En 2019, Aida Merlano Rebolledo ocupó los primeros titulares tras fugarse de un consultorio odontológico al norte de Bogotá. Hoy, 7 años después, el Ministerio Público está confirmando en un fallo de segunda instancia la destitución e inhabilidad por 10 años contra la exdirectora de la cárcel El Buen Pastor.La Procuraduría pudo comprobar que Diana Muñoz entregó las boletas hospitalarias y la orden judicial para la salida del centro de reclusión de Aida Merlano con el objeto de realizarse un procedimiento estético dental, sin autorización del Inpec.La misma sanción fue impuesta al excomandante de custodia, David Álvarez, quien suscribió la remisión médica de Merlano sin las medidas de seguridad necesarias; y a la exsubdirectora, Katherine Lozano, por aprobar el traslado de Merlano al consultorio médico, el 26 de septiembre y 1 de octubre de ese mismo año.Pero además la Procuraduría suspendió por tres meses al exdragoneante, Luis Ballesteros, por permitir el encuentro familiar de la exfuncionaria con sus hijos, durante una cita médica.En su decisión, la Procuraduría concluyó que los funcionarios disciplinados vulneraron los principios de moralidad, responsabilidad, transparencia y eficacia que rigen la función pública.Ahora, en materia penal, la excongresista Aida Merlano Rebolledo fue condenada a tres años y seis meses de prisión, además de igual período de inhabilidad para ejercer funciones públicas, tras aceptar su responsabilidad en los hechos relacionados con su fuga durante una cita odontológica en el norte de Bogotá el 1 de octubre de 2019.
La Fiscalía General de la Nación acusó formalmente al empresario Julio Gerlein y a los abogados Teodoro Antonio Deyongh y Diego Luis Muñetón por los delitos de soborno en actuación penal y falso testimonio, en hechos que estarían relacionados con ofrecimientos económicos a la excongresista Aida Merlano, condenada por el escándalo de compra de votos en la costa Caribe.Durante la audiencia de acusación, el fiscal del caso precisó los roles que le atribuye a cada uno de los procesados: “Julio Eduardo Gerlein, identificado ya su señoría como presunto determinador del delito de soborno en la actuación penal; al doctor Teodoro Antonio Deyongh, identificado ya con la cédula antes referida, como presunto autor del delito de soborno en la actuación penal; al Dr. Diego Luis Muñetón como presunto determinador del delito de falso testimonio y coautor del delito de soborno en la actuación penal”.Según la investigación, los hechos habrían ocurrido cuando Aida Merlano se encontraba recluida en la cárcel El Buen Pastor, en Bogotá. De acuerdo con el ente acusador, los hoy acusados habrían intentado comprar su silencio mientras ella entregaba información a la Corte Suprema de Justicia sobre hechos de corrupción electoral en el Atlántico.En los registros expuestos por la Fiscalía, se indicó que el abogado Diego Muñetón ingresó en tres ocasiones al centro penitenciario para visitar a Merlano. En audiencia, el fiscal aseguró: “Usted le señaló a la señora Aida Merlano que iba como emisario del señor Alejandro Char, quien presuntamente le entregó una carta. En esta visita se le ofreció la suma de 500 millones de pesos para que pudiera pagar gastos médicos del tratamiento de su hijo menor de edad y también pudiera pagar los honorarios de sus abogados. Este es el primer ofrecimiento dinerario que se ejecuta por parte suya, doctor Muñetón, el día 28 de septiembre del año 2018, según la presunta víctima dentro de las presentes diligencias”.La Fiscalía agregó que, “posterior a esta visita, cuando se acercaban las citaciones a diligencias de declaración jurada de la señora Aida Merlano Rebolledo ante la Honorable Corte Suprema de Justicia, dentro de la investigación que se adelantaba en contra del señor Arturo Char, volvió usted, el doctor Muñetón, a visitarla, específicamente el 9 de agosto del año 2019, nuevamente en el establecimiento carcelario”.El ente acusador también señaló que el abogado Teodoro Deyongh realizó dos visitas a la excongresista en El Buen Pastor, presuntamente para ofrecerle dinero con el fin de que no mencionara a la familia Gerlein en sus declaraciones judiciales.
