El Gobierno nacional está trabajando en las condiciones para ofrecer nuevas oportunidades de inversión a la industria de los hidrocarburos y está apuntando al primer trimestre de 2027 como una primera fecha para 'materializar' sus intenciones de reactivación en ofertas más concretas de exploración petrolera en Colombia."Estamos tomando las decisiones al interior de establecer qué áreas están listas, estamos definiendo cuál es la mejor alternativa, estamos propiciando que desde el punto de vista económico la coyuntura sea la propicia y nosotros esperamos que, yo pienso que el primer trimestre del 2027, va a ser una época donde nosotros vamos a poder materializar toda esta cimentación y diagnóstico que hemos estado haciendo", dijo el presidente de la ANH, Ernesto Forero, en una conferencia ante las industrias del sector de petróleo y gas en el país. La ANH ya reservó casi 20 millones de hectáreas para el estudio de una posible asignación de nuevos contratos. Por ahora, el Gobierno está estudiando las áreas, pero no ha abierto formalmente la posibilidad de invertir."Queremos movernos rápido, pero no atropelladamente. Queremos generar las condiciones y no queremos generar las condiciones (solamente) para firmar el contrato: queremos generar unas condiciones para que firmen el contrato y el contrato se desarrolle de manera adecuada. Al final del día, nosotros no llenamos las térmicas con contratos, nosotros llenamos las térmicas con gas y las refinerías, con petróleo. Entonces nuestra labor será tener muy presente ese afán, en el buen sentido, y nosotros movernos lo más rápido posible sin atropellar", agregó Forero.Colombia no ha ofrecido nuevos contratos a la industria del petróleo en más de cuatro años, como resultado de la decisión de la administración de Gustavo Petro de no ampliar la frontera de exploración de hidrocarburos en el país. Forero invitó a los empresarios a presentar proyectos para incrementar la producción de los campos actuales (conocidos como proyectos de producción incremental, PPI), aprovechando la coyuntura de precios favorables del petróleo en este momento.También apuntó al Régimen Único para Generar Estabilidad Empresarial (RUGE), el régimen para nuevas megainversiones propuesto por el Gobierno en la ley de rescate económico, como una muestra del compromiso del Gobierno con la industria de los hidrocarburos, e invitó a los empresarios a buscar la financiación para esos nuevos proyectos de inversión.
El sector petrolero salió a respaldar la reforma tributaria, o Ley de Rescate Económico, que incluye un régimen especial de inversión (RUGE) que podría atraer a nuevas compañías a la industria. El respaldo se da en medio de las alertas de los gremios del sector por la compleja situación que vive el sector.Hace mucho tiempo que en Colombia no se descubre nuevo petróleo y que el país 'vive' de revisiones técnicas a campos existentes. Desde 2022 no se ha firmado ningún nuevo contrato y el panorama de la industria, según el presidente de Campetrol, Nelson Castañeda, es desolador: bloqueos, voladuras de oleoductos y válvulas ilícitas hacen que operar en el país sea 'cada vez más difícil y costoso'.Solo para poner un par de ejemplos, el oleoducto Caño Limón-Coveñas no ha podido operar en dos años y el año pasado un bloqueo de 63 días causó pérdidas cercanas a los 100 millones de dólares."Tenemos el gran compromiso entre todos de que estos números se vuelvan positivos en este cuatrienio, porque igualmente la consecuencia es preocupante. Si no hacemos nada, perdimos ya la soberanía en gas, sin un cambio de rumbo podríamos también perderla en petróleo a mediano plazo", aseguró Castañeda.Las peticiones de la industriaEste viernes, la industria le va a entregar al Departamento Nacional de Planeación un paquete de medidas que espera sean incluidas en el Plan Nacional de Desarrollo.El objetivo es incrementar la producción de los campos que ya existen y ofrecer a la industria mayor agilidad en el trámite de licencias y de consultas ambientales.La industria también le está pidiendo al gobierno estabilidad jurídica y tasas de impuestos competitivas, y es ahí donde aparece el RUGE.Según la propuesta de ley ante el Congreso, estos proyectos podrán contar con una tarifa de renta del 20 % si comienzan su ejecución en 2027 o 2028, y del 26 % si lo hacen en 2029, además de una estabilidad tributaria de hasta 16 años. Las empresas del sector tendrían que acreditar inversiones por más de 426 mil millones de pesos para ser elegibles dentro del programa.
