La primera vía de trabajo sería solicitar aclaraciones al tribunal de arbitraje para saber si tiene que acometer “realmente” esa sanción, el plazo para que se produzca esa aclaración finaliza el próximo día 16. De no prosperar esa vía el camino elegido sería recurrir al Consejo de Estado como máximo órgano en Colombia para dirimir esta clase de diferendos.
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Telefónica confía también en los diálogos abiertos en Colombia a todos los niveles administrativos para evitar llevar el caso a los tribunales internacionales, algo que según el rotativo madrileño sería la última opción que se plantea la multinacional española. Si se llegase a ese punto Telefónica argumentaría que el laudo viola el acuerdo bilateral España Colombia de protección inversiones.
En el texto El País recoge la preocupación de los inversores españoles en Colombia que comienzan a preocuparse por sus inversiones tras los casos de Electricaribe y Movistar que habrían socavado la imagen de Colombia como un país “seguro” para las inversiones extranjeras.
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