La excongresista Aida Merlano Rebolledo fue condenada a tres años y seis meses de prisión, además de igual período de inhabilidad para ejercer funciones públicas, tras aceptar su responsabilidad en los hechos relacionados con su fuga durante una cita odontológica en el norte de Bogotá el 1 de octubre de 2019. La decisión fue adoptada por la juez 18 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá, quien avaló el preacuerdo logrado entre la Fiscalía General de la Nación y la excongresista por el delito de fuga de presos. La pena quedó fijada en 42 meses y un día de prisión.Durante la diligencia la Juez informó que además de la condena se ordena “negar a la señora Aida Merlano Rebolledo, los sustitutos penales de la suspensión condicionante de la ejecución de la pena y la prisión domiciliaria conforme a los antecedentes e intento de fuga y, en consecuencia, una vez quede en firme la sentencia, se dispone a oficiar al INPEC para que, una vez quede en libertad por cuenta de los otros procesos, se deje a disposición para el cumplimiento de la presente sentencia”.La fuga, ocurrida en 2019, se convirtió en uno de los episodios más recordados de la historia judicial reciente. Merlano, trasladada desde su lugar de reclusión a un consultorio odontológico en el norte de la ciudad, se lanzó por una ventana utilizando una cuerda improvisada. Tras caer al primer piso, fue recogida por un hombre, quien la ayudó a escapar en motocicleta. Ese hecho derivó en la apertura de un nuevo proceso penal y, finalmente, en la negociación del preacuerdo que la excongresista firmó con la Fiscalía.Durante la diligencia judicial de aprobación del acuerdo, la juez también reconoció al INPEC como víctima institucional. El abogado del Instituto sostuvo que la fuga afectó la confianza ciudadana y deterioró la reputación de la entidad encargada de la custodia de personas privadas de la libertad. La juez acogió esa solicitud y señaló que la credibilidad pública del INPEC se vio comprometida, así como la percepción de posibles irregularidades internas derivadas del episodio.Durante la diligencia, Aida Merlano aprovechó para ofrecer disculpas públicas a las personas que, según dijo, resultaron afectadas por su fuga. Señaló que su decisión respondió al miedo y a la necesidad de protegerse, y aseguró haber sido víctima de abusos dentro del INPEC, hechos que , afirmó, están denunciados. Merlano pidió perdón a la Administración de Justicia, al odontólogo involucrado en la cita del día de la fuga y al capitán Álvarez, a quien considera injustamente condenado. También extendió disculpas a su familia, en especial a sus hijos Aida Victoria y Esteban José, por las afectaciones emocionales que les generó el episodio.Merlano, quien hoy suma esta nueva sentencia, cumple otras condenas en su contra por hechos de corrupción. En septiembre de 2019, la Corte Suprema de Justicia la condenó a cinco años y seis meses de prisión por superar los topes electorales durante su campaña al Congreso en 2018, proceso que marcó el inicio de su situación judicial. Con la decisión adoptada este viernes, queda en firme su responsabilidad penal por la cinematográfica fuga registrada hace cinco años.
El rifirrafe entre Aida Victoria Merlano y el papá de su hijo, Juan David Tejada, le colmó a su mamá, Aida Merlano, la paciencia y a través de redes sociales se pronunció sobre esta ola de odio que han recibido ambos por esta ruptura, además de los comentarios que han recibido de parte y parte.“He decidido pronunciarme públicamente para proteger la tranquilidad de mi familia y, sobre todo, la dignidad del menor involucrado. Mi prioridad es el bienestar de mi nieto y su derecho a crecer en un entorno sano, lejos del conflicto y del deterioro moral que genera la exposición pública”, dijo.Aseguró que evitó hablar sobre el tema porque era “un tema privado”, pero al ver que todo escaló y se volvió en un chisme público decidió hacer un llamado al respeto y prudencia, al igual que un llamado tanto a su hija como a su expareja a que “dejen de atacarse el uno al otro”.“Tanto Aida Victoria como Juan David son responsable de la situación actual. Son dos adultos que tomaron decisiones y deben asumir las consecuencias de sus actos. Ninguno de los dos tiene derecho a denigrar al otro ni a alimentar conflictos públicos, porque ahora tienen un hijo que mereces crecer con orgullo por sus padres, no con vergüenza. Ese niño no pidió venir al mundo; ellos eligieron tenerlo, y le deben respeto y protección”, puntualizó.Pidió a influencers y personas en redes sociales que tengan respeto con el niño en esta situación, al igual que detengan los señalamientos y ataques en donde se pone en vilo la reputación de su familia y confesó que llegaron a ser víctimas de presiones y miedos, las cuales serán puestas en las manos de las autoridades.Por último, detalló que "falta madurez", pues esta se encuentra cuando se hacen acciones que construyan paz, no peleas ni comentarios en redes sociales.“Por el bien del niño, haré todo lo que esté a mi alcance para garantizarle el derecho de crecer con la presencia de ambos padres, dignos, respetados y conscientes de su responsabilidad. Porque la verdadera madurez no se demuestra con palabras ni en redes sociales, sino con el ejemplo y el silencio que construyan paz”, finalizó.