La compañía de energía GeoPark anunció que el contrato de participación productiva de 25 años para el bloque petrolero Bare, en la Faja Petrolífera del Orinoco en Venezuela, ya está vigente. La compañía lo logró antes del plazo de 120 días fijado en el acuerdo, tras cumplir los hitos contractuales y regulatorios, entre ellos la aprobación del plan final de desarrollo y la firma de los acuerdos con PDVSA Petróleo.Según el contrato, que se rige por la Ley Orgánica de Hidrocarburos de Venezuela y sus reglamentos, GeoPark será el operador, financiará el 100% de las inversiones de capital y tendrá una participación neta del 65%. El acuerdo incluye derechos de comercialización directa, acceso a infraestructura crítica y protecciones económicas.En lo operativo, la compañía prepara la toma de control del bloque antes de que termine 2026. Ya evaluó reactivar entre 300 y 400 pozos, en una fase inicial centrada en estabilizar la producción, hacer reparaciones y rehabilitar infraestructura. El CEO, Felipe Bayon, afirmó que completar la transacción con tanta antelación "es un logro significativo" y que el foco "se traslada por completo a la ejecución operacional, empezando con una toma de control segura y disciplinada".Por otro lado, con el contrato en vigor, GeoPark completó la compra del 95% de la empresa que lo tiene, que pertenecía al Grupo Gilinski, y ahora es dueña del 100%. La compañía pagó solo con acciones y no desembolsó efectivo, ya que emitió 42.135.872 acciones ordinarias a favor de Panamerican Energy Holdings, entidad del grupo. Con ellas, el Grupo Gilinski quedará con cerca del 56,3% de GeoPark y será su accionista controlante. Podría llegar al 58,4% si cumple ciertos hitos antes del 1 de diciembre de 2026.El Grupo Gilinski deberá lanzar, dentro de los 90 días siguientes al cierre, una oferta pública para comprar las acciones de GeoPark que aún no tenga, a 12,22 dólares por acción y por hasta 100 millones de dólares. Mientras mantenga al menos el 50% de las acciones, podrá nominar a cinco directores, y no a tres como antes. Al menos dos deberán ser independientes. GeoPark seguirá cotizando en la bolsa de Nueva York.
Campetrol, el gremio de bienes y servicios de petróleo, gas y energía, tiene sus esperanzas puestas en la reactivación del sector, luego del cambio de gobierno en el país. Hablamos con el presidente de Campetrol, Nelson Castañeda.¿Cómo ve el gremio la decisión de la ANH de reservar casi 20 millones de hectáreas pafa estudio y el inicio de rondas de conocimiento del subsuelo?Es la mejor noticia que hemos escuchado en 4 años. Estamos reactivando el primer eslabón de la exploración en Colombia porque esta es una industria del conocimiento, y por eso mismo el conocimiento del subsuelo.Ya la ANH está, entiendo, estructurando su cronograma porque ya hay áreas donde las compañías tienen apetito para ofertar¿Cuándo creen que el país pasará de esta etapa de estudio a la firma de contratos?Yo creería que en nuestra cumbre de petróleo y gas y energía, que vamos a realizar los 4 gremios del sector, la ACP, Aciem, ACGGp y Campetrol en noviembre, 4 al 6, en Cartagena. Es un excelente espacio donde van a estar todos los actores para que la ANH pueda dar difusión a su cronograma. Y, con toda seguridad, vamos a tener que en el próximo trimestre, en el 1º trimestre del 2027, podamos tener la las primeras intereses en en la adjudicación de áreas y reactivemos la exploración en Colombia como se merece¿Qué tanto podríamos tardar en desarrollar el fracking?Las decisiones de esta industria, las que tomemos hoy, se verán en resultados en 3, 4 y 5 años.Lo que estamos recogiendo hoy, que tenemos que importar más del 32% del gas en Colombia, son decisiones que no tomamos en los últimos 4 años, en los últimos 8 años. Entonces, lo importante y la noticia positiva es que empezamos a retomar el curso para volvernos autosuficientes y retomar la soberanía del país. Solamente con los no convencionales pudiésemos, y aplicando la tecnología del fracking 4.0, podríamos tener más de 90 veces las reservas de gas que tiene Colombia hoy, y 4 veces las reservas de petróleo que tiene Colombia en este momento.Aquí lo interesante, y lo ha dicho Drummond y lo ha hecho por medios públicos, es que tan pronto el gobierno saque una legislación, una ley sobre estabilidad jurídica, sobre las inversiones, estas inversiones son de más de 1000 millones de dólares anuales, podría perforar el próximo año, en 9 meses, en un en un año, los primeros pozos y tener el desarrollado o madurado el el la cuenca de César Ranchería.
