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Ley de Garantías comenzará a aplicar desde este jueves en el país

Hasta que finalice la jornada electoral, la Ley de Garantías evitará que hayan contratos públicos que puedan alterar la legitimidad de los comicios, con posibilidad de ampliarse en Bogotá.

Juez
Blu Radio - AFP
Blu Radio - AFP

Desde este jueves, 29 de junio, en Colombia empezará a aplicar la Ley de Garantías que suspende la contratación pública por un periodo de cuatro meses, esto, hasta que finalice la jornada electoral del próximo 29 de octubre; asimismo, hay posibilidad de que se amplíe en Bogotá hasta el 19 de noviembre por la segunda vuelta.

Durante ese periodo se prohíben contratos interadministrativos, no se pueden hacer contratos de prestación de servicios, de arrendamientos de inmuebles, con proveedores, entre otros.

“No se podrán realizar contratos interadministrativos para la ejecución de recursos públicos ni participar, promover y destinar recursos públicos de las entidades a su cargo como tampoco de las que participe como miembros de las juntas directivas o para reuniones de carácter proselitistas. Tampoco podrán inaugurar obras públicas o dar inicio a los programas de carácter social en reuniones o eventos en los que participe candidatos a las gobernaciones, a las asambleas, a las alcaldías, concejos municipales o distritales y tampoco podrán hacer cuando participen voceros de los candidatos”, explicó el abogado y experto en temas electorales Alfonso Portela.

No se pueden usar inmuebles de carácter público para actividades proselitistas ni para facilitar el alojamiento ni el transporte de candidatos a cargo de elección popular o sus voceros.

“No podrá modificar la nómina del respectivo ente territorial o entidad salvo que se trate de provisión de cargos o faltas definitivas con ocasión de muerte o renuncia irrevocable del cargo correspondiente debidamente aceptada y en los casos de aplicación de las normas de carrera administrativa”, agregó Portela.

En definitivas, la Ley de Garantías busca evitar cualquier tipo de ventaja injustificada con el uso de los recursos del Estado en las campañas electorales que se avecinan en el país.

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