Reapareció públicamente la excongresista Aida Merlano, esto, en medio de una audiencia preparatoria donde la Fiscalía General de la Nación presentó ante el juzgado 18 penal del circuito de Bogotá el preacuerdo suscrito entre Merlano y el ente acusador por el delito de fuga de presos.Todo esto, tras la cinematográfica fuga que protagonizó Merlano en octubre de 2019 mientras asistía a una cita odontológica en Bogotá y saltara desde un tercer piso con ayuda de una cuerda.Merlano tuvo unos minutos para dirigirse a la juez y, entre lágrimas, aseguró que en la guarnición militar donde está recluida actualmente siente más tranquilidad y que no se arrepiente de haberse fugado, pero sí de los delitos que la llevaron a estar presa la primera vez."Ahora mismo yo tampoco quiero salir de donde estoy porque me siento tranquila, solamente yo sé las razones que me llevaron a fugarme y quiero decirle por mi propia voluntad que yo estoy muy arrepentida, no de haberme fugado porque no me arrepiento de eso. Me arrepiento de haber cometido errores, entre esos los delitos que me llevaron a estar privada de la libertad por primera vez", añadió la excongresista.Para la Procuraduría, el preacuerdo suscrito entre la Fiscalía y Aida Merlano se ajusta a la legalidad, entre tanto, la jueza fijó para el próximo 5 de diciembre la fecha de lectura donde se conocerá si se imparte legalidad al preacuerdo.La Fiscalía llamó a juicio a Merlano Rebolledo hace ya casi 2 años.Según el documento del ente acusador, la excongresista aprovechó para lanzarse por la ventana del consultorio que daba al parqueadero del edificio, con la ayuda de una cuerda y guantes, elementos que le fueron suministrados por terceros, más un entramado de corrupción por parte de funcionarios del Inpec y de particulares que facilitaron su fuga.
Siete días después de que el conocido empresario de la construcción Julio Gerlein fuera imputado por la Fiscalía por presuntamente haber entregado sobornos a Aida Merlano para que no declarara contra él en el conocido caso de la 'Casa blanca', el Tribunal Superior de Barranquilla ratificó en segunda instancia la preclusión del proceso por compra de votos y violación de topes electorales. Se trata de un fallo proferido el pasado 29 de julio por el magistrado Demóstenes Camargo, en respuesta a la apelación realizada en octubre pasado por la Fiscalía al fallo de primera instancia que, además, absolvió a Gerlein por el delito de concierto para delinquir. De acuerdo con la información que conoció Blu Radio, la respuesta del Tribunal se dio nueve meses después de que fuese asignado al magistrado Camargo, quien respaldó precluir el proceso, debido a que había prescrito por el tiempo que había transcurrido entre las diligencias judiciales, a partir del momento de la imputación. "Como se puede observar, las penas máximas de los dos delitos examinados, no tiene una pena superior a 8 años, es decir que la mitad de dichas cifras, corresponden a 4 años, contando desde la fecha en que se celebró la diligencia de formulación de imputación, que se hizo el día 1 de noviembre de 2018, hasta la fecha, en que se hizo el sentido del fallo, y hasta este día en que se profiere la sentencia de fondo, han trascurridos 5 años y 10 meses, por lo tanto, las acciones penales, por estas dos conductas punibles, se encuentran vencidas por prescripción", indica la solicitud presentada por la defensa en el fallo de primera instancia. Por lo pronto, se espera respuesta de las partes que están involucradas en el proceso, sobre si habrá una apelación ante la Corte Suprema de Justicia o si las acciones cesarán en esta segunda instancia ante el Tribunal Superior de Barranquilla. Mientras tanto, el proceso contra Gerlein por presunto soborno a Merlano seguirá avanzando.