El presidente Abelardo De La Espriella estuvo en Valledupar en un evento con el cual activó la Fuerza de Tarea Conjunta Urano. Durante su discurso, el mandatario señaló que quienes roben hidrocarburos serán tratados como terroristas.“Para que Colombia y el mundo lo sepan: quien hurta hidrocarburos hace parte de la cadena terrorista, porque con esos hidrocarburos se fabrica la cocaína. Con el dinero de esa fabricación de cocaína es que los bandidos matan a policías y soldados y a nuestra población inerme. Así que en el gobierno aquellos que hacen parte de este negocio ilegal serán tratados como lo que son: terroristas”, dijo De La Espriella.En el mismo sentido, le dio una instrucción a la fuerza pública al asegurar que las acciones que se implementen deben ir más allá del cierre a las válvulas.“Mi orden sobre la manera de enfrentar este fenómeno es inequívoca, clara, y contundente: Si la fuerza pública encuentra una válvula clandestina y se limita a cerrarla, puede resolver el problema por unas horas. Pero si permanecen intactos, el que financia la operación, el que transporta el combustible, el que lo almacena, el que lo compra y el que lo recibe finalmente, no hemos desmontado nada, queridos héroes de la patria”, dijo el mandatario.Además, cuestionó el hecho de que se le otorgue estatus político a los miembros de grupos armados, asegurando que la fuerza pública podrá actuar sin miedo a represalias, pues tendrán respaldo del presidente.“Rechazo de manera contundente también que se pretenda presentar la firmeza del Estado como una posición inhumana. Inhumano es abandonar a las comunidades a su suerte, inhumano es acostumbrarnos a ver regiones donde una organización terrorista es la que decide quién entra, quién sale, quién trabaja, y quién vive. Inhumano es pedirle a la gente honrada que continúe viviendo entre el miedo y el terror, mientras desde el alto gobierno se buscan fórmulas para reconocerle una categoría política a los delincuentes de la peor condición”, agregó De La Espriella.E incluso se refirió a Pablo Escobar e ‘Iván Mordisco’.“Igual de mafiosos han sido y son Pablo Escobar, Miguel Rodríguez Orejuela, Gacha, ‘Iván Mordisco, ‘Timochenko’ y demás yerbas del pantano”, señaló el mandatario.
La Agencia Nacional de Hidrocarburos dio el primer paso para reactivar la entrega de contratos de exploración y producción de petróleo y gas en Colombia, con la decisión de reservar casi 20 millones de hectáreas de 12 cuencas del país en el mapa de tierras de la entidad.Durante el gobierno de Gustavo Petro, la política oficial en materia de hidrocarburos incluyó la prohibición de la entrega de nuevos contratos a las petroleras y la dedicación de la ANH únicamente a administrar los contratos que estaban firmados.Sin embargo, Abelardo De La Espriella llegó al poder con la promesa de cambiar esa política y es justo en esa dirección en la que se están moviendo las cosas."Con el fin de adelantar los estudios necesarios para que la ANH pueda determinar los tipos de procesos de selección a adoptar y expedir los términos de referencia o Reglas de cada Procesos de Selección, la modalidad de negocio jurídico y las condiciones contractuales aplicables, resulta necesario reservar algunas áreas -adicionales a las que ya figuran como reservadas- que a la fecha aparecen como Áreas Disponibles en el Mapa de Tierras de la ANH", señalan los documentos de la ANH conocidos por Blu Radio.En otras palabras, el Gobierno está evaluando esas áreas para determinar de qué forma puede ofrecerlas a compañías interesadas en desarrollarlas. En el pasado, Colombia ha ofrecido áreas a la industria mediante "rondas", en las que las empresas compiten por los contratos con ofertas que involucran inversión en exploración o desarrollo, participación para el Estado y hasta inversión en las comunidades.¿Dónde están las áreas en las que el Gobierno podría entregar los nuevos contratos?Según los documentos, el principal foco de las áreas reservadas está en el potencial costa afuera, en donde el país tiene la esperanza de desarrollar el megaproyecto de gas Sirius.Vale recordar que esta semana ya Ecopetrol y Petrobras (que gestionan el proyecto Sirius) dieron por terminada su campaña exploratoria Caribe Colombiano tras la inversión de más de mil millones de dólares.Esta es la distribución de las áreas reservadas:
El presidente de la Cámara de Representantes, Nicolás Barguil, hizo un llamado a la nueva dirección de Ecopetrol para que concentre sus esfuerzos en fortalecer la exploración y aumentar la producción de hidrocarburos.“Ecopetrol tiene nuevo presidente y tiene una tarea muy clara: aumentar el valor de la compañía, explorar y aumentar exponencialmente su producción”, afirmó.El dirigente señaló que la estatal debe avanzar en una estrategia que permita elevar el valor de la compañía y contribuir a mantener la autosuficiencia energética del país, en medio del proceso de renovación de su cúpula directiva.“Colombia no puede darse el lujo de perder sus reservas ni de depender cada vez más de las importaciones. Necesitamos una Ecopetrol fuerte, eficiente y estratégica para la seguridad energética del país. Es hora de su renacer”, advirtió.Según Barguil, la continuidad de las actividades de exploración y producción es necesaria para proteger las reservas de petróleo y mantener la estabilidad fiscal y energética de Colombia y, así, evitar una mayor dependencia de las importaciones.
