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El fiscal general de Venezuela, Tarek Saab, informó hoy de que el Ministerio Público (MP) abrió una "investigación penal" al exministro de Petróleo Rafael Ramírez por unos documentos que lo incriminan "directamente" en "en operaciones de intermediación de compra venta de petróleo".
"Hemos decidido abrir una investigación penal (...) al ciudadano Rafael Ramírez (...) porque en uno de los documentos que hemos encontrado el ciudadano Diego Salazar lo señala directamente, lo incrimina directamente como su socio directo en operaciones de intermediación de compra venta de petróleo", reveló Saab en rueda de prensa.
El fiscal señaló que estas investigaciones forman parte de las indagaciones que lleva a cabo el Ministerio Público venezolano sobre la utilización de la banca Privada de Andorra (BPA) para blanqueo de dinero y que calcula en 4.200.000.000 de euros (4.964 millones de dólares).
Saab indicó que este señalamiento de Ramírez por parte de Salazar, quien es su primo hermano y también trabajo en Petróleos de Venezuela (PDVSA) fue encontrado en los juzgados de primera instancia de Andorra "de fecha 30 de noviembre de 2012".
Este documento lo consiguió la Fiscalía durante unos allanamientos a las propiedades de Salazar "en una caja fuerte", añadió Saab.
Ramírez dejó su cargo de embajador de Venezuela ante la ONU el pasado 4 de diciembre después de que, aseguró en una carta, se lo pidiera el presidente Nicolás Maduro.
"Se me ha removido por mis opiniones", afirmó en el mensaje de Twitter en el que informó de su renuncia el diplomático y expresidente de PDVSA.
Ramírez había criticado recientemente la gestión económica de Maduro y defendido su propio trabajo al frente de PDVSA, que está siendo objeto de una profunda investigación por presuntos actos de corrupción.
Poco tiempo después de su renuncia Ramírez salió de Estados Unidos y actualmente se desconoce su paradero.
Al menos 65 directivos de PDVSA, incluyendo a sus dos últimos presidentes, Eulogio del Pino y Nelson Martínez, han sido encarcelados en las últimas semanas acusados de daños al patrimonio nacional.
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