Julio Gerlein regresó a los estrados judiciales el pasado 22 de julio para atender la imputación de cargos a la que la Fiscalía lo citó para reanudar el proceso por supuesto soborno en actuación penal, por la presunta entrega de dinero a la excongresista Aida Merlano realizadas entre 2018 y 2019 para que no declarara en su contra por el proceso de compra de votos que le adelantaba la justicia. Pese a que la Fiscalía había indicado que la imputación sería en octubre de 2023, esta se vio postergada durante casi dos años, hasta que finalmente se realizó la diligencia en los centros judiciales de Paloquemao, Bogotá. Como parte de proceso, también fueron imputados los abogados del conocido empresario, Diego Muñetón y Teodoro Deyongh, quienes supuestamente se habrían encargado de realizar las visitas a Merlano en la Cárcel de Mujeres El Buen Pastor, para presuntamente ofrecerle el dinero y acordar que no declarara contra Gerlein. En medio de la audiencia, Blu Radio conoció que ninguno de los tres aceptó cargos, por lo que se espera que el proceso avance hacia audiencias preparatorias de juicio. Gerlein, además, fue absuelto en 2024 por el delito de concierto para delinquir y le declararon preclusión por los delitos de corrupción al sufragante e interviniente de violación a los topes o límites electorales, debido a que habían prescrito los tiempos en el proceso.Precisamente, por estos último delitos es que supuestamente la excongresista Merlano habría sido sobornada para que cambiara su versión durante el juicio que le adelantaban por compra de votos durante las elecciones legislativas de 2018.
Por octava ocasión fue aplazada la audiencia de imputación de cargos contra Julio Gerlein y los abogados Diego Muñeton y Antonio Deyongh por supuesto soborno en la fuga de la excongresista Aida Merlano, en octubre de 2019. De acuerdo con información entregada por el juzgado 36 penal municipal con función de control de garantías de Bogotá, el fiscal del caso solicitó el aplazamiento debido a que tenía en curso otra diligencia que le impedía atender esta. "El fiscal 104 Delegado ante el Tribunal Superior de Bogotá Dr. Daniel Ricardo Hernández Martínez manifiesta que retira la misma como quiera que se encuentra asistiendo a diligencia ante otro Estrado Judicial", indica el documento. Este caso, se remonta al agosto de 2023, cuando la Fiscalía radicó la solicitud de imputación de cargos, tras la denuncia presentada por Miguel Ángel del Río, quien funge como abogado defensor de Aida Merlano, por presuntos ofrecimientos económicos por parte de Gerlein, Muñeton y Deyongh, a la excongresista, para que no entregara información una vez hablara ante la Corte Suprema de Justicia. Desde entonces han sido programadas en ocho ocasiones las audiencias, pero estas han sido aplazadas por diferentes solicitudes de la Fiscalía. Para el caso de la más reciente, aún no ha sido entregada una fecha tentativa para la nueva audiencia. Del caso se conoce que Gerlein y Deyonhg serían imputados por soborno en actuación penal. Entre tanto, para el caso del abogado Muñeton, este sería por el mismo delito y también como determinador de falso testimonio.