La Procuraduría lideró una mesa de trabajo con la Asociación Colombiana de Petróleo (ACP), en la que se analizaron las principales dificultades que enfrentan las comunidades y las empresas en estos territorios. Con el fin de fortalecer los espacios de diálogo con el sector de hidrocarburos para prevenir y atender los conflictos que se presentan en las regiones donde operan estas empresas.El encuentro contó con la participación de la Delegada para la Defensa de los Derechos Humanos y de los procuradores regionales y provinciales de Arauca, Casanare, Cesar, Córdoba, Huila, Magdalena, Meta, Putumayo y Santander.Uno de los puntos centrales fue la conflictividad relacionada con las demandas laborales, la contratación de bienes y servicios y el uso del territorio. A lo largo de los años, en distintas zonas con presencia de actividad petrolera se han registrado manifestaciones y reclamos de comunidades que buscan mayores oportunidades de empleo, participación en la contratación y beneficios asociados al desarrollo de estas actividades.Precisamente, estos reclamos están relacionados con una expectativa frecuente en los territorios: que la presencia de la industria de hidrocarburos se traduzca en desarrollo y oportunidades para las comunidades cercanas. Por esta razón, la Procuraduría busca que estas diferencias puedan ser atendidas mediante el diálogo y antes de que escalen a situaciones que afecten la convivencia o las actividades económicas.En la mesa también se abordaron las dificultades para manejar este tipo de situaciones y la necesidad de mejorar la coordinación entre las instituciones. Por lo que, se acordó fortalecer el intercambio de información y gestionar de manera oportuna los asuntos que puedan generar conflictividad en las regiones.Con esta estrategia, la Procuraduría busca anticiparse a los conflictos, fortalecer el diálogo con las comunidades y mejorar la articulación institucional en los territorios donde está presente el sector de hidrocarburos.
El Congreso de petróleo en Bucaramanga abordará los principales retos que enfrenta la industria de los hidrocarburos en Colombia y las estrategias que podrían marcar su rumbo durante los próximos años. En medio de los cambios planteados por el Gobierno para el sector, la tecnología y la automatización aparecen como herramientas clave para enfrentar la desaceleración de los últimos años y avanzar hacia una mayor eficiencia operacional.Uno de los asuntos centrales será la aplicación de la Resolución No. 0651 del 27 de agosto de 2025, expedida por la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), que plantea cambios en los sistemas de medición y fiscalización de la producción. La industria busca recuperar de manera sostenida los niveles de extracción registrados en sus mejores momentos, tomando como referencia 2022, cuando el promedio nacional de producción de petróleo y gas llegó a 754.000 barriles por día, frente a los 736.000 barriles diarios de 2021.En este escenario, la convergencia entre los nuevos planes del Gobierno y la adopción de soluciones tecnológicas, incluidas las herramientas digitales, se presenta como una de las alternativas para impulsar la reactivación. Según Ricardo Rodríguez, gerente general de Colsof, la resolución de la ANH establece un marco para que las compañías operadoras migren hacia sistemas automatizados con sensores conectados capaces de medir la producción de crudo y gas en tiempo real, llevando los datos directamente desde los pozos hasta los repositorios digitales del regulador.Rodríguez explicó que la normativa mantiene el principio de neutralidad tecnológica, por lo que cada empresa puede seleccionar los proveedores, tecnologías, marcas y referencias que considere más adecuadas, siempre que cumpla con las condiciones establecidas por la ANH. “La unificación de las fuentes de información dentro de las empresas tiene la capacidad de convertirse en una base sólida de datos confiables que permite el despliegue de analítica avanzada e inteligencia artificial en la operación diaria”, aseguró el gerente de Colsof.De acuerdo con el experto, la implementación de la Resolución No. 0651 puede abrir una nueva etapa de eficiencia para el sector de hidrocarburos en Colombia, con efectos en la gestión de la información, la automatización y la competitividad de las compañías. Además, esta transformación tecnológica podría facilitar la liquidación oportuna de regalías para las regiones y contribuir a que las empresas que operan en el país enfrenten el mercado internacional con procesos sustentados en innovación, tecnología y automatización.
