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Los sindicatos han llevado a cabo bloqueos en París en las últimas horas, después de una noche de disturbios en la capital y en varias ciudades francesas. Estos disturbios son en protesta por la reforma de las pensiones adoptada por decreto por el Gobierno del presidente Emmanuel Macron.
Desde temprano en la mañana, decenas de personas con banderolas y distintivos de la Confederación General del Trabajo (CGT) han ocupado algunas vías del periférico en la Puerta de Glignancourt, causando atascos.
El ministro del Interior, Gérald Darmanin, ha dicho que los bloqueos no son una forma de protesta adecuada y ha mencionado la existencia de otras opciones democráticas para expresar el descontento. Además, ha enfatizado que, durante todo el movimiento contra la reforma de las pensiones, se han permitido y organizado manifestaciones pacíficas de los sindicatos.
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La justificación de la reforma dada desde el principio por el Gobierno de Macron es garantizar el equilibrio financiero en el horizonte de 2030, ante el potencial déficit en los próximos años por el envejecimiento de la población, que supone un mayor número de jubilados y menos cotizantes.
El Consejo de Orientación de las Pensiones (COR, un órgano oficial consultivo) calcula que ahora y hasta el horizonte de 2027-2028, el déficit de ese régimen será de entre 9.000 y 11.000 millones de euros anuales, una cifra que aumentará a 16.000 para 2032.
En términos relativos, eso significará un agujero de entre cinco y ocho décimas del producto interior bruto (PIB).
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Para compensar ese déficit, la principal medida consiste en retrasar progresivamente hasta 2030 la edad mínima de jubilación en dos años, de los 62 actuales a 64.
En paralelo, se acelerará el aumento de 42 a 43 años del periodo de cotización necesario para cobrar una pensión completa, un aumento que previsto en la reforma anterior, durante el mandato del presidente socialista François Hollande (2012-2017): se aplicará en 2027 y no en 2035.
Lo que no cambiará con la ley adoptada hoy por el Parlamento son los 67 años de máximo para tender derecho a una pensión completa si no se ha cubierto el periodo completo de cotización.
El Gobierno diseñó un dispositivo de "carreras largas", que se ha ampliado durante la tramitación parlamentaria, para que quienes empezaron a trabajar muy jóvenes (antes de los 21 años) y cubran el periodo completo de cotización no se vean particularmente penalizados por el retraso de la edad mínima a los 64 años.
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Con ese dispositivo podrán jubilarse anticipadamente (por ejemplo a los 60 años, si empezaron su vida laboral a los 17), siempre que tengan 43 años de cotización, aunque en algunos casos serán 44.
Para compensar el efecto negativo sobre ellas del retraso de la edad de jubilación, las mujeres que hayan cotizado 43 años antes de cumplir 64 y que además acumulen trimestres a cuenta de su maternidad, de haber adoptado o de haber dedicado ese tiempo a la educación de sus hijos, tendrán una bonificación de hasta el 5 % en su pensión.
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Las pensiones más bajas se revalorizarán y, para quienes hayan cubierto el periodo de cotización con el sueldo mínimo, la pensión mínima subirá hasta cerca de 1.200 euros netos en 13 mensualidades, lo que equivale al 85 % del salario mínimo actual (1.353 euros al mes).
En el sector privado, el cálculo de la pensión se hace sobre la base de los 25 mejores años y en el público sobre los últimos seis meses.
Se prevé la extinción de la mayor parte de los regímenes especiales, en particular en el sector de la energía, en la entidad del transporte metropolitano de París RATP o en el Banco de Francia, aunque se mantendrán los privilegios para los empleados actuales.
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En concreto, la llamada "cláusula del abuelo" implica que en esas empresas sólo se someterán al régimen general los trabajadores contratados a partir del momento en que entre en vigor la reforma, que debería ser el próximo mes de septiembre.
Uno de los temores del retraso de la edad de jubilación es agravar todavía más un problema particularmente serio en Francia, la baja tasa de actividad de los trabajadores más mayores, que muchas veces están en paro o inactivos.
Para evitarlo, las empresas de más de 300 empleados tendrán que publicar cada año una lista de indicadores sobre el empleo de los mayores de 55 años, con acciones para mantenerlos trabajando.
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Si esos indicadores no mejoran en tres años, habrán de definir un plan de acción negociado con los representantes del personal, pero finalmente no habrá sanciones para garantizar su cumplimiento.
Además, se ha creado un nuevo contrato indefinido dirigido a los mayores de 60 años que hayan estado más de un año en paro, con exenciones en el pago de una parte de las cotizaciones durante un año.
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