Luego de la cinematográfica fuga de la excongresista Aida Merlano de un consultorio médico en el norte de Bogotá el 1 de octubre de 2019, la Procuraduría sancionó con destitución e inhabilidad general por 8 años cuatro funcionarios del Inpec.La medida cobija a la exsubdirectora de la cárcel El Buen Pastor, Katherine Lozano Forero y al entonces comandante de custodia y vigilancia, David Alexander Álvarez Cárdenas; a la teniente en prisiones, Diana Cecilia Muñoz Miguez; y al dragoneante, Luis Alejandro Ballesteros Rincón, con suspensión de 3 meses.La procuraduría estableció que la exdirectora de la cárcel El Buen Pastor, mientras se desempeñaba como directora encargada, “aprobó los documentos judiciales para el traslado de la condenada a un consultorio médico en las fechas de 26 de septiembre y 1 de octubre de 2019".Así mismo, determinó que el comandante de custodia David Álvarez, mientras se encontraba en su periodo de vacaciones, suscribió la remisión médica de la excongresista, quien estaba privada de la libertad, al centro odontológico “Clínica de la Sabana” en Bogotá; “sin las medidas de seguridad necesarias para realizar los respectivos movimientos”.La procuraduría también confirmó que la teniente, Diana Celicia Muñoz, entregó las boletas y la orden judicial para la salida del centro de reclusión de Aida Merlano para que asistiera a un procedimiento estético dental.Asimismo, el organismo de control ratificó que el dragoneante Luis Alejandro Ballesteros Rincón permitió que la Aida Merlano tuviera "una interacción" con sus hijos Aida Victoria y Esteban, mientras permanencia en el centro médico, lo que lo posteriormente levo a que la excongresista huyera del lugar.Para la Procuraduría los funcionarios del Inpec, vulneraron los principios de moralidad, responsabilidad, transparencia y eficacia para el cumplimiento de sus deberes.
La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia confirmó la condena impuesta a la excongresista Aída Merlano Rebolledo por el delito de violación de los topes y límites de gastos en las campañas electorales.La sanción, dictada inicialmente por la Sala Especial de Primera Instancia de este alto tribunal en noviembre de 2022, establece una pena de cinco años y seis meses de prisión, además de la inhabilitación para ejercer derechos y funciones públicas y el pago de una multa de $3.430.048.837.El fallo está vinculado con los hechos de las elecciones legislativas de marzo de 2018, cuando un operativo de las autoridades halló documentos y cheques en la sede de campaña de Merlano, que evidenciaban un flujo irregular de fondos provenientes de terceros.La Corte Suprema de Justicia, concluye que estos recursos financiaron su candidatura al Senado, en clara violación de las normas de financiamiento electoral.La Sala Penal desestimó los argumentos de la defensa, señalando que la evidencia recopilada demostraba el uso de recursos económicos no reportados, provenientes de operaciones irregulares ejecutadas por los hermanos Gerlein Echeverría.El objetivo de estas acciones era, según el tribunal, “controlar los resultados electorales” en beneficio de Merlano Rebolledo y su lista.“Con estas actuaciones, la procesada rompió con los topes de gasto fijados por el Consejo Nacional Electoral, propiciando una alteración de los principios de igualdad y pluralismo político constitucionalmente tutelados”, señala el documento.
El Ministerio de Educación anunció nuevas medidas para proteger a estudiantes, docentes y familias de Santa Marta, luego de las alteraciones del orden público que desde el pasado 21 de septiembre han afectado la prestación del servicio educativo en sectores rurales de la ciudad.A través de la Directiva 011 de 2026, la entidad estableció orientaciones para que las clases puedan continuar bajo condiciones seguras y pidió a la Secretaría de Educación de Santa Marta mantener un seguimiento permanente a la situación de los establecimientos educativos.La Secretaría deberá entregar reportes diarios en el marco del Puesto de Mando Unificado, para evaluar las condiciones de seguridad en las zonas donde funcionan los colegios.Desde el Ministerio aseguraron que por ahora, el calendario escolar no será modificado. Sin embargo, los colegios podrán implementar estrategias pedagógicas y medidas de flexibilización curricular de acuerdo con las condiciones de cada territorio.La entidad también pidió a docentes y directivos mantener comunicación permanente con las familias y evitar desplazamientos que puedan representar un riesgo para estudiantes o integrantes de la comunidad educativa.La directiva contempla que, si las condiciones de seguridad continúan y no es posible garantizar la presencialidad, la Secretaría de Educación deberá evaluar medidas adicionales, entre ellas una eventual modificación del calendario académico.El Ministerio aclaró además que estas disposiciones son preventivas, temporales y excepcionales, y que buscan proteger la vida y la integridad de estudiantes, docentes y demás integrantes de las comunidades educativas, sin interrumpir los procesos de aprendizaje.La cartera de Educación señaló que continuará acompañando a las autoridades territoriales para adoptar las medidas que sean necesarias frente a la situación de orden público en Santa Marta.