La Unión Sindical Obrera (USO), el principal sindicato de trabajadores de Ecopetrol, fijó su postura frente a las propuestas de diversos analistas económicos que sugieren la venta de activos o filiales del grupo petrolero, en particular de Interconexión Eléctrica S.A. (ISA), con el objetivo de aliviar el déficit de las finanzas públicas y prepagar deuda estatal. En diálogo con Mañanas Blu, el presidente de la organización gremial, Martín Ravelo, manifestó la preocupación del sindicato ante cualquier posible proceso de enajenación de bienes públicos.Inquietud por la enajenación de activos y la situación de ISADurante un encuentro institucional con el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, la representación sindical expresó de forma directa su rechazo a salir de las propiedades operativas de la compañía. Ravelo afirmó que en dicho diálogo le expusieron al mandatario "nuestra premisa de que no se vendiera ni se enajenara ningún activo estratégico de Ecopetrol, especialmente lo que concierne a su negocio original".Al ser indagado sobre la alternativa de vender a ISA —planteada recientemente por expertos del sector financiero—, el dirigente sindical enfatizó que, aunque difiere de la rama de hidrocarburos, constituye un bien público clave. "Si bien ISA no pertenece a los activos estratégicos del Oil & Gas, es un patrimonio de la nación y eso es un tema que desde el sindicato, desde el seno de los trabajadores tenemos que analizar", sostuvo. Asimismo, hizo un llamado a evaluar las razones y el destino de dichos recursos: "¿Para qué van a ser esos recursos? ¿En qué se van a invertir? Es decir, aunque no sea un activo estratégico de Oil & Gas, a nosotros nos preocupa mucho porque es patrimonio público de la nación".Hoja de ruta para la junta directiva y defensa de la soberanía energéticaEl pronunciamiento del líder gremial se dio en el contexto de la Asamblea de Accionistas citada para ratificar a los miembros de la junta directiva postulados por el Gobierno nacional. Ravelo indicó que respetan la conformación propuesta, pero subrayó que la prioridad de los trabajadores es que la administración fortalezca la exploración y producción tradicional de petróleo y gas, aplique tecnologías de recobro mejorado en campos maduros y firme nuevos contratos.Ravelo justificó estas demandas señalando la dependencia de importaciones energéticas que registra el país. Según detalló, en la actualidad Colombia importa "más del 30% de gas de consumo esencial" y "más del 40% de la gasolina que consumimos los colombianos", mientras que la refinería de Barrancabermeja requiere importar "más del 5% de crudo boliviano para las dietas de carga" ante la falta de crudo liviano. "Eso atenta directamente contra la soberanía y la seguridad energética del país. Y eso tiene que superarse", aseveró.En esa línea, la USO defendió la realización de pilotos de yacimientos no convencionales (fracking) en Puerto Wilches (Santander) para determinar con base científica su viabilidad ambiental y social, aprovechando el aprendizaje técnico de Ecopetrol en la cuenca del Permian.Igualmente, sobre el nombramiento del nuevo presidente de la petrolera, para el cual el Gobierno presentó como fuerte candidato a Joaquín Gutiérrez, Ravelo indicó que el elegido debe ser "una persona idónea, una persona que implemente políticas de fortalecimiento, especialmente del negocio tradicional de nuestra empresa".Rechazo a escándalos de corrupción y respaldo sindicalFrente a los recientes señalamientos periodísticos por presunta corrupción que involucran al expresidente de la compañía Juan Carlos Hurtado, Rabelo expresó el malestar del cuerpo laboral. "Para los trabajadores es gravísimo que Ecopetrol esté permanentemente en los reflectores de los medios de comunicación y del país por escándalos, cuando Ecopetrol es una empresa maravillosa, es el patrimonio público más importante que tenemos los colombianos", manifestó.Por ello, instó a que las auditorías de la junta directiva arrojen resultados claros y que las autoridades "establezcan si hay responsabilidades objetivas y que las personas que tengan que pagar por esos actos, pues que paguen". Escuche aquí la entrevista:
El Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) advirtió que el presupuesto de 2027, que fue aprobado por $634,9 billones, aún tiene riesgos sin cubrir, incluso en un escenario en el que se concrete buena parte de la reforma fiscal que el Gobierno plantea en el Congreso. Según su presidente, Juan Carlos Ramírez, hay presiones de gasto que no están debidamente contempladas en el presupuesto hoy aprobado.Entre los riesgos, el CARF señaló los gastos de personal, que podrían aumentar por los acuerdos sindicales del sector público, aunque el Gobierno propone que no crezcan por encima de la inflación. También mencionó las pensiones, por el agotamiento de los traslados entre regímenes y el posible impacto de la decisión de la Corte y de las aprobaciones de la Cámara sobre la reforma pensional. A esto se suman la financiación insuficiente del régimen subsidiado de salud, los subsidios de energía ante el fenómeno de El Niño y la falta de recursos suficientes para atender los efectos del terremoto de agosto.Ramírez enfatizó la urgencia del ajuste ante el peso de los intereses. "Hoy una tercera parte de los ingresos tributarios del Gobierno se destina al pago de intereses. Si no se hicieran las reformas importantes de, por lo menos, estas magnitudes, es decir, al cabo de tres años estaríamos dedicando el 50 %, la mitad de cada peso que ingresa al Estado por impuestos, al pago de intereses. De ahí la enorme urgencia".Según el CARF, en el escenario del presupuesto