidos bajo este mecanismo, principalmente en contratos de prestación de servicios y apoyo a la gestión.Aunque aclaró que esta modalidad no implica necesariamente actos de corrupción, sí insistió en la necesidad de ejercer controles adicionales. “Esto no necesariamente significa corrupción per se, pero sí significa una alerta que hay que ojalá revisar desde organismos de control y, por supuesto, también el gobierno entrante”, indicó.El análisis también buscó establecer si este comportamiento representa una anomalía frente a administraciones anteriores. Sobre este punto, Hernández explicó que la comparación con el cierre del gobierno de Iván Duque resulta compleja debido a factores como la emergencia sanitaria y las diferencias en el contexto económico. No obstante, sostuvo que no parece tratarse de un comportamiento atípico.“No pareciera ser un comportamiento necesariamente atípico que en la salida de un gobierno, después de la ley de garantías, tenga un pico alto de gasto. Esto no quiere decir de todas formas que no haya banderas rojas”, precisó.El directivo recordó además que la Contraloría ya había advertido un incremento significativo en la contratación justo antes de la entrada en vigor de la Ley de Garantías, cuando se registró un pico cercano a los 8 billones de pesos en apenas una semana. Ahora, con el levantamiento de las restricciones, vuelve a observarse un aumento importante en la ejecución de recursos públicos.Otro de los hallazgos del informe es que el 52 % de los contratos fueron suscritos por entidades territoriales, mientras que el 48 % restante corresponde al nivel nacional. Aunque el Gobierno concentra los mayores montos de inversión, la actividad contractual es más numerosa en departamentos y municipios.Frente al debate sobre la descentralización administrativa planteado por el gobierno entrante, Hernández consideró que trasladar temporalmente la sede del Ejecutivo a diferentes ciudades tendría principalmente un efecto simbólico y no resolvería los problemas estructurales relacionados con la corrupción.“La corrupción no está exclusivamente ni en el nivel descentralizado ni a nivel nacional. Nuestros datos indican que hay corrupción en los dos niveles casi que por igual”, aseguró. En su concepto, una verdadera descentralización requiere avanzar en una ley de competencias que defina con mayor claridad las funciones, los recursos y los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas para las entidades territoriales.Finalmente, Hernández reiteró que el propósito del informe no es cuestionar la legalidad de la contratación realizada, sino aportar información que permita fortalecer la vigilancia institucional durante el proceso de empalme entre gobiernos.“Aquí hay un tema importante por revisar en términos de gestión y, de nuevo, de poder mirar con datos específicos dónde están esas alertas que órganos de control y el gobierno entrante deberán mirar”, concluyó. Con ello, Transparencia por Colombia insiste en que el cierre del actual mandato debe estar acompañado de la mayor responsabilidad y transparencia posible en el manejo de los recursos públicos.

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