La cosecha cafetera de Santander avanza en medio de un escenario que preocupa a los productores la falta de lluvias está marcando una diferencia cada vez más evidente entre las zonas donde los cultivos todavía responden favorablemente y aquellas donde el déficit de agua ya está afectando la producción.Uno de los puntos donde esta situación resulta más evidente es Aratoca, allí, las condiciones son especialmente complejas para las fincas ubicadas hacia la parte baja del cañón del Chicamocha, donde productores aseguran que el impacto del verano puede superar el 40 %.La afectación no es igual en todo el municipio. Óscar Daza, productor de café de Aratoca, explicó que en las parcelas que maneja directamente el déficit ronda el 15 %, pero señaló que en las zonas más bajas hay fincas con un impacto mucho mayor.La ubicación geográfica es uno de los factores que, según los productores, está agravando el panorama. En el cañón del Chicamocha, los fuertes vientos dificultan que las nubes permanezcan sobre las zonas cafeteras y esto reduce las posibilidades de lluvia.El problema aparece además en un momento clave para el sector la recolección de la cosecha comenzó a mediados de septiembre y se extenderá hasta finales de enero.La preocupación de los cafeteros no está relacionada únicamente con cuánto café podrán recoger. Las condiciones climáticas también pueden terminar reflejándose en las características del grano que llega a los puntos de compra.Ante este escenario, la Federación Nacional de Cafeteros modificó algunas condiciones comerciales para disminuir el impacto sobre los productores. El valor reconocido por el kilo de pasilla pasó de $10.000 a $12.000.También aumentó de 20 a 30 el promedio de granos brocados permitido en la muestra para que el café pueda ser recibido bajo las condiciones establecidas para el café convencional.La medida hace parte de las acciones adoptadas por el gremio ante los efectos que las condiciones climáticas están generando sobre la caficultura.El impacto potencial no es menor. La Federación Nacional de Cafeteros registra 34.013 familias dedicadas a esta actividad en Santander, con 55.640 hectáreas cultivadas en 78 municipios. La caficultura genera además alrededor de 42.000 empleos directos en las zonas rurales.Por eso, el comportamiento del clima durante las próximas semanas será determinante para los productores, especialmente en las zonas donde las fuentes de agua y las lluvias han sido insuficientes.Mientras avanza la recolección, el reto para los cafeteros será sacar adelante una cosecha que comenzó bajo condiciones climáticas diferentes según la zona del departamento, con especial preocupación en los sectores más secos del cañón del Chicamocha.
El Área Metropolitana identificó cerca de 240 hectáreas afectadas por incendios en el Valle de Aburrá. La autoridad ambiental indicó que durante esta temporada con el Fenómeno de El Niño se identificaron más de 150 columnas de incendiosEl seguimiento a los incendios de cobertura vegetal se ha convertido en una de las principales acciones de monitoreo ambiental que adelanta el Área Metropolitana del Valle de Aburrá ante las condiciones asociadas al Fenómeno de El Niño.La entidad ambiental informó que uno de los principales resultados del monitoreo ha sido la identificación y cartografía de aproximadamente 240 hectáreas que presentan cicatrices de incendio, es decir, zonas donde la cobertura vegetal ha quedado afectada como consecuencia de las llamas.A este trabajo se suma la utilización de herramientas de teledetección, ya que de los incendios registrados durante el año, 14 fueron sobrevolados con el propósito de obtener información que contribuya a la atención y análisis de las afectaciones.“Este es un llamado importante porque este fenómeno del Niño tiene una probabilidad de cerca del 90% en que sea un fenómeno muy fuerte, es decir, en los últimos 150 años no hemos tenido registros de un fenómeno del Niño tan fuerte. Frente a los incendios forestales, un llamado importantísimo. La mayoría de incendios forestales reportados en nuestro Valle de Aburrá tienen que ver con la intervención humana”, aseguró la directora del AMVA, Paula Palacio.Otro de los datos destacados por la entidad corresponde a la georreferenciación de 155 columnas de humo, lo que permitió ubicar espacialmente las señales asociadas a posibles incendios y aportar información para el seguimiento de las emergencias.La estrategia hace parte del monitoreo permanente que se desarrolla a través del proyecto SIATA, que mantiene vigilancia 24/7 sobre las condiciones ambientales e hidrometeorológicas del Valle de Aburrá, lo que hace posible identificar posibles escenarios de riesgo, generar alertas y entregar insumos para activar oportunamente los protocolos de respuesta.