aprobado por decreto, el déficit total de 2027 sería del 9,5 % del PIB y el primario, del 4,5 %. "Son los niveles más altos en la historia del país y, como decía al inicio, en una situación que no podemos calificar de crisis económica especial", afirmó Ramírez. Si el ajuste del Gobierno no se concreta, agregó, el déficit quedaría lejos de lo que recomienda la regla fiscal, que además no estaría en vigencia.El presidente del CARF explicó que el origen del problema está, en buena parte, en la estimación de los ingresos. "Cada año, al presentarse el presupuesto, el Gobierno hace lo que se llama un aforo de ingresos, es decir, la estimación de los ingresos que se van a tener el siguiente año. Uno de los grandes problemas del déficit actual se gestó en 2024, cuando esa estimación tuvo una diferencia de alrededor de 4 puntos del PIB frente a lo que realmente se logró. Ese bache no fue corregido oportunamente y se convirtió en la base de los cálculos de los años siguientes", afirmó Ramírez.Esa sobreestimación, según explicó el dirigente, deja obligaciones sin pagar que se trasladan al año siguiente. "El presupuesto es una autorización de gastos. Si, con base en una sobreestimación de los ingresos, apruebo gastos que no puedo pagar en el año, se me acumulan obligaciones que pasan a la siguiente vigencia, que es lo que llamamos las reservas presupuestales. Eso genera una restricción para los nuevos gastos del año siguiente, porque tengo que estar pagando los compromisos que se generaron en el año anterior". Frente a unas reservas tradicionales de un poco más de 20 billones de pesos, en 2024 se duplicaron hasta los 50 billones y se redujeron un poco en 2025.Ramírez atribuyó la situación a un deterioro institucional. "La situación a la que llegamos se ha debido en gran parte a la pérdida de cierta tradición en la administración pública nacional, que fue la disciplina de las finanzas públicas. Uno de los problemas más importantes, además del déficit en sí mismo, ha sido el debilitamiento de los instrumentos de la planeación fiscal, que han hecho perder credibilidad y compromiso del sector público con sus propias metas".El CARF calcula que, sin ajuste, la deuda del Gobierno central pasaría del 60 % al 67 % del PIB, muy cerca del 71 % que considera el máximo sostenible. Sobre la propuesta oficial, que plantea un ajuste de entre 4 y 5 puntos del PIB en cuatro años, Ramírez la calificó de "relativamente razonable", pues con la regla fiscal vigente se esperaría que se hiciera en un año. Aclaró que el comité aún no evalúa en detalle los componentes ni las estimaciones de ingresos y gastos del proyecto.Por su parte, Olga Lucía Acosta, codirectora del Banco de la República, aseguró que la inflación no comenzaría a mostrar una disminución sino hasta mediados del próximo año.Acosta advirtió que las expectativas de inflación en Colombia siguen aumentando y se mantienen por encima de las proyecciones del Emisor. Según las distintas mediciones del mercado, la inflación podría cerrar 2026 entre el 6,7 % y el 6,91 %, mientras que las expectativas de inflación básica también se mantienen elevadas.
La inflación anual en el país se ubicó en 6,30 % en octubre de 2026, lo que representa un aumento de 0,79 puntos porcentuales frente al 5,51 % registrado en octubre de 2025, según los datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).Con este resultado, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) completó tres meses consecutivos al alza, después de pasar de 6,29 % en septiembre a 6,30 % en octubre de 2026.En cuanto a la variación mensual, el indicador fue de 0,20 % en octubre de 2026, en comparación con septiembre de este mismo año. Por su parte, la inflación acumulada entre enero y octubre de 2026 llegó a 5,94 %.Estas cifras mantienen la inflación por fuera del rango meta establecido por el Banco de la República, que se encuentra entre el 2 % y el 4 %.Entre enero y octubre de 2026, los mayores aportes a la variación del IPC se concentraron en cinco divisiones: alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles; alimentos y bebidas no alcohólicas; restaurantes y hoteles; transporte, y educación.En conjunto, estos grupos contribuyeron con 4,94 puntos porcentuales a la variación acumulada de 5,94 %.Para octubre, los mayores aportes a la variación mensual de 0,20 % correspondieron a alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles; alimentos y bebidas no alcohólicas, y restaurantes y hoteles. Estas tres divisiones aportaron conjuntamente 0,15 puntos porcentuales al resultado del mes.Inflación anual por ciudades: octubre de 2025 a octubre de 2026En la comparación anual, Armenia registró la mayor inflación, con 7,29 %, seguida de Bucaramanga (7,15 %), Medellín (7,11 %), Santa Marta (6,88 %), Pereira (6,82 %), Villavicencio (6,77 %), Ibagué (6,71 %), Cali (6,68 %), Cartagena de Indias (6,40 %), Popayán (6,38 %), Neiva (6,34 %), Florencia (6,32 %), Cúcuta (6,28 %), Tunja (6,12 %), Barranquilla (6,02 %), Manizales (5,99 %), Sincelejo (5,94 %), Bogotá (5,89 %), Montería (5,57 %), Pasto (5,34 %), Riohacha (4,93 %) y Valledupar (4,02 %).Inflación acumulada por ciudades: enero a octubre de 2026En lo corrido del año, Armenia también presentó la mayor variación, con 6,93 %, seguida de Bucaramanga (6,69 %), Ibagué (6,65 %), Medellín (6,57 %), Villavicencio (6,51 %), Santa Marta (6,38 %), Cali (6,37 %), Tunja (6,33 %), Neiva (6,23 %), Florencia (6,21 %), Pereira (6,18 %), Popayán (6,16 %), Cúcuta (6,06 %), Cartagena de Indias (6,04 %), Manizales (5,76 %), Bogotá (5,58 %), Sincelejo (5,45 %), Barranquilla (5,42 %), Montería (5,41 %), Pasto (5,40 %), Riohacha (4,47 %) y Valledupar (3,75 %).
Se acerca la temporada de Navidad y Fin de Año, una época en la que suelen aumentar los precios de los vuelos y hospedajes en diferentes ciudades del país. Cada año, destinos como Medellín, Santa Marta, Cartagena y San Andrés figuran entre los más apetecidos por los viajeros. Sin embargo, un reciente informe de Kayak destacó una ciudad cuyo interés creció un 31 %, posicionándola entre los destinos más buscados para esta temporada de 2026.Detrás de Cancún (México) y Río de Janeiro (Brasil), Bogotá se ubicó como el tercer destino más buscado para la temporada decembrina entre los turistas nacionales y la primera ciudad colombiana del listado. Este incremento en las búsquedas convierte a la capital en una de las sorpresas de Fin de Año.¿Por qué Bogotá se convirtió en un destino tendencia para Fin de Año?Aunque durante la temporada decembrina suele ocurrir lo contrario y muchos habitantes salen de Bogotá para visitar otros destinos, su importancia como punto de conexión hacia diferentes lugares y su oferta cultural podrían explicar el aumento en el interés de los viajeros.“Bogotá, pues, al ser la capital, es el centro, tiene una gran conectividad y también es cierto que mucha gente que se ha ido puede regresar en esta temporada a pasarla con su familia, con sus amigos. También, seguramente, a nivel de conectividad, tal vez pasar unos días en Bogotá y de ahí irse a un destino internacional. Seguramente, por ese tipo de cosas es que vemos ese tipo de destinos apareciendo en este ranking”, explicó Alejandro Lombana, director para Latinoamérica de Kayak, en entrevista con Blu Radio.También la música podría influir en esta tendencia, en especial por Karol G que tendrá triple concierto en El Campín lo cual habría aumentado las búsquedas la capital para diciembre.¿Qué ofrece Bogotá durante diciembre?Alumbrados navideños: diferentes sectores de la ciudad se llenan de luces, decoraciones y escenarios temáticos para recorrer en familia.Actividades culturales: museos, teatros, centros culturales y espacios públicos suelen desarrollar una programación especial durante la temporada.Ciclovía nocturna: tradicionalmente, Bogotá organiza jornadas especiales para recorrer la ciudad en bicicleta durante la época navideña.Gastronomía: restaurantes, cafeterías y mercados ofrecen experiencias especiales, además de platos tradicionales como natilla, buñuelos y otros productos de temporada.Compras navideñas: centros comerciales y zonas comerciales preparan actividades, decoraciones y eventos para los visitantes.Turismo y naturaleza: lugares como Monserrate, La Candelaria y el Jardín Botánico son alternativas para quienes quieren conocer diferentes facetas de la capital.Conciertos y espectáculos: escenarios como El Campín, el Movistar Arena y el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo reciben eventos musicales y culturales durante la temporada.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad a 11 antiguos comandantes e integrantes de los estados mayores de las extintas Farc por hechos de violencia sexual, violencia basada en género y agresiones por prejuicio contra la población civil durante el conflicto armado.La decisión de la Sala de Reconocimiento de Verdad señala a estos comparecientes como máximos responsables por su posición de mando o por su participación directa en los crímenes investigados. La jurisdicción les atribuye responsabilidad por delitos como violación, violencia sexual, esclavitud sexual, homicidio, asesinato, tortura, tratos crueles, desplazamiento forzado, persecución y traslado forzoso de población.La JEP aclaró que, por su gravedad, estos crímenes no pueden recibir perdón judicial.El tribunal asegura que los comparecientes pertenecieron a diferentes estructuras de las extintas Farc, la decisión incluye a antiguos comandantes de frente, integrantes de estados mayores y otros responsables de estructuras regionales.Los 11 imputados son: Fabián Ramírez Cabrera, conocido como ‘Fabián Ramírez’; Floresmiro Burbano, alias ‘Martín Corena’; Élmer Caviedes, alias ‘Albeiro Córdoba’; Bertulfo Caicedo Garzón, conocido como ‘Alberto Pitufo’; Jaime Vásquez Calderón, alias ‘Arquímedes’, responsable de la llamada oficina de quejas y reclamos de las Farc en Vista Hermosa, Meta. Además de Luis Óscar Úsuga Restrepo, alias ‘Isaías Trujillo’; Ovidio Antonio Mesa Ospina, conocido como ‘Anderson’ o ‘Carranza’; Luis Eduardo Rayo, alias ‘Marlon’, excomandante del Frente 21; y Gustavo Bocanegra Ortegón, conocido como ‘Donald’, encargado de la organización política y de masas de esa estructura; Jair Enrique Acosta Cuantindioy, alias ‘Javier Guzmán’ o ‘Chugo’, y Reinel Natalio García Mojica, conocido como ‘Ricardo el Pija’.De acuerdo con la JEP, ninguno de los 11 comparecientes