Autoridades en Medellín buscan en tres zonas a los responsables del asesinato de Esteban Ramírez. Dentro de los datos que ya tendría en su poder la Policía Nacional, está la identificación de los vehículos que habrían participado en el crimen.El crimen de Esteban Ramírez, el hombre asesinado por robarle joyas y celulares en el barrio Belén Rosales, no solo ha causado indignación en Medellín sino que también ha encendido la preocupación de las autoridades que ya tendrían algunas pistas sobre el asesinato.El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, aseguró que se avanza en la investigación y que desde el momento en que se conoció el crimen impartió instrucciones a la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá para identificar y capturar a los responsables.Según explicó el mandatario, ya existen pistas que están siendo analizadas para tratar de dar con la ubicación exacta de los responsables que aún estarían en la capital de Antioquia.“Estamos encima, hay buenas pistas. Estamos concentrados en tres zonas de la ciudad buscando a los participantes. Pero eso le digo una cosa, esos criminales van a caer y van a pagar y va a haber justicia. No hay derecho. Qué dolor, pero la instrucción mía es muy clara. Estoy pendiente de eso, cada media hora llamando”, aseguró.Gutiérrez también indicó que ha mantenido comunicación con la familia de Esteban Ramírez y que también ha hablado directamente con el director nacional de la Policía Nacional, general Jesús Barrera, para que las labores avancen rápidamente y se capturen a los responsables del asesinato.Uno de los elementos clave de la investigación sería el sistema de videovigilancia de la ciudad, ya que de acuerdo con la información entregada, las autoridades han logrado identificar algunos de los vehículos que presuntamente habrían participado en el crimen.
El ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, presentó los primeros resultados de una auditoría a proyectos de agua y vivienda que, según explicó, fue ordenada desde su llegada a la cartera para revisar el estado de las obras y el uso de los recursos públicos.Uno de los principales hallazgos está relacionado con más de $1,14 billones comprometidos en 42 proyectos de agua en diferentes regiones del país. De acuerdo con el ministro, 23 de estos proyectos presentan presuntas deficiencias en sus requisitos técnicos, lo que pondría en duda su viabilidad.“¿Qué quiere decir esto? Plata amarrada en proyectos que no tendrían garantizada la viabilidad. Mientras esos recursos se quedan hoy estancados y amarrados sin viabilidad, otras comunidades siguen esperando agua potable y soluciones para resolver los problemas urgentes”, aseguró el ministro de Vivienda.Otro de los casos revisados es una planta de agua y alcantarillado en La Guajira, en la que se invirtieron más de $8.000 millones. Según la auditoría, la obra no tendría garantizada una fuente cercana de captación de agua, por lo que el ministro cuestionó que se haya construido una planta sin asegurar el recurso que necesita para funcionar y advirtió que podría convertirse en un elefante blanco.En materia de vivienda, Beltrán también se refirió a un proyecto de más de $60.000 millones para construir 327 viviendas, destinadas principalmente a comunidades afro e indígenas de Cauca y Nariño.El proyecto lleva más de cuatro años estancado y, según el ministro, no se ha construido ni entregado una sola vivienda. Sin embargo, sí se habrían ejecutado $143 millones en interventoría.Otro de los casos está en Caquetá, donde se comprometieron más de $3.200 millones para 36 viviendas. La auditoría encontró, según el ministro, indicios de un presunto “gemeleo”: una misma vivienda habría sido utilizada para justificar varias casas. El caso ya fue puesto en conocimiento de las autoridades para determinar qué ocurrió con los recursos.El ministro, finalmente, cuestionó el aumento de la contratación por prestación de servicios en la cartera. Según sus cifras, pasó de cerca de $61.000 millones en 2022 a $111.000 millones en 2026.“Mientras las familias seguían esperando soluciones, la contratación por prestación de servicios en el Ministerio de Vivienda aumentó en más de un 80 por ciento”, aseveró el jefe de la cartera de Vivienda.Beltrán pidió que las autoridades investiguen estos casos y determinen dónde terminaron los recursos, por qué los proyectos no se concretaron y, si se establecen responsabilidades, quiénes deben responder.