había estado en prisión por estos crímenes. La sala determinó su responsabilidad individual al examinar sus posiciones de mando, las funciones que desempeñaron y su participación en los hechos. En algunos casos, la imputación responde a que no previnieron, investigaron ni sancionaron las agresiones cometidas por sus subordinados; en otros, se les atribuye autoría directa.La investigación, que comenzó en septiembre de 2023, identificó que las agresiones no fueron hechos aislados. La sala encontró dos patrones principales de criminalidad.El primero corresponde a la violencia sexual contra mujeres, niñas y adolescentes por el hecho de ser mujeres, en donde la JEP documentó violaciones, esclavitud sexual y otras agresiones utilizadas para controlar, castigar o someter a las víctimas. También encontró casos de violencia sexual contra mujeres señaladas de colaborar con grupos enemigos, incumplir órdenes de la guerrilla o resistirse al reclutamiento forzado.Entre los hechos documentados está el de una niña de 12 años que fue llevada a un campamento guerrillero, donde durante cuatro años sufrió violencia sexual, física y reproductiva. Según la investigación, fue obligada a abortar y a realizar labores domésticas, mientras que su padre fue torturado y asesinado cuando intentó rescatarla.El segundo patrón corresponde a la violencia por prejuicio contra personas con orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género diversas. La jurisdicción encontró amenazas, agresiones sexuales, desplazamientos y asesinatos contra personas que no encajaban en las normas de comportamiento impuestas por la guerrilla.La imputación tuvo en cuenta los testimonios de 743 víctimas acreditadas, 80 informes de organizaciones de víctimas y de la sociedad civil, las versiones de 54 comparecientes de las extintas Farc y las observaciones presentadas por las víctimas.Ahora, los 11 comparecientes tienen 20 días hábiles para manifestar por escrito si reconocen o no los hechos y las responsabilidades que les atribuyó la JEP.Si los excomandantes reconocen su responsabilidad y aportan verdad, la jurisdicción podrá convocar una audiencia de reconocimiento. Después, la Sala de Reconocimiento emitirá una resolución de conclusiones para continuar con el trámite de las posibles sanciones propias o restaurativas, que incluyen restricciones efectivas de libertad y otros derechos, pero no cárcel.En caso de que nieguen su responsabilidad, los expedientes podrán pasar a la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP y avanzar hacia un juicio. Si son encontrados responsables, podrían recibir penas de hasta 20 años de prisión.
El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación confirmó la desvinculación de una persona que había sido contratada durante la administración de Gustavo Petro y que habría presentado títulos académicos falsos para ingresar a la entidad.La información fue confirmada por la ministra de Ciencia, Claudia Benavides Salazar, quien aseguró que la actual administración tomó medidas inmediatas después de identificar la irregularidad y reveló que el caso fue puesto en conocimiento de las autoridades competentes desde el pasado 9 de septiembre.La ministra cuestionó que una persona hubiera recurrido a documentos académicos falsos para acceder a un contrato estatal y señaló que este comportamiento representa una falta de respeto hacia quienes realizan esfuerzos económicos y personales para obtener una formación universitaria.“Un título académico representa años de estudio, esfuerzo y sacrificios. Hay familias que lo dan todo para que uno de sus hijos pueda llegar a una universidad. Ese esfuerzo merece respeto”, manifestó Benavides.De acuerdo con la ministra, la persona involucrada fue desvinculada y el expediente quedó en manos de las autoridades, que deberán determinar si hubo responsabilidades penales por la presunta falsedad de los documentos presentados. Sin embargo, Benavides no reveló la identidad de la persona.En su pronunciamiento, la ministra también se refirió al manejo de los recursos públicos destinados a la investigación y al desarrollo científico. Aseguró que estos dineros deben utilizarse exclusivamente para fortalecer el trabajo de los investigadores, generar oportunidades para los jóvenes y buscar soluciones a las necesidades del país.“La plata de la ciencia es de todos los colombianos. Debe servir para que nuestros investigadores trabajen, para que los jóvenes tengan oportunidades y para encontrar soluciones a los problemas del país. Cada peso merece cuidado”, afirmó.Por su parte, el Ministerio de Ciencia señaló que continuará identificando y denunciando posibles irregularidades para garantizar la transparencia en la contratación y el funcionamiento de la entidad.
